NASHVILLE, Tennessee (AP) — Las autoridades de Tennessee aún no han explicado qué salió mal durante la fallida ejecución de Christa Pike , que fue cancelada después de que se le administraran dos dosis del fármaco destinado a matarla.

El jueves no estaba claro si Pike seguía con vida. El miércoles por la noche, más de una hora después de que comenzara el proceso de ejecución y casi 30 minutos después de que se le administrara una segunda dosis de pentobarbital, se la oía roncar ruidosamente en la cámara de ejecución.

Pike, quien fue condenada a muerte por un horrible asesinato cometido en 1995, fue trasladada en ambulancia desde la prisión a un hospital, donde está recibiendo tratamiento, según informaron sus abogados.

May Martinez, cuya hija fue asesinada por Pike y su novio y que viajó a Nashville para presenciar la ejecución de la sentencia, declaró a NBC News que "fue un desastre".

El fallo, que un experto en pena de muerte calificó de sin precedentes, llevó al gobernador Bill Lee a posponer la única ejecución que quedaba en Tennessee este año y a ordenar una investigación "para determinar exactamente qué ocurrió". También plantea nuevamente interrogantes sobre los procedimientos del estado y el uso de inyecciones letales con un solo fármaco.

“Esta mañana hay muy pocas respuestas. Es muy temprano. Hay muchas preguntas”, dijo Lee a los periodistas el jueves en un evento no relacionado, y señaló que no había recibido ninguna actualización sobre el estado de Pike. “Los ciudadanos de nuestro estado merecen que se respondan esas preguntas”.

“Esto es una tragedia. Nadie deseaba que ocurriera lo de anoche”, declaró el gobernador. Y añadió: “Me resulta profundamente inquietante que esto haya sucedido en este estado”.

Pike, de 50 años, tenía programada su ejecución para el miércoles por la mañana por el asesinato que cometió a los 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Un tribunal de apelaciones detuvo la ejecución una hora antes de que comenzara, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión horas después.

Según consta en los documentos presentados ante el tribunal el miércoles por la noche, las autoridades administraron a Pike dos dosis de pentobarbital.

El Departamento Correccional de Tennessee declaró en un comunicado que "siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la Oficina del Fiscal General".

Tennessee cambió su método de ejecución hace dos años.

El protocolo de ejecución del estado estipula que se administre una segunda dosis de drogas con jeringas "si el recluso no ha fallecido" después de la primera dosis. No especifica qué sucede si el sujeto sigue con vida después de la segunda dosis.

En 2024, Tennessee anunció que cambiaría la combinación de tres fármacos para las inyecciones letales por el pentobarbital, un fármaco único. Esto ocurrió más de dos años después de que el estado detuviera abruptamente la ejecución de Oscar Smith y reconociera que no había garantizado que los fármacos utilizados en las inyecciones letales se hubieran probado adecuadamente.

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó que lo que experimentó Pike es "singular e incomparable".

Según explicó , otras siete personas han sobrevivido a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie ha permanecido con vida después de recibir los fármacos utilizados en dichas ejecuciones.

Las ejecuciones en Estados Unidos han disminuido drásticamente desde principios de este siglo debido al aumento de la oposición pública y a la creciente preocupación por los costos y los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Sin embargo, el número de ejecuciones casi se duplicó el año pasado, impulsado por un aumento récord en Florida .

Pike habría sido la trigésima persona ejecutada en Estados Unidos este año.

Pike estaba despierto en la cámara de ejecución.

Atada a una camilla en la cámara de ejecución, Pike se describió a sí misma como en paz.

“Voy a dejar este mundo como he pasado la mayor parte de mi vida, y eso es enamorada”, dijo en sus “últimas” palabras.

Pero permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza, preguntando a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así. Una hora después de que los funcionarios levantaran las cortinas de la cámara de ejecución, los testigos informaron que se le administró una segunda dosis de pentobarbital.

Todavía se podía oír a Pike roncar detrás de una cortina cerrada hasta que se cortó el micrófono casi 30 minutos después.

Los abogados de Pike presentaron el miércoles por la noche una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para solicitar la suspensión inmediata de la ejecución, argumentando que sufría un "sufrimiento innecesario" y que el procedimiento violaba su derecho a ser ejecutada sin castigos crueles e inusuales. También presentaron mociones ante otros dos tribunales.

