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Agentes ferderalesNUEVA ORLEÁNS (AP) — Agentes federales comenzaron a recorrer las calles de Nueva Orleans el miércoles en la última ofensiva migratoria del gobierno de Trump en todo Estados Unidos, buscando detener a inmigrantes acusados ​​de delitos violentos, dijo un funcionario de Seguridad Nacional.
Agentes enmascarados patrullaban un suburbio con una gran población hispana en vehículos marcados y no marcados, y un residente dijo a The Associated Press que vio a agentes arrestando a hombres afuera de una tienda de artículos para el hogar en Nueva Orleans, una escena familiar que se ha repetido en varias ciudades importantes en los últimos meses.
El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino , quien dirigió las operaciones de cumplimiento de la ley en Chicago , Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte , se reunió el miércoles con agentes reunidos en un estacionamiento de Home Depot.
Hay más de 200 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. trabajando en la operación de Nueva Orleans, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente. El objetivo es realizar el mayor número posible de arrestos en al menos 60 días.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración que la operación de Nueva Orleans está dirigida a inmigrantes que fueron liberados después de ser arrestados por delitos como invasión de domicilio, robo a mano armada y violación.
Los funcionarios de inmigración han cubierto grandes ciudades y pequeños pueblos de todo el país desde enero, implementando las deportaciones masivas del presidente republicano Donald Trump . Se espera pronto otra operación en Minnesota , dirigida contra inmigrantes somalíes. Estas tácticas de control han generado protestas y demandas .
La operación en Luisiana se llama "Catahoula Crunch", continuando con el patrón de Seguridad Nacional de asignar nombres específicos de cada región a las medidas represivas. El perro leopardo Catahoula es el perro oficial del estado de Luisiana. Los documentos de planificación obtenidos por AP se referían a la operación de Luisiana como "Swamp Sweep".
Comienzan operativos federales en grandes superficies
El miedo y la incertidumbre han pesado mucho sobre la comunidad inmigrante en Nueva Orleans , una ciudad estadounidense única conocida como la cuna del jazz y por sus celebraciones de Mardi Gras y su rica mezcla de culturas francesa, española, africana y nativa americana.
Un testigo vio a agentes federales perseguir y arrestar a personas en el estacionamiento de una tienda Lowe's en Nueva Orleans el miércoles por la mañana.
“Intentaron cruzar la calle corriendo, pero los atraparon”, dijo Jody Styles.
Un convoy de vehículos marcados y no marcados pasó lentamente junto a gasolineras y un Walmart en Kenner, un suburbio con la mayor concentración de residentes hispanos de cualquier ciudad del estado.
Los agentes se detuvieron y hablaron con un hombre que cortaba el césped antes de continuar. En otro vecindario, una docena de agentes rodearon una casa donde un hombre estaba en el tejado esperando a que los agentes se fueran. Residentes y defensores se encontraban cerca, filmando el encuentro.
La Patrulla Fronteriza y los funcionarios de inmigración no respondieron de inmediato a los mensajes que preguntaban cuántos arrestos se realizaron el primer día.
La comunidad inmigrante se prepara
Algunos dueños de negocios en zonas con una gran población hispana afirman que permanecerán cerrados hasta que finalice la operación. Otros locales tienen letreros que prohíben la entrada a los agentes federales de inmigración.
En la puerta de Los Hondureños, un restaurante en Kenner, había una nota manuscrita que anunciaba el cierre hasta nuevo aviso. Terminaba: «Gracias, Los Hondureños».
Hace veinte años, Nueva Orleans dependía de miles de trabajadores latinos que ayudaron a reconstruirse tras el huracán Katrina . Pero no ha escapado a la creciente tensión por la inmigración.
A principios de esta semana, decenas de personas salieron a las calles, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, para protestar contra la inminente represión. El miércoles, el Ayuntamiento lanzó un portal en línea donde los residentes pueden denunciar presuntos abusos por parte de agentes federales.
Las políticas de santuario bajo fuego
El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, ha señalado crímenes en los cuales el estatus migratorio del sospechoso está en duda, como el asesinato de un guía turístico del Barrio Francés por parte de un grupo que incluía a un hondureño que entró al país ilegalmente.
La Fiscal General Pam Bondi ha acusado a Nueva Orleans de socavar la aplicación de las leyes federales de inmigración. El Departamento de Justicia incluye a Nueva Orleans en una lista de 18 ciudades que, según considera, brindan refugio a inmigrantes sin estatus legal.
