WASHINGTON (AP) — A medida que se intensifica la guerra con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha priorizado los esfuerzos para calmar a los mercados financieros — tratando de evitar que los precios del petróleo se disparen, que las acciones se desplomen y que las tasas de interés escalen.

Cuando los mercados han dado señales de peligro, Trump ha reaccionado con rapidez con una publicación en redes sociales o un comentario para afirmar que la guerra que inició el mes pasado podría terminar pronto. Ha declarado públicamente que los mercados están yendo mejor de lo que esperaba, incluso con el índice bursátil S&P 500 a la baja durante las últimas cinco semanas y el referente mundial del petróleo con un alza de aproximadamente 60%.

“Pensé que los precios del petróleo iban a subir más de lo que están ahora. Y pensé que veríamos una caída mayor en las acciones. No ha sido tan malo”, comentó Trump el viernes en una cumbre de inversionistas.

Con la guerra con Irán, la Casa Blanca en gran medida se ha abstenido de intensificar su mensaje a los votantes sobre las consecuencias económicas — optando en cambio por intentar contener cualquier daño en los mercados financieros, que han oscilado con fuerza ante la perspectiva de un alto el fuego o de una escalada en lo que se ha convertido en un juego de adivinanzas de alto riesgo sobre los próximos movimientos de Trump.

El presidente republicano mostró los extremos de su mensaje el lunes antes de que abriera el mercado bursátil de Estados Unidos, al escribir en una publicación en redes sociales que se había logrado un gran progreso en las conversaciones de paz con Irán, al mismo tiempo que amenazaba infraestructura civil como plantas desalinizadoras si no se alcanzaba un acuerdo “pronto”.

La Casa Blanca ve los mercados de acciones, energía y bonos como una forma de llegar indirectamente a los votantes. Trump ha apostado su agenda económica a precios bajos en las gasolineras, sólidas ganancias en las cuentas 401(k) y tasas hipotecarias más baratas.

Pero ese mensaje parece estar perdiendo fuerza, ya que los sucesivos comentarios del presidente han hecho poco por cambiar la realidad de que una gran parte de los suministros energéticos del mundo está varada por el conflicto. Apenas el 38% de los adultos en Estados Unidos aprueba cómo está manejando la economía y solo el 35% lo respalda en Irán, según una encuesta de marzo del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

El presidente ha intentado dictar a los mercados en lugar de hablar directamente con los estadounidenses

Gene Sperling, un destacado asesor económico en los gobiernos demócratas de Clinton, Obama y Biden, dijo que los votantes pueden establecer una conexión directa entre los precios en las gasolineras y la decisión de Trump de atacar a Irán. Señaló que el “regateo simplista” dirigido a los mercados es insuficiente para un público que se ve obligado a pagar el precio mientras la gasolina supera los 4 dólares por galón en todo el país.

“La mayoría de los asesores diría que el presidente tiene que hablar directamente al pueblo estadounidense y reconocer plenamente el dolor económico que su política ha causado de manera tan directa en tan poco tiempo, y explicar por qué las preocupaciones de seguridad nacional lo justifican”, dijo Sperling. “En cambio, se tiene una estrategia de no reconocer o incluso desestimar el dolor económico de la gente”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el lunes los aumentos del precio del petróleo como una “fluctuación a corto plazo”.

La estrategia de Trump de enviar mensajes contradictorios ha empezado a jugar en su contra, dijo Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale y coautor del nuevo libro “Trump’s Ten Commandments: Strategic Lessons from the Trump Leadership Toolbox”.

“La incertidumbre ahora se está disparando. Así como el mensaje para calmar a los mercados con falsas garantías está perdiendo credibilidad en los mercados financieros, Trump también ha reducido la confianza del público”, afirmó Sonnenfeld.

Trump quiere flexibilidad en la guerra, lo que limita su capacidad de ofrecer claridad

Trump ha adoptado la idea de tener flexibilidad en su manejo de la guerra, aunque eso ha enturbiado sus objetivos declarados.

Durante una reunión de gabinete el jueves, dijo que Irán estaba “rogando” por un acuerdo, al tiempo que amenazaba con más acción militar y sostenía que cualquier daño económico a Estados Unidos se revertiría por sí solo.

