Sus antecedentes llaman la atención. Y no en el buen sentido.

Dos bancarrotas y seis empleos policiales en tres años. Una acusación de mentir en un informe policial para justificar un cargo por delito grave contra una mujer inocente, un incidente que derivó en un acuerdo extrajudicial de 75 000 dólares y críticas a su integridad. Un tercer candidato a un puesto de trabajo no logró graduarse de la academia de policía y solo duró tres semanas en su único empleo como agente.

Su vínculo común: todos fueron contratados recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante una oleada de contrataciones sin precedentes —12.000 nuevos oficiales y agentes especiales para duplicar su plantilla— después de que la agencia recibiera una asignación extraordinaria de 75.000 millones de dólares del Congreso para poner en marcha la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump.

El presidente priorizó la acción rápida, y para el ICE eso significó un reclutamiento y contratación acelerados, lo que a su vez conllevó la incorporación de nuevos empleados con cualificaciones cuestionables. Sus antecedentes y formación han sido objeto de escrutinio tras numerosos incidentes de gran repercusión en los que agentes del ICE utilizaron fuerza excesiva.

“Si la verificación de antecedentes no se realiza correctamente y se hace demasiado rápido, existe un mayor riesgo de que la agencia incurra en una mayor responsabilidad debido a malas acciones, abuso de poder y la falta de capacidad para llevar a cabo adecuadamente la misión porque las personas no saben lo que están haciendo”, dijo Claire Trickler-McNulty, quien se desempeñó como funcionaria de ICE durante las administraciones de Obama, el primer mandato de Trump y Biden.

La agencia ha declarado que la mayoría de los nuevos empleados son policías y veteranos militares. Sin embargo, una investigación de Associated Press reveló que cada vez hay más indicios de que los solicitantes con antecedentes cuestionables no fueron investigados exhaustivamente antes de su contratación o fueron contratados a pesar de su pasado.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró durante una audiencia en el Congreso en febrero que estaba orgulloso de la campaña de contratación, que recibió más de 220.000 solicitudes. «Esta ampliación de una plantilla bien capacitada y con un riguroso proceso de selección contribuirá a que ICE pueda llevar a cabo la ambiciosa agenda del presidente y del secretario», afirmó.

La AP encuentra irregularidades legales en los antecedentes de los nuevos empleados del ICE.

A diferencia de muchos organismos policiales locales, el ICE afirmó que protege la identidad de sus empleados para evitar el acoso, lo que imposibilita un recuento completo de las nuevas contrataciones.

La agencia AP se centró en más de 40 agentes que recientemente hicieron públicos sus nuevos empleos como agentes del ICE en sus perfiles de LinkedIn, utilizando registros públicos para verificar sus antecedentes. Todos, excepto uno, eran hombres.

Si bien la mayoría contaba con las cualificaciones convencionales como exfuncionarios penitenciarios, guardias de seguridad, veteranos militares y policías, no está claro cuántos deberían haber sido potencialmente descalificados, ya que la AP no tuvo acceso a sus expedientes personales completos. Sin embargo, varios tenían antecedentes de deudas impagadas que derivaron en acciones legales, dos se habían declarado en bancarrota y otros tres habían enfrentado demandas por presunta mala conducta en empleos policiales anteriores, según descubrió la AP.

Marshall Jones, experto en reclutamiento policial del Instituto Tecnológico de Florida, afirmó que es difícil obtener una visión completa del nuevo grupo de empleados de ICE sin más datos. Sin embargo, señaló que es probable que ICE haya contratado a algunos candidatos menos idóneos que cumplen con los requisitos mínimos, pero que serían descartados en un proceso de contratación normal.

“Si contratas a cientos o miles de personas, incluso con los mejores procesos de verificación de antecedentes, siempre habrá casos atípicos”, dijo. “La pregunta es: ¿son estos casos atípicos normales producto de acciones humanas, o existe un problema sistémico en la correcta evaluación de las personas cuando hay problemas?”

El DHS afirma que "la verificación de antecedentes es un proceso continuo".

El Departamento de Seguridad Nacional, organismo matriz de ICE, no respondió a las preguntas sobre decisiones de contratación específicas. Sin embargo, reconoció que algunos solicitantes recibieron "cartas de selección provisional" y ofertas para comenzar a trabajar con un estatus temporal antes de que se les realizaran verificaciones de antecedentes completas.

“ICE se compromete a garantizar que su personal policial cumpla con los más altos estándares y los somete a una rigurosa investigación durante todo el proceso de contratación”, declaró el departamento. “La investigación es un proceso continuo, no un hecho aislado”.

El proceso incluye la revisión de sus antecedentes penales y su historial crediticio, así como la realización de investigaciones de antecedentes que incluyen entrevistas con empleadores anteriores y otros conocidos, lo cual puede llevar semanas. Sin embargo, la avalancha de contrataciones ha sobrecargado a la agencia, que prometió bonos de contratación de hasta 50.000 dólares y anunció que no se requerían títulos universitarios.

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Un memorando interno, del que Reuters informó por primera vez en febrero, indicaba a los supervisores del ICE que, si recibían información negativa sobre la conducta de un empleado recién contratado, debían remitir las acusaciones a la unidad de asuntos internos para su investigación. Dicha información podría incluir el despido o la renuncia forzada del empleado, según el memorando.

Dos bancarrotas, seis trabajos antes de que ICE lo contratara.

Entre los nuevos empleados se encuentra Carmine Gurliacci, de 46 años, quien renunció a su cargo como agente de policía en Richmond Hill, Georgia, para unirse al ICE en Atlanta en diciembre, según una carta de renuncia obtenida por AP.

