WASHINGTON (AP) — Los demócratas criticaron duramente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el martes durante una acalorada audiencia en el Senado, calificando de "una locura" sus amenazas de retirar a los agentes de algunos aeropuertos en las llamadas ciudades santuario y acusando a su departamento de gastar imprudentemente miles de millones de dólares.

En su audiencia de confirmación a principios de este año, Mullin se presentó como una figura estabilizadora para el Departamento de Seguridad Nacional tras las múltiples controversias que sacudieron el mandato de su predecesor. Sin embargo, el martes, los demócratas expresaron un profundo escepticismo sobre su capacidad para transformar el departamento, en particular su enfoque en la aplicación de las leyes de inmigración y su compromiso con el estado de derecho.

“Quiero ser muy clara, secretario Mullin, estoy observando atentamente las medidas que tome ahora como nuevo secretario del DHS”, dijo la senadora de Washington, Patty Murray. “Incluso ahora, estamos viendo algunas propuestas escandalosas”.

Mullin, quien hace apenas unos meses era senador junto a quienes lo criticaban, se defendió calificando los ataques de "extravagantes" y "simplemente erróneos".

La comparecencia de Mullin ante el subcomité de asignaciones para la seguridad nacional se produce mientras el Senado sopesa una legislación que financiaría a las agencias de control de la inmigración hasta el final del mandato del presidente Donald Trump, en una maniobra que eludiría la necesidad de contar con el apoyo de los demócratas, quienes han exigido restricciones antes de aceptar financiar dichas agencias.

El intento de financiar a largo plazo a esas dos agencias se ha estancado debido a la oposición republicana, por separado, a un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares para indemnizar a los aliados de Trump que creen haber sido perseguidos políticamente, un plan que fue suspendido el martes.

Críticas por la amenaza de Mullin en el aeropuerto por parte de la CBP.

Murray citó las amenazas de Mullin de retirar a los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. de los aeropuertos en los estados que la administración Trump considera "ciudades santuario", lo que significa que no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Su plan de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos en las ciudades que no se pliegan a Trump es una locura”, dijo Murray. “Además, supondría una crisis económica tanto para los estados demócratas como para los republicanos”.

Mullin ha inquietado al sector turístico con sus amenazas de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos de las llamadas "ciudades santuario". No existe una definición estricta de lo que constituye una jurisdicción santuario, pero el término se usa generalmente para describir a las ciudades y estados que limitan la cooperación con el ICE. En el pasado, los tribunales han rechazado la idea de retirarles la financiación.

Mullin aún no ha presentado una propuesta concreta, pero ha sugerido públicamente en repetidas ocasiones que está sopesando la idea.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos afirmó que Mullin también confirmó durante una reunión con el grupo el mes pasado que estaba considerando tomar esa medida. La asociación se había reunido con Mullin para discutir otras propuestas de la administración Trump que afectan a la industria turística.

US Travel y las principales aerolíneas condenaron rápidamente cualquier intento de retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos, e incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha dicho que no le parece lógico.

Una medida de este tipo podría trastocar los viajes internacionales en un momento en que millones de visitantes se preparan para venir a Estados Unidos con motivo del Mundial.

Aunque los demócratas criticaron a Mullin por la sugerencia, no se le preguntó directamente sobre el plan durante la audiencia del martes y no abordó el tema.

Murray también afirmó que creía que la Casa Blanca aún ejercía una influencia significativa sobre Mullin y el Departamento de Seguridad Nacional.

“Todavía no te he visto retomar las riendas de Stephen Miller”, dijo, refiriéndose al asesor de Trump, uno de los artífices de la represión migratoria del gobierno.

Tras una mordaz declaración inicial del senador demócrata Chris Murphy de Connecticut, en la que cuestionó su compromiso con el estado de derecho, Mullin se desvió de su declaración inicial para defenderse a sí mismo y a su departamento.

“Cuando empiezan a decir que es inconstitucional, ¿qué es lo inconstitucional que estamos haciendo? Juramos defender la Constitución, igual que ustedes juraron respetarla”, dijo Mullin, quien culpó a la retórica de Murphy por el creciente número de amenazas y ataques contra sus agentes.

Mullin defiende el trato que reciben los detenidos en Nueva Jersey.

Murphy también interrogó a Mullin sobre el trato que reciben los detenidos en un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey. Manifestantes y miembros demócratas del Congreso han expresado su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes retenidos en dicho centro.