El viernes, después del cierre de los mercados, extendió su plazo para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el flujo de petróleo, y dijo que por el momento se abstendría de bombardear las plantas energéticas de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el lunes en “Fox & Friends” de Fox News Channel que Irán estaba dejando pasar a algunos petroleros por el estrecho de Ormuz y que el “mercado está bien abastecido” porque los países están liberando sus reservas estratégicas de petróleo y ya se han eliminado sanciones para el petróleo ruso e iraní que estaba en petroleros.

“Estamos viendo que cada día pasan más y más barcos, a medida que países individuales cierran acuerdos con el régimen iraní por el momento”, dijo Bessent. “Pero con el tiempo, Estados Unidos va a retomar el control de los estrechos, y habrá libertad de navegación, ya sea mediante escoltas de Estados Unidos o una escolta multinacional”.

Graham Steele, un funcionario del Tesoro en la era de Biden, dijo que las técnicas de comunicación de Trump “pueden funcionar temporalmente, pero con el tiempo tienen rendimientos decrecientes”, si están desconectadas de políticas y resultados reales.

“Vimos muchas de las reacciones volátiles del mercado al principio, cuando él seguía anunciando estas cosas y luego se retractaba”, señaló Steele. “La reacción del mercado ahora es simplemente una tendencia constante al alza en los precios”, señaló, y añadió que los mercados “ya no están respondiendo de la misma manera”.

La confianza en la economía y en Trump se desvanece sin resultados claros

El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó el viernes a una lectura de 53,3 en marzo, su nivel más bajo desde diciembre. Joanne Hsu, directora de las encuestas a consumidores, señaló la volatilidad de los mercados financieros “a raíz del conflicto con Irán” como un factor que reduce la confianza en la economía entre los hogares de ingresos medios y altos.

Hsu indicó que la encuesta mostró que la gente no espera que los mayores costos de la energía y las caídas del mercado bursátil persistan, pero eso podría cambiar si la guerra “se prolonga o si los precios más altos de la energía se trasladan a la inflación general”.

Gus Faucher, economista jefe de PNC Financial Services, subrayó que los bajos niveles de sentimiento del consumidor no indican automáticamente una recesión. Pero dijo que los consumidores tendrían que ver precios más bajos de la gasolina, un mercado bursátil estable y tasas hipotecarias más bajas para sentirse mejor sobre la economía, lo que probablemente significa una resolución definitiva del conflicto más que una serie de declaraciones de Trump.

“La prueba está en el resultado. La gente necesita ver algunas mejoras sustanciales antes de sentirse mejor sobre las condiciones”, dijo Faucher.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

JOSH BOAK covers the White House and economic policy for The Associated Press. He joined the AP in 2013.

FATIMA HUSSEIN

 reports on the U.S. Treasury Department for The Associated Press. She covers tax policy, sanctions and any issue that relates to money.

(AP Foto/Seth Wenig)

WASHINGTON (AP) — Los tribunales federales han bloqueado unánimemente la orden del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal.

El Tribunal Supremo escuchará el miércoles los argumentos en la apelación del gobierno de Trump contra un fallo de un juez federal de New Hampshire que concluyó que la orden ejecutiva que el presidente republicano firmó el primer día de su segundo mandato "probablemente viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución" y la ley federal.

La orden de Trump formaba parte de la amplia campaña de su administración contra la inmigración, aunque las restricciones a la ciudadanía nunca han entrado en vigor.

La cuestión que se debate es el significado de la primera frase de la 14ª Enmienda, la Cláusula de Ciudadanía, que convierte en ciudadanos a "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción".

Entre los jueces que se han pronunciado al respecto se encuentran los tres magistrados liberales de la Corte Suprema, quienes han dejado claro que consideran que la orden de Trump debe ser anulada. «Con un simple trazo de pluma, el Presidente ha convertido nuestra Constitución en una "burla solemne"», escribió la jueza Sonia Sotomayor en junio, citando una opinión de 1809 redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall. Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discrepó de una decisión de los seis magistrados conservadores de la corte que utilizó una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento para limitar el uso de órdenes judiciales a nivel nacional por parte de jueces federales.

Tras la decisión del tribunal supremo, los jueces han explicado por qué creen que la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento es inconstitucional, está en desacuerdo con las concepciones de ciudadanía establecidas desde hace mucho tiempo, es contraria a una decisión de la Corte Suprema de hace 126 años y está en desacuerdo con el significado de la 14ª Enmienda en el momento en que fue adoptada en 1868.

También han escrito sobre por qué es apropiado prohibir que la orden entre en vigor a nivel nacional, incluso después del fallo de la Corte Suprema sobre las medidas cautelares.