En 2022, se declaró en bancarrota alegando falta de ingresos y dos años de desempleo tras mudarse de Nueva York a Georgia, según consta en los documentos judiciales. Afirmó vivir con un amigo y realizar tareas domésticas a cambio de alojamiento, enumerando decenas de miles de dólares en préstamos impagados, facturas, manutención de menores y otras deudas. También se había declarado en bancarrota en 2013 en Nueva York, cuando declaró deudas por valor de 95.000 dólares, según los registros.

Los problemas financieros graves son "una señal de alarma importante" porque podrían hacer que los empleados sean vulnerables a sobornos o extorsión, lo cual ha sido un problema en ICE, dijo Trickler-McNulty.

Tras la aprobación de su solicitud de bancarrota en 2022, Gurliacci se reincorporó al mundo laboral, pasando por seis agencias policiales de Georgia en un plazo de tres años, renunciando en cada una antes de pasar a la siguiente, según muestran los registros obtenidos por AP.

En 2023, dejó su trabajo como guardia de seguridad en un campus universitario, alegando "problemas personales imprevistos que me impiden cumplir con mis funciones", según consta en su carta de renuncia. Sin embargo, poco después comenzó a trabajar para la Oficina del Sheriff del Condado de Butts.

Permaneció allí varios meses antes de trasladarse a la Oficina del Sheriff del Condado de Chatham, donde renunció tras dos meses de trabajo, según consta en los registros. El gobierno federal obtuvo recientemente su expediente personal del Condado de Chatham como parte de una verificación de antecedentes, dos meses después de que comenzara a trabajar en ICE.

Al ser contactado por teléfono, Gurliacci le dijo a un periodista que devolvería la llamada. Nunca lo hizo y tampoco respondió a los mensajes posteriores.

Un crítico afirma que el nuevo empleado del ICE "abusa de su poder".

Otro de los nuevos fichajes es Andrew Penland, de 29 años, que se unió a ICE tras dimitir en diciembre como ayudante del sheriff en el condado de Greenwood, Kansas.

Penland había pasado la mayor parte de su carrera como ayudante del sheriff en el condado de Bourbon, Kansas, pero renunció el año pasado tras enfrentarse a una demanda que alegaba que había arrestado a una mujer con acusaciones falsas en 2022. La aseguradora del condado pagó 75.000 dólares para resolver el caso, según consta en el acuerdo.

La mujer, June Bench, relató en una entrevista lo sucedido. Uno de sus vecinos, un funcionario del condado, afirmó que Bench había dado un giro brusco a propósito y casi lo atropella con su coche.

Penland acudió al lugar. El vídeo de la cámara corporal muestra que instó al vecino a presentar cargos y le dijo que Bench iría a la cárcel, pero que no tendría que testificar en el tribunal porque el asunto se resolvería mediante un acuerdo.

Bench negó la acusación y afirmó que se trataba de una disputa personal. Sin embargo, Penland la arrestó por un delito grave de agresión, la llevó a la cárcel y confiscó su automóvil. En un informe, Penland escribió que vio un video de vigilancia que mostraba a su vecino apartándose del camino de su auto a gran velocidad.

Bench tardó una semana en salir de la cárcel y más de un año en lograr que se desestimara el cargo por falta de pruebas. Cuando obtuvo el video que Penland citó como prueba, este mostraba que su auto aparentemente realizaba un giro rutinario y que no hubo ningún incidente que casi provocara una colisión con el vecino.

Bench dijo estar indignada al enterarse de que Penland había sido contratado por ICE.

“Eso me asusta. Abusa de su poder”, dijo.

Tras ser contactado para obtener comentarios, Penland desactivó su cuenta de LinkedIn y alertó al ICE sobre la investigación, pero no respondió a la AP.

El nuevo empleado tuvo dificultades en la academia de policía.

Un tercer agente recién contratado por el ICE, Antonio Barrett, inicialmente no se graduó de la academia de policía de Colorado en 2020, siendo uno de los dos estudiantes que no "completaron partes de la academia" y recibieron "una calificación de incompleto", según muestra un correo electrónico obtenido por AP.

Finalizó el programa después de que un colegio comunitario le organizara una capacitación y un examen especiales de un día, y consiguió un trabajo en el departamento de policía de La Junta, Colorado, en julio de 2020. Pero solo trabajó tres semanas antes de renunciar y nunca más volvió a trabajar en la policía local.

Anteriormente, Barrett trabajó como funcionario de prisiones en una cárcel de Colorado.

En una demanda, fue acusado de uso excesivo de la fuerza por infligir dolor a un recluso esposado cuando, junto con otro colega, lo sacaron a la fuerza de una silla de ruedas en 2017. Sin embargo, las autoridades estatales argumentaron que sus acciones no fueron excesivas y un tribunal les dio la razón, desestimando el caso.

Barrett no respondió a un mensaje en el que se le solicitaban comentarios.

Un exinstructor del ICE afirma que la formación es inadecuada.

El ICE ha negado haber eliminado ningún requisito de capacitación, afirmando que los nuevos reclutas reciben 56 días de capacitación y 28 días de formación práctica. La agencia indicó que la mayoría de los nuevos agentes ya han completado academias de policía.

Pero el exinstructor de la academia de ICE, Ryan Schwank, testificó en febrero que los líderes de la agencia redujeron la capacitación sobre el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes. Afirmó que entre los nuevos reclutas hay algunos jóvenes de tan solo 18 años que carecen de títulos universitarios y cuyo idioma materno no es el inglés.

“No les estamos brindando la capacitación necesaria para que sepan cuándo se les pide que hagan algo que no deben hacer, algo ilegal o incorrecto”, dijo.

RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".

(Foto AP/Fran Ruchalski. archivo)