Las autoridades de Nueva Orleans niegan que las políticas de la ciudad obstaculicen la aplicación de la ley migratoria. La jefa de policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick, ha declarado que lo considera un asunto civil fuera de su jurisdicción.
'Continuaremos así hasta que los saquemos a todos de la calle'
Luisiana se ha estado preparando durante semanas para la ofensiva. El gobernador, un estrecho aliado de Trump que ha tomado medidas para alinear la política estatal con la agenda de cumplimiento de la ley de la Casa Blanca, declaró el miércoles que la operación se centrará en "los peores de los peores, los inmigrantes ilegales delincuentes que han infringido la ley".
“Comenzó hoy y continuará hasta que los saquemos a todos de la calle”, dijo Landry durante una entrevista en el programa de radio de Walton & Johnson.
Además del despliegue de agentes federales, Landry dijo que espera que miembros de la Guardia Nacional lleguen a Nueva Orleans antes de Navidad para unirse a los esfuerzos para combatir el crimen.
Los documentos de planificación de la operación de inmigración mostraron que los agentes fronterizos tenían la intención de lanzar una ofensiva de meses de duración en el sureste de Luisiana y en Mississippi.
Se esperaba que el despliegue, que tiene como objetivo arrestar a 5.000 personas, fuera liderado por la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes han sido objeto de escrutinio por tácticas agresivas en otras ciudades, incluidas Chicago y Los Ángeles.
Un grupo de derechos de los inmigrantes de Luisiana pidió el miércoles a un juez que bloquee una nueva ley estatal que da a los fiscales mayor libertad para acusar a personas acusadas de retrasar, obstaculizar o interferir con la aplicación de leyes federales de inmigración.
Servicios de Inmigración y Defensa Legal, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva Orleans, afirmó que la ley ha tenido un efecto inhibidor en su libertad de expresión. El grupo expresó su preocupación por infringir la ley, por lo que suspendió los talleres que explicaban los derechos legales durante un arresto relacionado con la inmigración y el derecho de los transeúntes a filmar o grabar.
Cline informó desde Baton Rouge. Los periodistas de Associated Press Elliot Spagat en San Diego; John Seewer en Toledo, Ohio; y Stephen Smith en Kenner, Luisiana, contribuyeron
Brook es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.
(Foto AP/Gerald Herbert)
Por  JACK BROOK y SARA CLINE

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Legisladores barcoWASHINGTON (AP) — Se espera que el almirante de la Armada que presuntamente dio órdenes a los militares estadounidenses de disparar contra los sobrevivientes de un ataque a un presunto barco cargado de drogas brinde el jueves en el Capitolio una sesión informativa clasificada a los principales legisladores del Congreso que supervisan la seguridad nacional.
La información del almirante Frank “Mitch” Bradley, actual comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., llega en un momento potencialmente crucial en la investigación del Congreso sobre cómo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, manejó la operación militar en aguas internacionales cerca de Venezuela. Crecen las dudas sobre si el ataque pudo haber violado la ley.
Los legisladores exigen un recuento completo de los ataques después de que The Washington Post informara que Bradley ordenó el 2 de septiembre un ataque contra dos sobrevivientes para cumplir con la directiva de Hegseth de "matar a todos". Expertos legales afirman que el ataque constituye un delito si los sobrevivientes fueron el objetivo, y legisladores de ambos partidos exigen rendición de cuentas.
Bradley hablará con un puñado de importantes líderes del Congreso, incluidos los presidentes republicanos y los demócratas de mayor rango de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, y por separado con el presidente del Partido Republicano y el vicepresidente demócrata del Comité de Inteligencia del Senado.
“Este es un asunto sumamente grave. Se trata de la seguridad de nuestras tropas. Este incidente podría exponer a los miembros de nuestras fuerzas armadas a consecuencias legales”, declaró el miércoles el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, en un discurso ante el pleno. “Y, sin embargo, el público estadounidense y el Congreso siguen sin escuchar los hechos fundamentales”.
Mientras Bradley comparece para preguntas en el ámbito clasificado, los legisladores buscarán respuestas a preguntas clave: ¿Qué órdenes dio Hegseth respecto a las operaciones? ¿Y cuál fue el motivo del segundo ataque?
Los legisladores demócratas también exigen que la administración Trump publique el video completo del ataque del 2 de septiembre, así como los registros escritos de las órdenes y cualquier directiva de Hegseth. Si bien los republicanos, que controlan los comités de seguridad nacional, no han solicitado públicamente esos documentos, se han comprometido a una revisión exhaustiva.