Los congresistas demócratas que han visitado las instalaciones afirman que la comida a veces contenía gusanos y criticaron la calidad de la atención médica que reciben los detenidos. Murphy se sumó a estas críticas, señalando que los detenidos habían descrito "comida en mal estado, retrasos en la atención médica, problemas con el alcantarillado" y "presiones indebidas para firmar documentos de deportación".

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado todas las acusaciones de abuso o maltrato dentro de las instalaciones.

Mullin declaró el martes que actualmente hay unos 700 detenidos en Delaney, centro que, según él, tiene licencia para albergar a unas 1000 personas. Rechazó las críticas, afirmando que los inspectores de sanidad habían estado recientemente en las instalaciones y no encontraron ninguna infracción. Mullin también acusó a algunos manifestantes de atacar a agentes del Departamento de Seguridad Nacional.

“Tuvimos agentes mordidos, agentes arañados, agentes pinchados, agentes golpeados”, dijo Mullin.

Peters afirma que la administración Trump politiza la respuesta ante desastres.

Mullin también fue criticado por el dinero desembolsado para ayuda en casos de desastre a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Gary Peters, un demócrata de Michigan, citó informes recientes que indican que Trump ha aprobado más declaraciones de desastre importantes para estados republicanos que para estados demócratas .

“¿Cree usted que es correcto que un presidente apruebe la ayuda para desastres basándose en si un estado votó por él o no, en lugar de en la magnitud de los daños que realmente se produjeron en ese estado?”, preguntó Peters a Mullin.

“Esa no es mi experiencia con el presidente”, respondió Mullin, señalando que la semana pasada Trump aprobó y denegó numerosas ayudas por desastre tanto a estados republicanos como demócratas. La ayuda por desastre “no debería politizarse”, añadió Mullin posteriormente.

Los republicanos expresaron mayoritariamente su apoyo al trabajo de Mullin, afirmando que estaba respetando el estado de derecho. Sin embargo, se enfrentó a la oposición de la senadora republicana Susan Collins de Maine, quien preguntó si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sería flexible con respecto a las altas tarifas y cuotas para ciertos tipos de visas de trabajo.

La audiencia del martes fue la primera vez que Mullin compareció ante el Senado desde su audiencia de confirmación en marzo. Mullin, a quien Trump designó para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional tras el despido de su predecesora, Kristi Noem , testificará en la Cámara de Representantes sobre el presupuesto el miércoles.

Los periodistas de Associated Press Rio Yamat en Las Vegas y Gabriela Aoun Angueira en San Diego, California, contribuyeron.

REBECCA SANTANA cubre la información del Departamento de Seguridad Nacional para Associated Press. Cuenta con una amplia experiencia como reportera en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.

(Foto AP/Mariam Zuhaib)

Un hombre albanés afirmó que el dolor se volvió tan insoportable que se arrancó un diente mientras languidecía durante meses en un centro de detención de inmigrantes en Nuevo México. Una madre hondureña de dos hijos declaró que fue hospitalizada por un problema cardíaco tras negársele medicamentos para la presión arterial mientras estaba detenida en Florida. Un hombre venezolano afirmó que su pierna se puso morada e hinchada por una bacteria carnívora cuando el personal de un centro en Vermont no lo llevó a una cita médica programada.

Cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan en demandas federales que los centros de detención de inmigrantes no les brindan atención médica adecuada, según una investigación de KFF Health News y The Associated Press. Los detenidos afirman que no recibieron medicamentos a tiempo, o que no los recibieron en absoluto, para afecciones como hipertensión, diabetes, depresión, epilepsia, Parkinson y VIH. Sus solicitudes de ayuda quedaron sin respuesta durante semanas. Sus niveles de azúcar en sangre aumentaron. Las infecciones se agravaron. Los cánceres permanecieron sin tratamiento. Algunos detenidos sufrieron colapsos y convulsiones.

Las cárceles y los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos llevan mucho tiempo luchando por satisfacer las necesidades médicas de las personas bajo su custodia. Pero el sistema está colapsando debido a la afluencia de detenciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo: a mediados de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tenía detenidos a más de 75.000 inmigrantes, frente a los cerca de 40.000 del año anterior.

KFF Health News y AP analizaron miles de casos judiciales presentados desde la segunda investidura de Trump que utilizan el recurso de hábeas corpus para argumentar que el ICE detiene ilegalmente a personas. Los registros ofrecen una perspectiva única sobre cómo los detenidos afirman —a menudo bajo pena de perjurio— que el ICE está atendiendo sus necesidades médicas. Los periodistas también entrevistaron a más de 50 detenidos, familiares y abogados.

