WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se reunirá en privado el viernes con un tema de gran relevancia en su agenda: la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
Los magistrados podrían anunciar el lunes si revisarán la apelación de Trump contra los fallos de tribunales inferiores que han anulado unánimemente las restricciones a la ciudadanía . Estas restricciones no han entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.
Si el tribunal interviene ahora, el caso se debatiría en primavera, y se espera un fallo definitivo a principios de verano.
La orden que otorga la ciudadanía por nacimiento, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, forma parte de la amplia ofensiva migratoria de su administración. Otras medidas incluyen un aumento de los controles migratorios en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII.
La administración enfrenta múltiples desafíos legales , y la Corte Suprema ha enviado señales contradictorias en las órdenes de emergencia que ha emitido. Los magistrados, en la práctica, detuvieron el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar rápidamente a presuntos pandilleros venezolanos sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de las detenciones masivas de inmigrantes en el área de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueara la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, ocupación o lugar de residencia.
Los magistrados también están considerando la solicitud de emergencia del gobierno para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para operativos de control migratorio. Un tribunal inferior ha suspendido indefinidamente dicho despliegue.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política migratoria de Trump que llega a los tribunales para una resolución definitiva. La orden de Trump subvertiría más de 125 años de entendimiento según el cual la 14ª Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones específicas para los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos en territorio de una fuerza de ocupación extranjera.
En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, o probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo de la Corte Suprema a finales de junio que limitó el uso de mandatos judiciales a nivel nacional por parte de los jueces.
Si bien la Corte Suprema limitó el uso de mandatos judiciales de alcance nacional, no descartó otras órdenes judiciales que pudieran tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y las presentadas por los estados. Los magistrados no se pronunciaron entonces sobre la constitucionalidad de la orden sobre ciudadanía subyacente.
Pero todos los tribunales inferiores que han examinado el asunto han concluido que la orden de Trump viola, o muy probablemente viola, la 14ª Enmienda, que tenía como objetivo garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran la ciudadanía.
La administración ha interpuesto una apelación en dos casos.
En julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco dictaminó que un grupo de estados que demandaron por la orden necesitaba una orden judicial a nivel nacional para evitar los problemas que causaría la vigencia de la ciudadanía por nacimiento en algunos estados y no en otros.
También en julio, un juez federal de New Hampshire bloqueó la orden de ciudadanía en una demanda colectiva que incluía a todos los niños que se verían afectados.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que lidera el equipo legal en el caso de Nuevo Hampshire, instó al tribunal a rechazar la apelación porque los argumentos de la administración son “sumamente débiles”, declaró el abogado de la ACLU, Cody Wofsy. “Pero si el tribunal decide admitir el caso, estamos más que preparados para enfrentarnos a Trump y ganar”.
La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente en ciudadano estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de madres indocumentadas, según normas vigentes desde hace mucho tiempo. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera frase de la Decimocuarta Enmienda .
La administración ha afirmado que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
“Las decisiones del tribunal inferior invalidaron una política de vital importancia para el presidente y su administración, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el procurador general D. John Sauer al instar a la Corte Suprema a revisar el caso. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen con los requisitos”.
MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D.C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.
McALLEN, Texas (AP) — Un juez federal emitió el miércoles una orden que exige a la administración Trump que vuelva a considerar la posibilidad de otorgar protección contra la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes vulnerables.
El juez federal Eric Komitee ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que reconsidere la posibilidad de otorgar protección contra la deportación bajo un programa de 2022 que la agencia había cancelado en junio. Esta decisión permitirá que el programa continúe mientras prosigue la demanda presentada por los demandantes en julio .
Los niños y jóvenes afectados son aquellos que han sido maltratados, descuidados o abandonados por uno de sus padres y a quienes se les ha otorgado el estatus de Inmigrante Juvenil Especial a través de un tribunal estatal y el gobierno federal.
El programa SIJS, como se le conoce, fue creado en 1990 con el apoyo bipartidista del Congreso. Si bien no otorga estatus legal, permite que jóvenes que cumplen con los requisitos soliciten una visa para convertirse en residentes permanentes legales y obtener un permiso de trabajo. Debido a los límites anuales, la disponibilidad de una visa puede demorar años. Bajo la administración Biden, el USCIS podría considerar proteger a los beneficiarios de la deportación mientras esperan la visa.
Sin el programa de acción diferida, los jóvenes no reúnen los requisitos para obtener un permiso de trabajo, se enfrentan a la deportación y ya no serían elegibles para convertirse en residentes permanentes legales si son devueltos a su país de origen.
