NASHVILLE, Tennessee (AP) — Jueces federales en dos estados considerarán el viernes impugnaciones al trato que el gobierno dio a Kilmar Abrego García , cuya deportación errónea a El Salvador galvanizó la oposición a la amplia política migratoria y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump .
En Maryland, Abrego García ha impugnado los intentos de redeportarlo a un tercer país después de que el gobierno admitiera que una orden previa impide su deportación a su país de origen, El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció recientemente que planea deportarlo a Esuatini , un país del sur de África .
La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó a funcionarios del gobierno que testifiquen el viernes sobre las medidas que tomaron para expulsar a Ábrego García a Esuatini o a cualquier otro país. Sus abogados han denunciado que la administración republicana intenta utilizar ilegalmente el sistema de inmigración para castigarlo tras la vergüenza de su deportación errónea.
Mientras tanto, abogados en un tribunal penal de Tennessee han presentado alegaciones similares sobre los cargos de tráfico de personas presentados contra Ábrego García en junio, el día en que fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador. El juez de Tennessee ha concluido que el procesamiento de Ábrego García podría ser una represalia ilegal tras haber demandado con éxito a la administración Trump por su deportación.
Los cargos de contrabando se derivan de una detención de tráfico en Tennessee en 2022. Abrego García no fue acusado en ese momento, y los agentes no comenzaron a investigar la detención hasta principios de este año, después de que su esposa presentara una demanda por su deportación. La audiencia del viernes determinará qué tipo de documentos pueden presentar los abogados de Abrego García en el proceso de descubrimiento de pruebas para intentar probar su caso de represalias.
Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el jueves el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio hacia el presidente Donald Trump.
Durante una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, aun cuando señaló que no existían pruebas médicas que la sustentaran. También describió erróneamente la anatomía de una mujer embarazada y relacionó el autismo con la circuncisión.
"Cualquiera que tome esta sustancia durante el embarazo, a menos que sea estrictamente necesario, es irresponsable", dijo Kennedy a Trump y a sus compañeros del gabinete. "No es una prueba. Estamos realizando los estudios necesarios para demostrarlo".
Kennedy ha defendido durante mucho tiempo creencias poco convencionales sobre la salud pública, que han suscitado preocupación entre los expertos médicos de que, como secretario de salud, podría alterar las políticas sanitarias del país basadas en la evidencia.
Kennedy comentó durante la reunión que había visto un video de TikTok el jueves, en el que, según él, aparecía una mujer embarazada "engullendo Tylenol" y maldiciendo a Trump. "El nivel de trastorno mental de Trump ha dejado de ser un problema político y ahora es patológico", afirmó. Kennedy también dijo que la mujer tomaba Tylenol "con un bebé en la placenta".
El feto se desarrolla en el útero, no en la placenta. La placenta es un órgano temporal que se desarrolla en el útero durante el embarazo y proporciona oxígeno, nutrientes y hormonas al feto en crecimiento.
La declaración de Kennedy se produjo dos semanas después de que apoyara a Trump en la Casa Blanca mientras el presidente usaba su cargo para promover vínculos no probados y, en algunos casos, desacreditados entre el Tylenol, las vacunas y el autismo.
Kennedy también dijo el jueves que los bebés varones circuncidados tienen el doble de tasa de autismo porque les dan Tylenol después del procedimiento.
Esta afirmación parece referirse a un estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine de 2015, que analizó la circuncisión ritual y el riesgo de trastorno del espectro autista en niños menores de 10 años en Dinamarca.
Se descubrió que quienes se sometieron al procedimiento, que consiste en la extirpación del prepucio del pene, tenían mayor probabilidad de desarrollar autismo que otros niños del estudio. Los investigadores sugirieron que una posible relación podría deberse al dolor del procedimiento. Los investigadores señalaron que no contaban con datos sobre los analgésicos ni los anestésicos utilizados, por lo que no pudieron determinar si el Tylenol estaba relacionado con el autismo.
Otros investigadores señalaron que el estudio de Dinamarca analizó la correlación, no la causalidad. También señalan otros estudios que no hallaron evidencia que sustente un vínculo entre la circuncisión y el autismo.
