Estados demandanNUEVA YORK (AP) — Varios estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que entrará en vigor el viernes y que, según afirman, otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentación, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James , quien encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas , afirmó que la norma obligaría a las familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar asistencia y obtener estatus legal en el país. California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin se encuentran entre los estados involucrados en la impugnación legal.
“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura sanitaria y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”, declaró el lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , y defensores de los inmigrantes.
Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades estadounidenses, como Chicago, San Francisco y Seattle. Afirmó que la norma tendría un efecto disuasorio no solo sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.
“La nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, declaró el alcalde. “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente. Ese temor no se limitará a las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que figura como demandado en las demandas, desestimó las alarmantes advertencias.
«Aclarémoslo: los estados santuario temen perder fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían darse de baja de los programas de asistencia social estadounidenses», declaró la agencia en un comunicado. «Estamos temblando de miedo ante este supuesto desenlace terrible».
Las demandas impugnan el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reactivar una norma sobre la "carga pública" que el presidente republicano impuso originalmente durante su primer mandato, y que posteriormente fue revocada por su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.
Las demandas, ambas presentadas ante un tribunal federal en Manhattan, argumentan que la nueva norma es "arbitraria y caprichosa", excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado tradicional de la disposición federal sobre la carga pública.
En concreto, James afirmó que la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para tener en cuenta una gran variedad de beneficios públicos a la hora de tomar decisiones sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal en el país.
Según explicó, la norma permite a los agentes de inmigración tener en cuenta casi cualquier prestación pública, utilizada durante cualquier período de tiempo, en contra de un solicitante de la tarjeta de residencia, incluso si se trata de un familiar ciudadano estadounidense que se beneficia de dicha prestación.
Eso significa que la solicitud de residencia permanente de un padre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, dijo James.
“Esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia establecida para ampliar ilegalmente la definición de 'carga pública' de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma de "política cruel".
La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no dependerán de los beneficios públicos.
La nueva norma no especifica los programas que podrían tenerse en cuenta. Simplemente indica que los funcionarios, “haciendo uso de buen juicio y discreción”, tomarán “determinaciones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.
Las reporteras de Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, y Cybele Mayes-Osterman en Chicago contribuyeron a este artículo.
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Felipe Marcelo es reportero de noticias generales en la oficina de Nueva York. Anteriormente escribió para AP Fact Check y antes de eso estuvo radicado en Boston, donde se especializó en temas de raza e inmigración.
(Foto AP/Ryan Murphy)
Muerte sarampionNUEVA YORK (AP) — Las autoridades de Pensilvania han reportado una cuarta muerte relacionada con el sarampión.
La última víctima mortal fue un joven de 18 años residente del condado de Mifflin, en el centro del estado, según informó la oficina forense del condado en una publicación de Facebook. La causa fue encefalomielitis diseminada aguda, una complicación neurológica grave y poco frecuente del sarampión.
El sábado, una mujer de 40 años del condado de Jefferson, una zona rural del oeste de Pensilvania, falleció a causa de complicaciones derivadas del sarampión . El mes pasado, dos bebés infectados con sarampión murieron en el condado de Lancaster, en el sureste del estado.
Ninguno de los cuatro estaba vacunado, según el departamento de salud estatal. Los bebés eran demasiado pequeños para recibir vacunas, de acuerdo con las recomendaciones actuales.
Estados Unidos está atravesando su peor año en cuanto a sarampión desde 1991 y ha registrado siete muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años, más que el total combinado de muertes registradas en las tres décadas anteriores.
El brote de sarampión en Pensilvania continúa extendiéndose, con casi 700 casos reportados en lo que va del año en 38 condados, incluyendo alrededor de 100 casos en los últimos siete días. Según funcionarios estatales, las muertes asociadas al sarampión son las primeras reportadas en el estado en 35 años.
“Mis pensamientos están con las dos familias que perdieron a seres queridos a causa de este virus altamente contagioso, mientras Pensilvania enfrenta el peor brote de sarampión en más de tres décadas”, dijo la secretaria de salud del estado, la Dra. Debra Bogen, en un comunicado el martes, refiriéndose a las dos muertes más recientes: las de los adultos.
“Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en toda Pensilvania para frenar este brote y prevenir más muertes. Esto significa garantizar que la población tenga información veraz sobre el sarampión y acceso a la vacuna MMR, que mantuvo a raya los brotes de sarampión durante décadas.”
