WASHINGTON (AP) — Un juez federal debe poner fin a su investigación por desacato, que califica de "ilegal, innecesaria e inútil", sobre si la administración Trump ignoró una orden que bloqueaba la deportación de aviones llenos de migrantes venezolanos a El Salvador, argumentó el martes un abogado del Departamento de Justicia ante un tribunal de apelaciones que a menudo parecía profundamente escéptico ante el caso del gobierno.

Los jueces del pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia escucharon tres horas de argumentos en el último capítulo de un caso que ha sido un punto álgido recurrente en el creciente conflicto del presidente Donald Trump con los tribunales federales.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que el juez presidente del Tribunal de Distrito, James Boasberg, no tiene fundamento ni autoridad para continuar con su investigación porque un fiscal, y no un juez, es el responsable de investigar los delitos.

“Lo que se ha descontrolado en este caso es que el tribunal de distrito ha pretendido investigar”, dijo Shumate.

En abril, un panel dividido de tres jueces del Circuito de D.C. dictaminó que Boasberg debía poner fin a su investigación "intrusiva" por desacato contra la administración Trump. Sin embargo, las preguntas planteadas en la audiencia del martes sugieren que el pleno del tribunal, compuesto por 11 jueces, podría autorizar a Boasberg a continuar con su investigación. Los jueces no indicaron cuándo emitirían su fallo.

La jueza Patricia Millett cuestionó por qué no se le debería permitir a Boasberg continuar con su investigación para que pueda determinar si otros funcionarios del gobierno merecen un escrutinio adicional por posible desacato criminal.

“¿Están los tribunales de distrito facultados para decidir si las personas han incurrido en desacato ante ellos?”, preguntó Millett, quien fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama.

“El tribunal de distrito pierde la autoridad para investigar”, dijo Shumate.

—Esa no es mi pregunta —interrumpió Millet, alzando la voz—. Todo esto se trata de un juego de palabras sobre lo que quieres decir con la palabra "investigar".

El 15 de marzo de 2025, Boasberg emitió una orden judicial provisional que prohibía al gobierno trasladar grupos de migrantes venezolanos a El Salvador, amparándose en una ley del siglo XVIII. Tras la entrada en vigor de la orden, dos aviones con migrantes protegidos por ella partieron de Estados Unidos rumbo a El Salvador, donde fueron recluidos en una de las prisiones más violentas del mundo.

Boasberg dio una orden verbal para que la aeronave diera la vuelta. La administración negó haber violado dicha orden o una orden escrita posterior, pero Boasberg ha declarado que la administración Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar expulsar apresuradamente a los migrantes venezolanos del país.

La administración afirmó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la responsable de la decisión de traslado. Sin embargo, el martes, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia sugirieron que Boasberg debería poder identificar a otros posibles objetivos para una investigación por desacato antes de remitir el caso a un fiscal.

Este caso representa un frente importante en el creciente conflicto entre Trump y el poder judicial federal, que con frecuencia ha bloqueado algunas de las iniciativas más ambiciosas y legalmente cuestionables del presidente. En numerosos casos, la administración ha demostrado una disposición sin precedentes a eludir o incluso desafiar las órdenes judiciales.

La jueza Cornelia Pillard, también nominada por Obama, afirmó que se socava la autoridad de los tribunales si el poder ejecutivo trata las órdenes judiciales como "opcionales" y se le permite ignorarlas "con impunidad".

“La separación de poderes respeta la autoridad independiente e igualitaria de las distintas ramas del gobierno”, afirmó. “En el fondo, este caso trata sobre si los tribunales (federales) están a merced del poder ejecutivo”.

Pillard le preguntó a Shumate si podía ayudarla a sentirse más cómoda con la postura de la administración sobre ese tema. Shumate respondió que el departamento siempre aconseja a sus clientes que cumplan con las órdenes judiciales.

“Además, es lo correcto”, dijo. “Tenemos que respetar las órdenes judiciales, y en este caso el gobierno acató la orden. Sé que puede haber desacuerdo al respecto”.

El Departamento de Justicia afirma que no violó la orden de Boasberg "en la mejor interpretación posible" y acusa al juez nombrado por Obama de llevar a cabo la investigación por desacato "con una determinación miope y obstinada".

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirman que la decisión del gobierno de ignorar la orden de Boasberg tuvo "consecuencias devastadoras" para los migrantes que fueron trasladados en avión a El Salvador y retenidos durante meses en una megaprisión conocida como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, o CECOT .

