WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron el jueves una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, lo que dejó tres muertos, parte de una campaña de meses del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en América Latina.

El ataque más reciente eleva a por lo menos 211 el número de personas que han muerto en ataques contra embarcaciones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses desde que, en septiembre de 2025, el gobierno de Trump inició una ofensiva contra los que denomina “narcoterroristas”.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que atacó a presuntos traficantes de drogas a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación estuviera transportando narcóticos. En un video publicado en la red social X puede apreciarse una lancha avanzando a gran velocidad por el agua antes de ser alcanzada por un proyectil y estallar en llamas.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” contra los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques, diciendo que se trata de un incremento necesario para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y las sobredosis mortales que cobran vidas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones, al igual que su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele introducirse a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

Los senadores exigieron el jueves que el Pentágono publique “video sin editar” de los ataques. Estos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y académicos del derecho militar. El primer ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos en 2025 generó especial preocupación entre algunos legisladores y quienes estudian el derecho militar.

Dos hombres que iban en la embarcación sobrevivieron al ataque inicial, en el que fallecieron otros nueve, y se aferraban a los restos cuando la nave fue atacada de nuevo, lo que los mató. La Casa Blanca confirmó el ataque posterior, e insistió en que se realizó “en defensa propia” para garantizar que la embarcación fuera destruida y de conformidad con las leyes de los conflictos armados.

Pero algunos expertos en derecho señalaron que un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal en cualquier circunstancia, hubiera o no conflicto armado.

El organismo de supervisión del Pentágono informó en mayo que planea investigar si las fuerzas armadas de Estados Unidos se apegaron a un marco de selección de objetivos establecido al llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la evaluación se centra específicamente en lo que se conoce como el Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos de seis fases, y no en la legalidad de los ataques, indicó la oficina del inspector general.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  THE ASSOCIATED PRESS

(AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — Se suponía que JD Vance pasaría la semana promocionando su nuevo libro, el tipo de evento que un posible candidato presidencial como el vicepresidente suele usar para hablar ante una amplia audiencia sobre su vida y sus valores antes de una campaña.

En cambio, el lanzamiento del segundo libro de Vance, "Comunión: Encontrando mi camino de regreso a la fe", se ha visto eclipsado en gran medida por otro asunto en el que ha puesto su nombre: el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán.

El vicepresidente republicano ha asumido el papel de principal defensor del acuerdo que él y el presidente Donald Trump firmaron con Teherán, concediendo una serie de entrevistas en las que ensalza el memorando de entendimiento como un éxito y publicando un vídeo que lo defiende .

Se trata de una aparición sorprendente para un político conocido por su escepticismo hacia las intervenciones militares extranjeras y que parecía reacio a hablar sobre el conflicto cuando Trump lo inició a finales de febrero.

El vicepresidente se verá obligado a involucrarse aún más en el desenlace del conflicto este viernes, cuando se espera que viaje a Suiza para dar inicio a una nueva fase de negociaciones con Irán. Inicialmente, se esperaba que asistiera a la ceremonia formal de firma del acuerdo, pero Trump lo firmó formalmente el miércoles.

Que Vance se convierta en un promotor incansable del acuerdo parece ser una apuesta arriesgada con la esperanza de que, si decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, los votantes lo recompensen por ser el rostro que ponga fin a un conflicto impopular.

Además, esto convierte a Vance en el principal chivo expiatorio en caso de que el acuerdo con Irán fracase.

Trump bromeó sobre esa posibilidad el miércoles.

“Si funciona, me llevaré el mérito. Si no funciona, culparé a JD”, dijo Trump.

Los funcionarios publican el texto del acuerdo tras la reacción negativa.

En un comunicado, la Casa Blanca calificó a Vance como la "mano derecha del presidente y un miembro invaluable del talentoso equipo de seguridad nacional del presidente".

“Por eso se le confió al vicepresidente la dirección de estas negociaciones junto con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales. “Lo que el presidente Trump y su equipo lograron en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones es sencillamente extraordinario y fortalecerá la seguridad estadounidense en los años venideros”.

Sin embargo, esta semana comenzó a crecer la reacción negativa, incluso por parte de los conservadores, después de que Estados Unidos firmara digitalmente el memorando de entendimiento con Irán el domingo.

