Centro acogidaLAKE OZARK, Missouri (AP) — Una investigación de Associated Press revela que los centros de tratamiento residencial privados con fines de lucro que atienden a niños adoptados a tasas excepcionalmente altas a menudo se financian con dinero de los contribuyentes, pero están sujetos a poca supervisión y pocas consecuencias después de las denuncias de abuso y negligencia.
La investigación examina en profundidad un centro en la zona rural de Missouri llamado Calo Programs, o Change Academy en Lake of the Ozarks, que cuesta hasta 20.000 dólares al mes y atrae a familias de todo el país, que envían a sus hijos a través de las fronteras estatales a dicho centro.
Calo promete alivio a los padres desesperados cuyos hijos adoptivos están pasando por dificultades: una academia junto a un lago, similar a un campamento de verano, donde los niños pueden sanar creando vínculos con golden retrievers, y donde empleados atentos "crean alegría".
Pero el informe de AP presenta un panorama más complejo y menos idílico.
Las fuerzas del orden suelen acudir a Calo para investigar agresiones o localizar a menores fugados. Las agencias estatales que financian el internamiento de los niños allí han cuestionado su funcionamiento, la formación recibida y su transparencia. Padres y exempleados afirman que el tratamiento es mínimo y la escolarización prácticamente inexistente, con personal joven y mal capacitado para supervisar a los niños. Dos madres lo describieron como algo sacado de «El señor de las moscas».
En comunicados enviados por correo electrónico, Calo negó las acusaciones de mala conducta y afirmó que los resultados de los estudiantes demuestran la eficacia de su enfoque: “Durante casi dos décadas, Calo ha brindado tratamientos innovadores y servicios esenciales de salud mental a jóvenes que han sido desatendidos por el sistema. Una y otra vez, padres de todo el país han acudido a nosotros en momentos de necesidad, y estamos orgullosos de la trayectoria que hemos logrado ayudando a tratar a sus hijos y reintegrándolos a sus familias con las habilidades y herramientas necesarias para salir adelante”.
La agencia AP obtuvo gran cantidad de datos y documentos estatales a través de solicitudes de acceso a registros públicos, y entrevistó a jóvenes que asistieron recientemente, padres que enviaron a sus hijos allí, exempleados y abogados involucrados en más de una docena de demandas contra la empresa.
Puedes leer la historia completa aquí . Estas son las conclusiones principales:
Fugas, agresiones, lesiones
Cientos de páginas de informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Camden que documentan las llamadas realizadas al centro desde 2020 hasta el otoño de 2025 muestran que los niños bajo el cuidado de Calo han sido presuntas víctimas, testigos y perpetradores.
El verano pasado se desató el caos cuando unas chicas que intentaban escapar corrieron hacia el bosque y saltaron al lago para nadar. Los empleados las persiguieron y las devolvieron, solo para verlas escapar de nuevo. (Calo afirmó que ninguna resultó herida).
Justo antes, los agentes del sheriff escribieron que dos menores supuestamente se habían drogado con metanfetamina que una empleada de Calo llevaba en su bolso. (Calo afirmó que la empleada fue despedida y que nunca se confirmó que la sustancia fuera metanfetamina).
Poco antes, los agentes que acudieron a Calo fueron informados de que el personal se encontraba en inferioridad numérica cuando un grupo de adolescentes irrumpió en una habitación para atacar a otro estudiante. Un chico subió al tejado y saltó, cayendo sobre unas rocas y teniendo que ser trasladado en helicóptero al hospital. (Calo declaró que los altercados ocurren entre jóvenes con problemas, que el personal siguió el protocolo al pedir ayuda y que el chico que saltó sufrió un esguince de tobillo).
En 2024, una madre de Illinois denunció que su hija y otra niña habían sido agredidas sexualmente por otro menor. Afirmó que Calo no les notificó ni a ellas, ni al estado, ni a las autoridades. Alegó que Calo encubrió los hechos.
La estancia de su hija allí fue financiada por el estado de Illinois, a través de un programa poco conocido llamado Programa de Apoyo Familiar, administrado por el Departamento de Servicios de Salud y Familia de Illinois, cuyo objetivo es financiar la atención de la salud mental. Ella y otros padres de Illinois declararon a AP que creían que el estado había evaluado el programa, dado que este financiaba la estancia de muchos niños en Calo.