“El quid de la decisión del tribunal es que el gobierno no puede simplemente quitarles el piso a cientos de miles de jóvenes como lo hizo, sin considerar cómo construyeron toda su vida en torno a la política existente”, dijo Stephanie Ellie Norton, abogada de los demandantes que trabaja para el Proyecto Nacional de Inmigración.
El USCIS y el DHS no respondieron de inmediato a una solicitud de declaración.
Por orden del juez, tanto los solicitantes que contaban con esta protección como los nuevos solicitantes podrán presentar solicitudes para que se considere su renovación. El USCIS también deberá tomar decisiones sobre las solicitudes de permiso de trabajo de los nuevos solicitantes y de los designados que ya cuenten con el estatus de acción diferida.
El juez no se ha pronunciado sobre la certificación de la demanda colectiva, pero el litigio se reanudará.
La abogada del gobierno sabía lo que iba a pasar mientras se encontraba de pie en la sala del tribunal y enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que esperaba en un pasillo a pocos metros de distancia.
“No puedo con esto”, dijo la abogada en un mensaje de texto mientras revisaba su lista de casos. “Esto es una carga emocional nueva”.
“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos encontremos nuevamente en mejores circunstancias”.
A poca distancia, un cubano que había vivido en Estados Unidos durante años, salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que era una audiencia de rutina.
El hombre hacía lo que le exigía la ley y acudió acompañado de su esposa, quien es residente legal, y su bebé de 7 meses de edad.
Fue entonces que la abogada presentó rápidamente una moción para desestimar la solicitud de asilo del hombre, y que un juez concedió, lo que lo hizo elegible para una “deportación expedita”. Al salir del juzgado, el hombre se vio rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y desde el pasillo podían escucharse los gritos de la esposa mientras la abogada pasaba al siguiente caso.
Escenas similares de arrestos en juzgados se repiten en todo Estados Unidos como parte de una reforma de los tribunales de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump, a medida que se ejecuta su agenda de deportaciones a gran escala con tácticas inusualmente agresivas.
La promesa de campaña de Trump de endurecer las restricciones migratorias fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se implementa el plan, hay indicios de que muchos piensan que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.
A lo largo de varios meses, periodistas de The Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con los casos siendo desestimados por parte del gobierno, permitiendo que agentes federales vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).
The Associated Press tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto de un funcionario del gobierno quien, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva poco común de cómo los 75 tribunales de inmigración del país dictan resoluciones como si estuvieran en una línea de ensamblaje, y la manera en que, para muchas personas, los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones.
Arrestos en los juzgados se coordinan con antelación
En un sistema judicial con un retraso de aproximadamente 3,8 millones de casos de asilo, las familias se han visto separadas, trastocando su vida. El debido proceso queda, al parecer, en un segundo plano.
“Cuando los estadounidenses se imaginan un tribunal, tienen algunas expectativas fundamentales” de justicia, dignidad e imparcialidad, dijo Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles y expresidenta de la National Association of Immigration Judges.
“Eso es lo que define a un tribunal —no una sala con un estrado o una persona con toga”, agregó. “Pero lo que tenemos aquí es una visión completamente opuesta”.
En los últimos nueve meses, el gobierno de Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración que los aliados del presidente consideraban demasiado indulgentes, ordenó a agentes enmascarados esposar a inmigrantes en audiencias de asilo a puerta cerrada, y envió memorandos en los que giró instrucciones a los jueces de acatar las directrices.
A diferencia de los tribunales federales, donde existen reglas estrictas de procedimiento y los jueces tienen cargos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración, y su titular puede destituir a los jueces con mayor facilidad.
Nueve funcionarios actuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La mayoría de ellos expresaron profundas dudas sobre castigar a personas que habían cumplido con las reglas y se habían presentado a sus audiencias.
“Como abogado del gobierno, mi deber es hacer cumplir la ley y proteger el interés público —no asegurar la deportación o detención de forma predeterminada”, escribió un abogado del gobierno a la Asociación Estadounidense de Abogados en busca de orientación profesional.
Pero no es así como los casos se están desarrollando en la mayoría de los casos.
Las detenciones en los tribunales se coordinan con días de antelación para cumplir con cuotas, sin apenas tener en cuenta las particularidades de cada caso, según varios funcionarios federales.