La investigación reveló que se alega negligencia médica en todo el extenso sistema de detención, incluso en oficinas no diseñadas para albergar personas, cárceles del condado y centros improvisados ​​con apodos como "Alcatraz de los Caimanes".

La detención por parte del ICE es más letal que en las últimas dos décadas, según escribieron investigadores en la revista JAMA en abril. El Departamento de Seguridad Nacional informó que 51 personas habían muerto bajo custodia desde el inicio del segundo mandato de Trump, y que los suicidios se habían disparado a una cifra sin precedentes.

KFF Health News y AP solicitaron al DHS que respondiera a los hallazgos seis días antes de su publicación, pero no obtuvieron respuesta. El director médico interino del departamento, Sean Conley, había declarado anteriormente que “es política y práctica habitual que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan a la custodia de ICE” y que el DHS contrata a profesionales de la salud para mantener altos estándares. “Esta es una atención médica mejor y más eficaz que la que muchos extranjeros hayan recibido en toda su vida”, afirmó.

Los centros penitenciarios y las empresas privadas que tienen contratos con el DHS y que respondieron a las solicitudes de comentarios afirmaron que cumplen con los estándares del ICE y que los detenidos reciben atención médica cuando es necesario. Algunos dijeron desconocer las acusaciones descritas en los documentos judiciales; otros culparon a los propios detenidos por las deficiencias en su atención médica.

“Nunca había visto semejante desprecio o negligencia médica en ningún otro lugar”, escribió Vardan Gukasian, disidente político y ex paramédico que pasó años entre rejas en Armenia, en una declaración judicial en marzo para impugnar su detención en Henderson, Nevada, que se prolongó durante 13 meses a pesar de sus problemas de salud.

¿Tienes alguna noticia que quieras compartir?

Comuníquese con el equipo de investigación global de AP a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Para comunicaciones seguras y confidenciales, utilice la aplicación gratuita Signal +1 (202) 281-8604.

Madeleine Skains, portavoz de la ciudad de Henderson, dijo que la atención médica siempre está disponible en el centro y que el tribunal no había ordenado cambios en su atención.

El pasado mes de junio, cuando Gukasian experimentó los síntomas de una hipertensión arterial descontrolada (mareos, hemorragia nasal y dolor de cabeza), su compañero de celda golpeó la puerta pidiendo ayuda.

“Cuando no llegó, el resto de la cuadra golpeó sus puertas”, escribió. Gukasian fue hospitalizado ese día.

«Una descarada indiferencia ante problemas realmente evidentes».

La campaña de deportación masiva del gobierno ha afectado a cientos de miles de personas durante controles migratorios rutinarios, en controles de tráfico, en sus hogares y en hospitales.

Aproximadamente el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Sus trámites migratorios son civiles, no penales.

“No podía entender por qué me trataron con tanta dureza”, dijo un padre de seis hijos en Georgia. Contó que resultó herido mientras estaba esposado bajo custodia cuando el vehículo que lo transportaba a un centro penitenciario en Atlanta dio una sacudida, lanzándolo de su asiento contra un reposabrazos metálico. Su herida se infectó con E. coli, explicó, porque tuvo que dormir en un suelo de cemento sucio entre inodoros con fugas.

Al igual que otros detenidos entrevistados, habló bajo condición de anonimato; manifestaron temer por su seguridad, por la de sus familias o que hablar públicamente pondría en peligro sus casos de inmigración. La AP y KFF Health News no revelan la identidad de ninguna persona identificada en documentos judiciales sin su consentimiento.

Según consta en los registros judiciales, el personal del Centro de Detención Stewart, en la zona rural de Lumpkin, Georgia, no respondió adecuadamente a la solicitud de asistencia médica de ese hombre hasta que perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital a una hora de distancia. Allí, según su testimonio, un médico le dijo que había evitado por poco la amputación de su pierna izquierda. El personal médico no encontró registros de un caso similar, según Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la empresa penitenciaria privada que administra el centro.

El hombre de 48 años, que emigró a Estados Unidos desde Guatemala hace más de dos décadas, fue liberado en octubre y ahora es residente permanente legal. Sin embargo, no está seguro de poder regresar a su trabajo en la construcción, ya que, según afirma, debido a su lesión ya no puede levantar objetos pesados.

