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DC inmigrantesWASHINGTON (AP) — Cuando el presidente Donald Trump lanzó una operación policial en Washington, DC, hace cuatro meses, la presentó como una misión para combatir el crimen desenfrenado.
Pero activistas y líderes locales dicen que esa descripción contradice lo que ha surgido como una ofensiva simultánea contra los inmigrantes, quienes están cada vez más preocupados por su estatus y seguridad en la ciudad.
Un tercio de todos los arrestos realizados durante el operativo estuvieron relacionados con la inmigración , según cifras oficiales revisadas por The Associated Press. Activistas e inmigrantes afirman que los arrestos son frecuentes y alarmantes. Una demanda alega que a menudo son ilegales. Y sin que se vislumbre un fin al aumento de las fuerzas del orden en la ciudad, no hay indicios de que los arrestos por inmigración vayan a cesar.
La amenaza a los inmigrantes en la ciudad se ha convertido en algo rutinario, dicen los activistas y líderes locales.
Las redadas de control de inmigración “ya no aparecen en los noticieros nocturnos porque son un fenómeno normal”, dijo la concejal de Washington Brianne K. Nadeau.
La operación en Washington D. C. es una misión para combatir el crimen, afirma Trump
Trump lanzó la intervención federal en DC a mediados de agosto con una orden de emergencia que tomó el control de la fuerza policial de la ciudad y envió agentes federales junto con cientos de tropas de la Guardia Nacional.
La administración republicana de Trump dice que la misión de DC tiene como objetivo combatir el crimen y la ha promocionado como un éxito rotundo, aunque el crimen ya estaba en descenso antes de que comenzara la operación.
Las cifras oficiales muestran que aproximadamente el 33% de los más de 7,500 arrestos realizados desde el inicio del operativo hasta el lunes estuvieron relacionados con la inmigración. En septiembre, un análisis de Associated Press reveló que el 40% de los 2,400 arrestos estaban relacionados con la inmigración.
Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicadas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, de los aproximadamente 1.130 arrestos de inmigrantes realizados en la ciudad fuertemente demócrata desde el inicio de la operación hasta el 15 de octubre, las fechas para las que se proporcionaron los datos, 947 no tenían antecedentes penales o cargos penales pendientes.
"El objetivo de la exitosa operación del presidente Trump en DC ha sido abordar los delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, quien agregó que muchos de los arrestados estaban cometiendo delitos, tenían órdenes de arresto pendientes o condenas previas.
Las estadísticas mostraron que los arrestos en el período fueron muy variados, incluyendo cargos de homicidio y drogas.
“Mis vecinos están siendo acosados, agredidos y secuestrados”
Aunque la orden de emergencia que afectaba a la policía caducó en septiembre, aún son visibles redadas, puestos de control, agentes enmascarados y vehículos sin identificar.
Decenas de testigos, en una audiencia municipal de más de 10 horas a principios de este mes, explicaron las preocupaciones actuales. Los residentes afirmaron haber presenciado detenciones, a menudo realizadas por agentes del orden enmascarados y no identificables. Los blancos comunes fueron zonas de recepción de alumnos en escuelas, puntos de distribución de alimentos, empresas de paisajismo y apartamentos con una gran población hispana. Hubo numerosas quejas de que el Departamento de Policía Metropolitana local ha seguido colaborando estrechamente con el ICE en sus iniciativas de inmigración, a pesar de la promesa de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser de no hacerlo.
Nadia Salazar Sandi, una inmigrante boliviana, dijo en la reunión que varios miembros de su familia han sido detenidos en los últimos meses, dejando lo que ella dijo eran asientos vacíos en la cena de Acción de Gracias.
“Esto es aterrador”, dijo sobre los operativos migratorios. “Ahora soy ciudadana y camino con mi pasaporte”.
Testigos afirmaron que varias detenciones comenzaron con controles de tráfico rutinarios por parte de la Policía Metropolitana. En un caso, una detención por placa vencida atrajo a más de una docena de agentes federales.
