Un hombre albanés afirmó que el dolor se volvió tan insoportable que se arrancó un diente mientras languidecía durante meses en un centro de detención de inmigrantes en Nuevo México. Una madre hondureña de dos hijos declaró que fue hospitalizada por un problema cardíaco tras negársele medicamentos para la presión arterial mientras estaba detenida en Florida. Un hombre venezolano afirmó que su pierna se puso morada e hinchada por una bacteria carnívora cuando el personal de un centro en Vermont no lo llevó a una cita médica programada.

Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no les brindan atención médica adecuada, según una investigación de KFF Health News y The Associated Press. Los detenidos afirman que no recibieron medicamentos a tiempo, o que no los recibieron en absoluto, para afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Sus niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Algunos detenidos sufrieron colapsos y convulsiones.

Las cárceles y los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos llevan mucho tiempo luchando por satisfacer las necesidades médicas de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está colapsando debido a la afluencia de detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo: a mediados de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tenía detenidos a más de 75.000 inmigrantes, frente a los cerca de 40.000 del año anterior.

KFF Health News y AP analizaron miles de casos judiciales presentados desde la segunda investidura de Trump que utilizan el recurso de hábeas corpus para argumentar que el ICE detiene ilegalmente a personas. Los registros ofrecen una perspectiva única sobre cómo los detenidos afirman —a menudo bajo pena de perjurio— que el ICE está atendiendo sus necesidades médicas. Los periodistas también entrevistaron a más de 50 detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se alega negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluso en oficinas no diseñadas para albergar personas, cárceles del condado y centros improvisados ​​con apodos como "Alcatraz de los Caimanes".

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, según escribieron investigadores en la revista JAMA en abril. El Departamento de Seguridad Nacional informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo mandato de Trump, y que los suicidios se habían disparado a una cifra sin precedentes.

KFF Health News y AP solicitaron al DHS que respondiera a los hallazgos seis días antes de su publicación, pero no obtuvieron respuesta. El director médico interino del departamento, Sean Conley, había declarado anteriormente que “es política y práctica habitual que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan a la custodia de ICE” y que el DHS contrata a profesionales de la salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros hayan recibido en toda su vida”, afirmó.

Los centros penitenciarios y las empresas privadas que tienen contratos con el DHS y que respondieron a las solicitudes de comentarios afirmaron que cumplen con los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando es necesario. Algunos dijeron desconocer las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otros culparon a los propios detenidos por las deficiencias en su atención médica.

“Nunca había visto semejante desprecio o negligencia médica en ningún otro lugar”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años entre rejas en Armenia, en una declaración judicial en marzo para impugnar su detención en Henderson, Nevada, que se prolongó durante 13 meses a pesar de sus problemas de salud.

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Madeleine Skains, portavoz de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en el centro y que el tribunal no había ordenado cambios en su atención.

El pasado mes de junio, cuando Gukasian experimentó los síntomas de una hipertensión arterial descontrolada (mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza), su compañero de celda golpeó la puerta pidiendo ayuda.

“Cuando no llegó, el resto de la cuadra golpeó sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese día.

«Una descarada indiferencia ante problemas realmente evidentes».

La campaña de deportación masiva del gobierno ha afectado a cientos de miles de personas durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Aproximadamente el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Sus trámites migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataron con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia. Contó que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a un centro penitenciario en Atlanta dio una sacudida, lanzándolo de su asiento contra un reposabrazos metálico. Su herida se infectó con E. coli, explicó, porque tuvo que dormir en un suelo de cemento sucio entre inodoros con fugas.

Al igual que otros detenidos entrevistados, habló bajo condición de anonimato; manifestaron temer por su seguridad, por la de sus familias o que hablar públicamente pondría en peligro sus casos de inmigración. La AP y KFF Health News no revelan la identidad de ninguna persona identificada en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según consta en los registros judiciales, el personal del Centro de Detención Stewart, en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a la solicitud de asistencia médica de ese hombre hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a una hora de distancia. Allí, según su testimonio, un médico le dijo que había evitado por poco la amputación de su pierna izquierda. El personal médico no encontró registros de un caso similar, según Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la empresa penitenciaria privada que administra el centro.

El hombre de 48 años, que emigró a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas, fue liberado en octubre y ahora es residente permanente legal. Sin embargo, no está seguro de poder regresar a su trabajo en la construcción, ya que, según afirma, debido a su lesión ya no puede levantar objetos pesados.

Algunos detenidos o sus abogados afirmaron que incluso se les negó la atención básica: gasas para proteger una herida abierta en el pie, atención prenatal para un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer de estómago avanzado, compresas sanitarias para el sangrado posparto.

«Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sea cual sea el tiempo que dure su detención», declaró la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, durante una audiencia celebrada en octubre en relación con el caso de una mujer de 70 años que alegó que el gobierno le había perdido las gafas durante su arresto. «Si una persona no puede ver bien debido a la pérdida de sus gafas durante su detención, eso debería solucionarse».

Dora Schriro , quien trabajó para ICE y ahora se desempeña como asesora especial de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, afirmó que la jurisprudencia exige que el gobierno trate a las personas detenidas por motivos de inmigración con el mismo cuidado que brinda a quienes se encuentran en cárceles tradicionales en espera de juicio. Sin embargo, los administradores tienen discreción y los estándares de atención médica varían.

Los detenidos son trasladados con frecuencia por todo el país, a menudo sin previo aviso, lo que interrumpe su tratamiento. Una mujer de El Salvador contó que perdió una semana de medicación contra el VIH cuando fue trasladada de Colorado a una cárcel del condado en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó con un gastroenterólogo por sus dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. «Lamentablemente, nunca pude verlo, debido a que me trasladaron de un centro de detención a otro».

Los defensores afirman que incluso las discapacidades evidentes, como la ceguera legal, son ignoradas.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma grave en el otro necesitaba gotas dos veces al día para mantener la poca visión que le quedaba. Pero, según contó, algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco de frente. A menudo parece que veo a través de una gasa”, escribió el hombre en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo, temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década parecían absurdas, como el hecho de que no se pueda ver”, dijo el abogado del hombre, Brian Hoffman. “Antes, se podía intentar colaborar con la gente del gobierno y tal vez avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora, es como si para cualquier cosa que quieras hacer, tuvieras que ir a juicio y demandar”.

Ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno que llevara a un hombre con síntomas de cáncer de próstata a un especialista para su diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representan a ICE informaron al juez que los funcionarios no pudieron asistir a la cita debido a un "error interno de programación". CoreCivic, la empresa que administra ese centro, declaró que no podía hacer comentarios sobre litigios en curso.

Un aumento repentino de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de hábeas corpus, ejercen un derecho a impugnar el encarcelamiento ilegal que se remonta a la Edad Media.

Se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo durante el segundo mandato de Trump, impulsadas por las decisiones del año pasado de denegar la libertad bajo fianza a muchas personas detenidas por cargos de inmigración. Los jueces están divididos sobre si esto es legal; la cuestión parece encaminarse al Tribunal Supremo.

Muchos recursos de hábeas corpus han tenido éxito , pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en las peticiones, como el hecho de haber estado retenidos demasiado tiempo antes de ser deportados.

Las más de 300 denuncias por negligencia médica halladas en esta investigación representan solo una pequeña parte del problema. Los detalles de los casos de hábeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público consultar dichos documentos en línea. KFF Health News y AP obtuvieron algunos documentos directamente y recibieron registros de 4400 casos de Habeas Dockets , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles más siguen siendo prácticamente inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de hábeas corpus no es el procedimiento adecuado para plantear alegaciones de negligencia médica y se han negado a liberar a detenidos por dichas alegaciones. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de hábeas corpus ni mencionan sus problemas médicos cuando lo hacen.

La petición de José Antonio Segismundo no mencionaba que no hubiera podido consultar a un oncólogo por el cáncer que padecía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en el centro de detención de Florida conocido como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray en Georgia. Los registros médicos que figuran en sus documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de su cita programada con un especialista en cáncer.

Su esposa, María José González, afirmó que él no recibió ningún tratamiento a pesar de que ella envió su historial médico y explicó su condición a los funcionarios de Folkston. Cuando le daban fuertes dolores de estómago, a menudo repentinos e intensos, le daban Tylenol.

Geo Group, la empresa que gestiona Folkston, cumple con los estándares de ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas médicos externos cuando es necesario, según declaró el portavoz Christopher Ferreira.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que abandonó hace casi 30 años, según relató González. Ahora, añadió, tendrá que retomar la búsqueda de atención médica en el pueblo oaxaqueño donde creció.

Ver cómo se deterioran los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmanteló la Oficina del Defensor del Pueblo para los Centros de Detención de Inmigrantes. A principios de mayo, la cerró definitivamente, alegando falta de financiación por parte del Congreso.

Anteriormente, el personal del defensor del pueblo podía facilitar la atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, afirma, no hay a quién llamar.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos afirman sentirse impotentes, realizando llamadas desesperadas a los centros penitenciarios, al gobierno y a sus legisladores mientras ven cómo sus seres queridos se deterioran.

Riya Khan vio cómo su madre empeoraba en el Centro de Detención de California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada al centro, ubicado en el desierto de Mojave, Riya contó que la mujer de 64 años se tambaleó al sentarse. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó a Estados Unidos procedente de Bangladesh en 1997. Según sus registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando se presentó a su control rutinario con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida, solo recibió de forma intermitente sus medicamentos para afecciones como la hipertensión, el hipotiroidismo y la prediabetes.