Algunos detenidos o sus abogados afirmaron que incluso se les negó la atención básica: gasas para proteger una herida abierta en el pie, atención prenatal para un embarazo de alto riesgo, una almohada para aliviar el dolor de dormir con cáncer de estómago avanzado, compresas sanitarias para el sangrado posparto.

«Quisiera creer que el gobierno vela por el bienestar de las personas que mantiene detenidas, sea cual sea el tiempo que dure su detención», declaró la jueza federal Benita Pearson, de Ohio, durante una audiencia celebrada en octubre en relación con el caso de una mujer de 70 años que alegó que el gobierno le había perdido las gafas durante su arresto. «Si una persona no puede ver bien debido a la pérdida de sus gafas durante su detención, eso debería solucionarse».

Dora Schriro , quien trabajó para ICE y ahora se desempeña como asesora especial de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, afirmó que la jurisprudencia exige que el gobierno trate a las personas detenidas por motivos de inmigración con el mismo cuidado que brinda a quienes se encuentran en cárceles tradicionales en espera de juicio. Sin embargo, los administradores tienen discreción y los estándares de atención médica varían.

Los detenidos son trasladados con frecuencia por todo el país, a menudo sin previo aviso, lo que interrumpe su tratamiento. Una mujer de El Salvador contó que perdió una semana de medicación contra el VIH cuando fue trasladada de Colorado a una cárcel del condado en Wyoming.

Un hombre ruso escribió que, mientras estaba detenido en Texas, consultó con un gastroenterólogo por sus dolorosos cálculos biliares y programó una cita con un cirujano. «Lamentablemente, nunca pude verlo, debido a que me trasladaron de un centro de detención a otro».

Los defensores afirman que incluso las discapacidades evidentes, como la ceguera legal, son ignoradas.

Un detenido que perdió un ojo y padecía glaucoma grave en el otro necesitaba gotas dos veces al día para mantener la poca visión que le quedaba. Pero, según contó, algunos días las gotas nunca llegaban.

“Ahora solo puedo ver un poco de frente. A menudo parece que veo a través de una gasa”, escribió el hombre en una declaración judicial. “Esto me da mucho miedo, temo que algún día abra los ojos y no pueda ver absolutamente nada”.

Escribió que temía no poder ver crecer a su hijo pequeño.

“Es una indiferencia descarada ante problemas muy evidentes, cosas que hace una década parecían absurdas, como el hecho de que no se pueda ver”, dijo el abogado del hombre, Brian Hoffman. “Antes, se podía intentar colaborar con la gente del gobierno y tal vez avergonzarlos para que hicieran lo correcto. Ahora, es como si para cualquier cosa que quieras hacer, tuvieras que ir a juicio y demandar”.

Ni siquiera las órdenes judiciales siempre son suficientes. Un juez de California ordenó al gobierno que llevara a un hombre con síntomas de cáncer de próstata a un especialista para su diagnóstico y tratamiento. Los registros muestran que no lo llevaron.

Los abogados que representan a ICE informaron al juez que los funcionarios no pudieron asistir a la cita debido a un "error interno de programación". CoreCivic, la empresa que administra ese centro, declaró que no podía hacer comentarios sobre litigios en curso.

Un aumento repentino de casos

Cuando los inmigrantes presentan peticiones de hábeas corpus, ejercen un derecho a impugnar el encarcelamiento ilegal que se remonta a la Edad Media.

Se han presentado más de 40.000 peticiones de este tipo durante el segundo mandato de Trump, impulsadas por las decisiones del año pasado de denegar la libertad bajo fianza a muchas personas detenidas por cargos de inmigración. Los jueces están divididos sobre si esto es legal; la cuestión parece encaminarse al Tribunal Supremo.

Muchos recursos de hábeas corpus han tenido éxito , pero los jueces suelen citar razones no relacionadas con la negligencia médica descrita en las peticiones, como el hecho de haber estado retenidos demasiado tiempo antes de ser deportados.

Las más de 300 denuncias por negligencia médica halladas en esta investigación representan solo una pequeña parte del problema. Los detalles de los casos de hábeas corpus suelen permanecer ocultos debido a una norma federal que impide al público consultar dichos documentos en línea. KFF Health News y AP obtuvieron algunos documentos directamente y recibieron registros de 4400 casos de Habeas Dockets , un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative. Sin embargo, decenas de miles más siguen siendo prácticamente inaccesibles.

