SEATTLE (AP) — Las personas que trabajan con refugiados están preocupadas de que quienes huyeron de situaciones peligrosas para comenzar de nuevo en Estados Unidos enfrenten reacciones negativas después de que las autoridades dijeran que un ciudadano afgano disparó a dos soldados de la Guardia Nacional esta semana, matando a uno de ellos.

Muchos afganos que viven en Estados Unidos tienen miedo de salir de sus casas por temor a ser detenidos por funcionarios de inmigración o atacados con discursos de odio, dijo Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, con sede en San Diego, un grupo que ayuda a reasentar a los afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas.

“Están aterrorizados. Es una locura”, declaró VanDiver a The Associated Press el jueves. “La gente se está comportando de forma xenófoba por culpa de un hombre perturbado. No representa a todos los afganos. Se representa a sí mismo”.

Las autoridades dicen que Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, condujo desde su casa en Bellingham, Washington, hasta la capital del país, donde disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington, D.C.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa de sus heridas. El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, permaneció hospitalizado en estado crítico.

Lakanwal había trabajado en una unidad especial del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar de Afganistán , según #AfghanEvac y dos fuentes que hablaron con AP bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación.

Solicitó asilo durante la administración Biden y su asilo fue aprobado este año después de someterse a una investigación exhaustiva, dijo el grupo.

Después del tiroteo, Trump dijo que su administración revisaría a todos los que ingresaron desde el país durante el mandato del expresidente Joe Biden, una medida que su administración había estado planeando incluso antes del tiroteo.

Los grupos de refugiados temen que ahora se les considere culpables por asociación.

El embajador Ashraf Haidari, fundador y presidente de Displaced International, que brinda recursos, defensa y apoyo a personas desplazadas en todo el mundo, dijo que debe haber una investigación exhaustiva y justicia para aquellos que fueron perjudicados, "pero incluso mientras buscamos la rendición de cuentas, no se puede permitir que las presuntas acciones de un individuo definan, agobien o pongan en peligro a comunidades enteras que no tuvieron parte en esta tragedia".

Matthew Soerens, vicepresidente de World Relief, una organización humanitaria cristiana que ayuda a asentar a refugiados, incluidos ciudadanos afganos, en el condado de Whatcom, Washington, dijo que la persona responsable del tiroteo debería enfrentar la justicia según la ley.

“Sin embargo, independientemente de la nacionalidad, la religión o el estatus legal específico del presunto perpetrador”, dijo, “instamos a nuestro país a reconocer estas malas acciones como las de una sola persona y a no juzgar injustamente a otros que comparten esas mismas características”.

Martha Bellisle es una periodista de investigación radicada en el estado de Washington. Abarca diversos temas, como la rendición de cuentas policial, la inmigración y los trabajadores federales.

(Foto AP/Rahmat Gul)

McALLEN, Texas (AP) — Yaakub Vijandre se disponía a ir a trabajar como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su casa en el área de Dallas. Agentes federales se bajaron, uno de ellos le apuntó con un arma y lo arrestaron.

Vijandre es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , el programa de la era Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas desde 2012 si fueron traídas a Estados Unidos siendo niñas y, en general, se mantuvieron alejadas de los problemas. La administración Trump afirmó haber atacado a Vijandre a través de publicaciones en redes sociales. El videógrafo independiente y activista pro-palestino describió su arresto a principios de octubre a sus abogados, quienes transmitieron la información a la prensa.

Su arresto y varios otros este año indican un cambio en la gestión de los beneficiarios de DACA en Estados Unidos, a medida que la administración del presidente Donald Trump reestructura la política migratoria en general. Este cambio se produce cuando los inmigrantes se enfrentan a una mayor verificación de antecedentes, incluyendo sus redes sociales, al solicitar visas , tarjetas de residencia permanente (green card), ciudadanía o al solicitar la liberación de sus hijos de la custodia federal. La administración también ha intentado deportar a estudiantes extranjeros por participar en activismo pro palestino.

DACA se creó para proteger a los beneficiarios, comúnmente conocidos como "Dreamers", de arrestos migratorios y deportación. También les permite trabajar legalmente en EE. UU. Los beneficiarios vuelven a solicitar su estatus cada dos años. Anteriormente, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y aún tenían la oportunidad de impugnarlo antes de que los agentes de inmigración los detuvieran y comenzaran los trámites para deportarlos.

En respuesta a preguntas sobre los cambios, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en el que afirma que quienes afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos contra las deportaciones. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus por diversas razones, incluso si han cometido un delito, explicó.