CoreCivic trata las enfermedades crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables, dijo Todd.

“Para CoreCivic, nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas a nuestro cargo”, dijo Todd.

Khan contó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser dada de alta y que sus gotas para los ojos para el glaucoma nunca llegaron. El personal le dijo a Khan que necesitaba comprar algunos de sus medicamentos en la tienda de la prisión, pero allí no los tenían, según relató su hija.

Antes de que el ICE detuviera a Masuma Khan, ella se hacía amiga de todo el mundo, según contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un emblemático restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba a los pájaros y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir a la calle. Todavía tiene que presentarse regularmente ante el ICE, y se aterra cada vez.

Un derrame cerebral durante una videollamada

Anteriormente, los detenidos con necesidades médicas graves probablemente habrían sido puestos en libertad condicional por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención médica, dijo el abogado de Vermont Andrew Pelcher.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de 390 millones de dólares en atención médica para los extranjeros detenidos, según su informe anual más reciente al Congreso. En una conferencia en mayo, el entonces director interino Todd Lyons afirmó que el ICE había gastado "casi quinientos millones de dólares" en atención médica para los detenidos este año.

Ahora, bajo la “detención obligatoria”, los abogados afirman que las personas permanecen encerradas en condiciones graves y costosas.

Un ciudadano rumano se sometió a varias cirugías cardíacas, incluyendo un triple bypass de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, el hombre de 52 años debía tomar 16 medicamentos diarios. Según consta en los documentos judiciales, mientras se encontraba en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin medicación antes de que las autoridades lo trasladaran a un centro en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces durante su detención, quejándose de dolores en el pecho; en parte, según consta en los registros médicos y los documentos judiciales, porque, a pesar de las "innumerables solicitudes", el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos de alta hospitalaria citados por su abogado muestran que solo recibió ocho de los dieciséis medicamentos tras su segunda salida del hospital.

“¿Podría usted hablar con el centro de detención de ICE para asegurarse de que le administren sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores de tratamiento en los registros médicos incluidos en los documentos judiciales. “Fue ingresado la semana pasada por dolor en el pecho y hoy fue readmitido nuevamente por dolor en el pecho debido a que no siguió el tratamiento farmacológico”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral mientras hacía una videollamada con su hija, según consta en los documentos judiciales. «Tenía dificultades para respirar y se señalaba el pecho, donde sentía dolor de nuevo, y de repente dejó de hablar». Su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de vídeo, según su petición. «Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión».

Según el documento, el hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días. Fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Las familias de los detenidos por ICE se enfrentan a decisiones imposibles.

Cassandra Amador espera a que suene el teléfono cada mañana, desesperada por hacerle a su marido la pregunta que la ha despertado todas las noches durante meses: "¿Te has tomado la medicina?".

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, padece hipertensión y depende del centro estatal de Florida conocido como "Depósito de Deportaciones" para recibir los medicamentos que lo han mantenido con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no los recibió.

Cuando habla con él, dice, lo oye cada día más débil y asustado, nada que ver con el hombre optimista que solía llevar a sus hijos a tomar un helado.

“Se puede percibir en su voz cómo se siente”, dijo ella.

Ahora, según cuenta, él está considerando regresar a Cuba, de donde huyó debido a la persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, afirmó, a pesar de que ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y no habla mucho español.

Según su esposa, ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker en Sanderson, Florida. Ella teme que la próxima vez no se levante.

Este informe es una colaboración entre Associated Press y KFF Health News. Contaron con la participación de los periodistas de Associated Press Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, así como de la corresponsal de KFF Health News, Kate Wells.

CLAIRE GALOFARO es redactora nacional del equipo de investigación de AP. Reside en Louisville, Kentucky.

AARON KESSLER es un científico de datos especializado en periodismo de investigación y análisis de datos en la intersección de los negocios y la política. Reside en Washington, D.C.

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BYRON TAU es periodista de investigación en la oficina de Associated Press en Washington, D.C. Se especializa en reportajes sobre seguridad nacional, fuerzas del orden, tecnología y rendición de cuentas del gobierno. Se le puede contactar por Signal en byrontau.01.

(Foto AP/Brynn Anderson)

WASHINGTON (AP) — El enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Senado sigue sin resolverse después de que los senadores republicanos abandonaran la ciudad hace 10 días sin aprobar una ley para financiar las agencias de control de inmigración del presidente Donald Trump.

Los senadores republicanos que regresan a Washington el lunes afirman que no contarán con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca colabore con ellos para establecer los parámetros de un nuevo fondo de compensación de 1.776 millones de dólares destinado a indemnizar a los aliados de Trump. Sin embargo, Trump ha mostrado poco interés en hacerlo, incluso después de que un juez suspendiera temporalmente cualquier pago .

