WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump tiene prisa por reconstruir el muro arancelario que la Corte Suprema derribó hace menos de cuatro meses.

Esta semana, la administración propuso imponer aranceles de dos dígitos a productos de decenas de importantes socios comerciales de Estados Unidos, tras una investigación sobre importaciones de bienes presuntamente fabricados con trabajo forzoso. Y es probable que se impongan más aranceles.

Según la propuesta presentada en Washington el martes por la noche, 16 economías —entre ellas Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido— se enfrentarían a aranceles del 10 % por supuestamente no hacer cumplir las prohibiciones del trabajo forzoso. Otros 44 socios comerciales —entre ellos China, Japón, India, Corea del Sur y Suiza— sufrirían impuestos a la importación del 12,5 %.

Los aranceles forman parte de la estrategia de Trump para compensar la pérdida de ingresos sufrida cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que él mismo había impuesto el año pasado. Es probable que esta última ofensiva inquiete a socios comerciales clave que se han visto afectados por oleadas de aranceles desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

«Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada», declaró el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. «Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad».

La oficina de Greer afirmó que no impedir dichas importaciones es "irrazonable y supone una carga o restricción para el comercio estadounidense".

Los aranceles de Trump los pagan los importadores estadounidenses, quienes generalmente intentan trasladar esos mayores costos a los clientes.

Consciente de la creciente inquietud de los estadounidenses ante los altos precios y a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, la administración anunció que limitaría el impacto eximiendo de los aranceles propuestos a una larga lista de productos, entre ellos piezas de aeronaves, alimentos (desde café hasta carne de res) y minerales de tierras raras, esenciales para la producción de teléfonos inteligentes y automóviles. También quedarían exentos los productos de Canadá y México amparados por un acuerdo comercial norteamericano.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a consulta y revisión pública. Las audiencias públicas sobre los aranceles propuestos comenzarán el 7 de julio.

El plan provocó un rechazo inmediato. Un portavoz del gobierno chino negó la acusación de trabajo forzoso y abogó por resolver los problemas económicos mediante el diálogo, afirmando que una guerra comercial no beneficia a nadie.

“En China no existe el trabajo forzoso, y nos oponemos a que se utilice como excusa para la manipulación política”, declaró en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

Estados Unidos ha afirmado repetidamente que las importaciones de productos que incluyen materiales procedentes de Xinjiang, en el extremo occidental de China , corren el riesgo de ser resultado del uso de mano de obra forzada. Pekín niega las acusaciones de trabajo forzado en esta región de mayoría musulmana.

Sin embargo, los críticos vieron los aranceles propuestos como un pretexto para restablecer los aranceles a decenas de países de todo el mundo que no habían superado la prueba legal.

«Acusar a la UE de no hacer lo suficiente contra el trabajo forzoso es absurdo», publicó Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, en redes sociales. «La UE ha adoptado las normas más estrictas del mundo contra los productos elaborados con trabajo forzoso. Esto se parece mucho a intentar que los hechos se ajusten a una justificación legal para unos aranceles que ya se han fijado».

Esta nueva maniobra demuestra la determinación del gobierno de Trump de mantener un muro de aranceles alrededor de la economía estadounidense, la más grande del mundo, a pesar de los repetidos reveses en los tribunales.

En febrero, la Corte Suprema dictaminó que Trump se había extralimitado en sus funciones al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo el año pasado. Los magistrados anularon los aranceles y abrieron el camino para que las empresas que los pagaron soliciten reembolsos.

Tras la derrota en los tribunales, Trump recurrió a otra ley para imponer aranceles temporales del 10% a nivel mundial. Sin embargo, estos aranceles provisionales expiran el 24 de julio. Además, un tribunal comercial especializado dictaminó el mes pasado que también eran ilegales , aunque el gobierno puede seguir cobrándolos mientras el caso se tramita en los tribunales.

Los aranceles de Trump han generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos para un gobierno federal que gasta persistentemente más de lo que recauda en impuestos. Él contaba con los aranceles de la IEEPA para compensar parte de los ingresos perdidos debido a sus drásticos recortes de impuestos de 2025.