A continuación se presentan extractos de algunas de las opiniones, así como del caso de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que los jueces han citado como el precedente más claro para sus fallos:

En 1898, la Corte Suprema falló a favor de un niño nacido en San Francisco de padres chinos.

El juez Horace Gray redactó la opinión mayoritaria en la decisión de 6-2 que dictaminó que Wong era ciudadano en virtud de haber nacido en suelo estadounidense:

“El verdadero objetivo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al calificar las palabras 'todas las personas nacidas en los Estados Unidos' con la adición 'y sujetas a su jurisdicción', parece haber sido excluir, con las palabras más concisas y adecuadas (además de los hijos de miembros de tribus indígenas, que mantienen una relación peculiar con el gobierno nacional, desconocida para el derecho consuetudinario), dos clases de casos: los hijos nacidos de enemigos extranjeros bajo ocupación hostil, y los hijos de representantes diplomáticos de un estado extranjero.”

«...La decimocuarta enmienda afirma la antigua y fundamental regla de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio, bajo la lealtad y protección del país, incluyendo a todos los niños nacidos aquí de extranjeros residentes, con las excepciones o calificaciones (tan antiguas como la regla misma) de los hijos de soberanos extranjeros o sus ministros, o nacidos en barcos públicos extranjeros, o de enemigos dentro y durante una ocupación hostil de parte de nuestro territorio, y con la única excepción adicional de los hijos de miembros de las tribus indígenas que deban lealtad directa a sus respectivas tribus.»

“La enmienda, en palabras claras y con manifiesta intención, incluye a los hijos nacidos dentro del territorio de los Estados Unidos de todas las demás personas, de cualquier raza o color, domiciliadas dentro de los Estados Unidos.”

En su voto particular, el presidente del Tribunal Supremo, Melville Fuller, escribió que Wong no podía ser ciudadano porque sus padres aún debían lealtad al emperador chino y no podían estar plenamente sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El juez John Marshall Harlan se unió a la disidencia.

La opinión de Sotomayor coincidió con los fallos de tribunales inferiores en contra de la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump.

“Los niños nacidos en Estados Unidos y sujetos a sus leyes son ciudadanos estadounidenses”, escribió Sotomayor.

La administración Trump, señaló, rompió con su práctica habitual de solicitar la aplicación a nivel nacional de las restricciones a la ciudadanía. "¿Por qué? La respuesta es obvia: para obtener tal alivio, el Gobierno tendría que demostrar que la Orden es probablemente constitucional, una tarea imposible a la luz del texto de la Constitución, su historia, los precedentes de este Tribunal, la ley federal y la práctica del Poder Ejecutivo", escribió Sotomayor.

La jueza consultó un diccionario de 1865 para ayudar a definir el término clave en cuestión en el caso: qué significa estar "sujeto a la jurisdicción" de los Estados Unidos. "Estar 'sujeto a la jurisdicción' de los Estados Unidos significa simplemente estar sujeto a su autoridad y sus leyes", escribió, proporcionando la entrada para "jurisdicción" en el Diccionario Americano de la Lengua Inglesa como "poder de gobernar o legislar" o "el poder o derecho de ejercer autoridad".

La respuesta a la cuestión legal es sencilla, escribió. «Pocas cuestiones constitucionales pueden responderse recurriendo únicamente al texto de la Constitución, pero esta es una de ellas. La Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento», escribió Sotomayor.

Sin embargo, su opinión solo obtuvo los votos de los tres magistrados liberales. La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria que limitaba las jurisdicciones nacionales, señaló la naturaleza limitada del caso del año pasado.

«El análisis de la Orden Ejecutiva realizado por el principal disidente es prematuro porque la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento no está ante nosotros. Y dado que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento no está ante nosotros, no tomamos posición sobre si el análisis del disidente es correcto», escribió Barrett.

Jueces federales han impedido que Trump ponga en práctica sus cambios propuestos, argumentando que probablemente violan la Constitución.

El juez de distrito estadounidense Joseph N. LaPlante, de Nuevo Hampshire, cuya sentencia está siendo revisada por la Corte Suprema, escribió en julio: «Es probable que la orden ejecutiva viole la Decimocuarta Enmienda de la Constitución» y la ley federal. LaPlante aplicó su sentencia a un grupo de niños nacidos en todo el país cuyas madres se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Negar la ciudadanía a esos niños, escribió LaPlante, «los convertiría en extranjeros indocumentados o en apátridas. ... Los niños correrían el riesgo de ser deportados a países que nunca han visitado».