No está claro cómo resolverán la disputa.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró antes de que el Senado abandonara la ciudad el 21 de mayo que la administración Trump "tendrá que presentar algunas sugerencias e ideas". Thune, oriundo de Dakota del Sur, afirmó que el dinero del acuerdo extrajudicial —parte del cual podría destinarse a los partidarios de Trump que agredieron a la policía y atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021— "complica mucho más las cosas de lo necesario".

El estancamiento en torno al fondo para la "antiarmamentización" podría ser un punto de inflexión para los republicanos que intentan mantener su mayoría en las elecciones de este año e impulsar su agenda. La campaña electoral de Trump para derrotar a los legisladores republicanos que considera desleales, incluyendo algunos de los votos republicanos más fiables de Thune en el ajustado Senado de 53-47, no ha hecho sino aumentar la tensión.

Los senadores Bill Cassidy de Luisiana y John Cornyn de Texas perdieron la reelección en mayo después de que Trump respaldara a sus oponentes en las primarias, y no está claro hasta qué punto apoyarán la agenda del presidente en el futuro. Además, un número creciente de senadores republicanos se ha mostrado frustrado con el presidente, ya que este ignora lo que ellos consideran sus necesidades políticas.

“Creo que es difícil separar lo que sucede aquí de lo que ocurre en el ambiente político que nos rodea”, dijo Thune.

Los demócratas han anunciado que planean presentar varias enmiendas al proyecto de ley de inmigración para reducir o eliminar el acuerdo. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, declaró en una carta a sus colegas el lunes por la mañana que los demócratas emprenderán "un esfuerzo coordinado para acabar con el fondo discrecional antes de que se gaste un solo centavo".

“Hagan lo que hagan los republicanos, los obligaremos a votar sobre ello”, escribió.

A medida que crecía la indignación entre los republicanos del Senado, Trump dejó claro que no le preocupaba demasiado.

“No me importan las elecciones de mitad de mandato”, dijo Trump la semana pasada en una conversación sobre la guerra con Irán .

Los republicanos del Senado establecen límites en el fondo de compensación.

En una reunión a puerta cerrada con el fiscal general interino Todd Blanche antes de que abandonaran la ciudad, los senadores republicanos dieron una especie de ultimátum: o ponen límites al acuerdo o lo harán ellos por ustedes.

Los senadores republicanos habían estado debatiendo varias maneras de limitar el fondo, incluyendo restringir quiénes pueden recibir los pagos, cambiar la composición de la comisión encargada de las decisiones sobre los acuerdos, añadir algún tipo de revisión judicial para los solicitantes o eliminar el fondo por completo. Los republicanos han considerado añadir parámetros al acuerdo en la medida de control migratorio no relacionada, pero prefieren que la Casa Blanca realice los cambios por su cuenta.

Durante el receso del Día de los Caídos, se observaron pocos indicios de progreso.

El senador Todd Young, de Indiana, declaró a la agencia Associated Press la semana pasada que no había visto ningún indicio "que sugiriera que nos hubieran enviado un plan que nuestros líderes consideraran aceptable".

“La decisión está en sus manos”, dijo Young refiriéndose a la Casa Blanca.

El senador Bill Hagerty de Tennessee dijo en el programa "Fox News Sunday" de Fox News Channel que se están llevando a cabo conversaciones "para llegar a una solución que funcione".

“Creo que la semana pasada surgieron más detalles y más preguntas que debían resolverse”, dijo Hagerty, y agregó: “Espero conocer los detalles la próxima semana”.

El fiscal general interino se enfrenta al Senado.

Blanche declaró a la AP en una entrevista el jueves que "muchas de las preguntas se responderán a corto plazo". Sin embargo, no dio más detalles, afirmando que "hablar en términos hipotéticos no me parece justo para el proceso".

La reunión del fiscal general interino con los senadores antes de que estos abandonaran la ciudad fue tensa, según el senador Ted Cruz de Texas, quien la describió en su podcast. Cruz afirmó que de los aproximadamente 45 senadores republicanos que asistieron, "al menos la mitad criticaron duramente al fiscal general".

El Senado tenía previsto permanecer en sesión hasta tarde esa noche para votar el proyecto de ley de gastos de inmigración, pero los líderes cancelaron las votaciones y enviaron a todos a casa. Cruz dijo que los senadores republicanos estaban "gritando" y le comentó a Blanche que el fondo, que formaba parte de un acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos, "parece un trato de favor" y "parece que Trump hizo un trato consigo mismo".

Cruz, quien afirmó apoyar el fondo, señaló que los demócratas habían dicho que presentarían enmiendas para eliminarlo. Los republicanos "habrían perdido todas las votaciones" si hubieran permanecido en sesión, afirmó.

Predijo que “veremos a la administración anunciar, como mínimo, una modificación de esto, porque si no lo hacen, se enfrentarán a una revuelta en toda regla en el Senado”.

