FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El ataque letal a un barco que, según funcionarios de Estados Unidos, transportaba drogas desde Venezuela podría haber supuesto un giro sorprendente en las relaciones entre los países, pero la creciente presión sobre la nación sudamericana ha definido gran parte del cuarto de siglo de carrera política del secretario de Estado Marco Rubio.

El principal diplomático del presidente Donald Trump, un exsenador de Florida, ha descrito a Venezuela como un vestigio de la ideología comunista en el hemisferio occidental. Rubio ha presionado de forma constante para la destitución de su líder, Nicolás Maduro; ha abogado por sanciones económicas e incluso ha defendido la intervención militar estadounidense.

“Creo que las fuerzas armadas de Estados Unidos solo deberían usarse en casos de amenazas a la seguridad nacional”, dijo en una entrevista con Univision en 2018. “Creo que hay un argumento sólido que se puede esgrimir en este momento: Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza para la región y para Estados Unidos”.

Antes de entrar en el gobierno, Rubio había representado a un ala más intervencionista del Partido Republicano, que en ocasiones parecía estar en desacuerdo con la filosofía de “Estados Unidos primero” de Trump. Mientras el presidente ha prometido no más guerras en el extranjero, Rubio y otros funcionarios gubernamentales han advertido sobre más operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica, aumentando la presión sobre un adversario al que Rubio lleva tiempo tratando de confrontar.

“El presidente ha dicho que quiere librar una guerra contra estos grupos porque han estado librando una guerra contra nosotros durante 30 años y nadie ha respondido”, dijo Rubio a reporteros el jueves.

El historial de Rubio sobre Venezuela

Antes de ser nombrado secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, el senador de Florida ya había influido en la política estadounidense hacia América Latina durante el primer mandato de Trump.

Para Rubio, su interés en confrontar a los líderes latinoamericanos de izquierdas es personal. Sus padres son inmigrantes cubanos que llegaron a Miami en 1956, unos años antes de la revolución comunista de Fidel Castro en 1959. Creció en Miami, donde muchos cubanos buscaron refugio después del ascenso al poder de Castro.

Su crítica constante al comunismo le ayudó a ganarse el apoyo de miles de miembros de la diáspora venezolana que hicieron de Florida su nuevo hogar al huir de la delincuencia, los problemas económicos y la agitación con Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, quien asumió el poder en 1999 e inició su autodenominada revolución socialista.

Aunque Washington ha intentado superar su legado de la era de la Guerra Fría de interferir y desestabilizar gobiernos en el sur del continente, Rubio abogó con frecuencia por una mayor acción, yendo en contra de Chávez primero y después de Maduro. Vinculó la lucha del movimiento opositor allí con la de los exiliados cubanos.

Ahora, “ve una oportunidad para avanzar una política estadounidense mucho más agresiva hacia América Latina”, dijo Geoff Ramsey, un analista senior sobre Venezuela en el Atlantic Council en Washington.

Rubio compartió algunos de los primeros detalles sobre el ataque el martes, a pesar de ser una operación militar, publicándolos en redes sociales mientras Trump lo anunciaba brevemente en la Oficina Oval. La Casa Blanca dice que 11 personas fallecieron.

Un día después, señaló que “volverá a suceder” y afirmó que Trump tenía autoridad “en circunstancias urgentes para eliminar amenazas inminentes para Estados Unidos”.

“Lo que los detendrá es cuando los destruyas, cuando te deshagas de ellos”, dijo Rubio el miércoles durante su visita a México.

El Departamento de Defensa indicó el jueves por la noche que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina, lo que calificaron como “un movimiento altamente provocativo” y advirtieron al gobierno de Maduro contra nuevas acciones.

La reacción dentro del movimiento de base de Trump al ataque de Estados Unidos ha sido bastante moderada, incluso de apoyo como un esfuerzo contra el narcotráfico, a diferencia de la división que surgió sobre la intervención estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán.

