WASHINGTON (AP) — Un juez federal desestimó el lunes los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James , concluyendo que el fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue designado ilegalmente por el Departamento de Justicia.

Los fallos del juez federal de distrito Cameron McGowan Currie detienen al menos por ahora un par de procesos que se habían dirigido contra dos de los oponentes políticos de más alto perfil del presidente y equivalen a una dura reprimenda a las maniobras legales de la administración Trump para instalar a un fiscal inexperto y leal dispuesto a presentar los casos.

Las órdenes no abordan el fondo de las acusaciones contra Comey ni James, sino la forma poco convencional en que la fiscal Lindsey Halligan fue nombrada fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia. Los abogados defensores afirmaron que la administración Trump carecía de autoridad legal para realizar el nombramiento. En dos fallos similares, Currie coincidió y declaró que el nombramiento inválido exigía la desestimación de los casos.

“Todas las acciones derivadas del nombramiento defectuoso de la Sra. Halligan”, incluida la obtención y firma de las acusaciones, “constituyeron ejercicios ilegales del poder ejecutivo y por la presente quedan anuladas”, escribió.

Una portavoz de la Casa Blanca afirmó que los fallos "no serán la última palabra sobre el asunto", y la fiscal general Pam Bondi prometió en una conferencia de prensa independiente que el Departamento de Justicia interpondría una "apelación inmediata". Los fiscales también podrían intentar volver a presentar los cambios, una posibilidad que quedó abierta tras las órdenes del juez.

Las acusaciones habían sido objeto de múltiples impugnaciones

Los desafíos al nombramiento de Halligan son sólo una faceta de un ataque múltiple a las acusaciones por parte de Comey y James, cuyos otros múltiples esfuerzos para desestimar los casos siguen sin resolverse.

Ambos han afirmado por separado que los procesos fueron vengativos y representativos de un Departamento de Justicia armado. La semana pasada, los abogados de Comey se basaron en las conclusiones de un juez sobre una constelación de irregularidades y errores del gran jurado por parte de Halligan, y James también citó una "conducta gubernamental escandalosa" antes de su acusación.

"Estoy agradecido de que el tribunal haya puesto fin al caso en mi contra, que fue un proceso basado en la malevolencia y la incompetencia y un reflejo de en qué se ha convertido el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump, lo cual es desgarrador", dijo Comey, quien se declaró inocente de los cargos de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso, en una declaración en video.

En una declaración aparte, James, demócrata que se declaró inocente de las acusaciones de fraude hipotecario, dijo: «Me siento alentada por la victoria de hoy y agradecida por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país». Aseguró que se mantiene «valiente ante estas acusaciones infundadas mientras sigo luchando por los neoyorquinos cada día».

El nombramiento de Halligan

Lo que está en juego en los fallos de Currie es el mecanismo que empleó la administración Trump para nombrar a Halligan, un ex asistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, para dirigir una de las oficinas más importantes y elitistas del Departamento de Justicia.

Halligan fue nombrado para reemplazar a Erik Siebert, un fiscal veterano y fiscal federal interino que renunció en septiembre ante la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James. Se retiró después de que Trump declarara a la prensa que quería que Siebert se fuera.

La noche siguiente, Trump dijo que nominaría a Halligan para el cargo de fiscal interino de Estados Unidos e imploró públicamente a Bondi que tomara medidas contra sus oponentes políticos, diciendo en una publicación en Truth Social que “No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad” y “¡SE DEBE HACER JUSTICIA, AHORA!”.

Comey fue acusado tres días después de que Halligan fuera juramentado por Bondi, y James fue acusado dos semanas después de eso.

Los fiscales generales tienen la autoridad para nombrar a un fiscal federal interino que puede ejercer durante 120 días. Sin embargo, los abogados de Comey y James argumentaron que, una vez vencido ese período, como en el caso de Siebert, la ley otorga a los jueces federales del distrito la autoridad exclusiva para nombrar a un fiscal hasta que se cubra la vacante. Al realizar sucesivos nombramientos interinos por su cuenta, según los abogados defensores, el Departamento de Justicia eludió una ley bien establecida.