Luke Schroeder, portavoz del vicepresidente, declaró: "Es lamentable que algunos republicanos intenten socavar los esfuerzos del presidente para lograr la paz en Oriente Medio y garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear".

Los funcionarios dieron respuestas contradictorias sobre cuándo publicarían el texto, pero las copias filtradas de un borrador provocaron rápidamente indignación y escepticismo entre los legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos , así como entre Israel y los defensores proisraelíes. Entre sus críticas figuraban la preocupación de que el acuerdo, destinado a abrir un período de negociación de dos meses, pareciera ofrecer a Irán ventajas iniciales sin garantizarle mucho a cambio, y que la razón declarada por Trump para iniciar el conflicto, impedir que Irán obtuviera un arma nuclear, siguiera sin resolverse.

Vance ha reiterado que Irán debe cumplir con sus obligaciones.

“Si no se comportan correctamente, no obtendrán ninguno de los beneficios de este acuerdo”, dijo el martes en el programa “Fox & Friends” de Fox News Channel.

En respuesta a las críticas y a las crecientes preguntas, Estados Unidos facilitó el miércoles a los periodistas el texto del acuerdo .

El acuerdo estipula que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, que se cree que están enterradas bajo escombros, deben, como mínimo, ser diluidas bajo supervisión internacional. También establece que Irán no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, un compromiso que ya había asumido anteriormente. Sin embargo, más allá de la declaración de que Estados Unidos e Irán negociarán sobre el programa nuclear iraní, aún quedan otros compromisos por definir.

Las críticas de la derecha persistieron tras la publicación del texto.

El locutor de radio conservador Erick Erickson, un halcón que ha defendido la guerra, dijo el miércoles: "Esto es una rendición estadounidense".

El senador republicano de Texas, Ted Cruz, un posible candidato presidencial para 2028, criticó el acuerdo y dijo a los periodistas: "Creo que el presidente, desafortunadamente, está recibiendo malos consejos".

La "Operación Furia Épica" de Trump ha enfurecido a sectores de su movimiento.

El conflicto, que ya se ha prolongado durante cuatro meses, ha dividido la amplia coalición "Make America Great Again" de Trump y ha enfadado tanto a quienes defendían una postura más dura contra Irán como a quienes se sentían atraídos por la política exterior de "Estados Unidos primero" de Trump, subrayada por un mensaje de "no a las nuevas guerras".

Los críticos, incluidos los republicanos, ya han comenzado a señalar con el dedo a Vance, cuestionando si el acuerdo se parece al acuerdo nuclear de 2015 alcanzado por el presidente demócrata Barack Obama y si este nuevo acuerdo logra los objetivos declarados de Trump para lanzar la guerra.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, aliado de Trump y partidario de una línea dura contra Irán, se había mostrado escéptico ante el acuerdo y se refirió a Vance en las redes sociales como "el artífice del acuerdo".

Tras la publicación del acuerdo, Graham emitió una tibia declaración de apoyo, diciendo: "Aún está por verse si Estados Unidos podrá alcanzar un acuerdo aceptable y verificable con Irán en relación con su programa nuclear y otros asuntos, pero no veo muchos inconvenientes en intentarlo".

Ben Domenech, editor de opinión de The Daily Wire, dijo en Fox News que todo lo que oía sobre el acuerdo "parecía malo" y pareció culpar a Vance aludiendo a su primer libro, "Hillbilly Elegy".

“¿Vamos a retroceder y convertirnos en una especie de Partido Republicano al estilo de Obama, un partido de paletos?”, dijo Domenech.

Los aliados republicanos dicen que Vance puede desenvolverse en la política.

La administración Trump no ha ofrecido sesiones informativas formales al Congreso sobre los detalles del memorándum, pero Vance ha comenzado discretamente a contactar con algunos senadores republicanos en el Capitolio.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio y estrecho aliado de Vance, afirmó que el vicepresidente sería capaz de tranquilizar incluso a los críticos dentro de su propio partido que se muestran escépticos ante el acuerdo, porque "JD es solo el mensajero del presidente, y el presidente les demostrará a todos que están equivocados".

El senador Kevin Cramer, demócrata registrado, dijo que el acuerdo "sin duda refuerza la experiencia en seguridad nacional y geopolítica" de Vance, quien pasó dos años como senador de los Estados Unidos por Ohio antes de ascender a la vicepresidencia.

