El estado de Florida obtuvo el miércoles un importante fallo judicial que le permite prohibir que menores de edad tengan cuentas de redes sociales y otras restricciones.
La ley era una de las más restrictivas del país en cuanto al uso de redes sociales por parte de menores de edad cuando fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis en 2024.
La ley implica a la Primera Enmienda, señaló un tribunal de apelaciones, pero “probablemente lo hace de una manera neutral respecto del contenido”.
Probablemente superaría cualquier impugnación legal “porque no restringe sustancialmente más expresión de la necesaria para promover el importante interés de proteger a los menores de la adicción a las redes sociales”, indicó un panel de la Corte Federal de Apelaciones del 11.º Circuito, en su decisión 3-0.
La ley prohíbe las cuentas de redes sociales en los niños de Florida menores de 14 años y exige el consentimiento de los padres para el uso entre los jóvenes de 14 o 15 años.
Computer & Communications Industry Association y NetChoice, dos asociaciones comerciales del sector, presentaron una demanda contra el estado bajo el argumento de que la ley violaba los derechos de libertad de expresión de proveedores y usuarios de redes sociales. Un juez determinó en 2025 que la ley probablemente era inconstitucional y concedió una orden judicial.
Dicha orden quedó suspendida mientras el tribunal de apelaciones examinaba el caso. La demanda regresará ahora al tribunal federal en Tallahassee.
El tribunal de apelaciones señaló que la ley abarca a plataformas de redes sociales “que se ha determinado que inducen un uso intensivo entre los niños, y se aplica únicamente a plataformas que utilizan tanto algoritmos como una de varias funciones adictivas”.
“En este momento estamos evaluando todas nuestras opciones mientras continuamos con la lucha para garantizar que se protejan los derechos de los floridanos a la libre expresión en línea, y que los padres sigan al mando cuando se trata de tomar decisiones para sus familias”, declaró Paul Taske, abogado de NetChoice.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
ED WHITE is a U.S. breaking news reporter based in Detroit for The Associated Press. He has twice worked for the AP for more than 30 years in three states and Washington.
NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa regresan el jueves a un tribunal de Nueva York para enfrentar un encausamiento reformulado que los acusa de encabezar una campaña de represión auspiciada por el Estado, en la cual decenas de víctimas fueron torturadas, incluidos tres estadounidenses.
Se prevé que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaren inocentes en un tribunal federal de Manhattan de cargos añadidos a una acusación por narcotráfico presentada meses antes contra ambos. Efectivos estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en enero, durante una redada nocturna.
Tras anunciarse los cargos la semana pasada, el abogado Barry Pollack manifestó que Maduro, de 63 años, los niega y “espera con interés su día en el tribunal”.
Según la acusación reformulada, Maduro supervisó un violento sistema de tortura en el que las víctimas eran golpeadas, asfixiadas y se les aplicaban descargas eléctricas. Se le acusa de recomendar personalmente métodos de tortura, recibir actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas y amenazar con matar al hijo de un preso como forma de tortura psicológica.
La acusación sostiene que Flores, de 69 años y exprocuradora general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas.
Maduro, quien fue presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por denuncias de crímenes de lesa humanidad, vinculadas a su represión contra opositores. Siempre ha negado haber cometido irregularidades.
Previamente este año, Maduro y su esposa se declararon no culpables en el caso de drogas en Estados Unidos, que alegaba que conspiraron para inundar ese país con cocaína. Sus abogados sostienen que el caso debe ser desestimado por motivos de inmunidad, debido a que eran el presidente y la primera dama de un país extranjero.
La acusación revisada abarca denuncias de tortura que se remontan al ascenso de Maduro al poder en 2013, cuando asumió la presidencia después de su mentor Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese año.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
WASHINGTON (AP) — Más de 14 meses después de que los miembros de la Guardia Nacional comenzaran a patrullar las calles de la capital del país, un tribunal federal de apelaciones escuchará el miércoles los argumentos sobre si deben ser enviados a casa.
Las alegaciones orales están programadas en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. La audiencia se celebra meses después de que el tribunal suspendiera el fallo de un tribunal inferior que declaraba ilegal el despliegue .
El presidente Donald Trump desplegó la Guardia Nacional en agosto de 2025 como parte de lo que él describió como una misión para combatir el crimen en Washington, D.C. Esta fuerza, que alcanzó un máximo de aproximadamente 5.000 efectivos durante el verano, ha apoyado operaciones de arresto, patrullado las calles y los barrios de la ciudad y participado en labores de limpieza.
