CHICAGO (AP) — Chicago ha entrado en lo que muchos consideran una nueva fase incómoda de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump que ya ha provocado miles de arrestos.
Mientras un comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos conocido por liderar intensas y controvertidas oleadas de inmigrantes se trasladó a Carolina del Norte , agentes federales siguen arrestando inmigrantes en la tercera ciudad y suburbios más grandes del país.
Un número creciente de demandas derivadas de la represión se están tramitando en los tribunales. Las autoridades investigan las acciones de los agentes, incluyendo un tiroteo mortal. Los activistas afirman que no bajarán la guardia por si la situación se agrava de nuevo, mientras que muchos residentes del bastión demócrata, donde pocos acogieron con satisfacción la represión, siguen preocupados .
“Siento paranoia sobre cuándo podrían regresar”, dijo Santani Silva, empleada de una tienda vintage en Pilsen, un barrio predominantemente mexicano. “La gente todavía tiene miedo”.
La intensidad disminuye, pero continúan las detenciones
Durante más de dos meses, el área de Chicago fue el foco de una agresiva operación liderada por Gregory Bovino , un comandante de la Patrulla Fronteriza que está detrás de esfuerzos similares en Los Ángeles y pronto en Luisiana.
Agentes armados y enmascarados utilizaron camionetas todoterreno sin identificación y helicópteros por toda la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus suburbios para localizar a presuntos delincuentes e infractores de inmigración. Los arrestos a menudo resultaban en intensos enfrentamientos con los transeúntes, desde barrios adinerados hasta suburbios de clase trabajadora.
Si bien la intensidad ha disminuido en la semana transcurrida desde la salida de Bovino, siguen apareciendo informes de arrestos. Activistas que rastrean a los agentes de inmigración afirmaron haber confirmado 142 avistamientos diarios durante el pico de la operación el mes pasado. Actualmente, la cifra es de aproximadamente seis al día.
"Esto no ha terminado", dijo Brandon Lee, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. "No creo que termine".
Suburbio bajo asedio
El principal afectado por la operación ha sido Broadview, un suburbio de Chicago de aproximadamente 8.000 habitantes que ha albergado durante años un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Las protestas frente a las instalaciones se han vuelto cada vez más tensas debido al uso de agentes químicos por parte de agentes federales que los vecinos de la zona consideraron inapropiados. La policía de Broadview también inició tres investigaciones criminales sobre las tácticas de los agentes federales.
Los líderes de la comunidad tomaron la inusual medida de declarar una emergencia civil la semana pasada, después de que Bovino abandonó el área, y trasladaron las reuniones públicas a Internet.
La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, dijo que la comunidad ha enfrentado amenazas de bomba, amenazas de muerte y protestas violentas debido a la represión.
"No permitiré que amenazas de violencia o intimidación interrumpan las funciones esenciales de nuestro gobierno", dijo Thompson.
Arrestos y detenciones cuestionables
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado más de 3.000 arrestos, pero la agencia sólo ha proporcionado detalles sobre unos pocos casos en los que los inmigrantes sin permiso legal para vivir en el país también tenían antecedentes penales.
La administración Trump recurre a las redes sociales para publicar fotografías de supuestos criminales violentos detenidos en operaciones de inmigración, pero los propios datos del gobierno federal pintan un panorama diferente.
De los 614 inmigrantes arrestados y detenidos en los últimos meses en Chicago, solo 16 (menos del 3%) tenían antecedentes penales que representaban un "alto riesgo para la seguridad pública", según datos del gobierno federal presentados ante el tribunal como parte de un decreto de consentimiento de 2022 sobre arrestos del ICE. Dichos antecedentes incluían violencia doméstica y conducción en estado de ebriedad.
Un juez a cargo de los casos declaró que cientos de inmigrantes detenidos cumplen los requisitos para ser liberados bajo fianza, aunque un tribunal de apelaciones ha suspendido su liberación. Los abogados afirman que se presentarán muchos más casos a medida que el gobierno les dé detalles sobre los arrestos.
“Nada de esto ha tenido sentido”, dijo Ed Yohnka, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois, que ha estado involucrada en varias demandas. “¿De qué se trataba todo esto? ¿Para qué servía? ¿Qué efecto tenía todo esto?”