Sin embargo, la recaudación de aranceles ha comenzado a disminuir desde las derrotas legales. Alcanzó un máximo de más de 31 mil millones de dólares en octubre pasado, pero se redujo a 22 mil millones de dólares tanto en marzo como en abril de este año, según el Departamento del Tesoro.

Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han comprometido a compensar la pérdida de ingresos. Para ello, han recurrido a una autoridad legal que ha superado impugnaciones judiciales en el pasado: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aranceles y otras sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato.

“Lo que resulta brillante de esta forma de abordar la Sección 301 es que, políticamente, es muy difícil argumentar que no se debe perseguir el trabajo forzoso y obligar a los países a hacer cumplir las leyes vigentes sobre trabajo forzoso”, dijo el abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno presentará próximamente una ley contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. «Canadá cuenta con un marco legislativo muy sólido contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro», declaró Carney a la prensa en Ottawa. «No queremos que haya ningún tipo de trabajo forzoso en la producción de bienes y servicios, y queremos usar nuestra influencia para erradicar esta práctica, incluido el trabajo infantil».

En su informe de casi 100 páginas sobre el trabajo forzoso, la USTR afirmó que, incluso si un país aplica una prohibición del trabajo forzoso a nivel nacional, la importación de productos elaborados con trabajo forzoso viola las normas del comercio justo.

Majerus espera que los nuevos aranceles estén listos para cuando expiren los temporales el próximo mes. "La USTR está bajo una enorme presión para asegurarse de que no haya ninguna interrupción (en los ingresos arancelarios), probablemente por parte de la Casa Blanca", dijo. "Confío, basándome en el cronograma que siguen, en que los tendrán listos para su implementación". Señaló que la investigación sobre trabajo forzoso está "aproximadamente al doble de la velocidad normal" de los casos típicos del artículo 301.

La administración también está tramitando un caso en virtud de la Sección 301 para determinar si 16 socios comerciales de Estados Unidos (que representan el 70% de las importaciones estadounidenses), entre ellos China, la UE y Japón, están produciendo en exceso bienes, lo que provoca una bajada de precios y pone a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

El lunes, la administración propuso aranceles del 25% en virtud del artículo 301 sobre Brasil , acusando a la décima economía más grande del mundo de prácticas comerciales "irrazonables", incluyendo una aplicación laxa de las leyes anticorrupción y aranceles injustos.

El informe del martes definió el trabajo forzoso como “el trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

Citó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU según la cual, en 2021, 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajos forzosos.

El arroz importado de Myanmar, el tabaco de Malawi, la carne de vacuno de Brasil y el algodón y el polisilicio de China figuraban entre los muchos productos que, según el informe, son propensos a implicar trabajo forzoso.

Elaine Kurtenbach informó desde Bangkok.

Rob Gillies, desde Toronto, contribuyó a este artículo.

ELAINE KURTENBACH con sede en Bangkok, es la editora de negocios de AP para Asia, donde contribuye a mejorar y ampliar nuestra cobertura de las economías regionales, el cambio climático y la transición hacia la energía libre de carbono. A lo largo de su carrera, ha cubierto las tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas de China, Japón y el sudeste asiático.

(Foto AP/Aurelien Morissard, Pool)

WASHINGTON (AP) — Los demócratas criticaron duramente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el martes durante una acalorada audiencia en el Senado, calificando de "una locura" sus amenazas de retirar a los agentes de algunos aeropuertos en las llamadas ciudades santuario y acusando a su departamento de gastar imprudentemente miles de millones de dólares.

En su audiencia de confirmación a principios de este año, Mullin se presentó como una figura estabilizadora para el Departamento de Seguridad Nacional tras las múltiples controversias que sacudieron el mandato de su predecesor. Sin embargo, el martes, los demócratas expresaron un profundo escepticismo sobre su capacidad para transformar el departamento, en particular su enfoque en la aplicación de las leyes de inmigración y su compromiso con el estado de derecho.

“Quiero ser muy clara, secretario Mullin, estoy observando atentamente las medidas que tome ahora como nuevo secretario del DHS”, dijo la senadora de Washington, Patty Murray. “Incluso ahora, estamos viendo algunas propuestas escandalosas”.

Mullin, quien hace apenas unos meses era senador junto a quienes lo criticaban, se defendió calificando los ataques de "extravagantes" y "simplemente erróneos".

