Nashville, Tennessee (AP) — Un juez ordenó temporalmente al Departamento de Salud de Tennessee que no proporcione a las autoridades de inmigración información sobre aproximadamente 400 niños inmigrantes gravemente enfermos y discapacitados que están inscritos en un programa de asistencia sanitaria.

La orden de restricción se emitió el miércoles a petición de tres médicos de Nashville que tratan a algunos de esos niños y que interpusieron una demanda después de que funcionarios estatales enviaran cartas a proveedores y familias inmigrantes indicando que una nueva ley les obligaba a compartir información de identificación de los participantes en el programa después de finales de junio.

La ley formaba parte de un grupo de proyectos de ley que los republicanos de Tennessee presentaron este año para apoyar la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump.

 

Un portavoz de la fiscalía estatal declaró el jueves que no tenían comentarios sobre la demanda y que la denuncia estaba bajo investigación. Los funcionarios estatales no han respondido a la denuncia en los documentos judiciales.

“Esta es una decisión imposible para las madres, y pone en riesgo la vida y la dignidad de estos niños”, dijo Michele Johnson, directora ejecutiva del Centro de Justicia de Tennessee, que presentó la demanda en nombre de los médicos.

Johnson también indicó que el centro ha estado aconsejando a las familias que permanezcan en el programa mientras el caso se encuentra ante el tribunal. La audiencia está programada para el 2 de julio en Nashville.

El programa de Servicios Especiales para Niños, financiado en parte con fondos federales y que existe desde hace décadas, cubre los gastos médicos de los niños necesitados que padecen enfermedades graves como cáncer, parálisis cerebral, enfermedades convulsivas y diabetes.

Las cartas enviadas por el estado informaban a las familias que, en función de su estatus migratorio, serían denunciadas a la división de inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee si continuaban participando en el programa.

La nueva ley exigía a los organismos gubernamentales que verificaran la situación legal de todos los residentes antes de que pudieran obtener beneficios públicos, y formaba parte de un conjunto de proyectos de ley de los últimos años que tenían como objetivo la capacidad de los inmigrantes para trabajar, obtener licencias y acceder a la educación pública gratuita y otros servicios.

“Haremos todo lo posible para asegurarnos de que, si usted se encuentra aquí ilegalmente, tendremos los datos, habrá transparencia y no gastaremos el dinero de los contribuyentes en usted a menos que esté en la cárcel”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton, en enero.

Los médicos que interpusieron la demanda, todos ellos empleados de clínicas de Siloam Health que atienden a pacientes sin seguro médico y con acceso limitado a la atención sanitaria, declararon bajo juramento que algunos de sus pacientes temían no poder recibir la atención médica importante para sus hijos.

Según uno de ellos, algunos pacientes que recibieron la carta no se encuentran en el país de forma ilegal, sino que simplemente viven con familias con "estatus mixto", y abandonaron el programa o planeaban hacerlo debido a la amenaza de informar a las autoridades de inmigración.

La demanda argumenta que la implementación de la norma impediría a los médicos atender a sus pacientes.

“El daño será irreparable si el tribunal no interviene”, dijo Johnson.

KRISTIN M. HALLes una videoperiodista de Associated Press radicada en Nashville, Tennessee. Colabora en la dirección del reportaje en video en la región del Medio Sur.

(Foto AP/George Walker IV, archivo)

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses son víctimas de intentos de estafa a diario, y aproximadamente 3 de cada 10 han perdido dinero o información personal a causa de estafas, según una nueva encuesta de AP-NORC .

La encuesta, realizada en febrero por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC, pone de relieve la serie de obstáculos que los adultos estadounidenses deben sortear a diario al filtrar llamadas, ignorar mensajes o intentar averiguar si esa solicitud urgente de su proveedor de telefonía móvil es legítima.

Una encuesta independiente realizada por Gallup y la Stop Scams Alliance, que fue facilitada en exclusiva a la AP, reveló que solo el año pasado, aproximadamente 1 de cada 10 adultos estadounidenses afirmó que ellos o algún miembro de su hogar fueron engañados por un estafador, perdiendo dinero o proporcionando acceso a una cuenta financiera, y casi la mitad declaró haber perdido más de 500 dólares.

 Esto genera en muchos estadounidenses la sensación de estar constantemente en riesgo de ser víctimas de una estafa, a menudo sin saber cómo defenderse. En ambas encuestas, pocas víctimas afirmaron haber denunciado la estafa al gobierno federal o a las autoridades locales. Según Gallup, muchas víctimas no denunciaron la estafa porque no creían que eso marcaría la diferencia para recuperar su dinero.