En palabras de un funcionario, los abogados del DHS anotan en una hoja de cálculo qué casos son “susceptibles” a ser desestimados, permitiendo que un solicitante de asilo sea arrestado nuevamente de inmediato para someterlo a un proceso de deportación expedita. La mayoría de los detenidos son hombres que no cuentan con un abogado y entraron sin compañía a Estados Unidos, quienes se tiene previsto que comparezcan personalmente ante el tribunal. Contrario a las afirmaciones de Trump de que persigue a “lo peor de lo peor”, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales, según un análisis de datos del ICE por parte del Cato Institute.
El ICE revisa la hoja de cálculo y selecciona a las personas por las que quiere ir si se llega a desestimar su caso. En la fecha de la audiencia, los agentes federales se comunican directamente con los abogados del DHS, quienes actúan como fiscales en los tribunales de inmigración. El abogado suele enviar actualizaciones casi en tiempo real a los agentes que esperan fuera de la sala del tribunal.
“¿El de la camisa negra? Avísame si el juez desestimó (el caso)”, escribió un agente del ICE durante una audiencia.
Falta de independencia limita la autoridad de los tribunales de inmigración
Los tribunales de inmigración se han visto plagados por falta de recursos, autoridad e independencia judicial prácticamente desde sus inicios.
Los tribunales fueron establecidos en 1952, pero no fue sino hasta 1973 que a los “funcionarios de investigación especial” se les otorgó el título de “juez” y se les permitió vestir togas. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos (EOIR por sus siglas en inglés) se creó en 1983, pero permaneció como parte del Departamento de Justicia, lo que le otorgaba al titular de la dependencia la facultad para revocar las decisiones.
“Éramos la Cenicienta del sistema judicial”, dijo Dana Leigh Marks, quien se jubiló como jueza de inmigración en 2021 después de 34 años de carrera. “Ningún otro tribunal del país funciona así”.
El primer gobierno de Trump implementó una serie de cambios para reducir la acumulación de casos pendientes, incluida la instrucción a los jueces de rechazar categorías enteras de solicitudes de asilo, como para víctimas de pandillas o de violencia doméstica.
También estableció un tablero de control que se convertiría en la pesadilla de muchos jueces: indicadores de color rojo, amarillo y verde miden el desempeño de cada juez en función de objetivos que van desde casos resueltos —un mínimo de 700 al año, independientemente de su complejidad— hasta el número de casos de custodia resueltos en su primera audiencia.
Para cumplir con las métricas, los jueces deben tramitar los expedientes a toda velocidad, en ocasiones dedicando apenas unos minutos a evaluar las solicitudes de asilo.
“Es como decidir casos de pena de muerte en el entorno de un juzgado de tránsito”, manifestó Marks.
El gobierno se refiere a los jueces de inmigración como “funcionarios inferiores”
Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero pasado, sus aliados arremetieron directamente contra los tribunales.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha emitido 52 memorandos de políticas —más que el total de los seis años anteriores— para facilitar la contratación y destitución de jueces y advertir contra la parcialidad a favor de los inmigrantes.
Los memorandos dejan al descubierto la debilitada posición de los tribunales al referirse a los jueces como “funcionarios inferiores” —un término muy poco utilizado que fue tomado de la Constitución.
A principios de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que destinaría 600 abogados militares a los tribunales de inmigración —una cantidad similar a la cifra actual de jueces. El objetivo, según el gobierno, es reducir la carga de trabajo al ampliar el grupo de jueces potenciales para incluir a personas con amplia experiencia en derecho administrativo. No obstante, muchos defensores de los inmigrantes temen que los nuevos jueces carezcan de la experiencia necesaria para resolver casos de asilo.
“Tiene tanto sentido como que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la American Immigration Lawyers Association.
El gobierno ha rechazado las críticas que lo acusan de tomar el control de los tribunales para acelerar sus metas de deportaciones. La portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, señaló en un comunicado que el DHS decide si arrestar o no a los inmigrantes, y que la mayoría de los jueces consideran un “honor y no un insulto” que se refiera a ellos como funcionarios inferiores con atribuciones conferidas por la Constitución y trabajar a discreción del secretario de Justicia.
Baldassarre comparó el incremento récord de solicitantes de asilo durante el gobierno de Joe Biden con una “conspiración indebida entre el DHS y los tribunales de inmigración para llevar a cabo una amnistía ilegal para cientos de miles de extranjeros ilegales”. El Departamento de Justicia, agregó, ha “restablecido la integridad, la imparcialidad y la independencia de los tribunales”.
El DHS no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios.
Abogados del gobierno temen acoso y viven atormentados
Para algunos, el trabajo en los tribunales se ha convertido en una rutina estresante y solitaria. El miedo prevalece. Actualizan sus currículums constantemente.