La comparecencia de Mullin ante el subcomité de asignaciones para la seguridad nacional se produce mientras el Senado sopesa una legislación que financiaría a las agencias de control de la inmigración hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, en una maniobra que eludiría la necesidad de contar con el apoyo de los demócratas, quienes han exigido restricciones antes de aceptar financiar dichas agencias.

El intento de financiar a largo plazo a esas dos agencias se ha estancado debido a la oposición republicana, por separado, a un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares para indemnizar a los aliados de Trump que creen haber sido perseguidos políticamente, un plan que fue suspendido el martes.

Críticas por la amenaza de Mullin en el aeropuerto por parte de la CBP.

Murray citó las amenazas de Mullin de retirar a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. de los aeropuertos en los estados que la administración Trump considera "ciudades santuario", lo que significa que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Su plan de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos en las ciudades que no se pliegan a Trump es una locura”, dijo Murray. “Además, supondría una crisis económica tanto para los estados demócratas como para los republicanos”.

Mullin ha inquietado al sector turístico con sus amenazas de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos de las llamadas "ciudades santuario". No existe una definición estricta de lo que constituye una jurisdicción santuario, pero el término se usa generalmente para describir a las ciudades y estados que limitan la cooperación con el ICE. En el pasado, los tribunales han rechazado la idea de retirarles la financiación.

Mullin aún no ha presentado una propuesta concreta, pero ha sugerido públicamente en repetidas ocasiones que está sopesando la idea.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos afirmó que Mullin también confirmó durante una reunión con el grupo el mes pasado que estaba considerando tomar esa medida. La asociación se había reunido con Mullin para discutir otras propuestas de la administración Trump que afectan a la industria turística.

US Travel y las principales aerolíneas condenaron rápidamente cualquier intento de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos, e incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha dicho que no le parece lógico.

Una medida de este tipo podría trastocar los viajes internacionales en un momento en que millones de visitantes se preparan para venir a Estados Unidos con motivo del Mundial.

Aunque los demócratas criticaron a Mullin por la sugerencia, no se le preguntó directamente sobre el plan durante la audiencia del martes y no abordó el tema.

Murray también afirmó que creía que la Casa Blanca aún ejercía una influencia significativa sobre Mullin y el Departamento de Seguridad Nacional.

“Todavía no te he visto retomar las riendas de Stephen Miller”, dijo, refiriéndose al asesor de Trump, uno de los artífices de la represión migratoria del gobierno.

Tras una mordaz declaración inicial del senador demócrata Chris Murphy de Connecticut, en la que cuestionó su compromiso con el estado de derecho, Mullin se desvió de su declaración inicial para defenderse a sí mismo y a su departamento.

“Cuando empiezan a decir que es inconstitucional, ¿qué es lo inconstitucional que estamos haciendo? Juramos defender la Constitución, igual que ustedes juraron respetarla”, dijo Mullin, quien culpó a la retórica de Murphy por el creciente número de amenazas y ataques contra sus agentes.

Mullin defiende el trato que reciben los detenidos en Nueva Jersey.

Murphy también interrogó a Mullin sobre el trato que reciben los detenidos en un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey. Manifestantes y miembros demócratas del Congreso han expresado su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes retenidos en dicho centro.

Los congresistas demócratas que han visitado las instalaciones afirman que la comida a veces contenía gusanos y criticaron la calidad de la atención médica que reciben los detenidos. Murphy se sumó a estas críticas, señalando que los detenidos habían descrito "comida en mal estado, retrasos en la atención médica, problemas con el alcantarillado" y "presiones indebidas para firmar documentos de deportación".

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado todas las acusaciones de abuso o maltrato dentro de las instalaciones.

Mullin declaró el martes que actualmente hay unos 700 detenidos en Delaney, centro que, según él, tiene licencia para albergar a unas 1000 personas. Rechazó las críticas, afirmando que los inspectores de sanidad habían estado recientemente en las instalaciones y no encontraron ninguna infracción. Mullin también acusó a algunos manifestantes de atacar a agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

“Tuvimos agentes mordidos, agentes arañados, agentes pinchados, agentes golpeados”, dijo Mullin.