Rubio pasó de rival a asesor de Trump

Después de que Trump superara a Rubio en las primarias republicanas de 2016 y llegara a la Casa Blanca en 2017, Rubio se convirtió en un asesor en la sombra y fue el principal impulsor de las sanciones contra altos funcionarios venezolanos por abusos de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.

En el Senado, muchos de los discursos televisados de Rubio y declaraciones oficiales se centraron en Venezuela. En 2019, dijo que había un “argumento convincente” de que la situación en Venezuela presentaba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, citando la presencia del ejército del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

“La enorme mayoría de los estadounidenses no quiere al ejército de Vladímir en nuestro hemisferio, y eso es precisamente lo que sucederá si Maduro permanece en el poder”, afirmó. “Eso por sí solo es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Muchos creían que Rubio estaba entre las voces que instaron a Trump a respaldar a un líder opositor para destituir a Maduro.

En 2019, mientras las fuerzas venezolanas sofocaban disturbios y un líder opositor instaba a otros países a intervenir, Rubio publicó una serie de tuits mostrando imágenes del antes y el después de líderes derrocados como Moammar Gadhafi, quien fue asesinado por combatientes opositores en 2011 en Libia, y el panameño Manuel Noriega, que fue derrocado en una invasión estadounidense en 1989.

“La historia está llena de ejemplos de tiranos que creen que son invulnerables y luego enfrentan un colapso repentino”, tuiteó después.

Estados Unidos es uno de varios países que no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, con evidencias creíbles de que perdió las elecciones del año pasado.

La recompensa por la cabeza de Maduro también ha aumentado. Después de que en 2020 fuera acusado en un tribunal federal de Manhattan por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones por su detención. El gobierno del expresidente Joe Biden la elevó más tarde a 25 millones, la misma cantidad ofrecida por la captura de Osama bin Laden.

El ejecutivo de Trump ha duplicado esa recompensa a 50 millones.

“Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo”, publicó Rubio en X poco antes de ese anuncio del 7 de agosto.

Cómo ve Maduro a Rubio

Maduro ha descrito a Rubio como el arquitecto directo del aumento de buques de guerra estadounidenses en la región antes del ataque de esta semana.

“Señor presidente Donald Trump, tiene que tener cuidado porque Marco Rubio quiere que sus manos se manchen de sangre, de sangre sudamericana, sangre caribeña, sangre venezolana”, dijo Maduro a reporteros esta semana.

El mandatario venezolano afirmó que su gobierno mantiene dos líneas de comunicación con la administración Trump, una con el Departamento de Estado y otra con el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell.

La estrategia de Grenell parece ser adoptar un enfoque más conciliador, que ya se vio cuando Estados Unidos permitió al productor de petróleo Chevron reanudar la perforación en Venezuela y en la coordinación de intercambios de prisioneros y vuelos de deportación con el gobierno de Maduro.

“Creo que en el gobierno hay una división interna sobre Venezuela”, apuntó Elliott Abrams, que fungió como representante especial para Venezuela durante el primer mandato de Trump, añadiendo que Grenell aboga por una postura más suave. “Creo que Rubio está presionando por una línea dura contra Maduro, y gana algunas y pierde otras”.

Amiri informó desde Naciones Unidas y García Cano desde la Ciudad de México.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FARNOUSH AMIRI covers foreign policy and the United Nations as a correspondent for The Associated Press, based in New York.

(AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

POR  ADRIANA GÓMEZ LICÓN, FARNOUSH AMIRI and REGINA GARCÍA CANO

LOS ÁNGELES (AP) — Hace apenas dos años, Gregory Bovino fue relevado del mando del sector El Centro, California, de la Patrulla Fronteriza y se le animó a retirarse.

Ahora dirige la aplicación de la ley migratoria en Los Ángeles , una función que comenzó el 6 de junio, cuando la administración Trump lanzó su primer ataque continuo a una ciudad estadounidense con una velocidad y fuerza que rompieron con las normas recientes, incluso las del primer mandato del presidente Donald Trump. Su recuperación profesional ilustra la radicalidad de la política migratoria.

