McALLEN, Texas (AP) — Yaakub Vijandre se disponía a ir a trabajar como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su casa en el área de Dallas. Agentes federales se bajaron, uno de ellos le apuntó con un arma y lo arrestaron.

Vijandre es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , el programa de la era Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas desde 2012 si fueron traídas a Estados Unidos siendo niñas y, en general, se mantuvieron alejadas de los problemas. La administración Trump afirmó haber atacado a Vijandre a través de publicaciones en redes sociales. El videógrafo independiente y activista pro-palestino describió su arresto a principios de octubre a sus abogados, quienes transmitieron la información a la prensa.

Su arresto y varios otros este año indican un cambio en la gestión de los beneficiarios de DACA en Estados Unidos, a medida que la administración del presidente Donald Trump reestructura la política migratoria en general. Este cambio se produce cuando los inmigrantes se enfrentan a una mayor verificación de antecedentes, incluyendo sus redes sociales, al solicitar visas , tarjetas de residencia permanente (green card), ciudadanía o al solicitar la liberación de sus hijos de la custodia federal. La administración también ha intentado deportar a estudiantes extranjeros por participar en activismo pro palestino.

DACA se creó para proteger a los beneficiarios, comúnmente conocidos como "Dreamers", de arrestos migratorios y deportación. También les permite trabajar legalmente en EE. UU. Los beneficiarios vuelven a solicitar su estatus cada dos años. Anteriormente, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y aún tenían la oportunidad de impugnarlo antes de que los agentes de inmigración los detuvieran y comenzaran los trámites para deportarlos.

En respuesta a preguntas sobre los cambios, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en el que afirma que quienes afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos contra las deportaciones. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus por diversas razones, incluso si han cometido un delito, explicó.

McLaughlin también afirmó en un comunicado que Vijandre hizo publicaciones en redes sociales que "glorificaban el terrorismo", incluyendo una que, según ella, celebraba a Abu Musab al-Zarqawi , el líder de Al Qaeda en Irak, quien murió en un ataque estadounidense en 2006

Un abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, afirmó que la actividad de Vijandre en redes sociales constituye una clara protección de la libertad de expresión. También indicó que el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las publicaciones específicas en los documentos judiciales.

Vijandre se encuentra entre los aproximadamente 20 beneficiarios de DACA que han sido arrestados o detenidos por las autoridades migratorias desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una campaña creada por grupos de defensa de DACA. El gobierno busca cancelar su estatus de beneficiario de DACA, lo que podría resultar en su deportación a Filipinas, un país que no ha visitado desde que su familia llegó a Estados Unidos en 2001, cuando tenía 14 años.

DACA ha enfrentado desafíos legales

DACA sobrevivió al primer intento de la administración Trump de rescindir el programa cuando la Corte Suprema dictaminó en 2020 que la administración no tomó las medidas adecuadas para ponerle fin.

Ha habido otros intentos de terminar el programa o imponer restricciones a los beneficiarios.

Este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que denegaría los permisos de trabajo a los beneficiarios de DACA que residen en Texas. La administración Trump presentó recientemente sus planes a un juez federal, quien está determinando su funcionamiento.

El gobierno también ha emitido nuevas restricciones a las licencias de conducir comerciales que impedirían que los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes las obtuvieran. El año pasado, 19 estados republicanos privaron a los beneficiarios de DACA del acceso al seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y el número de estados donde los estudiantes inmigrantes pueden optar a la matrícula estatal ha disminuido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a los estados este año.

“Esta administración puede que no esté intentando terminar con DACA por completo como lo hizo la primera vez, pero lo está reduciendo”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, que es parte de Home is Here, la coalición que realiza un seguimiento de los casos públicos de beneficiarios de DACA que han sido detenidos.

Los beneficiarios de DACA detenidos cuestionan sus arrestos

Catalina “Xóchitl” Santiago Santiago, una activista de 28 años de El Paso, Texas, fue arrestada en agosto a pesar de mostrar a los oficiales de inmigración un permiso de trabajo válido obtenido a través de DACA.