Esta fue la segunda vez este año que Tennessee no pudo completar una ejecución: en mayo, las autoridades estatales cancelaron la inyección letal de Tony Carruthers, quien fue condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, después de que los verdugos intentaran sin éxito durante más de una hora colocarle una vía intravenosa para administrarle pentobarbital.

Pike y su novio fueron condenados por el apuñalamiento y la paliza mortales que sufrió en 1995 Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de clase en un centro de formación laboral en Knoxville. El asesinato atrajo la atención pública debido a un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer, lo que avivó los temores de culto satánico durante el "pánico satánico" de las décadas de 1980 y 1990.

El novio de Pike no era candidato a la pena de muerte porque tenía 17 años en el momento del asesinato y recibió una condena a cadena perpetua. El año pasado se le denegó la libertad condicional.

El caso de Pike reaviva el debate sobre la pena de muerte.

Pike no negó haber cometido el asesinato, pero sus partidarios argumentaron que el estado debería tener en cuenta su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus acusaciones de abuso sexual grave.

El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell dijo que la sentencia de muerte de Pike es una excepción porque a otros jóvenes de 18 años en Tennessee se les han anulado sentencias similares.

Tras el asesinato, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En su petición de clemencia, declaró que solo quería pelear con Slemmer, pero que la mató en un ataque de furia cuando no pudo controlarse.

“Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”, dijo Pike en un comunicado.

Los periodistas de Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, Ed White en Detroit, Russ Bynum en Savannah, Georgia, Hallie Golden en Seattle y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este artículo.

KRISTIN M. HALLes una videoperiodista de Associated Press radicada en Nashville, Tennessee. Colabora en la dirección del reportaje en video en la región del Medio Sur.

Por  KIM CHANDLER y KRISTIN M. HALL

(May Martinez vía AP)

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — El antiguo líder de una fraternidad de la Universidad del Norte de Arizona fue condenado el miércoles a dos meses de cárcel por su papel en una novatada que acabó en la muerte de un aspirante.

Carter Eslick, de 20 años, también recibió tres años de libertad condicional supervisada durante una vista de sentencia en el Tribunal Superior del condado de Coconino. Eslick se había declarado culpable de un cargo grave por novatadas en relación con el fallecimiento, el 31 de enero, de Colin Daniel Martinez, de 18 años, en una casa fuera del campus.

La autopsia determinó que Martinez murió por intoxicación alcohólica, con una concentración de alcohol en sangre de 0,425%, más de cinco veces el límite legal del estado para conductores de 21 años o más.

Martinez estaba entre los cuatro aspirantes a entrar en la fraternidad Delta Tau Delta que compartieron dos botellas de vodka para asegurarse de vomitar, según documentos judiciales. Los testigos contaron que ajustaron la posición en la que dormía Martinez y le revisaron el pulso y la respiración para buscar señales de intoxicación alcohólica durante toda la noche, indicaron los documentos.

Los padres de Martinez comparecieron de forma virtual ante el tribunal, aún de luto por su hijo, y afirmaron que quieren que se asuman responsabilidades y se apliquen reformas en las fraternidades, reportó la televisora de Phoenix azfamily.com.

Eslick era el encargado de los aspirantes de la fraternidad en ese momento y el responsable de dar la bienvenida a los nuevos miembros. El miércoles pidió disculpas a la familia de Martinez y dijo que asume “toda la responsabilidad por el papel que desempeñé en ese ritual”.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, señaló que ninguna sentencia puede reparar el daño causado a la familia Martinez.

“Mi esperanza es que este caso ayude a la gente a comprender los graves peligros de las novatadas y los anime a alzar la voz e intervenir antes de que otra familia experimente una pérdida de este tipo”, manifestó Barker en un comunicado.

La jueza Stacy Krueger dijo que Eslick sabía que lo que hizo era peligroso y le preocupaba que nadie se hubiera pronunciado en contra.

Eslick podría enfrentar una pena de cárcel adicional si no cumple las condiciones de la libertad condicional, que incluyen crear y presentar 305 charlas contra las novatadas y mantener al tribunal al tanto de sus avances. También tiene prohibido consumir alcohol o drogas, salvo que se las receten.