“Todos los días, mis vecinos sufren acoso, agresiones y secuestros”, dijo Leah Tribbett, residente de la ciudad. “Podría hablar durante casi toda esta audiencia y aún así no contaría todos los casos de brutalidad que he presenciado”.
Una reunión de información previa realizada por Nadeau reveló un creciente deseo de algunos inmigrantes de desaparecer del ojo público. Un testigo, un profesional médico, relató cómo una familia estaba considerando no recibir terapia del habla y ocupacional para sus hijos autistas por temor a que las autoridades los esperaran en la clínica.
Las tácticas utilizadas durante los arrestos han sido impugnadas ante los tribunales.
A principios de este mes, un juez federal impidió que la administración Trump realizara arrestos generalizados por motivos de inmigración en la capital del país sin órdenes judiciales o causa probable de que las personas arrestadas hayan violado la ley de inmigración o haya conocimiento de que representan un riesgo de fuga.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban con frecuencia y establecían puestos de control en barrios con grandes cantidades de inmigrantes hispanos y luego detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente.
José Escobar Molina, demandante en la demanda, declaró en documentos judiciales que contaba con protección legal temporal y que había vivido en la ciudad durante 25 años. Dijo que caminaba desde su apartamento hacia su camioneta de trabajo cuando dos autos se detuvieron junto a él. Agentes federales no identificados lo agarraron y lo esposaron sin preguntarle su nombre, identificación ni información sobre su estatus migratorio, afirmó. Tampoco le preguntaron dónde vivía, cuánto tiempo llevaba en la zona ni si tenía vínculos con la comunidad.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que los agentes tenían causa probable para detener a Molina y a los otros demandantes de la manera en que se utilizó.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los arrestos en Washington y otros lugares se llevan a cabo legalmente y que todos los detenidos reciben el debido proceso.
Madeleine Gates, abogada asociada del Comité de Abogados de Washington, una organización sin fines de lucro, y una de las abogadas que representan a los demandantes, dijo que han presentado declaraciones adicionales de miembros de la comunidad con docenas de casos en los que las personas fueron arrestadas fuera de los procedimientos adecuados.
"Lo que realmente hemos visto en la práctica son oficiales arrestando a personas sin aparentemente saber quiénes son", dijo Gates.
Trump no ha dicho cuándo podría reducir el refuerzo de las fuerzas federales de seguridad. Tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, presuntamente a manos de un ciudadano afgano, en la ciudad el mes pasado, Trump anunció que planeaba desplegar cientos de soldados más para apoyar la operación.
Los líderes locales están celebrando audiencias y alertando sobre los arrestos. Sin embargo, reconocen que, en un distrito federal con autonomía limitada, es poco lo que pueden hacer para contrarrestarlos.
“La frustrante verdad”, dijo Brooke Pinto, miembro del consejo municipal, “es que no tenemos los mismos recursos de poder y control, ni los mismos derechos, como distrito, que cada uno de los otros 50 estados tiene para proteger a nuestros residentes”.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a AP en 2013 y tiene su sede en Washington
Por  Gary Fields y Alanna Durkin Richer
(foto AP/AlexBrandon, archivo)

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Asesino NITUn hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto en un almacén de Nueva Hampshire, informaron las autoridades, que también revelaron que era sospechoso de matar a un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).
Claudio Neves Valente, de 48 años, exestudiante de Brown y ciudadano portugués, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, indicó el coronel Oscar Perez, jefe de policía de Providence.
Los investigadores creen que es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de la Universidad Brown el sábado pasado, y luego matar a Nuno F.G. Loureiro, profesor portugués del MIT, dos días después en su casa en un suburbio de Boston, a casi 80 kilómetros (50 millas) de Providence. Perez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.
La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito en la universidad como estudiante de posgrado en Física de otoño de 2000 a la primavera de 2001.
“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, subrayó.