Investigaciones y demandas
El número de demandas derivadas de la represión va en aumento, incluyendo las relacionadas con el uso de la fuerza por parte de los agentes y las condiciones en el centro Broadview. En los últimos días, miembros del clero presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando que se les impedía ejercer su ministerio dentro de una instalación.
Los fiscales federales también han retirado repetidamente los cargos contra manifestantes y otros transeúntes, incluyendo la desestimación de los cargos contra una mujer que recibió varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado.
Mientras tanto, agentes federales también están bajo investigación en relación con la muerte de un hombre de los suburbios, quien fue baleado fatalmente por agentes del ICE durante una parada de tráfico. El presidente de México ha solicitado una investigación exhaustiva, mientras que el ICE ha declarado que no hizo uso excesivo de la fuerza.
Un informe de autopsia, obtenido recientemente por The Associated Press, indicó que Silverio Villegas González murió por una herida de bala a quemarropa en el cuello. La muerte fue declarada homicidio.
En octubre, el cuerpo del padre de 38 años que pasó dos décadas en Estados Unidos fue enterrado en el estado de Michoacán, en el oeste de México.
Un efecto escalofriante
Muchos de los corredores comerciales otrora bulliciosos de las comunidades mayoritariamente inmigrantes del área de Chicago que se habían calmado estaban volviendo a sentir actividad con algunos vendedores ambulantes regresando lentamente a sus puestos habituales.
Andrea Meléndez, propietaria de Pink Flores Bakery and Cafe, dijo que ha visto un aumento en las ventas esta semana después de luchar durante meses.
“Como empresa nueva, me asusté un poco cuando vimos que bajaban las ventas”, dijo. “Pero esta semana tengo más esperanza de que las cosas mejoren”.
Eleanor Lara, de 52 años, ha pasado meses evitando viajes innecesarios fuera de su casa de Chicago, temerosa de que un encuentro con agentes de inmigración pueda tener consecuencias nefastas.
Aun siendo ciudadana estadounidense, tiene miedo y lleva consigo su certificado de nacimiento. Está casada con un venezolano cuyo estatus legal está en el limbo.
“Seguimos en casa”, dijo.
CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se reunirá en privado el viernes con un tema de gran relevancia en su agenda: la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
Los magistrados podrían anunciar el lunes si revisarán la apelación de Trump contra los fallos de tribunales inferiores que han anulado unánimemente las restricciones a la ciudadanía . Estas restricciones no han entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.
Si el tribunal interviene ahora, el caso se debatiría en primavera, y se espera un fallo definitivo a principios de verano.
La orden que otorga la ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, forma parte de la amplia ofensiva migratoria de su administración. Otras medidas incluyen un aumento de los controles migratorios en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII.
La administración enfrenta múltiples desafíos legales , y la Corte Suprema ha enviado señales contradictorias en las órdenes de emergencia que ha emitido. Los magistrados, en la práctica, detuvieron el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar rápidamente a presuntos pandilleros venezolanos sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de las detenciones masivas de inmigrantes en el área de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueara la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, ocupación o lugar de residencia.
Los magistrados también están considerando la solicitud de emergencia del gobierno para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para operativos de control migratorio. Un tribunal inferior ha suspendido indefinidamente dicho despliegue.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política migratoria de Trump que llega a los tribunales para una resolución definitiva. La orden de Trump subvertiría más de 125 años de entendimiento según el cual la 14ª Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones específicas para los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos en territorio de una fuerza de ocupación extranjera.
En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, o probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo de la Corte Suprema a finales de junio que limitó el uso de mandatos judiciales a nivel nacional por parte de los jueces.
Si bien la Corte Suprema limitó el uso de mandatos judiciales de alcance nacional, no descartó otras órdenes judiciales que pudieran tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y las presentadas por los estados. Los magistrados no se pronunciaron entonces sobre la constitucionalidad de la orden sobre ciudadanía subyacente.
Pero todos los tribunales inferiores que han examinado el asunto han concluido que la orden de Trump viola, o muy probablemente viola, la 14ª Enmienda, que tenía como objetivo garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía.
La administración ha interpuesto una apelación en dos casos.
En julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco dictaminó que un grupo de estados que demandaron por la orden necesitaba una orden judicial a nivel nacional para evitar los problemas que causaría la vigencia de la ciudadanía por nacimiento en algunos estados y no en otros.