Al mes siguiente, la jueza de distrito estadounidense Deborah Boardman, del suburbio de Greenbelt, Maryland, cerca de Washington, mantuvo su fallo inicial a favor de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y sus clientes que impugnaban la orden. «El Tribunal reafirma su conclusión anterior de que "la Orden Ejecutiva viola el texto explícito de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, entra en conflicto con la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema y contraviene los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación". Es muy probable que los demandantes tengan éxito en su demanda de que la Orden Ejecutiva es inconstitucional», escribió Boardman.

Un panel de apelaciones en California dictaminó que la orden de Trump era contraria a la historia, a los precedentes de la Corte Suprema y a la justicia.

«Quizás el Poder Ejecutivo, al reconocer que no podía modificar la Constitución, formuló su Orden Ejecutiva mediante una interpretación forzada y novedosa de la misma. El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo», escribió en julio el juez Ronald Gould, del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, al que se unió el juez Michael Daly Hawkins. El caso involucró una demanda presentada por varios estados.

La orden ejecutiva, escribió Gould, malinterpreta la historia estadounidense. “La interpretación que los demandados proponen de la Cláusula de Ciudadanía se basa en una serie de inferencias que se desvinculan de los principios legales aceptados en 1868. ... La orden ejecutiva intenta matizar y limitar el lenguaje claro de la cláusula de ciudadanía de la Constitución, que por sus propios términos solo establece que una persona nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana, al añadir la noción de que la persona debe ser hijo de un ciudadano o residente permanente legal. ... Rechazamos este enfoque porque es contrario al lenguaje expreso de la Cláusula de Ciudadanía, al razonamiento de Wong Kim Ark, a la práctica del Poder Ejecutivo durante los últimos 125 años, a la historia legislativa en la medida en que deba considerarse, y porque es contrario a la justicia”, escribió.

El juez Patrick Bumatay emitió un voto disidente, argumentando que habría anulado el fallo del tribunal inferior porque considera que los estados que impugnaban la orden ejecutiva no tenían derecho a demandar. Bumatay no se pronunció sobre la legalidad de la orden de Trump.

El tribunal federal de apelaciones de Massachusetts también falló en contra de Trump, ratificando las órdenes de los tribunales inferiores.

El juez David Barron, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Boston, dedicó cien páginas a exponer su opinión ante un panel unánime de tres jueces en octubre. «Pero la extensión de nuestro análisis no debe interpretarse como una señal de que la cuestión fundamental que plantean estos casos sobre el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento sea difícil», escribió Barron. «No lo es, lo que podría explicar por qué ha transcurrido más de un siglo desde que una rama de nuestro gobierno haya realizado un esfuerzo tan concertado como el que realiza ahora el Poder Ejecutivo para negar a los estadounidenses su derecho de nacimiento».

Retomando la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dred Scott, que prohibió a los estadounidenses negros, libres o esclavizados, ser ciudadanos y que condujo a la adopción de la 14ª Enmienda, Barron escribió: "La historia de nuestra nación en cuanto a los esfuerzos por restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento... no ha sido motivo de orgullo".

«Las "lecciones de la historia" nos dan motivos suficientes para ser cautelosos a la hora de aprobar este último intento de romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por derecho de nacimiento y de hacer que la ciudadanía dependa de las acciones de los padres en lugar de —salvo en circunstancias excepcionales— del simple hecho de haber nacido en Estados Unidos. Tampoco el texto de la Decimocuarta Enmienda, que anuló nuestro intento más infame de romper con esa tradición, nos permite aprobar este esfuerzo, como tampoco lo permite la interpretación que hizo la Corte Suprema de dicha enmienda en el caso Wong Kim Ark, los numerosos precedentes relacionados que le siguieron, ni la ley del Congreso de 1952 que incorporó el texto de esa enmienda al Código de los Estados Unidos», escribió.

(Foto AP/Jacquelyn Martin, Pool, Archivo)

A BORDO DEL CRESCENT (AP) — Hay algo melódico en ver amanecer sobre una quietud rural interrumpida solo por el ritmo de las ruedas de acero sobre las vías. O eso nos decimos a nosotros mismos.

En este caso, el simple hecho de estar a bordo de un tren tenía más que ver con la política que con la poesía.