La administración republicana de Trump afirma que el despliegue ha contribuido a una disminución de la delincuencia en la ciudad, donde esta ya venía en descenso antes de la llegada de la Guardia Nacional. Funcionarios y activistas de esta ciudad, de mayoría demócrata, sostienen que el despliegue es un despilfarro del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.
El caso trata sobre si el presidente tiene autoridad
El meollo de la demanda, interpuesta por el fiscal general del Distrito de Columbia, radica en si el presidente tiene autoridad para desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, que, como distrito federal, goza de una autonomía limitada sobre sus propios asuntos. La Constitución de los Estados Unidos otorga a los legisladores federales autoridad sobre el Distrito de Columbia, mientras que la Ley de Autonomía Local de 1973 permite a los residentes elegir un alcalde, un consejo y comisionados vecinales.
La ciudad ha argumentado que la movilización constituye un uso ilegal de las fuerzas armadas para el cumplimiento de la ley a nivel nacional.
En diciembre pasado, el panel de tres jueces que suspendió el fallo del tribunal inferior dijo que Trump podría prevalecer en su argumento de que el presidente "posee un poder único" para movilizar a la Guardia Nacional en Washington.
El tribunal prosiguió diciendo en un fallo unánime de 32 páginas que otros factores también favorecían a la administración Trump, incluyendo la "perturbación en la vida de miles de miembros de las fuerzas armadas", así como lo que dijo que era el interés del presidente "en la protección de las funciones y propiedades del gobierno federal dentro de la capital del país".
Los jueces determinaron que el distrito "no ha identificado ningún perjuicio continuo a sus intereses legales".
Aunque Washington D.C. gane en la instancia de apelación, la administración Trump sin duda acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos , que ya ha mostrado deferencia hacia el presidente en varios casos.
Los expertos legales analizan los argumentos que podrían presentarse.
William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, afirmó que Washington D.C. podría tener un argumento débil amparado en su autonomía local, cuestionando si las unidades de la Guardia Nacional pueden desplegarse en la ciudad cuando no están autorizadas por la ley local.
Pero, según dijo, aparte de ese argumento, "no existe ningún principio federal general que pueda eximir de responsabilidad al distrito en este caso".
Según Banks, dado que Washington D.C. no es un estado y que el presidente es el comandante en jefe, existe una "enorme libertad de acción y discreción para que el presidente controle o delegue el control de la Guardia Nacional local y de las unidades de otros estados".
Margaret Hu, profesora de la Facultad de Derecho de William and Mary, señaló que una cuestión a tener en cuenta fue planteada en escritos judiciales por los estados que apoyaban el despliegue. Argumentaron que el presidente estaba reaccionando ante una emergencia. Hu indicó que la naturaleza indefinida del despliegue podría dar lugar a una impugnación de dicho argumento.
“Algunos argumentan que la naturaleza indefinida del despliegue significa que no hay justificación de emergencia en este caso”, dijo.
Un juez dictaminó que Trump no podía desplegar unilateralmente la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.
La jueza de distrito estadounidense Jia Cobb concluyó el pasado mes de noviembre que la toma del poder por parte del ejército de Trump en Washington invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir las fuerzas del orden en el distrito.
Cobb determinó que, si bien el presidente tiene autoridad para proteger el funcionamiento y la propiedad federales, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para ayudar en el control del crimen a su antojo ni solicitar la presencia de tropas de otros estados. Suspendió su orden durante 21 días para permitir la apelación de la administración Trump.
El tribunal de apelaciones suspendió la orden y permitió que el guardia permaneciera en su puesto mientras el caso está pendiente.
La movilización, prorrogada hasta enero de 2029 por el Departamento de Defensa, ha adquirido un carácter permanente, a pesar del proceso judicial.
El gobierno federal adjudicó un contrato de 292 millones de dólares a una empresa privada para proporcionar apartamentos a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Washington D.C. El número de personas alojadas también ha aumentado, llegando a cerca de 5000 durante el apogeo de la celebración del 25.º aniversario . Hasta la semana pasada, esa cifra había descendido a aproximadamente 2900.
MIAMI (AP) — La administración Trump está reduciendo el plazo que tienen los refugiados para impugnar la cancelación de su estatus, una medida que, según los críticos, podría poner a decenas de miles de personas que huyeron de la persecución y las guerras en sus países de origen en el camino de la deportación.
La nueva política, que entra en vigor el miércoles, reduce de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus. Forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para restringir y transformar un programa que durante décadas ha servido como vía de acceso para los refugiados.
Según el documento, el objetivo de la nueva política es "mitigar los riesgos potenciales" asociados con las personas que fueron admitidas como refugiadas pero que no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado.