Una mañana reciente de agosto fue típica. Varias camionetas sin identificación y con vidrios polarizados se dirigieron a toda velocidad a la acera frente a un Home Depot en la zona de Van Nuys de Los Ángeles. Un vendedor de tamales guatemalteco fue esposado mientras hombres con rifles M4 y equipo militar vigilaban y los jornaleros huían. Los manifestantes hicieron sonar sirenas y silbatos. Uno bloqueó brevemente el paso de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, pero los agentes se marcharon en poco más de cuatro minutos.

El mismo equipo, vestidos de civil, con máscaras y placas en la cintura, irrumpió en un lavadero de autos en el suburbio de Montebello alrededor de las 11:30 a. m. Hicieron cuatro arrestos, incluyendo a un trabajador guatemalteco que huyó por un callejón y a un empleado mexicano que fue derribado tras entrar corriendo a la oficina. El ataque terminó en siete minutos.

Bovino dice que está lejos de terminar. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que Bovino llamó al jefe de la policía estatal el sábado para informarle que agentes de inmigración llegarían a Chicago, sin dar más detalles. Esto coincide con los comentarios de Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que alertaron a Chicago sobre un aumento de las medidas de seguridad al estilo de Los Ángeles.

'Gira y quema' describe un ritmo vertiginoso y una fuerza enorme

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la agencia principal responsable de la aplicación de la ley migratoria en el interior del país desde su creación en 2003, históricamente ha realizado arrestos en las calles tras largas investigaciones de objetivos individuales, incluyendo una vigilancia que un funcionario comparó en una ocasión con observar cómo se seca la pintura . Los funcionarios rara vez cuentan con órdenes judiciales para entrar en una vivienda, lo que les obliga a esperar afuera.

No es un ritmo que conduzca a las deportaciones masivas que Trump ha prometido.

"Vamos a girar y avanzar hacia ese próximo objetivo y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no vamos a detenernos", dijo en una entrevista en una sala de conferencias en el séptimo piso del edificio federal en West Los Angeles, donde un ala de oficinas sin uso sirve como una base temporal escasamente amueblada.

"Tiempo en la X" es otro término predilecto de Bovino para subrayar el uso de una fuerza abrumadora y ultrarrápida. Quiere que los agentes abandonen la redada en cuestión de minutos para evitar posibles conflictos con los manifestantes, como el enfrentamiento que duró varias horas ocurrido el 7 de junio frente a un Home Depot en Paramount.

Bovino tiene partidarios y críticos, muchos de ellos.

Los agentes han destrozado ventanas de autos, han volado la puerta de una casa y han patrullado el legendario Parque MacArthur a caballo. Bovino suele aparecer con equipo táctico, como lo hizo en la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom sobre la redistribución de distritos electorales del Congreso el 14 de agosto.

Bovino ha sido objeto de dos órdenes judiciales relacionadas con la discriminación racial, que la administración ha apelado, una por las redadas que dirigió en el Valle de San Joaquín de California durante el último mes de la presidencia de Joe Biden y otra por lo sucedido en Los Ángeles.

Un documento judicial presentado por quienes demandaron a Bovino y al gobierno dice que “los agentes federales enmascarados que blanden armas no pueden ordenar a las personas que realizan sus actividades cotidianas que se detengan y demuestren su presencia legal únicamente por el color de su piel, su acento, el lugar donde se encuentran y el tipo de trabajo que realizan”.

Donde los críticos ven una discriminación racial severa, Bovino ve un uso legítimo de la fuerza.

Romper las ventanillas de un coche cuando un conductor se niega a abrirlas y puede ser arrestado es “una táctica más segura que dejar que alguien se marche y luego iniciar una persecución a alta velocidad”, afirma.