También en julio, un juez federal de New Hampshire bloqueó la orden de ciudadanía en una demanda colectiva que incluía a todos los niños que se verían afectados.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lidera el equipo legal en el caso de Nuevo Hampshire, instó al tribunal a rechazar la apelación porque los argumentos de la administración son “sumamente débiles”, declaró el abogado de la ACLU, Cody Wofsy. “Pero si el tribunal decide admitir el caso, estamos más que preparados para enfrentarnos a Trump y ganar”.
La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de madres indocumentadas, según normas vigentes desde hace mucho tiempo. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera frase de la Decimocuarta Enmienda .
La administración ha afirmado que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
“Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de vital importancia para el presidente y su administración, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el procurador general D. John Sauer al instar a la Corte Suprema a revisar el caso. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen con los requisitos”.
MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D.C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha hecho de las políticas de inmigración de línea dura un tema central, pero reconoció el miércoles que ha sido criticado por decir recientemente, por parte de sus partidarios de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”, que se debería permitir la entrada al país a algunos inmigrantes calificados.
Trump dijo ante un grupo de ejecutivos de empresas que Estados Unidos necesita inmigrantes que puedan capacitar a los trabajadores nacionales en fábricas de alta tecnología, e insistió en que hacerlo no es incompatible con sus convicciones políticas fundamentales.
“Quiero mucho a mis amigos conservadores. Me encanta MAGA. Pero esto es MAGA”, dijo Trump durante un discurso en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita, al que asistió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman . “Esa gente va a enseñar a nuestra gente a fabricar chips de computadora, y en poco tiempo, a nuestra gente le irá de maravilla. Y esa gente podrá volver a casa”.
Los comentarios fueron recibidos con aplausos. Sin embargo, la semana pasada, Trump tuvo un encontronazo con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, sobre el mismo tema. Ingraham sugirió durante una entrevista con Trump que “no se puede inundar el país con decenas de miles, o cientos de miles, de trabajadores extranjeros”, a lo que el presidente respondió: “También hay que atraer talento”.
Cuando Ingraham dijo que Estados Unidos tenía “mucha gente talentosa aquí”, Trump respondió: “No, no la tienen”, y añadió que “la gente tiene que aprender”.
El intercambio provocó críticas rápidas y duras en línea por parte de algunos sectores del movimiento MAGA, que se han opuesto a la ampliación de las visas H-1B y otros programas diseñados para permitir la entrada al país de inmigrantes cualificados.
Eso no impidió que Trump insistiera el miércoles, añadiendo que sus detractores son “realmente inteligentes” a pesar de su oposición a la inmigración de trabajadores cualificados. “Son patriotas increíbles”, dijo Trump. “Pero simplemente no entienden que a nuestra gente hay que educarla”.
Trump dijo que, en lo que respecta a plantas nacionales “extremadamente complejas” que fabrican cosas como computadoras, teléfonos celulares y misiles, no era posible “pensar que se puede contratar a personas desempleadas para operarlas”.
Los propietarios extranjeros que construyen las plantas en Estados Unidos “van a tener que traer consigo a miles de personas, y yo les daré la bienvenida”, dijo Trump.
Como prueba, el presidente señaló el caso de cientos de ciudadanos surcoreanos que fueron detenidos y abandonaron Estados Unidos tras una redada migratoria en septiembre en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. Algunos ya han regresado y se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
Trump dijo que se les había ordenado a los trabajadores que “se fueran”, pero que “yo les dije: ‘Paren. No sean estúpidos’”.
WILL WEISSERT cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.
McALLEN, Texas (AP) — Un juez federal emitió el miércoles una orden que exige a la administración Trump que vuelva a considerar la posibilidad de otorgar protección contra la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes vulnerables.
El juez federal Eric Komitee ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que reconsidere la posibilidad de otorgar protección contra la deportación bajo un programa de 2022 que la agencia había cancelado en junio. Esta decisión permitirá que el programa continúe mientras prosigue la demanda presentada por los demandantes en julio .
Los niños y jóvenes afectados son aquellos que han sido maltratados, descuidados o abandonados por uno de sus padres y a quienes se les ha otorgado el estatus de Inmigrante Juvenil Especial a través de un tribunal estatal y el gobierno federal.
El programa SIJS, como se le conoce, fue creado en 1990 con el apoyo bipartidista del Congreso. Si bien no otorga estatus legal, permite que jóvenes que cumplen con los requisitos soliciten una visa para convertirse en residentes permanentes legales y obtener un permiso de trabajo. Debido a los límites anuales, la disponibilidad de una visa puede demorar años. Bajo la administración Biden, el USCIS podría considerar proteger a los beneficiarios de la deportación mientras esperan la visa.