“Los cuatro meses que los demandantes pasaron en CECOT fueron sencillamente bárbaros”, escribieron los abogados de la ACLU. “Fueron sometidos a horribles abusos físicos y psicológicos, y privados de comida, agua y atención médica. Los guardias los golpeaban severamente con regularidad y los sometían a otros abusos físicos, incluyendo disparos a quemarropa con balas de goma”.

La jueza Neomi Rao, designada por Trump y autora de la opinión mayoritaria del panel en abril, dijo que no pudo encontrar ningún caso en el que se hubiera confirmado una sentencia por desacato penal en circunstancias comparables.

“No creo que eso deba ser un punto a favor del gobierno”, respondió el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “La razón es que ningún Departamento de Justicia ni ninguna administración anterior ha tomado jamás este tipo de medidas tan atroces”.

Trump ha pedido la destitución de Boasberg, y el Departamento de Justicia presentó una denuncia por mala conducta acusándolo de hacer comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su administración. En una inusual reprimenda, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó públicamente las peticiones de destitución de Boasberg.

Por  MICHAEL KUNZELMAN

(Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

WASHINGTON (AP) — El exasesor especial del Departamento de Justicia, Jack Smith , quien presentó dos acusaciones federales contra el presidente Donald Trump, dirá el martes a los legisladores que "no se dejará silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento" de la administración Trump y que cree que el estado de derecho está siendo amenazado como nunca antes.

Smith también declarará ante el Comité Judicial del Senado que respalda las causas penales que presentó contra Trump, un republicano, y que tanto él como su equipo actuaron sin tener en cuenta la política.

“Tomé estas decisiones sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias o la candidatura del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024”, dirá Smith, según una copia de su discurso preparado. “Nuestra investigación arrojó pruebas irrefutables de que el presidente Trump incurrió en conducta delictiva. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

l senador Chuck Grassley de Iowa, presidente republicano del comité, dijo desde el principio que la audiencia destacará la investigación del panel sobre la "conducta instrumentalizada" de Smith, una acusación que Smith, un fiscal de carrera que renunció a su cargo el año pasado, ha negado repetidamente.

Se espera que la audiencia se centre en las citaciones para obtener registros telefónicos.

Aunque Smith defiende sus investigaciones, se espera que los senadores republicanos vuelvan a interrogarlo sobre el acceso de su equipo a los registros telefónicos de los legisladores republicanos mientras los fiscales investigaban los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden .

En declaraciones anteriores, Smith ha respaldado las citaciones judiciales que los fiscales emitieron para obtener los registros telefónicos de los miembros republicanos del Congreso que estuvieron en contacto con Trump cuando los violentos partidarios del presidente provocaron disturbios dentro del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ha afirmado que dichas citaciones son una "práctica común" en las investigaciones y que fueron necesarias en este caso para comprender el "alcance de la conspiración" entre Trump y sus aliados republicanos.

No obstante, la revelación de que el equipo de Smith obtuvo en secreto los registros telefónicos durante su investigación ha indignado a algunos legisladores republicanos, quienes lo señalan como prueba de un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia de la administración Biden y de un fiscal demasiado implacable.

En julio, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista Jim Jordan de Ohio, remitió el caso de Smith al Departamento de Justicia para una posible acusación de haber mentido en una audiencia anterior sobre la recopilación de los documentos, algo que los abogados de Smith han refutado enérgicamente.

“Mantengo mi testimonio ante la Cámara de Representantes”, dirá Smith. “No me dejaré silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento del presidente ni de otros”.

Grassley, el presidente del comité, reveló por primera vez el año pasado que los fiscales de Smith habían obtenido lo que se conoce como "registros de llamadas": datos que revelan la fecha, la duración y la hora de las llamadas telefónicas entre dos partes, pero no el contenido de las comunicaciones.

Smith ha justificado repetidamente la medida como necesaria para documentar cualquier contacto que Trump o sus representantes pudieran haber tenido con los legisladores el 6 de enero de 2021, cuando el presidente imploró a sus seguidores que detuvieran la certificación de los resultados electorales.

“Mi oficina no espió a nadie”, dijo Smith durante una audiencia en enero.

Smith es objeto de una denuncia penal por parte de los republicanos.

Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para hacerse cargo de las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral y la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ambas investigaciones resultaron en acusaciones por delitos graves, pero Smith abandonó los casos después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando opiniones de larga data del Departamento de Justicia que establecen que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados ​​a nivel federal.

