WASHINGTON (AP) — El intento más reciente del presidente Donald Trump de desplegar al ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local está desencadenando un nuevo conflicto con los gobernadores de los estados demócratas, el cual se está desarrollando en los tribunales mientras el mandatario imagina un país en el que soldados patrullan las calles.

Trump ya ha ido más allá de los límites tradicionales al usar la Guardia Nacional a nivel interno, visualizando un papel más fuerte para las fuerzas armadas de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen en las ciudades estadounidenses.

Su intento de desplegar a miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon y de la de Texas en Illinois es un uso amplio del poder presidencial. Los próximos pasos en las demandas presentadas por estados gobernados por demócratas probablemente abordarán cuestiones significativas de derecho constitucional, federalismo y separación de poderes, preparando el terreno para una posible colisión entre los tribunales y el uso enérgico de la Guardia Nacional por parte de Trump.

En una reunión de altos mandos militares la semana pasada, Trump pidió usar las ciudades estadounidenses como campo de entrenamiento para los soldados, y advirtió sobre una “invasión desde dentro”. Sin embargo, para sus críticos, el uso de la Guardia Nacional por parte del mandatario equivale a un uso aterrador de la fuerza contra los estadounidenses.

“¿Qué sucederá cuando el presidente pierda en los tribunales?”, preguntó Alex Reinert, experto en derecho constitucional de la Escuela de Derecho Cardozo en la ciudad de Nueva York. "¿Lo usará como excusa para actuar de una manera aún más autoritaria?”.

Un papel en expansión para la Guardia Nacional no visto antes

La presencia de soldados armados en las calles estadounidenses es una de las manifestaciones más claras del intento de Trump de expandir el poder presidencial. Ya ha desplegado efectivos en Los Ángeles y Washington, D.C.

El control sobre la Guardia Nacional de un estado suele recaer en el gobernador, a menos que las unidades estén federalizadas, como ocurrió en California a pesar de las objeciones del gobernador. De lo contrario, depende del gobernador decidir desplegar a los miembros de la Guardia Nacional o enviarlos a otros estados para ayudar en caso de desastres naturales. En el Distrito de Columbia, Trump está al mando de la Guardia.

Las autoridades locales, dice Trump, han fracasado en proteger a las comunidades, y dio varios ejemplos de ciudades gobernadas por demócratas. Ha dicho que Portland está “devastada por la guerra” y es una “zona de guerra” que está “ardiendo” y es como “vivir en el infierno”.

Sin embargo, la Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad limita el papel de las fuerzas armadas en hacer respetar las leyes internas, en un reflejo de la creencia de larga data en Estados Unidos de que las labores policiales deben permanecer en manos civiles.

A Trump se le preguntó el lunes sobre otra ley, la Ley de Insurrección, y dijo que estaría dispuesto a invocarla si fuera necesario. Le permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o están desafiando la ley federal.

“Si tuviera que promulgarla, lo haría”, expresó Trump. “Si la gente estuviera siendo asesinada, y los tribunales nos estuvieran deteniendo, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo”. Añadió: “Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo previamente que Trump quiere hacer que las ciudades de Estados Unidos sean más seguras.

“Ustedes están haciendo ver esto como: ‘El presidente quiere tomar el control de las ciudades estadounidenses con las fuerzas armadas’”, les dijo Leavitt a los periodistas el lunes. “El presidente quiere ayudar a estos líderes locales que han sido completamente ineficaces en hacer que sus propias ciudades sean seguras”.

Funcionarios federales dicen que las decisiones de enviar soldados federalizados de Texas y California a otros estados se están tomando en los niveles más altos del gobierno de Trump, eludiendo los procesos formales de política del Pentágono que normalmente formarían parte de los despliegues de efectivos.

Aunque esta dinámica no es inaudita, apuntó un funcionario, suele usarse en situaciones como desastres naturales, donde los soldados necesitan movilizarse rápidamente antes de que se emitan órdenes y autorizaciones formales. Todos los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre la situación interna.

Un resultado es que gobernadores como Gavin Newsom de California y JB Pritzker de Illinois, ambos de filiación demócrata, se han convertido en los primeros en anunciar despliegues de efectivos. Los funcionarios de asuntos públicos del Pentágono han pasado apuros para confirmar o negar las acciones y el número de soldados, enfrentando presión para evitar proporcionar incluso detalles básicos de las operaciones militares y para remitir preguntas a la Casa Blanca.