Sin el programa de acción diferida, los jóvenes no reúnen los requisitos para obtener un permiso de trabajo, se enfrentan a la deportación y ya no serían elegibles para convertirse en residentes permanentes legales si son devueltos a su país de origen.
“El quid de la decisión del tribunal es que el gobierno no puede simplemente quitarles el piso a cientos de miles de jóvenes como lo hizo, sin considerar cómo construyeron toda su vida en torno a la política existente”, dijo Stephanie Ellie Norton, abogada de los demandantes que trabaja para el Proyecto Nacional de Inmigración.
El USCIS y el DHS no respondieron de inmediato a una solicitud de declaración.
Por orden del juez, tanto los solicitantes que contaban con esta protección como los nuevos solicitantes podrán presentar solicitudes para que se considere su renovación. El USCIS también deberá tomar decisiones sobre las solicitudes de permiso de trabajo de los nuevos solicitantes y de los designados que ya cuenten con el estatus de acción diferida.
El juez no se ha pronunciado sobre la certificación de la demanda colectiva, pero el litigio se reanudará.
La abogada del gobierno sabía lo que iba a pasar mientras se encontraba de pie en la sala del tribunal y enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que esperaba en un pasillo a pocos metros de distancia.
“No puedo con esto”, dijo la abogada en un mensaje de texto mientras revisaba su lista de casos. “Esto es una carga emocional nueva”.
“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos encontremos nuevamente en mejores circunstancias”.
A poca distancia, un cubano que había vivido en Estados Unidos durante años, salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que era una audiencia de rutina.
El hombre hacía lo que le exigía la ley y acudió acompañado de su esposa, quien es residente legal, y su bebé de 7 meses de edad.
Fue entonces que la abogada presentó rápidamente una moción para desestimar la solicitud de asilo del hombre, y que un juez concedió, lo que lo hizo elegible para una “deportación expedita”. Al salir del juzgado, el hombre se vio rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y desde el pasillo podían escucharse los gritos de la esposa mientras la abogada pasaba al siguiente caso.
Escenas similares de arrestos en juzgados se repiten en todo Estados Unidos como parte de una reforma de los tribunales de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump, a medida que se ejecuta su agenda de deportaciones a gran escala con tácticas inusualmente agresivas.
La promesa de campaña de Trump de endurecer las restricciones migratorias fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se implementa el plan, hay indicios de que muchos piensan que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.
A lo largo de varios meses, periodistas de The Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con los casos siendo desestimados por parte del gobierno, permitiendo que agentes federales vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).
The Associated Press tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto de un funcionario del gobierno quien, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva poco común de cómo los 75 tribunales de inmigración del país dictan resoluciones como si estuvieran en una línea de ensamblaje, y la manera en que, para muchas personas, los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones.
Arrestos en los juzgados se coordinan con antelación
En un sistema judicial con un retraso de aproximadamente 3,8 millones de casos de asilo, las familias se han visto separadas, trastocando su vida. El debido proceso queda, al parecer, en un segundo plano.
“Cuando los estadounidenses se imaginan un tribunal, tienen algunas expectativas fundamentales” de justicia, dignidad e imparcialidad, dijo Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles y expresidenta de la National Association of Immigration Judges.
“Eso es lo que define a un tribunal —no una sala con un estrado o una persona con toga”, agregó. “Pero lo que tenemos aquí es una visión completamente opuesta”.
En los últimos nueve meses, el gobierno de Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración que los aliados del presidente consideraban demasiado indulgentes, ordenó a agentes enmascarados esposar a inmigrantes en audiencias de asilo a puerta cerrada, y envió memorandos en los que giró instrucciones a los jueces de acatar las directrices.
A diferencia de los tribunales federales, donde existen reglas estrictas de procedimiento y los jueces tienen cargos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración, y su titular puede destituir a los jueces con mayor facilidad.
Nueve funcionarios actuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La mayoría de ellos expresaron profundas dudas sobre castigar a personas que habían cumplido con las reglas y se habían presentado a sus audiencias.
“Como abogado del gobierno, mi deber es hacer cumplir la ley y proteger el interés público —no asegurar la deportación o detención de forma predeterminada”, escribió un abogado del gobierno a la Asociación Estadounidense de Abogados en busca de orientación profesional.