Destruir la puerta de una casa en Huntington Park para buscar a un hombre acusado de embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza días antes fue una "táctica muy prudente y meditada", dijo Bovino, quien participó en esa redada matutina. "No quiero rodear una casa durante horas y horas y luego provocar otro disturbio".

Desestimó las acusaciones de perfilación, diciendo que identifica objetivos basándose en información de inteligencia, y defendió el uso opcional de máscaras para los agentes que temen que ser identificados pueda poner en peligro su seguridad personal.

Bovino está teniendo un repunte en su carrera

El resurgimiento de la carrera de Bovino coincide con la expansión de la Patrulla Fronteriza hacia el interior del país, un regreso a sus orígenes. Bovino ha defendido durante mucho tiempo la aplicación de la ley en el interior por parte de la Patrulla Fronteriza, desde una redada que dirigió en 2010 en Las Vegas mientras era jefe de estación en Blythe, California.

Bovino culpó a una serie de transgresiones percibidas por ser relevado del mando en agosto de 2023, cuyos detalles no se habían informado anteriormente: una foto de perfil en línea de él posando con un rifle de asalto M4; publicaciones en las redes sociales que se consideraron inapropiadas; y testimonio jurado ante el Congreso que él y otros jefes de sector dieron sobre el estado de la frontera durante un aumento récord de migrantes.

No se retiró, la foto de perfil con el rifle de asalto está nuevamente en línea y a los 55 años, algunos especulan que puede ascender aún más.

"Él ve cuáles son los carriles derecho e izquierdo en esto, y va a salir y superar los límites", dijo Paul Beeson, quien, como jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, nombró dos veces a Bovino para dirigir estaciones en Blythe e Imperial Beach, California.

Por  ELLIOT SPAGAT

(Foto AP/Jae C. Hong)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que Nueva Orleans podría ser su próximo objetivo para desplegar la Guardia Nacional con el fin de combatir el crimen, lo que podría ampliar el número de ciudades en todo el país a las que podría enviar fuerzas del orden federales.

Trump ya ha dicho que planea enviar la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore luego de que su administración desplegara tropas y agentes federales para patrullar las calles de Washington, DC, el mes pasado.

"Así que estamos tomando una decisión ahora", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki . "¿Vamos a Chicago? ¿Vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y saneemos una zona muy buena de este país que se ha vuelto bastante, ya saben, bastante difícil, bastante mala?".

Trump ahora presume con frecuencia de convertir Washington en una "zona segura". La Casa Blanca reporta más de 1760 arrestos en toda la ciudad desde que el presidente anunció por primera vez la movilización de fuerzas federales el 7 de agosto.

Pero Washington es un distrito federal sujeto a leyes que otorgan a Trump la facultad de tomar el control de la policía local por hasta 30 días. La decisión de usar tropas para intentar sofocar la delincuencia en otras ciudades del país controladas por los demócratas representaría una escalada importante.

Así que iremos quizás a Luisiana, y también a Nueva Orleans, que tiene un problema de delincuencia. Lo solucionaremos en unas dos semanas —dijo Trump—. Nos llevará dos semanas, más fácil que en Washington D. C.

Los últimos comentarios de Trump se produjeron un día después de declarar "Vamos a entrar" y sugerir que la Guardia Nacional podría dirigirse pronto a Chicago, la tercera ciudad más grande del país, y a Baltimore. Esto a pesar de la férrea oposición de funcionarios estatales y locales, así como de muchos residentes de ambas ciudades.

Pero Nueva Orleans es una ciudad con inclinaciones predominantemente demócratas en un estado republicano gobernado por Landry , y un reflejo de la intervención federal propuesta por Trump según líneas ideológicas.

“La delincuencia ha disminuido en Nueva Orleans”, dijo por mensaje de texto el concejal Oliver Thomas, quien también es candidato a la alcaldía. “¡Eso parecería muy político o una reacción exagerada!”

El concejal Jean-Paul Morrell dijo que es “ridículo considerar enviar la Guardia Nacional a otra ciudad estadounidense que no lo ha solicitado”.