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THOMAS BEAUMONT cubre política nacional para The Associated Press. Reside en Des Moines, Iowa.
LAURA UNGAR cubre temas de medicina y ciencia en el equipo de Salud y Ciencia Global de AP. Lleva más de dos décadas trabajando como periodista de salud.
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Illinois enfrenta un escrutinio legal el jueves en una audiencia judicial crucial que tendrá lugar el día después de que un pequeño número de tropas de la Guardia comenzara a proteger propiedad federal en el área de Chicago .
La jueza federal de distrito April Perry escuchará los argumentos sobre una solicitud para bloquear el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y las autoridades locales se oponen firmemente al uso de la Guardia Nacional.
Un "elemento" de los 200 efectivos de la Guardia de Texas enviados a Illinois comenzó a trabajar en el área de Chicago el miércoles, según un portavoz del Comando Norte de EE. UU., quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder comentar detalles operativos que no se han hecho públicos. El portavoz no especificó adónde fueron enviadas las tropas.
Las tropas, junto con unas 300 de Illinois, llegaron esta semana al Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están bajo el Comando Norte y llevan 60 días de servicio.
Los miembros de la Guardia Nacional se encuentran en la ciudad para proteger los edificios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras instalaciones federales, así como al personal policial, según el Comando Norte. Trump envió tropas previamente a Los Ángeles y Washington, y esta semana un pequeño número comenzó a apoyar a las fuerzas del orden en Memphis.
Estas tropas forman parte del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, un conjunto de aproximadamente una docena de agencias federales del orden público, ordenado por Trump para combatir la delincuencia en la ciudad. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, apoya el uso de la Guardia Nacional.
La Ley Posse Comitatus, vigente desde hace casi 150 años, limita la función de las fuerzas armadas en la aplicación de las leyes nacionales. Sin embargo, Trump ha declarado que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal.
Chicago e Illinois han presentado una demanda para detener los despliegues, calificándolos de innecesarios e ilegales. Trump, por su parte, ha retratado a Chicago como un infierno de delincuencia sin ley, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución significativa reciente de la delincuencia.
El presidente republicano dijo el miércoles que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y Pritzker, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por no proteger a los agentes federales durante las medidas represivas contra la inmigración.
En una presentación judicial en la demanda, la ciudad y el estado dicen que las protestas en un centro de detención temporal de ICE en el suburbio de Broadview, en Chicago, "nunca han estado cerca de detener la aplicación de las leyes federales de inmigración".
“El presidente está usando las protestas de Broadview como pretexto”, escribieron. “El inminente despliegue de tropas federales en Illinois es el último episodio de una campaña más amplia de la administración presidencial para atacar jurisdicciones que le desagradan”.
También el jueves, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. tenía previsto escuchar argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón. El presidente había planeado desplegarlos en Portland, donde se han registrado principalmente pequeñas protestas nocturnas frente a un edificio de ICE. Los líderes estatales y municipales insisten en que las tropas no son necesarias ni deseadas allí.
El domingo, la jueza de distrito estadounidense Karin J. Immergut otorgó a Oregón y California una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland. Trump había movilizado tropas californianas a Portland apenas horas después de que Immergut le impidiera usar la Guardia Nacional de Oregón.
La administración aún tiene que apelar esa orden ante el Noveno Circuito.
Immergut, a quien Trump nombró durante su primer mandato, rechazó las afirmaciones del presidente de que se necesitaban tropas para proteger Portland y las instalaciones de inmigración, diciendo que "habían pasado meses desde que hubo un nivel sostenido de actividad de protesta violenta o disruptiva en la ciudad".
Los escritores de Associated Press Gene Johnson en Seattle y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este informe.
La semana que viene se cumple un plazo para que los periodistas que cubren el ejército estadounidense deban firmar una declaración reconociendo nuevas restricciones sobre su forma de hacer su trabajo o arriesgarse a ser expulsados del Pentágono, lo que parece encaminarlos a un enfrentamiento con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Las negociaciones para cambiar algunas de las restricciones “no han sido tan exitosas como esperábamos”, dijo el miércoles la Asociación de Prensa del Pentágono.