Pero no es así como los casos se están desarrollando en la mayoría de los casos.
Las detenciones en los tribunales se coordinan con días de antelación para cumplir con cuotas, sin apenas tener en cuenta las particularidades de cada caso, según varios funcionarios federales.
En palabras de un funcionario, los abogados del DHS anotan en una hoja de cálculo qué casos son “susceptibles” a ser desestimados, permitiendo que un solicitante de asilo sea arrestado nuevamente de inmediato para someterlo a un proceso de deportación expedita. La mayoría de los detenidos son hombres que no cuentan con un abogado y entraron sin compañía a Estados Unidos, quienes se tiene previsto que comparezcan personalmente ante el tribunal. Contrario a las afirmaciones de Trump de que persigue a “lo peor de lo peor”, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales, según un análisis de datos del ICE por parte del Cato Institute.
El ICE revisa la hoja de cálculo y selecciona a las personas por las que quiere ir si se llega a desestimar su caso. En la fecha de la audiencia, los agentes federales se comunican directamente con los abogados del DHS, quienes actúan como fiscales en los tribunales de inmigración. El abogado suele enviar actualizaciones casi en tiempo real a los agentes que esperan fuera de la sala del tribunal.
“¿El de la camisa negra? Avísame si el juez desestimó (el caso)”, escribió un agente del ICE durante una audiencia.
Falta de independencia limita la autoridad de los tribunales de inmigración
Los tribunales de inmigración se han visto plagados por falta de recursos, autoridad e independencia judicial prácticamente desde sus inicios.
Los tribunales fueron establecidos en 1952, pero no fue sino hasta 1973 que a los “funcionarios de investigación especial” se les otorgó el título de “juez” y se les permitió vestir togas. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos (EOIR por sus siglas en inglés) se creó en 1983, pero permaneció como parte del Departamento de Justicia, lo que le otorgaba al titular de la dependencia la facultad para revocar las decisiones.
“Éramos la Cenicienta del sistema judicial”, dijo Dana Leigh Marks, quien se jubiló como jueza de inmigración en 2021 después de 34 años de carrera. “Ningún otro tribunal del país funciona así”.
El primer gobierno de Trump implementó una serie de cambios para reducir la acumulación de casos pendientes, incluida la instrucción a los jueces de rechazar categorías enteras de solicitudes de asilo, como para víctimas de pandillas o de violencia doméstica.
También estableció un tablero de control que se convertiría en la pesadilla de muchos jueces: indicadores de color rojo, amarillo y verde miden el desempeño de cada juez en función de objetivos que van desde casos resueltos —un mínimo de 700 al año, independientemente de su complejidad— hasta el número de casos de custodia resueltos en su primera audiencia.
Para cumplir con las métricas, los jueces deben tramitar los expedientes a toda velocidad, en ocasiones dedicando apenas unos minutos a evaluar las solicitudes de asilo.
“Es como decidir casos de pena de muerte en el entorno de un juzgado de tránsito”, manifestó Marks.
El gobierno se refiere a los jueces de inmigración como “funcionarios inferiores”
Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero pasado, sus aliados arremetieron directamente contra los tribunales.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha emitido 52 memorandos de políticas —más que el total de los seis años anteriores— para facilitar la contratación y destitución de jueces y advertir contra la parcialidad a favor de los inmigrantes.
Los memorandos dejan al descubierto la debilitada posición de los tribunales al referirse a los jueces como “funcionarios inferiores” —un término muy poco utilizado que fue tomado de la Constitución.
A principios de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que destinaría 600 abogados militares a los tribunales de inmigración —una cantidad similar a la cifra actual de jueces. El objetivo, según el gobierno, es reducir la carga de trabajo al ampliar el grupo de jueces potenciales para incluir a personas con amplia experiencia en derecho administrativo. No obstante, muchos defensores de los inmigrantes temen que los nuevos jueces carezcan de la experiencia necesaria para resolver casos de asilo.
“Tiene tanto sentido como que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la American Immigration Lawyers Association.
El gobierno ha rechazado las críticas que lo acusan de tomar el control de los tribunales para acelerar sus metas de deportaciones. La portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, señaló en un comunicado que el DHS decide si arrestar o no a los inmigrantes, y que la mayoría de los jueces consideran un “honor y no un insulto” que se refiera a ellos como funcionarios inferiores con atribuciones conferidas por la Constitución y trabajar a discreción del secretario de Justicia.