Algunos jueces han escrito que el proceso de hábeas corpus no es el procedimiento adecuado para plantear alegaciones de negligencia médica y se han negado a liberar a detenidos por dichas alegaciones. No todos los detenidos que creen haber sufrido negligencia médica presentan una petición de hábeas corpus ni mencionan sus problemas médicos cuando lo hacen.

La petición de José Antonio Segismundo no mencionaba que no hubiera podido consultar a un oncólogo por el cáncer que padecía en el abdomen mientras estuvo detenido durante más de siete meses en el centro de detención de Florida conocido como Alligator Alcatraz y en el Centro de Procesamiento de ICE Folkston D. Ray en Georgia. Los registros médicos que figuran en sus documentos judiciales muestran que fue arrestado aproximadamente cinco semanas antes de su cita programada con un especialista en cáncer.

Su esposa, María José González, afirmó que él no recibió ningún tratamiento a pesar de que ella envió su historial médico y explicó su condición a los funcionarios de Folkston. Cuando le daban fuertes dolores de estómago, a menudo repentinos e intensos, le daban Tylenol.

Geo Group, la empresa que gestiona Folkston, cumple con los estándares de ICE y proporciona atención médica y acceso a especialistas médicos externos cuando es necesario, según declaró el portavoz Christopher Ferreira.

Esta primavera, Segismundo, de 48 años, fue deportado a México, país que abandonó hace casi 30 años, según relató González. Ahora, añadió, tendrá que retomar la búsqueda de atención médica en el pueblo oaxaqueño donde creció.

Ver cómo se deterioran los seres queridos

Los detenidos que reciben atención médica inadecuada tienen pocas opciones. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmanteló la Oficina del Defensor del Pueblo para los Centros de Detención de Inmigrantes. A principios de mayo, la cerró definitivamente, alegando falta de financiación por parte del Congreso.

Anteriormente, el personal del defensor del pueblo podía facilitar la atención médica o investigar denuncias de negligencia, según Matt Boles, abogado de inmigración en Georgia. Ahora, afirma, no hay a quién llamar.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos afirman sentirse impotentes, realizando llamadas desesperadas a los centros penitenciarios, al gobierno y a sus legisladores mientras ven cómo sus seres queridos se deterioran.

Riya Khan vio cómo su madre empeoraba en el Centro de Detención de California City, propiedad de CoreCivic. Cuando la visitó una semana después de su llegada al centro, ubicado en el desierto de Mojave, Riya contó que la mujer de 64 años se tambaleó al sentarse. Temblaba y respiraba con dificultad.

Masuma Khan llegó a Estados Unidos procedente de Bangladesh en 1997. Según sus registros, no tiene antecedentes penales y fue detenida en octubre cuando se presentó a su control rutinario con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Según su hija, durante el mes que estuvo detenida, solo recibió de forma intermitente sus medicamentos para afecciones como la hipertensión, el hipotiroidismo y la prediabetes.

CoreCivic trata las enfermedades crónicas de acuerdo con los estándares médicos aplicables, dijo Todd.

“Para CoreCivic, nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de las personas a nuestro cargo”, dijo Todd.

Khan contó que recibió su medicamento para el asma por primera vez dos días antes de ser dada de alta y que sus gotas para los ojos para el glaucoma nunca llegaron. El personal le dijo a Khan que necesitaba comprar algunos de sus medicamentos en la tienda de la prisión, pero allí no los tenían, según relató su hija.

Antes de que el ICE detuviera a Masuma Khan, ella se hacía amiga de todo el mundo, según contó su hija. Había trabajado durante años en Lucky Boy, un emblemático restaurante de comida rápida de Pasadena, y en su tiempo libre alimentaba a los pájaros y dejaba fruta para las abejas que visitaban el balcón de su apartamento.

Ahora tiene demasiado miedo para salir a la calle. Todavía tiene que presentarse regularmente ante el ICE, y se aterra cada vez.

Un derrame cerebral durante una videollamada

Anteriormente, los detenidos con necesidades médicas graves probablemente habrían sido puestos en libertad condicional por razones humanitarias, en parte para evitar el costo de su atención médica, dijo el abogado de Vermont Andrew Pelcher.

En el año fiscal 2023 —antes de que la población detenida se disparara— el ICE gastó más de 390 millones de dólares en atención médica para los extranjeros detenidos, según su informe anual más reciente al Congreso. En una conferencia en mayo, el entonces director interino Todd Lyons afirmó que el ICE había gastado "casi quinientos millones de dólares" en atención médica para los detenidos este año.