Las reglas limitan los lugares a los que pueden ir los periodistas sin una escolta oficial y transmiten "un mensaje de intimidación sin precedentes" para cualquiera en el Departamento de Defensa que quiera hablar con un periodista sin la aprobación del equipo de Hegseth, dijo la asociación en un comunicado.
Cuando se emitió la nueva política hace dos semanas, las organizaciones de noticias estaban preocupadas de que firmar las reglas transmitiera su acuerdo con ellas, incluida una restricción de no informar sobre ninguna noticia, incluso si no estaba clasificada, sin aprobación oficial.
El Pentágono ahora dice que no puede impedir que los periodistas informen noticias, pero puede revocar las credenciales de los periodistas que pidan información a cualquier persona del Departamento de Defensa sin una aprobación oficial.
“Reconocemos y agradecemos que el Pentágono ya no exija a los periodistas que expresen su conformidad con la nueva política como condición para obtener credenciales de prensa”, declaró la asociación de prensa. “Sin embargo, el Pentágono sigue pidiéndonos que confirmemos por escrito nuestra comprensión de políticas que parecen diseñadas para reprimir la libertad de prensa y potencialmente exponernos a un proceso judicial por el simple hecho de hacer nuestro trabajo”.
La asociación no emite recomendaciones sobre si los miembros deberían o no firmar. El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, que también ha estado en contacto con el Pentágono sobre esta política, afirmó que aún tiene inquietudes y prevé que "supondrá un impedimento significativo mientras los periodistas evalúan con sus empleadores si firmar o no".
La RCFP no respondió a los mensajes preguntando si estaba recomendando un curso de acción para los periodistas.
Cambiar reglas que han funcionado durante años bajo diferentes presidentes
La Asociación de Prensa del Pentágono también dijo que le sorprendió saber que el departamento estaba planeando trasladar al cuerpo de prensa de su espacio de trabajo actual, lo que sugiere que probablemente aislará aún más a los periodistas.
Los periodistas del Pentágono han estado operando bajo las mismas reglas desde la administración de Eisenhower, incluido el primer mandato del presidente Donald Trump, dijo la asociación, y cualquier sugerencia de que están merodeando en oficinas donde no se les permite es absurda.
Un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios.
En una entrevista con Fox News el fin de semana pasado, Hegseth dijo: «No estamos jugando. No permitimos que nadie deambule por el edificio».
“Sí, pueden estar en la zona de prensa, en la sala de reuniones, pero si quieren moverse por el edificio, tendrán una credencial, se les dará permiso, serán escoltados al hacerlo, y esperamos que no soliciten información clasificada o sensible”, dijo. “Creo que el pueblo estadounidense considera este tipo de cosas como algo de absoluto sentido común. El cuerpo de prensa del Pentágono puede delatar todo lo que quiera”.
Trump ha ejercido presión sobre las organizaciones de noticias de diversas maneras, como ABC News y CBS News, que han llegado a acuerdos en demandas relacionadas con su cobertura. Trump también ha demandado a The New York Times y al Wall Street Journal , y ha intentado cortar la financiación de servicios gubernamentales como la Voz de América y Radio Free Europe/Radio Liberty .
“Limitando la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre el ejército estadounidense no se honra a las familias estadounidenses que han confiado a sus hijos e hijas para servir en él, ni a los contribuyentes responsables de dar al departamento cientos de miles de millones de dólares al año”, afirmó la Asociación de Prensa del Pentágono en su declaración.
“El pueblo estadounidense merece saber cómo se gestionan sus fuerzas armadas”.
ELWOOD, Illinois (AP) — Las tropas de la Guardia Nacional están posicionadas en las afueras de Chicago y podrían llegar a Memphis el viernes, mientras el gobierno de Trump avanza con una política agresiva contra el crimen en las grandes ciudades, independientemente de que los líderes locales la apoyen o no.
