El abogado de la familia de Nolan Xavier Wells ha declarado que el miércoles por la mañana dará a conocer los resultados de la autopsia independiente realizada sobre la muerte del joven de 18 años.

Según el abogado de derechos civiles Ben Crump , quien representa a la familia, los resultados preliminares se harán públicos durante una conferencia de prensa que se celebrará en la Convención Nacional anual de la NAACP en Chicago. Se espera que los padres de Wells asistan.

Crump ha prometido llevar a cabo su propia investigación sobre las circunstancias de la desaparición del adolescente, ocurrida tras una excursión en barco con amigos el 4 de julio a una isla frente a la costa de Misisipi. Wells no regresó a tierra firme con sus amigos. Su cuerpo fue hallado flotando frente a la costa de la isla dos días después.

La Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi realizó su propia autopsia, pero aún no ha publicado los resultados.

La segunda autopsia fue organizada por la familia y Crump, y costeada por el exjugador de la NFL Colin Kaepernick. Crump afirmó que determinaría si Wells “presentaba alguna lesión física en su cuerpo además de la causada por el ahogamiento”.

Las circunstancias aún desconocidas en torno a la muerte de Wells han desatado una ola de especulaciones en internet y han provocado que líderes afroamericanos exijan transparencia a las autoridades locales. Wells, que era afroamericano, había viajado a la isla con un grupo de amigos del instituto, todos ellos blancos.

Se ofrece una recompensa de 125.000 dólares —financiada conjuntamente por el reverendo Al Sharpton, el actor y productor Tyler Perry y el exjugador de la NFL Terrell Owens— a cambio de información que conduzca al arresto y la condena de los responsables de la muerte.

El anuncio de la autopsia se produce dos días después de que Wells fuera enterrado en su ciudad natal de Ocean Springs, Mississippi.

En su elogio fúnebre, Sharpton lamentó las "inconsistencias y las preguntas sin respuesta" que habían ensombrecido a la afligida familia.

Cuestionó por qué los amigos de Wells lo habían abandonado, le habían quitado el teléfono y las llaves y no habían denunciado su desaparición a la policía. Además, sugirió que los investigadores locales se habían precipitado en sus declaraciones a la prensa al indicar que no se sospechaba de ningún delito.

“La razón por la que mucha gente en todo el país está pendiente del caso Nolan es porque estamos analizando los antecedentes en Mississippi”, añadió Sharpton. “No podemos permitir que un agente de la ley diga que no hubo ningún delito antes de que se inicie una investigación”.

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, declaró que las entrevistas iniciales sugieren que Wells optó por quedarse en la isla y que sus amigos creían que alguien más lo llevaría. Añadió que los amigos están cooperando con la investigación, que aún continúa.

“Estamos tratando de ser respetuosos y colaborar en la medida de lo posible”, dijo Crump. “Pero siempre nos preocupa a todos cuando estas investigaciones se prolongan indefinidamente”.

JAKE OFFENHARTZ es reportero de noticias generales en la oficina de The Associated Press en la ciudad de Nueva York.

(Foto AP/Gerald Herbert)

El lunes comenzó la selección del jurado en el juicio de una madre de Massachusetts que estranguló a sus tres hijos mientras recibía tratamiento médico por problemas psiquiátricos que desarrolló después de dar a luz.

Se espera que el juicio de Lindsay Clancy, que podría durar varias semanas, explore el complejo y raro fenómeno de la psicosis posparto, que afecta a un porcentaje muy pequeño de mujeres que desarrollan delirios y, a veces, alucinaciones después del parto.

El lunes se seleccionaron cinco miembros del jurado. En total, se elegirán 18 jurados para el juicio, incluyendo seis suplentes.

Los abogados de Clancy —y su esposo— afirman que ella no fue responsable de sus actos. El abogado defensor Kevin Reddington no niega que ella mató a los niños, pero planea alegar demencia como defensa.

“Todo este caso es una tragedia extrema”, dijo.

Según la fiscalía, los asesinatos fueron intencionados y bien planificados, y no obra de alguien que hubiera perdido el control.

Clancy, ex enfermera de partos en el Hospital General de Massachusetts, se declaró inocente de los cargos de asesinato por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, quienes fallecieron el 24 de enero de 2023.