Un abogado del Departamento de Seguridad Nacional relató como el sonido de los grilletes de los inmigrantes a los que ayudó a detener lo atormenta por las noches. El abogado se unió al gobierno después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, convencido de que proteger las fronteras de Estados Unidos era un deber patriótico.
Aún conserva con cariño un ejemplar firmado de “La noche”, el primer libro de las memorias de Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel, el cual le fue entregado en un seminario de trabajo. “Piensa en grande, siente con mayor profundidad”, dice la dedicatoria del autor en el libro, que está marcado como “Material de capacitación” del DHS.
Hoy, su mensaje le atormenta.
“Ninguno de nosotros nos apuntamos para esto”, agregó.
Luego de un verano turbulento, los juzgados también empiezan a verse vacíos. Al darse a conocer las noticias de que se les ha tendido una trampa, muchos inmigrantes que tienen miedo de ser arrestados han empezado a presentar solicitudes para comparecer a través de videoconferencias o simplemente no se presentan a las audiencias.
En tanto, gerentes ambiciosos reprenden públicamente a quienes cuestionan la legalidad de encarcelar a migrantes sin antecedentes penales en instalaciones hacinadas. En un reciente foro público con Charles Wall, principal asesor jurídico del DHS, varios abogados se quejaron de la presión, las órdenes confusas y la falta de recursos, según las notas de la reunión compartidas con la AP.
Wall respondió que es probable que este ritmo continúe durante años, según las notas. Cuando un empleado federal preguntó sobre la posibilidad de llevar armas de fuego al trabajo por temor al acoso de los activistas dentro de los juzgados, Wall respondió que los jueces no deben dudar en expulsar al público. Wall no pudo ser contactado para obtener comentarios.
“Quiero regresar a mi país”
Las duras tácticas han tenido un efecto deseado por el gobierno: las salidas voluntarias de inmigrantes se han disparado y más de 14.000 personas han solicitado autorización judicial para autodeportarse en los primeros ocho meses de 2025, según datos federales recopilados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que promueve la transparencia en los procesos migratorios. Esa cifra supera el total de los últimos cinco años. Es casi seguro que la cifra real sea inferior debido a que la mayoría de los inmigrantes no retiran su solicitud de asilo antes de dejar el país voluntariamente.
En el tribunal de inmigración de Tacoma, Washington, los detenidos se presentaron uno tras otro con la misma solicitud.
“Quiero regresar a mi país”, le dijo un venezolano a la jueza Theresa Scala.
“Quiero irme del país”, expresó un hombre originario de México.
Los inmigrantes saben a lo que se enfrentan: centros de detención con nombres ominosos —“Alcatraz de los Caimanes”, “El Encierro de Luisiana” y “Speedway Slammer” (Cárcel de Vía Rápida)—, además de redadas en centros de trabajo y operativos policiales en sus vecindarios.
Jueces destituidos por ser demasiado liberales
Tania Nemer cree que tenía la vocación para ser jueza. Desde el estrado del tribunal de inmigración de Cleveland, se enorgullecía de escuchar atentamente la solicitud de asilo de cada persona.
“Hay una sencillez en todo esto que me encantaba”, dijo a la AP. “Si puedes impartir justicia de manera eficiente, en verdad puedes ayudar a mucha gente”.
La decisión de postularse para jueza de inmigración en 2023 fue sumamente personal. Su padre huyó de las revueltas en Líbano y llegó a Ohio a los 16 años con 6 dólares en el bolsillo. Lavó autos, aprendió inglés y finalmente abrió un bar que lleva su nombre —Manny’s Pub—, el cual le permitió mantener a su familia. Cuando Nemer se casó, su regalo de bodas fueron los seis billetes de un dólar sin gastar, para que nunca olvidara sus raíces.
Pero la pasión de Nemer por el derecho se desvaneció el 5 de febrero. En plena audiencia, su supervisor abrió la puerta del juzgado y le dijo que tenía que acompañarlo.
“En cuanto dijo: ‘Toma tu identificación’, supe que me iban a despedir”, detalló.
Aún en estado de shock, se le entregó una carta de dos párrafos firmada digitalmente por Sirce Owen, el director interino de la EOIR, la cual explicaba que estaba siendo destituida porque la agencia “ha determinado que no es apropiado mantenerla en el cargo, y le agradecemos su servicio”.