Tanto esa agencia como la Junta Estatal de Educación de Illinois incluyen a Calo entre los programas de tratamiento residencial aprobados que financian. Según datos obtenidos por AP, en la última década, ambas agencias de Illinois han gastado más de 35 millones de dólares enviando a niños a Calo.
Solo el año pasado, el Departamento de Educación pagó más de 1,6 millones de dólares para enviar a 13 niños a recibir servicios de educación especial; el Departamento de Salud y Servicios Familiares gastó 1,2 millones de dólares para 19 niños. Algunas familias utilizaron fondos de ambos programas.
Bill Hayden afirmó que también utilizó fondos educativos de Illinois para enviar a su hija, adoptada de Rusia, a la escuela Calo hace una década. El médico jubilado fue una de las familias a las que Calo solicitó entrevistar. Hayden declaró a la AP que cree que Calo cambió la vida de su hija.
“Me pareció que eran profesionales dedicados que intentaban hacer lo mejor posible con el grupo de chicos más difíciles que probablemente puedas encontrar en una casa”, dijo Hayden.
Ganancias extraordinarias, niños con dificultades
Calo forma parte de la llamada industria de los adolescentes problemáticos , una extensa red de centros residenciales, internados y programas en la naturaleza con fines de lucro y escasamente regulados que han estado institucionalizando discretamente a niños adoptados a tasas extraordinariamente altas.
Calo abrió sus puertas en 2007 con 40 camas y desde entonces se ha expandido considerablemente, alcanzando una capacidad de 144 este año. Se especializa en el trauma de la adopción y afirma que el 90% de sus pacientes son adoptados.
Calo fue adquirida alrededor de 2011 por una firma de capital privado liderada por Alex Stavros, graduado de Stanford, quien durante los siguientes 13 años expandió el negocio fusionándose con otros centros de tratamiento para convertirse en la empresa matriz Embark Behavioral Health. Stavros, quien renunció en 2024, no respondió a la solicitud de comentarios.
En su perfil de LinkedIn, Stavros afirma haber expandido Embark a 38 programas en 20 estados y haber logrado un notable aumento de ingresos de 40 veces, hasta alcanzar los 180 millones de dólares. Bajo su liderazgo, Calo transformó su modelo de negocio, pasando de un modelo basado exclusivamente en pagos privados a uno mayoritariamente financiado por terceros, incluyendo seguros médicos privados, Medicaid y diversos programas gubernamentales.
En plena pandemia de Covid-19, mientras los programas residenciales lidiaban con la matrícula, Embark convocó a decenas de profesionales del sector para hablar sobre estrategias comerciales. "HACIENDO COSAS ÉPICAS" se leía en la portada del manual de la "Conferencia de Ventas y Marketing de Embark Academy" de agosto de 2020. Incluía una sesión sobre cómo "superar objeciones" con tácticas de venta para "ampliar tu cartera de clientes y mantener tu flujo constante de oportunidades".
En una sesión que ensalzaba las admisiones como una parte vital del equipo de tratamiento, el manual señalaba: "La persona encargada de las admisiones vende esperanza cuando la familia está en su momento más bajo, desesperanzado, aterrador y vulnerable".
La empresa defiende sus esfuerzos de marketing dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad.
“Es un error común pensar que las entidades con fines de lucro son más caras o menos éticas que las organizaciones sin fines de lucro”, declaró Calo en un comunicado. “Llegar a ellas mediante una comunicación y publicidad bien planificadas ayuda a romper el estigma de la salud mental que impide que las personas busquen tratamiento…”.
"Ganar dinero a costa de estos niños"
Algunos funcionarios han expresado escepticismo sobre el modelo de negocio de Calo.
Stacy Roberts, quien dirige el centro local de detención juvenil, dijo que su agencia está frustrada con Calo y que procesa hasta una docena de casos cada año que involucran a jóvenes de Calo que viven fuera del estado.
Muchas familias han denunciado las condiciones de Calo como propias de una cárcel. Roberts rechaza esa comparación, pues, según él, los centros de detención juvenil tradicionales como el suyo cumplen con estándares más exigentes. A diferencia de Calo, Roberts rinde cuentas al público, a un juez y al sistema de justicia juvenil, que supervisa la estancia de los menores en su centro.
“Es un negocio”, dijo Roberts. “No lo hacen porque quieran ayudar. Se están lucrando a costa de estos niños”.
SALLY HO es reportera de investigación y noticias económicas para Associated Press. Ha presentado solicitudes de acceso a registros públicos en los 50 estados de EE. UU. y ha cubierto una amplia gama de importantes acontecimientos mundiales.