La situación es muy diferente a la medida del presidente John F. Kennedy para federalizar la Guardia Nacional de Alabama en 1963, efectuada con el fin de lograr la integración de alumnos blancos y negros en la Universidad de Alabama, en un enfrentamiento con el gobernador George Wallace. Eso se debe a que Trump busca ostensiblemente usar soldados para proteger la propiedad y el personal federal, no para hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles aprobadas por el Congreso, según William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse y experto en derecho constitucional y seguridad nacional.

Los miembros de la Guardia no pueden hacer cumplir las leyes locales, bloquear el tráfico ni hacer “ninguna de las cosas que hace la policía”, apuntó Banks. “Así que es más simbólico que útil”.

Impugnaciones jurídicas preparan el terreno para un enfrentamiento sobre los despliegues de Trump

Gobernantes en Illinois, Oregon y California han demandado, mientras que altos funcionarios de la Casa Blanca criticaron la decisión de una jueza designada por Trump de bloquear el despliegue en Portland.

Stephen Miller, alto asesor de Trump, planteó que son los tribunales los que han ignorado los límites constitucionales.

“Un juez de distrito no tiene ninguna autoridad concebible, en absoluto, para restringir al presidente y comandante en jefe (de las fuerzas armadas) de enviar miembros del ejército de Estados Unidos para defender vidas y propiedades federales”, publicó Miller en la red social X, y dijo que las protestas sobre la política de inmigración de Trump equivalen a “terrorismo interno”.

Es improbable que los jueces se dejen influenciar por la bravuconería, dicen expertos jurídicos. En cambio, examinarán si las órdenes de Trump violan la Constitución y las leyes federales que rigen cómo se usa la Guardia Nacional.

Los oponentes de Trump confían en el sistema judicial para ralentizar su agenda, ya que en gran medida el Congreso controlado por los republicanos no está controlando la expansión del poder del mandatario.

A medida que se acumulan los litigios, funcionarios de Trump han mostrado desdén por los jueces y las decisiones a las que se oponen, pero hasta ahora han evitado el tipo de confrontación directa que expertos jurídicos advierten que podría causar un daño real.

“El potencial de que desafíen una orden de un tribunal federal es muy preocupante”, expresó Banks. “Ese es nuestro mecanismo de protección. Eso es lo que tenemos en Estados Unidos para mantener nuestra democracia encarrilada”.

El intento de Trump de desplegar miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon es una “violación evidente de la ley” y un intento flagrante de eludir la decisión de la jueza del fin de semana, según Elizabeth Goitein, experta en poderes presidenciales.

Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, dijo que los estadounidenses deberían estar preocupados de que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth consideren que los despliegues de soldados en ciudades estadounidenses son un entrenamiento para conflictos en el extranjero.

“Las fuerzas armadas están entrenadas para luchar y destruir enemigos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos quiere que los soldados practiquen este entrenamiento de batalla en las calles de las ciudades estadounidenses”, escribió en una red social.

Los periodistas de The Associated Press Chris Megerian, Seung Min Kim y Nathan Ellgren contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

POR  DAVID KLEPPER and KONSTANTIN TOROPIN

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Un juez de inmigración de Estados Unidos rechazó una solicitud de asilo de Kilmar Abrego García , cuyo caso se ha convertido en un reflejo de la lucha de poder partidista sobre la política de inmigración .

El juez de Baltimore rechazó el miércoles una solicitud para reabrir el caso de asilo de Abrego García de 2019 , pero esa no es la última palabra. Abrego García tiene 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no fue elegible porque llevaba más de un año en Estados Unidos. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador , donde corría peligro por parte de una pandilla que atacaba a su familia.

Fue deportado por error a El Salvador por la administración del presidente Donald Trump en marzo y recluido en una prisión de mala reputación . Su caso pronto se convirtió en un punto de apoyo para quienes se oponen a la ofensiva migratoria del presidente republicano. Ante un fallo de la Corte Suprema, la administración lo devolvió a Estados Unidos en junio, solo para acusarlo inmediatamente de tráfico de personas .

Abrego García enfrenta cargos penales en Tennessee, basados ​​en una infracción de tránsito de 2022. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) también busca deportarlo a un tercer país , proponiendo primero Uganda y luego Esuatini , un pequeño país del sur de África donde el rey aún ostenta el poder absoluto. Sus abogados han denunciado los cargos penales y los intentos de deportación, alegando que son un intento de castigarlo por oponerse al gobierno.