No se le dio ninguna justificación. Pero cree que sabe algunas de las razones: su apellido árabe, su experiencia previa para representar a inmigrantes, y sus estudios sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la Universidad de Cornell. Presentó una queja por discriminación ante el Departamento de Justicia para descubrir por qué la despidieron; la queja fue desestimada.
Nemer fue la primera jueza despedida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero 86 más le han seguido desde entonces. Decenas más aceptaron la oferta de renuncia del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
La mayoría fueron contratados durante la presidencia del demócrata Joe Biden y aún cumplen períodos de prueba de dos años, según una lista de jueces despedidos obtenida por la AP.
No está claro quién ordenó los despidos ni cómo fueron elegidos. Pero los jueces destituidos concedieron asilo en porcentajes notablemente superiores a los de sus colegas —en aproximadamente la mitad de todos los casos desde agosto de 2023, en comparación con el 34% a nivel nacional, según Mobile Pathways.
Entre los destituidos se encontraban los 10 que figuraban en la Lista de Seguimiento Burocrático del DHS, un sitio web creado el año pasado con fondos de la Heritage Foundation, cuyo “Proyecto 2025” establece una visión conservadora para las decisiones políticas y de personal del segundo mandato de Trump.
La lista incluye nombres, fotos tomadas de Facebook, salarios y donaciones de campaña de quienes denomina “los burócratas de inmigración más subversivos de Estados Unidos”. Uno de los blancos fue Emmett Soper, un juez del norte de Virginia quien trabajó en la sede de la EOIR durante el gobierno de Biden.
“En cuanto vi eso, supe que las reglas estaban cambiando, que yo estaba bajo un microscopio que antes no existía”, dijo.
Tom Jones, el creador del sitio web, se negó a ser entrevistado.
Baldassarre, la portavoz del Departamento de Justicia, declaró que la agencia no va detrás de personas específicas, pero que evalúa continuamente a cada juez.
“Todos los jueces tienen una obligación legal, ética y profesional de ser imparciales y neutrales al dictar sentencia”, expresó Baldassarre. “Si un juez viola esa obligación al mostrar un sesgo sistemático a favor o en contra de alguna de las partes, la EOIR está obligada a tomar medidas para preservar la integridad de su sistema”.
La oleada de despidos y las nuevas directivas del Departamento de Justicia han tenido un efecto escalofriante. Los rechazos en las mociones para comparecer en videollamadas se triplicó después de la publicación de un memorándum en marzo pasado en el que se derogaba las directrices de la era Biden que instruían a los jueces a conceder generalmente dichas solicitudes, según datos de Mobile Pathways. La denegación de aplazamientos —que otorgan a los inmigrantes más tiempo para buscar asesoría legal— también se ha disparado, al igual que el número de casos clasificados como abandonados.
Nemer regresó en octubre a un tribunal de inmigración por primera vez desde que fue despedida para representar a un cliente mexicano a quien conoce desde hace 20 años y quien fue detenido por agentes no identificados. Mientras el hombre estaba en la cárcel, su novia, quien tenía cinco meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo.
La noticia del regreso de la exjueza se extendió rápidamente y un oleada de excolegas acudieron a la sala del tribunal para abrazarla y expresar consternación por su despido.
“Al tercer abrazo no pude contenerme más y simplemente comencé a llorar”, expresó.
La asistencia legal para inmigrantes se agota
Repelente contra insectos, protector solar, ventiladores y sombrillas compiten por espacio con las carpetas legales en la caja de una pickup Toyota al otro lado de la calle del tribunal de inmigración en San Antonio.
Esta es la nueva oficina de American Gateways.
El gobierno eliminó en abril pasado programas por valor de 30 millones de dólares destinados a brindar asistencia legal gratuita a inmigrantes, la gran mayoría de los cuales se representan a sí mismos ante el tribunal.
Pero los abogados de American Gateways aún vienen cuatro veces por semana y se instalan en un estacionamiento. La sala de conferencias que antes ocupaban dentro del juzgado ahora se utiliza como sala de descanso para los agentes del ICE.
La asistencia va desde ayudar a los inmigrantes a presentar mociones hasta ensayar qué dirán a los jueces. Cada que pueden, programan comparecencias virtuales para minimizar el riesgo de arresto.
Inmigrantes acuden a los tribunales federales para solicitar su liberación
El desmantelamiento de los tribunales de inmigración ha obligado a los inmigrantes a acudir al único lugar donde se preservan los estándares de independencia judicial: las cortes federales.
