FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — El antiguo líder de una fraternidad de la Universidad del Norte de Arizona fue condenado el miércoles a dos meses de cárcel por su papel en una novatada que acabó en la muerte de un aspirante.

Carter Eslick, de 20 años, también recibió tres años de libertad condicional supervisada durante una vista de sentencia en el Tribunal Superior del condado de Coconino. Eslick se había declarado culpable de un cargo grave por novatadas en relación con el fallecimiento, el 31 de enero, de Colin Daniel Martinez, de 18 años, en una casa fuera del campus.

La autopsia determinó que Martinez murió por intoxicación alcohólica, con una concentración de alcohol en sangre de 0,425%, más de cinco veces el límite legal del estado para conductores de 21 años o más.

Martinez estaba entre los cuatro aspirantes a entrar en la fraternidad Delta Tau Delta que compartieron dos botellas de vodka para asegurarse de vomitar, según documentos judiciales. Los testigos contaron que ajustaron la posición en la que dormía Martinez y le revisaron el pulso y la respiración para buscar señales de intoxicación alcohólica durante toda la noche, indicaron los documentos.

Los padres de Martinez comparecieron de forma virtual ante el tribunal, aún de luto por su hijo, y afirmaron que quieren que se asuman responsabilidades y se apliquen reformas en las fraternidades, reportó la televisora de Phoenix azfamily.com.

Eslick era el encargado de los aspirantes de la fraternidad en ese momento y el responsable de dar la bienvenida a los nuevos miembros. El miércoles pidió disculpas a la familia de Martinez y dijo que asume “toda la responsabilidad por el papel que desempeñé en ese ritual”.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, señaló que ninguna sentencia puede reparar el daño causado a la familia Martinez.

“Mi esperanza es que este caso ayude a la gente a comprender los graves peligros de las novatadas y los anime a alzar la voz e intervenir antes de que otra familia experimente una pérdida de este tipo”, manifestó Barker en un comunicado.

La jueza Stacy Krueger dijo que Eslick sabía que lo que hizo era peligroso y le preocupaba que nadie se hubiera pronunciado en contra.

Eslick podría enfrentar una pena de cárcel adicional si no cumple las condiciones de la libertad condicional, que incluyen crear y presentar 305 charlas contra las novatadas y mantener al tribunal al tanto de sus avances. También tiene prohibido consumir alcohol o drogas, salvo que se las receten.

La universidad suspendió a la fraternidad tras la muerte de Martinez, y la organización nacional cerró después la sede en la NAU.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  ASSOCIATED PRESS

(Mark Henle/The Arizona Republic via AP, Pool)

WASHINGTON (AP) — Un juez federal debe poner fin a su investigación por desacato, que califica de "ilegal, innecesaria e inútil", sobre si la administración Trump ignoró una orden que bloqueaba la deportación de aviones llenos de migrantes venezolanos a El Salvador, argumentó el martes un abogado del Departamento de Justicia ante un tribunal de apelaciones que a menudo parecía profundamente escéptico ante el caso del gobierno.

Los jueces del pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia escucharon tres horas de argumentos en el último capítulo de un caso que ha sido un punto álgido recurrente en el creciente conflicto del presidente Donald Trump con los tribunales federales.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que el juez presidente del Tribunal de Distrito, James Boasberg, no tiene fundamento ni autoridad para continuar con su investigación porque un fiscal, y no un juez, es el responsable de investigar los delitos.

“Lo que se ha descontrolado en este caso es que el tribunal de distrito ha pretendido investigar”, dijo Shumate.

En abril, un panel dividido de tres jueces del Circuito de D.C. dictaminó que Boasberg debía poner fin a su investigación "intrusiva" por desacato contra la administración Trump. Sin embargo, las preguntas planteadas en la audiencia del martes sugieren que el pleno del tribunal, compuesto por 11 jueces, podría autorizar a Boasberg a continuar con su investigación. Los jueces no indicaron cuándo emitirían su fallo.

La jueza Patricia Millett cuestionó por qué no se le debería permitir a Boasberg continuar con su investigación para que pueda determinar si otros funcionarios del gobierno merecen un escrutinio adicional por posible desacato criminal.

“¿Están los tribunales de distrito facultados para decidir si las personas han incurrido en desacato ante ellos?”, preguntó Millett, quien fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama.