La solicitud de Ábrego García de reabrir su caso de asilo es un riesgo calculado. De ser aprobada, el asilo podría proporcionarle una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía. Pero si pierde, un juez de inmigración podría retirarle la protección contra el regreso a su país natal. Esto podría llevarlo de regreso al infame Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT). Es donde, según alega en una demanda, sufrió severas palizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado estas acusaciones .

Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.

Sus abogados han presentado mociones solicitando una orden de silencio y dicen que no podrá recibir un juicio justo debido a las “declaraciones altamente perjudiciales, inflamatorias y falsas” hechas sobre él.

Si bien el juez federal de Tennessee puede ordenar a los fiscales allí que no hagan declaraciones perjudiciales sobre Abrego García, no está claro si la autoridad del juez se extiende al Departamento de Seguridad Nacional, que publicó información sobre el fallo del tribunal de inmigración sobre X el miércoles.

“Sus abogados intentaron luchar contra su deportación de Estados Unidos, pero una cosa es segura: este salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”, según la publicación.

(Foto AP/Stephanie Scarbrough, archivo)

Por  TRAVIS LOLLER

ORLANDO, Florida, EE. UU. (AP) — Abogados del gobierno de Estados Unidos afirman que entre los detenidos en el centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como "Alligator Alcatraz" probablemente haya personas que nunca han estado en procesos de deportación, lo que contradice directamente lo que ha dicho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde su apertura en julio.

Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos hicieron esa admisión el jueves en una presentación judicial argumentando que los detenidos en las instalaciones ubicadas en el desierto de los Everglades no tienen suficiente en común para ser certificados como grupo en una demanda sobre si están recibiendo acceso adecuado a abogados.

Un procedimiento de deportación es un proceso legal iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para determinar si alguien debe ser deportado de los Estados Unidos.

Los abogados del Departamento de Justicia escribieron que los detenidos en las instalaciones de Everglades tienen demasiados estatus migratorios diferentes para ser considerados una clase.

“La clase propuesta incluye a todos los detenidos en Alligator Alcatraz, una instalación que alberga a detenidos en todas las etapas del procesamiento de inmigración, presumiblemente incluidos aquellos que nunca han estado en procedimientos de deportación, aquellos que serán colocados en procedimientos de deportación, aquellos que ya están sujetos a órdenes finales de deportación, aquellos sujetos a deportación acelerada y aquellos detenidos con el propósito de facilitar la deportación de los Estados Unidos de conformidad con una orden final de deportación”, escribieron.

Desde que se abrió la instalación, DeSantis ha estado diciendo públicamente que cada detenido ha pasado por el proceso de determinar que no puede estar legalmente en los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa el 25 de julio afuera del centro de detención, DeSantis dijo: “Todos aquí ya tienen una orden de deportación final”.

“Se ha ordenado su expulsión del país”, añadió.

En un discurso pronunciado el 29 de julio ante una conferencia de la Asociación de Sheriffs de Florida, el gobernador republicano declaró: «Quienes van a la prisión de Alcatraz Alligator se encuentran ilegalmente en el país. Ya se les ha dado una orden final de deportación».

Agregó: “Entonces, si hay una orden de deportación, ¿cuál es la posible objeción a que el gobierno federal haga cumplir esa orden?”

La oficina de prensa de DeSantis no respondió el lunes por la mañana a un correo electrónico solicitando comentarios.

La presentación judicial de los abogados del Departamento de Justicia se realizó en el marco de una demanda en la que grupos de derechos civiles alegan que a los detenidos del centro se les ha negado el acceso adecuado a abogados, lo que viola sus derechos constitucionales. El jueves, los grupos de derechos civiles solicitaron a un juez federal de Fort Myers una orden preliminar que establecería mayores protecciones para que los detenidos puedan reunirse con sus abogados en privado y compartir documentos de forma confidencial.

El caso judicial es una de las tres demandas presentadas por grupos ambientalistas y de derechos civiles sobre el centro de detención, que fue construido apresuradamente este verano por el estado de Florida y operado por contratistas privados y agencias estatales.

Un juez federal de Miami ordenó en agosto que el centro debía cerrar sus operaciones en un plazo de dos meses, coincidiendo con grupos ambientalistas en que la remota pista de aterrizaje no había recibido una evaluación ambiental adecuada antes de su conversión en un centro de detención de inmigrantes. Sin embargo, las operaciones continuaron después de que un panel de un tribunal de apelaciones suspendiera la orden preliminar del juez a principios de septiembre. En un momento dado, el centro llegó a albergar a más de 900 detenidos, pero la mayoría fueron trasladados tras la orden judicial inicial. El lunes no estaba claro cuántos detenidos había en el centro, construido para albergar a 3.000 personas.

