MIAMI (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó este verano más de 34.000 kilogramos (75.000 libras) de drogas ilegales de embarcaciones en alta mar en el Pacífico y el Caribe, en lo que el servicio calificó como su mayor decomiso en su historia por un valor de casi 500 millones de dólares.
La Guardia Costera trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas frente a las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, dijo la Guardia Costera.
Algunas embarcaciones fueron avistadas por aeronaves de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos narcotraficantes fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todas las interdicciones.
El barco de la Guardia Costera Hamilton descargó el lunes un total de 76.140 libras (34.500 kilogramos) de drogas en Port Everglades, Florida, incluidos alrededor de 61.740 libras (28.000 kilogramos) de cocaína y alrededor de 14.400 libras (6.500 kilogramos) de marihuana incautados por varios barcos de la Guardia Costera.
La agencia estimó el valor de las drogas en la calle en alrededor de 473 millones de dólares.
La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera , que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y aumentando su fuerza laboral militar en al menos 15.000 personas para el final del año fiscal 2028. La Guardia Costera tiene más de 43.000 miembros en servicio activo, 8.000 reservistas y 30.000 miembros auxiliares.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que requiere que el Departamento de Justicia investigue y procese a las personas por quemar la bandera estadounidense, una actividad que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que es una expresión política legítima protegida por la Constitución estadounidense.
La orden que el presidente republicano firmó en la Oficina Oval reconoció el fallo 5-4 de la corte en un caso de Texas en 1989, pero dijo que todavía hay espacio para procesar la quema de banderas si "es probable que incite a una acción ilegal inminente" o equivale a "palabras de pelea".
“Si quemas una bandera, te dan un año de cárcel. No te dan 10 años, ni un mes”, dijo Trump. “Te dan un año de cárcel, y queda en tu expediente, y verás que la quema de banderas parará de inmediato”.
La orden también exigía a la Fiscal General Pam Bondi que iniciara un litigio para impugnar el fallo de 1989, un intento de Trump de que el asunto volviera a la Corte Suprema. La Corte Suprema actual es mucho más conservadora que la composición de 1989 e incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato.
Defensores de las libertades civiles y académicos constitucionales cuestionaron tanto la legalidad como el mérito de la acción de Trump. Un abogado que trabaja para un grupo defensor de la libertad de expresión afirmó que Trump no tiene la facultad de reescribir la Primera Enmienda.
“Si bien se puede procesar a las personas por quemar cualquier cosa en un lugar donde no se les permite hacerlo, el gobierno no puede procesar la actividad expresiva protegida, incluso si muchos estadounidenses, incluido el presidente, la consideran 'excepcionalmente ofensiva y provocadora'”, agregó Bob Corn-Revere, asesor principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.
En el caso de 1989, los jueces dictaminaron por 5 votos a 4 que la Primera Enmienda protege la quema de banderas como expresión política legítima. El difunto juez Antonin Scalia, el icono conservador a quien Trump ha elogiado repetidamente, formó parte de la mayoría.
El lunes, Trump describió al tribunal de 1989 que está detrás del fallo como un "tribunal muy triste".
Trump afirmó que quemar la bandera estadounidense "incita disturbios a niveles nunca vistos", y que algunas personas "se vuelven locas" por el acto de prenderle fuego y otras expresan su enojo contra quienes la queman. No ofreció ejemplos.
Una hoja informativa de la Casa Blanca hizo referencia a protestas recientes, incluida la de Los Ángeles en junio, donde se quemó la bandera “junto con actos violentos y otras conductas que amenazan la seguridad pública”.
“Están quemando banderas por todo el país. Por todo el mundo, queman la bandera estadounidense”, dijo Trump, mientras el vicepresidente J.D. Vance, Bondi, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios de la administración lo respaldaban mientras estaba sentado en su escritorio.
GS Hans, profesor de derecho en la Universidad de Cornell que se especializa en la Primera Enmienda, dijo que el país no ha sufrido una “endemia de quema de banderas”.
"No creo que esto haya sido un gran problema", dijo Hans en una entrevista. "Es una solución que busca un problema".
La orden ejecutiva declara que profanar la bandera estadounidense es «excepcionalmente ofensivo y provocador. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos puede incitar a la violencia y los disturbios».