“El plazo de 120 días comenzó a correr con el nombramiento del Sr. Siebert el 21 de enero de 2025. Al vencer ese plazo el 21 de mayo de 2025, también expiró la facultad de nombramiento del Fiscal General”, escribió Currie. “En consecuencia, concluyo que el intento del Fiscal General de nombrar a la Sra. Halligan como Fiscal Federal Interina para el Distrito Este de Virginia fue inválido y que la Sra. Halligan ha ejercido ilegalmente ese cargo desde el 22 de septiembre de 2025”.

El Departamento de Justicia había defendido el nombramiento de Halligan, pero reveló el mes pasado que también le había otorgado un puesto aparte de "Fiscal Especial", presumiblemente para proteger las acusaciones de la posibilidad de un colapso. Sin embargo, Currie afirmó que una designación retroactiva de este tipo no podía salvar los casos.

“Las implicaciones de una conclusión contraria son extraordinarias”, escribió el juez. “Significaría que el Gobierno podría enviar a cualquier ciudadano de a pie, sea abogado o no, a la sala del gran jurado para obtener una acusación formal, siempre y cuando la Fiscal General dé su aprobación a posteriori. Eso no puede ser legal”.

Aunque los acusados ​​habían pedido que los casos se desestimaran con perjuicio, lo que significa que el Departamento de Justicia no podría volver a presentarlos, Currie en cambio los desestimó sin perjuicio, dejando abierta la posibilidad de que los fiscales pudieran intentar presentar los cargos nuevamente.

Comey fue imputado apenas unos días antes de que expirara el plazo de prescripción de cinco años de su caso, lo que podría dificultar cualquier intento de volver a presentar la demanda. Uno de sus abogados, Patrick Fitzgerald, declaró que la decisión de Currie "indica además que, al ser nula la acusación, el plazo de prescripción ha expirado y no puede presentarse ninguna otra acusación".

Los jueces han dictaminado por separado que varios otros fiscales federales interinos —en Nueva Jersey, Los Ángeles y Nevada— han ejercido sus cargos ilegalmente, pero también han permitido que los casos presentados por sus oficinas sigan adelante. Los abogados de Comey y James argumentaron que las decisiones de Currie debían ir aún más lejos, ya que Halligan fue aparentemente el único fiscal que presentó pruebas ante los grandes jurados.

Viejos enemigos del presidente

Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump. Nombrado director del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey, al momento de la elección de Trump en 2016, supervisaba una investigación sobre si la campaña presidencial republicana había conspirado con Rusia para influir en el resultado de la contienda. Furioso por dicha investigación, Trump despidió a Comey en mayo de 2017.

James también ha sido blanco frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que obtuvo una sentencia abrumadora contra él y la Organización Trump en una demanda que lo acusaba de defraudar a bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en sus estados financieros. Un tribunal de apelaciones anuló la multa , que se había disparado a más de 500 millones de dólares con intereses, pero confirmó la conclusión de un tribunal inferior de que Trump había cometido fraude.

Los escritores de Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York y Lindsay Whitehurst y Alanna Durkin Richer en Memphis, Tennessee, contribuyeron a este informe.

ERIC TUCKER cubre seguridad nacional en Washington para The Associated Press, con especial atención al FBI y el Departamento de Justicia.

Foto AP/Stephan Savoia, Archivo)

CHICAGO (AP) — Chicago ha entrado en lo que muchos consideran una nueva fase incómoda de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump que ya ha provocado miles de arrestos.

Mientras un comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos conocido por liderar intensas y controvertidas oleadas de inmigrantes se trasladó a Carolina del Norte , agentes federales siguen arrestando inmigrantes en la tercera ciudad y suburbios más grandes del país.

Un número creciente de demandas derivadas de la represión se están tramitando en los tribunales. Las autoridades investigan las acciones de los agentes, incluyendo un tiroteo mortal. Los activistas afirman que no bajarán la guardia por si la situación se agrava de nuevo, mientras que muchos residentes del bastión demócrata, donde pocos acogieron con satisfacción la represión, siguen preocupados .