“Hoy en día hay que ser bastante astuto”, dijo Adam Pratter, de 42 años. Ha tenido problemas con las aplicaciones de citas, e incluso llegó a enviar dinero a una persona que decía estar en el extranjero por un despliegue militar y necesitaba dinero para comprar comida. Se dio cuenta de que era una estafa cuando las solicitudes no cesaron.

Pratter opina que los bancos y las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de ayudar a las personas que han sido estafadas, pero también cree que el gobierno debe hacer más.

“Si la regulación federal quisiera intervenir y llegar a acuerdos con estas empresas para que estas personas recuperen su dinero, podría hacerlo”, dijo.

Para muchos estadounidenses, los intentos de estafa son constantes.

Según ambas encuestas, los estadounidenses están expuestos a constantes intentos de estafa. Más de la mitad (58%) de los adultos estadounidenses encuestados por AP-NORC afirmaron recibir diariamente mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes o anuncios en línea que sospechan que son estafas, mientras que la encuesta de Gallup del año pasado reveló que aproximadamente 4 de cada 10 personas sufrían intentos de estafa a diario.

Porschel Smith, de 22 años, recibe varias llamadas fraudulentas a diario, además de aún más correos electrónicos fraudulentos. Algunas estafas le resultan fáciles de identificar. «Mencionan diferentes tipos de programas que sé que no existen», comentó.

Pero a veces termina interactuando con el estafador antes de darse cuenta de que algo anda mal. "Algunos hackean tu cuenta y se hacen pasar por alguien que conoces", dijo. "Pero luego empiezo a hacer preguntas y me doy cuenta de que son estafadores".

Según la encuesta de AP-NORC, las personas mayores son más propensas a afirmar que reciben intentos de estafa a diario. Aproximadamente 7 de cada 10 adultos estadounidenses de 60 años o más dicen ser contactados por un presunto estafador al menos una vez al día, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses menores de 30 años.

Entre quienes han recibido presuntos intentos de estafa, la encuesta de AP-NORC reveló que los métodos más comunes de contacto relacionados con envíos de paquetes o transacciones bancarias fueron los relacionados con el envío de paquetes. Aproximadamente 4 de cada 10 personas contactadas por estafadores afirman que al menos uno de los intentos que recibieron en los últimos años se realizó a través de Facebook o Facebook Messenger, mientras que cerca de 2 de cada 10 dijeron que fue a través de WhatsApp, y una proporción similar dijo que fue a través de Instagram.

Alrededor del 30% de los adultos estadounidenses afirman haber sido víctimas de una estafa personal.

El impacto de las estafas es de gran alcance. Aproximadamente la mitad (51%) de los adultos estadounidenses conocen personalmente a alguien —como un amigo o familiar— que ha perdido dinero como resultado de una estafa, según la encuesta de AP-NORC, mientras que cerca de 3 de cada 10 adultos estadounidenses afirman haber sido víctimas de una estafa en la que entregaron dinero o información personal.

La encuesta de Gallup reveló que aproximadamente 1 de cada 10 adultos estadounidenses afirmó que ellos o un miembro de su hogar fueron víctimas de una estafa en 2025, y el 6% declaró haber sido estafado personalmente.

Según Gallup, aproximadamente la mitad de las personas cuyos hogares fueron víctimas de estafas el año pasado reportaron pérdidas de entre 125 y 2000 dólares.

Según una investigación de Gallup, aproximadamente 1 de cada 10 adultos estadounidenses ha sido víctima de estafas en múltiples ocasiones.

“No es fácil. Saben lo que hacen”, dijo Towonna Harris, de 50 años. Su hijo fue contactado una vez por estafadores que le prometieron dinero para la matrícula si autorizaba un cargo mínimo en su tarjeta de crédito, que rápidamente se convirtió en una serie de cargos mucho mayores.

También ha sufrido otros tipos de estafas a menor escala. «Pedí algunas cosas, pero nunca las recibí», comentó. «Pensé que era una empresa legítima, pero luego vi todas esas reseñas que decían que era una estafa».

Pocas víctimas de estafas denuncian los hechos a las autoridades.

Prácticamente todos los adultos estadounidenses creen que las estafas representan una amenaza "grave" o "leve" para los ciudadanos de EE. UU., pero pocos piensan que el gobierno esté haciendo lo suficiente para resolver el problema. Alrededor de 8 de cada 10 estadounidenses afirman que el gobierno está haciendo "definitivamente" o "probablemente" muy poco para prevenir las estafas, según la encuesta de Gallup, incluyendo a amplias mayorías de republicanos y demócratas.