Pero Cramer reconoció los riesgos que se avecinan si el acuerdo fracasa.

“Supongo que lo bueno es que, si no eres la persona número uno, puedes atribuirte el mérito y evitar riesgos, evitar las críticas, pero probablemente no sea tan fácil”, dijo Cramer.

Vance sostiene que Irán no es un atolladero como la guerra de Irak.

En las entrevistas concedidas esta semana, Vance ha intentado dirigirse directamente a los escépticos de su partido, lo que supone un anticipo de las difíciles explicaciones que podría verse obligado a dar como candidato en relación con la guerra.

En el programa de Megyn Kelly, el vicepresidente afirmó que los críticos "creen en la propaganda iraní" sobre el acuerdo. Sin embargo, reconoció la frustración de la derecha más intransigente, al tiempo que intentaba tranquilizar a los antiintervencionistas, asegurándoles que el conflicto con Irán no es comparable a la guerra de Irak, donde sirvió como infante de marina.

“Nunca íbamos a caer en el atolladero que preocupaba a mucha gente porque Donald Trump simplemente no es George W. Bush”, dijo.

Los demócratas han recalcado que, si bien Vance se convierte en la figura principal del acuerdo con Irán, el destino de cualquier funcionario de la administración que albergue aspiraciones presidenciales —en particular el belicista secretario de Estado Marco Rubio, quien se ha mantenido en gran medida en silencio durante las fases finales del acuerdo— estará ligado a su resultado.

“Creo que el éxito o el fracaso de cualquier miembro de esta administración dependerá de la guerra con Irán y de su gestión de la economía, y no creo que haya excepciones”, dijo el senador Brian Schatz, demócrata por Hawái.

El periodista de Associated Press, Will Weissert, contribuyó a este informe.

MICHELLE L. PRICE cubre la Casa Blanca. Anteriormente cubrió la campaña presidencial de 2024, así como política, gobierno y otras noticias en Nueva York, Nevada, Utah y Arizona. Reside en Washington.

SEUNG MIN KIM cubre la Casa Blanca para Associated Press. Se unió a AP en 2022 y reside en Washington. Kim también es analista política para CNN.

(Foto AP/Matt Rourke)

El Departamento de Justicia de la administración Trump está impugnando varias leyes estatales aprobadas por los demócratas de Virginia que atentan contra la labor de los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en materia de inmigración.

La demanda, presentada en la División de Richmond del Distrito Este de Virginia, impugna las leyes estatales que pretenden prohibir que los agentes federales del orden público usen mascarillas y restringir los acuerdos 287(g) entre las autoridades federales de inmigración y las agencias policiales estatales y locales.

El Departamento de Justicia argumenta que la prohibición del uso de mascarillas faciales intenta regular ilegalmente al gobierno federal y amenaza a los funcionarios federales con ser procesados ​​por ocultar sus identidades.

«Los agentes del orden arriesgan sus vidas a diario para proteger a los estadounidenses y no merecen ser víctimas de acoso ni de la divulgación de información personal por el simple hecho de cumplir con su deber», declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado. «Las políticas de Virginia contrarias a las fuerzas del orden regulan al gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes son inaceptables».

La Mancomunidad de Virginia, el Fiscal General Jay Jones y el Fiscal de la Mancomunidad del Condado de Fairfax, Steve Descano, fueron nombrados como demandados en la demanda. Jones declaró que su oficina está revisando la demanda.

“Mantenemos nuestra firme misión de proteger el derecho de los virginianos a comunidades seguras y a una aplicación transparente de la ley”, declaró en un comunicado a ARLnow.

La demanda hace referencia al proyecto de ley SB 783 y al proyecto de ley complementario HB 1441 , que prohibirán a las fuerzas del orden estatales y locales celebrar acuerdos 287(g) para colaborar con la aplicación de la ley federal de inmigración civil cuando las leyes entren en vigor el 1 de julio. La gobernadora Abigail Spanberger (demócrata) había ordenado a las agencias estatales en febrero que pusieran fin a los acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En documentos presentados ante el tribunal , el gobierno federal afirmó que la legislación que restringe los acuerdos federales de inmigración es "inconstitucional".