Neves Valente y Loureiro asistieron previamente al mismo programa académico en una universidad en Portugal entre 1995 y 2000, reveló la fiscal federal de Massachusetts Leah B. Foley. Loureiro se graduó del programa de Física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, en 2000, según su página de la facultad del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de un puesto en la universidad de Lisboa, de acuerdo con un archivo de un aviso de despido del entonces rector de la escuela en febrero de 2000.
Neves Valente había estudiado en la Universidad Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, afirmó Foley. Por ahora las autoridades desconocen dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la escuela bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017. Su última residencia conocida fue en Miami.
Luego que las autoridades revelaron la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente —conocidas como “green cards”— que permitió a Neves Valente permanecer en Estados Unidos.
Todavía hay “muchas incógnitas” con respecto al motivo, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esa aula”.
Cómo se desarrolló la investigación
El FBI dijo anteriormente que no sabía de ningún vínculo entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.
La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar la pista crucial que ayudó a las autoridades a dar con el agresor.
Después que la policía publicara imágenes de una persona que era buscada en relación con los crímenes, el testigo —identificado solamente como “John” en una declaración jurada de la policía de Providence— lo reconoció y publicó sus sospechas en el foro de redes sociales Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a informar al FBI, y John afirmó haberlo hecho.
John narró que se había encontrado con Neves Valente horas antes en el baño del edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo y notó que llevaba ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. Volvió a toparse con Neves Valente a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un Nissan sedán al ver a John.
“Cuando lo resuelves, lo resuelves. Y esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre”, dijo Neronha.
Su pista dio a los investigadores un detalle clave: un sedán Nissan con placas de Florida. Eso permitió a la policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas alrededor de la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety. Esas cámaras rastrean matrículas y otros detalles de vehículos.
Las autoridades de Providence señalaron que luego de abandonar Rhode Island, Neves Valente colocó una matrícula de Maine sobre la matrícula del auto de alquiler a fin de ocultar su identidad.
Las imágenes de video mostraron a Neves Valente ingresando en un edificio de apartamentos cerca de la casa de Loureiro en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, se vio a Neves Valente entrando en el almacén de Salem, Nueva Hampshire, donde fue encontrado muerto, dijo Foley. Llevaba consigo un maletín y dos armas de fuego, detalló Neronha.
Las víctimas son un físico de renombre, un organizador político y un aspirante a médico
Loureiro se unió al MIT en 2016 y fue elegido el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. Había estado trabajando para explicar la física detrás de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.
Los dos estudiantes de Brown que murieron durante una sesión de estudio para los exámenes finales eran Ella Cook, de 19 años, alumna de segundo año, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, estudiante de primer año. Cook participaba activamente en su iglesia de Alabama y era vicepresidenta de los Republicanos de Brown College. La familia de Umurzokov emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando era niño, y él aspiraba a ser médico.
En cuanto a los heridos, tres fueron dados de alta y seis se encontraban estables el jueves, informaron las autoridades.
Aunque los funcionarios de Brown señalan que hay 1.200 cámaras en el campus, el ataque ocurrió en una parte más antigua del edificio de ingeniería que tiene pocas, si es que alguna, cámaras. Y los investigadores creen que el agresor entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras de Brown no capturaron imágenes del responsable.
¿Qué sucedió en investigaciones anteriores?
En tales ataques dirigidos y altamente públicos, los agresores generalmente se suicidan o son abatidos o arrestados por la policía, dijo Katherine Schweit, una agente retirada del FBI y experta en tiroteos a mansalva. Cuando logran escapar, las búsquedas pueden llevar tiempo.
En el atentado del maratón de Boston de 2013, los investigadores tardaron cuatro días en dar con los dos hermanos que lo perpetraron. En un caso de 2023, el reservista del ejército Robert Card fue encontrado muerto de un aparente suicidio dos días después de que matara a 18 personas e hiriera a otras 13 en Lewiston, Maine.