Desde que comenzaron las redadas en los juzgados, el pasado 15 de mayo, los inmigrantes han presentado más de 3.000 peticiones de habeas corpus —para determinar si una persona está detenida legalmente— en las que solicitan su liberación.
La avalancha de peticiones amenaza con saturar aún más al sistema federal, el cual tiene poca autoridad en casos de inmigración.
“El gobierno intenta acelerar el proceso a una velocidad poco razonable sin respetar el debido proceso”, dijo Annelise Araujo, abogada de inmigración con sede en Boston.
Una petición, presentada en Miami, era la de un hombre cubano detenido el mismo día en que él, su esposa estadounidense y su hija de 10 meses de edad se mudaron a su primera casa. Varios de los solicitantes afirmaron que sobrevivieron a la torturas de las pandillas en México, Ecuador y Venezuela.
Otro desafío legal surgió a raíz de la detención de un hombre brasileño con VIH cuatro días después de que su esposo falleció de un infarto. Mientras el cuerpo del esposo de Frederico Abreu aún se encontraba en la agencia funeraria, agentes del ICE tocaron a su puerta diciendo que tenían documentos del difunto.
Un padre apartado de su familia
Para quienes no pueden costear un abogado para presentar una demanda ante un tribunal federal las opciones pocas.
Uno de ellos era un hombre de Honduras quien se presentó ante un tribunal de inmigración del norte de Virginia acompañado de su esposa y su bebé. Otro de sus hijos, con discapacidad motriz, se impulsaba en una silla de ruedas adornada con luces intermitentes de colores. La familia pidió no ser identificada por miedo a nuevos problemas migratorios.
El juez rechazó la solicitud del gobierno para deportar al hombre. Pero segundos después, al salir de la sala del tribunal, fueron detenidos por cuatro agentes del ICE.
La esposa rompió en llanto mientras se aferraba al brazo de su esposo y suplicó en español: “Por favor, por favor”.
El esposo sostenía el portabebés con su bebé dormido. Su hijo jugaba con un celular.
“Necesito que se despida”, le dijo un agente al hombre. Entre lágrimas, él se arrodilló para abrazar a su hijo, quien se aferró a su padre y gritó repetidamente: “¡Papá! ¡Papá!”.
Finalmente, el padre logró separarse y comenzó a caminar con los agentes de ICE. El niño intentó ir tras ellos, pero uno de los agentes sujetó la parte trasera la silla de ruedas mientras el niño agitaba los brazos inútilmente.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó su arresto en julio. La familia dijo que fue deportado posteriormente. El DHS afirmó que el hombre aceptó abandonar el país voluntariamente y regresó a Honduras el 8 de octubre, luego de permanecer detenido durante tres meses.
Goodman informó desde Cleveland y Sullivan desde Minneapolis; los periodistas de la AP Cedar Attanasio, en Nueva York; Martha Bellisle, en Seattle y Tacoma, Washington; Jacques Billeaud, en Phoenix; Kate Brumback, en Atlanta; Eric Gay, en San Antonio, Texas; Valerie Gonzalez, en Harlingen, Texas; Aaron Kessler, en Washington; Gisela Salomón, en Miami; Rebecca Santana, en Annandale y Sterling, Virginia; Lea Skene, en Baltimore; Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City; Colleen Slevin, en Denver; Elliot Spagat en San Diego; Sophia Tareen, en Chicago e Indianápolis; Amy Taxin, en Santa Ana, California; y Julie Watson, en San Diego, contribuyeron a este despacho.
JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha hecho de las políticas de inmigración de línea dura un tema central, pero reconoció el miércoles que ha sido criticado por decir recientemente, por parte de sus partidarios de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”, que se debería permitir la entrada al país a algunos inmigrantes calificados.
Trump dijo ante un grupo de ejecutivos de empresas que Estados Unidos necesita inmigrantes que puedan capacitar a los trabajadores nacionales en fábricas de alta tecnología, e insistió en que hacerlo no es incompatible con sus convicciones políticas fundamentales.
“Quiero mucho a mis amigos conservadores. Me encanta MAGA. Pero esto es MAGA”, dijo Trump durante un discurso en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita, al que asistió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman . “Esa gente va a enseñar a nuestra gente a fabricar chips de computadora, y en poco tiempo, a nuestra gente le irá de maravilla. Y esa gente podrá volver a casa”.
Los comentarios fueron recibidos con aplausos. Sin embargo, la semana pasada, Trump tuvo un encontronazo con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, sobre el mismo tema. Ingraham sugirió durante una entrevista con Trump que “no se puede inundar el país con decenas de miles, o cientos de miles, de trabajadores extranjeros”, a lo que el presidente respondió: “También hay que atraer talento”.