CLAIRE GALOFARO es redactora nacional del equipo de investigación de AP. Reside en Louisville, Kentucky.
(Foto AP/Austin Johnson)
fiscal federalWASHINGTON (AP) — El fiscal federal principal de Chicago negó el jueves por la noche que su oficina hubiera abierto una investigación contra E. Jean Carroll , la columnista de consejos de larga trayectoria que ha afirmado que Donald Trump la agredió sexualmente en una tienda departamental de Nueva York hace 30 años, horas después de que varios medios de comunicación informaran que el Departamento de Justicia estaba investigando si había mentido durante el curso de un litigio civil contra Trump.
La agencia Associated Press y otros medios de comunicación, citando fuentes anónimas, informaron que la fiscalía federal de Chicago había abierto una investigación contra Carroll para examinar posibles acusaciones de perjurio.
Pero Andrew Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, emitió un comunicado aproximadamente 24 horas después de la publicación del primer informe, en el que afirmaba que su oficina "no ha abierto, ni ha abierto nunca, una investigación penal contra E. Jean Carroll".
Una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre una investigación en curso, dijo inicialmente a la AP el jueves por la mañana que los investigadores estaban centrados en Carroll, pero luego aclaró que la atención real estaba puesta en una organización sin fines de lucro que había ayudado a financiar su caso.
El abogado de Carroll declinó hacer comentarios a través de un portavoz el jueves.
La investigación del Departamento de Justicia sobre Carroll fue reportada por primera vez por CNN el miércoles por la noche.
Los informes sobre la investigación reforzaron la percepción, entre demócratas y otros exfuncionarios, de que el Departamento de Justicia, cuya función es tomar decisiones judiciales de forma independiente de la Casa Blanca, está siendo utilizado como arma contra los enemigos políticos del presidente. El Departamento de Justicia de Trump ha abierto múltiples investigaciones contra quienes considera adversarios del presidente republicano, incluyendo la acusación formal, el mes pasado, contra el exdirector del FBI, James Comey.
Carroll ha declarado que un encuentro casual y coqueto con Trump en 1996 en la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida en Manhattan terminó violentamente. Según ella, Trump la empujó contra la pared de un probador, le bajó las medias y la agredió sexualmente. Trump ha calificado las acusaciones de "estafa inventada" y ha atacado sus motivaciones, afirmando que eran políticas o que surgieron del deseo de promocionar sus memorias.
En 2023, un jurado declaró a Trump culpable de abusar sexualmente de Carroll y difamarla, otorgándole una indemnización de 5 millones de dólares. Al año siguiente, otro jurado le concedió a Carroll 83,3 millones de dólares en un caso de difamación relacionado con las publicaciones de Trump sobre ella en las redes sociales.
Según informes de esta semana, el Departamento de Justicia estaba examinando una declaración que Carroll hizo durante el litigio civil, en la que afirmaba que nadie más estaba pagando sus honorarios legales. Posteriormente, se hizo público que una organización con sede en Chicago, respaldada por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, había ayudado a financiar el caso de Carroll. Los abogados de Trump en el caso civil acusaron a Carroll de ocultar esa información, lo que, según ellos, ponía en duda si el caso tenía motivaciones políticas.
Varios medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y NBC News, citaron fuentes anónimas al informar el jueves que la investigación en realidad se centraba en la organización sin fines de lucro de Hoffman, lo cual fue confirmado a AP por una persona familiarizada con el asunto.
Un mes antes del primer juicio en 2023, la entonces abogada de Trump, Alina Habba, intentó retrasarlo, alegando en documentos judiciales que las nuevas revelaciones sobre la financiación parcial del caso de Carroll por parte de Hoffman "plantean importantes dudas sobre la credibilidad de la demandante, así como sobre su motivo para iniciar o continuar la presente acción".
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en un fallo del 30 de diciembre de 2024, confirmó la indemnización de 5 millones de dólares otorgada por el jurado en 2023. El tribunal analizó la credibilidad de Carroll después de que Trump la acusara de mentir, durante una declaración jurada, sobre cómo se financió su caso.
El tribunal citó la explicación de Carroll de que, cuando se le preguntó por primera vez sobre las contribuciones de Hoffman en 2022, había olvidado "la financiación externa limitada" recibida en septiembre de 2020.