Ahora, bajo la “detención obligatoria”, los abogados afirman que las personas permanecen encerradas en condiciones graves y costosas.

Un ciudadano rumano se sometió a varias cirugías cardíacas, incluyendo un triple bypass de emergencia en abril de 2025, antes de ser arrestado en julio. Como parte de su recuperación, el hombre de 52 años debía tomar 16 medicamentos diarios. Según consta en los documentos judiciales, mientras se encontraba en una oficina del ICE en Baltimore, pasó dos días sin medicación antes de que las autoridades lo trasladaran a un centro en Nueva Jersey.

Fue hospitalizado tres veces durante su detención, quejándose de dolores en el pecho; en parte, según consta en los registros médicos y los documentos judiciales, porque, a pesar de las "innumerables solicitudes", el centro de detención no le proporcionó todos sus medicamentos. Los documentos de alta hospitalaria citados por su abogado muestran que solo recibió ocho de los dieciséis medicamentos tras su segunda salida del hospital.

“¿Podría usted hablar con el centro de detención de ICE para asegurarse de que le administren sus medicamentos?”, escribieron sus proveedores de tratamiento en los registros médicos incluidos en los documentos judiciales. “Fue ingresado la semana pasada por dolor en el pecho y hoy fue readmitido nuevamente por dolor en el pecho debido a que no siguió el tratamiento farmacológico”.

Varias semanas después, en agosto, sufrió un derrame cerebral mientras hacía una videollamada con su hija, según consta en los documentos judiciales. «Tenía dificultades para respirar y se señalaba el pecho, donde sentía dolor de nuevo, y de repente dejó de hablar». Su hija gritó pidiendo ayuda a través del monitor de vídeo, según su petición. «Finalmente, un agente entró para ayudarlo y cortó la transmisión».

Según el documento, el hombre perdió la capacidad de hablar durante cuatro días. Fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta que un juez federal ordenó su liberación en noviembre.

Las familias de los detenidos por ICE se enfrentan a decisiones imposibles.

Cassandra Amador espera a que suene el teléfono cada mañana, desesperada por hacerle a su marido la pregunta que la ha despertado todas las noches durante meses: "¿Te has tomado la medicina?".

Su esposo, Pedro Javier Amador Gutiérrez, de 36 años, padece hipertensión y depende del centro estatal de Florida conocido como "Depósito de Deportaciones" para recibir los medicamentos que lo han mantenido con vida durante años. Muchas mañanas, le dice a su esposa que no los recibió.

Cuando habla con él, dice, lo oye cada día más débil y asustado, nada que ver con el hombre optimista que solía llevar a sus hijos a tomar un helado.

“Se puede percibir en su voz cómo se siente”, dijo ella.

Ahora, según cuenta, él está considerando regresar a Cuba, de donde huyó debido a la persecución política, por temor a morir detenido sin sus medicamentos. Amador y sus hijos irían con él, afirmó, a pesar de que ella nació en Nueva Jersey, nunca ha estado en Cuba y no habla mucho español.

Según su esposa, ya se ha desmayado dos veces en la Institución Correccional Baker en Sanderson, Florida. Ella teme que la próxima vez no se levante.

Este informe es una colaboración entre Associated Press y KFF Health News. Contaron con la participación de los periodistas de Associated Press Garance Burke, Valerie Gonzalez y Tim Sullivan, así como de la corresponsal de KFF Health News, Kate Wells.

CLAIRE GALOFARO es redactora nacional del equipo de investigación de AP. Reside en Louisville, Kentucky.

AARON KESSLER es un científico de datos especializado en periodismo de investigación y análisis de datos en la intersección de los negocios y la política. Reside en Washington, D.C.

enviar correo electrónico 

BYRON TAU es periodista de investigación en la oficina de Associated Press en Washington, D.C. Se especializa en reportajes sobre seguridad nacional, fuerzas del orden, tecnología y rendición de cuentas del gobierno. Se le puede contactar por Signal en byrontau.01.

(Foto AP/Brynn Anderson)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha designado al director federal de finanzas de vivienda, Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional para reemplazar a Tulsi Gabbard.

El martes, Trump hizo el anuncio sorpresa en Truth Social sobre Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Trump afirmó que Pulte “tiene una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial con respecto a hace apenas 12 meses”.