La universidad suspendió a la fraternidad tras la muerte de Martinez, y la organización nacional cerró después la sede en la NAU.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  ASSOCIATED PRESS

(Mark Henle/The Arizona Republic via AP, Pool)

Defensores de los derechos humanos pidieron el miércoles a un panel de las Naciones Unidas que intervenga para ayudar a poner fin a una nueva práctica del gobierno estadounidense que consiste en ocultar a las familias y a los abogados el paradero de miles de detenidos que se enfrentan a la deportación.

El 15 de septiembre , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eliminó de su Sistema de Localización de Detenidos en Línea los nombres de los detenidos con órdenes de expulsión definitivas , en un aparente intento por acelerar sus deportaciones. Este cambio, que el ICE no anunció ni explicó, afecta a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos que se encuentran bajo su custodia .

Según abogados de inmigración, esta medida ha interferido con la capacidad de los detenidos para impugnar las deportaciones inminentes al impedirles el acceso a sus abogados, al tiempo que ha causado estragos en las familias que han perdido el rastro de sus seres queridos.

Una coalición de más de 30 grupos que defienden los derechos de los no ciudadanos en Estados Unidos solicitó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que declarara que dicha política constituye una violación del derecho internacional y que presionara para que se pusiera fin.

«Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrorizarnos a todos», declaró Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, una de las firmantes de la petición. «Hacer desaparecer a personas en una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y privarlas de ayuda externa es la definición misma de desaparición forzada».

Por otra parte, el miércoles, más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por las congresistas Luz Rivas y Verónica Escobar, instaron al ICE a que restableciera los nombres en el localizador, calificando la práctica de ocultarlos como "contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense".

La agencia matriz de ICE negó el miércoles que sus prácticas equivalgan a la desaparición de personas, y afirmó que todos los detenidos "tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados".

«El procedimiento adecuado para un inmigrante indocumentado con una orden de deportación definitiva es la expulsión, así de simple», declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. «Dicho esto, el DHS cuenta con un riguroso proceso de evaluación policial que respeta el debido proceso según la Constitución de los Estados Unidos».

Por lo general, los detenidos pueden llamar a sus familiares si tienen dinero en sus cuentas de la tienda de la prisión, mientras que las llamadas a sus representantes legales deberían ser gratuitas.

Aproximadamente 1,4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes definitivas de expulsión. Esto generalmente significa que un juez de inmigración ha dictaminado que deben ser deportadas y que la decisión ha sido confirmada en apelación o no ha sido apelada. Aún cuentan con varias opciones legales para impugnar su detención y deportación. Jueces federales han dictaminado en miles de ocasiones que los detenidos deben ser liberados o que se les debe conceder una audiencia para fijar la fianza.

La petición a la ONU señalaba que esta política ya había "impedido que los abogados accedieran a sus clientes detenidos, evitando intervenciones para solicitar medidas de alivio migratorio, impugnar detenciones inconstitucionales y bloquear deportaciones ilegales".

La petición citaba ejemplos de varios detenidos, entre ellos una madre y su hija de 7 años que impugnaban su detención en un centro de Texas, pero perdieron el acceso a sus abogados al enfrentarse a la deportación a Venezuela. Según la petición, solo después de que un juez ordenara al ICE revelar su paradero, la agencia lo hizo, unas 18 horas después, y las puso en libertad.

Según la petición, un hombre declaró haber sufrido un estrés intenso y que los "pensamientos más oscuros imaginables" le pasaron por la cabeza después de que la información sobre el paradero de su anciana madre discapacitada fuera eliminada abruptamente del sistema.

La petición señalaba que el localizador en línea del ICE, lanzado en 2010, se ha convertido en una herramienta aún más crucial, dado que la administración del presidente Donald Trump ha llevado a cabo una amplia campaña para arrestar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país. Asimismo, indicaba que el grupo de trabajo de la ONU había presionado para la creación del localizador y su ampliación en 2024 para incluir a las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.

La petición solicitaba al grupo de la ONU que instara al ICE a publicar la ubicación de todos los detenidos en el plazo de una hora tras su arresto y a notificar a sus abogados con 24 horas de antelación cualquier traslado. Este grupo, fundado en 1980, ayuda a las familias a localizar a sus seres queridos que, según se informa, han sido víctimas de desaparición forzada por agentes gubernamentales. Está compuesto por cinco miembros y actualmente lo preside Grazyna Baranowska, de Polonia.

RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".

(Foto AP/Rachel Leathe)

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que él y un amplio grupo de líderes de empresas de inteligencia artificial habían firmado un acuerdo voluntario —que incluirá revisiones internas y externas— durante una reunión realizada en la Casa Blanca para abordar los temores de los estadounidenses sobre dicha tecnología.

“Creo que estoy viendo una enorme autorregulación. Y entienden que tienen que autorregularse”, declaró Trump ante periodistas durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunieron con altos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas que están gastando cientos de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA, incluidos centros de datos en comunidades de todo el país que han provocado oposición de habitantes y de políticos de los dos principales partidos del país. El grupo incluyó a directores generales que han pedido desacelerar el desarrollo de la tecnología tras varios incidentes en los que agentes de IA se salieron de control.

El acuerdo, que Trump publicó en su red social Truth Social el martes, abre la puerta a una regulación futura, pero se centra en cuatro medidas voluntarias que las empresas deberían adoptar.

El acuerdo indica que las compañías implementarían “controles internos sólidos”, se asociarían con un “auditor externo independiente” para evaluar si los controles están funcionando, y crearían un comité dentro del consejo de administración de cada empresa para evaluar los informes de los auditores internos y externos.

“Con el tiempo, puede tener sentido convertir estos pasos en leyes y regulaciones”, señala el acuerdo.

Trump elogió repetidamente a los ejecutivos empresariales por desarrollar una tecnología que, según dijo, produciría un “crecimiento increíble”. La inversión en centros de datos y el equipo informático asociado ha acelerado la economía e impulsado el mercado bursátil, lo que ha engrosado las cuentas de inversión de los estadounidenses con mayores ingresos y ha elevado su gasto.

Sin embargo, el martes hubo algunas notas de cautela. Dario Amodei, el director general de Anthropic y quien ha sido una de las voces más enfáticas al pedir una desaceleración en el desarrollo de la IA, advirtió que “la tecnología tiene riesgos muy reales”.

“Y, ya sabes, el mecanismo, el cómo abordamos esos riesgos, todavía está en discusión”, añadió.

El acuerdo fue firmado por Trump; por Amodei; por el director general de Google, Sundar Pichai; el director general de Meta, Mark Zuckerberg; el presidente de OpenAI, Greg Brockman; el director general de Nvidia, Jensen Huang; y por Elon Musk como fundador de xAI, que ahora forma parte de SpaceX.

Trump sugirió que se nombraría a unas 10 personas para un comité que “supervise toda la empresa” y afirmó que el acuerdo sería “moralmente vinculante”. También indicó que en los próximos días designaría a alguien para supervisar el acuerdo tras consultar con la industria.

Trump cree que los centros de datos van a volverse “muy populares”

Trump también dijo que los ejecutivos habían acordado apaciguar la oposición bipartidista a los centros de datos que se están construyendo en comunidades de todo el país, al proporcionar más apoyo financiero a las escuelas locales o tomar medidas para reducir los costos de energía.

“Van a ver que los centros de datos van a ser muy populares”, aseveró Trump. Si la oposición continúa, “se verán obligados a irse al extranjero u otros lugares”, agregó el mandatario.

También el martes, el director general de OpenAI, Sam Altman, dijo en una entrevista televisiva que la empresa está cada vez más enfocada en la seguridad. La víspera, su compañía detuvo el despliegue de un nuevo modelo por preocupaciones de seguridad.

“Estamos marcando el ritmo de nuestro progreso, lo que incluye a veces no entrenar un modelo”, comentó Altman a CNBC. “Tenemos que hacer esto de una manera en la que podamos presentar argumentos y afirmaciones de seguridad con mucha confianza, para que la gente no tenga un montón de ansiedad”.

Por su parte, Trump describió el martes la carrera por desarrollar la IA como una competencia global básicamente entre Estados Unidos y China, y afirmó que Estados Unidos está a la cabeza. Añadió que habría un ganador y un perdedor, sin “segundo lugar”.

Durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington la semana pasada, ambos países acordaron establecer un canal para gestionar incidentes relacionados con la IA . Pero Trump subrayó el martes que no quería cooperar demasiado con China: “No quería hacer nada, porque vamos ganando. ¿Por qué querría hacer algo?”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

CHRISTOPHER RUGABER has covered the Federal Reserve and the U.S. economy for the AP for 16 years. He is a two-time finalist for the Gerald Loeb award for business reporting.

WILL WEISSERT covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.

MEG KINNARD covers national politics for The Associated Press. She lives in South Carolina.