El Congreso y Donald Trump se encontraban inmersos en su último punto muerto presupuestario, originado por la represión migratoria del presidente republicano y las tácticas de las fuerzas federales que ha enviado a ciudades estadounidenses. Pero este estancamiento ha trastocado un pilar fundamental de la vida estadounidense actual: la facilidad para viajar en avión.

En Atlanta, el aeropuerto de mi ciudad natal, que se promocionaba con orgullo como el más transitado del mundo, se había sumido en un caos organizado. Empleados federales sin sueldo se habían ausentado del trabajo, dejando un personal de seguridad reducido para controlar a los viajeros, frustrados por las largas esperas en las filas. Quería llegar a Washington para el torneo de baloncesto de la NCAA. Así que eliminé el riesgo de perder el vuelo y reservé un tren nocturno que llegaría hasta el día del partido, recorriendo una ruta de 650 millas.

En este momento tan tenso de la política estadounidense, me detuve a reflexionar sobre las cosas que damos por sentadas. ¿Quién se para a pensar en las ventajas de esa innovación del siglo XX, el avión, que hace posible el ajetreo del siglo XXI? Reservamos y embarcamos. Un gesto inconsciente de modernidad, propio del primer mundo. Es aún más raro que nos planteemos las incomodidades.

Mi decisión me había llevado aún más atrás, al siglo XIX y a otra innovación decisiva: el tren de larga distancia.

Un viaje en tren de 14 horas y media durante el fin de semana es tiempo más que suficiente para apreciar cómo la política, la economía, los conflictos sociales y las luchas por la identidad y la pertenencia siempre han influido en el orden de nuestras vidas, incluyendo cómo, cuándo y dónde nos desplazamos por Estados Unidos. Pero el Crescent de Amtrak también me permitió contemplar la amplitud de nuestra experiencia colectiva.

Recorrí la vasta extensión urbana, suburbana y rural de la costa este de Estados Unidos. Aprendí cómo otros viajeros se embarcaron en esta aventura. Y en ello, encontré el retrato de personas, del pasado y del presente, que se niegan a quedar tan paralizadas como algunos de sus líderes electos.

Comodidad en los ferrocarriles

A altas horas de la noche, una concurrida estación de Amtrak no tiene nada de glamurosa. Los niños están despiertos hasta tarde, atendidos por padres agotados. Los adultos mayores se esfuerzan por cargar con el equipaje y subir las escaleras.

Los aeropuertos tampoco son lugares de alfombra roja, por supuesto. Pero los vuelos de Delta entre Atlanta y Washington tienen cierto prestigio. Suelen durar unas dos horas de puerta a puerta. A menudo se les asigna una puerta intermedia en la terminal más cercana a la principal. Esto es casi con toda seguridad un guiño a los miembros del Congreso que la utilizan, pero que han perdido algunos beneficios de las aerolíneas durante este prolongado cierre parcial.

En circunstancias normales, puedo ir desde el porche de mi casa hasta Capitol Hill o el centro de la ciudad en tan solo 4 horas y media. Sin embargo, las colas de seguridad hoy en día podrían duplicar, como mínimo, mi tiempo total de viaje en avión.

El tren aún está lejos, y el tiempo es oro, como nos enseñan. Pero la certeza también tiene su valor, aunque signifique salir a las 11:29 p. m. Y en la estación de Amtrak no había filas interminables, ni agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, ni agentes del ICE haciendo de suplentes.

Los pasajeros que llegaron apenas unos minutos antes de la salida pudieron subir a bordo y encontrar asientos rápidamente, asignados según el orden de embarque, no en zonas predeterminadas que suelen abarrotar los pasillos. No hay servicio a la butaca ni televisión por satélite. Pero incluso los asientos de clase turista, la categoría más baja de Amtrak, son tan espaciosos como los de primera clase de un avión, y además hay wifi, así que, después de todo, no estamos en el siglo XIX ni en el XX.

A bordo, oí a un miembro de la tripulación bromear: "No soy agente de la TSA".

Los caminos de la historia

De niño, en la zona rural de Alabama, contaba los vagones del tren y me preguntaba adónde irían. Desde entonces, he leído entradas de diario y cartas de mi abuela y sus hermanas que relatan viajes de fin de semana a Atlanta durante la Segunda Guerra Mundial.

La ciudad más grande del Sur también tiene un atractivo histórico. Originalmente llamada "Terminus", Atlanta se desarrolló en la época anterior a la Guerra Civil como un cruce crucial de rutas ferroviarias norte-sur y este-oeste. Esto fue lo que atrajo al general William Tecumseh Sherman para una de las campañas más importantes de la Guerra Civil, que contribuyó a la derrota de la Confederación.