“Los guardias no están capacitados para hacer cumplir la ley. No pueden resolver crímenes, no pueden entrevistar a testigos y no están capacitados para actuar de manera constitucional”, declaró Morrell. “El Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD) está haciendo un excelente trabajo con los recursos que tiene. Enviar tropas a Nueva Orleans es una demostración de fuerza innecesaria para intentar encontrar una solución a un problema inexistente”.

Sin embargo, Landry publicó en las redes sociales: "¡Llevaremos la ayuda del presidente @realDonaldTrump desde Nueva Orleans a Shreveport!", mientras que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, cuyo distrito incluye los suburbios conservadores fuera de Nueva Orleans, elogió los esfuerzos de Trump en Washington.

“Los ciudadanos de Nueva Orleans y los millones de turistas que visitan la ciudad merecen ese mismo nivel de seguridad”, escribió Scalise en una publicación en redes sociales. “Todos deberíamos estar a favor de una mayor seguridad para nuestros ciudadanos y una reducción de la delincuencia”.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, dijo en un comunicado que la gente “sigue muriendo en Nueva Orleans porque los ‘líderes’ se niegan a aceptar los recursos que tienen a su disposición”.

"Si su reacción instintiva es rechazar la oferta de ayuda del presidente sin condiciones, tal vez usted sea el problema, no él", dijo Murill.

La ciudad de Nueva Orleans adoptó un tono más conciliador, afirmando en un comunicado que «nuestras colaboraciones federales y estatales han desempeñado un papel fundamental para garantizar la seguridad pública, especialmente durante eventos especiales» y que los funcionarios locales «mantienen su compromiso de mantener este impulso». La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue acusada el mes pasado de fraude federal y comparecerá ante el tribunal en las próximas semanas.

Mientras tanto, Trump ha criticado repetidamente al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, por no solicitar el despliegue de la Guardia Nacional.

Podríamos arreglar Chicago. Solo tienen que pedirnos que vayamos a Chicago. Si no contamos con el apoyo de algunos de estos políticos, les diré quién nos apoya: la gente de Chicago", dijo Trump el miércoles.

Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se han mantenido firmes al afirmar que Chicago no necesita ni desea una intervención militar. En Baltimore, el alcalde Brandon Scott y el gobernador de Maryland, Wes Moore, se han opuesto de forma similar.

En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser dijo que la decisión de Trump de hacerse cargo de la fuerza policial de su ciudad e inundar las calles con cientos de agentes policiales federales y tropas de la Guardia Nacional ha tenido éxito en reducir el crimen violento, pero también argumentó que se podrían haber logrado resultados similares simplemente teniendo más oficiales de policía de la ciudad en servicio.

Ella dijo el miércoles que los poderes policiales de Trump en la ciudad no necesitan extenderse más allá de 30 días, diciendo: "No necesitamos una emergencia presidencial".

El escritor de Associated Press Jack Brook en Nueva Orleans contribuyó a este informe.

WILL WEISSERTcubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.

(Associated Press)

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces temporales de inmigración, según un memorando revisado por The Associated Press.

Los militares comenzarán a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible", y los servicios militares deberían tener la primera ronda de personas identificadas la próxima semana, según el memorando del 27 de agosto.

Esta iniciativa surge a medida que la administración Trump recurre con mayor frecuencia al ejército para combatir la inmigración ilegal mediante el aumento de arrestos y deportaciones . Su creciente papel en esta iniciativa incluye tropas que patrullan la frontera entre Estados Unidos y México , el envío de miembros de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar las medidas de control migratorio, el alojamiento en bases militares de personas en espera de deportación y el uso de aeronaves militares para llevar a cabo las deportaciones.

El enfoque de la administración en la inmigración ilegal ha aumentado la presión sobre los tribunales de inmigración, que ya lidiaban con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Una organización de abogados de inmigración calificó la nueva directiva como una medida "destructiva" destinada a debilitar a los tribunales.