Miembros de la Guardia Nacional de Texas se habían instalado en un centro de la Reserva del Ejército en Illinois la madrugada del miércoles, a pesar de una demanda y la enérgica oposición de los líderes demócratas electos. Su misión exacta no estaba clara, aunque la administración Trump mantiene una agresiva operación de control migratorio en la tercera ciudad más grande del país, y los manifestantes se han congregado con frecuencia frente a un edificio de inmigración en las afueras de Chicago, en Broadview.
El presidente ha calificado a Chicago como un “infierno” de delincuencia, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.
En Memphis, Tennessee, la jefa de policía Cerelyn Davis dijo que un pequeño grupo de comandantes ya estaba en la ciudad, planeando la llegada de las tropas de la Guardia.
El gobernador republicano Bill Lee ha dicho que las tropas serán designadas por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para "desempeñar un papel de apoyo crítico" para la aplicación de la ley local, aunque ese papel aún no ha sido definido con precisión.
La propuesta del presidente Donald Trump de desplegar las fuerzas armadas en territorio estadounidense, a pesar de la oposición local, ha desatado un conflicto con los gobernadores de estados demócratas . Illinois y Chicago instan a un juez federal a detener la "guerra" declarada por Trump contra el estado. La audiencia judicial sobre su demanda está programada para el jueves. En Oregón, un juez bloqueó el fin de semana el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, predijo que se desplegarían tropas de la Guardia Nacional del estado, junto con 400 de Texas. Acusó a Trump de usar a las tropas como "objetos políticos" y "peones", y afirmó que Washington no le había avisado sobre su despliegue.
Associated Press vio a militares uniformados con el escudo de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, a 89 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones con la identificación de Servicios de Emergencia para Desastres descargaron sanitarios portátiles y otros suministros. Se instalaron remolques en filas. Se instaló una valla adicional en el perímetro.
La Ley Posse Comitatus, vigente desde hace casi 150 años, limita la función de las fuerzas armadas en la aplicación de las leyes nacionales. Sin embargo, Trump ha declarado que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal.
La Administración Federal de Aviación ordenó restricciones de vuelo sobre el Centro de Reserva del Ejército por razones de seguridad hasta el 6 de diciembre.
Agentes armados de la Patrulla Fronteriza que realizan arrestos cerca de lugares emblemáticos han aumentado la preocupación tras la ofensiva migratoria que comenzó el mes pasado . Los agentes se han centrado en zonas con gran población inmigrante y mayoritariamente latina.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración y a otros utilizar propiedades de la ciudad como áreas de preparación para operaciones de cumplimiento de la ley.
Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades, entre ellas Baltimore, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.
La mayoría de los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en los últimos años. En Chicago, los homicidios se redujeron un 31% hasta agosto, alcanzando los 278, según datos policiales. En Portland, los homicidios de enero a junio disminuyeron un 51% este año, hasta 17, en comparación con el mismo período de 2024.
En Portland, meses de protestas nocturnas en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continuaron el martes por la noche. En junio, la policía declaró un motín y desde entonces se han producido enfrentamientos menores.
Un tribunal de apelaciones ha programado argumentos para el jueves en el intento del gobierno de desplegar la Guardia en Portland.
La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, dijo el martes que le dijo a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que "no hay insurrección" en el estado.
El jefe de policía de Portland, Bob Day, dijo el martes que el departamento necesita trabajar más de cerca con los agentes federales mientras busca poner más oficiales en las instalaciones de ICE.
Noem le dijo a Fox News el martes que le dijo al alcalde de Portland, Keith Wilson, que si la ciudad no reforzaba la seguridad en el edificio de ICE, obtenía respaldo de la policía local y tomaba otras medidas de seguridad, entonces "íbamos a enviar cuatro veces la cantidad de oficiales federales aquí".
En septiembre, un juez federal dijo que la administración violó “intencionadamente” la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante las protestas contra las redadas de inmigración.
Fernando informó desde Chicago. Los reporteros de Associated Press Claire Rush en Portland, Oregón; Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Ed White en Detroit; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este reportaje.
CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.
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NASHVILLE, Tennessee (AP) — Jueces federales en dos estados considerarán el viernes impugnaciones al trato que el gobierno dio a Kilmar Abrego García , cuya deportación errónea a El Salvador galvanizó la oposición a la amplia política migratoria y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump .
