NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump no tendrá que pagar una indemnización por difamación de 83 millones de dólares a un columnista de consejos de larga trayectoria hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga la oportunidad de revisar el caso o rechazar una apelación, según un documento judicial publicado el martes.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos accedió a la solicitud de uno de los abogados de Trump de que se permitiera al presidente retrasar el pago a E. Jean Carroll, aunque exigió que Trump depositara una fianza de 7,4 millones de dólares para cubrir cualquier coste adicional por intereses, una solicitud que había hecho el abogado de Carroll.
A finales del mes pasado, el tribunal de apelaciones rechazó la solicitud de Trump de una reunión extraordinaria del pleno del Segundo Circuito para escuchar la apelación de la confirmación del veredicto de enero de 2024 por parte de un panel de tres jueces.
Posteriormente, el abogado de Trump, Justin D. Smith, solicitó al Segundo Circuito que suspendiera los efectos de su decisión que confirmaba el laudo para que Trump no se viera obligado a pagar la sentencia antes de que el tribunal supremo tuviera la oportunidad de considerar una apelación.
Smith dijo la semana pasada que había una "buena posibilidad" de que la Corte Suprema fallara a favor de Trump, quien ha calificado de "estafa inventada" las afirmaciones de Carroll, hechas públicas por primera vez en 2019, de que fue agredida sexualmente por Trump en un probador de una tienda departamental de lujo en Manhattan en la primavera de 1996.
La indemnización de 83 millones de dólares otorgada a Carroll, de 82 años, provino de un jurado que escuchó brevemente el testimonio de Trump y observó su comportamiento vehemente durante varios días.
Al ratificar el veredicto, un panel del Segundo Circuito escribió en septiembre pasado que Trump continuó sus ataques contra Carroll durante al menos cinco años, haciéndolos "más extremos y frecuentes a medida que se acercaba el juicio".
“También continuó con esos mismos ataques durante el juicio”, dijo el tribunal de apelaciones. “En una de esas declaraciones, emitida dos días después del inicio del juicio, Trump proclamó que seguiría difamando a Carroll ‘mil veces’”.
El jurado había recibido instrucciones de aceptar las conclusiones de un jurado que, en mayo de 2023, otorgó a Carroll 5 millones de dólares tras concluir que Trump abusó sexualmente de ella en los grandes almacenes y que luego la difamó después de que ella publicara su relato de los hechos en unas memorias en 2019.
Trump impugna la indemnización de 83 millones de dólares por varios motivos, alegando "inmunidad absoluta" por los comentarios que hizo cuando era presidente, en los que negó conocer a Carroll y atacó sus motivaciones, diciendo que eran políticas o que surgieron del deseo de promocionar sus memorias.
MICHAEL R. SISAK
Sisak es reportero de Associated Press y cubre temas relacionados con las fuerzas del orden, los tribunales y las prisiones. Reside en Nueva York.
WASHINGTON (AP) — David Venturella, exejecutivo de una empresa privada de gestión penitenciaria, asumirá el cargo de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según informó la administración Trump, después de que el actual director de la agencia renuncie a finales de mes.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró el martes por la noche que Venturella sucederá a Todd Lyons , quien dirigió la agencia durante gran parte de la turbulenta campaña de represión migratoria del gobierno. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado el miércoles para solicitar información adicional.
Venturella dejó Geo Group a principios de 2023 y desde entonces trabaja en ICE, donde dirige la división que supervisa los contratos de detención, según escribieron miembros del Congreso en una carta pública a principios de este año.
En Geo Group, Venturella desempeñó varios cargos, entre ellos el de vicepresidente ejecutivo a cargo del desarrollo corporativo, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Venturella dirigirá el ICE en un momento en que la opinión pública se ha vuelto crítica con la represión migratoria del presidente Donald Trump, que envió grandes contingentes de agentes federales de inmigración a las ciudades estadounidenses para detener a inmigrantes. Estas redadas aumentaron las tensiones y provocaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, lo que derivó en el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año.
Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportaciones masivas, y el ICE ha sido un actor clave en la ejecución de esa visión. Bajo el liderazgo de Lyons, la agencia utilizó una enorme inyección de fondos para ampliar su capacidad de contratación y detención, e incrementó los arrestos para satisfacer la demanda de la administración republicana.
Funcionarios federales anunciaron la salida de Lyons el mes pasado. Dirigió el ICE en medio de los esfuerzos de Trump por reformar la inmigración.