“Virginia pretende anular las leyes del Congreso que establecen que el ICE puede celebrar acuerdos con estados y localidades en los que el ICE capacita a funcionarios locales en materia de control de la inmigración y les otorga la autoridad para llevar a cabo dichas tareas bajo el amparo de la ley federal”, declaró el Departamento de Justicia en la demanda.

La ley SB 352 y su proyecto de ley complementario HB 1482 , que también entraron en vigor el 1 de julio, prohíben a los agentes del orden público usar mascarilla mientras desempeñan sus funciones. La legislación contempla excepciones para quienes usan cubrebocas por motivos de salud, para los miembros de equipos especiales de armas y tácticas, y para las agencias policiales que cuenten con políticas escritas que restrinjan su uso. Un agente del orden público que use mascarilla infringiendo la ley estatal enfrentaría un delito menor de Clase 1.

Spanberger, quien firmó los proyectos de ley en abril, se mantiene firme en su apoyo a estas políticas.

“Como exfuncionario federal encargado de hacer cumplir la ley, el gobernador Spanberger sabe que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de ganarse la confianza pública son requisitos indispensables para defender el estado de derecho y mantener a los virginianos a salvo”, declaró un portavoz de la oficina del gobernador. “Que los agentes del orden público usen mascarillas en las calles estadounidenses socava estas expectativas básicas de rendición de cuentas, siembra miedo y confusión, y erosiona la confianza pública que la policía ha trabajado durante años para construir en sus comunidades”.

El delegado Alfonso López (D-3), que representa a parte de Arlington, había patrocinado el proyecto de ley HB 1441 para restringir los acuerdos 287(g) entre las fuerzas del orden locales y estatales y las autoridades federales de inmigración.

“Se trata de proteger a los virginianos y mantener la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden”, declaró López a ARLnow. “El propósito del proyecto de ley HB1441 es permitir que las fuerzas del orden estatales y locales actúen con discreción al momento de participar en operaciones federales”.

El senador estatal del condado de Fairfax, Saddam Azlan Salim (demócrata por el distrito 37), quien presentó las versiones del Senado de la prohibición del uso de mascarillas y las restricciones a los acuerdos federales de inmigración , declinó hacer comentarios sobre los detalles de las impugnaciones legales.

“Como legislador estatal, cada proyecto de ley que presento es revisado por los abogados imparciales de la División de Servicios Legislativos y se elabora para que sea compatible con nuestras constituciones estatal y federal”, declaró Salim en un comunicado. “Sin embargo, mi trabajo consiste en negociar la política y lograr que los proyectos de ley se conviertan en ley”.

Spanberger adoptó una postura ambivalente respecto a los proyectos de ley de inmigración de la Asamblea General. El gobernador vetó la legislación ( SB 351 y HB 650 ) que restringiría a los agentes federales de inmigración la realización de arrestos civiles en ciertos lugares públicos, incluidos juzgados, escuelas y centros de salud.

Los vetos fueron acompañados de una orden ejecutiva que instruía a las agencias estatales a prohibir que el gobierno federal accediera a propiedades estatales o las utilizara como base para la aplicación de las leyes de inmigración civil, a menos que los agentes contaran con una "orden judicial válida". La orden también instruyó al gobierno estatal a elaborar directrices para fiscales locales, hospitales, escuelas y funcionarios electorales sobre cómo manejar las interacciones con los agentes federales de inmigración.

Esta historia fue publicada originalmente por ARLnow y distribuida a través de una colaboración con Associated Press.

Por  Emily Leayman/ARLnow

(Mike Kropf/Richmond Times-Dispatch vía AP, Pool, Archivo)

EVIAN-LES-BAINS, Francia (AP) — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que estaba retrasando la nominación del fiscal federal Jay Clayton para dirigir la comunidad de inteligencia estadounidense en un intento por obligar al Congreso a actuar sobre un proyecto de ley de identificación de votantes que actualmente carece del apoyo suficiente para su aprobación.

El presidente republicano anunció en una publicación en redes sociales, apenas unas horas antes de la audiencia de confirmación de Clayton, que mantendría a Bill Pulte, un alto funcionario de vivienda de EE. UU., como director interino de inteligencia nacional. Legisladores demócratas y republicanos se habían opuesto a la elección de Pulte por parte de Trump, alegando su falta de experiencia en inteligencia y el uso que hace de su cargo en la administración para atacar a quienes considera adversarios del presidente; una resistencia que la semana pasada obligó a Trump a recurrir a Clayton.