La orden insta al fiscal general a priorizar la aplicación “en la mayor medida posible” de las leyes penales y civiles contra la quema de banderas que causan daños no relacionados con la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
"Gracias por proteger la bandera estadounidense, y lo haremos sin violar la Primera Enmienda", le dijo Bondi al presidente.
Según la orden, los extranjeros podrían enfrentar la revocación de sus visas, permisos de residencia, trámites de naturalización y otros beneficios migratorios. También podrían ser deportados.
La quema de banderas ha estado en la mente de Trump durante años.
Después de ser elegido presidente en noviembre de 2016, Trump dijo que “debe haber consecuencias” para cualquiera que queme una bandera estadounidense, como la cárcel o la pérdida de la ciudadanía.
“Nadie debería tener permitido quemar la bandera estadounidense. Si lo hacen, habrá consecuencias: ¡quizás la pérdida de la ciudadanía o un año de cárcel!”, escribió Trump en lo que entonces era Twitter.
La Constitución prohíbe al gobierno despojar de la ciudadanía a los estadounidenses por nacimiento.
El escritor de Associated Press Mark Sherman contribuyó a este informe.
Darlene Superville cubre la Casa Blanca para The Associated Press, con énfasis especial en las primeras damas y las primeras familias.
NASHVILLE, Tennessee (AP) — Funcionarios de inmigración dijeron que tienen la intención de deportar a Kilmar Abrego García a Uganda después de que rechazó una oferta para ser enviado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas, dijeron sus abogados defensores a un tribunal el sábado.
La oferta de Costa Rica llegó el jueves por la noche e incluía la exigencia de que permaneciera en prisión por el momento y luego cumpliera la condena que se le impondría si se declaraba culpable, según un escrito presentado en Tennessee, donde se presentó la causa penal. Tras la salida de Abrego García de la cárcel el viernes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades migratorias el lunes.
Más tarde el viernes, “el gobierno informó al Sr. Abrego que tiene hasta primera hora del lunes por la mañana —precisamente cuando debe presentarse en la Oficina de Campo de ICE en Baltimore— para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica, o de lo contrario esa oferta quedará descartada para siempre”, escribieron sus abogados defensores.
Se negaron a decir si todavía está considerando la oferta.
Junto con el escrito se presentó una carta del gobierno de Costa Rica declarando que Abrego García sería bienvenido en ese país como inmigrante legal y no enfrentaría la posibilidad de ser detenido.
El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, respondió al informe con un comunicado: «Un gran jurado federal ha acusado a Abrego García de graves delitos federales... lo que subraya el claro peligro que este acusado representa para la comunidad. Este acusado puede declararse culpable y aceptar su responsabilidad o ser juzgado ante un jurado. En cualquier caso, exigiremos cuentas a Abrego García y protegeremos al pueblo estadounidense».
El caso de Ábrego García se convirtió en un punto álgido en la agenda migratoria del presidente Donald Trump tras ser deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de que un juez había determinado previamente que enfrentaba un "temor fundado" de violencia allí. Ante una orden judicial, la administración Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo por cargos de tráfico de personas.
Se declaró inocente y solicitó al juez la desestimación del caso, alegando que se trata de un intento de castigarlo por impugnar su deportación a El Salvador . La presentación del sábado complementó dicha moción de desestimación, afirmando que la amenaza de deportarlo a Uganda es una prueba más de la venganza de la fiscalía.
“A pesar de haber solicitado y recibido garantías del gobierno de Costa Rica de que el Sr. Abrego sería aceptado allí, a los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda”, escribieron sus abogados en su presentación.
Los cargos de contrabando se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Había nueve pasajeros en el vehículo, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.
Abrego García tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. Aunque el mes pasado se le consideró elegible para la libertad condicional, permaneció en prisión a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo de inmediato de nuevo si era liberado. Un fallo reciente en un caso separado en Maryland exigió al ICE que avisara con 72 horas de anticipación antes de iniciar el proceso de deportación, tiempo suficiente para que un posible deportado pueda presentar su defensa. Un correo electrónico del ICE enviado a los abogados a las 4:01 p. m. del viernes hace referencia a esa decisión.
“Por favor, utilice este correo electrónico como aviso de que el DHS podría expulsar a su cliente, Kilmar Armando Abrego García, a Uganda en un plazo máximo de 72 horas (excepto fines de semana)”, indica. Uganda acordó recientemente recibir deportados de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados.