Baldassarre comparó el incremento récord de solicitantes de asilo durante el gobierno de Joe Biden con una “conspiración indebida entre el DHS y los tribunales de inmigración para llevar a cabo una amnistía ilegal para cientos de miles de extranjeros ilegales”. El Departamento de Justicia, agregó, ha “restablecido la integridad, la imparcialidad y la independencia de los tribunales”.
El DHS no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios.
Abogados del gobierno temen acoso y viven atormentados
Para algunos, el trabajo en los tribunales se ha convertido en una rutina estresante y solitaria. El miedo prevalece. Actualizan sus currículums constantemente.
Un abogado del Departamento de Seguridad Nacional relató como el sonido de los grilletes de los inmigrantes a los que ayudó a detener lo atormenta por las noches. El abogado se unió al gobierno después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, convencido de que proteger las fronteras de Estados Unidos era un deber patriótico.
Aún conserva con cariño un ejemplar firmado de “La noche”, el primer libro de las memorias de Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel, el cual le fue entregado en un seminario de trabajo. “Piensa en grande, siente con mayor profundidad”, dice la dedicatoria del autor en el libro, que está marcado como “Material de capacitación” del DHS.
Hoy, su mensaje le atormenta.
“Ninguno de nosotros nos apuntamos para esto”, agregó.
Luego de un verano turbulento, los juzgados también empiezan a verse vacíos. Al darse a conocer las noticias de que se les ha tendido una trampa, muchos inmigrantes que tienen miedo de ser arrestados han empezado a presentar solicitudes para comparecer a través de videoconferencias o simplemente no se presentan a las audiencias.
En tanto, gerentes ambiciosos reprenden públicamente a quienes cuestionan la legalidad de encarcelar a migrantes sin antecedentes penales en instalaciones hacinadas. En un reciente foro público con Charles Wall, principal asesor jurídico del DHS, varios abogados se quejaron de la presión, las órdenes confusas y la falta de recursos, según las notas de la reunión compartidas con la AP.
Wall respondió que es probable que este ritmo continúe durante años, según las notas. Cuando un empleado federal preguntó sobre la posibilidad de llevar armas de fuego al trabajo por temor al acoso de los activistas dentro de los juzgados, Wall respondió que los jueces no deben dudar en expulsar al público. Wall no pudo ser contactado para obtener comentarios.
“Quiero regresar a mi país”
Las duras tácticas han tenido un efecto deseado por el gobierno: las salidas voluntarias de inmigrantes se han disparado y más de 14.000 personas han solicitado autorización judicial para autodeportarse en los primeros ocho meses de 2025, según datos federales recopilados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que promueve la transparencia en los procesos migratorios. Esa cifra supera el total de los últimos cinco años. Es casi seguro que la cifra real sea inferior debido a que la mayoría de los inmigrantes no retiran su solicitud de asilo antes de dejar el país voluntariamente.
En el tribunal de inmigración de Tacoma, Washington, los detenidos se presentaron uno tras otro con la misma solicitud.
“Quiero regresar a mi país”, le dijo un venezolano a la jueza Theresa Scala.
“Quiero irme del país”, expresó un hombre originario de México.
Los inmigrantes saben a lo que se enfrentan: centros de detención con nombres ominosos —“Alcatraz de los Caimanes”, “El Encierro de Luisiana” y “Speedway Slammer” (Cárcel de Vía Rápida)—, además de redadas en centros de trabajo y operativos policiales en sus vecindarios.
Jueces destituidos por ser demasiado liberales
Tania Nemer cree que tenía la vocación para ser jueza. Desde el estrado del tribunal de inmigración de Cleveland, se enorgullecía de escuchar atentamente la solicitud de asilo de cada persona.
“Hay una sencillez en todo esto que me encantaba”, dijo a la AP. “Si puedes impartir justicia de manera eficiente, en verdad puedes ayudar a mucha gente”.
La decisión de postularse para jueza de inmigración en 2023 fue sumamente personal. Su padre huyó de las revueltas en Líbano y llegó a Ohio a los 16 años con 6 dólares en el bolsillo. Lavó autos, aprendió inglés y finalmente abrió un bar que lleva su nombre —Manny’s Pub—, el cual le permitió mantener a su familia. Cuando Nemer se casó, su regalo de bodas fueron los seis billetes de un dólar sin gastar, para que nunca olvidara sus raíces.