Cuando Ingraham dijo que Estados Unidos tenía “mucha gente talentosa aquí”, Trump respondió: “No, no la tienen”, y añadió que “la gente tiene que aprender”.
El intercambio provocó críticas rápidas y duras en línea por parte de algunos sectores del movimiento MAGA, que se han opuesto a la ampliación de las visas H-1B y otros programas diseñados para permitir la entrada al país de inmigrantes cualificados.
Eso no impidió que Trump insistiera el miércoles, añadiendo que sus detractores son “realmente inteligentes” a pesar de su oposición a la inmigración de trabajadores cualificados. “Son patriotas increíbles”, dijo Trump. “Pero simplemente no entienden que a nuestra gente hay que educarla”.
Trump dijo que, en lo que respecta a plantas nacionales “extremadamente complejas” que fabrican cosas como computadoras, teléfonos celulares y misiles, no era posible “pensar que se puede contratar a personas desempleadas para operarlas”.
Los propietarios extranjeros que construyen las plantas en Estados Unidos “van a tener que traer consigo a miles de personas, y yo les daré la bienvenida”, dijo Trump.
Como prueba, el presidente señaló el caso de cientos de ciudadanos surcoreanos que fueron detenidos y abandonaron Estados Unidos tras una redada migratoria en septiembre en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. Algunos ya han regresado y se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
Trump dijo que se les había ordenado a los trabajadores que “se fueran”, pero que “yo les dije: ‘Paren. No sean estúpidos’”.
WILL WEISSERT cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.
WASHINGTON (AP) — Tanto la Cámara de Representantes como el Senado actuaron con decisión el martes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein , una muestra notable de aprobación para un esfuerzo que había luchado durante meses para superar la oposición del presidente Donald Trump y el liderazgo republicano.
Cuando un pequeño grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó una petición en julio para sortear el control del presidente Mike Johnson sobre el pleno de la Cámara, parecía un esfuerzo improbable, especialmente porque Trump instó a sus seguidores a descartar el asunto como un “engaño”.
Pero ni Trump ni Johnson lograron impedir la votación. En los últimos días, el presidente se rindió ante la realidad política y dijo que firmaría el proyecto de ley. Y apenas unas horas después de la votación en la Cámara, los senadores acordaron aprobarlo por unanimidad, omitiendo una votación nominal formal.
El trabajo decisivo y bipartidista en el Congreso el martes demostró aún más la creciente presión sobre los legisladores y la administración Trump para que cumplieran con las demandas de larga data de que el Departamento de Justicia publicara sus archivos del caso de Epstein, un financiero bien conectado que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de niñas menores de edad.
Para los sobrevivientes de los abusos de Epstein, la aprobación del proyecto de ley fue un momento crucial en una búsqueda de rendición de cuentas que duró años
“Estas mujeres han librado la batalla más horrible que ninguna mujer debería tener que librar. Y lo hicieron uniéndose y sin rendirse jamás”, dijo la representante Marjorie Taylor Greene mientras estaba con algunas de las sobrevivientes de abuso afuera del Capitolio el martes por la mañana.
“Eso es lo que hicimos al luchar tan arduamente contra las personas más poderosas del mundo, incluso el presidente de los Estados Unidos, para que esta votación se llevara a cabo hoy”, agregó Greene, republicana de Georgia.
Al final, solo un legislador en el Congreso se opuso al proyecto de ley. El representante Clay Higgins, republicano de Luisiana y ferviente partidario de Trump, fue el único voto en contra en el recuento de 427-1 de la Cámara. Dijo que le preocupaba que la legislación pudiera llevar a la divulgación de información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal
El proyecto de ley obliga a la publicación en un plazo de 30 días de todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en prisión federal. Permitiría al Departamento de Justicia redactar información sobre las víctimas de Epstein o las investigaciones federales en curso, pero no información debido a “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”.
Incluso antes de la aprobación del proyecto de ley el martes, miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos del patrimonio de Epstein se han publicado como resultado de una investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Esos documentos muestran las conexiones de Epstein con líderes mundiales, poderosos de Wall Street, figuras políticas influyentes y el propio Trump. En el Reino Unido, el rey Carlos III despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y lo expulsó de su residencia real tras la presión para que actuara por su relación con Epstein.