McLaughlin también afirmó en un comunicado que Vijandre hizo publicaciones en redes sociales que "glorificaban el terrorismo", incluyendo una que, según ella, celebraba a Abu Musab al-Zarqawi , el líder de Al Qaeda en Irak, quien murió en un ataque estadounidense en 2006

Un abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, afirmó que la actividad de Vijandre en redes sociales constituye una clara protección de la libertad de expresión. También indicó que el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las publicaciones específicas en los documentos judiciales.

Vijandre se encuentra entre los aproximadamente 20 beneficiarios de DACA que han sido arrestados o detenidos por las autoridades migratorias desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una campaña creada por grupos de defensa de DACA. El gobierno busca cancelar su estatus de beneficiario de DACA, lo que podría resultar en su deportación a Filipinas, un país que no ha visitado desde que su familia llegó a Estados Unidos en 2001, cuando tenía 14 años.

DACA ha enfrentado desafíos legales

DACA sobrevivió al primer intento de la administración Trump de rescindir el programa cuando la Corte Suprema dictaminó en 2020 que la administración no tomó las medidas adecuadas para ponerle fin.

Ha habido otros intentos de terminar el programa o imponer restricciones a los beneficiarios.

Este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que denegaría los permisos de trabajo a los beneficiarios de DACA que residen en Texas. La administración Trump presentó recientemente sus planes a un juez federal, quien está determinando su funcionamiento.

El gobierno también ha emitido nuevas restricciones a las licencias de conducir comerciales que impedirían que los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes las obtuvieran. El año pasado, 19 estados republicanos privaron a los beneficiarios de DACA del acceso al seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y el número de estados donde los estudiantes inmigrantes pueden optar a la matrícula estatal ha disminuido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a los estados este año.

“Esta administración puede que no esté intentando terminar con DACA por completo como lo hizo la primera vez, pero lo está reduciendo”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, que es parte de Home is Here, la coalición que realiza un seguimiento de los casos públicos de beneficiarios de DACA que han sido detenidos.

Los beneficiarios de DACA detenidos cuestionan sus arrestos

Catalina “Xóchitl” Santiago Santiago, una activista de 28 años de El Paso, Texas, fue arrestada en agosto a pesar de mostrar a los oficiales de inmigración un permiso de trabajo válido obtenido a través de DACA.

Días después, agentes federales arrestaron a Paulo César Gámez Lira cuando el padre de 28 años llegaba a su casa en El Paso con sus hijos tras una cita médica. Los agentes le dislocaron el hombro, según sus abogados.

Tanto Santiago como Gamez Lira estuvieron detenidos durante más de un mes mientras sus abogados solicitaban su liberación.

Marisa Ong, abogada de Santiago y Gamez Lira, dijo que el gobierno no notificó a ninguno de sus clientes sobre ninguna intención de terminar su estatus DACA.

“Los beneficiarios de DACA tienen un interés constitucionalmente protegido en su libertad continua”, dijo Ong, y agregó que “el gobierno no puede quitarles esa libertad sin proporcionar una razón válida”.

Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus migratorio si son condenados por un delito grave, delitos menores significativos como causar daño a terceros, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o por tres o más delitos menores. También pueden perder su estatus migratorio si representan una amenaza para la seguridad nacional o pública.

El DHS afirmó en una declaración que Santiago fue acusado previamente de allanamiento, posesión de narcóticos y parafernalia de drogas y que Gamez Lira fue arrestado previamente por posesión de marihuana.

Ong dijo que cuando los abogados solicitaron su liberación “el gobierno no presentó evidencia de mala conducta pasada por parte de ninguno de los individuos”.

Vijandre, el hombre del área de Dallas que fue arrestado en octubre, permanece en un centro de detención de Georgia. Sus abogados afirman que dos semanas antes de su arresto recibió una notificación de que el gobierno planeaba cancelar su estatus de DACA, pero que no le dieron la oportunidad de oponerse.

“Creo que la administración ha trazado una línea muy clara, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su objetivo es expulsar del país a tantos no ciudadanos como sea posible y hacer que sea lo más difícil posible para los no ciudadanos ingresar al país”, dijo Godshall-Bennett, abogado de Vijandre.

(Foto AP/Jack Brook, archivo)

Por  VALERIE GONZALEZ

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — En la noche de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres en un feroz discurso publicado en redes sociales.

La extensa diatriba se produjo tras el tiroteo del miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados para patrullar Washington, D.C. bajo las órdenes de Trump, uno de los cuales murió poco antes de que el presidente hablara frente a las tropas por video el jueves por la noche.