“Siento paranoia sobre cuándo podrían regresar”, dijo Santani Silva, empleada de una tienda vintage en Pilsen, un barrio predominantemente mexicano. “La gente todavía tiene miedo”.

La intensidad disminuye, pero continúan las detenciones

Durante más de dos meses, el área de Chicago fue el foco de una agresiva operación liderada por Gregory Bovino , un comandante de la Patrulla Fronteriza que está detrás de esfuerzos similares en Los Ángeles y pronto en Luisiana.

Agentes armados y enmascarados utilizaron camionetas todoterreno sin identificación y helicópteros por toda la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus suburbios para localizar a presuntos delincuentes e infractores de inmigración. Los arrestos a menudo resultaban en intensos enfrentamientos con los transeúntes, desde barrios adinerados hasta suburbios de clase trabajadora.

Si bien la intensidad ha disminuido en la semana transcurrida desde la salida de Bovino, siguen apareciendo informes de arrestos. Activistas que rastrean a los agentes de inmigración afirmaron haber confirmado 142 avistamientos diarios durante el pico de la operación el mes pasado. Actualmente, la cifra es de aproximadamente seis al día.

"Esto no ha terminado", dijo Brandon Lee, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. "No creo que termine".

Suburbio bajo asedio

El principal afectado por la operación ha sido Broadview, un suburbio de Chicago de aproximadamente 8.000 habitantes que ha albergado durante años un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Las protestas frente a las instalaciones se han vuelto cada vez más tensas debido al uso de agentes químicos por parte de agentes federales que los vecinos de la zona consideraron inapropiados. La policía de Broadview también inició tres investigaciones criminales sobre las tácticas de los agentes federales.

Los líderes de la comunidad tomaron la inusual medida de declarar una emergencia civil la semana pasada, después de que Bovino abandonó el área, y trasladaron las reuniones públicas a Internet.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, dijo que la comunidad ha enfrentado amenazas de bomba, amenazas de muerte y protestas violentas debido a la represión.

"No permitiré que amenazas de violencia o intimidación interrumpan las funciones esenciales de nuestro gobierno", dijo Thompson.

Arrestos y detenciones cuestionables

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado más de 3.000 arrestos, pero la agencia sólo ha proporcionado detalles sobre unos pocos casos en los que los inmigrantes sin permiso legal para vivir en el país también tenían antecedentes penales.

La administración Trump recurre a las redes sociales para publicar fotografías de supuestos criminales violentos detenidos en operaciones de inmigración, pero los propios datos del gobierno federal pintan un panorama diferente.

De los 614 inmigrantes arrestados y detenidos en los últimos meses en Chicago, solo 16 (menos del 3%) tenían antecedentes penales que representaban un "alto riesgo para la seguridad pública", según datos del gobierno federal presentados ante el tribunal como parte de un decreto de consentimiento de 2022 sobre arrestos del ICE. Dichos antecedentes incluían violencia doméstica y conducción en estado de ebriedad.

Un juez a cargo de los casos declaró que cientos de inmigrantes detenidos cumplen los requisitos para ser liberados bajo fianza, aunque un tribunal de apelaciones ha suspendido su liberación. Los abogados afirman que se presentarán muchos más casos a medida que el gobierno les dé detalles sobre los arrestos.

“Nada de esto ha tenido sentido”, dijo Ed Yohnka, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois, que ha estado involucrada en varias demandas. “¿De qué se trataba todo esto? ¿Para qué servía? ¿Qué efecto tenía todo esto?”

Investigaciones y demandas

El número de demandas derivadas de la represión va en aumento, incluyendo las relacionadas con el uso de la fuerza por parte de los agentes y las condiciones en el centro Broadview. En los últimos días, miembros del clero presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que se les impedía ejercer su ministerio dentro de una instalación.

Los fiscales federales también han retirado repetidamente los cargos contra manifestantes y otros transeúntes, incluyendo la desestimación de los cargos contra una mujer que recibió varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado.