Un siglo después de la Guerra Civil, Delta eligió Atlanta como sede en lugar de Birmingham, Alabama, que era la ciudad más grande según el censo de 1960. La decisión de la compañía estuvo ligada a las ventajas fiscales para la aerolínea, cuyo nombre hacía referencia a sus orígenes como avión fumigador en la región del delta del Misisipi. Según algunas interpretaciones, la decisión de Delta se vio facilitada por el racismo más manifiesto de los líderes de Alabama y Birmingham, quienes defendían las leyes de segregación racial (Jim Crow), un código que, entre otras cosas, permitía a los estados segregar los trenes de pasajeros antes de la creación de Amtrak.

Esa noche escuché muchos idiomas y acentos, algo notable dado el papel que desempeñó la mano de obra inmigrante en la construcción del sistema ferroviario estadounidense, y especialmente llamativo ahora que la inmigración —legal e ilegal— ocupa un lugar central en Washington, mi destino. Vi rostros que reflejaban el pluralismo estadounidense, una mezcla distinta a la que mi abuela y mis tías habrían visto hace mucho tiempo.

La diversidad de voces celebraba la libertad y la comodidad de viajar en tren. Agatha Grimes y sus amigas también lo hicieron tras abordar en Greensboro, Carolina del Norte, como parte de un viaje de fin de semana largo para celebrar su 62 cumpleaños.

“Me quedé atrapada en el aeropuerto de Atlanta la semana pasada”, dijo Grimes, mientras su grupo reía en el vagón restaurante. “Es una locura”.

Beretta Nunnally, quien se describe a sí misma como una "veterana de los trenes" y organizó el viaje, dijo: "No hay que preocuparse por el estacionamiento. No hay que facturar equipaje. Llegas a la estación, llegas a tu destino y vuelves a casa".

Una era para aviones, trenes y automóviles.

Sin embargo, eso ya no es tan fácil en Estados Unidos como lo era antes.

Así como la política, la economía y los subsidios contribuyeron al crecimiento de los ferrocarriles estadounidenses, esos mismos factores redujeron la red a medida que los fabricantes de automóviles, las compañías petroleras, las constructoras de carreteras y, finalmente, los fabricantes de aviones y las aerolíneas ganaron el favor de los políticos y la atención de los consumidores.

Tras recorrer durante horas zonas rurales, observé los desguaces donde la enredadera kudzu y las vallas de alambre enmarcaban filas de automóviles oxidados. Vi las tierras de cultivo y la maquinaria que abastece a las ciudades y al resto del país. Al despertar, vi las luces nocturnas de los rascacielos de oficinas de Charlotte, Carolina del Norte, y su estadio de la NFL. Vi vibrantes capitales de condado y pensé en innumerables pueblos similares que no prosperan, desconectados del transporte ferroviario de pasajeros y lejos del sistema de autopistas interestatales de la era Eisenhower que cruzamos varias veces en nuestro viaje.

En cada caso, los votantes —conservadores, liberales, extremistas e intermedios— han elegido a sus representantes, senadores y presidente, quienes ahora marcan el rumbo de la nación.

Al llegar a Washington, me detuve a admirar el majestuoso vestíbulo de la Union Station y su encanto de estilo Beaux Arts, y lamenté la pérdida de tanto esplendor debido a la demolición de tantas terminales estadounidenses emblemáticas. Salí al exterior y contemplé la cúpula del Capitolio.

Mientras dormía, el Senado logró un acuerdo bipartidista para financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional, excepto la aplicación de las leyes de inmigración. Al avanzar hacia el norte, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes lo rechazaron. El estancamiento persistió.

Era un viajero cansado, pero un ciudadano renovado. Tenía un partido al que asistir. Y el tren siguió su marcha.

Bill Barrow cubre la política estadounidense para Associated Press. Reside en Atlanta.

(Foto AP/Bill Barrow)

Tiene un nombre pegadizo —Construye Estados Unidos, Compra Estados Unidos— y el loable objetivo de recuperar los empleos manufactureros para Estados Unidos.

Pero la ley ha generado un cuello de botella en el acceso a viviendas asequibles .

Casi todos los productos de los proyectos de vivienda asequible que reciben fondos federales, desde sistemas de climatización e iluminación hasta ganchos para lavabos y ventiladores de techo, deben llevar la etiqueta "Hecho en EE. UU.". Sin embargo, según los promotores inmobiliarios, muchos productos no la llevan, ya que desde hace tiempo se importan de mercados extranjeros con mano de obra más barata.