Días después, agentes federales arrestaron a Paulo César Gámez Lira cuando el padre de 28 años llegaba a su casa en El Paso con sus hijos tras una cita médica. Los agentes le dislocaron el hombro, según sus abogados.

Tanto Santiago como Gamez Lira estuvieron detenidos durante más de un mes mientras sus abogados solicitaban su liberación.

Marisa Ong, abogada de Santiago y Gamez Lira, dijo que el gobierno no notificó a ninguno de sus clientes sobre ninguna intención de terminar su estatus DACA.

“Los beneficiarios de DACA tienen un interés constitucionalmente protegido en su libertad continua”, dijo Ong, y agregó que “el gobierno no puede quitarles esa libertad sin proporcionar una razón válida”.

Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus migratorio si son condenados por un delito grave, delitos menores significativos como causar daño a terceros, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o por tres o más delitos menores. También pueden perder su estatus migratorio si representan una amenaza para la seguridad nacional o pública.

El DHS afirmó en una declaración que Santiago fue acusado previamente de allanamiento, posesión de narcóticos y parafernalia de drogas y que Gamez Lira fue arrestado previamente por posesión de marihuana.

Ong dijo que cuando los abogados solicitaron su liberación “el gobierno no presentó evidencia de mala conducta pasada por parte de ninguno de los individuos”.

Vijandre, el hombre del área de Dallas que fue arrestado en octubre, permanece en un centro de detención de Georgia. Sus abogados afirman que dos semanas antes de su arresto recibió una notificación de que el gobierno planeaba cancelar su estatus de DACA, pero que no le dieron la oportunidad de oponerse.

“Creo que la administración ha trazado una línea muy clara, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su objetivo es expulsar del país a tantos no ciudadanos como sea posible y hacer que sea lo más difícil posible para los no ciudadanos ingresar al país”, dijo Godshall-Bennett, abogado de Vijandre.

(Foto AP/Jack Brook, archivo)

Por  VALERIE GONZALEZ

WASHINGTON (AP) — El Pentágono anunció el lunes que está investigando al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles violaciones a la ley militar después de que el ex piloto de la Marina se unió a un puñado de otros legisladores en un video que llamaba a las tropas a desafiar "órdenes ilegales".

La declaración del Pentágono, publicada en las redes sociales, citó una ley federal que permite que los miembros del servicio retirados sean llamados nuevamente al servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible juicio marcial u otras medidas.

Resulta extraordinario que el Pentágono, que hasta el segundo mandato del presidente Donald Trump solía esforzarse por actuar y parecer apolítico, haya amenazado directamente a un miembro del Congreso en funciones con una investigación. Esto ocurre después de que Trump intensificara su retórica al acusar a los legisladores de sedición "castigable con la MUERTE" en una publicación en redes sociales días después de la publicación del video la semana pasada.

En su declaración del lunes, el Pentágono sugirió que las declaraciones de Kelly en el video interferían con la “lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas”, citando la ley federal que prohíbe tales acciones.

“Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar acciones futuras, que pueden incluir el regreso al servicio activo para procedimientos de corte marcial o medidas administrativas”, señala el comunicado.

Kelly dijo que cumplió con su juramento a la Constitución y desestimó la investigación del Pentágono como obra de “matones”.

"Si esto tiene como objetivo intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta administración, no funcionará", dijo Kelly en una declaración.

Lo que dijeron los legisladores en el vídeo

Kelly fue una de las seis legisladoras demócratas que sirvieron en las fuerzas armadas o en la comunidad de inteligencia y hablaron directamente con miembros de las fuerzas armadas. Las otras legisladoras son la senadora Elissa Slotkin y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, quienes son vistos como posibles aspirantes a cargos superiores y elevaron su perfil político gracias a la amplia difusión del video.

Kelly, quien fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y luego retirarse con el rango de capitán, dijo a las tropas que "pueden rechazar órdenes ilegales", mientras que otros legisladores en el video dijeron que necesitaban tropas para "defender nuestras leyes... nuestra Constitución".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Kelly enfrentaba una investigación porque es el único de los legisladores que se retiró formalmente del ejército y todavía está bajo la jurisdicción del Pentágono.