El presidente Donald Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. El viernes, funcionarios federales confirmaron que Florida recibió la aprobación para un reembolso de $608 millones por los costos de construcción y operación del centro de detención migratoria.

Sigue a Mike Schneider en la plataforma social Bluesky: @mikeysid.bsky.social

Mike Schneidercubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Evan Vucci, archivo)

SAN DIEGO (AP) — El gobierno de Trump está designando a abogados de la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército para que sean jueces de inmigración temporales después de despedir a docenas de jueces existentes, el último paso en un plan más amplio que los expertos advierten que podría dañar a los tribunales de inmigración y al sistema de justicia militar.

El entrenamiento para el primer grupo de abogados del Ejército comienza el lunes y se espera que el entrenamiento para el segundo grupo comience en la primavera, según informaron varios abogados de la reserva militar, tanto retirados como activos. Se espera la participación de aproximadamente 100 abogados de la Reserva del Ejército, y 50 comenzarán una asignación de casi seis meses inmediatamente después de su entrenamiento, según un correo electrónico enviado el 3 de septiembre a un abogado de la Reserva del Ejército y revisado por The Associated Press.

El gobierno quiere contratar hasta 600 abogados con formación militar para ayudar a decidir qué inmigrantes pueden quedarse en el país. Los defensores están alarmados por la medida de recurrir a abogados militares para reforzar la dotación de personal en los tribunales de inmigración, que están congestionados, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica los arrestos por inmigración.

En esos tribunales hay que esperar años para tener audiencias y el número de casos pendientes se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, alcanzando los 3,4 millones.

Tanto el Ejército como la Guardia Nacional dijeron que esperan cubrir las asignaciones con voluntarios.

"Esta asignación brinda la oportunidad de adquirir experiencia judicial en un entorno de alto ritmo y de importancia nacional", afirmó un correo electrónico enviado a los miembros del Comando Legal de Reserva del Ejército, y agregó que las ubicaciones y otros detalles se publicarán más adelante.

Una convocatoria de voluntarios, enviada el 6 de septiembre a miembros de la Guardia Nacional en servicio activo y en la reserva, indicó que «los candidatos ideales deberán poseer experiencia en derecho administrativo, derecho migratorio, servicio como juez militar» o un campo relacionado. Los solicitantes deben poseer buen juicio, imparcialidad y un temperamento adecuado para el puesto, indicó.

La administración Trump ha recurrido cada vez más al ejército para apoyar su ofensiva contra la inmigración ilegal . Esto ha incluido el patrullaje de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México , el envío de miembros de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar las medidas de control migratorio, el alojamiento en bases militares de personas en espera de deportación y el uso de aeronaves militares para llevar a cabo deportaciones.

Preocupaciones por la falta de formación

Los jueces de inmigración manejan cientos o miles de casos y deciden quién obtiene asilo y tarjetas verdes para permanecer en Estados Unidos. Sus fallos dan forma tanto a las vidas de las familias inmigrantes como al éxito de la represión de Trump.

Algunos expertos en inmigración y derecho militar están preocupados de que los reservistas sean puestos en el trabajo sin suficiente capacitación o experiencia después de que más de 100 jueces de inmigración fueron despedidos o se fueron.

Con solo unos 600 jueces de inmigración restantes, la medida del Pentágono duplicaría sus filas. La nueva y radical ley de impuestos y gastos de Trump destinó 170 mil millones de dólares a la aplicación de la ley migratoria, incluyendo la contratación de 10,000 empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero limita el número de jueces de inmigración permanentes a 800.

“Están despidiendo a muchos jueces experimentados, despidiéndolos sin previo aviso, y aun así afirman que hay escasez y por eso necesitan que estos oficiales militares del JAG intervengan y se hagan cargo”, dijo Margaret Stock, teniente coronel retirada del ejército y abogada de inmigración.

Es especialmente preocupante que la administración no exija experiencia como juez de derecho administrativo ni en derecho migratorio como antes, afirmó. Stock ha impartido seminarios sobre derecho migratorio en West Point, pero señaló que los abogados militares solo aprenden lo mínimo necesario para ayudar a sus compañeros militares con asuntos como visas para cónyuges o hijos.

“La ley de inmigración es súper técnica y complicada”, dijo. “Es peor que la ley tributaria y cambia constantemente. Además, tiene su propia terminología, sus propias reglas que no tienen ningún sentido”.