Peters afirma que la administración Trump politiza la respuesta ante desastres.

Mullin también fue criticado por el dinero desembolsado para ayuda en casos de desastre a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Gary Peters, un demócrata de Michigan, citó informes recientes que indican que Trump ha aprobado más declaraciones de desastre importantes para estados republicanos que para estados demócratas .

“¿Cree usted que es correcto que un presidente apruebe la ayuda para desastres basándose en si un estado votó por él o no, en lugar de en la magnitud de los daños que realmente se produjeron en ese estado?”, preguntó Peters a Mullin.

“Esa no es mi experiencia con el presidente”, respondió Mullin, señalando que la semana pasada Trump aprobó y denegó numerosas ayudas por desastre tanto a estados republicanos como demócratas. La ayuda por desastre “no debería politizarse”, añadió Mullin posteriormente.

Los republicanos expresaron mayoritariamente su apoyo al trabajo de Mullin, afirmando que estaba respetando el estado de derecho. Sin embargo, se enfrentó a la oposición de la senadora republicana Susan Collins de Maine, quien preguntó si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sería flexible con respecto a las altas tarifas y cuotas para ciertos tipos de visas de trabajo.

La audiencia del martes fue la primera vez que Mullin compareció ante el Senado desde su audiencia de confirmación en marzo. Mullin, a quien Trump designó para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional tras el despido de su predecesora, Kristi Noem , testificará en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto el miércoles.

Los periodistas de Associated Press Rio Yamat en Las Vegas y Gabriela Aoun Angueira en San Diego, California, contribuyeron.

REBECCA SANTANA cubre la información del Departamento de Seguridad Nacional para Associated Press. Cuenta con una amplia experiencia como reportera en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.

(Foto AP/Mariam Zuhaib)

WASHINGTON (AP) — Durante generaciones, el gobierno federal aplicó las leyes de derechos civiles con el objetivo de remediar la discriminación histórica y sistémica contra las personas negras y otras personas de color. El Departamento de Justicia presionó a las escuelas para que se desegregaran. El Departamento de Educación trabajó para promover la igualdad de oportunidades y responsabilizó a las escuelas por los prejuicios raciales.

Pero bajo la administración Trump, los esfuerzos para abordar las profundas desigualdades que sufren los estudiantes de color están siendo tachados de discriminatorios contra los estudiantes blancos. Programas que durante mucho tiempo habían resistido el escrutinio legal ahora son rápidamente considerados por la Casa Blanca como "infracciones ilegales de DEI " (diversidad, equidad e inclusión). Las escuelas que no cumplen con la normativa han enfrentado amenazas a su financiación y, en algunos casos, han perdido subvenciones federales.

Los abogados de derechos civiles describen las acciones de la administración como una inversión total de la historia jurídica.

“Esto le da un giro radical al propósito de la ley de derechos civiles, perjudicando no solo a los estudiantes negros y a los estudiantes de color, sino a comunidades escolares enteras”, afirmó Michael Pillera, director de asuntos de equidad educativa del Comité de Abogados para los Derechos Civiles. “Está completamente desvinculado de la historia real de nuestro país y de la realidad de la vida en este país”.

El gobierno estadounidense ha iniciado investigaciones o participado en litigios relacionados con diversas iniciativas para abordar la desigualdad racial . El Departamento de Justicia investiga programas para aumentar el número de docentes de color en Rhode Island e Iowa. Además, se han suspendido las subvenciones a distritos escolares para capacitar a docentes o reclutar profesionales de la salud mental escolar debido a menciones de diversidad en los procesos de contratación.

En un comunicado, el Departamento de Educación afirmó que los programas que reciben financiación federal deben cumplir la ley, que prohíbe la discriminación por motivos de raza.

“Atender las necesidades de los estudiantes y cumplir la ley no son obligaciones irreconciliables. Los defensores y educadores no tienen por qué preocuparse si acatan la ley”, declaró Amelia Joy, portavoz del departamento.

La administración Trump investigó las Escuelas Públicas de Chicago y retuvo más de 20 millones de dólares cuando el distrito se negó a poner fin a su Programa de Éxito para Estudiantes Negros, cuyo objetivo es aumentar el acceso a cursos avanzados para estudiantes negros y reducir la disciplina excesivamente severa.