El cambio de postura de Trump sobre los archivos de Epstein
Trump ha dicho que cortó lazos con Epstein hace años, pero intentó durante meses superar las exigencias de divulgación
Aun así, muchos en la base republicana continuaron exigiendo la publicación de los archivos. Para aumentar esa presión, las sobrevivientes de los abusos de Epstein se manifestaron frente al Capitolio el martes por la mañana. Abrigos y chaquetas contra el frío de noviembre, y fotos de sí mismas cuando eran adolescentes, relataron sus historias de abuso.
“Estamos agotadas de sobrevivir al trauma y luego de sobrevivir a la política que lo rodea”, dijo una de las sobrevivientes.
Otra, Jena-Lisa Jones, dijo que había votado por Trump y tenía un mensaje para el presidente: “Te lo ruego, Donald Trump, por favor, deja de politizar esto”.
El grupo de mujeres también se reunió con Johnson y se manifestó frente al Capitolio en septiembre , pero han tenido que esperar meses para la votación
Eso se debe a que Johnson mantuvo la Cámara cerrada para asuntos legislativos durante casi dos meses y se negó a juramentar a la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona durante el cierre del gobierno. Después de ganar una elección especial el 23 de septiembre, Grijalva se había comprometido a proporcionar el crucial voto número 218 para la petición del proyecto de ley de los archivos de Epstein. Pero solo después de jurar el cargo la semana pasada pudo firmar la petición de destitución para darle el apoyo mayoritario en la Cámara de 435 miembros.
Rápidamente se hizo evidente que el proyecto de ley se aprobaría, y tanto Johnson como Trump comenzaron a ceder. Trump dijo el domingo que los republicanos deberían votar a favor del proyecto de ley.
Sin embargo, Greene dijo a los periodistas que la decisión de Trump de luchar contra el proyecto de ley había traicionado su movimiento político Make America Great Again (MAGA).
"Ver cómo esto se convierte en una pelea ha destrozado a MAGA", dijo.
Cómo manejó Johnson el proyecto de ley
En lugar de esperar hasta la próxima semana para que la posición de destitución entrara en vigor oficialmente, Johnson realizó la votación bajo un procedimiento que requiere una mayoría de dos tercios
Pero Johnson también dedicó una conferencia de prensa matutina a enumerar los problemas que ve en la legislación. Argumentó que el proyecto de ley podría tener consecuencias no deseadas al revelar partes de investigaciones federales que generalmente se mantienen en privado, incluida información sobre las víctimas.
"Este es un ejercicio político crudo y obvio", dijo Johnson.
Aun así, votó a favor del proyecto de ley. "Ninguno de nosotros quiere que conste en acta y ser acusado de alguna manera de no estar a favor de la máxima transparencia", explicó.
Mientras tanto, la pareja bipartidista que patrocinó el proyecto de ley, los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, advirtieron a los senadores que no hicieran nada que pudiera "estropearlo", diciendo que se enfrentarían al mismo clamor público que obligó tanto a Trump como a Johnson a dar marcha atrás
“Hemos alargado esto innecesariamente durante cuatro meses”, dijo Massie, y agregó que quienes plantean problemas con el proyecto de ley “temen que la gente se sienta avergonzada. Bueno, ese es el objetivo aquí”.
El Senado actúa con rapidez
Incluso cuando el proyecto de ley fue aprobado por su cámara, Johnson presionó al Senado para que lo enmendara para proteger la información de “las víctimas y los denunciantes”. Pero el líder de la mayoría del Senado, John Thune, rechazó rápidamente esa idea.
Cuando los senadores se reunieron en la cámara el martes por la noche para las primeras votaciones de la semana, quedó claro que nadie se opondría a la aprobación del proyecto de ley tal como estaba redactado
Justo antes de que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidiera la aprobación del proyecto de ley por consentimiento unánime, el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, un republicano cercano a Trump, entró en la cámara y le dio a Schumer un pulgar hacia arriba. Luego se acercó a Schumer y le estrechó la mano.
“Se trata de dar al pueblo estadounidense la transparencia que tanto han estado pidiendo”, dijo Schumer, demócrata de Nueva York. “Se trata de responsabilizar a todas las personas del círculo de Jeffrey Epstein que violaron, manipularon, seleccionaron y permitieron el abuso de cientos de niñas durante años y años”.
Los periodistas de Associated Press Kevin Freking, Joey Cappelletti, Matt Brown, Lisa Mascaro y Mary Clare Jalonick contribuyeron a este informe.
STEPHEN GROVES cubre el Congreso para The Associated Press.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se reunirá en privado el viernes con un tema de gran relevancia en su agenda: la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