El nombramiento de Venturella se produce mientras el secretario del DHS, Markwayne Mullin, se instala en su puesto al frente de la agencia gubernamental que supervisa el ICE. Mullin ha prometido mantener a su departamento alejado de los titulares y ha mostrado una postura más conciliadora en materia de inmigración , aunque se espera que se alinee con las prioridades del presidente en cuanto a las deportaciones masivas.
WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentará el martes a una nueva ronda de preguntas por parte de los legisladores sobre la guerra contra Irán, incluidos algunos republicanos que han expresado su preocupación por la duración del conflicto y su falta de aprobación por parte del Congreso.
Los influyentes subcomités de la Cámara de Representantes y del Senado que supervisan el gasto en defensa están celebrando audiencias consecutivas para revisar la propuesta de presupuesto militar de la administración Trump para 2027 , que contempla una asignación histórica de 1,5 billones de dólares. Sin embargo, se prevé que los debates se centren en la gestión de una guerra que parece estancada, ya que el aumento del precio del combustible plantea problemas políticos para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
El presidente Donald Trump enfrenta una creciente presión debido a las repercusiones económicas del cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un corredor marítimo vital por donde normalmente transita el 20% del petróleo mundial. A su vez, el ejército estadounidense ha bloqueado puertos iraníes y ambos bandos han intercambiado disparos , con fuerzas estadounidenses frustrando ataques contra sus buques de guerra e inutilizando petroleros vinculados a Teherán.
Trump afirmó el lunes que el alto el fuego está en "situación crítica" y criticó a Irán por su última propuesta, haciendo referencia a sus exigencias de que Irán limite significativamente su programa nuclear.
“Después de leer esa basura que nos enviaron, diría que es el peor momento hasta ahora”, dijo Trump.
El presidente republicano también afirmó que quería suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar a los estadounidenses a afrontar el aumento vertiginoso de los precios del combustible . Anteriormente, había declarado que los mayores costos valían la pena para evitar que Irán obtuviera un arma nuclear.
Las audiencias del martes brindarán a un grupo de legisladores, en su mayoría nuevos, la oportunidad de interrogar o elogiar a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, sobre la planificación y ejecución de la guerra.
Eso incluye a la senadora Susan Collins de Maine , una republicana cuya reelección este año está lejos de estar garantizada. A finales del mes pasado votó con los demócratas en una iniciativa para detener el conflicto, afirmando que quiere ver una estrategia definida para poner fin a la guerra.
La senadora de Alaska, Lisa Murkowski , otra republicana en el subcomité de defensa del Comité de Asignaciones del Senado, ha votado en contra de la serie de resoluciones fallidas sobre poderes de guerra, pero ha hablado de la necesidad de autorización del Congreso para que los estadounidenses conozcan los límites y objetivos de la guerra.
Hace dos semanas , Hegseth y Caine se enfrentaron a largas audiencias ante los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado, que en su mayoría repitieron las posturas ya conocidas de ambos partidos.
En las audiencias anteriores, Hegseth señaló que el alto el fuego suspendió el plazo de 60 días para la aprobación de la guerra por parte del Congreso, requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, mientras que la frágil tregua comenzó el 8 de abril.
Los argumentos de Hegseth suscitaron el rechazo de los demócratas y probablemente recibirán críticas similares el martes. Sin embargo, contará con el apoyo de numerosos republicanos afines, entre ellos el presidente del subcomité del Senado, el senador Mitch McConnell de Kentucky , y quizás el mayor defensor de la guerra contra Irán en el Congreso, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur .
Se espera que Hegseth y Caine expongan el presupuesto de defensa propuesto y hagan hincapié en la necesidad de más drones, buques de guerra y sistemas de defensa antimisiles, cuyas existencias se han reducido durante el conflicto.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump tiene previsto acudir a los médicos para un chequeo médico y dental este mes, su cuarta visita pública a expertos médicos desde que regresó al cargo, en lo que la Casa Blanca describe como un examen físico anual y una atención preventiva regular.
Trump, que cumplirá 80 años el mes que viene y fue la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos, acudirá a consulta con sus médicos en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 26 de mayo, según informó la Casa Blanca en un breve comunicado el lunes por la noche.
La salud del presidente ha sido objeto de un escrutinio tremendo, hasta el punto de que Trump dijo lamentar haberse sometido a pruebas de imagen del corazón y el abdomen el año pasado porque suscitaron dudas públicas sobre su salud.
Trump, quien ha criticado con frecuencia al expresidente Joe Biden por problemas de salud y estado físico relacionados con la edad, comentó recientemente lo bien que se siente a pesar de los años. El lunes, Trump afirmó sentirse igual que hace 50 años. "Me siento literalmente igual", dijo en un evento en la Oficina Oval. "No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos".
La semana pasada, bromeó sobre su rutina de ejercicios , diciendo que entrena "como máximo un minuto al día".
Los presidentes tienen amplia discreción sobre qué información médica deciden divulgar al público. El médico de Trump informó, tras un examen físico anual en abril de 2025, que el presidente estaba "en plena forma" para ejercer como comandante en jefe.
Su médico, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo que Trump había perdido 20 libras desde un chequeo en 2020 que lo mostró al borde de la obesidad.
Meses después de la visita reportada en abril pasado, Trump se sometió a un chequeo médico tras notar lo que la Casa Blanca describió como una "leve hinchazón" en la parte inferior de sus piernas. Las pruebas realizadas por la unidad médica de la Casa Blanca revelaron que Trump padecía insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que provoca la acumulación de sangre en las venas.
En aquel momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también se refirió a los moretones en el dorso de las manos de Trump, que en ocasiones habían sido cubiertos con maquillaje. Leavitt explicó que se debían a la irritación causada por los frecuentes apretones de manos y el consumo de aspirina. Trump toma aspirina para reducir el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral.
En octubre, Trump se sometió a un examen médico que la Casa Blanca denominó "revisión física semestral", donde también recibió su vacuna anual contra la gripe y una dosis de refuerzo contra la COVID-19. Posteriormente, declaró a The Wall Street Journal que en octubre se le realizaron pruebas de imagen avanzadas del corazón y el abdomen como medida preventiva.
Durante su primer mandato, Trump se sometió a al menos cuatro exámenes médicos mientras estuvo en el cargo, además de una estancia en el hospital Walter Reed cuando contrajo COVID-19 en octubre de 2020.
Su próxima revisión dental se produce tras dos visitas recientes a un dentista local cerca de su finca en Florida, donde Trump suele pasar los fines de semana.
Está previsto que el chequeo tenga lugar unos 10 días después de que se espere que Trump regrese de la cumbre en Pekín con el líder chino Xi Jinping.
COLLIN BINKLEY cubre la Casa Blanca y la política educativa para Associated Press. Reside en Washington y se unió a AP en 2015.
Un miembro pide que se le otorgue la Medalla Presidencial de la Libertad a un pastelero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.
Otro llamamiento solicita la intervención judicial del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a la identidad de género de los pacientes de cuidados paliativos.
Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa está pidiendo una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: "No hay separación entre la iglesia y el estado".
Estas son solo algunas de las recomendaciones que los miembros del panel asesor formado por el presidente Donald Trump el año pasado quieren que se incluyan en el informe final de la comisión.
El informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus peticiones durante su reunión más reciente en abril. Hubo poca disidencia, ya que los comisionados, en su mayoría provenientes de la base de seguidores cristianos conservadores de Trump , abordaron los puntos que desean que se incluyan en el informe.
Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de libertad religiosa entre muchos activistas católicos y evangélicos conservadores: aumentar las vías para la expresión religiosa en las escuelas públicas; ampliar las oportunidades para que las organizaciones religiosas reciban fondos públicos; y permitir exenciones por motivos religiosos en áreas que van desde el derecho laboral hasta las lecciones en el aula y los mandatos de atención médica.
Estas opiniones también se han visto reflejadas en las decisiones del Tribunal Supremo emitidas en los últimos años por su mayoría conservadora.
La comisión fue criticada por sus posturas estrechas.
Los críticos de la comisión afirman que esta representa una perspectiva parcial de los partidarios de Trump y que amenaza la bien establecida separación constitucional entre la iglesia y el estado, a pesar de las afirmaciones de su presidente.
Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista argumenta que la comisión no cumple con la ley federal que exige que los paneles asesores cuenten con miembros y puntos de vista diversos.
La demanda se hace eco de las críticas que señalan que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores; uno de ellos es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que sus miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana , y destaca que la mayoría de las reuniones de la comisión se celebraron en el Museo de la Biblia en Washington, una institución con liderazgo cristiano.
La administración republicana solicita a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno alega tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe ser imparcial una comisión ni qué puntos de vista deben estar representados.
Otra entidad creada por Trump —el Grupo de Trabajo para Erradicar la Discriminación Anticristiana— publicó un informe que afirmaba que los cristianos sufrían discriminación bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden en áreas como la educación, la legislación fiscal y el enjuiciamiento de manifestantes antiaborto. Grupos progresistas señalaron que dicho informe no documentaba la discriminación sistémica, se centraba en causas favorecidas por los cristianos conservadores y constituía más una defensa de intereses que una investigación.
En una serie de iniciativas vinculadas a Trump, varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa participarán en un acto de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250 aniversario del país. Varios de ellos también participaron en una reciente maratón de lectura de la Biblia, que tuvo lugar principalmente en el Museo de la Biblia.
Armonía y tensión dentro de la comisión
La comisión se ha caracterizado en su mayoría por el consenso entre sus miembros, con una notable excepción. Una de las comisionadas, Carrie Prejean Boller, fue destituida en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.
El presidente de la comisión, Dan Patrick, afirmó que Prejean Boller intentó "secuestrar" la audiencia, en la que mantuvo acalorados intercambios con los testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, negando su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, católica, sostuvo que fue expulsada injustamente por expresar sus creencias.
En otras audiencias, los testigos describieron cómo desafiaron las normas laborales que, según afirmaron, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores en materia de género, aborto, vacunas contra la COVID-19 y otros temas. Algunos declararon que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.
En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos relataron haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en los campus universitarios. La comisión también escuchó los testimonios de algunos testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras confesiones.
Aun así, los críticos afirmaron que la comisión se centró principalmente en las quejas de los cristianos conservadores y de los sectores políticos de derecha.
El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la Alianza Interreligiosa progresista, uno de los grupos que demandaron por la composición de la comisión, dijo que las omisiones del panel son tan significativas como los temas en los que se centra.
Afirmó que la comisión no ha abordado adecuadamente cuestiones como los esfuerzos antimusulmanes en Texas y otros lugares, así como el auge del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.
Debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado
Raushenbush afirmó estar especialmente preocupado por el hecho de que el presidente de la comisión cuestione la noción misma de separación entre la Iglesia y el Estado.
Patrick, un republicano que es el vicegobernador de Texas, denunció repetidamente un concepto que está arraigado en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
«Debemos dejar claro que no existe separación entre la Iglesia y el Estado», dijo Patrick en la reunión de abril. «Eso es mentira». Sugirió imprimir «un millón de pegatinas para coches» con ese mensaje.
Nadie en la reunión de la comisión estuvo en desacuerdo.
Trump hizo comentarios similares en un acto de oración en la Casa Blanca en 2025. «Dicen que hay separación entre la iglesia y el estado», dijo Trump. «Yo dije: "Está bien, olvidémonos de eso por una vez"».
Si bien la frase “separación de la iglesia y el estado” no aparece en la Constitución, las decisiones de la Corte Suprema del siglo XX citaron la descripción que hizo Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como la creación de “un muro de separación entre la iglesia y el estado”. La Corte aplicó la prohibición de la Primera Enmienda sobre cualquier “establecimiento” de iglesia a los estados, además del gobierno federal, citando la prohibición de la Decimocuarta Enmienda de que los estados nieguen los derechos de los ciudadanos.
Desde entonces, los tribunales han lidiado con la forma de equilibrar la libertad de religión y la libertad frente a la religión patrocinada por el gobierno.
Las preocupaciones abarcan escuelas, vacunas, lugares de trabajo y más.
Patrick ha abogado por la inclusión de la oración y los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
“No guardo rencor a nadie que no crea en ningún tipo de fe”, dijo Patrick a sus compañeros comisionados. “Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas organizaciones que se dejan llevar por alguna ideología y por el dinero de alguien que quiere eliminar a Dios de nuestro país? Tenemos que oponernos a ellas”.
En otros asuntos, varios comisionados pidieron que se exigiera a las escuelas y a los lugares de trabajo que publicaran avisos sobre los derechos de libertad de expresión religiosa y las exenciones correspondientes.
Algunos pidieron que se restablecieran el sueldo completo y las prestaciones de pensión para los miembros del servicio militar que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID-19.
El obispo Robert Barron, de la diócesis católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió que se permita a grupos religiosos como Caridades Católicas recibir fondos federales sin comprometer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.
También afirmó que los inmigrantes católicos detenidos deben recibir un trato humano y acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deben interrumpir los servicios religiosos durante sus operativos de control migratorio. El año pasado, la administración eliminó una política que prohibía el control migratorio en santuarios, algo que, según otros líderes religiosos, no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia.
Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, solicitó nuevos requisitos que obliguen a los gobiernos a pagar todos los gastos legales si pierden un caso de libertad religiosa. Afirmó que muchas personas carecen de los recursos económicos para demandar al gobierno ante los tribunales.
“Eso supondría un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos”, afirmó.
La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
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NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump no tendrá que pagar una indemnización por difamación de 83 millones de dólares a un columnista de consejos de larga trayectoria hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga la oportunidad de revisar el caso o rechazar una apelación, según un documento judicial publicado el martes.