La política no especifica cuántas personas podrían verse afectadas, pero se refiere específicamente a los refugiados admitidos durante la administración del presidente Joe Biden , cuando afirma que hubo una “alarmante erosión de la integridad” del programa de refugiados. Los defensores de los refugiados refutan esta afirmación.
La administración Trump ya está revisando los casos de al menos 185.000 refugiados admitidos durante la administración Biden que aún tienen solicitudes de tarjeta de residencia pendientes.
La acogida de refugiados ha sido una cuestión de consenso bipartidista en Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados con un apoyo abrumador en 1980. Dicha ley convirtió las solicitudes de asilo en algunas de las más examinadas con rigor dentro del sistema de inmigración.
Los defensores de los derechos de los refugiados y los grupos de reasentamiento de refugiados condenan la nueva política.
Algunos sostienen que los refugiados no tendrán tiempo suficiente para defender su estatus bajo la nueva política.
“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió”, dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente de Global Refuge. “Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios del gobierno aprobaron sus solicitudes”.
Ahora, según ella, "el Departamento de Seguridad Nacional quiere revisar esas decisiones en un plazo de 10 días, un período de notificación totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que se vieron obligados a huir".
HIAS, una importante organización de ayuda a los refugiados, advirtió que los refugiados que han huido de la violencia, la persecución y el desplazamiento corren el riesgo de ser deportados a países donde podrían sufrir daños, persecución y tortura.
“Están intentando subvertir el principio fundamental de que el reasentamiento de refugiados representa una protección permanente”, declaró Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS.
Church World Service (CWS) afirmó que los refugiados no tendrán "ninguna oportunidad significativa" para responder o apelar antes de que se les retire su estatus.
“Esta es una política diseñada para facilitar el desarraigo y la expulsión de miembros de nuestras comunidades que huyeron de la persecución y a quienes se les prometió seguridad”, dijo Danilo Zak, director de políticas de CWS.
Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, afirmó que la agencia ha detectado "una alarmante erosión de las medidas de control y verificación" durante la administración Biden con el fin de "acelerar el procesamiento y maximizar el número de refugiados admitidos".
Según afirmó, la administración Trump está "garantizando que el estatus de refugiado se reserve únicamente para aquellos que cumplían los requisitos legales".
El programa de refugiados se ha transformado
La administración Trump ha alterado drásticamente el programa de refugiados y lo ha transformado en un mecanismo para reasentar a sudafricanos blancos en el país.
En septiembre, el gobierno anunció planes para limitar el número total de refugiados admitidos en el país en 2027 a 17.500, la mayoría de los cuales son sudafricanos blancos.
Durante su primer mandato, Trump redujo drásticamente el número de refugiados aprobados anualmente. La administración Biden lo recuperó y se fijó la meta de admitir a 125.000 refugiados durante el último año de su mandato.
Al regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump suspendió inmediatamente el programa de refugiados, dejando varadas a personas de todo el mundo que tenían previsto venir a Estados Unidos. Posteriormente, la administración reabrió el programa y lo limitó principalmente a sudafricanos blancos.
La diferencia entre un refugiado y un solicitante de asilo
Los refugiados son personas que solicitaron su estatus mientras se encontraban fuera de los Estados Unidos, a menudo en un campo de refugiados o en un país de tránsito. Se someten a un proceso de evaluación en el extranjero y se les aprueba y otorga el estatus de refugiado antes de llegar a los Estados Unidos. Una vez en los Estados Unidos, pueden solicitar la tarjeta de residencia permanente (green card).
Un refugiado se diferencia de un solicitante de asilo, aunque ambos son personas que huyen de la persecución en sus países de origen.
Un solicitante de asilo presenta su solicitud al llegar a la frontera de Estados Unidos o después de haber estado ya en territorio estadounidense. El proceso puede durar varios años. Un asilado es una persona a la que ya se le ha concedido asilo mientras reside en Estados Unidos.
GISELA SALOMON es un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.
Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.
SAN FRANCISCO (AP) — La Semana de la Tecnología se llevó a cabo en San Francisco la semana pasada, y los restaurantes de la ciudad se llenaron de inversionistas de capital de riesgo y fundadores de empresas de inteligencia artificial entusiasmados con la postura de la Casa Blanca sobre la regulación de la IA: concretamente, a no regularla.
Y tras meses de debates sobre cómo agentes de IA sin control de las principales empresas de la industria interfirieron en todo —desde sitios web del gobierno estadounidense hasta información de salud—, Estados Unidos se encuentra ahora más lejos de regular estos sistemas que hace unos años.