El país eliminó la propagación interna del sarampión en el año 2000 gracias a las altas tasas de vacunación, pero estas han disminuido en los últimos años, situándose por debajo del 95 % de cobertura necesaria para prevenir brotes. Mientras tanto, los casos de sarampión han aumentado considerablemente en los últimos años.
En noviembre, funcionarios internacionales de salud se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión .
El problema se ha gestado durante años, ya que cada vez menos niños reciben las vacunas de rutina debido a las exenciones de los padres, los problemas de acceso a la atención médica y la desinformación generalizada. Más recientemente, funcionarios de salud de la administración Trump, incluido el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. , han cuestionado y sembrado dudas sobre la seguridad comprobada de las vacunas a un nivel sin precedentes, al tiempo que han recortado los fondos para los esfuerzos locales destinados a mejorar las tasas de vacunación.
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MIKE STOBBE cubre principalmente temas de salud pública para Associated Press.
(Foto AP/Mary Conlon, archivo)
Tribunal supremoWASHINGTON (AP) — El lunes, la Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir el voto por correo para las elecciones de mitad de período, poniendo fin a una serie de acciones legales de último minuto cuando la votación ya estaba en marcha.
La decisión permite a los estados seguir enviando las papeletas por correo siguiendo los mismos procedimientos que han utilizado durante años y que han representado casi un tercio de los votos emitidos.
Esto representó una contundente derrota para Trump en un tema que él ha enfatizado constantemente como vital para garantizar la integridad de las elecciones, a pesar de que prácticamente no hay evidencia de fraude con las papeletas enviadas por correo.
La mayoría de la Corte Suprema escribió que es probable que la insistencia del gobierno en implementar las restricciones este año fracase en los tribunales, aunque la breve orden de emergencia no detalló sus razones. Dos magistrados, Samuel Alito y Clarence Thomas, discreparon públicamente.
La administración Trump había pedido a los magistrados, una vez más en el centro de una acalorada controversia política, que allanaran el camino para las restricciones antes de las cruciales elecciones de noviembre por el control del Congreso.
Alito escribió en su voto particular que el Servicio Postal "tiene amplia autoridad para regular el correo" y probablemente tiene el poder de hacer cumplir las restricciones de Trump.
Mientras tanto, el juez Brett Kavanaugh coincidió en que las restricciones no deberían entrar en vigor para las elecciones de mitad de mandato, pero indicó que podría fallar a favor de la administración Trump si el asunto vuelve a ser tratado por el tribunal en un momento posterior.
Las papeletas de voto por correo ya se están enviando a los votantes.
Los funcionarios electorales han declarado que era sencillamente imposible llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar las papeletas por correo a los votantes la semana pasada, cuando el nuevo sistema aún no estaba en funcionamiento.
El plan de la administración Trump exigiría que los estados adoptaran un estilo de sobre uniforme y enviaran listas de votantes elegibles a un portal en línea. El Servicio Postal podría negarse a entregar las papeletas a los estados que no cumplieran con este requisito.
Los esfuerzos de la administración tenían el potencial de ser especialmente perjudiciales en los estados que envían las boletas electorales exclusivamente por correo. El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, demócrata, afirmó que la decisión permite que el trabajo para "llevar a cabo unas elecciones seguras, confiables y precisas" continúe "sin tener que alterar nuestros procesos electorales para cumplir con requisitos poco realistas para el envío de boletas por correo".
En Arizona, otro estado donde el voto se realiza mayoritariamente por correo, el secretario de Estado demócrata Adrian Fontes dijo: "Es crucial que sigamos rechazando la idea de que el acceso y la seguridad son mutuamente excluyentes cuando se trata de celebrar elecciones sólidas".
La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana y principal funcionaria electoral del estado, declaró en las redes sociales que la decisión de la Corte Suprema significa que "los habitantes de Utah pueden tener la seguridad de que las elecciones de 2026 se desarrollarán con normalidad".
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero en el pasado han presentado las restricciones como cambios de sentido común destinados a mantener la seguridad de las elecciones.
Los funcionarios estatales y los grupos defensores del derecho al voto se opusieron.
Funcionarios estatales demócratas y grupos defensores del derecho al voto impugnaron las restricciones ante los tribunales, argumentando que el presidente no tiene autoridad constitucional para establecer reglas electorales que "prácticamente eliminarían el voto por correo en vísperas de unas elecciones importantes".