Mientras tanto, agentes federales también están bajo investigación en relación con la muerte de un hombre de los suburbios, quien fue baleado fatalmente por agentes del ICE durante una parada de tráfico. El presidente de México ha solicitado una investigación exhaustiva, mientras que el ICE ha declarado que no hizo uso excesivo de la fuerza.

Un informe de autopsia, obtenido recientemente por The Associated Press, indicó que Silverio Villegas González murió por una herida de bala a quemarropa en el cuello. La muerte fue declarada homicidio.

En octubre, el cuerpo del padre de 38 años que pasó dos décadas en Estados Unidos fue enterrado en el estado de Michoacán, en el oeste de México.

Un efecto escalofriante

Muchos de los corredores comerciales otrora bulliciosos de las comunidades mayoritariamente inmigrantes del área de Chicago que se habían calmado estaban volviendo a sentir actividad con algunos vendedores ambulantes regresando lentamente a sus puestos habituales.

Andrea Meléndez, propietaria de Pink Flores Bakery and Cafe, dijo que ha visto un aumento en las ventas esta semana después de luchar durante meses.

“Como empresa nueva, me asusté un poco cuando vimos que bajaban las ventas”, dijo. “Pero esta semana tengo más esperanza de que las cosas mejoren”.

Eleanor Lara, de 52 años, ha pasado meses evitando viajes innecesarios fuera de su casa de Chicago, temerosa de que un encuentro con agentes de inmigración pueda tener consecuencias nefastas.

Aun siendo ciudadana estadounidense, tiene miedo y lleva consigo su certificado de nacimiento. Está casada con un venezolano cuyo estatus legal está en el limbo.

“Seguimos en casa”, dijo.

CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.

Por  SOPHIA TAREEN y CHRISTINE FERNANDO

(Foto AP/Erin Hooley)

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Un grupo de trabajo ordenado por el presidente Donald Trump para combatir el crimen en Memphis, Tennessee, ha realizado miles de arrestos, lo que ha aumentado la presión sobre el ocupado sistema judicial local y una cárcel ya superpoblada de maneras que, según funcionarios preocupados, durarán meses o incluso años mientras se resuelven los casos.

Desde finales de septiembre, cientos de agentes del orden público federales, estatales y locales, vinculados al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, han realizado controles de tráfico, ejecutado órdenes de arresto y buscado a fugitivos en la ciudad de aproximadamente 610,000 habitantes. Más de 2,800 personas han sido arrestadas y se han emitido más de 28,000 multas de tráfico, según datos proporcionados por el grupo de trabajo y la policía de Memphis.

El grupo de trabajo, que incluye tropas de la Guardia Nacional , cuenta con el apoyo del gobernador republicano Bill Lee y otros que esperan que el aumento reduzca el crimen en una ciudad que ha lidiado con delitos violentos, incluidos casi 300 homicidios el año pasado y casi 400 en 2023.

De 2018 a 2024, los homicidios en Memphis aumentaron un 33% y las agresiones con agravantes un 41%, según AH Datalytics, que rastrea los delitos en todo el país utilizando datos de las fuerzas del orden locales para su Índice de Delitos en Tiempo Real . Sin embargo, AH Datalytics informó que esas cifras disminuyeron un 20% durante los primeros nueve meses de este año, incluso antes de que el grupo de trabajo comenzara a trabajar.

Quienes se oponen al grupo de trabajo en Memphis, una ciudad de mayoría negra, afirman que este se dirige contra las minorías e intimida a los latinos respetuosos de la ley, algunos de los cuales han faltado al trabajo y han cambiado sus hábitos sociales, como evitar ir a la iglesia o a restaurantes, por temor a ser acosados ​​y detenidos injustamente. Las estadísticas publicadas a finales de octubre muestran 319 arrestos hasta la fecha con órdenes administrativas, que abordan asuntos relacionados con la inmigración.

Los efectos se han extendido más allá de las calles, llegando al antiguo juzgado penal y a la problemática cárcel. Las autoridades están preocupadas por las largas esperas en los juzgados de tráfico, que provocan faltas al trabajo, y por la abarrotada agenda penal, que obliga a los reclusos a esperar días adicionales para las audiencias de fianza.