“El tribunal de distrito pierde la autoridad para investigar”, dijo Shumate.

—Esa no es mi pregunta —interrumpió Millet, alzando la voz—. Todo esto se trata de un juego de palabras sobre lo que quieres decir con la palabra "investigar".

El 15 de marzo de 2025, Boasberg emitió una orden judicial provisional que prohibía al gobierno trasladar grupos de migrantes venezolanos a El Salvador, amparándose en una ley del siglo XVIII. Tras la entrada en vigor de la orden, dos aviones con migrantes protegidos por ella partieron de Estados Unidos rumbo a El Salvador, donde fueron recluidos en una de las prisiones más violentas del mundo.

Boasberg dio una orden verbal para que la aeronave diera la vuelta. La administración negó haber violado dicha orden o una orden escrita posterior, pero Boasberg ha declarado que la administración Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar expulsar apresuradamente a los migrantes venezolanos del país.

La administración afirmó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la responsable de la decisión de traslado. Sin embargo, el martes, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia sugirieron que Boasberg debería poder identificar a otros posibles objetivos para una investigación por desacato antes de remitir el caso a un fiscal.

Este caso representa un frente importante en el creciente conflicto entre Trump y el poder judicial federal, que con frecuencia ha bloqueado algunas de las iniciativas más ambiciosas y legalmente cuestionables del presidente. En numerosos casos, la administración ha demostrado una disposición sin precedentes a eludir o incluso desafiar las órdenes judiciales.

La jueza Cornelia Pillard, también nominada por Obama, afirmó que se socava la autoridad de los tribunales si el poder ejecutivo trata las órdenes judiciales como "opcionales" y se le permite ignorarlas "con impunidad".

“La separación de poderes respeta la autoridad independiente e igualitaria de las distintas ramas del gobierno”, afirmó. “En el fondo, este caso trata sobre si los tribunales (federales) están a merced del poder ejecutivo”.

Pillard le preguntó a Shumate si podía ayudarla a sentirse más cómoda con la postura de la administración sobre ese tema. Shumate respondió que el departamento siempre aconseja a sus clientes que cumplan con las órdenes judiciales.

“Además, es lo correcto”, dijo. “Tenemos que respetar las órdenes judiciales, y en este caso el gobierno acató la orden. Sé que puede haber desacuerdo al respecto”.

El Departamento de Justicia afirma que no violó la orden de Boasberg "en la mejor interpretación posible" y acusa al juez nombrado por Obama de llevar a cabo la investigación por desacato "con una determinación miope y obstinada".

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirman que la decisión del gobierno de ignorar la orden de Boasberg tuvo "consecuencias devastadoras" para los migrantes que fueron trasladados en avión a El Salvador y retenidos durante meses en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, o CECOT .

“Los cuatro meses que los demandantes pasaron en CECOT fueron sencillamente bárbaros”, escribieron los abogados de la ACLU. “Fueron sometidos a horribles abusos físicos y psicológicos, y privados de comida, agua y atención médica. Los guardias los golpeaban severamente con regularidad y los sometían a otros abusos físicos, incluyendo disparos a quemarropa con balas de goma”.

La jueza Neomi Rao, designada por Trump y autora de la opinión mayoritaria del panel en abril, dijo que no pudo encontrar ningún caso en el que se hubiera confirmado una sentencia por desacato penal en circunstancias comparables.

“No creo que eso deba ser un punto a favor del gobierno”, respondió el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “La razón es que ningún Departamento de Justicia ni ninguna administración anterior ha tomado jamás este tipo de medidas tan atroces”.

Trump ha pedido la destitución de Boasberg, y el Departamento de Justicia presentó una denuncia por mala conducta acusándolo de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su administración. En una inusual reprimenda, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó públicamente las peticiones de destitución de Boasberg.

Por  MICHAEL KUNZELMAN

(Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que él y un amplio grupo de líderes de empresas de inteligencia artificial habían firmado un acuerdo voluntario —que incluirá revisiones internas y externas— durante una reunión realizada en la Casa Blanca para abordar los temores de los estadounidenses sobre dicha tecnología.

“Creo que estoy viendo una enorme autorregulación. Y entienden que tienen que autorregularse”, declaró Trump ante periodistas durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunieron con altos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas que están gastando cientos de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA, incluidos centros de datos en comunidades de todo el país que han provocado oposición de habitantes y de políticos de los dos principales partidos del país. El grupo incluyó a directores generales que han pedido desacelerar el desarrollo de la tecnología tras varios incidentes en los que agentes de IA se salieron de control.