Los acusados ​​del 6 de enero podrían llegar a acuerdos extrajudiciales.

Cruz afirmó que los senadores hicieron muchas preguntas sobre los acusados ​​del 6 de enero y que Blanche les aseguró que nadie que hubiera cometido un acto de violencia o agredido a las fuerzas del orden recibiría una indemnización. Sin embargo, Blanche se ha negado repetidamente a declararlo públicamente, afirmando a la AP que «no hay límite en cuanto a quién puede presentar una solicitud».

Al preguntársele sobre las personas que actuaron con violencia el 6 de enero, Blanche sugirió que tal vez sea demasiado difícil definir ese fenómeno.

“¿Quién es? O sea, dímelo tú, ¿no?”, dijo Blanche. “Hay que definir algo y luego atenerse a ello. Por eso he dudado en intentarlo, porque requiere mucha información”.

Trump ha indultado a más de 1.500 acusados ​​que fueron procesados ​​por el ataque de 2021, incluidos cientos que fueron condenados por golpear y herir violentamente a policías cuando irrumpieron en el Capitolio.

La unidad en materia de control migratorio se ve obstaculizada por otros problemas.

La división en torno al fondo surge después de que los republicanos ya hubieran renunciado a mil millones de dólares en fondos de seguridad para la Casa Blanca, incluyendo el nuevo salón de baile de Trump , mientras que los demócratas y algunos republicanos cuestionaban el uso del dinero de los contribuyentes para este megaproyecto en un momento de dificultades económicas. Además del acuerdo, los demócratas habían planeado obligar a los senadores republicanos a votar a favor o en contra de los fondos para el salón de baile.

En la legislación se mantiene la financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado durante meses en protesta por la represión del gobierno en materia de inmigración .

Los republicanos están utilizando una compleja maniobra presupuestaria llamada conciliación para financiar las agencias hasta el final del mandato de Trump sin el apoyo demócrata. Sin embargo, el éxito requiere la unidad del Partido Republicano y la eventual firma de Trump.

Los demócratas dicen que esperan que sus colegas republicanos sigan plantando cara a la Casa Blanca. El senador Gary Peters de Michigan dijo la semana pasada que cree que el fondo de compensación es "probablemente una de las cosas más corruptas que jamás hayamos visto hacer a un presidente estadounidense".

“Para algunos de mis colegas republicanos del Senado, esto es ir demasiado lejos”, dijo Peters. “Espero que se den cuenta de que lo que se hizo es simplemente inaceptable y que se mantengan firmes”.

Los periodistas de Associated Press Steven Sloan y Joey Cappelletti en Washington y Jamie Stengle en Dallas contribuyeron a este informe.

Por  MARY CLARE JALONICK

(Foto AP/Rod Lamkey, JR.)

ATLANTA (AP) — El senador demócrata Jon Ossoff de Georgia arremetió el domingo contra sus posibles rivales en las elecciones generales, calificando al representante Mike Collins y al ex entrenador de fútbol americano Derek Dooley como lacayos no calificados del presidente Donald Trump .

«Da igual quién gane», dijo Ossoff ante una multitud eufórica en The Tabernacle, una sala de conciertos en el centro de Atlanta. «Ambos son títeres de Trump».

Ossoff hizo campaña junto a la candidata demócrata a gobernadora, Keisha Lance Bottoms , exalcaldesa de Atlanta, en lo que sus asesores describieron como el primero de muchos mítines conjuntos destinados a presentarlos como un equipo. Los demócratas hablaron detrás de un atril adornado con una pancarta que decía "Unidos por Georgia".

Esto contrastaba con los republicanos, que aún se disputan entre sí los candidatos de su partido para el Senado y la gobernación. Horas antes de que Ossoff y Bottoms aparecieran juntos, Collins y Dooley pasaron la tarde enfrentándose en el debate previo a la segunda vuelta del 16 de junio.

Juraron lealtad al presidente, aunque rara vez mencionaron a Ossoff, a quien describen como demasiado liberal para un estado que Trump ganó en dos de sus tres campañas.

Los eventos simultáneos, celebrados a kilómetros de distancia en Atlanta, ponen de manifiesto la ventaja que Ossoff y los demócratas de Georgia tienen en una campaña de mitad de mandato que podría remodelar los dos últimos años de la presidencia de Trump y dar forma a la legislatura estatal de este estado clave en la contienda electoral.

Al igual que Ossoff, Bottoms espera al ganador de la segunda vuelta republicana tras haber derrotado contundentemente a sus rivales en las primarias demócratas el 19 de mayo. Y, al igual que Ossoff, metió a sus posibles oponentes, el vicegobernador Burt Jones y el empresario multimillonario Rick Jackson, en el mismo saco.

