WASHINGTON (AP) — Más de 14 meses después de que los miembros de la Guardia Nacional comenzaran a patrullar las calles de la capital del país, un tribunal federal de apelaciones escuchará el miércoles los argumentos sobre si deben ser enviados a casa.

Las alegaciones orales están programadas en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. La audiencia se celebra meses después de que el tribunal suspendiera el fallo de un tribunal inferior que declaraba ilegal el despliegue .

El presidente Donald Trump desplegó la Guardia Nacional en agosto de 2025 como parte de lo que él describió como una misión para combatir el crimen en Washington, D.C. Esta fuerza, que alcanzó un máximo de aproximadamente 5.000 efectivos durante el verano, ha apoyado operaciones de arresto, patrullado las calles y los barrios de la ciudad y participado en labores de limpieza.

La administración republicana de Trump afirma que el despliegue ha contribuido a una disminución de la delincuencia en la ciudad, donde esta ya venía en descenso antes de la llegada de la Guardia Nacional. Funcionarios y activistas de esta ciudad, de mayoría demócrata, sostienen que el despliegue es un despilfarro del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.

El caso trata sobre si el presidente tiene autoridad

El meollo de la demanda, interpuesta por el fiscal general del Distrito de Columbia, radica en si el presidente tiene autoridad para desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, que, como distrito federal, goza de una autonomía limitada sobre sus propios asuntos. La Constitución de los Estados Unidos otorga a los legisladores federales autoridad sobre el Distrito de Columbia, mientras que la Ley de Autonomía Local de 1973 permite a los residentes elegir un alcalde, un consejo y comisionados vecinales.

La ciudad ha argumentado que la movilización constituye un uso ilegal de las fuerzas armadas para el cumplimiento de la ley a nivel nacional.

En diciembre pasado, el panel de tres jueces que suspendió el fallo del tribunal inferior dijo que Trump podría prevalecer en su argumento de que el presidente "posee un poder único" para movilizar a la Guardia Nacional en Washington.

El tribunal prosiguió diciendo en un fallo unánime de 32 páginas que otros factores también favorecían a la administración Trump, incluyendo la "perturbación en la vida de miles de miembros de las fuerzas armadas", así como lo que dijo que era el interés del presidente "en la protección de las funciones y propiedades del gobierno federal dentro de la capital del país".

Los jueces determinaron que el distrito "no ha identificado ningún perjuicio continuo a sus intereses legales".

Aunque Washington D.C. gane en la instancia de apelación, la administración Trump sin duda acudirá al Tribunal Supremo de Estados Unidos , que ya ha mostrado deferencia hacia el presidente en varios casos.

Los expertos legales analizan los argumentos que podrían presentarse.

William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, afirmó que Washington D.C. podría tener un argumento débil amparado en su autonomía local, cuestionando si las unidades de la Guardia Nacional pueden desplegarse en la ciudad cuando no están autorizadas por la ley local.

Pero, según dijo, aparte de ese argumento, "no existe ningún principio federal general que pueda eximir de responsabilidad al distrito en este caso".

Según Banks, dado que Washington D.C. no es un estado y que el presidente es el comandante en jefe, existe una "enorme libertad de acción y discreción para que el presidente controle o delegue el control de la Guardia Nacional local y de las unidades de otros estados".

Margaret Hu, profesora de la Facultad de Derecho de William and Mary, señaló que una cuestión a tener en cuenta fue planteada en escritos judiciales por los estados que apoyaban el despliegue. Argumentaron que el presidente estaba reaccionando ante una emergencia. Hu indicó que la naturaleza indefinida del despliegue podría dar lugar a una impugnación de dicho argumento.

“Algunos argumentan que la naturaleza indefinida del despliegue significa que no hay justificación de emergencia en este caso”, dijo.

Un juez dictaminó que Trump no podía desplegar unilateralmente la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

La jueza de distrito estadounidense Jia Cobb concluyó el pasado mes de noviembre que la toma del poder por parte del ejército de Trump en Washington invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir las fuerzas del orden en el distrito.