El acuerdo, que Trump publicó en su red social Truth Social el martes, abre la puerta a una regulación futura, pero se centra en cuatro medidas voluntarias que las empresas deberían adoptar.

El acuerdo indica que las compañías implementarían “controles internos sólidos”, se asociarían con un “auditor externo independiente” para evaluar si los controles están funcionando, y crearían un comité dentro del consejo de administración de cada empresa para evaluar los informes de los auditores internos y externos.

“Con el tiempo, puede tener sentido convertir estos pasos en leyes y regulaciones”, señala el acuerdo.

Trump elogió repetidamente a los ejecutivos empresariales por desarrollar una tecnología que, según dijo, produciría un “crecimiento increíble”. La inversión en centros de datos y el equipo informático asociado ha acelerado la economía e impulsado el mercado bursátil, lo que ha engrosado las cuentas de inversión de los estadounidenses con mayores ingresos y ha elevado su gasto.

Sin embargo, el martes hubo algunas notas de cautela. Dario Amodei, el director general de Anthropic y quien ha sido una de las voces más enfáticas al pedir una desaceleración en el desarrollo de la IA, advirtió que “la tecnología tiene riesgos muy reales”.

“Y, ya sabes, el mecanismo, el cómo abordamos esos riesgos, todavía está en discusión”, añadió.

El acuerdo fue firmado por Trump; por Amodei; por el director general de Google, Sundar Pichai; el director general de Meta, Mark Zuckerberg; el presidente de OpenAI, Greg Brockman; el director general de Nvidia, Jensen Huang; y por Elon Musk como fundador de xAI, que ahora forma parte de SpaceX.

Trump sugirió que se nombraría a unas 10 personas para un comité que “supervise toda la empresa” y afirmó que el acuerdo sería “moralmente vinculante”. También indicó que en los próximos días designaría a alguien para supervisar el acuerdo tras consultar con la industria.

Trump cree que los centros de datos van a volverse “muy populares”

Trump también dijo que los ejecutivos habían acordado apaciguar la oposición bipartidista a los centros de datos que se están construyendo en comunidades de todo el país, al proporcionar más apoyo financiero a las escuelas locales o tomar medidas para reducir los costos de energía.

“Van a ver que los centros de datos van a ser muy populares”, aseveró Trump. Si la oposición continúa, “se verán obligados a irse al extranjero u otros lugares”, agregó el mandatario.

También el martes, el director general de OpenAI, Sam Altman, dijo en una entrevista televisiva que la empresa está cada vez más enfocada en la seguridad. La víspera, su compañía detuvo el despliegue de un nuevo modelo por preocupaciones de seguridad.

“Estamos marcando el ritmo de nuestro progreso, lo que incluye a veces no entrenar un modelo”, comentó Altman a CNBC. “Tenemos que hacer esto de una manera en la que podamos presentar argumentos y afirmaciones de seguridad con mucha confianza, para que la gente no tenga un montón de ansiedad”.

Por su parte, Trump describió el martes la carrera por desarrollar la IA como una competencia global básicamente entre Estados Unidos y China, y afirmó que Estados Unidos está a la cabeza. Añadió que habría un ganador y un perdedor, sin “segundo lugar”.

Durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington la semana pasada, ambos países acordaron establecer un canal para gestionar incidentes relacionados con la IA . Pero Trump subrayó el martes que no quería cooperar demasiado con China: “No quería hacer nada, porque vamos ganando. ¿Por qué querría hacer algo?”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

CHRISTOPHER RUGABER has covered the Federal Reserve and the U.S. economy for the AP for 16 years. He is a two-time finalist for the Gerald Loeb award for business reporting.

WILL WEISSERT covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.

MEG KINNARD covers national politics for The Associated Press. She lives in South Carolina.

WASHINGTON (AP) — El exasesor especial del Departamento de Justicia, Jack Smith , quien presentó dos acusaciones federales contra el presidente Donald Trump, dirá el martes a los legisladores que "no se dejará silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento" de la administración Trump y que cree que el estado de derecho está siendo amenazado como nunca antes.