“La investigación se basará en las cifras”, dijo el senador Roger Wicker de Mississippi, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. “Descubriremos la verdad sobre el terreno”.
La presión aumenta sobre Hegseth
El presidente Donald Trump ha respaldado a Hegseth al defender su manejo del ataque, pero la presión sobre el secretario de Defensa está aumentando.
Hegseth ha afirmado que las consecuencias del primer ataque al barco quedaron envueltas en la "niebla de la guerra". También ha dicho que "no se quedó" para el segundo ataque, pero que Bradley "tomó la decisión correcta" y "tenía plena autoridad" para hacerlo.
También el jueves, se esperaba que el inspector general del Departamento de Defensa publicara un informe parcialmente redactado sobre el uso que Hegseth hizo de la aplicación de mensajería Signal en marzo para compartir información sobre un ataque militar contra los militantes hutíes de Yemen.
El informe concluyó que Hegseth puso en riesgo al personal estadounidense y su misión al usar Signal, según dos personas familiarizadas con los hallazgos. Sin embargo, el Pentágono ha presentado el informe como una exoneración de Hegseth.
¿Quién es el Almirante Bradley?
En el momento del ataque, Bradley era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y supervisaba las operaciones coordinadas entre las unidades de élite de operaciones especiales del ejército con base en Fort Bragg, Carolina del Norte. Aproximadamente un mes después del ataque, fue ascendido a comandante del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU.
Su carrera militar, que abarcó más de tres décadas, se dedicó principalmente a servir en los SEAL de élite de la Armada y a comandar operaciones conjuntas. Fue uno de los primeros oficiales de las fuerzas especiales en desplegarse en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Su último ascenso a almirante fue aprobado por unanimidad en el Senado a principios de este año, y senadores demócratas y republicanos elogiaron su trayectoria.
"Espero que Bradley diga la verdad y arroje algo de luz sobre lo que realmente sucedió", dijo el senador de Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, añadiendo que tenía "un gran respeto por su historial".
El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, describió a Bradley como una de las personas “sólidas como una roca” y “la más extraordinaria que haya servido jamás en el ejército”.
Pero legisladores como Tillis también han dejado claro que esperan un ajuste de cuentas si se descubre que los sobrevivientes fueron atacados. "Cualquier persona en la cadena de mando que haya sido responsable, que haya tenido la visión, debe rendir cuentas", declaró.
¿Qué más buscan los legisladores?
El alcance de la investigación no está claro, pero existe otra documentación del ataque que podría aclarar lo sucedido. Sin embargo, obtener esa información dependerá en gran medida de la acción de los legisladores republicanos, una perspectiva potencialmente dolorosa para ellos si los enfrenta al presidente.
El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas, declaró que él y Wicker han solicitado formalmente las órdenes ejecutivas que autorizan las operaciones y los videos completos de los ataques. También buscan la información de inteligencia que identificó a las embarcaciones como objetivos legítimos, las reglas de combate de los ataques y cualquier criterio utilizado para determinar quién era combatiente y quién civil.
Los oficiales militares sabían que había sobrevivientes en el agua tras el ataque inicial, pero llevaron a cabo el siguiente ataque con el argumento de que era necesario hundir el buque, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. Lo que aún no está claro —y que los legisladores esperan aclarar en su reunión informativa con Bradley— es quién ordenó los ataques y si Hegseth estuvo involucrado, dijo una de las personas.
Los legisladores republicanos cercanos a Trump han buscado defender a Hegseth esta semana, apoyando la campaña militar contra los cárteles de la droga que el presidente considera "narcoterroristas".
"No veo nada malo en lo que ocurrió", dijo el senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, al argumentar que la administración Trump estaba justificada al usar poderes de guerra contra los cárteles de la droga.
Más de 80 personas han muerto en la serie de ataques que comenzó en septiembre. Y para críticos de la campaña, como el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, las apremiantes preguntas sobre la legalidad de matar a los supervivientes son una consecuencia natural de una acción militar que siempre se ha basado en un terreno legal inestable. Blumenthal afirmó que era evidente que Hegseth es responsable, incluso si no ordenó explícitamente un segundo ataque.
“Puede que no estuviera presente, pero estaba al tanto”, dijo Blumenthal. “Y fue su orden la que resultó decisiva y, previsiblemente, la que provocó la muerte de estos sobrevivientes”.