El hombre acusado de matar a la figura política conservadora Charlie Kirk en septiembre se entregó aproximadamente un día y medio después del ataque en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Y Luigi Mangione, quien se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan el año pasado, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Pensilvania.
Richer y Tucker reportaron desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania, Hannah Schoenbaum en Salt Lake City, Audrey McAvoy en Honolulu, Hallie Golden en Seattle y Matt O’Brien en Providence contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
ALANNA DURKIN RICHER covers the Justice Department and federal courts. She joined The AP in 2013 and is based in Washington.
ERIC TUCKER covers national security in Washington for The Associated Press, with a focus on the FBI and Justice Department.
(AP Foto/Reba Saldanha)

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Trump insisteWASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump pronunció el miércoles un discurso a la nación con una enorme carga política que fue transmitido en horario estelar por las cadenas de televisión, en el que intentó culpar a los demócratas de los desafíos económicos mientras anunciaba un bono de 1.776 dólares a todos los miembros de las fuerzas armadas para Navidad.
Efectuó sus comentarios mientras la nación se prepara para celebrar las fiestas navideñas, pero Trump se centró más en las divisiones al interior del país que en un sentido de unidad. Su discurso desde la Casa Blanca fue una repetición de su reciente mensaje, que hasta el momento ha sido incapaz de calmar la ansiedad pública en cuanto al elevado costo de los alimentos, la vivienda, los servicios públicos y otros bienes básicos.
Trump ha prometido un auge económico, pero la inflación se ha mantenido elevada y el mercado laboral se ha debilitado drásticamente después de que ordenó una serie de impuestos a las importaciones de varios países. El mandatario insinuó que su política arancelaria —parcialmente responsable del incremento en los precios al consumidor— financiará un nuevo “dividendo del combatiente” para 1,45 millones de miembros de las fuerzas armadas, un pago que podría aliviar algunas tensiones financieras en muchos hogares. La cantidad de 1.776 dólares es una referencia al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el próximo año, efectuada en 1776.
“Los cheques ya están en camino”, afirmó sobre el gasto, que totalizará aproximadamente 2.600 millones de dólares.
Los discursos presidenciales a la nación en televisión nacional suelen ser menos partidistas que los actos de campaña, pero Trump ofreció una versión condensada de sus habituales comentarios políticos.
Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington a sus espaldas en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, Trump intentó atribuir a su predecesor, Joe Biden, cualquier preocupación sobre la economía.
“Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”, aseguró Trump. “Estamos a punto de un auge económico, como el mundo nunca ha visto”.
Trump intenta detener caída en su índice de aprobación
Sus deseos navideños llegaron en un momento crucial mientras intenta reconstruir una popularidad que ha ido en declive constante. Según las encuestas públicas, la mayoría de los adultos en Estados Unidos están frustrados con su manejo de la economía, dado el aumento de la inflación después de que sus políticas arancelarias provocaron un incremento en los precios y una desaceleración en las contrataciones.
En 2026, Trump y su partido enfrentarán lo que se presume será un referéndum sobre su liderazgo durante las elecciones de mitad de periodo, las cuales decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición. Abiertamente se inclinó hacia temas de política, a pesar de que en el pasado las cadenas de televisión se han mostrado renuentes a transmitir discursos presidenciales cargados de retórica de campaña.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, las cadenas se negaron a dar a la Casa Blanca de Biden un espacio en horario estelar para un discurso que el entonces presidente dio sobre la democracia, porque se consideró demasiado político.
Trump habló a un ritmo acelerado, con un tono que a veces rozaba la ira. Respondió a la frustración pública de este año sobre la economía haciendo promesas aún más audaces sobre el crecimiento del próximo año, diciendo que las tasas hipotecarias bajarían y que “anunciaría algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.
El mandatario presentó algunos gráficos para argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente. Hizo afirmaciones sobre el aumento de los ingresos, la disminución de la inflación y la entrada de inversiones a la nación, al tiempo que, según él, distintos dignatarios extranjeros le han asegurado que “somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo”, una declaración que ha repetido frecuentemente en eventos públicos.