“No ven las políticas imprudentes de Trump como un problema, sino como una estrategia”, dijo, haciendo hincapié en la inflación, especialmente en la gasolina y los alimentos. “Ya sabemos que nos enfrentamos a los secuaces de Trump”.

Ossoff es el único senador demócrata que se presenta a la reelección en un estado que Trump ganó en 2024, y conservar su escaño es crucial para las posibilidades de los demócratas de arrebatar el control de la cámara. Bottoms intenta convertirse en la primera demócrata desde 1998 en ser elegida gobernadora de Georgia.

En la contienda por la gobernación, Trump ha respaldado a Jones, quien colaboró ​​con el presidente en su fallido intento de revertir su derrota ante Joe Biden en 2020 mediante falsas acusaciones de fraude electoral. El presidente no se ha posicionado a favor de Collins ni de Dooley.

Los republicanos discuten sobre ética y experiencia.

Con el férreo control de Trump sobre el Partido Republicano, Collins y Dooley mostraron solo ligeras diferencias políticas, ya que cada uno buscaba encontrar razones por las que serían la mejor opción para derrotar a Ossoff y reforzar la agenda del presidente.

Dooley hizo hincapié en su condición de candidato novato y, a pesar de que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, criticó a Collins por formar parte de un gobierno inactivo.

“El Congreso está fuera de control”, dijo. “Hay demasiado arribismo, corrupción, no se logra nada, el Congreso no trabaja para el pueblo como debería”.

Sin embargo, a pesar de presentarse como un ajeno al sistema, Dooley destacó el respaldo del gobernador republicano Brian Kemp, quien cumplía su segundo mandato, y sus raíces familiares. El difunto padre de Dooley, Vince, fue el legendario entrenador de fútbol americano de la Universidad de Georgia y director deportivo durante muchos años.

“Crecí en una familia ligada al fútbol americano en Athens”, dijo Dooley, quien fue abogado brevemente antes de seguir la trayectoria profesional de su padre en el fútbol americano universitario y la NFL.

Los ataques más duros de Dooley contra Collins se centraron en una investigación ética sobre si el congresista abusó de los fondos públicos al contratar a la novia de su antiguo jefe de gabinete para un trabajo que, supuestamente, la mujer no realizó.

Collins insistió en que el asunto es simplemente una “queja” sin fundamento, no un caso real de ética en la Cámara de Representantes. El congresista lo calificó de “una nimiedad”.

La Oficina de Conducta del Congreso, tras una investigación inicial, remitió el asunto al Comité de Ética de la Cámara de Representantes, y Dooley señaló que los republicanos se encontraban entre quienes recomendaban que la investigación continuara.

Collins, hijo de un congresista, rebatió la descripción que Dooley hizo del Capitolio. Se describió a sí mismo como un "trabajador incansable del conservadurismo" y atribuyó cualquier estancamiento político específicamente a un "Senado disfuncional", donde Ossoff ejerce su cargo. Destacó su apoyo a la Ley Laken Riley, una ley de inmigración de 2025 que, entre otras disposiciones, exige que los inmigrantes acusados ​​de ciertos delitos permanezcan detenidos sin fianza.

Tanto Dooley como Collins expresaron su apoyo a los aranceles de Trump y a la guerra en Irán. Si bien Collins ya había copatrocinado una legislación que prohibiría el aborto en todo el país, Dooley afirmó que los estados deberían ser quienes determinen el acceso al aborto.

Ossoff envuelve a Trump y a ambos republicanos juntos.

Ossoff tachó a Trump de «presidente fracasado y vergüenza nacional». Lo presentó como el peor infractor de un sistema político corrupto, destacando las ganancias de su familia provenientes de criptomonedas y negocios inmobiliarios en el extranjero. Y metió a Collins y Dooley en el mismo saco.

“Ambos son políticos corruptos con influencias, y ambos están a favor de la guerra, de los aranceles y de recortar la atención médica”, dijo.

Ossoff acusó a Collins del mismo caso ético que mencionó Dooley. Lo acusó de beneficiarse de los negocios de su hermano con el gobierno.

“La familia del entrenador recibió decenas de millones de dólares de sus impuestos gracias al gobernador Kemp, y luego donó dinero a la campaña del gobernador para apuntalar la del entrenador”, insistió Ossoff.

Se refería a que Daniel Dooley era el fundador de CENTEGIX, una empresa que fabrica e instala sistemas de seguridad escolar, incluidos los llamados "botones de pánico" que contactan directamente con las fuerzas del orden. Como gobernador, Kemp autorizó subvenciones para que los sistemas locales reforzaran la seguridad y, posteriormente, promulgó una ley que obligaba a las aulas de Georgia a tener contacto directo con la policía.