Smith sigue siendo uno de los principales objetivos de represalias para Trump y su administración, que el año pasado anunció la revocación de las autorizaciones de seguridad de los abogados que representaban al exfiscal especial. La Oficina del Asesor Especial, un organismo de control independiente encargado de hacer cumplir la ley contra la actividad política partidista de los empleados federales, también anunció el año pasado una investigación sobre Smith.

La denuncia de Jordan ante el Departamento de Justicia se centra en un intercambio de mensajes de diciembre de 2025 en el que se le preguntó a Smith sobre las citaciones judiciales que los fiscales habían emitido para obtener los registros de peaje.

Smith afirmó que los documentos que solicitó no incluían el contenido de las comunicaciones. Sin embargo, Jordan sostiene que esa respuesta fue engañosa, dado que Grassley publicó documentos que demuestran que Smith obtuvo el contenido de los mensajes de texto de 44 legisladores mediante una citación judicial independiente dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros, la cual solicitaba las comunicaciones de varios asesores y colaboradores de Trump.

En respuesta, los abogados de Smith calificaron sus respuestas de "absolutamente veraces" y señalaron que estaba respondiendo a preguntas específicamente sobre registros de peaje, que no incluían el contenido de ningún mensaje de texto.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.

(Foto AP/Alex Brandon)

AUSTIN, Texas (AP) — Un candidato a concejal de una ciudad de Texas fue arrestado el sábado por la mañana por un delito menor de "participación en disturbios" en relación con un comportamiento que, según las autoridades, observaron en una protesta contra el tiroteo de un hombre venezolano por parte de un agente federal de inmigración.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron a Misael Ramos, de 40 años, alrededor de las 8:45 a. m. del sábado, en virtud de una orden de arresto pendiente derivada de sus acciones durante una protesta el domingo, según informó el departamento de prensa de la agencia en un correo electrónico sin firmar. Los manifestantes protestaban el domingo contra el tiroteo en el que resultó herido Wilber Rafael Garces Pérez en Austin.

Ramos, quien se postula para concejal en Austin, “fue captado por las cámaras tomando barricadas de construcción, sacos de arena y otros objetos, e intentando obstruir el tráfico”, informó el departamento. El departamento también proporcionó fotos y videos que, según indicó, muestran “algunas de las acciones de Ramos” en el lugar.

Ramos, miembro de los Socialistas Democráticos de América, niega haber cometido irregularidad alguna y refutará la acusación, según informó su campaña en un comunicado de prensa.

“No vi ningún disturbio”, dijo el abogado de Ramos, Edmund “Skip” Davis. “Vi gente allí afuera coreando consignas y protestando”.

Ramos fue puesto en libertad el sábado durante una rueda de prensa frente a la cárcel del condado, en medio de una ovación del público. Ramos agradeció su presencia, afirmando que había sido "una de las mañanas más locas que he vivido en mucho tiempo". Habló de su sorpresiva detención y criticó las redadas federales de inmigración en la comunidad.

“Cuando luchamos”, dijo, a lo que los presentes respondieron: “¡Ganamos!”.

Garces Pérez fue baleado el domingo y luego trasladado a un centro de detención tras un encuentro con un agente de inmigración. Su abogado afirmó que era solicitante de asilo y que contaba con un permiso de trabajo válido.

“Al igual que los cientos de habitantes de Austin que se sorprendieron al enterarse de que un agente del ICE disparó a alguien por la espalda, Misael se unió rápidamente a la gente en el lugar del incidente para condenarlo y mostrar solidaridad manteniéndose en la línea de protesta, coreando consignas y difundiendo el incidente a través de los canales de campaña”, dijo el jefe de campaña de Ramos, Jeffrey Clemmons, en un comunicado.

Kristen Dark, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Travis, confirmó por correo electrónico que Ramos fue ingresado en la custodia de la agencia alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado, acusado de participar en disturbios.

Garces Pérez estaba realizando una entrega de DoorDash el domingo por la tarde cuando agentes del ICE en una camioneta sin distintivos chocaron contra su auto dos veces, según declaró su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch. Recibió un disparo y fue trasladado a un hospital, para luego ser puesto bajo custodia del ICE con una bala aún alojada en su espalda, agregó.

El ICE y el DHS no han dicho qué provocó el tiroteo, más allá de que Garces Pérez fue "objeto de una parada de vehículo dirigida específicamente a él".

Rankin informó desde Richmond, Virginia.

JESSE BEDAYN es una periodista de política nacional radicada en Austin, Texas.

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(Foto AP/Joel Angel Juarez)