NOTA DEL EDITOR: Este artículo trata sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, puede comunicarse con la línea nacional de ayuda para el suicidio y las crisis en Estados Unidos llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

El día de los asesinatos, Clancy, que ahora tiene 36 años, le pidió a su esposo, Patrick Clancy, que saliera de casa para comprar comida para llevar y recoger algo en una farmacia. Estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio y luego intentó quitarse la vida de diversas maneras.

Quedó paralizada tras caer desde la ventana del segundo piso de su casa y se encuentra ingresada en un hospital estatal.

El esposo de Clancy figura en la lista de testigos tanto de la fiscalía como de la defensa. En entrevistas, ha declarado que perdona a su esposa.

Se espera que dieciocho miembros del jurado, incluidos seis suplentes, sean seleccionados a lo largo de varios días para el juicio en Plymouth, que está cerca de la casa de la familia en Duxbury, un suburbio costero de clase alta a unos 48 kilómetros al sur de Boston.

Clancy y su esposo presentaron demandas a principios de este año acusando a sus proveedores de atención médica de no haberla diagnosticado, tratado ni monitoreado adecuadamente por una "afección psiquiátrica posparto grave". Ella pasó varios días en un hospital psiquiátrico semanas antes de los asesinatos.

La demanda de Lindsay Clancy detallaba cómo sufría depresión, tenía problemas para dormir y oía repetidamente voces que la incitaban a hacerse daño a sí misma y a sus hijos.

“Lindsay Clancy hizo todo lo que una madre en su situación podía hacer”, dice la demanda. “Reconoció que algo andaba mal con ella. Buscó atención médica. Acudió a urgencias. Llamó a líneas de ayuda en crisis. Ingresó en hospitales. Tomó la medicación que le recetaron. Comunicó a sus médicos el empeoramiento de sus síntomas. Les dijo que los medicamentos la estaban empeorando”.

El día de los asesinatos, Clancy afirmó haber oído voces que le decían: «Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas suicidarte». Una voz le dijo que «sus hijos sufrirían si ella desaparecía», según la demanda presentada por Patrick Clancy, que cita historiales médicos.

En una publicación en GoFundMe varios días después de los asesinatos, Patrick Clancy escribió que la "conmoción y el dolor son insoportables e implacables", pero instó al público a ver a Lindsay Clancy como él la veía antes de los asesinatos.

«La verdadera Lindsay era generosa, cariñosa y atenta con todos: conmigo, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos y con sus pacientes. Su alma rebosaba amor. Lo único que deseo para ella ahora es que encuentre la paz», decía el mensaje.

MICHAEL CASEY escribe sobre medio ambiente, vivienda y desigualdad para Associated Press. Vive en Boston.

(Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool)

WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado una solicitud de Joe Biden para bloquear la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de sus entrevistas con un escritor fantasma de sus memorias antes de ser elegido presidente .

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos suspendió su decisión hasta el 3 de agosto para darle a Biden más tiempo para considerar otra apelación.

El fallo del panel, emitido el lunes por la noche con una votación de 2 a 1, determinó que existe un interés público "sustancial" en revelar el material que Biden desea mantener en secreto. La mayoría señaló que la edición de las grabaciones contribuiría a proteger la privacidad de Biden.

“Concluimos que cualquier posible intrusión en la privacidad personal derivada de la divulgación de los materiales ahora censurados probablemente no supera el interés público en dicha divulgación”, afirma el fallo.

La jueza Florence Pan, nominada por Biden, demócrata, escribió una opinión disidente en la que afirmó que Biden ha demostrado un "interés sustancial en la privacidad" al mantener el material oculto.

“Las conversaciones en cuestión tuvieron lugar en la casa de Biden, y las grabaciones fueron obtenidas por el gobierno en el curso de una investigación criminal que no derivó en una acusación formal”, escribió.

La apelación también fue escuchada por el juez presidente del Tribunal de Circuito de DC, Sri Srinivasan, y el juez Gregory Katsas. Srinivasan fue nominado por el presidente Barack Obama, demócrata que eligió a Biden como su vicepresidente. Katsas fue nominado por el presidente Donald Trump, republicano que perdió ante Biden en 2020, pero fue reelegido para la Casa Blanca en 2024.