El presidente Donald Trump convocó a los titanes de la tecnología a Washington a finales del mes pasado para un almuerzo y la firma protocolaria de un pacto de seguridad voluntario, el cual describió como “casi una constitución” en torno a la “superinteligencia”, el nuevo término que el gobierno prefiere para referirse a la IA.
El acuerdo, de 308 palabras, establece que los laboratorios de IA avanzada deben seguir protocolos de seguridad y crear equipos internos para supervisar sus propios avances. No obstante, el gobierno aún no ofrece detalles sobre cómo evitar —en palabras de Sam Altman, director general de OpenAI— que ocurran “cosas malas”.
Los retos en materia de seguridad no eran la prioridad en un abarrotado recinto de eventos en San Francisco el miércoles pasado, donde fundadores e inversionistas expresaron que el enfoque de no intervención del gobierno generará mayores ganancias para las empresas que desarrollan sistemas de defensa y de seguridad basados en IA.
Los panelistas elogiaron el decidido apoyo del gobierno al sector durante una reunión centrada en “invertir en la vanguardia”, parte de una intensa serie de eventos organizados por Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo cuyo director es el asesor de ciencia y tecnología de Trump.
“Quiero empezar con una cifra que creo que realmente enfatiza la oportunidad de inversión en defensa: y esa (cifra es) 1 billón de dólares. El gobierno de Estados Unidos, por primera vez, destina 1 billón de dólares a su gasto en defensa. Y 13.500 millones de dólares de esa cantidad se asignarán a sistemas autónomos e IA”, explicó Kyle Stanford, director de investigación de capital de riesgo en PitchBook, una plataforma de inteligencia de mercado. “Eso, obviamente, ha atraído una enorme cantidad de capital al gasto en tecnología de defensa, más de lo que nunca habíamos visto”.
Surgen nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la IA
Un día después, tres investigadores de la sede de OpenAI dijeron que la empresa creadora de ChatGPT los despidió, y señalaron en publicaciones que “el miedo y las normas poco claras obstaculizan la labor de seguridad en la IA”. Por otro lado, David Robinson, quien encabezó al equipo de seguridad de OpenAI hasta su reciente renuncia, expresó que le preocupa el permitir que los laboratorios de tecnologías avanzadas se autorregulen.
“Esto no es el sustituto de una legislación firme, y otorga mucha libertad a las empresas”, agregó Robinson. “El intervalo entre generaciones de modelos (de IA) se mide en semanas ... y creo que tenemos desafíos de seguridad muy graves en el corto plazo”.
Trump ha apostado su capital político al éxito de la industria de la IA, y ha afirmado que desarrollarla sin obstáculos de por medio es clave para ganar la carrera en el ámbito de la inteligencia artificial frente a China. En el primer día de su segundo periodo presidencial, el mandatario republicano derogó una orden ejecutiva del presidente demócrata Joe Biden dirigida, en parte, a proteger frente a los riesgos que los sistemas de IA plantean para los consumidores, los trabajadores y la seguridad nacional.
Desde entonces, el gobierno de Trump ha reorientado la política federal para alejarla de la supervisión y dirigirla hacia un crecimiento acelerado, lo que incluyó anular requisitos previos que obligaban a los desarrolladores de IA a compartir los resultados de las pruebas de seguridad con el gobierno federal. En diciembre, el mandatario firmó una orden ejecutiva destinada a bloquear las regulaciones sobre IA a nivel estatal, alegando que el hecho de que haya una diversidad de normas podría frenar el desarrollo de esta industria tecnológica.
A pesar de que las empresas de Silicon Valley han revelado que sus modelos de IA han estado implicados en ciberataques preocupantes a lo largo del año, el pujante sector tecnológico ha seguido impulsando el crecimiento económico.
Las preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial centradas en riesgos existenciales, más que en perjuicios que ya ocurren en el mundo real, se encontraron en el centro de los debates el mes pasado, cuando un ingeniero de Anthropic, hasta entonces poco conocido, renunció a su puesto y exhortó a pausar el desarrollo tecnológico y evitar que los sistemas “sobrehumanos” eludan los controles. Posteriormente, los directores generales de Anthropic y de OpenAI se sumaron a la petición de reducir la velocidad en el desarrollo de la IA. Para algunos críticos, sus manifiestos públicos parecían estar encaminados a ganarse el favor de los inversionistas ante sus salidas a bolsa y a las elecciones intermedias, momento en el que el ambiente político podría cambiar debido a la oposición de muchos votantes a los centros de datos.
“El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con elevado cociente intelectual!), ¡y Estados Unidos tiene eso de sobra!”, publicó Trump en Truth Social, su propia red social, y advirtió a los votantes que no “maten a la gallina de los huevos de oro”, un término que ha utilizado para referirse tanto a la inteligencia artificial como a los centros de datos.