STEPHEN GROVES cubre el Congreso para The Associated Press
(Foto AP/Mariam Zuhaib, archivo)
Por  STEPHEN GROVES y LISA MASCARO

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Barco drogasWASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, citó el martes la “niebla de guerra” al defender un ataque posterior contra un supuesto barco que transportaba drogas en el Mar Caribe a principios de septiembre.
Durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, Hegseth dijo que no vio ningún sobreviviente en el agua y que el barco "explotó en fuego, humo, no se puede ver nada... Esto se llama la niebla de la guerra".
Hegseth también dijo que "no se quedó" durante el resto de la misión del 2 de septiembre después del ataque inicial y que el almirante a cargo "tomó la decisión correcta" al ordenar el segundo ataque, que "tenía plena autoridad para hacer".
Los legisladores han abierto investigaciones luego de un informe del Washington Post de que Hegseth emitió una orden verbal de "matar a todos" en el barco, el primer buque atacado en la campaña antidrogas de la administración Trump en el Caribe y el Océano Pacífico oriental que ha crecido a más de 20 ataques conocidos y más de 80 muertos .
Estados Unidos también ha desarrollado su mayor presencia militar en la región en generaciones, y muchos ven las acciones como una táctica para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que renuncie.
Aunque varios expertos legales dijeron a The Associated Press que creían que el segundo ataque violó las leyes en tiempos de paz y las que rigen los conflictos armados, el propio manual del Pentágono sobre las leyes de los conflictos armados también cita específicamente atacar a los sobrevivientes de un barco hundido como algo claramente ilegal.
“Dar órdenes de disparar contra los náufragos sería claramente ilegal”, dice el manual.
El presidente Donald Trump se distanció el martes del segundo ataque, que según el informe de prensa mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los escombros.
Trump dijo que "no sabía nada" y que "aún no había obtenido mucha información porque confío en Pete", haciendo referencia a Hegseth, cuando se le preguntó si apoyaba el segundo ataque.
"No sabía nada de la gente. No estaba involucrado en ello", añadió.
Hegseth, sentado junto a Trump en la reunión del Gabinete, dijo que Trump ha empoderado a los “comandantes para hacer lo que es necesario, que son cosas oscuras y difíciles en la oscuridad de la noche en nombre del pueblo estadounidense”.
El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo más temprano ese mismo día que todos los ataques han sido “ordenados por el presidente y que la cadena de mando funciona como debería”.
“Al final del día, el secretario y el presidente son quienes dirigen estos ataques”, dijo Wilson mientras hablaba con medios cuidadosamente seleccionados en un evento en el Pentágono.
La administración Trump ha sugerido que el almirante que supervisaba la operación tomó la decisión de llevar a cabo un segundo ataque. Trump lo calificó de "persona extraordinaria" el martes y afirmó: "Quiero que esos barcos sean retirados y, si es necesario, atacaremos también por tierra , igual que atacamos por mar".
La Casa Blanca declaró el lunes que el vicealmirante de la Armada Frank "Mitch" Bradley actuó "dentro de su autoridad y de la ley" al ordenar el segundo ataque, mientras que Hegseth afirmó en redes sociales que apoyaba a Bradley "y las decisiones de combate que ha tomado".
Se espera que Bradley brinde una sesión informativa clasificada el jueves a los legisladores que supervisan el ejército.
La escritora de Associated Press Meg Kinnard contribuyó a este artículo.
(Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

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Juez federal 2Un juez federal impidió el martes por la noche que la administración Trump hiciera arrestos generalizados de inmigrantes en la capital del país sin órdenes judiciales o causa probable de que la persona represente un riesgo inminente de fuga.
La jueza federal de distrito Beryl Howell en Washington concedió una orden judicial preliminar solicitada por grupos de libertades civiles y derechos de los inmigrantes en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Un correo electrónico enviado al departamento fuera del horario de atención el martes no recibió respuesta inmediata.
Los agentes que realizan arrestos por inmigración civil generalmente necesitan una orden administrativa. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, solo pueden realizar arrestos sin orden judicial si tienen causa probable para creer que la persona se encuentra en Estados Unidos ilegalmente y es probable que escape antes de que se obtenga la orden, según el fallo de Howell.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban con frecuencia y establecían puestos de control en barrios de Washington, DC, con grandes cantidades de inmigrantes latinos, y luego detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente.