“Esto demostró que la Sra. Carroll simplemente no estaba involucrada en el asunto de quién financiaba o no los costos de su litigio”, dijo el tribunal de apelaciones.
Hoffman ha defendido la ayuda financiera, afirmando en una publicación en redes sociales que "apoyar la lucha de las mujeres por el progreso y la justicia en la filantropía, la política y los negocios ha sido una prioridad mía desde hace mucho tiempo, al igual que apoyar a Estados Unidos contra la amenaza de Trump".
Un acta judicial de principios de este mes indicó que Trump no tendrá que pagar la indemnización hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso o rechace la apelación. El tribunal de apelaciones accedió a la solicitud de uno de los abogados de Trump de que se le permitiera aplazar el pago a Carroll, aunque se le exigió que depositara una fianza de 7,4 millones de dólares para cubrir los intereses adicionales, una petición que había presentado el abogado de Carroll.
El periodista de Associated Press, Larry Neumeister, en Nueva York, contribuyó a este informe.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.
ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.
(Foto AP/Eduardo Muñoz Álvarez, archivo)
Juez niegaUn juez federal se negó a suspender una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que crea un censo federal de votantes y limita el voto por correo, lo que despeja el camino para posibles cambios de gran alcance en la forma en que se celebran las elecciones estadounidenses poco antes de los comicios legislativos de mitad de mandato de este noviembre.
El juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump en Washington, rechazó el miércoles por la noche la solicitud de demócratas y grupos de derechos civiles, que alegaban que la orden de Trump probablemente sería declarada inconstitucional porque los estados y el Congreso —y no el presidente— son quienes tienen la facultad de fijar las normas electorales. Nichols coincidió con el argumento del gobierno de Trump de que era demasiado pronto para dictar la orden, porque aún no se ha implementado.
“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría, en última instancia, emitir una norma final que afecte directamente a los demandantes o a sus miembros, o que el gobierno pueda elaborar Listas Estatales de Ciudadanía que omitan a personas específicas debido a fallas particularizadas”, escribió Nichols. “Los demandantes pueden, por supuesto, volver a presentar sus mociones si y cuando ocurran esas acciones futuras. Hasta entonces, sin embargo, los demandantes no pueden demostrar que proceda una medida cautelar preliminar”.
La batalla legal contra la disposición ahora se traslada a Boston, donde grupos defensores del derecho al voto presentaron una demanda separada contra la orden ejecutiva ante una corte federal.
Trump emitió la orden en marzo después de que el proyecto de ley que tenía su respaldo para reformar el sistema de votación se estancara en el Congreso. La orden habría hecho que el gobierno federal creara un censo de votantes elegibles y ordenara al Servicio Postal de Estados Unidos entregar las boletas por correo únicamente a quienes figurasen en ese listado. Funcionarios electorales advirtieron que la iniciativa podría dar pie a abusos y causar caos.
Desde su derrota en las presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado sin fundamentos que el voto por correo está plagado de fraude y ha impulsado una investigación federal sobre la votación de ese año, pese a que repetidas auditorías e investigaciones —incluyendo algunas realizadas por republicanos— concluyeron que no hubo fraude generalizado. Trump también ha dicho que quiere “tomar el control” de la administración electoral en zonas demócratas.
Demócratas y grupos de derechos civiles sostuvieron que era urgente que Nichols emitiera una orden de restricción en plena temporada de primarias y con los estados ya preparándose para las legislativas.
Esta fue la segunda orden ejecutiva de Trump que busca reformar las elecciones y la votación. La primera, emitida apenas unos meses después de llegar a la Casa Blanca para un segundo mandato, ha sido bloqueada por varios jueces federales. Esa medida pretendía exigir prueba documental de ciudadanía para inscribirse para votar, entre otros cambios.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  NICHOLAS RICCARDI
(AP Foto/Jacquelyn Martin)
Cae tanqueLONGVIEW, Washington (AP) — Los equipos de rescate reanudaron el miércoles la ardua búsqueda de nueve personas presuntamente fallecidas en una fábrica de papel del estado de Washington, donde un tanque de productos químicos se rompió el día anterior en uno de los accidentes laborales más mortíferos de los últimos años en Estados Unidos.
La cifra probable de muertos ascendió a 11, incluyendo a los desaparecidos, después de que otra persona que resultó herida falleciera, según informaron las autoridades el miércoles.