Pacto en la Casa Blanca preserva amplio margen de maniobra para las empresas de IA
Ante las crecientes peticiones para que haya un control más estricto de la IA, el gobierno invitó a ejecutivos del sector tecnológico a una comida en la Casa Blanca, seguida de la firma protocolaria del acuerdo sobre seguridad en inteligencia artificial.
“Veo una autorregulación tremenda”, declaró Trump a los periodistas tras el evento.
El documento fue firmado por representantes de OpenAI, Anthropic, Meta, Google, SpaceXAI y Nvidia.
OpenAI se ha comprometido a incorporar evaluadores externos y a finalizar contratos con evaluadores de seguridad independientes, refirió un portavoz, quien remitió a la AP a una publicación de la empresa en la que dice que los investigadores fueron despedidos por infringir “políticas claras sobre el manejo de información confidencial”.
Google remitió a una publicación de Sundar Pichai, su director general, que dice que la empresa realiza las pruebas adecuadas y evaluaciones, y que colabora “para establecer normas y generar confianza pública”.
Meta actualizó recientemente sus normas para el entrenamiento, la evaluación y el lanzamiento de sus modelos de IA más avanzados. Su portavoz Andy Stone se refirió a las iniciativas de la empresa para pulir la estructura de gobernanza de su consejo de administración.
Nvidia y SpaceXAI no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Anthropic —que el viernes reveló voluntariamente que sus agentes (de IA) enviaron una pista falsa a un sitio web de la policía de Filadelfia sobre el caso de un homicidio no resuelto—incorpora evaluadores independientes y negocia colaboraciones con grupos de la industria, indicó un vocero.
En un comunicado, la Casa Blanca reiteró los comentarios de Trump acerca de trabajar con el sector para equilibrar la innovación y la seguridad, pero no respondió directamente a las preguntas sobre cómo el gobierno planea supervisar la implementación por parte de las empresas de inteligencia artificial.
Tras la nueva revelación de Anthropic, añadió que el gobierno de Trump espera transparencia total por parte de la empresa, y añadió que la notificación y la adopción de medidas correctivas “no son opcionales. Son una obligación clave de seguridad nacional”.
Durante el mandato de Biden, las principales empresas de IA también realizaron compromisos voluntarios para promover “un desarrollo seguro y transparente” de sus modelos, los cuales incluían directrices específicas para pruebas e informes de transparencia. El acuerdo actual carece de eso, expuso Sarah Myers West, exasesora principal de IA de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).
“En todos los ámbitos, este enfoque de autorregulación ha hecho sistemáticamente una sola cosa: fracasar. No ha logrado —de ninguna manera significativa— garantizar que estas empresas hagan las cosas de la manera correcta, mucho menos que cumplan con la legislación vigente”, agregó Myers West, quien actualmente es codirectora general de AI Now, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. “Lo único que reciben es indulgencia (por parte) de este gobierno”.
Tras la comida con Trump el mes pasado, la FTC anunció que había abierto una investigación sobre OpenAI, Anthropic y otras empresas debido a los riesgos que su tecnología podría representar para los consumidores. La FTC no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
Recientemente, Trump nombró a Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, y a Andrew Ferguson, presidente de la FTC, para integrar su nueva “Fuerza de Superinteligencia”, la cual, según el presidente, mantendría el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la IA. El jueves pasado publicó un mensaje que decía que la Casa Blanca consideraría como “¡el enemigo!” a cualquiera que no se refiera a la inteligencia artificial con el término que él prefiere.
Algunos legisladores, así como grupos de defensa de las libertades civiles y de los derechos del consumidor, han abogado por una mayor regulación de la IA con el argumento que la supervisión actual es insuficiente.
Graham Steele, exsubsecretario del Departamento del Tesoro, manifestó que incluso si las empresas de IA establecen equipos de evaluación internos o contratan a evaluadores externos, dicha estructura puede hacerlos vulnerables a presiones indebidas sobre su labor.
“Vivimos en una sociedad democrática. ¿Son ellas las indicadas para tener el poder de tomar decisiones que conllevan amplias consecuencias estructurales, sociales y políticas?”, preguntó Steele.
GARANCE BURKE is a global investigative journalist with The Associated Press based in San Francisco. She focuses on artificial intelligence and government accountability, and her work has been honored with the 2026 Pulitzer Prize in International reporting and with a documentary Emmy Award. She can be reached on Signal at garanceburke.33
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
El estado de Florida obtuvo el miércoles un importante fallo judicial que le permite prohibir que menores de edad tengan cuentas de redes sociales y otras restricciones.