Smith también declarará ante el Comité Judicial del Senado que respalda las causas penales que presentó contra Trump, un republicano, y que tanto él como su equipo actuaron sin tener en cuenta la política.

“Tomé estas decisiones sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias o la candidatura del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024”, dirá Smith, según una copia de su discurso preparado. “Nuestra investigación arrojó pruebas irrefutables de que el presidente Trump incurrió en conducta delictiva. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

l senador Chuck Grassley de Iowa, presidente republicano del comité, dijo desde el principio que la audiencia destacará la investigación del panel sobre la "conducta instrumentalizada" de Smith, una acusación que Smith, un fiscal de carrera que renunció a su cargo el año pasado, ha negado repetidamente.

Se espera que la audiencia se centre en las citaciones para obtener registros telefónicos.

Aunque Smith defiende sus investigaciones, se espera que los senadores republicanos vuelvan a interrogarlo sobre el acceso de su equipo a los registros telefónicos de los legisladores republicanos mientras los fiscales investigaban los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden .

En declaraciones anteriores, Smith ha respaldado las citaciones judiciales que los fiscales emitieron para obtener los registros telefónicos de los miembros republicanos del Congreso que estuvieron en contacto con Trump cuando los violentos partidarios del presidente provocaron disturbios dentro del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ha afirmado que dichas citaciones son una "práctica común" en las investigaciones y que fueron necesarias en este caso para comprender el "alcance de la conspiración" entre Trump y sus aliados republicanos.

No obstante, la revelación de que el equipo de Smith obtuvo en secreto los registros telefónicos durante su investigación ha indignado a algunos legisladores republicanos, quienes lo señalan como prueba de un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia de la administración Biden y de un fiscal demasiado implacable.

En julio, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista Jim Jordan de Ohio, remitió el caso de Smith al Departamento de Justicia para una posible acusación de haber mentido en una audiencia anterior sobre la recopilación de los documentos, algo que los abogados de Smith han refutado enérgicamente.

“Mantengo mi testimonio ante la Cámara de Representantes”, dirá Smith. “No me dejaré silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento del presidente ni de otros”.

Grassley, el presidente del comité, reveló por primera vez el año pasado que los fiscales de Smith habían obtenido lo que se conoce como "registros de llamadas": datos que revelan la fecha, la duración y la hora de las llamadas telefónicas entre dos partes, pero no el contenido de las comunicaciones.

Smith ha justificado repetidamente la medida como necesaria para documentar cualquier contacto que Trump o sus representantes pudieran haber tenido con los legisladores el 6 de enero de 2021, cuando el presidente imploró a sus seguidores que detuvieran la certificación de los resultados electorales.

“Mi oficina no espió a nadie”, dijo Smith durante una audiencia en enero.

Smith es objeto de una denuncia penal por parte de los republicanos.

Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para hacerse cargo de las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral y la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ambas investigaciones resultaron en acusaciones por delitos graves, pero Smith abandonó los casos después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando opiniones de larga data del Departamento de Justicia que establecen que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados ​​a nivel federal.

Smith sigue siendo uno de los principales objetivos de represalias para Trump y su administración, que el año pasado anunció la revocación de las autorizaciones de seguridad de los abogados que representaban al exfiscal especial. La Oficina del Asesor Especial, un organismo de control independiente encargado de hacer cumplir la ley contra la actividad política partidista de los empleados federales, también anunció el año pasado una investigación sobre Smith.

La denuncia de Jordan ante el Departamento de Justicia se centra en un intercambio de mensajes de diciembre de 2025 en el que se le preguntó a Smith sobre las citaciones judiciales que los fiscales habían emitido para obtener los registros de peaje.

Smith afirmó que los documentos que solicitó no incluían el contenido de las comunicaciones. Sin embargo, Jordan sostiene que esa respuesta fue engañosa, dado que Grassley publicó documentos que demuestran que Smith obtuvo el contenido de los mensajes de texto de 44 legisladores mediante una citación judicial independiente dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros, la cual solicitaba las comunicaciones de varios asesores y colaboradores de Trump.

En respuesta, los abogados de Smith calificaron sus respuestas de "absolutamente veraces" y señalaron que estaba respondiendo a preguntas específicamente sobre registros de peaje, que no incluían el contenido de ningún mensaje de texto.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.

(Foto AP/Alex Brandon)