Las autoridades afirmaron que no había esperanzas de encontrar más supervivientes tras el fallo del tanque ocurrido el martes en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, en el que también resultaron heridas otras ocho personas, entre ellas un bombero que fue atendido y dado de alta de un hospital.
Si se confirman las 11 muertes, sería uno de los accidentes industriales más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas, junto con una serie de explosiones que mataron a 16 personas en una planta de explosivos en Tennessee el otoño pasado; un incendio y una detonación que mataron a 14 personas en una planta de fertilizantes en Texas en 2013; la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon que mató a 11 personas en 2010; y una explosión en una mina de carbón de Virginia Occidental que mató a 29 personas en 2010.
Las autoridades informaron el miércoles que el tanque de la fábrica de papel derramó más de 500.000 galones (1,9 millones de litros) de "licor blanco", una mezcla química altamente destructiva utilizada en la fabricación de papel.
Tras retrasar la búsqueda por temor a que el tanque pudiera colapsar aún más, los equipos determinaron que contenía menos líquido del que se pensaba inicialmente y que era lo suficientemente estable como para reanudar la búsqueda de los desaparecidos. Los bomberos indicaron que la búsqueda será lenta y metódica.
“No sabemos dónde están los nueve”, dijo Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Cowlitz.
Las autoridades afirmaron que la ruptura no ha afectado la seguridad del aire ni del agua potable en Longview, una ciudad a orillas del río Columbia con unos 40.000 habitantes y una larga tradición ligada a las industrias papelera y maderera de Washington y Oregón.
Parte de la contaminación había llegado al río Columbia, uno de los cursos de agua más grandes de Norteamérica, pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos informó que no se habían observado efectos en el río. Las autoridades advirtieron a los residentes que se mantuvieran alejados de las zanjas y los diques.
Fue el segundo incidente importante con un tanque de productos químicos en pocos días en la costa oeste, tras la evacuación de miles de residentes del sur de California debido al sobrecalentamiento de un tanque en una planta aeroespacial, antes de que se levantaran esas órdenes el martes por la noche.
El tanque de la fábrica de papel tenía una capacidad de aproximadamente 900 000 galones (3,4 millones de litros) y estaba a más de la mitad de su capacidad cuando se rompió, dijo Goldstein. El licor blanco, compuesto principalmente de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, se utiliza con calor para descomponer la madera y fabricar papel kraft, un material duradero que se usa en envases, bolsas de compra y otros productos.
La extensa planta, que emplea a unas 1.000 personas, fabrica materiales para pañuelos de papel, papel de imprenta, vasos, platos y cajas de cartón. Está situada a orillas del río, junto a otras empresas de madera, papel y productos químicos.
Un amigo dice que el trabajador de la fábrica de papel siempre estaba dispuesto a ayudar.
La rotura se produjo durante el cambio de turno del martes por la mañana, provocando que el enorme tanque circular se deformara hacia un lado. Aún se desconocen las causas.
Las autoridades no han revelado los nombres de los fallecidos ni de los desaparecidos, pero algunos han comenzado a conocerse poco a poco.
Todd Cornwell dijo que su amigo, Gilbert Bernal, era electricista en la planta y fue la primera víctima mortal confirmada. Se conocían de la iglesia y pertenecían al mismo grupo de estudio bíblico, añadió.
“Anoche tuvimos nuestra reunión de grupo y, en lugar de estudiar la Biblia, hablamos de él”, dijo Cornwell. “Siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Cuando la escuela de la iglesia local empezó a inundarse, él fue uno de los que acudieron”.
Brian Williquette, proveedor de productos químicos para las fábricas de la región, se encontraba en la planta el martes por la mañana cuando escuchó una alarma por el intercomunicador y al principio pensó que se trataba de una perforadora. Logró salir ileso y no presenció ningún daño.
“Es simplemente inconcebible”, dijo en una vigilia comunitaria el martes. “No hay nadie que viva aquí que no conozca a alguien que trabaje en una fábrica de papel”.
Crystal Moldenhauer, residente de Longview, dijo que tiene amigos en la planta que siguen desaparecidos. Comentó que la gente se llamó y se envió mensajes de texto durante todo el día tratando de averiguar qué había pasado.
“Todos seguimos esperando respuestas”, dijo. “Hay familias que han quedado destrozadas y no sabemos por qué”.
Las autoridades presionan para obtener respuestas sobre la ruptura.
En un comunicado emitido el miércoles, Nippon Paper Group expresó sus "más sentidas condolencias y sinceras condolencias a las familias afectadas".