Numerosos jueces de inmigración han sido despedidos

Al mismo tiempo, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración Trump, según su sindicato. En la ronda más reciente de despidos, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos declaró en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos "sin causa" en tribunales de todo el país.

Eso ha dejado alrededor de 600 jueces de inmigración, según muestran las cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicaría sus filas.

El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, solicitó la asistencia del Departamento de Defensa, según el memorando enviado por el secretario ejecutivo del Pentágono a su homólogo del Departamento de Justicia. Las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración no durarán inicialmente más de 179 días, pero podrán renovarse, indicó.

Un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa , desde donde los funcionarios dirigieron las preguntas a la Casa Blanca .

Un funcionario de la Casa Blanca declaró el martes que la administración está considerando diversas opciones para ayudar a resolver el considerable retraso en los casos de inmigración, incluyendo la contratación de más jueces de inmigración . El funcionario, quien no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, afirmó que el asunto debería ser "una prioridad que todos, incluidos quienes esperan un fallo, puedan apoyar".

El director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración denunció la incorporación de jueces temporales que carecen de experiencia en leyes de inmigración, afirmando que "tiene tanto sentido como que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera".

“Esperar decisiones justas de jueces que desconocen la ley es absurdo. Esta acción imprudente socava el debido proceso y socava aún más la integridad de nuestro sistema judicial de inmigración”, declaró Ben Johnson, director ejecutivo de la organización.

El Pentágono dice que la medida podría requerir la movilización de oficiales de reserva.

El memorando enfatizó que los abogados adicionales dependen de la disponibilidad y que podría ser necesario movilizar oficiales de reserva. Además, el documento indicó que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar a las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad nacionales, conocida como la Ley Posse Comitatus .

La administración enfrentó un revés en sus esfuerzos por usar tropas en formas únicas para combatir la inmigración ilegal y el crimen, con un fallo judicial el martes que determinó que violó "intencionadamente" la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de junio.

No está claro de inmediato qué impacto tendría el cambio en el número de abogados militares en el sistema de justicia de las fuerzas armadas. Los abogados, llamados defensores judiciales, desempeñan diversas funciones similares a las de los abogados civiles, desde llevar a cabo procesos judiciales, actuar como abogados defensores u ofrecer asesoramiento legal.

Los funcionarios del Pentágono ofrecieron inmediatamente detalles sobre de dónde provendrán los 600 abogados y si provendrán del servicio activo o de la reserva.

La formación que se requiere para ser juez de inmigración

Hasta su abrupto despido en julio , la exjueza supervisora ​​Jennifer Peyton impartía la capacitación intensiva que reciben todos los jueces de Chicago antes de trabajar en algunos de los tribunales de inmigración más concurridos del país. Tras la capacitación de una semana, los nuevos jueces son asignados a un mentor experimentado y tienen un período de prueba de dos años.

Peyton dudaba que los abogados militares pudieran dominar las complejidades de la ley de inmigración sin ese riguroso proceso. También dijo que no estaba claro cómo manejarían los cientos, o a veces miles, de casos que solo un juez de inmigración de Chicago atiende cada año.

“Seis meses es apenas tiempo suficiente para empezar a entender el torrente de información y capacitación”, dijo.

A Peyton también le preocupaba que la medida de Trump no proporcionara más personal administrativo, incluyendo traductores, de quienes dependen los jueces para tomar decisiones. Lo que estaba en juego, dijo, era una cuestión de vida o muerte para quienes comparecerían ante los nuevos jueces.

“Nada de esto tiene sentido a menos que se intente debilitar intencionalmente los tribunales de inmigración”, dijo Peyton.

Los escritores de Associated Press Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama, y ​​Will Weissert, Rebecca Santana y Eric Tucker en Washington contribuyeron a este informe.

(Foto AP/Alex Brandon)

Por  KONSTANTIN TOROPIN