Si el argumento parecía familiar, es porque refuerza los argumentos con los que Biden intentó defender —sin mucho éxito— a la economía de Estados Unidos. Ante la creciente inflación, el expresidente también destacó la envidiable tasa de crecimiento económico del país en comparación con otras naciones.
El público ve la economía de manera distinta a como la ve Trump
Las cifras duras asimiladas por la población muestran un panorama más complicado de una economía que goza de cierta estabilidad, pero que tiene pocas razones para inspirar mucha confianza pública.
El mercado bursátil está en alza, los precios de la gasolina han bajado y las empresas tecnológicas están haciendo grandes apuestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.
Sin embargo, la inflación que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado.
El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual del 3%, frente al 2,3% de abril.
La presión sobre la asequibilidad también proviene de un mercado laboral más débil. Las contrataciones mensuales promedian apenas 17.000 desde el “Día de la Liberación”, cuando Trump anunció impuestos a las importaciones, medidas que suspendió y reajustó varios meses después.
La tasa de desempleo ha subido de 4% en enero a 4,6%.
Trump dijo que los compromisos de inversión para nuevas fábricas impulsarán los empleos de manufactura, y que la actividad del consumidor mejorará drásticamente a medida que las personas reciban un mayor reembolso de sus declaraciones fiscales a partir del próximo año.
Aunque hizo énfasis en el estado de la economía, también enfrenta desafíos en otros frentes políticos.
Las deportaciones a gran escala de inmigrantes han resultado impopulares, incluso cuando es visto en términos positivos por frenar los cruces a lo largo de la frontera sur. En términos generales, la población parece no inmutarse ante sus esfuerzos por poner fin a conflictos en distintas partes del mundo y sus ataques a embarcaciones sospechosas de traficar drogas cerca de Venezuela.
Trump intentó culpar a los demócratas del probable aumento en las primas de seguros de salud cuando expiren los subsidios vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los legisladores demócratas y algunos republicanos han buscado abordar ese problema, mientras que Trump ha insinuado —sin dar a conocer muchos detalles— que cualquier ayuda gubernamental debería ir directamente a las familias para adquirir un seguro, en lugar de a las aseguradoras. El presidente aún no se ha comprometido con una solución legislativa específica.
Después de que concluyó su discurso y el video dejó de transmitirse, Trump se dirigió a sus asesores reunidos allí y les preguntó qué les había parecido. Los asesores le aseguraron que fue grandioso.
Posteriormente Trump indicó que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, le había dicho que necesitaba dirigirse a la nación. Después conversar un poco, le preguntó a Wiles cómo lo había hecho.
“Te dije 20 minutos y lo hiciste exactamente en 20 minutos”, respondió Wiles.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOSH BOAK covers the White House and economic policy for The Associated Press. He joined the AP in 2013.
(Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

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Trump exigeWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump exigió el miércoles que Venezuela devuelva los activos que incautó a compañías petroleras de Estados Unidos hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los buques con crudo que viajan hacia o desde el país sudamericano y enfrentan sanciones estadounidenses.
Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica —parte de una campaña de presión de meses contra el presidente Nicolás Maduro—, planteando que las acciones de su gobierno para confrontar a los líderes en Caracas están, al menos en parte, motivadas por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de narcotráfico. Algunos petroleros sancionados ya están evitando ir a Venezuela.
“No vamos a permitir que pase nadie que no debería pasar”, les dijo Trump a los periodistas sobre su exhortación a un bloqueo. “Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”.
Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que los gobernantes del país se movilizaron para nacionalizar el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. La compensación ofrecida por Venezuela se consideró insuficiente, y en 2014 un panel de arbitraje internacional ordenó al gobierno socialista del país pagar 1.600 millones de dólares a ExxonMobil.