Mark Zwonitzer, quien colaboró ​​con Biden en dos libros de memorias , "Promises to Keep" (2007) y "Promise Me, Dad" (2017), lo entrevistó en su casa en 2016 y 2017. Los abogados de Biden afirman que las conversaciones fueron sinceras, personales y que la intención era que permanecieran privadas.

Las grabaciones fueron obtenidas por el fiscal especial Robert Hur , quien investigó el manejo que hizo Biden de documentos clasificados durante su época como senador por Delaware y como vicepresidente de Obama. Los republicanos en el Congreso exigieron el material después de que Hur se negara a presentar cargos contra el entonces presidente.

Biden presentó una demanda y solicitó una orden judicial para impedir que el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, divulgara las grabaciones al Congreso y a la conservadora Heritage Foundation. El departamento había argumentado previamente que las grabaciones estaban exentas de divulgación según la ley de acceso a la información pública.

Biden apeló después de que el juez de distrito estadounidense Dabney Friedrich, nominado por Trump, dictaminara en junio que el interés público en el material prevalecía sobre cualquier derecho a la privacidad que pudiera tener Biden.

Pan señaló que la mayoría, al denegar la solicitud de Biden de una orden judicial pendiente de apelación, está fallando de hecho a favor de la divulgación inmediata del material.

“Eso, por supuesto, invalida este caso”, escribió.

Por  MICHAEL KUNZELMAN

(Foto AP/Susan Wals, archivo)

WASHINGTON (AP) — La administración Trump ha presentado la primera petición de este tipo ante un tribunal secreto e inactivo creado hace 30 años para considerar las solicitudes gubernamentales de deportación de los llamados "terroristas extranjeros" de Estados Unidos.

El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros se estableció en 1996, pero nunca había recibido una petición hasta el pasado miércoles, cuando el Departamento de Justicia presentó una solicitud para la expulsión de una persona cuyo nombre no figura en el documento de una sola página publicado en el sitio web del tribunal.

La jueza presidenta del tribunal de cinco miembros, Joan Ericksen, dijo en una respuesta escrita a la petición que el jueves se celebró una audiencia durante la cual el tribunal tuvo "preguntas sobre el nexo que el gobierno alega entre las acciones del demandado y las secciones y subsecciones específicas que invoca con respecto a esas acciones.

“Las respuestas convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de una consideración más reflexiva”, escribió Ericksen, juez federal en Minnesota.

Dio instrucciones al Departamento de Justicia para que proporcionara más información antes del miércoles.

Las facultades del tribunal surgieron de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite al fiscal general presentar, bajo secreto de sumario, solicitudes de deportación de un presunto “terrorista extranjero”. Si se concede una solicitud, el tribunal debe celebrar una audiencia pública en la que el gobierno tiene la carga de probar que el individuo cumple con dicha definición. Las solicitudes deben ser aprobadas por el fiscal general o el fiscal general adjunto.

La ley federal establece que un individuo podría ser calificado como "terrorista extranjero" por, entre otros factores, haber "participado en una actividad terrorista", respaldar o defender actividades terroristas y pertenecer a un grupo político o social que fomente la actividad terrorista.

El tribunal ha permanecido inactivo desde su creación, sin haber recibido —hasta la semana pasada— solicitudes ni haber celebrado audiencias, según un resumen publicado en el sitio web del Centro Judicial Federal. Está compuesto por cinco jueces seleccionados por el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Durante el último año, la administración Trump ha actuado con contundencia para llevar a cabo deportaciones, incluso invocando una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Extranjeros Enemigos, para expulsar a migrantes venezolanos a quienes las autoridades acusan de formar parte de una banda terrorista. Durante una audiencia sobre ese caso el año pasado , el juez de Washington que lo presidía, James Boasberg, indicó que el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas sería el foro idóneo para considerar una solicitud de deportación por motivos de seguridad nacional.

“De hecho, el Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no? Porque crearon el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros”, dijo. “Así que si existe una preocupación de seguridad nacional con respecto a la celebración de estas audiencias... siempre se puede acudir al Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros, lo cual sería la primera vez, pero para eso está, ¿verdad?”.

La petición fue reportada inicialmente por Court Watch, un sitio web de noticias independiente.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

(Foto AP/Jose Luis Magana, archivo)