Trump afirma que Pulte conservará sus otros cargos incluso mientras sustituye a Gabbard, quien renunció el mes pasado tras revelar el diagnóstico de cáncer de su marido.

Si Pulte es nominado formalmente, necesitaría la confirmación del Senado para ocupar el cargo a tiempo completo.

El papel actual de Pulte consiste en garantizar la solidez del mercado hipotecario, pero se transformó en una especie de altavoz que arremetió contra los supuestos adversarios políticos del presidente republicano.

Pulte ha centrado sus críticas principalmente en los rivales políticos de Trump, arremetiendo contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado los tipos de interés de referencia del banco central con la contundencia que el presidente deseaba. Se desconoce la experiencia de Pulte en seguridad nacional, pero ha viajado con frecuencia en el Air Force One durante los viajes de Trump a Mar-a-Lago, su residencia y club en Palm Beach, Florida.

Con esta elección, Trump, que desde hace tiempo ve con recelo a las agencias de inteligencia del país , prescinde de un director con experiencia en asuntos delicados de inteligencia y seguridad nacional y, en su lugar, selecciona a un asesor leal que hizo carrera en la industria de la construcción de viviendas y cultivó una presencia combativa en las redes sociales.

Gabbard era vista como una elección poco convencional, pero era una excongresista que había servido en el ejército.

JOSH BOAK cubre la Casa Blanca y la política económica para Associated Press. Se unió a AP en 2013.

(Foto AP/Mark Schiefelbein, archivo)

ATLANTA (AP) — El senador demócrata Jon Ossoff de Georgia arremetió el domingo contra sus posibles rivales en las elecciones generales, calificando al representante Mike Collins y al ex entrenador de fútbol americano Derek Dooley como lacayos no calificados del presidente Donald Trump .

«Da igual quién gane», dijo Ossoff ante una multitud eufórica en The Tabernacle, una sala de conciertos en el centro de Atlanta. «Ambos son títeres de Trump».

Ossoff hizo campaña junto a la candidata demócrata a gobernadora, Keisha Lance Bottoms , exalcaldesa de Atlanta, en lo que sus asesores describieron como el primero de muchos mítines conjuntos destinados a presentarlos como un equipo. Los demócratas hablaron detrás de un atril adornado con una pancarta que decía "Unidos por Georgia".

Esto contrastaba con los republicanos, que aún se disputan entre sí los candidatos de su partido para el Senado y la gobernación. Horas antes de que Ossoff y Bottoms aparecieran juntos, Collins y Dooley pasaron la tarde enfrentándose en el debate previo a la segunda vuelta del 16 de junio.

Juraron lealtad al presidente, aunque rara vez mencionaron a Ossoff, a quien describen como demasiado liberal para un estado que Trump ganó en dos de sus tres campañas.

Los eventos simultáneos, celebrados a kilómetros de distancia en Atlanta, ponen de manifiesto la ventaja que Ossoff y los demócratas de Georgia tienen en una campaña de mitad de mandato que podría remodelar los dos últimos años de la presidencia de Trump y dar forma a la legislatura estatal de este estado clave en la contienda electoral.

Al igual que Ossoff, Bottoms espera al ganador de la segunda vuelta republicana tras haber derrotado contundentemente a sus rivales en las primarias demócratas el 19 de mayo. Y, al igual que Ossoff, metió a sus posibles oponentes, el vicegobernador Burt Jones y el empresario multimillonario Rick Jackson, en el mismo saco.

“No ven las políticas imprudentes de Trump como un problema, sino como una estrategia”, dijo, haciendo hincapié en la inflación, especialmente en la gasolina y los alimentos. “Ya sabemos que nos enfrentamos a los secuaces de Trump”.

Ossoff es el único senador demócrata que se presenta a la reelección en un estado que Trump ganó en 2024, y conservar su escaño es crucial para las posibilidades de los demócratas de arrebatar el control de la cámara. Bottoms intenta convertirse en la primera demócrata desde 1998 en ser elegida gobernadora de Georgia.

En la contienda por la gobernación, Trump ha respaldado a Jones, quien colaboró ​​con el presidente en su fallido intento de revertir su derrota ante Joe Biden en 2020 mediante falsas acusaciones de fraude electoral. El presidente no se ha posicionado a favor de Collins ni de Dooley.

Los republicanos discuten sobre ética y experiencia.

Con el férreo control de Trump sobre el Partido Republicano, Collins y Dooley mostraron solo ligeras diferencias políticas, ya que cada uno buscaba encontrar razones por las que serían la mejor opción para derrotar a Ossoff y reforzar la agenda del presidente.