Aunque desde hace tiempo el petróleo de Venezuela ha predominado en las relaciones con Washington, el gobierno de Trump se ha centrado en los vínculos de Maduro con los narcotraficantes, acusando a su gobierno de facilitar el envío de drogas peligrosas a Estados Unidos. En su publicación en redes sociales el martes por la noche, Trump dijo que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros crímenes.
La semana pasada, fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, en medio de una acumulación militar estadounidense masiva que incluye el portaaviones más avanzado de la Armada. El gobierno de Trump también ha llevado a cabo una serie de ataques a barcos sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, en los que han muerto al menos 95 personas en total, ante lo cual legisladores y expertos jurídicos han planteado preguntas sobre la justificación jurídica de los ataques. Trump también ha dicho que está sopesando efectuar ataques en tierra.
Los comentarios de Trump sobre los “activos robados”
Stephen Miller, subjefe de personal de Trump, comparó la medida de Venezuela para nacionalizar su industria petrolera con un robo.
“El sudor, el ingenio y la labor estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”, escribió Miller en redes sociales el miércoles. “Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Posteriormente estos activos saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas”.
En un principio Venezuela se movilizó para nacionalizar su industria petrolera en la década de 1970, un proceso que se expandió bajo Chávez, quien nacionalizó cientos de negocios privados y activos de propiedad extranjera, incluidos proyectos petroleros dirigidos por ExxonMobil y ConocoPhillips. Eso derivó en la orden del panel de arbitraje en 2014.
“Se puede argumentar que Venezuela le debe este dinero a Exxon. No creo que se haya pagado nunca”, manifestó el economista Philip Verleger.
Trump culpó a sus predecesores por no adoptar una posición más dura ante Venezuela ante las incautaciones de activos.
“Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que tal vez no estaba prestando atención”, declaró Trump el miércoles. “Pero no van a volver a hacerlo. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros; teníamos mucho petróleo allí. Como saben, echaron a nuestras compañías, y lo queremos de vuelta”.
Chevron tiene una exención del gobierno de Estados Unidos para continuar produciendo petróleo en Venezuela, y el gigante con sede en Texas dice que sus operaciones no han sido interrumpidas.
La deuda de Venezuela con Chevron “ha disminuido sustancialmente” desde que se le otorgó por primera vez a la compañía una licencia para reanudar la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos en 2022, señaló Francisco Monaldi, experto en petróleo venezolano de la Universidad Rice en Houston. Dijo que el monto no ha sido dado a conocer.
¿Una nueva designación para el gobierno de Maduro?
No hubo cambios el miércoles en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras después de que Trump dijera en su publicación que se ha designado que el “régimen venezolano” es una de ellas.
A los funcionarios de varias agencias de seguridad nacional se les dijo que no tomaran al pie de la letra los comentarios de Trump sobre la designación, sino que deberían considerarse una figura retórica, según un funcionario estadounidense involucrado en las conversaciones.
Ese funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para describir las comunicaciones internas interinstitucionales, también enfatizó que el “bloqueo” anunciado por Trump se aplica sólo a los buques previamente sancionados contra los cuales ya se autorizaron ciertas acciones, tales como la incautación de la semana pasada.
El Departamento de Estado —que supervisa la lista sobre organizaciones terroristas extranjeras— no respondió a las solicitudes de aclaración.
En 2020, el Departamento de Justicia de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo, y las autoridades estadounidenses han alegado que los gobernantes de Venezuela han saqueado el país y se han beneficiado del tráfico de drogas. El mes pasado, el gobierno de Trump designó a un grupo vinculado a Maduro —el Cártel de los Soles— como una organización terrorista.
Venezuela denuncia la “piratería” estadounidense
Maduro llamó el miércoles al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para una conversación “sobre las tensiones actuales en la región”, señaló Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU.