Las quejas contra los programas destinados a abordar las desigualdades cobran nueva fuerza.

Un esfuerzo similar para cerrar las brechas de rendimiento académico entre razas en Los Ángeles está bajo la misma presión.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles creó el Plan de Logros Académicos para Estudiantes Afroamericanos tras una oleada de activismo estudiantil a raíz del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020. Este plan apoya a las escuelas con profesores, consejeros y programas de estudio adicionales sobre historia afroamericana.

Inicialmente, el distrito seleccionaba las escuelas en función, en parte, del número de estudiantes negros matriculados. En 2023, Defending Education, un grupo conservador con sede en Virginia, presentó una queja ante el Departamento de Educación, alegando discriminación contra los estudiantes no negros. El distrito declaró que ya no tendría en cuenta la matrícula de estudiantes negros y que, en cambio, se centraría únicamente en indicadores como el alto absentismo y los bajos resultados en las pruebas, haciendo hincapié en que todos los estudiantes podían participar.

Tras los cambios, el Departamento de Educación declaró en 2024 que no había encontrado pruebas de ninguna infracción. Sin embargo, cuando la organización Defending Education presentó su denuncia nuevamente este año, la Oficina de Derechos Civiles del departamento inició una investigación.

Sarah Parshall Perry, investigadora jurídica sénior de Defending Education, afirmó que volvieron a presentar la denuncia después de que se grabara a los líderes del distrito diciendo que el programa no había cambiado sustancialmente, a pesar de los nuevos criterios.

“Nuestro objetivo no es convertir al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en un blanco de críticas, sino asegurarnos de que cuando la gente dice que está eliminando los aspectos discriminatorios por motivos raciales de los programas, realmente cumplan su palabra”, dijo Perry.

En un comunicado escrito, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) afirmó que sus programas están en consonancia con las leyes estatales y federales y están abiertos a todos los estudiantes.

Makeda Walker-Deen, estudiante de tercer año en la escuela secundaria Dorsey, dijo que el programa la ha apoyado de varias maneras a lo largo de su etapa en la escuela secundaria.

Una consejera del programa la orientó hacia programas de preparación universitaria, lo que le permitió visitar la Universidad de California, Berkeley y Stanford, universidades a las que está considerando postularse. Los psicólogos y trabajadores sociales con los que se puso en contacto la han ayudado a manejar la presión y la ansiedad.

“Creo que muchas de las críticas son totalmente descabelladas”, afirmó. “Dicen que un programa destinado a ayudar a estudiantes negros y a otros estudiantes de color es discriminatorio. Hemos sufrido discriminación en el sistema escolar prácticamente toda nuestra vida”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha notado señales de impacto. En las recientes pruebas estatales, los estudiantes negros del distrito obtuvieron mejores resultados que el promedio de los estudiantes negros en California.

“Cuando se proporciona a los profesores y al personal escolar los conocimientos y las habilidades necesarios para ayudar a los alumnos con peor rendimiento, todos ganan”, afirmó Tyrone Howard, profesor de educación en la UCLA que participó como consultor en el programa BSAP.

Los organizadores temen que las presiones sobre el programa ralenticen los esfuerzos para abordar las desigualdades que sufren los estudiantes negros.

“¿Dónde está la indignación por las deficiencias del sistema de educación pública para los niños negros?”, preguntó Christian Flagg, director de organización juvenil de Community Coalition, que impulsó la creación de BSAP. “Hemos tenido a este grupo de estudiantes en la base de la pirámide durante mucho tiempo, con estas enormes brechas durante mucho tiempo. Pero cuando intentamos abordarlo, surge un problema”.

El Departamento de Justicia apunta a un programa independiente de Los Ángeles.

El giro en el enfoque del gobierno federal hacia los derechos civiles en las escuelas ha adoptado diversas formas bajo la presidencia de Donald Trump.

El Departamento de Justicia ha eximido a los distritos escolares de los planes de desegregación ordenados por los tribunales que datan del Movimiento por los Derechos Civiles, calificándolos de obsoletos y onerosos. Asimismo, el Departamento de Educación ha retirado la financiación a algunos distritos que la utilizaban para crear escuelas especializadas destinadas a fomentar la diversidad.