CENTEGIX ha conseguido contratos con sistemas escolares en todo Georgia, y Daniel Dooley ha donado más de 150.000 dólares al comité de acción política federal de Kemp, que apoya la campaña de su hermano para el Senado. Sin embargo, los asesores de Dooley y Kemp señalan que CENTEGIX tiene contratos en 47 estados además de Georgia, y que otras empresas compiten por los contratos con las escuelas de Georgia.

Connor Whitney, portavoz de la campaña de Dooley, dijo que Ossoff "ya está mintiendo sobre Derek Dooley" porque "sabe que Dooley es el candidato que lo enviará al banquillo de los acusados ​​este otoño".

Bill Barrow cubre la política estadounidense para Associated Press. Reside en Atlanta.

(Foto AP/Bill Barrow)

LAKE OZARK, Missouri (AP) — Una investigación de Associated Press revela que los centros de tratamiento residencial privados con fines de lucro que atienden a niños adoptados a tasas excepcionalmente altas a menudo se financian con dinero de los contribuyentes, pero están sujetos a poca supervisión y pocas consecuencias después de las denuncias de abuso y negligencia.

La investigación examina en profundidad un centro en la zona rural de Missouri llamado Calo Programs, o Change Academy en Lake of the Ozarks, que cuesta hasta 20.000 dólares al mes y atrae a familias de todo el país, que envían a sus hijos a través de las fronteras estatales a dicho centro.

Calo promete alivio a los padres desesperados cuyos hijos adoptivos están pasando por dificultades: una academia junto a un lago, similar a un campamento de verano, donde los niños pueden sanar creando vínculos con golden retrievers, y donde empleados atentos "crean alegría".

Pero el informe de AP presenta un panorama más complejo y menos idílico.

Las fuerzas del orden suelen acudir a Calo para investigar agresiones o localizar a menores fugados. Las agencias estatales que financian el internamiento de los niños allí han cuestionado su funcionamiento, la formación recibida y su transparencia. Padres y exempleados afirman que el tratamiento es mínimo y la escolarización prácticamente inexistente, con personal joven y mal capacitado para supervisar a los niños. Dos madres lo describieron como algo sacado de «El señor de las moscas».

En comunicados enviados por correo electrónico, Calo negó las acusaciones de mala conducta y afirmó que los resultados de los estudiantes demuestran la eficacia de su enfoque: “Durante casi dos décadas, Calo ha brindado tratamientos innovadores y servicios esenciales de salud mental a jóvenes que han sido desatendidos por el sistema. Una y otra vez, padres de todo el país han acudido a nosotros en momentos de necesidad, y estamos orgullosos de la trayectoria que hemos logrado ayudando a tratar a sus hijos y reintegrándolos a sus familias con las habilidades y herramientas necesarias para salir adelante”.

La agencia AP obtuvo gran cantidad de datos y documentos estatales a través de solicitudes de acceso a registros públicos, y entrevistó a jóvenes que asistieron recientemente, padres que enviaron a sus hijos allí, exempleados y abogados involucrados en más de una docena de demandas contra la empresa.

Puedes leer la historia completa aquí . Estas son las conclusiones principales:

Fugas, agresiones, lesiones

Cientos de páginas de informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Camden que documentan las llamadas realizadas al centro desde 2020 hasta el otoño de 2025 muestran que los niños bajo el cuidado de Calo han sido presuntas víctimas, testigos y perpetradores.

El verano pasado se desató el caos cuando unas chicas que intentaban escapar corrieron hacia el bosque y saltaron al lago para nadar. Los empleados las persiguieron y las devolvieron, solo para verlas escapar de nuevo. (Calo afirmó que ninguna resultó herida).

Justo antes, los agentes del sheriff escribieron que dos menores supuestamente se habían drogado con metanfetamina que una empleada de Calo llevaba en su bolso. (Calo afirmó que la empleada fue despedida y que nunca se confirmó que la sustancia fuera metanfetamina).

Poco antes, los agentes que acudieron a Calo fueron informados de que el personal se encontraba en inferioridad numérica cuando un grupo de adolescentes irrumpió en una habitación para atacar a otro estudiante. Un chico subió al tejado y saltó, cayendo sobre unas rocas y teniendo que ser trasladado en helicóptero al hospital. (Calo declaró que los altercados ocurren entre jóvenes con problemas, que el personal siguió el protocolo al pedir ayuda y que el chico que saltó sufrió un esguince de tobillo).

En 2024, una madre de Illinois denunció que su hija y otra niña habían sido agredidas sexualmente por otro menor. Afirmó que Calo no les notificó ni a ellas, ni al estado, ni a las autoridades. Alegó que Calo encubrió los hechos.

La estancia de su hija allí fue financiada por el estado de Illinois, a través de un programa poco conocido llamado Programa de Apoyo Familiar, administrado por el Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois, cuyo objetivo es financiar la atención de la salud mental. Ella y otros padres de Illinois declararon a AP que creían que el estado había evaluado el programa, dado que este financiaba la estancia de muchos niños en Calo.