Proporcionaron declaraciones juradas de personas que, según ellos, fueron arrestadas sin órdenes judiciales o sin la evaluación requerida de riesgo de fuga y citaron declaraciones públicas de funcionarios de la administración que, según ellos, mostraban que la administración no estaba utilizando el estándar de causa probable.
Los abogados de la administración negaron que existiera una política que permitiera tales arrestos.
Howell, quien fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, dijo que los demandantes habían "establecido una probabilidad sustancial de una política y práctica ilegal por parte de los acusados ​​de realizar arrestos de inmigración civil sin orden judicial y sin causa probable".
“El fracaso sistemático de los acusados ​​en aplicar el criterio de causa probable, incluyendo el no considerar el riesgo de fuga, viola directamente” la ley de inmigración y las normas de implementación del Departamento de Seguridad Nacional, dijo.
Además de bloquear la política, ordenó a cualquier agente que realice un arresto civil de inmigración sin orden judicial en Washington que documente “los hechos específicos y particularizados que respaldan la causa probable previa al arresto del agente para creer que es probable que la persona escape antes de que se pueda obtener una orden judicial”.
Howell también exigió al gobierno que presentara esa documentación a los abogados de los demandantes.
El fallo es similar a otros dos en demandas federales que también involucraron a la ACLU, uno en Colorado y otro en California.
Otro juez había emitido una orden de restricción que prohibía a los agentes federales detener a personas basándose únicamente en su raza, idioma, trabajo o ubicación en el área de Los Ángeles después de descubrir que estaban realizando detenciones indiscriminadas, pero la Corte Suprema levantó esa orden en septiembre.
(Foto AP/Pablo Martínez Monsivais, Archivo)
Por  SUDHIN THANAWALA

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Restricciones migratoriasWASHINGTON (AP) — Desde que la semana pasada dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en la capital del país por un sospechoso que es ciudadano afgano, el gobierno de Trump anunció una serie de políticas destinadas a dificultar que algunos extranjeros ingresen o permanezcan en el país.
La administración dijo que estaba pausando las decisiones de asilo, reexaminando las solicitudes de tarjeta verde para personas de países “de preocupación” y deteniendo las visas para los afganos que ayudaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos.
Días antes del tiroteo, un memorando obtenido por The Associated Press decía que la administración revisaría los casos de todos los refugiados que ingresaron a Estados Unidos durante la administración Biden.
El esfuerzo intensificado por restringir la inmigración ha sido duramente criticado por defensores de los refugiados y quienes trabajan con afganos, argumentando que constituye un castigo colectivo. Los críticos también afirman que reabrir casos ya procesados ​​supone un desperdicio de recursos gubernamentales.
La administración Trump dice que las nuevas políticas son necesarias para garantizar que quienes ingresan al país —o ya están aquí— no representen una amenaza para la seguridad.
A continuación, un vistazo a los principales cambios anunciados a lo largo de aproximadamente una semana:
Todas las decisiones de asilo suspendidas
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en la plataforma social X la semana pasada que las decisiones de asilo se pausarán "hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible".
Además del correo, no se ha presentado ninguna orientación formal, por lo que los detalles sobre la pausa planificada siguen siendo escasos.
Las personas que solicitan asilo deben demostrar a las autoridades estadounidenses que existe una amenaza de persecución si son devueltas a su país de origen, ya sea por motivos de raza, nacionalidad u otros. Si se les concede el asilo, se les permite permanecer en Estados Unidos y, eventualmente, solicitar la residencia permanente (green card) y luego la ciudadanía.
El sospechoso afgano del tiroteo de la Guardia Nacional recibió asilo a principios de este año, según el grupo de defensa #AfghanEvac.
El derecho a solicitar asilo ya estaba restringido por la administración Trump. En enero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que básicamente suspendió el asilo para las personas que ingresaron al país por la frontera sur. Estos casos generalmente se tramitan en tribunales de inmigración, supervisados ​​por el Departamento de Justicia.
El USCIS supervisa el proceso de asilo para extranjeros que el gobierno no intenta expulsar a través de los tribunales de inmigración. Si bien la orden de Trump de enero no afectó estos casos, la publicación de Edlow en redes sociales sugiere que ahora estarán bajo mayor escrutinio. Edlow no especificó cuánto durará la pausa de la agencia en las decisiones de asilo ni qué sucederá con las personas mientras dichas decisiones estén suspendidas.