“La conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas y será abordada como corresponde”, declaró Hegseth en su cuenta personal de X. Refiriéndose al grupo en general, añadió que “su disparatada diatriba siembra duda y confusión, lo que solo pone en peligro a nuestros guerreros”.

Kelly y los otros legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video, pero su publicación ocurre mientras la administración Trump ordenó a los militares hacer estallar pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental acusadas de transportar drogas y continúa sus intentos de desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses a pesar de algunos reveses legales .

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo la semana pasada que “nuestros militares siguen órdenes y nuestros civiles dan órdenes legales”.

Otros demócratas del Senado salieron en defensa de Kelly, y el líder demócrata Chuck Schumer acusó a Trump de usar al Pentágono "como su perro de ataque personal" y dijo que "esto es lo que hacen los dictadores".

Su compañero senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, dijo: “Mark dijo la verdad: en Estados Unidos, hacemos un juramento a la Constitución, no a los aspirantes a reyes”.

Lo que dicen los juristas

En la última década, ha habido un aumento discreto pero significativo de los juicios a militares retirados, incluso por delitos cometidos después de su jubilación, declaró Stephen Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, en un correo electrónico. Añadió que se ha debatido en los tribunales sobre su constitucionalidad, pero que la práctica está actualmente permitida.

Pero la condición de Kelly como senador estadounidense podría complicar la investigación del Pentágono porque la Constitución protege explícitamente a los miembros del Congreso de los excesos de la Casa Blanca, dijo Anthony Michael Kreis, profesor de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Georgia.

“Tener a un senador de los Estados Unidos sujeto a medidas disciplinarias a instancias del secretario de Defensa y del presidente viola un principio fundamental de la independencia legislativa”, dijo Kreis en una entrevista telefónica.

Kreis dijo que tales protecciones eran una reacción a la monarquía británica, que había castigado arbitrariamente a los miembros del Parlamento.

“De cualquier manera que se lo mire, la Constitución está diseñada estructuralmente para evitar que ocurra este tipo de abuso”, dijo Kreis.

Las tropas pueden rechazar órdenes ilegales

Las tropas, especialmente los comandantes uniformados, tienen obligaciones específicas de rechazar órdenes que sean ilegales, si toman esa determinación.

Si bien los comandantes cuentan con abogados militares en su personal para consultarlos a la hora de tomar esa determinación, las tropas de base que tienen la tarea de ejecutar esas órdenes rara vez se encuentran en una posición similar y a menudo tienen que confiar en sus superiores.

Una amplia jurisprudencia también sostiene que el mero hecho de seguir órdenes —coloquialmente conocida como la “defensa de Núremberg”, ya que fue utilizada sin éxito por altos funcionarios nazis para justificar sus acciones bajo el mando de Adolf Hitler— no absuelve a las tropas.

Sin embargo, ha habido poca reacción en línea de las tropas al video de los legisladores.

Un ex miembro del servicio que ayuda a administrar un foro militar en línea y habló bajo condición de anonimato para evitar represalias dijo que es poco probable que el mensaje de los legisladores llegue a las tropas porque el video se publicó solo en X y era demasiado largo para ser publicado nuevamente en plataformas como TikTok, donde las tropas realmente consumen información.

El escritor de Associated Press Matt Brown contribuyó a este informe.

Foto AP/Ben Curtis, archivo)

Por  KONSTANTIN TOROPIN y BEN FINLEY

Escondido en una nota a pie de página de dos oraciones en una voluminosa opinión judicial, un juez federal recientemente denunció a los agentes de inmigración por usar inteligencia artificial para escribir informes sobre el uso de la fuerza, lo que generó preocupaciones de que podría conducir a inexactitudes y erosionar aún más la confianza pública en cómo la policía ha manejado la ofensiva migratoria en el área de Chicago y las protestas subsiguientes.

La jueza federal de distrito Sara Ellis escribió la nota a pie de página en una opinión de 223 páginas emitida la semana pasada, señalando que la práctica de usar ChatGPT para redactar informes sobre el uso de la fuerza socava la credibilidad de los agentes y "podría explicar la inexactitud de estos informes". Describió lo que vio en al menos un video de una cámara corporal, y escribió que un agente le pide a ChatGPT que compile la narrativa de un informe después de proporcionar al programa una breve descripción y varias imágenes.