Mientras tanto, un informe de un denunciante afirmó que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de papeletas de voto por correo nunca se enviaran, ya que los problemas con el portal, que aún no estaba operativo, significaban que un solo error en el código de barras podría resultar en la anulación de todo un lote de papeletas.
Según documentos judiciales, algunos estados no cuentan con la infraestructura necesaria para volver rápidamente a la votación presencial.
La Liga de Mujeres Votantes, demandante en el caso, calificó las restricciones propuestas como «un intento extraordinario de interferir en el proceso electoral» y afirmó que habrían sumido las elecciones en el caos. «Los votantes nunca deberían verse atrapados en medio de una lucha de poder político», declaró la directora ejecutiva, Celina Stewart.
Los tribunales inferiores acordaron bloquear el plan de Trump , incluida una orden judicial preliminar emitida por un juez designado por el presidente.
Pero la administración Trump apeló ante la Corte Suprema, argumentando que el control federal del Servicio Postal les permite establecer reglas para el manejo de las boletas electorales por correo y que el cumplimiento era posible.
El gobierno federal obtuvo una decisión procesal favorable en la Corte Suprema, pero los magistrados no se pronunciaron sobre la legalidad del plan.
Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y lo ha culpado falsamente de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, a pesar de que él mismo suele utilizar ese método para emitir su voto, incluso este mismo año.
Un informe de la Brookings Institution publicado en 2025 concluyó que el fraude en el voto por correo se produjo en tan solo unos cuatro casos por cada 10 millones de votos emitidos por correo.
Los periodistas de Associated Press Nicholas Riccardi en Mason, Michigan; Ali Swenson en Nueva York; Gene Johnson en Seattle; y Jacques Billeaud y Wufei Yu en Phoenix contribuyeron a este informe.
LINDSAY WHITEHURST cubre la Corte Suprema y los asuntos legales para Associated Press. Ha ganado numerosos premios de periodismo a lo largo de una carrera que abarca dos décadas.
(Foto AP/J. Scott Applewhite)
Fundacion gatesNUEVA YORK (AP) — Bill Gates advierte a las empresas tecnológicas y a los líderes mundiales que deben actuar ahora para garantizar que la inteligencia artificial combata las desigualdades sociales en lugar de profundizar las disparidades, y su fundación se compromete a donar mil millones de dólares para mejorar el acceso.
El cofundador de Microsoft hizo el llamamiento en el informe anual Goalkeepers de la Fundación Gates , que da seguimiento al progreso de los objetivos de desarrollo establecidos por las Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida para 2030. La donación anunciada el martes se distribuirá a lo largo de los próximos dos años para iniciativas centradas en la inteligencia artificial, con el fin de entrenar modelos en idiomas locales, mejorar los resultados en materia de salud, actualizar las herramientas educativas e informar las prácticas de los pequeños agricultores en todo el mundo.
Y a pesar de los recortes en la ayuda internacional por parte de Estados Unidos , el director ejecutivo de la Fundación Gates, Mark Suzman, afirmó que seguiría presionando al Congreso y a la administración del presidente Donald Trump para que lideren la asistencia exterior.
“No hemos perdido la esperanza en Estados Unidos”, declaró Suzman a la agencia Associated Press en una entrevista. “Reconocemos que ha sido un período difícil con el gobierno estadounidense en este tema. Pero creemos que aún hay argumentos a favor”.
El informe, largamente preparado, llega en un momento en que los ejecutivos de las principales empresas de IA instan a otros actores del sector a ralentizar su acelerado desarrollo . La dimisión de un antiguo investigador de Anthropic, debido a la preocupación por la falta de responsabilidad de los desarrolladores, ha reavivado el debate sobre si los modelos de IA, cada vez más potentes, podrían escapar al control humano.
Gates expresó preocupaciones similares en una publicación del mes pasado en su sitio web. La IA será "el mayor igualador" o "la peor fuente de injusticia", escribió. Reconoció que la tecnología permitirá a las personas cometer fraude, desinformación, vigilancia, ciberataques y bioterrorismo.
Hoja de ruta anual publicada en un momento de gran ansiedad por la IA
La Fundación Gates, una de las mayores financiadoras de salud a nivel mundial, se centra menos en financiar medidas de protección y más en democratizar lo que Gates considera los beneficios de la tecnología. La IA es una de las áreas prioritarias que se benefician del presupuesto récord de este año . Gates prometió en una publicación de su blog el mes pasado que "todo nuestro trabajo" aprovechará al máximo la IA.