Un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el tiroteo. El sospechoso emigró como parte de un programa para reasentar a aquellos que ayudaron a las tropas estadounidenses tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Aparte de eso, ¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos — ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”.

La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes.

Elegido con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la migración ilegal, las redadas y deportaciones de Trump han perturbado comunidades en todo el país, ya que sitios de construcción y escuelas han sido objetivos. La perspectiva de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores en Estados Unidos nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El presidente afirmó en su red social que “la mayoría” de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país, que es predominantemente cometido por ciudadanos estadounidenses.

La percepción de que la inmigración genera crimen “continúa fallando bajo el peso de la evidencia”, según una revisión de literatura académica el año pasado en el Annual Review of Criminology.

“Con pocas excepciones, los estudios realizados tanto a nivel agregado como individual demuestran que altas concentraciones de inmigrantes no están asociadas con niveles aumentados de crimen y delincuencia en vecindarios y ciudades de Estados Unidos”, decía.

Un estudio realizado por economistas y publicado inicialmente en 2023 encontró que los inmigrantes tienen un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos. Los inmigrantes han sido encarcelados a tasas más bajas durante 150 años, encontró el estudio, sumándose a investigaciones pasadas que socavan las afirmaciones de Trump.

Pero Trump parecía tener poco interés en un debate político en su inusualmente extenso mensaje en redes sociales, que la Casa Blanca, en su propia cuenta de respuesta rápida en redes sociales, calificó como “uno de los mensajes más importantes jamás emitidos por el presidente Trump”.

Trump prometió “terminar” con millones de admisiones al país realizadas durante el mandato de su predecesor, Joe Biden. También quiere poner fin a los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizar a las personas “que socavan la tranquilidad doméstica” y deportar a los extranjeros considerados “no compatibles con la Civilización Occidental”.

Afirmó que los inmigrantes de Somalia están “tomando completamente el control del otrora gran Estado de Minnesota” mientras usaba un insulto anticuado para las personas con discapacidad intelectual para menospreciar al gobernador de ese estado, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia el año pasado, llamándolo “seriamente retrasado”.

Trump ha intensificado su retórica desde el tiroteo. El miércoles por la noche, pidió que se investigue de nuevo a todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la administración Biden.

El jueves, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, dijo que la agencia tomaría medidas adicionales para examinar a personas de 19 países “de alto riesgo en la mayor medida posible”.

Edlow no mencionó países. Pero en junio, la administración prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso de otros siete, citando cuestiones de seguridad nacional.

El tiroteo de los dos miembros de la Guardia Nacional pareció desencadenar la ira de Trump sobre los inmigrantes, sin embargo, no se refirió específicamente al evento en su publicación en redes sociales.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, está acusado de conducir a través del país hasta Washington y disparar contra la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de Estado Mayor Andrew Wolfe, de 24 años. Beckstrom murió el jueves y Wolfe permanece en estado crítico.

El sospechoso, actualmente bajo custodia, también fue herido de bala y tenía lesiones que al parecer no son letales.

Cuando un reportero le preguntó el jueves si culpaba a todos los afganos que llegaron a Estados Unidos por los tiroteos, Trump dijo: “No, pero hemos tenido muchos problemas con los afganos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

JOSH BOAK covers the White House and economic policy for The Associated Press. He joined the AP in 2013.

(Foto AP/Alex Brandon)

Escondido en una nota a pie de página de dos oraciones en una voluminosa opinión judicial, un juez federal recientemente denunció a los agentes de inmigración por usar inteligencia artificial para escribir informes sobre el uso de la fuerza, lo que generó preocupaciones de que podría conducir a inexactitudes y erosionar aún más la confianza pública en cómo la policía ha manejado la ofensiva migratoria en el área de Chicago y las protestas subsiguientes.

La jueza federal de distrito Sara Ellis escribió la nota a pie de página en una opinión de 223 páginas emitida la semana pasada, señalando que la práctica de usar ChatGPT para redactar informes sobre el uso de la fuerza socava la credibilidad de los agentes y "podría explicar la inexactitud de estos informes". Describió lo que vio en al menos un video de una cámara corporal, y escribió que un agente le pide a ChatGPT que compile la narrativa de un informe después de proporcionar al programa una breve descripción y varias imágenes.

El juez observó discrepancias fácticas entre la versión oficial sobre las respuestas de las fuerzas del orden y lo que mostraban las imágenes de las cámaras corporales. Sin embargo, los expertos afirman que el uso de IA para redactar un informe basado en la perspectiva específica de un agente sin tener en cuenta su experiencia real es el peor uso posible de la tecnología y plantea serias dudas sobre la precisión y la privacidad.