El juez observó discrepancias fácticas entre la versión oficial sobre las respuestas de las fuerzas del orden y lo que mostraban las imágenes de las cámaras corporales. Sin embargo, los expertos afirman que el uso de IA para redactar un informe basado en la perspectiva específica de un agente sin tener en cuenta su experiencia real es el peor uso posible de la tecnología y plantea serias dudas sobre la precisión y la privacidad.

La perspectiva necesaria de un oficial

Las fuerzas del orden de todo el país han estado lidiando con la creación de barreras que permitan a los agentes utilizar la tecnología de inteligencia artificial, cada vez más disponible, manteniendo la precisión, la privacidad y el profesionalismo. Los expertos afirmaron que el ejemplo mencionado en el dictamen no cumplía con ese requisito.

“Lo que hizo este tipo es lo peor de lo peor. Darle una sola frase y unas cuantas imágenes —si es cierto, si eso es lo que pasó aquí— contradice todos los consejos que tenemos. Es una pesadilla”, dijo Ian Adams, profesor adjunto de criminología en la Universidad de Carolina del Sur, quien forma parte de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial del Consejo para la Justicia Penal, un grupo de expertos independiente.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios y no estaba claro si la agencia tenía directrices o políticas sobre el uso de IA por parte de los agentes. Las imágenes de la cámara corporal citadas en la orden aún no se han publicado

Adams afirmó que pocos departamentos han implementado políticas, pero aquellos que sí lo han hecho suelen prohibir el uso de IA predictiva al redactar informes que justifican las decisiones de las fuerzas del orden, especialmente los informes sobre el uso de la fuerza. Los tribunales han establecido un estándar denominado razonabilidad objetiva al considerar si el uso de la fuerza estuvo justificado, basándose en gran medida en la perspectiva del agente en cada situación específica.

“Necesitamos los hechos específicos de ese incidente y las ideas específicas de ese agente para saber si se trató de un uso justificado de la fuerza”, dijo Adams. “Ese es el peor escenario posible, salvo que se le pida explícitamente que invente hechos, porque le estás rogando que los invente en esta situación tan delicada”.

Información privada y evidencia

Además de generar inquietudes acerca de un informe generado por IA que caracteriza de manera incorrecta lo sucedido, el uso de IA también plantea posibles preocupaciones sobre la privacidad.

Katie Kinsey, jefa de personal y asesora de políticas tecnológicas del Proyecto de Policía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que si el agente en la orden estaba usando una versión pública de ChatGPT, probablemente no entendió que perdió el control de las imágenes en el momento en que las subió, lo que les permitió ser parte del dominio público y potencialmente utilizadas por malos actores.

Kinsey afirmó que, desde una perspectiva tecnológica, la mayoría de los departamentos están desarrollando el avión a medida que vuela en lo que respecta a la IA. Añadió que es habitual en las fuerzas del orden esperar hasta que ya se estén utilizando las nuevas tecnologías y, en algunos casos, se cometan errores, para entonces hablar sobre la implementación de directrices o políticas.

“Preferiría hacer las cosas al revés, entendiendo los riesgos y estableciendo barreras para protegerlos”, dijo Kinsey. “Aunque no estén estudiando las mejores prácticas, hay opciones más fáciles de alcanzar que podrían ayudar. Podemos empezar por la transparencia”.

Kinsey dijo que mientras las autoridades federales consideran cómo se debe usar o no usar la tecnología, podrían adoptar una política como las implementadas recientemente en Utah o California, donde los informes policiales o las comunicaciones escritas usando IA deben estar etiquetadas.

Uso cuidadoso de nuevas herramientas

Las fotografías que utilizó el oficial para generar una narrativa también provocaron preocupaciones sobre la precisión de algunos expertos.

Empresas tecnológicas reconocidas como Axon han comenzado a ofrecer componentes de IA con sus cámaras corporales para facilitar la redacción de informes de incidentes. Estos programas de IA comercializados para la policía operan en un sistema cerrado y se limitan principalmente al uso del audio de las cámaras corporales para producir narrativas, ya que las empresas han afirmado que los programas que intentan usar imágenes no son lo suficientemente eficaces.