El anuncio abrupto genera incertidumbre inmediata sobre el liderazgo a largo plazo de la comunidad de inteligencia, compuesta por 18 agencias, y frustra las esperanzas de una rápida renovación de un programa de vigilancia crucial que expiró en el Congreso la semana pasada debido al descontento bipartidista por la elección de Pulte por parte de Trump.

Esa herramienta, la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite a las agencias de espionaje recopilar sin una orden judicial las comunicaciones de extranjeros buscados que se encuentren fuera de Estados Unidos. Funcionarios de seguridad nacional de ambos partidos políticos principales han descrito durante años la Sección 702 como vital para obtener inteligencia que pueda frustrar ataques terroristas y operaciones de espionaje, aunque algunos legisladores y defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación por el uso que hace el gobierno de la información sobre ciudadanos estadounidenses que se recopila incidentalmente a través de este programa.

Clayton tenía previsto comparecer el miércoles en una audiencia de confirmación en el Senado, la cual se aceleró debido a la expiración del programa. Los demócratas habían declarado que no renovarían los programas de vigilancia caducados hasta que Trump retirara la candidatura de Pulte.

La publicación de Trump sugiere que el debate para reactivar la Sección 702 podría posponerse indefinidamente. Los legisladores han alertado sobre el hecho de que el gobierno opere sin la autorización del Congreso para utilizar esta poderosa herramienta de espionaje.

Una orden judicial del pasado mes de marzo certificó que el programa podía continuar durante otros 12 meses, aunque es posible que las empresas de telecomunicaciones impugnen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos.

En una publicación en redes sociales, Trump acusó a los demócratas de romper el acuerdo para renovar el programa tras su nominación de Clayton. Trump también afirmó que no desea destituir a Clayton de su cargo actual como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York antes de que se apruebe a su reemplazo, James McDonald. McDonald fue nombrado para el puesto en el Departamento de Justicia el sábado.

Y Trump añadió otra condición: vincular su aprobación del programa de vigilancia a la aprobación de un proyecto de ley que exija a las personas mostrar una identificación para votar.

“Por lo tanto, para añadir un poco de intriga, pero por el bien de la nación y del pueblo de nuestro país, no aprobaré la FISA sin que vaya acompañada de la LEY PARA SALVAR A ESTADOS UNIDOS”, dijo Trump, utilizando el acrónimo del programa de vigilancia y su nombre para el proyecto de ley de identificación de votantes.

El Congreso, controlado por los republicanos, no ha actuado sobre el proyecto de ley de votación porque no cuenta con el apoyo suficiente en ninguna de las dos cámaras, en particular por parte de los demócratas.

Trump hizo el anuncio en Evian-les-Bains, Francia, donde participaba en el último día de la cumbre del Grupo de los Siete, que reúne a las principales economías industrializadas.

El puesto de directora de inteligencia quedó vacante después de que Tulsi Gabbard, quien ocupaba el cargo, anunciara el mes pasado su dimisión para pasar tiempo con su marido, que lucha contra el cáncer.

Clayton, quien presidió la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, ha pasado los últimos 14 meses como el principal fiscal federal en Manhattan, uno de los puestos más importantes del Departamento de Justicia.

Durante ese tiempo, su oficina facilitó la apertura de miles de páginas de expedientes judiciales de los procesos contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, documentos que se hicieron públicos como parte de la divulgación por parte del Departamento de Justicia de los registros relacionados con el fallecido delincuente sexual y su confidente de toda la vida.

Clayton también ha supervisado el procesamiento del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos de narcotráfico.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para que Epstein abusara sexualmente de ellas, pero insiste en su inocencia. Maduro y su esposa han protestado por su captura y afirman ser inocentes.

Superville informó desde Ginebra. Tucker y Jalonick informaron desde Washington.

AAMER MADHANI es reportero de la Casa Blanca para Associated Press y su cobertura se centra en la política exterior de Estados Unidos. Puede contactarlo de forma segura a través de Signal en aamermadhani.39.

DARLENE SUPERVILLE cubre la Casa Blanca para Associated Press, con especial énfasis en las primeras damas y las familias presidenciales.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

Por  AAMER MADHANI , DARLENE SUPERVILLE , ERIC TUCKER y MARY CLARE JALONICK

(Foto AP/Seth Wenig, archivo)