“¿Cómo utilizaremos esta tecnología para hacer del mundo un lugar más justo y evitar que se amplíe la brecha entre ricos y pobres?”, preguntó. “¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables a los daños causados ​​por la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su sustento y la sensación de tener el control de su futuro?”
Según Suzman, la Fundación Gates considera la IA como una herramienta potencialmente transformadora para un mundo que atraviesa una leve crisis. En su informe del año pasado, la fundación proyectó que 2025 sería el primer año de este siglo con un aumento en la mortalidad infantil . Las interrupciones causadas por la administración Trump a un programa mundial de ayuda contra el SIDA han obstaculizado los esfuerzos para prevenir y tratar la enfermedad en decenas de países. Mientras tanto, la brecha entre naciones ricas y pobres se amplía aún más , según un informe reciente de la ONU.
Pero para que la IA “ayude a acelerar el progreso”, dijo Suzman, debe funcionar bien en todos los idiomas locales, no solo en inglés y, en cierta medida, en mandarín. La fundación anunció el martes una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares para ayudar a crear conjuntos de datos en los idiomas que hablan las comunidades marginadas y que reflejen sus contextos locales.
Colaborando con OpenAI, Anthropic y otros gigantes tecnológicos en temas de salud y agricultura.
La fundación está recurriendo a algunas de las principales empresas de IA para lograrlo. Google.org y el AI for Good Lab de Microsoft ayudaron a lanzar una convocatoria abierta de financiación para proyectos que fortalezcan los marcos necesarios para miles de lenguas subrepresentadas en África.
OpenAI, junto con la fundación, destinó 50 millones de dólares a la capacitación de personal sanitario en clínicas ruandesas como parte de un programa piloto que, según Suzman, pronto incluirá a otros países africanos. Anthropic colabora con la fundación para acelerar el desarrollo de vacunas y mejorar la base de datos de cultivos locales de su chatbot, entre otras iniciativas.
El anuncio del martes prometía destinar unos 400 millones de dólares adicionales a la educación, como una herramienta que ayuda a los profesores a reelaborar los planes de estudio en torno a los conceptos menos comprendidos por sus alumnos; unos 400 millones de dólares a la atención médica, como una herramienta que verifica los informes de los médicos para detectar síntomas que se hayan pasado por alto; y aproximadamente 100 millones de dólares a la agricultura, como una aplicación que ofrece consejos en tiempo real a los agricultores sobre patrones climáticos, control de plagas y uso de fertilizantes.
Suzman reconoció que estas cifras representan una “ínfima proporción” de los miles de millones que los gigantes tecnológicos invierten en sus productos comerciales. Confirmó que la fundación está manteniendo conversaciones adicionales con las principales empresas de IA sobre cómo sus recursos técnicos pueden contribuir a estos objetivos y dónde deberían invertir sus líderes las enormes fortunas individuales que se espera que amasen.
En su publicación de agosto, Gates también señaló un posible sesgo: aún mantiene vínculos financieros con la industria tecnológica, donde amasó una fortuna estimada en más de 100 mil millones de dólares. El año pasado se comprometió a donar el 99% de su patrimonio restante a la Fundación Gates. Como presidente de la fundación, colabora con Microsoft y otras empresas de inteligencia artificial. Sin embargo, recalca que sus opiniones no responden a intereses económicos.
Debates en la reunión de las Naciones Unidas de la próxima semana.
El informe de Goalkeepers se publica antes de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrarán la próxima semana en Nueva York. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha intentado incluir a los países en desarrollo en los debates sobre la gobernanza de la IA. Guterres, cuyo mandato al frente del organismo internacional finaliza este año, ha afirmado que la tecnología «no puede ser gobernada por un puñado de países o empresas».
Pero los procesos de la ONU “avanzan considerablemente más despacio que la IA”, según Richard Gowan, director de programas y observador de la ONU del International Crisis Group. La ONU también se enfrenta a interrogantes sobre su relevancia a medida que se acerca la elección del sucesor de Guterres.
“No está claro que el próximo secretario general vaya a mantener este enfoque”, declaró Gowan a los periodistas el lunes.
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JAMES POLLARD cubre temas de filantropía para Associated Press, centrándose en los hábitos de donación de la Generación Z y el uso de la tecnología en obras benéficas. Reside en Nueva York.