“Hay muchas maneras diferentes de describir un color, una expresión facial o cualquier componente visual. Si preguntas a cualquier experto en IA, te dirá que las indicaciones arrojan resultados muy diferentes entre las distintas aplicaciones de IA, y esto se complica con un componente visual”, afirmó Andrew Guthrie Ferguson, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

También hay cuestiones de profesionalismo. ¿Nos parece bien que la policía utilice análisis predictivo? —añadió—. Se trata de lo que el modelo cree que debería haber sucedido, pero que podría no ser lo que realmente ocurrió. No queremos que sea lo que acabe en los tribunales para justificar nuestras acciones.

(Foto AP/Erin Hooley, archivo)

Por  CLAUDIA LAUER

WASHINGTON (AP) — Un juez federal desestimó el lunes los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James , concluyendo que el fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue designado ilegalmente por el Departamento de Justicia.

Los fallos del juez federal de distrito Cameron McGowan Currie detienen al menos por ahora un par de procesos que se habían dirigido contra dos de los oponentes políticos de más alto perfil del presidente y equivalen a una dura reprimenda a las maniobras legales de la administración Trump para instalar a un fiscal inexperto y leal dispuesto a presentar los casos.

Las órdenes no abordan el fondo de las acusaciones contra Comey ni James, sino la forma poco convencional en que la fiscal Lindsey Halligan fue nombrada fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia. Los abogados defensores afirmaron que la administración Trump carecía de autoridad legal para realizar el nombramiento. En dos fallos similares, Currie coincidió y declaró que el nombramiento inválido exigía la desestimación de los casos.

“Todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la Sra. Halligan”, incluida la obtención y firma de las acusaciones, “constituyeron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y por la presente quedan anuladas”, escribió.

Una portavoz de la Casa Blanca afirmó que los fallos "no serán la última palabra sobre el asunto", y la fiscal general Pam Bondi prometió en una conferencia de prensa independiente que el Departamento de Justicia interpondría una "apelación inmediata". Los fiscales también podrían intentar volver a presentar los cambios, una posibilidad que quedó abierta tras las órdenes del juez.

Las acusaciones habían sido objeto de múltiples impugnaciones

Los desafíos al nombramiento de Halligan son sólo una faceta de un ataque múltiple a las acusaciones por parte de Comey y James, cuyos otros múltiples esfuerzos para desestimar los casos siguen sin resolverse.

Ambos han afirmado por separado que los procesos fueron vengativos y representativos de un Departamento de Justicia armado. La semana pasada, los abogados de Comey se basaron en las conclusiones de un juez sobre una constelación de irregularidades y errores del gran jurado por parte de Halligan, y James también citó una "conducta gubernamental escandalosa" antes de su acusación.

"Estoy agradecido de que el tribunal haya puesto fin al caso en mi contra, que fue un proceso basado en la malevolencia y la incompetencia y un reflejo de en qué se ha convertido el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, lo cual es desgarrador", dijo Comey, quien se declaró inocente de los cargos de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso, en una declaración en video.

En una declaración aparte, James, demócrata que se declaró inocente de las acusaciones de fraude hipotecario, dijo: «Me siento alentada por la victoria de hoy y agradecida por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país». Aseguró que se mantiene «valiente ante estas acusaciones infundadas mientras sigo luchando por los neoyorquinos cada día».

El nombramiento de Halligan

Lo que está en juego en los fallos de Currie es el mecanismo que empleó la administración Trump para nombrar a Halligan, un ex asistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, para dirigir una de las oficinas más importantes y elitistas del Departamento de Justicia.

Halligan fue nombrado para reemplazar a Erik Siebert, un fiscal veterano y fiscal federal interino que renunció en septiembre ante la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James. Se retiró después de que Trump declarara a la prensa que quería que Siebert se fuera.