Aunque los constructores pueden solicitar exenciones, el proceso se ha paralizado casi por completo, ya que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano , cuyo personal ha sido reducido drásticamente por la administración Trump, solo ha dado luz verde a un puñado de proyectos.

El proceso de exención ha provocado retrasos en la construcción y cientos de miles de dólares en costes adicionales, en un momento en que el país se enfrenta a una crisis de vivienda asequible .

“Deben tratar esto como el incendio que es”, dijo Tyler Norod, presidente de Westbrook Development Corporation, que construye viviendas asequibles en Maine.

“Nos hemos resignado a la idea de que, durante la crisis de la vivienda, simplemente vamos a construir menos viviendas en todo el país .”

Ante un punto muerto

Diana Lene lleva cinco años en listas de espera para viviendas asequibles. A sus 75 años le encanta vivir cerca de su hija y sus nietos en Fargo, Dakota del Norte, pero su apartamento es demasiado caro con sus ingresos de la Seguridad Social .

“Simplemente estoy reduciendo mi presupuesto al mínimo”, dijo. Para ahorrar dinero, evita conducir con frecuencia y compra alimentos en oferta.

“Solo intento tener un techo sobre mi cabeza, pero cada vez es más difícil”, dijo Lene. “No me gusta vivir con miedo, pero a veces me invade”.

Lene está en lista de espera para uno de los apartamentos de Beyond Shelter, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo inmobiliario. El director ejecutivo, Dan Madler, está construyendo un edificio de 36 unidades para personas como Lene, pero tuvo que posponer los pedidos de madera para verificar que cumplieran con la ley y no encuentra ventiladores de techo fabricados en Estados Unidos. Desconoce cuándo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) aprobará la exención.

El presidente estadounidense Joe Biden promulgó la Ley de Construcción y Compra de Productos Estadounidenses (Build America, Buy America Act, BABA) como parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo en 2021, dando continuidad a los esfuerzos de larga data para impulsar la manufactura estadounidense en un momento en que la economía del país emergía de la recesión provocada por la pandemia. Conocida como BABA, se aplica a proyectos de infraestructura financiados por agencias federales, no solo a viviendas asequibles.

La promotora inmobiliaria de Denver, Julie Hoebel, afirma haber gastado más de 60.000 dólares solo en un consultor para que revisara sitios web y llamara a proveedores en busca de materiales fabricados en Estados Unidos, sin mencionar los costes laborales adicionales que esto conlleva.

Sin embargo, las exenciones que presentó al HUD en noviembre para unos 125 materiales en un edificio de 85 unidades no han sido aprobadas.

“Si tardan mucho más, nos encontraremos en un punto muerto”, dijo.

Un proceso engorroso

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está tardando al menos seis meses en aprobar muchas exenciones.

Incluso los defensores de BABA coinciden en que el HUD debe conceder exenciones con mayor rapidez y proporcionar a la industria instrucciones más claras sobre cómo prepararlas, algo que, según señalan, otras agencias federales ya están haciendo.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) no respondió a las preguntas de Associated Press sobre las demoras en la aprobación de exenciones que, según los desarrolladores, aumentan los costos, ni sobre las inquietudes respecto a la transparencia del proceso. En un comunicado, afirmó estar comprometido a "garantizar que el gasto federal apoye la base industrial de Estados Unidos" y, al mismo tiempo, "supervisar de cerca cómo el cumplimiento de estas políticas afecta los costos para los constructores".

En enero, al preguntársele si los retrasos y el aumento de los costos implicaban que la vivienda asequible debería estar exenta de las normas de la BABA, el secretario del HUD, Scott Turner, declaró que la agencia estaba analizando el asunto, pero no ofreció detalles. «Estamos estudiando esto... en relación con la BABA, en lo que respecta al HUD, para brindar flexibilidad a ciertos proyectos en determinados lugares de nuestro país», afirmó Turner, añadiendo que el HUD está comprometido a garantizar que los promotores inmobiliarios obtengan «la flexibilidad que necesitan en materia de construcción».

Según sus defensores, el problema no reside en la ley en sí.

Los sindicatos que representan a las industrias siderúrgica y manufacturera afirman que el dinero de los contribuyentes debería financiar materiales fabricados en Estados Unidos, y que los proveedores se adaptarán para satisfacer la demanda de productos que no estén disponibles.