En la correspondencia en la que desaconseja los programas de diversidad de los distritos, la administración Trump ha citado repetidamente una interpretación amplia del fallo de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa , que impedía que las universidades tuvieran en cuenta directamente la raza en las admisiones.

Si bien esa resolución se refería únicamente a las admisiones, la administración notificó a las escuelas el invierno pasado que cualquier consideración discriminatoria basada en la raza era inconstitucional. Un tribunal federal anuló esa directriz el año pasado, pero los defensores afirman que las escuelas aún podrían poner fin de forma preventiva a los programas de equidad para evitar el escrutinio federal.

En Los Ángeles, el Departamento de Justicia ha intentado poner fin a otra iniciativa en favor de la equidad racial.

En la década de 1970, los tribunales ordenaron al distrito que abordara los perjuicios de sus escuelas segregadas. El caso dio lugar a un breve período en el que los estudiantes negros y blancos eran transportados en autobús a escuelas diferentes. Los programas más duraderos incluyeron las escuelas especializadas del distrito y una designación especial para las escuelas con una población estudiantil predominantemente hispana, negra, asiática u otra no anglosajona.

Conocido como PHBAO, el programa ofrece clases con menos alumnos y reuniones adicionales entre padres y maestros cuando el 70% de los estudiantes asignados a esa escuela son estudiantes de color. La gran mayoría de las escuelas del distrito cumplen con los requisitos.

En enero, la fundación conservadora 1776 Project Foundation presentó una demanda impugnando la designación, describiéndola como "un programa de discriminación manifiesta contra una nueva minoría: los estudiantes blancos". Al mes siguiente, el Departamento de Justicia presentó su propia denuncia y solicitó unirse a la demanda.

“El programa de desegregación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha perdido su utilidad hasta el punto de ser inconstitucional”, declaró un fiscal federal adjunto en un comunicado de prensa.

Décadas de desigualdad demuestran que eso no es cierto, afirmó el abogado Mark Rosenbaum, quien hace años representó a niños de color en el caso de desegregación de Los Ángeles.

“Los opositores a la desegregación siempre decían: ‘Abandonen la desegregación y destinaremos recursos a estas escuelas’”, dijo Rosenbaum. “Pues bien, seguimos esperando que eso suceda”.

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ANNIE MA es una periodista nacional de Associated Press que cubre temas de educación primaria y secundaria.

(Foto AP/Jae C. Hong)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha designado al director federal de finanzas de vivienda, Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional para reemplazar a Tulsi Gabbard.

El martes, Trump hizo el anuncio sorpresa en Truth Social sobre Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Trump afirmó que Pulte “tiene una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial con respecto a hace apenas 12 meses”.

Trump afirma que Pulte conservará sus otros cargos incluso mientras sustituye a Gabbard, quien renunció el mes pasado tras revelar el diagnóstico de cáncer de su marido.

Si Pulte es nominado formalmente, necesitaría la confirmación del Senado para ocupar el cargo a tiempo completo.

El papel actual de Pulte consiste en garantizar la solidez del mercado hipotecario, pero se transformó en una especie de altavoz que arremetió contra los supuestos adversarios políticos del presidente republicano.

Pulte ha centrado sus críticas principalmente en los rivales políticos de Trump, arremetiendo contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado los tipos de interés de referencia del banco central con la contundencia que el presidente deseaba. Se desconoce la experiencia de Pulte en seguridad nacional, pero ha viajado con frecuencia en el Air Force One durante los viajes de Trump a Mar-a-Lago, su residencia y club en Palm Beach, Florida.

Con esta elección, Trump, que desde hace tiempo ve con recelo a las agencias de inteligencia del país , prescinde de un director con experiencia en asuntos delicados de inteligencia y seguridad nacional y, en su lugar, selecciona a un asesor leal que hizo carrera en la industria de la construcción de viviendas y cultivó una presencia combativa en las redes sociales.

Gabbard era vista como una elección poco convencional, pero era una excongresista que había servido en el ejército.

JOSH BOAK cubre la Casa Blanca y la política económica para Associated Press. Se unió a AP en 2013.

(Foto AP/Mark Schiefelbein, archivo)