Según ambas encuestas, cuando las personas son víctimas de estafas, es mucho más probable que acudan a instituciones financieras que al gobierno federal o a las autoridades policiales locales. Aproximadamente la mitad (55%) de las personas que fueron estafadas el año pasado denunciaron el hecho a un banco, cooperativa de crédito u otra institución financiera, según la encuesta de Gallup, pero solo el 18% contactó a las autoridades policiales estatales o locales, mientras que el 13% lo hizo ante las autoridades federales o la Comisión Federal de Comercio.

Según un estudio de Gallup, muchas víctimas no denuncian porque creen que no les servirá de nada o no saben adónde acudir. Entre las personas que fueron estafadas en 2025, el 75 % afirmó no haber denunciado porque pensaba que no marcaría la diferencia para recuperar su dinero, mientras que el 58 % no sabía adónde acudir.

En términos generales, los estadounidenses expresan muy poca confianza en saber cómo denunciar una estafa al gobierno si fuera necesario. Según la encuesta AP-NORC, la mayoría de los estadounidenses, el 55%, afirma tener mucha o muchísima confianza en que, si fueran víctimas de una estafa, sabrían cómo denunciarla a los bancos o a las compañías de tarjetas de crédito, pero solo alrededor de una cuarta parte confía igualmente en saber cómo denunciarla a las autoridades federales o estatales.

Según un estudio de Gallup, solo alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses afirmaron saber dónde denunciar una estafa si perdieran 5.000 dólares hoy en día.

Max Anderson, de 23 años, contó que sus padres son dueños de un pequeño negocio y fueron víctimas de una estafa costosa y compleja. “Un estafador logró suplantar la identidad de uno de sus empleados y cambió su información de depósito directo. Esto duró unos tres meses y la suma ascendió a 15 000 dólares”, explicó.

Según contó Anderson, finalmente su padre recibió ayuda del FBI.

“Me alegra que el gobierno haya intervenido para ayudar a mis padres, y creo que así es como debe ser”, dijo. “A estas alturas, es un problema lo suficientemente grave como para que el gobierno y las empresas tengan que hacer algo al respecto”.

Las reporteras de Associated Press, Mary Rajkumar, Juliet Linderman y Erika Kinetz, contribuyeron a este reportaje. La estudiante de la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad Northwestern, Molly Wallace, también contribuyó a este reportaje.

La encuesta AP-NORC, realizada entre el 19 y el 23 de febrero a 1133 adultos, utilizó una muestra del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error muestral para el total de adultos es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.

La encuesta de Stop Scams Alliance-Gallup, realizada entre el 8 de enero y el 18 de febrero a 5173 adultos, utilizó una muestra extraída del panel de Gallup, basado en probabilidades. El margen de error muestral para el total de adultos es de más o menos 1,4 puntos porcentuales.

AMELIA THOMSON-DEVEAUX

Thomson-DeVeaux es la editora de encuestas y sondeos de la AP.

(Foto AP/Patrick Sison, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Un extenso paquete legislativo destinado a reducir el costo de la vivienda e impulsar la construcción de más viviendas obtuvo la aprobación bipartidista del Congreso esta semana, pero se ha topado con un obstáculo importante para convertirse en ley: el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca apoyó la Ley de Vivienda del Siglo XXI, pero el miércoles Trump canceló la ceremonia de firma del proyecto de ley, diciendo que no firmaría la medida hasta que el Congreso apruebe una legislación que exija prueba de ciudadanía a todos los votantes.

Esto es lo que debes saber.

¿Qué importancia tiene esta legislación sobre vivienda?

Esta medida es la culminación de meses de negociaciones entre legisladores que combinaron decenas de proyectos de ley destinados a abordar cómo la asequibilidad de la vivienda, tanto para inquilinos como para aspirantes a propietarios en Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más inalcanzable para muchos estadounidenses.

El proyecto de ley reduciría las regulaciones federales, agilizaría las evaluaciones ambientales, aceleraría el proceso de construcción y frenaría la influencia de los propietarios corporativos al limitar su capacidad para comprar viviendas unifamiliares.

Sin embargo, no es la solución definitiva para todos los factores que contribuyen a la menor asequibilidad de la vivienda, incluyendo la escasez de mano de obra en la construcción, el aumento de los costos de los seguros y años de escaso crecimiento salarial en relación con el fuerte aumento de los alquileres y los precios de las viviendas.