Cobb determinó que, si bien el presidente tiene autoridad para proteger el funcionamiento y la propiedad federales, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para ayudar en el control del crimen a su antojo ni solicitar la presencia de tropas de otros estados. Suspendió su orden durante 21 días para permitir la apelación de la administración Trump.

El tribunal de apelaciones suspendió la orden y permitió que el guardia permaneciera en su puesto mientras el caso está pendiente.

La movilización, prorrogada hasta enero de 2029 por el Departamento de Defensa, ha adquirido un carácter permanente, a pesar del proceso judicial.

El gobierno federal adjudicó un contrato de 292 millones de dólares a una empresa privada para proporcionar apartamentos a los miembros del Grupo de Trabajo Conjunto de Washington D.C. El número de personas alojadas también ha aumentado, llegando a cerca de 5000 durante el apogeo de la celebración del 25.º aniversario . Hasta la semana pasada, esa cifra había descendido a aproximadamente 2900.

Por  Gary Fields

(Foto AP/Jacqueyn Martin)

NUEVA YORK (AP) — La mayoría de los estadounidenses cree que Donald Trump se está beneficiando de la presidencia de maneras poco éticas o ilegales y que está más centrado en su riqueza que en ayudar a personas como ellos, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC concluye que, mientras el negocio familiar de Trump recauda dinero récord gracias a nuevas iniciativas favorecidas por sus políticas, en lo que respecta a las acusaciones de que Trump se beneficia de la presidencia, cerca de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos creen que o bien se está beneficiando ilegalmente o está haciendo algo poco ético pero no ilegal. Sólo alrededor de 2 de cada 10 consideran que el presidente republicano no está haciendo nada malo, mientras que una proporción similar afirma que no sabe lo suficiente como para opinar.

Al mismo tiempo, algo más de la mitad de los estadounidenses dice que Trump ha priorizado “mucho” sus intereses financieros personales desde que regresó a la Casa Blanca, mientras que apenas cerca de una cuarta parte afirma que pone el mismo énfasis en el país en su conjunto. Pocos adultos en Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 10, dicen que se ha centrado “mucho” en personas como ellos.

“Su riqueza aumenta, pero la gente del país apenas logra salir adelante”, comentó Barbara Thaxton, de 87 años, una votante independiente de Summerfield, Florida

Trump se burló del tema de los conflictos de interés al inicio de su segundo mandato, cuando le dijo a The New York Times: “Me di cuenta de que a nadie le importaba”. A diferencia de su primer mandato, levantó una prohibición autoimpuesta que impedía a su familia cerrar acuerdos en el sector privado en el extranjero y puso en marcha varios nuevos negocios de criptomonedas.

Los resultados de la encuesta sugieren que la mayoría de los adultos en Estados Unidos cree que aumentar su fortuna personal ha sido un objetivo de Trump en su segundo mandato, al menos en cierta medida. Apenas alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos dice que está priorizando sus intereses empresariales personales “sólo un poco” o “nada en absoluto”, incluidos menos de la mitad de los republicanos.

La Casa Blanca dice que Trump no se beneficia, pero la mayoría de los estadounidenses ve señales de alerta

La Casa Blanca ha desestimado repetidamente las acusaciones de que Trump y los negocios de su familia se están beneficiando económicamente de su cargo como un problema falso, y ha afirmado categóricamente que no tiene ningún conflicto y que actúa únicamente en interés del país.

En una declaración federal obligatoria de sus activos financieros que Trump presentó en junio, informó haber obtenido más de 1.000 millones de dólares de nuevos negocios de criptomonedas después de que flexibilizó la regulación del sector.

Una de sus mayores iniciativas de criptomonedas recibió una inversión de 500 millones de dólares tras su elección, procedente de una empresa de Emiratos Árabes Unidos vinculada a la familia real. También recibió apoyo de una compañía de criptomonedas fundada por un multimillonario chino con problemas con la ley en Estados Unidos.