Dooley hizo hincapié en su condición de candidato novato y, a pesar de que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, criticó a Collins por formar parte de un gobierno inactivo.

“El Congreso está fuera de control”, dijo. “Hay demasiado arribismo, corrupción, no se logra nada, el Congreso no trabaja para el pueblo como debería”.

Sin embargo, a pesar de presentarse como un ajeno al sistema, Dooley destacó el respaldo del gobernador republicano Brian Kemp, quien cumplía su segundo mandato, y sus raíces familiares. El difunto padre de Dooley, Vince, fue el legendario entrenador de fútbol americano de la Universidad de Georgia y director deportivo durante muchos años.

“Crecí en una familia ligada al fútbol americano en Athens”, dijo Dooley, quien fue abogado brevemente antes de seguir la trayectoria profesional de su padre en el fútbol americano universitario y la NFL.

Los ataques más duros de Dooley contra Collins se centraron en una investigación ética sobre si el congresista abusó de los fondos públicos al contratar a la novia de su antiguo jefe de gabinete para un trabajo que, supuestamente, la mujer no realizó.

Collins insistió en que el asunto es simplemente una “queja” sin fundamento, no un caso real de ética en la Cámara de Representantes. El congresista lo calificó de “una nimiedad”.

La Oficina de Conducta del Congreso, tras una investigación inicial, remitió el asunto al Comité de Ética de la Cámara de Representantes, y Dooley señaló que los republicanos se encontraban entre quienes recomendaban que la investigación continuara.

Collins, hijo de un congresista, rebatió la descripción que Dooley hizo del Capitolio. Se describió a sí mismo como un "trabajador incansable del conservadurismo" y atribuyó cualquier estancamiento político específicamente a un "Senado disfuncional", donde Ossoff ejerce su cargo. Destacó su apoyo a la Ley Laken Riley, una ley de inmigración de 2025 que, entre otras disposiciones, exige que los inmigrantes acusados ​​de ciertos delitos permanezcan detenidos sin fianza.

Tanto Dooley como Collins expresaron su apoyo a los aranceles de Trump y a la guerra en Irán. Si bien Collins ya había copatrocinado una legislación que prohibiría el aborto en todo el país, Dooley afirmó que los estados deberían ser quienes determinen el acceso al aborto.

Ossoff envuelve a Trump y a ambos republicanos juntos.

Ossoff tachó a Trump de «presidente fracasado y vergüenza nacional». Lo presentó como el peor infractor de un sistema político corrupto, destacando las ganancias de su familia provenientes de criptomonedas y negocios inmobiliarios en el extranjero. Y metió a Collins y Dooley en el mismo saco.

“Ambos son políticos corruptos con influencias, y ambos están a favor de la guerra, de los aranceles y de recortar la atención médica”, dijo.

Ossoff acusó a Collins del mismo caso ético que mencionó Dooley. Lo acusó de beneficiarse de los negocios de su hermano con el gobierno.

“La familia del entrenador recibió decenas de millones de dólares de sus impuestos gracias al gobernador Kemp, y luego donó dinero a la campaña del gobernador para apuntalar la del entrenador”, insistió Ossoff.

Se refería a que Daniel Dooley era el fundador de CENTEGIX, una empresa que fabrica e instala sistemas de seguridad escolar, incluidos los llamados "botones de pánico" que contactan directamente con las fuerzas del orden. Como gobernador, Kemp autorizó subvenciones para que los sistemas locales reforzaran la seguridad y, posteriormente, promulgó una ley que obligaba a las aulas de Georgia a tener contacto directo con la policía.

CENTEGIX ha conseguido contratos con sistemas escolares en todo Georgia, y Daniel Dooley ha donado más de 150.000 dólares al comité de acción política federal de Kemp, que apoya la campaña de su hermano para el Senado. Sin embargo, los asesores de Dooley y Kemp señalan que CENTEGIX tiene contratos en 47 estados además de Georgia, y que otras empresas compiten por los contratos con las escuelas de Georgia.

Connor Whitney, portavoz de la campaña de Dooley, dijo que Ossoff "ya está mintiendo sobre Derek Dooley" porque "sabe que Dooley es el candidato que lo enviará al banquillo de los acusados ​​este otoño".

Bill Barrow cubre la política estadounidense para Associated Press. Reside en Atlanta.

(Foto AP/Bill Barrow)