La noche siguiente, Trump dijo que nominaría a Halligan para el cargo de fiscal interino de Estados Unidos e imploró públicamente a Bondi que tomara medidas contra sus oponentes políticos, diciendo en una publicación en Truth Social que “No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad” y “¡SE DEBE HACER JUSTICIA, AHORA!”.

Comey fue acusado tres días después de que Halligan fuera juramentado por Bondi, y James fue acusado dos semanas después de eso.

Los fiscales generales tienen la autoridad para nombrar a un fiscal federal interino que puede ejercer durante 120 días. Sin embargo, los abogados de Comey y James argumentaron que, una vez vencido ese período, como en el caso de Siebert, la ley otorga a los jueces federales del distrito la autoridad exclusiva para nombrar a un fiscal hasta que se cubra la vacante. Al realizar sucesivos nombramientos interinos por su cuenta, según los abogados defensores, el Departamento de Justicia eludió una ley bien establecida.

“El plazo de 120 días comenzó a correr con el nombramiento del Sr. Siebert el 21 de enero de 2025. Al vencer ese plazo el 21 de mayo de 2025, también expiró la facultad de nombramiento del Fiscal General”, escribió Currie. “En consecuencia, concluyo que el intento del Fiscal General de nombrar a la Sra. Halligan como Fiscal Federal Interina para el Distrito Este de Virginia fue inválido y que la Sra. Halligan ha ejercido ilegalmente ese cargo desde el 22 de septiembre de 2025”.

El Departamento de Justicia había defendido el nombramiento de Halligan, pero reveló el mes pasado que también le había otorgado un puesto aparte de "Fiscal Especial", presumiblemente para proteger las acusaciones de la posibilidad de un colapso. Sin embargo, Currie afirmó que una designación retroactiva de este tipo no podía salvar los casos.

“Las implicaciones de una conclusión contraria son extraordinarias”, escribió el juez. “Significaría que el Gobierno podría enviar a cualquier ciudadano de a pie, sea abogado o no, a la sala del gran jurado para obtener una acusación formal, siempre y cuando la Fiscal General dé su aprobación a posteriori. Eso no puede ser legal”.

Aunque los acusados ​​habían pedido que los casos se desestimaran con perjuicio, lo que significa que el Departamento de Justicia no podría volver a presentarlos, Currie en cambio los desestimó sin perjuicio, dejando abierta la posibilidad de que los fiscales pudieran intentar presentar los cargos nuevamente.

Comey fue imputado apenas unos días antes de que expirara el plazo de prescripción de cinco años de su caso, lo que podría dificultar cualquier intento de volver a presentar la demanda. Uno de sus abogados, Patrick Fitzgerald, declaró que la decisión de Currie "indica además que, al ser nula la acusación, el plazo de prescripción ha expirado y no puede presentarse ninguna otra acusación".

Los jueces han dictaminado por separado que varios otros fiscales federales interinos —en Nueva Jersey, Los Ángeles y Nevada— han ejercido sus cargos ilegalmente, pero también han permitido que los casos presentados por sus oficinas sigan adelante. Los abogados de Comey y James argumentaron que las decisiones de Currie debían ir aún más lejos, ya que Halligan fue aparentemente el único fiscal que presentó pruebas ante los grandes jurados.

Viejos enemigos del presidente

Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump. Nombrado director del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey, al momento de la elección de Trump en 2016, supervisaba una investigación sobre si la campaña presidencial republicana había conspirado con Rusia para influir en el resultado de la contienda. Furioso por dicha investigación, Trump despidió a Comey en mayo de 2017.

James también ha sido blanco frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que obtuvo una sentencia abrumadora contra él y la Organización Trump en una demanda que lo acusaba de defraudar a bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en sus estados financieros. Un tribunal de apelaciones anuló la multa , que se había disparado a más de 500 millones de dólares con intereses, pero confirmó la conclusión de un tribunal inferior de que Trump había cometido fraude.

Los escritores de Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York y Lindsay Whitehurst y Alanna Durkin Richer en Memphis, Tennessee, contribuyeron a este informe.

ERIC TUCKER cubre seguridad nacional en Washington para The Associated Press, con especial atención al FBI y el Departamento de Justicia.

Foto AP/Stephan Savoia, Archivo)