Los funcionarios federales han argumentado que Abrego García puede ser deportado porque llegó a Estados Unidos ilegalmente y porque un juez de inmigración estadounidense lo consideró elegible para la expulsión en 2019, pero no a su natal El Salvador.
Simon Sandoval-Moshenberg, el abogado principal de Abrego García en la demanda de Maryland contra la administración Trump, dijo en un comunicado el sábado que el gobierno está tratando de usar el sistema de inmigración para castigar a su cliente al "intentar enviarlo al otro lado del mundo, a un país con abusos documentados de los derechos humanos y donde ni siquiera habla el idioma".
MINNEAPOLIS (AP) — Ken Martin está en la pelea de su vida.
El discreto operador político de Minnesota, que lleva apenas seis meses en el cargo de presidente del Comité Nacional Demócrata, está encargado de liderar la resistencia formal de su partido al presidente Donald Trump y arreglar la marca demócrata.
“Creo que la mayor división en nuestro partido ahora mismo, francamente, no es ideológica”, declaró Martin a The Associated Press. “La mayor división reside en quienes se alzan y luchan y quienes se mantienen al margen”.
“Estamos utilizando cada palanca de poder que tenemos para luchar contra Donald Trump ”, dijo sobre el DNC.
Y, sin embargo, mientras cientos de funcionarios demócratas se reúnen el lunes en la ciudad natal de Martin, Minneapolis, para la primera reunión oficial del DNC desde que asumió la presidencia, hay evidencia de que la lucha de Martin puede extenderse mucho más allá del actual ocupante de la Oficina Oval.
Los grandes donantes demócratas están descontentos con la dirección de su propio partido y no están firmando cheques. Las facciones políticas están fragmentadas en torno a temas como la guerra entre Israel y Hamás . El mensaje del partido es turbio. Segmentos clave de la base demócrata —entre ellos, los votantes de clase trabajadora y los jóvenes— se han distanciado.
Y existe una profunda frustración porque el Partido Demócrata bajo el liderazgo de Martin no está haciendo lo suficiente para detener al presidente republicano, sin importar cuán dura pueda ser su retórica.
“No hay soluciones mágicas”, dijo Jeanna Repass, presidenta del Partido Demócrata de Kansas, quien elogió el desempeño de Martin hasta el momento. “Intenta liderar en un momento en el que todos quieren que se solucione de inmediato. Y simplemente no va a suceder”.
En la reunión de verano de tres días de esta semana, los funcionarios del DNC esperan lograr un progreso real para revertir la sensación de pesimismo y frustración que ha consumido a los demócratas desde que los republicanos tomaron la Casa Blanca y el control del Congreso el otoño pasado.
Quizás no sea tan fácil.
Cuestiones de confianza y problemas de dinero
Al menos un par de miembros del Comité Nacional Demócrata (CND) consideraron en privado presentar una moción de censura contra Martin esta semana, en parte debido a la escasa recaudación de fondos del comité, según una persona con conocimiento directo de la situación, a quien se le concedió el anonimato para compartir conversaciones internas. Finalmente, la moción de censura no prosperará porque los críticos de Martin no lograron obtener el apoyo suficiente de la membresía general del partido, que incluye a más de 400 funcionarios electos de todos los estados y varios territorios.
Aún así, la situación financiera del comité es débil en comparación con la de la oposición.
Los documentos federales más recientes revelan que el Comité Nacional Demócrata (DNC) tenía 14 millones de dólares en el banco a finales de julio, en comparación con los 84 millones del Comité Nacional Republicano. Esta cifra representa el nivel más bajo de efectivo disponible para los demócratas en al menos los últimos cinco años.
Martin y sus aliados, incluido su predecesor Jaime Harrison, insisten en que no es justo comparar la salud financiera actual del partido con la de los últimos años, cuando el presidente demócrata Joe Biden estaba en la Casa Blanca.
Harrison señaló el año 2017 como una comparación más precisa. Ese año, el comité tuvo dificultades para recaudar fondos en los meses posteriores a su primera derrota ante Trump. Y en las elecciones intermedias de 2018, señaló Harrison, los demócratas superaron sus dificultades para recaudar fondos y obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y varios escaños en el Senado.