Pero la pasión de Nemer por el derecho se desvaneció el 5 de febrero. En plena audiencia, su supervisor abrió la puerta del juzgado y le dijo que tenía que acompañarlo.
“En cuanto dijo: ‘Toma tu identificación’, supe que me iban a despedir”, detalló.
Aún en estado de shock, se le entregó una carta de dos párrafos firmada digitalmente por Sirce Owen, el director interino de la EOIR, la cual explicaba que estaba siendo destituida porque la agencia “ha determinado que no es apropiado mantenerla en el cargo, y le agradecemos su servicio”.
No se le dio ninguna justificación. Pero cree que sabe algunas de las razones: su apellido árabe, su experiencia previa para representar a inmigrantes, y sus estudios sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la Universidad de Cornell. Presentó una queja por discriminación ante el Departamento de Justicia para descubrir por qué la despidieron; la queja fue desestimada.
Nemer fue la primera jueza despedida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero 86 más le han seguido desde entonces. Decenas más aceptaron la oferta de renuncia del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
La mayoría fueron contratados durante la presidencia del demócrata Joe Biden y aún cumplen períodos de prueba de dos años, según una lista de jueces despedidos obtenida por la AP.
No está claro quién ordenó los despidos ni cómo fueron elegidos. Pero los jueces destituidos concedieron asilo en porcentajes notablemente superiores a los de sus colegas —en aproximadamente la mitad de todos los casos desde agosto de 2023, en comparación con el 34% a nivel nacional, según Mobile Pathways.
Entre los destituidos se encontraban los 10 que figuraban en la Lista de Seguimiento Burocrático del DHS, un sitio web creado el año pasado con fondos de la Heritage Foundation, cuyo “Proyecto 2025” establece una visión conservadora para las decisiones políticas y de personal del segundo mandato de Trump.
La lista incluye nombres, fotos tomadas de Facebook, salarios y donaciones de campaña de quienes denomina “los burócratas de inmigración más subversivos de Estados Unidos”. Uno de los blancos fue Emmett Soper, un juez del norte de Virginia quien trabajó en la sede de la EOIR durante el gobierno de Biden.
“En cuanto vi eso, supe que las reglas estaban cambiando, que yo estaba bajo un microscopio que antes no existía”, dijo.
Tom Jones, el creador del sitio web, se negó a ser entrevistado.
Baldassarre, la portavoz del Departamento de Justicia, declaró que la agencia no va detrás de personas específicas, pero que evalúa continuamente a cada juez.
“Todos los jueces tienen una obligación legal, ética y profesional de ser imparciales y neutrales al dictar sentencia”, expresó Baldassarre. “Si un juez viola esa obligación al mostrar un sesgo sistemático a favor o en contra de alguna de las partes, la EOIR está obligada a tomar medidas para preservar la integridad de su sistema”.
La oleada de despidos y las nuevas directivas del Departamento de Justicia han tenido un efecto escalofriante. Los rechazos en las mociones para comparecer en videollamadas se triplicó después de la publicación de un memorándum en marzo pasado en el que se derogaba las directrices de la era Biden que instruían a los jueces a conceder generalmente dichas solicitudes, según datos de Mobile Pathways. La denegación de aplazamientos —que otorgan a los inmigrantes más tiempo para buscar asesoría legal— también se ha disparado, al igual que el número de casos clasificados como abandonados.
Nemer regresó en octubre a un tribunal de inmigración por primera vez desde que fue despedida para representar a un cliente mexicano a quien conoce desde hace 20 años y quien fue detenido por agentes no identificados. Mientras el hombre estaba en la cárcel, su novia, quien tenía cinco meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo.
La noticia del regreso de la exjueza se extendió rápidamente y un oleada de excolegas acudieron a la sala del tribunal para abrazarla y expresar consternación por su despido.
“Al tercer abrazo no pude contenerme más y simplemente comencé a llorar”, expresó.
La asistencia legal para inmigrantes se agota
Repelente contra insectos, protector solar, ventiladores y sombrillas compiten por espacio con las carpetas legales en la caja de una pickup Toyota al otro lado de la calle del tribunal de inmigración en San Antonio.
Esta es la nueva oficina de American Gateways.
El gobierno eliminó en abril pasado programas por valor de 30 millones de dólares destinados a brindar asistencia legal gratuita a inmigrantes, la gran mayoría de los cuales se representan a sí mismos ante el tribunal.
Pero los abogados de American Gateways aún vienen cuatro veces por semana y se instalan en un estacionamiento. La sala de conferencias que antes ocupaban dentro del juzgado ahora se utiliza como sala de descanso para los agentes del ICE.
La asistencia va desde ayudar a los inmigrantes a presentar mociones hasta ensayar qué dirán a los jueces. Cada que pueden, programan comparecencias virtuales para minimizar el riesgo de arresto.
Inmigrantes acuden a los tribunales federales para solicitar su liberación
El desmantelamiento de los tribunales de inmigración ha obligado a los inmigrantes a acudir al único lugar donde se preservan los estándares de independencia judicial: las cortes federales.
Desde que comenzaron las redadas en los juzgados, el pasado 15 de mayo, los inmigrantes han presentado más de 3.000 peticiones de habeas corpus —para determinar si una persona está detenida legalmente— en las que solicitan su liberación.
La avalancha de peticiones amenaza con saturar aún más al sistema federal, el cual tiene poca autoridad en casos de inmigración.
“El gobierno intenta acelerar el proceso a una velocidad poco razonable sin respetar el debido proceso”, dijo Annelise Araujo, abogada de inmigración con sede en Boston.
Una petición, presentada en Miami, era la de un hombre cubano detenido el mismo día en que él, su esposa estadounidense y su hija de 10 meses de edad se mudaron a su primera casa. Varios de los solicitantes afirmaron que sobrevivieron a la torturas de las pandillas en México, Ecuador y Venezuela.
Otro desafío legal surgió a raíz de la detención de un hombre brasileño con VIH cuatro días después de que su esposo falleció de un infarto. Mientras el cuerpo del esposo de Frederico Abreu aún se encontraba en la agencia funeraria, agentes del ICE tocaron a su puerta diciendo que tenían documentos del difunto.
Un padre apartado de su familia
Para quienes no pueden costear un abogado para presentar una demanda ante un tribunal federal las opciones pocas.
Uno de ellos era un hombre de Honduras quien se presentó ante un tribunal de inmigración del norte de Virginia acompañado de su esposa y su bebé. Otro de sus hijos, con discapacidad motriz, se impulsaba en una silla de ruedas adornada con luces intermitentes de colores. La familia pidió no ser identificada por miedo a nuevos problemas migratorios.
El juez rechazó la solicitud del gobierno para deportar al hombre. Pero segundos después, al salir de la sala del tribunal, fueron detenidos por cuatro agentes del ICE.
La esposa rompió en llanto mientras se aferraba al brazo de su esposo y suplicó en español: “Por favor, por favor”.
El esposo sostenía el portabebés con su bebé dormido. Su hijo jugaba con un celular.
“Necesito que se despida”, le dijo un agente al hombre. Entre lágrimas, él se arrodilló para abrazar a su hijo, quien se aferró a su padre y gritó repetidamente: “¡Papá! ¡Papá!”.
Finalmente, el padre logró separarse y comenzó a caminar con los agentes de ICE. El niño intentó ir tras ellos, pero uno de los agentes sujetó la parte trasera la silla de ruedas mientras el niño agitaba los brazos inútilmente.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó su arresto en julio. La familia dijo que fue deportado posteriormente. El DHS afirmó que el hombre aceptó abandonar el país voluntariamente y regresó a Honduras el 8 de octubre, luego de permanecer detenido durante tres meses.
Goodman informó desde Cleveland y Sullivan desde Minneapolis; los periodistas de la AP Cedar Attanasio, en Nueva York; Martha Bellisle, en Seattle y Tacoma, Washington; Jacques Billeaud, en Phoenix; Kate Brumback, en Atlanta; Eric Gay, en San Antonio, Texas; Valerie Gonzalez, en Harlingen, Texas; Aaron Kessler, en Washington; Gisela Salomón, en Miami; Rebecca Santana, en Annandale y Sterling, Virginia; Lea Skene, en Baltimore; Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City; Colleen Slevin, en Denver; Elliot Spagat en San Diego; Sophia Tareen, en Chicago e Indianápolis; Amy Taxin, en Santa Ana, California; y Julie Watson, en San Diego, contribuyeron a este despacho.
JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CHICAGO (AP) — Chicago ha entrado en lo que muchos consideran una nueva fase incómoda de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump que ya ha provocado miles de arrestos.