Aun así, el proyecto de ley ha recibido un amplio apoyo del sector inmobiliario, incluidas organizaciones que representan a constructores de viviendas y propietarios de complejos de apartamentos, así como a defensores de la vivienda.

“Necesitamos que se construyan más viviendas, y una legislación que elimine las barreras a la construcción es justo lo que el mercado necesita ahora mismo”, afirmó Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin. “Los compradores de vivienda que esperaban una solución podrían tener que esperar aún más, y en un mercado que ya sufre escasez de oferta, eso es difícil de aceptar”.

¿Qué llevó a los legisladores a aprobar la primera ley importante de vivienda en décadas?

La vivienda se ha convertido en un tema candente entre los votantes en los últimos años, ya que la compra de viviendas y los alquileres en muchas zonas se han vuelto menos asequibles para muchos estadounidenses.

El mercado inmobiliario estadounidense se encuentra en recesión desde 2022, cuando los tipos de interés hipotecarios comenzaron a subir desde los mínimos alcanzados durante la pandemia. Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. se mantuvieron prácticamente estables el año pasado, en su nivel más bajo en 30 años. Si bien las ventas se aceleraron en mayo, alcanzando su ritmo más rápido desde diciembre , siguen rondando los 4 millones de unidades anuales, muy por debajo de la media histórica, que se sitúa en torno a los 5,2 millones, debido en parte a los elevados tipos de interés hipotecarios.

Años de precios de la vivienda disparados, especialmente a principios de esta década, cuando los tipos de interés hipotecarios mínimos impulsaron una auténtica fiebre compradora, han dejado a muchos potenciales compradores fuera del mercado. Además, la escasez crónica de viviendas en venta a nivel nacional, debida en parte a años de construcción de viviendas nuevas por debajo de la media, ha contribuido a sostener los precios de la vivienda incluso durante una caída de las ventas que se prolonga desde hace varios años.

Los precios de las viviendas han aumentado un 54% en todo el país desde 2020, y el año pasado el precio medio de venta de una vivienda unifamiliar ya existente fue casi cinco veces superior a la renta media de los hogares, según investigadores del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard.

Mientras tanto, los inquilinos han visto poca mejoría en la asequibilidad. Si bien el alquiler mensual promedio en Estados Unidos ha estado disminuyendo durante casi tres años, en mayo todavía era un 17,2 % más alto que antes de la pandemia, según datos de Realtor.com.

¿Qué ocurre si el proyecto de ley no se convierte en ley?

Uno de los mayores obstáculos para acceder a la vivienda propia ha sido el desequilibrio entre la oferta y la demanda en muchas partes del país.

Cuando hay menos viviendas en el mercado, esto ayuda a sostener los precios incluso durante una desaceleración económica. Por el contrario, cuando las tasas hipotecarias son bajas, los compradores terminan compitiendo por menos viviendas, lo que hace que los precios suban.

El proyecto de ley de vivienda contribuiría a aumentar la oferta de viviendas, en particular en lo que respecta a viviendas más pequeñas y asequibles para quienes compran su primera vivienda.

Modifica la normativa vigente para impulsar la construcción de viviendas prefabricadas, que suelen ser más asequibles que otros tipos de viviendas de nueva construcción, y amplía el acceso a préstamos con garantía estatal para incluir la construcción de viviendas independientes que el propietario pueda alquilar.

El proyecto de ley también proporciona nuevos fondos para que las comunidades conviertan infraestructuras abandonadas en viviendas, y ofrece directrices para las comunidades que deseen reformar las normativas de zonificación obsoletas, que a menudo limitan los proyectos de vivienda de mayor envergadura.

“Esto no hará que la vivienda sea más asequible de la noche a la mañana, pero en los próximos años veremos una mayor construcción de casas adosadas, viviendas multifamiliares y unidades de vivienda accesorias (ADU)”, señala Fairweather, y añade que la oferta adicional “aliviará la presión sobre los precios de las viviendas y facilitará el acceso de los compradores al mercado”.

¿Y qué pasa con los inquilinos?

La legislación incluye un amplio conjunto de disposiciones, entre ellas la ampliación de los programas gubernamentales de asistencia para el alquiler y de construcción de viviendas asequibles, así como medidas destinadas a alentar a los gobiernos estatales y locales a facilitar la construcción de nuevas viviendas y apartamentos, incluyendo financiación federal para lugares que superen la tasa media de construcción de viviendas.