“El costo humano de esto es asombroso”, dijo Josh Spickler, director ejecutivo de Just City, una organización con sede en Memphis que aboga por la equidad en el sistema de justicia penal.

El alcalde del condado de Shelby, que incluye Memphis, ha solicitado más jueces para atender casos que podrían extenderse meses o años. Las autoridades del condado están considerando abrir los tribunales por la noche y los fines de semana, una medida que ayudaría a gestionar la carga de trabajo, pero que sería más costosa.

Mientras tanto, los reclusos de la Cárcel del Condado de Shelby están siendo trasladados a otras instalaciones debido al hacinamiento, según las autoridades. Los reclusos en la sala de admisión duermen en sillas, y las autoridades penitenciarias están solicitando fondos a los comisionados del condado para abordar problemas como la escasez de personal penitenciario.

Estos problemas generan preocupación entre activistas y funcionarios sobre la seguridad en una cárcel donde se han registrado 65 muertes desde 2019, según Just City. La acumulación de casos judiciales implica que los acusados ​​y las víctimas de delitos podrían pasar una cantidad injusta de tiempo lidiando con el sistema de justicia penal, afirmó Steve Mulroy, fiscal de distrito del condado.

“El despliegue del grupo de trabajo probablemente podría haber necesitado más planificación”, dijo Mulroy, un demócrata cuya oficina está cooperando con el grupo de trabajo. “Se podría haber reflexionado más sobre las consecuencias del aumento en el número de arrestos”.

Funcionario de la cárcel pide ayuda

Hubo cientos de encarcelamientos y fianzas más durante las primeras semanas de funcionamiento del grupo de trabajo que durante el mismo período del año pasado, un aumento de alrededor del 40% en cada categoría, según las estadísticas del condado.

La cárcel, con una capacidad regular de 2400 reclusos, tuvo una población diaria promedio de 3195 reclusos en septiembre, el mes más reciente del que se dispone de estadísticas. Las autoridades del condado indicaron que se espera que esta cifra aumente en octubre.

A mediados de noviembre, 250 detenidos en exceso estaban alojados en otras instalaciones, en comparación con 80 en noviembre de 2024. Algunos de ellos están fuera del condado de Shelby, lo que dificulta las visitas de abogados y familiares y aumenta el costo de traer a los acusados ​​a Memphis para las audiencias.

En una carta a los comisionados, el carcelero jefe Kirk Fields solicitó al menos 1,5 millones de dólares en fondos de emergencia, señalando que más reclusos significan más gastos en comida, ropa, ropa de cama y sábanas.

Ayuda con los tribunales

Una cuestión es si hay suficientes jueces para escuchar los casos, especialmente después de que los legisladores eliminaron dos puestos de jueces durante la sesión del año pasado.

El 31 de octubre, el alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, escribió a los funcionarios de los tribunales estatales solicitando jueces adicionales, afirmando que el condado se prepara para el arresto de al menos 3500 a 5000 personas. Un mayor número de arrestos incrementa los gastos penitenciarios y la posible contratación de más defensores públicos, fiscales y empleados penitenciarios, escribió.

“Esto coloca al condado de Shelby en un peligro financiero extremo”, escribió Harris.

La respuesta de la Corte Suprema de Tennessee dijo que, si bien los jueces de tribunales inferiores informaron que no se necesitan más jueces en este momento, ha designado a dos jueces superiores para ayudar en caso de que sean necesarios.

“Parte de ello es comprender cómo se verá la cadencia en los próximos meses y luego desarrollar una estrategia”, dijo el gobernador a principios de este mes, señalando que el estado está monitoreando la situación.

Algunos funcionarios han propuesto sesiones judiciales los sábados y sesiones nocturnas dos o tres noches por semana, dijo Mulroy. Han considerado tener una clínica donde las personas con órdenes de arresto por delitos menores puedan entregarse, para ayudar a aclararlas.

La oficina de Mulroy también está reevaluando si la detención es necesaria para las personas encarceladas en cientos de casos de bajo nivel.