En el ámbito inmobiliario, la Trump Organization ha cerrado ocho acuerdos extranjeros en el primer año de su presidencia, incluidos muchos en Estados autoritarios o de partido único con influencia sobre los negocios privados y deseosos de mantener contento a Trump, los aranceles de Estados Unidos bajos o la protección del ejército de Estados Unidos, o las tres cosas.

En general, cerca de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que Trump está haciendo algo ilegal, mientras que alrededor de 2 de cada 10 creen que está haciendo algo poco ético pero no ilegal. Los demócratas son especialmente propensos a creer que ha infringido la ley: cerca de 8 de cada 10 lo afirman.

Oscar Delgado, un demócrata de 50 años que votó por Trump en 2024 porque pensó que podría mejorar las cosas, ahora acusa a Trump de “volverse codicioso”.

“No está poniendo al país primero. Yo quería un cambio, pero no esperaba este cambio”, sostuvo Delgado, que vive en Lansing, Michigan, y trabaja en una planta de estampado de metal de Ford.

Los republicanos están menos convencidos de que Trump esté haciendo algo malo

Los independientes y los republicanos están mucho menos convencidos que los demócratas de que Trump esté infringiendo la ley. Solo alrededor de 3 de cada 10 independientes y cerca de 1 de cada 10 republicanos dicen que está haciendo algo ilegal. Alrededor de 2 de cada 10 independientes y una proporción similar de republicanos creen que su conducta es poco ética pero no ilegal.

La mayoría de los republicanos piensa que no está haciendo nada malo o dice que no sabe lo suficiente como para juzgar.

“Probablemente su familia se ha beneficiado, pero no creo que él lo haya hecho”, comentó Audra Pelsue, republicana de 52 años, y desestimó a los críticos de Trump por estar demasiado enojados como para ver con claridad. “Es el síndrome de trastorno por Trump”.

Pelsue, gerente en una empresa fabricante de máquinas de lavandería de Syracuse, Nueva York, ve un doble rasero entre los críticos de Trump, y señala lo que, según ella, fue una indignación insuficiente por el hijo del presidente Joe Biden.

“¡Miren a Hunter Biden!”, dijo, al referirse a su cargo como director en la empresa energética ucraniana Burisma cuando su padre, demócrata, era vicepresidente. “Estaba bien que los hijos de Biden se beneficiaran, ¿pero no está bien que lo hagan los de Trump?”.

La mayoría de los estadounidenses cree que Trump antepone sus intereses financieros a los del país

Incluso si no creen que su conducta sea ilegal, es mucho más probable que los estadounidenses digan que Trump está priorizando sus intereses empresariales personales, en comparación con el país en general o con personas como ellos.

Algo más de la mitad, el 56%, de los adultos en Estados Unidos dice que Trump ha puesto “mucho” énfasis en sus negocios personales desde que volvió a asumir el cargo, mientras que una proporción similar, el 54%, dice lo mismo sobre los intereses empresariales de sus amigos y familiares.

En contraste, sólo cerca de una cuarta parte de los estadounidenses afirma que ha priorizado “mucho” al país en su conjunto desde que regresó a la Casa Blanca, y aún menos, alrededor de 1 de cada 10, dice que se ha centrado “mucho” en personas como ellos.

Es más probable que los republicanos crean que Trump ha priorizado al país: cerca de la mitad dice que ha puesto “mucho” énfasis en ello desde que asumió el cargo, mientras que alrededor de una cuarta parte afirma que ha dado ese nivel de atención a sus intereses empresariales personales. Pero sólo cerca de una cuarta parte de los republicanos dice que ha enfatizado “mucho” a personas como ellos.

John Bartus, de Twin Falls, Idaho, señala que Trump ha aceptado donar su salario, que asciende a 400.000 dólares al año.

“Parece que sus intereses empresariales son parte de su vida, pero no parece que deje que eso interfiera con lo que está pasando en el país”, manifestó. “Lo deja en segundo plano”.

Pero Lisa Fernandez, una demócrata de Edinburg, Texas, dijo que Trump está usando el poder de la presidencia, pero no de maneras que ayuden a otros.