Además, el proyecto de ley aumentaría los límites en la cantidad de unidades de vivienda pública que pueden recibir financiamiento para renovaciones y codificaría un programa de recuperación para ayudar a agilizar la entrega de fondos a las comunidades que se reconstruyen después de un desastre.

También exige nuevas medidas de protección para los inquilinos .

“Las familias están sufriendo las consecuencias del elevado coste de la vivienda, que lleva décadas en aumento”, declaró Todd Gloria, alcalde de San Diego y presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. “No hay tiempo que perder. Sin la intervención del gobierno federal, el déficit de vivienda en Estados Unidos seguirá creciendo, con un déficit adicional de dos millones de unidades en los próximos cinco años”.

¿Qué ocurre si la firma del proyecto de ley se retrasa durante semanas o más?

Si bien se considera un paso importante, el poder del gobierno federal para dictar cuestiones como la cantidad de viviendas que se construyen o los alquileres es limitado, dado que la mayoría de las regulaciones sobre construcción, como las leyes de zonificación y otros aspectos del sector inmobiliario, son determinadas por los gobiernos locales y estatales.

Así pues, aunque se retrase la aprobación del proyecto de ley, no tendría un impacto inmediato en los precios locales de la vivienda, por ejemplo. Pero sí retrasaría nuevos proyectos de construcción que, de otro modo, no recibirían la aprobación.

“Cuanto antes se apruebe esta ley, antes se beneficiarán los constructores y los compradores de viviendas de sus efectos colaterales”, declaró Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com. “Incluso si el presidente la firmara de inmediato, muchas de sus disposiciones tardarán en repercutir en la planificación de los constructores y en los proyectos en curso, por lo que habrá un retraso antes de que los consumidores perciban los efectos de esta legislación, sea cual sea el resultado”.

¿Qué sucederá después?

La decisión de Trump de no promulgar la ley el miércoles podría terminar retrasando solo temporalmente la entrada en vigor de la medida.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley el martes con 358 votos a favor y 32 en contra, y el Senado lo aprobó el lunes con 85 votos a favor y 5 en contra. Ese nivel de apoyo se conoce coloquialmente como una mayoría suficiente para anular un veto.

Sin embargo, si Trump vetara la medida, el Senado y la Cámara de Representantes tendrían que votar de nuevo para anular el veto.

Puede que no lleguemos a ese extremo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el miércoles que había hablado con Trump ese mismo día y que confiaba en que el presidente firmaría el proyecto de ley.

“Cuando analicemos los detalles del proyecto de ley, el presidente comprenderá que es un buen producto”, dijo Johnson.

Por  Alex Veiga

(Foto AP/Jose Luis Magana)

Un juez prohibió el martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, ordenando el fin de una práctica que se instauró poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.

La revocación por parte de la administración Trump de la política vigente contra los arrestos en los tribunales de inmigración no se debió simplemente a decisiones irracionales, sino a una completa falta de criterio, escribió el juez federal Casey Pitts de San Francisco. Las autoridades no abordaron el efecto disuasorio que tienen los arrestos sobre la asistencia de las personas a las audiencias judiciales.

“Durante 80 años, el Congreso ha exigido a las agencias federales que reflexionen antes de actuar”, escribió Pitts, refiriéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que obliga a las agencias federales a justificar sus acciones. Dicha ley, escribió, “no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor podría considerar preferible. Pero sí exige que, al menos, proporcione razones sólidas para seguir el camino elegido”.

Este fallo supone el segundo revés para las detenciones judiciales desde mayo, cuando un juez federal de Nueva York las prohibió en los tribunales de inmigración. Aquella orden solo se aplicaba en Nueva York, mientras que la última decisión invalidó la política en todo el país.

James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, criticó el fallo calificándolo de abuso de poder judicial.

«Cuando un juez sentencia a un acusado, este es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario constituye un claro activismo judicial al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas», escribió Percival en internet.

Tras la llegada de Trump al poder, las audiencias en todo el país a menudo terminaban con el desestimiento de los casos por parte del gobierno, lo que preparaba el terreno para que agentes de paisano realizaran arrestos en los pasillos en coordinación con abogados del Departamento de Seguridad Nacional.

Pitts, quien fue designado por el presidente Joe Biden, criticó a la administración por llevar a cabo los arrestos y por mantener a las personas en celdas cercanas durante más tiempo del límite establecido de 12 horas.

Por  Elliot Spagat

(Foto AP/Olga Fedorova, archivo)