(Foto AP/Alex Brandon, archivo)
Justicia procesoLOS ÁNGELES (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos no logró obtener condenas por delitos graves contra la mayoría de los 102 manifestantes arrestados el año pasado en cuatro ciudades importantes por cargos de agresión a autoridades federales, un récord muy por debajo de la norma en los juicios federales por agresión.
Todos los doce casos que llegaron a juicio, la mayoría en Los Ángeles , terminaron en absolución, juicio nulo o sobreseimiento. Los expertos afirman que esto resulta sorprendente para un departamento conocido por su éxito en los juicios. Los últimos tres casos de agresión grave, en Los Ángeles y Portland, irán a juicio este otoño.
El pésimo historial ha suscitado dudas sobre las investigaciones apresuradas y las tácticas agresivas de acusación empleadas por los fiscales, presionados para demostrar que la administración Trump está tomando medidas enérgicas contra quienes agreden a las fuerzas del orden. Esto ocurre mientras el Departamento de Justicia se enfrenta a reveses más amplios en investigaciones con connotaciones políticas , con grandes jurados que se niegan repetidamente a emitir acusaciones y jurados que conceden absoluciones.
“Los fiscales suelen ganar porque controlan los casos que persiguen y cuentan con muchos recursos y discreción”, afirmó Mary Fan, exfiscal federal y profesora de derecho en la Universidad de Washington.
El hecho de que el gobierno no lograra ninguna condena por agresión grave en el juicio pone en tela de juicio "si estos cargos deberían haberse presentado en primer lugar", dijo.
La AP hizo un seguimiento del resultado de 167 arrestos.
El análisis de Associated Press se centró en las detenciones realizadas durante las protestas del verano y el otoño pasados ​​en Los Ángeles, Chicago, Portland (Oregón) y Washington D.C., ciudades con importantes protestas donde el presidente Donald Trump intentó o logró desplegar la Guardia Nacional.
La entonces fiscal general Pam Bondi afirmó que quienes interfirieran con las fuerzas del orden federales se enfrentarían a "graves consecuencias".
La mayoría de los arrestos —102— fueron por agresión grave a un agente federal, delito que puede conllevar una pena de hasta 20 años de prisión. De esos casos, el 41% fueron desestimados y el 34% se redujeron a delitos menores. Diez personas se declararon culpables de agresión grave. Nueve personas fueron condenadas a prisión .
De los detenidos por otros cargos, siete fueron condenados a prisión por delitos que incluyen incendio provocado y obstrucción a la justicia. Algunos acusados ​​cuentan con acuerdos de desvío, lo que significa que su caso será desestimado si demuestran buena conducta.
El análisis de AP muestra que el historial del Departamento de Justicia no ha mejorado significativamente desde diciembre, cuando una evaluación inicial reveló dificultades tempranas para procesar a las personas por los cargos por los que fueron arrestadas.
El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que los fiscales federales tienen razón al priorizar los casos contra las personas acusadas de agredir a agentes federales y que "cada caso se basa en los hechos".
“Si se identifican factores atenuantes en un caso, los fiscales también deben actuar de manera apropiada para informar al tribunal y, en algunos casos, reducir o retirar los cargos”, dijo el departamento.
Los jurados y los jueces no se dejaron convencer por los fiscales.
Es raro que los fiscales federales pierdan un juicio. En 2024, el 82 % de los acusados ​​de agresión grave o menor fueron condenados en juicio o mediante un acuerdo con la fiscalía, según datos de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. El análisis de AP reveló que menos de la mitad de los manifestantes acusados ​​de agresión grave o menor fueron condenados.
En Portland, un jurado no logró llegar a un acuerdo sobre los cargos de agresión grave contra Oriana Korol, quien tocaba el clarinete en una banda de música que se manifestaba frente al edificio del ICE de la ciudad el pasado octubre cuando se produjo un altercado con agentes de policía. Según documentos judiciales, los agentes la rociaron con gas pimienta y la empujaron al suelo, donde ella golpeó a uno de ellos con el pie.
Tras la anulación del juicio, la fiscalía presentó un cargo menor por agresión. Ella se declaró culpable y el 1 de septiembre fue sentenciada al tiempo ya cumplido en prisión y a un año de libertad condicional supervisada.
Sus abogados escribieron en un documento presentado ante el tribunal que ella "ha aceptado la responsabilidad por las malas decisiones que tomó durante unos segundos y que no causaron lesiones".