Según las autoridades, algunos de los heridos sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación de humo.
Tras la rotura del tanque, el líquido se derramó en una zanja de drenaje, según informó Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado.
Casi todas las industrias utilizan tanques químicos de este tipo y, por lo general, son bastante seguros, afirmó Stephen Kmiotek, profesor de ingeniería química en el Instituto Politécnico de Worcester. Sin embargo, es importante que las empresas realicen un mantenimiento e inspecciones adecuados, sobre todo cuando los tanques envejecen, añadió.
La Junta de Investigación de Seguridad Química y Peligros de Estados Unidos anunció el miércoles una investigación. Su presidente, Steve Owens, declaró que el objetivo es "determinar cómo ocurrió y qué se puede hacer para evitar que algo así vuelva a suceder".
Los reporteros de Associated Press Gene Johnson y Hallie Golden en Seattle, Kathy McCormack en Concord, New Hampshire, Rebecca Boone en Boise, Idaho, John Seewer en Toledo, Ohio, y Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron a este artículo.
CLAIRE RUSH es un reportero de Associated Press que cubre el gobierno del estado de Oregón y noticias generales del noroeste del Pacífico en general.
(Karen Ducey/The Seattle Times vía AP)
Jefe MineapolisEl jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, quien fue contratado para supervisar las reformas tras el asesinato de George Floyd, optó por renunciar en lugar de enfrentar medidas disciplinarias por interferir en una investigación sobre su conducta, anunció el martes el alcalde Jacob Frey.
O'Hara, quien dirigió la policía local durante la reciente represión federal contra la inmigración en la ciudad , estaba siendo investigado por acusaciones de que mantenía relaciones íntimas con empleadas municipales.
Aunque esas acusaciones nunca se corroboraron, Frey afirmó que los investigadores descubrieron que O'Hara había interferido en la investigación. Se le acusa de borrar una tarjeta de contacto de su teléfono celular municipal en un intento por ocultar pruebas y de informar a otro empleado municipal sobre la investigación después de que se le ordenara guardar silencio, según una amonestación escrita obtenida por Associated Press.
El alcalde le dijo a O'Hara que sería sancionado, lo que podría incluir su despido. En cambio, optó por renunciar, según Frey.
“Fue una decisión extremadamente dolorosa, obviamente, pero llegué a la conclusión de que era necesaria para mantener la confianza pública, y esta era la manera correcta de seguir adelante como ciudad”, dijo Frey.
“La confianza no es secundaria al trabajo. Es el trabajo en sí”, añadió.
La ciudad aún mantiene 17 denuncias abiertas contra O'Hara —independientes de la investigación que derivó en medidas disciplinarias— y continuará investigando, según informó Jennifer Lor, portavoz de la alcaldía. Lor no pudo comentar sobre la naturaleza de dichas denuncias.
O'Hara no respondió de inmediato a un mensaje de LinkedIn en el que se le solicitaban comentarios.
O'Hara asumió el cargo de jefe en 2022, cuando el departamento se encontraba en el centro de una profunda reflexión nacional sobre el racismo y la brutalidad policial. Dos años antes, Floyd, un hombre negro, fue asesinado por un agente blanco en Minneapolis, lo que desató protestas globales del movimiento Black Lives Matter y llamados a recortar los fondos de la policía.
El año pasado, Minneapolis firmó un acuerdo con el gobierno federal para reformar sus políticas de capacitación policial y uso de la fuerza tras el asesinato de Floyd. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, canceló el acuerdo meses después.
O'Hara supervisó la respuesta de las fuerzas del orden al mortal tiroteo en la escuela católica Annunciation el pasado mes de agosto.
En diciembre, criticó las tácticas de control migratorio después de que un agente federal se arrodillara sobre la espalda de una mujer durante un arresto y luego intentara arrastrarla hasta un automóvil. La policía de Minneapolis fue objeto de críticas generalizadas durante la represión migratoria de Trump por parte de personas que consideraban que los agentes estaban ayudando o entorpeciendo a los agentes federales y las protestas.
La subdirectora de policía, Katie Blackwell, ha asumido el liderazgo del departamento durante la búsqueda de un nuevo jefe, según informó Frey.
HANNAH SCHOENBAUM es reportera nacional de Associated Press y trabaja en Salt Lake City, Utah. Cubre política, legislación y noticias de última hora en la región de las Montañas Rocosas y más allá.
(Foto AP/Jen Golbeck, archivo)

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