“Estos son los dolores normales de ser demócrata cuando no tenemos la Casa Blanca”, dijo Harrison. “Ken está encontrando su lugar”.
Martin reconoció que los grandes donantes están agotados después de las últimas elecciones, lo que ha obligado al comité a recurrir a donantes de menor cuantía, que han respondido bien.
“El dinero no será el factor determinante en estas elecciones (de mitad de período)”, dijo Martin. “Hemos estado realizando inversiones récord en nuestros partidos estatales... Tenemos el dinero para operar. No estamos en una mala posición”.
El debate sobre Gaza podría ponerse feo
Aunque Martin es muy popular entre las bases del DNC, es posible que estallen divisiones internas públicamente esta semana cuando el comité considere resoluciones en competencia sobre la guerra entre Israel y Hamás.
Una propuesta de resolución pediría al Comité Nacional Demócrata (CND) que inste a los congresistas demócratas a suspender la ayuda militar a Israel, establecer un embargo de armas y reconocer a Palestina como país, según el borrador revisado por AP. La medida también afirma que la crisis en Gaza ha causado la pérdida de más de 60.000 vidas y el desplazamiento de 1,7 millones de palestinos "a manos del gobierno israelí".
Los líderes del DNC, encabezados por Martin, presentaron una resolución alternativa que agrega más contexto sobre los desafíos de Israel.
Una línea, por ejemplo, se refiere al "sufrimiento tanto de palestinos como de israelíes" y señala el número de israelíes muertos en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre . La versión de Martin aboga por una solución de dos Estados, pero no menciona el número de palestinos muertos o desplazados, ni exige el fin de la ayuda militar ni un embargo de armas.
Mientras tanto, otra propuesta de resolución reafirmaría el compromiso del DNC con la diversidad, la equidad y la inclusión. Muchos demócratas, empresas e instituciones educativas se han distanciado de los programas de DEI después de que Trump y otros republicanos los atacaran, calificándolos de políticas progresistas.
En última instancia, Martin dijo que el partido necesita centrar su mensaje en la economía.
“Sin duda, debemos retomar un mensaje que conecte con los votantes”, dijo. “Y centrarnos en una agenda económica es lo que une a todos los sectores de nuestra coalición y a los estadounidenses en la conversación”.
“Sin duda tenemos trabajo que hacer”, añadió.
Perspectivas presidenciales en la agenda
El DNC está a años de decidir qué estados votarán primero en el calendario de las primarias presidenciales de 2028, pero esa discusión comenzará en serio en la reunión de Minneapolis, donde al menos tres candidatos presidenciales serán oradores destacados: el senador de Connecticut Chris Murphy, el gobernador de Minnesota Tim Walz y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar.
Martin afirmó que el Comité Nacional Demócrata (CND) está abierto a cambios en el calendario de 2024, que comenzó en Carolina del Sur, mientras que pospone los tradicionales inicios electorales en Iowa y Nueva Hampshire. En los últimos días, los demócratas de Iowa han amenazado públicamente con desautorizarse e ignorar los deseos del CND si se les vuelve a omitir en 2028.
Se espera que esta semana el comité de Reglas y Reglamentos del DNC describa cómo será el próximo proceso de selección del calendario, aunque es probable que el calendario en sí no se complete hasta 2027.
"Vamos a asegurarnos de que el proceso esté abierto, que cualquier estado que quiera presentar una oferta para estar en la ventana temprana pueda hacerlo", dijo Martin.
MIAMI (AP) — Un juez federal emitió el jueves una orden preliminar que detiene la expansión y ordena el cierre de un centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida y apodado "Alligator Alcatraz" que, según defensores, viola las leyes ambientales.
La orden judicial de la jueza federal de distrito Kathleen Williams formalizó una suspensión temporal que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaban testificando en una audiencia de varios días para determinar si la construcción debería terminar hasta la resolución definitiva del caso.
El estado de Florida presentó un aviso de apelación el jueves por la noche, poco después de que se emitiera el fallo.
"Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral", dijo el portavoz de DeSantis, Alex Lanfranconi, en respuesta al fallo del juez.