El número de casos ha ido en aumento para todo tipo de solicitudes de asilo. El USCIS informó que actualmente hay 1.4 millones de casos de asilo pendientes en la agencia. Hace tan solo unos años, en 2022, eran 241,280, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional. Por otro lado, hay alrededor de 2.4 millones de solicitudes de asilo pendientes ante los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia.
Un enfoque en los países “preocupantes”
El 27 de noviembre, Edlow dijo que su agencia estaba llevando a cabo una “reevaluación rigurosa y a gran escala” de todas las tarjetas verdes de personas que, según él, provienen de “todos los países de preocupación”.
“La seguridad estadounidense no es negociable”, afirmó Edlow.
La agencia dijo en un comunicado de prensa ese mismo día que estaba emitiendo nuevas pautas que podrían dificultar la situación de las personas de 19 países que la administración considera de "alto riesgo", incluido Afganistán, cuando solicitan beneficios de inmigración como solicitar tarjetas verdes o permanecer en los EE. UU. por más tiempo.
La administración ya había prohibido los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 de esos países y restringido el acceso a personas de otros siete.
Sin visados ​​para los afganos
También se aplican otras medidas más estrictas contra los afganos.
El 26 de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos. Esto afectaría a los afganos que ya residen en EE. UU. y que solicitan tarjetas de residencia permanente (Green Card), permisos de trabajo o permiso para traer a familiares a EE. UU.
Por otra parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el viernes por la noche que el Departamento de Estado ha dejado de emitir visas temporalmente para todas las personas que viajan con pasaportes afganos.
La administración Trump ya había limitado severamente los viajes y la inmigración desde Afganistán. La única vía que permanecía abierta era el programa de Visas Especiales para Inmigrantes. Creado por el Congreso, este permitía emigrar a Estados Unidos a los afganos que apoyaron estrechamente el esfuerzo bélico estadounidense en Afganistán y que sufrieron represalias por su trabajo.
Pero el anuncio del Departamento de Estado significa que incluso esa vía está ahora cerrada.
Según #AfghanEvac, un grupo que aboga por los afganos que llegan a Estados Unidos, alrededor de 180.000 afganos estaban en proceso de solicitar el programa SIV.
Una revisión de los refugiados admitidos bajo la administración Biden
Incluso antes del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, la administración Trump estaba planeando una revisión exhaustiva de decenas de miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos durante la administración Biden como parte del Programa de Asistencia para Refugiados de Estados Unidos.
Ese programa, lanzado por primera vez en 1980, supervisa el proceso mediante el cual las personas que huyen de la persecución pueden llegar a Estados Unidos. Los refugiados son distintos de quienes buscan asilo, aunque cumplen los mismos criterios. Los refugiados deben solicitar asilo y esperar fuera de Estados Unidos para ser admitidos, mientras que los solicitantes de asilo lo hacen una vez que llegan al país.
Trump suspendió el programa de refugiados el día que asumió el cargo y desde entonces sólo se ha admitido a un pequeño número de refugiados, ya sean sudafricanos blancos o personas admitidas como parte de una demanda que busca reiniciar el programa de refugiados.
Luego, el 21 de noviembre, Edlow declaró en un memorando obtenido por The Associated Press que la administración revisaría el estado de todos los refugiados admitidos en Estados Unidos durante la administración Biden. Eso equivale a casi 200.000 refugiados.
Los defensores dicen que los refugiados ya son sometidos a una investigación rigurosa.
Noem insinúa una prohibición de viajes actualizada
El lunes por la noche, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sugirió en una publicación en X que podrían estar a punto de producirse más cambios.
Noem señaló que acababa de reunirse con Trump y dijo que estaba recomendando una “prohibición total de viajes” a países que, según ella, estaban inundando Estados Unidos “con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”.
Noem no mencionó ningún país específico ni dio un plazo. El Departamento de Seguridad Nacional informó el lunes en un correo electrónico: «Pronto anunciaremos la lista».
REBECCA SANTANA cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene amplia experiencia reportando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.
(Foto AP/Jae C. Homg, ARchivo)
  1. La Casa Blanca afirma que el almirante ordenó un nuevo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas e insiste en que el ataque fue legal.
  2. Trump dice que publicará los resultados de la resonancia magnética, pero no sabe qué parte de su cuerpo fue escaneada.
  3. Los legisladores expresan su apoyo a las revisiones del Congreso sobre los ataques militares de Trump a los barcos.
  4. Grupos de refugiados se preocupan por las reacciones negativas tras el tiroteo de soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C.

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