“Durante la llamada, el secretario general reafirmó la posición de Naciones Unidas sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, particularmente la Carta de Naciones Unidas, ejerzan moderación y reduzcan las tensiones para preservar la estabilidad regional”, expresó Haq.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU —la cual fue obtenida por The Associated Press— que Estados Unidos libere de inmediato a la tripulación “secuestrada” y devuelva el petróleo confiscado ilegalmente en alta mar.
Además de instar al Consejo de Seguridad a condenar la toma del petrolero, Gil instó al órgano más poderoso de la ONU a emitir una declaración escrita que indique que no ha autorizado acciones contra Venezuela ni contra la comercialización internacional de su petróleo.
En Caracas, Maduro dijo que cuando el gobierno de Estados Unidos “dice que les pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo... sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista”.
“Nosotros estamos en nuestra ley, estamos en nuestra tierra, estamos en nuestro derecho”, agregó el mandatario en un acto de gobierno con motivo de la conmemoración de la muerte del prócer de la independencia sudamericana, Simón Bolívar, en 1830. “Lo hemos dicho hasta que ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia”.
Aunque los ataques a los supuestos barcos de drogas han generado interrogantes sobre el uso de la fuerza militar, la incautación del petrolero por parte de Trump y otras acciones contra entidades sancionadas coinciden con la política estadounidense pasada, dijo el vicealmirante estadounidense retirado Robert Murrett, ahora profesor en la Universidad de Syracuse.
Indicó también que, desde un punto de vista militar, incautar petroleros sancionados e imponer un bloqueo son cosas mucho menos arriesgadas que una confrontación militar directa.
“La política de Estados Unidos apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela”, señaló Murrett. “Si Maduro acepta renunciar mañana y tener elecciones libres y abiertas, creo que tanto demócratas como republicanos estaríamos encantados”.
Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Washington, Regina García Cano en Caracas, Cathy Bussewitz en Nueva York y Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
AAMER MADHANI Madhani covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.
(AP Foto/Mark Schiefelbein)

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Video sobrevivientesWASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el martes que el Pentágono no difundirá públicamente el video sin editar de un ataque que mató a dos sobrevivientes de un ataque inicial contra un bote que supuestamente era usado para transportar cocaína en el Caribe, mientras aumentan las preguntas en el Congreso sobre el incidente y crece el contingente militar de Estados Unidos cerca de Venezuela.
Hegseth manifestó que los miembros de las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado tendrían la oportunidad esta semana de revisar el video, pero no especificó si todos los miembros del Poder Legislativo podrían verlo.
“Por supuesto que no vamos a difundir un video ultrasecreto, completo y sin editar al público en general”, dijo Hegseth a los periodistas al salir de una sesión informativa a puerta cerrada con senadores.
Integrantes del gabinete del presidente Donald Trump encargados de la seguridad nacional estuvieron en el Capitolio el martes para defender una campaña militar que ha matado al menos a 95 personas en 25 ataques conocidos contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental. En general, describieron la campaña como un éxito, señalando que ha impedido que algunas drogas lleguen a las costas estadounidenses, y rechazaron las preocupaciones de que rebasa los límites legales de la guerra.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo a los periodistas que la campaña es una “misión contra las drogas” que está “enfocada en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio, socavando la seguridad de los estadounidenses, matando a estadounidenses, envenenando a estadounidenses”.
Los legisladores se han centrado en el ataque del 2 de septiembre contra dos sobrevivientes mientras examinan la justificación para el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en la región. En vísperas de las sesiones informativas, el ejército estadounidense informó que atacó tres botes más que supuestamente estaban traficando drogas en el océano Pacífico, y que mató a ocho personas.
Los legisladores se quedan con dudas sobre el objetivo de Trump con Venezuela
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que Hegseth llegó “con las manos vacías” a la sesión informativa, sin el video del ataque del 2 de septiembre.
“Si no pueden ser transparentes en esto, ¿cómo puedes confiar en su transparencia en todos los otros temas que giran en torno al Caribe?”, cuestionó Schumer.