Jonathan Caravello, profesor de la Universidad Estatal de California Channel Islands, fue absuelto de agresión a un agente federal tras un juicio de tres días. Se le acusaba de devolverles una granada de gas lacrimógeno lanzada por agentes de inmigración durante una protesta por una redada en una plantación de cannabis en el sur de California .
Caravello declaró que intentaba alejar el bidón de la multitud. Los videos mostraron que lo lanzó por encima de las cabezas de los agentes y que cayó muy lejos de ellos. El jurado absolvió a Caravello tras una breve deliberación.
“Están intentando conseguir un efecto disuasorio con estos cargos”, dijo Caravello, quien rechazó un acuerdo de culpabilidad por un delito menor.
Michael Rabbitt figuraba entre los seis coacusados ​​de conspiración para impedir que un vehículo del gobierno accediera a un centro del ICE cerca de Chicago el pasado mes de septiembre.
Según Rabbitt, el vehículo avanzó lentamente a pesar de estar rodeado de manifestantes, lo que provocó que algunos intentaran detenerlo.
Después de que el gobierno desestimara los cargos contra dos de los acusados, los abogados defensores solicitaron las transcripciones de las actas del gran jurado que derivaron en la acusación por conspiración. Finalmente, el gobierno retiró el cargo de conspiración y procedió con los cargos menores de obstrucción a la justicia.
Posteriormente, el juez revisó las transcripciones completas y reprendió a los fiscales por su conducta inapropiada ante el gran jurado. Los cargos fueron desestimados días antes del juicio.
Rabbitt dijo que estaba orgulloso de que hubieran luchado contra los cargos.
“Este caso era más importante que nosotros”, dijo. “Estoy orgulloso de que hayamos ganado este caso, no solo por nosotros, sino por los manifestantes de todo el país”.
Muchos manifestantes se declararon culpables de delitos menores.
Aunque muchos casos penales federales terminan en acuerdos de culpabilidad, algunos expertos legales dicen que es raro que un delito grave de agresión se reduzca y que esto puede indicar una acusación excesiva: presentar un cargo inicial más severo para que los acusados ​​estén más dispuestos a declararse culpables de uno con una sentencia más leve.
“Creo que cuando los fiscales presentan cargos de forma ética, deberían estar preparados para probarlos más allá de toda duda razonable”, dijo Laurie Levenson, exfiscal federal y profesora de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles.
La fiscalía federal de Los Ángeles declaró que inició los procesos judiciales en respuesta a una “ola de violencia contra agentes del orden que estaban cumpliendo con su deber”. Añadió que, tras una investigación más exhaustiva, retiró voluntariamente los cargos contra algunos acusados.
Los fiscales de Los Ángeles han arrestado a tres personas más por agresión grave durante las protestas relacionadas con la inmigración este año. Una se declaró culpable de un delito grave y las otras dos de delitos menores.
En Chicago, todos menos uno de los 19 casos de agresión grave fueron desestimados. Las fiscalías federales del Distrito Norte de Illinois, el Distrito de Columbia y Oregón no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El Departamento de Justicia ha ganado casos importantes en todo el país.
Un hombre acusado de lanzar un cóctel molotov contra un hotel en las afueras de Los Ángeles donde se alojaban agentes federales fue condenado a cinco años de prisión. Otros dos fueron condenados a más de tres años tras rociar con líquido inflamable un vehículo en llamas de la Patrulla de Carreteras de California.
Jueces federales condenaron a ocho personas a décadas de prisión por su participación en una manifestación frente a un centro de detención en Texas el pasado mes de julio, donde un agente de policía recibió un disparo en el cuello.
Tres personas fueron condenadas en juicio por conspiración para obstaculizar o perjudicar a un agente por protestar frente a un centro de detención en Spokane, Washington, el pasado mes de junio. Los casos de Spokane y Texas no se incluyeron en el análisis de AP porque no ocurrieron en ninguna de las cuatro ciudades donde Trump intentó desplegar tropas.
Rush informó desde Portland, Oregón. Los periodistas de Associated Press Eric Tucker y Alanna Durkin Richer contribuyeron desde Washington.
JAIMIE DING cubre las noticias de última hora en California para Associated Press. Se especializa en las fuerzas del orden y los tribunales, y reside en Los Ángeles.
CLAIRE RUSHes un reportero de Associated Press que cubre el gobierno del estado de Oregón y noticias generales del noroeste del Pacífico en general.
(Foto AP/Nam Y. Huh)

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