La jueza afirmó que preveía que la población del centro disminuiría en un plazo de 60 días mediante el traslado de los detenidos a otras instalaciones, y que una vez que esto sucediera, se deberían retirar las cercas, el alumbrado y los generadores. Escribió que los acusados estatales y federales no pueden traer a la propiedad a nadie que no sea el detenido en el centro. La orden no prohíbe la modificación ni las reparaciones a las instalaciones existentes, "cuyo único propósito sea aumentar la seguridad o mitigar los riesgos ambientales o de otro tipo en el lugar".
La orden preliminar incluye a “aquellos que están en concierto o participación activa con” el estado de Florida o los acusados federales o sus funcionarios, agentes o empleados”, escribió el juez en una orden de 82 páginas.
El juez afirmó que los funcionarios estatales nunca explicaron suficientemente por qué el centro debía estar ubicado en medio de los Everglades de Florida. "Lo que es evidente, sin embargo, es que, en su prisa por construir el campo de detención, el Estado no consideró ubicaciones alternativas", declaró Williams.
Juez cita esfuerzos de décadas para preservar los Everglades
Williams afirmó que su orden dio tiempo a los acusados estatales y federales para liquidar la instalación y que esta pueda someterse a las evaluaciones ambientales requeridas. Destacó los tres cuartos de siglo de esfuerzos para preservar los Everglades.
“Desde entonces, todos los gobernadores y senadores de Florida, e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluyendo presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, escribió. “Esta orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”.
El presidente Donald Trump recorrió las instalaciones el mes pasado y sugirió que podrían ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que la construcción y las operaciones debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda alega que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, calificó el fallo como una victoria histórica para los Everglades y los estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida.
“Envía un mensaje claro de que los líderes en los niveles más altos de nuestro gobierno deben respetar las leyes ambientales, y que hay consecuencias por ignorarlas”, dijo Samples en un comunicado.
El presidente de la tribu Miccosukee, Talbert Cypress, dijo que esta no es la primera vez que la tribu tiene que luchar por sus tierras y sus derechos.
"Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y los Everglades", dijo Cypress en un comunicado.
Los abogados de los acusados estatales y federales no respondieron de inmediato a las consultas por correo electrónico el jueves por la noche. Sin embargo, ya habían argumentado que, si bien el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de las instalaciones eran responsabilidad exclusiva del estado de Florida, lo que significa que la ley ambiental federal no era aplicable.
El juez dijo que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el gobierno estatal y el federal.
Construcción apresurada de un centro de detención
El centro de detención se construyó rápidamente hace casi dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista, poco utilizado, en medio de los Everglades. Actualmente alberga a varios cientos de detenidos, pero fue diseñado para albergar hasta 3.000 en estructuras temporales de tiendas de campaña.
Dentro de las grandes tiendas blancas del complejo, filas de literas están rodeadas de jaulas de malla metálica. Las personas recluidas allí afirman que aparecen gusanos en la comida , que los inodoros no descargan y que inundan el suelo con heces, y que hay mosquitos y otros insectos por todas partes. A veces, el aire acondicionado se apaga repentinamente debido al calor sofocante. Se dice que los detenidos pasan días sin ducharse ni conseguir medicamentos recetados, y solo pueden hablar con sus abogados y seres queridos por teléfono.
Testigos de los grupos ambientalistas declararon durante la audiencia que se habían agregado al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida inició la construcción. Dijeron que la pavimentación adicional podría provocar un aumento de la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, la propagación de sustancias químicas nocivas a los Everglades y la reducción del hábitat de las panteras de Florida, una especie en peligro de extinción.
Abogados de agencias federales y estatales solicitaron a Williams que desestime o transfiera la solicitud de medida cautelar, alegando que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta . Williams dictaminó el jueves que su tribunal era la jurisdicción competente.
Otro juez federal en Miami desestimó parte de una demanda a principios de esta semana que afirmaba que a los detenidos se les negó el acceso al sistema legal en el centro de detención de inmigrantes y luego trasladó los cargos restantes del caso a otro tribunal.
Ambas demandas se estaban escuchando mientras la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis , aparentemente se estaba preparando para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte de Florida.
MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".
(Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)
Por DAVID FISCHER , MIKE SCHNEIDER y FREIDA FRISARO
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
MIAMI (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó este verano más de 34.000 kilogramos (75.000 libras) de drogas ilegales de embarcaciones en alta mar en el Pacífico y el Caribe, en lo que el servicio calificó como su mayor decomiso en su historia por un valor de casi 500 millones de dólares.