Senadores demócratas y republicanos dijeron que los funcionarios no dejaron claros los objetivos de Trump en lo que respecta al presidente venezolano Nicolás Maduro o al envío de fuerzas estadounidenses directamente a la nación sudamericana.
“Quiero abordar la pregunta, ¿es el objetivo sacarlo? Si el objetivo no es sacarlo, estás cometiendo un error”, dijo el senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur que defendió la legalidad de la campaña y comentó que quería que Maduro fuera destituido.
Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, volado aviones de combate cerca del espacio aéreo venezolano y se ha apoderado de un buque petrolero como parte de su campaña contra Maduro, quien insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo. El lunes, Maduro dijo en un programa semanal de televisión estatal que su gobierno aún no sabe el paradero de la tripulación del petrolero. Criticó a Naciones Unidas por no pronunciarse contra lo que describió como un “caso de piratería” contra “un barco privado que llevaba petróleo venezolano”.
El gobierno de Trump no ha pedido autorización del Congreso para la acción contra Venezuela. El enfoque unilateral de la administración federal sin el Congreso, dicen los expertos, ha llevado a acciones militares problemáticas, ninguna más que el ataque que mató a dos personas que se habían subido a una parte de una lancha parcialmente destruida en un ataque inicial.
“Si no es una guerra contra Venezuela, entonces estamos usando fuerza armada contra civiles que sólo están cometiendo delitos”, señaló John Yoo, un profesor de derecho de Berkeley que ayudó a elaborar los argumentos legales y la justificación de la administración del presidente George W. Bush para los interrogatorios agresivos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Entonces esta pregunta, esta preocupación, se vuelve realmente obvia. Sabes, estás disparando contra civiles. No hay un propósito militar para ello”.
Sin embargo, durante meses, el Congreso ha recibido información a cuentagotas sobre por qué o cómo el ejército de Estados Unidos lleva a cabo una campaña que ha destruido más de 20 botes y matado al menos a 95 personas. A veces, los legisladores se enteran de los ataques por las redes sociales después de que el Pentágono publica videos de lanchas estallando en llamas.
Hegseth ahora enfrenta una solicitud incluida en proyecto de ley anual de política militar que amenaza con retener una cuarta parte de su presupuesto de viajes si el Pentágono no proporciona el video sin editar de los ataques a las comisiones de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes .
Piden dar a conocer el video
Para algunos, la controversia sobre las imágenes demuestra la lógica defectuosa detrás de toda la campaña.
“El público estadounidense debería verlo. Creo que disparar contra personas desarmadas que patalean en el agua, aferrándose a los restos, no es lo que somos como pueblo”, dijo el senador republicano Rand Paul, quien ha sido un crítico abierto de la campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico.
Pero a los senadores se les dijo que el gobierno federal no publicará todas las imágenes del ataque del 2 de septiembre porque revelaría prácticas militares estadounidenses sobre la recopilación de inteligencia, indicó la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts. Ella dijo que el argumento pasa por alto que el ejército ya ha publicado imágenes del ataque inicial.
“Simplemente no quieren revelar la parte que indica crímenes de guerra”, añadió.
Algunos legisladores republicanos están decididos a profundizar en los detalles del ataque del 2 de septiembre. Se esperaba que el almirante Frank Bradley, quien ordenó el segundo ataque, regresara al Capitolio el miércoles para sesiones informativas confidenciales con las comisiones de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes. Las comisiones también revisarían el video de los ataques del 2 de septiembre, dijo Hegseth.
Aun así, muchos republicanos salieron de las sesiones informativas apoyando la campaña, defendiendo su legalidad y elogiando la “inteligencia exquisita” que se utiliza para identificar objetivos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó el ataque como “ciertamente apropiado” y “necesario para proteger a Estados Unidos y nuestros intereses”.
La periodista de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, Venezuela, contribuyó a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
STEPHEN GROVES covers Congress for The Associated Press.
(Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
POR  STEPHEN GROVES, LISA MASCARO and BEN FINLEY
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