Tanto esa agencia como la Junta Estatal de Educación de Illinois incluyen a Calo entre los programas de tratamiento residencial aprobados que financian. Según datos obtenidos por AP, en la última década, ambas agencias de Illinois han gastado más de 35 millones de dólares enviando a niños a Calo.

Solo el año pasado, el Departamento de Educación pagó más de 1,6 millones de dólares para enviar a 13 niños a recibir servicios de educación especial; el Departamento de Salud y Servicios Familiares gastó 1,2 millones de dólares para 19 niños. Algunas familias utilizaron fondos de ambos programas.

Bill Hayden afirmó que también utilizó fondos educativos de Illinois para enviar a su hija, adoptada de Rusia, a la escuela Calo hace una década. El médico jubilado fue una de las familias a las que Calo solicitó entrevistar. Hayden declaró a la AP que cree que Calo cambió la vida de su hija.

“Me pareció que eran profesionales dedicados que intentaban hacer lo mejor posible con el grupo de chicos más difíciles que probablemente puedas encontrar en una casa”, dijo Hayden.

Ganancias extraordinarias, niños con dificultades

Calo forma parte de la llamada industria de los adolescentes problemáticos , una extensa red de centros residenciales, internados y programas en la naturaleza con fines de lucro y escasamente regulados que han estado institucionalizando discretamente a niños adoptados a tasas extraordinariamente altas.

Calo abrió sus puertas en 2007 con 40 camas y desde entonces se ha expandido considerablemente, alcanzando una capacidad de 144 este año. Se especializa en el trauma de la adopción y afirma que el 90% de sus pacientes son adoptados.

Calo fue adquirida alrededor de 2011 por una firma de capital privado liderada por Alex Stavros, graduado de Stanford, quien durante los siguientes 13 años expandió el negocio fusionándose con otros centros de tratamiento para convertirse en la empresa matriz Embark Behavioral Health. Stavros, quien renunció en 2024, no respondió a la solicitud de comentarios.

En su perfil de LinkedIn, Stavros afirma haber expandido Embark a 38 programas en 20 estados y haber logrado un notable aumento de ingresos de 40 veces, hasta alcanzar los 180 millones de dólares. Bajo su liderazgo, Calo transformó su modelo de negocio, pasando de un modelo basado exclusivamente en pagos privados a uno mayoritariamente financiado por terceros, incluyendo seguros médicos privados, Medicaid y diversos programas gubernamentales.

En plena pandemia de Covid-19, mientras los programas residenciales lidiaban con la matrícula, Embark convocó a decenas de profesionales del sector para hablar sobre estrategias comerciales. "HACIENDO COSAS ÉPICAS" se leía en la portada del manual de la "Conferencia de Ventas y Marketing de Embark Academy" de agosto de 2020. Incluía una sesión sobre cómo "superar objeciones" con tácticas de venta para "ampliar tu cartera de clientes y mantener tu flujo constante de oportunidades".

En una sesión que ensalzaba las admisiones como una parte vital del equipo de tratamiento, el manual señalaba: "La persona encargada de las admisiones vende esperanza cuando la familia está en su momento más bajo, desesperanzado, aterrador y vulnerable".

La empresa defiende sus esfuerzos de marketing dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad.

“Es un error común pensar que las entidades con fines de lucro son más caras o menos éticas que las organizaciones sin fines de lucro”, declaró Calo en un comunicado. “Llegar a ellas mediante una comunicación y publicidad bien planificadas ayuda a romper el estigma de la salud mental que impide que las personas busquen tratamiento…”.

"Ganar dinero a costa de estos niños"

Algunos funcionarios han expresado escepticismo sobre el modelo de negocio de Calo.

Stacy Roberts, quien dirige el centro local de detención juvenil, dijo que su agencia está frustrada con Calo y que procesa hasta una docena de casos cada año que involucran a jóvenes de Calo que viven fuera del estado.

Muchas familias han denunciado las condiciones de Calo como propias de una cárcel. Roberts rechaza esa comparación, pues, según él, los centros de detención juvenil tradicionales como el suyo cumplen con estándares más exigentes. A diferencia de Calo, Roberts rinde cuentas al público, a un juez y al sistema de justicia juvenil, que supervisa la estancia de los menores en su centro.

“Es un negocio”, dijo Roberts. “No lo hacen porque quieran ayudar. Se están lucrando a costa de estos niños”.

SALLY HO es reportera de investigación y noticias económicas para Associated Press. Ha presentado solicitudes de acceso a registros públicos en los 50 estados de EE. UU. y ha cubierto una amplia gama de importantes acontecimientos mundiales.

CLAIRE GALOFARO es redactora nacional del equipo de investigación de AP. Reside en Louisville, Kentucky.

(Foto AP/Austin Johnson)