Los jueces de inmigración provienen de diversos ámbitos legales , como el ejército, el Departamento de Justicia, las agencias de control de inmigración y la práctica privada. Anteriormente, el gobierno exigía a los solicitantes siete años de experiencia antes de someterse a un largo proceso de contratación, seguido de seis semanas de capacitación y un período de prueba de dos años.

Hasta ahora, los jueces temporales necesitaban 10 años de experiencia legal en inmigración, y a menudo eran jueces de inmigración jubilados, según la norma del gobierno que establece el nuevo plan.

El Departamento de Defensa no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que administra los tribunales de inmigración, se negó a hacer comentarios. En la norma, la agencia escribió que muchos jueces de inmigración exitosos tenían poca experiencia en derecho migratorio antes de asumir el cargo.

“La experiencia en leyes de inmigración no siempre es un fuerte predictor de éxito”, señala la norma.

En el ejército, a un abogado se le conoce como juez general (JAG). Estudian en facultades de derecho acreditadas y aprueban el examen de abogado antes de ingresar a un programa de derecho militar por poco más de dos meses. En ocasiones, trabajan como asistentes especiales de fiscales federales y recopilan pruebas para procesar casos penales, de forma similar a como lo hacen los fiscales civiles, explicó Mark Nevitt, ex JAG de la Marina y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory.

"Son algunos de los mejores abogados que conocerás en el mundo de la seguridad nacional", pero esto requerirá que "se pongan al día rápidamente en un cuerpo complejo de leyes y luego juzguen asuntos y reclamos como jueces", dijo Nevitt.

Matt Biggs, presidente de un sindicato de empleados federales que representa a los jueces de inmigración, dijo que contratar abogados con poca o ninguna experiencia en inmigración para escuchar estos casos complejos y de alto riesgo probablemente hará más daño que bien.

“Esto provocará más apelaciones de decisiones. Aumentará aún más el atraso. Será una iniciativa ineficiente y costosa”, dijo Biggs. “Sienta un precedente peligroso en este país en lo que respecta a las protecciones del debido proceso”.

Gregory Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que el Departamento de Justicia está “diluyendo las calificaciones de aquellos a quienes capacitará para tomar decisiones de vida o muerte”.

También le preocupa que la administración ejerza demasiada influencia sobre las contrataciones temporales. Los jueces permanentes son empleados públicos con protección civil.

Los demócratas han cuestionado la legalidad del plan.

Algunos senadores demócratas han advertido que el plan del Pentágono podría violar la Ley Posse Comitatus , que prohíbe a los militares desempeñar funciones policiales, y temen que la eliminación de los JAG pueda perjudicar el sistema de justicia militar. Enviaron una carta a las oficinas de los principales abogados militares de las cuatro fuerzas armadas, preguntando de dónde provendrán los aproximadamente 600 abogados y qué análisis jurídicos han realizado las fuerzas armadas.

Un memorando del Pentágono que describe el plan indica que los nombramientos no deberían durar más de seis meses. El memorando también indica que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que los abogados militares no violen la Ley Posse Comitatus.

Si los abogados militares prestan servicios enteramente bajo el mando de personal civil, entonces podría ser legal, dijo Nevitt, pero no está claro.

Algunos defensores de los inmigrantes creen que la administración asume que es más probable que los abogados militares rechacen casos para cumplir con los objetivos de deportación de Trump.

Pero Greg Rinckey, un ex abogado del ejército que ahora ejerce en forma privada, dijo que esa suposición es errónea.

"No darán el visto bueno porque la mayoría hemos sido abogados defensores", dijo. "No todos somos funcionarios públicos".

Varios de sus amigos que son JAGs de la Reserva del Ejército se han alistado porque están interesados ​​en la ley de inmigración y quieren atender una necesidad nacional, dijo.

“Y también es una manera de poner algo más en tu currículum: que fuiste juez”.

Taxin informó desde Santa Ana, California. Konstantin Toropin en Washington también colaboró.

Julie Watson cubre temas de inmigración, temas fronterizos entre Estados Unidos y México y el medio ambiente, y colabora en la cobertura de California y Nevada para The Associated Press. Ha reportado desde México, Centroamérica y Sudamérica, y fue finalista del Premio Pulitzer en 2019.

Amy Taxin escribe sobre alimentación, agricultura y agua en California para The Associated Press. Cubre temas costeros y noticias generales del Condado de Orange, California.

(Foto AP/Yuki Iwamura)