La perspectiva necesaria de un oficial

Las fuerzas del orden de todo el país han estado lidiando con la creación de barreras que permitan a los agentes utilizar la tecnología de inteligencia artificial, cada vez más disponible, manteniendo la precisión, la privacidad y el profesionalismo. Los expertos afirmaron que el ejemplo mencionado en el dictamen no cumplía con ese requisito.

“Lo que hizo este tipo es lo peor de lo peor. Darle una sola frase y unas cuantas imágenes —si es cierto, si eso es lo que pasó aquí— contradice todos los consejos que tenemos. Es una pesadilla”, dijo Ian Adams, profesor adjunto de criminología en la Universidad de Carolina del Sur, quien forma parte de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial del Consejo para la Justicia Penal, un grupo de expertos independiente.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios y no estaba claro si la agencia tenía directrices o políticas sobre el uso de IA por parte de los agentes. Las imágenes de la cámara corporal citadas en la orden aún no se han publicado

Adams afirmó que pocos departamentos han implementado políticas, pero aquellos que sí lo han hecho suelen prohibir el uso de IA predictiva al redactar informes que justifican las decisiones de las fuerzas del orden, especialmente los informes sobre el uso de la fuerza. Los tribunales han establecido un estándar denominado razonabilidad objetiva al considerar si el uso de la fuerza estuvo justificado, basándose en gran medida en la perspectiva del agente en cada situación específica.

“Necesitamos los hechos específicos de ese incidente y las ideas específicas de ese agente para saber si se trató de un uso justificado de la fuerza”, dijo Adams. “Ese es el peor escenario posible, salvo que se le pida explícitamente que invente hechos, porque le estás rogando que los invente en esta situación tan delicada”.

Información privada y evidencia

Además de generar inquietudes acerca de un informe generado por IA que caracteriza de manera incorrecta lo sucedido, el uso de IA también plantea posibles preocupaciones sobre la privacidad.

Katie Kinsey, jefa de personal y asesora de políticas tecnológicas del Proyecto de Policía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo que si el agente en la orden estaba usando una versión pública de ChatGPT, probablemente no entendió que perdió el control de las imágenes en el momento en que las subió, lo que les permitió ser parte del dominio público y potencialmente utilizadas por malos actores.

Kinsey afirmó que, desde una perspectiva tecnológica, la mayoría de los departamentos están desarrollando el avión a medida que vuela en lo que respecta a la IA. Añadió que es habitual en las fuerzas del orden esperar hasta que ya se estén utilizando las nuevas tecnologías y, en algunos casos, se cometan errores, para entonces hablar sobre la implementación de directrices o políticas.

“Preferiría hacer las cosas al revés, entendiendo los riesgos y estableciendo barreras para protegerlos”, dijo Kinsey. “Aunque no estén estudiando las mejores prácticas, hay opciones más fáciles de alcanzar que podrían ayudar. Podemos empezar por la transparencia”.

Kinsey dijo que mientras las autoridades federales consideran cómo se debe usar o no usar la tecnología, podrían adoptar una política como las implementadas recientemente en Utah o California, donde los informes policiales o las comunicaciones escritas usando IA deben estar etiquetadas.

Uso cuidadoso de nuevas herramientas

Las fotografías que utilizó el oficial para generar una narrativa también provocaron preocupaciones sobre la precisión de algunos expertos.

Empresas tecnológicas reconocidas como Axon han comenzado a ofrecer componentes de IA con sus cámaras corporales para facilitar la redacción de informes de incidentes. Estos programas de IA comercializados para la policía operan en un sistema cerrado y se limitan principalmente al uso del audio de las cámaras corporales para producir narrativas, ya que las empresas han afirmado que los programas que intentan usar imágenes no son lo suficientemente eficaces.

“Hay muchas maneras diferentes de describir un color, una expresión facial o cualquier componente visual. Si preguntas a cualquier experto en IA, te dirá que las indicaciones arrojan resultados muy diferentes entre las distintas aplicaciones de IA, y esto se complica con un componente visual”, afirmó Andrew Guthrie Ferguson, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

También hay cuestiones de profesionalismo. ¿Nos parece bien que la policía utilice análisis predictivo? —añadió—. Se trata de lo que el modelo cree que debería haber sucedido, pero que podría no ser lo que realmente ocurrió. No queremos que sea lo que acabe en los tribunales para justificar nuestras acciones.

(Foto AP/Erin Hooley, archivo)

Por  CLAUDIA LAUER