"Si no hay bases para pensar que son un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, y están allí sólo porque no pueden pagar su fianza, podemos echar un segundo vistazo", escribió.

El grupo de trabajo dice que está siendo eficaz

Ryan Guay, portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y del grupo de trabajo, dijo a The Associated Press que el alto volumen de arrestos refleja la efectividad de la fuerza.

“Reconocemos que este éxito impone exigencias adicionales al sistema de justicia penal más amplio, incluidos los tribunales y los centros de detención”, afirmó Guay.

La Oficina Federal de Prisiones ha anunciado que pondrá a disposición del grupo de trabajo un campamento penitenciario satélite. La oficina indicó que la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby asumirá la supervisión de las instalaciones. Un portavoz de la oficina del sheriff se negó a comentar sobre la ubicación del campamento, alegando problemas de seguridad operativa.

El reportero de Associated Press Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, contribuyó a este artículo.

Por  Adrian Sainz

(Foto AP/George Walker IV, archivo)

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se reunirá en privado el viernes con un tema de gran relevancia en su agenda: la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.

Los magistrados podrían anunciar el lunes si revisarán la apelación de Trump contra los fallos de tribunales inferiores que han anulado unánimemente las restricciones a la ciudadanía . Estas restricciones no han entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Si el tribunal interviene ahora, el caso se debatiría en primavera, y se espera un fallo definitivo a principios de verano.

La orden que otorga la ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, forma parte de la amplia ofensiva migratoria de su administración. Otras medidas incluyen un aumento de los controles migratorios en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII.

La administración enfrenta múltiples desafíos legales , y la Corte Suprema ha enviado señales contradictorias en las órdenes de emergencia que ha emitido. Los magistrados, en la práctica, detuvieron el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar rápidamente a presuntos pandilleros venezolanos sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de las detenciones masivas de inmigrantes en el área de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueara la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, ocupación o lugar de residencia.

Los magistrados también están considerando la solicitud de emergencia del gobierno para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para operativos de control migratorio. Un tribunal inferior ha suspendido indefinidamente dicho despliegue.

La ciudadanía por nacimiento es la primera política migratoria de Trump que llega a los tribunales para una resolución definitiva. La orden de Trump subvertiría más de 125 años de entendimiento según el cual la 14ª Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones específicas para los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos en territorio de una fuerza de ocupación extranjera.

En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, o probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo de la Corte Suprema a finales de junio que limitó el uso de mandatos judiciales a nivel nacional por parte de los jueces.

Si bien la Corte Suprema limitó el uso de mandatos judiciales de alcance nacional, no descartó otras órdenes judiciales que pudieran tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y las presentadas por los estados. Los magistrados no se pronunciaron entonces sobre la constitucionalidad de la orden sobre ciudadanía subyacente.

Pero todos los tribunales inferiores que han examinado el asunto han concluido que la orden de Trump viola, o muy probablemente viola, la 14ª Enmienda, que tenía como objetivo garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía.

La administración ha interpuesto una apelación en dos casos.

En julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco dictaminó que un grupo de estados que demandaron por la orden necesitaba una orden judicial a nivel nacional para evitar los problemas que causaría la vigencia de la ciudadanía por nacimiento en algunos estados y no en otros.

También en julio, un juez federal de New Hampshire bloqueó la orden de ciudadanía en una demanda colectiva que incluía a todos los niños que se verían afectados.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lidera el equipo legal en el caso de Nuevo Hampshire, instó al tribunal a rechazar la apelación porque los argumentos de la administración son “sumamente débiles”, declaró el abogado de la ACLU, Cody Wofsy. “Pero si el tribunal decide admitir el caso, estamos más que preparados para enfrentarnos a Trump y ganar”.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de madres indocumentadas, según normas vigentes desde hace mucho tiempo. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera frase de la Decimocuarta Enmienda .

La administración ha afirmado que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

“Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de vital importancia para el presidente y su administración, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el procurador general D. John Sauer al instar a la Corte Suprema a revisar el caso. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen con los requisitos”.

MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D.C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.

(Foto AP/Mark Schiefelbein, Archivo)