“Tienen un sistema que depende en gran medida del uso de materiales importados para obtener mayores ganancias”, dijo Scott Paul, presidente de la Alianza para la Manufactura Estadounidense. “No sé si eso beneficia al bien público”.

Jennifer Schwartz, directora de defensa de impuestos y vivienda en el Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda, afirmó que no existen datos nacionales sobre cuánto está aumentando la BABA los costos. Sin embargo, señaló que el proceso de exención está "fracasando" porque los requisitos se establecieron antes de evaluar la capacidad de fabricación nacional.

No será tan complicado para los proveedores producir más materias primas en Estados Unidos, pero llevará tiempo que los productos manufacturados , como electrodomésticos y ascensores, estén disponibles, dijo Kaitlyn Snyder, directora general de la Asociación Nacional de Vivienda y Rehabilitación, un grupo de la industria de la vivienda asequible.

“No creo que sea económicamente viable que la gente se dedique a fabricar bisagras para puertas”, dijo Snyder. “Somos un país avanzado y hemos subcontratado gran parte de esa producción”.

El proyecto de ley de vivienda que aprobó el Senado en marzo no exigía que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) abordara los problemas relacionados con la implementación de la Ley de Reforma de la Vivienda Basada en la Acción (BABA, por sus siglas en inglés).

“El proceso no funciona para la vivienda asequible”, dijo Jessie Handforth Kome, quien trabajó en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) durante casi 40 años hasta 2024. “La gente quiere cumplir, pero no está claro cómo hacerlo”.

La promotora inmobiliaria Jessica Neubelt, residente en Vermont, calcula que gastó 150.000 dólares adicionales solo para verificar que el hierro y el acero que utilizó en un proyecto fueran de fabricación estadounidense. Le frustra enormemente el tiempo que esto requiere, el cual, según ella, podría dedicarse a otro proyecto.

“Me gustaría que todos los miembros del Congreso asistieran a una reunión de construcción”, dijo Neubelt. “La cantidad de detalles que se requieren para determinar si algo cumple o no con la normativa es enorme”.

Debates sobre soluciones

El representante estadounidense Mike Flood, republicano de Nebraska, ha abogado por eximir parte de los fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) del programa BABA.

“Ser propietario de una vivienda es el sueño americano, pero está muy fuera de nuestro alcance, y cualquier cosa que aumente el coste impide que los estadounidenses que trabajan duro puedan alcanzar ese sueño”, declaró Flood a la AP.

Roy Houseman, director legislativo de United Steelworkers, afirmó que las quejas sobre el aumento de los costos son exageradas.

“Muchos promotores inmobiliarios parecen haber intentado introducir cambios y modificar normativas que llevan vigentes prácticamente cinco años, en lugar de hacer un esfuerzo de buena fe para presionar realmente al HUD”, dijo Houseman.

Los dirigentes sindicales señalan que la ley ofrece cierto margen de maniobra.

Los promotores inmobiliarios pueden obtener exenciones para un producto fabricado en Estados Unidos si este aumenta el coste total del proyecto en más de un 25 %. Un porcentaje muy pequeño del coste total de los materiales del proyecto también está exento. Sin embargo, la mayoría de los promotores afirman que ese porcentaje no es suficiente para cubrir todos los artículos no fabricados en Estados Unidos.

Algunos promotores inmobiliarios buscan maneras de evitar por completo los fondos federales. Pero eso es complicado. Si bien los fondos federales suelen representar una pequeña parte de la financiación para proyectos de vivienda asequible, esa pequeña cantidad puede ser determinante para que haya suficiente dinero para construirlos.

El promotor inmobiliario de Kentucky, Scott McReynolds, afirma que, en lugar de solicitar una subvención federal para construir entre 20 y 30 viviendas asequibles, planea construir dos proyectos de cuatro unidades, lo suficientemente pequeños como para no estar sujetos a la Ley de Mejora de la Vivienda (BABA, por sus siglas en inglés).

Los materiales fabricados en Estados Unidos son especialmente difíciles de encontrar cerca de las zonas rurales a las que presta servicio McReynolds.

“Es una pesadilla”, dijo.

Kramon es miembro del programa Report for America Statehouse News Initiative de Associated Press. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que asigna periodistas a redacciones locales para cubrir temas poco difundidos.

CHARLOTTE KRAMÓN cubre temas de gobierno y política desde Atlanta. Es miembro del programa Report for America.

(Foto AP/Mark Schiedelbein, archivo)