Fernandez, de 57 años, una profesora de matemáticas jubilada, afirmó: “Lo está explotando para sus propias necesidades y las de su familia, y está obteniendo ganancias a costa de la gente a la que se supone que debe servir. Su razón de ser es enriquecerse y tomar lo que pueda sin consecuencias”.

Thomson-DeVeaux informó desde Washington.

La encuesta AP-NORC a 2.140 adultos se realizó del 24 al 28 de septiembre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 2,9 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

BERNARD CONDON is an Associated Press investigative reporter covering breaking news. He has written about the Maui fire, the Afghanistan withdrawal, gun laws, Chinese loans in Africa and Trump’s business.

AMELIA THOMSON-DEVEAUX

Thomson-DeVeaux is the AP’s editor for polling and surveys.

(AP Foto/Mark Humphrey, Archivo)

SAN FRANCISCO (AP) — La Semana de la Tecnología se llevó a cabo en San Francisco la semana pasada, y los restaurantes de la ciudad se llenaron de inversionistas de capital de riesgo y fundadores de empresas de inteligencia artificial entusiasmados con la postura de la Casa Blanca sobre la regulación de la IA: concretamente, a no regularla.

Y tras meses de debates sobre cómo agentes de IA sin control de las principales empresas de la industria interfirieron en todo —desde sitios web del gobierno estadounidense hasta información de salud—, Estados Unidos se encuentra ahora más lejos de regular estos sistemas que hace unos años.

El presidente Donald Trump convocó a los titanes de la tecnología a Washington a finales del mes pasado para un almuerzo y la firma protocolaria de un pacto de seguridad voluntario, el cual describió como “casi una constitución” en torno a la “superinteligencia”, el nuevo término que el gobierno prefiere para referirse a la IA.

El acuerdo, de 308 palabras, establece que los laboratorios de IA avanzada deben seguir protocolos de seguridad y crear equipos internos para supervisar sus propios avances. No obstante, el gobierno aún no ofrece detalles sobre cómo evitar —en palabras de Sam Altman, director general de OpenAI— que ocurran “cosas malas”.

Los retos en materia de seguridad no eran la prioridad en un abarrotado recinto de eventos en San Francisco el miércoles pasado, donde fundadores e inversionistas expresaron que el enfoque de no intervención del gobierno generará mayores ganancias para las empresas que desarrollan sistemas de defensa y de seguridad basados en IA.

Los panelistas elogiaron el decidido apoyo del gobierno al sector durante una reunión centrada en “invertir en la vanguardia”, parte de una intensa serie de eventos organizados por Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo cuyo director es el asesor de ciencia y tecnología de Trump.

“Quiero empezar con una cifra que creo que realmente enfatiza la oportunidad de inversión en defensa: y esa (cifra es) 1 billón de dólares. El gobierno de Estados Unidos, por primera vez, destina 1 billón de dólares a su gasto en defensa. Y 13.500 millones de dólares de esa cantidad se asignarán a sistemas autónomos e IA”, explicó Kyle Stanford, director de investigación de capital de riesgo en PitchBook, una plataforma de inteligencia de mercado. “Eso, obviamente, ha atraído una enorme cantidad de capital al gasto en tecnología de defensa, más de lo que nunca habíamos visto”.

Surgen nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la IA

Un día después, tres investigadores de la sede de OpenAI dijeron que la empresa creadora de ChatGPT los despidió, y señalaron en publicaciones que “el miedo y las normas poco claras obstaculizan la labor de seguridad en la IA”. Por otro lado, David Robinson, quien encabezó al equipo de seguridad de OpenAI hasta su reciente renuncia, expresó que le preocupa el permitir que los laboratorios de tecnologías avanzadas se autorregulen.

“Esto no es el sustituto de una legislación firme, y otorga mucha libertad a las empresas”, agregó Robinson. “El intervalo entre generaciones de modelos (de IA) se mide en semanas ... y creo que tenemos desafíos de seguridad muy graves en el corto plazo”.

Trump ha apostado su capital político al éxito de la industria de la IA, y ha afirmado que desarrollarla sin obstáculos de por medio es clave para ganar la carrera en el ámbito de la inteligencia artificial frente a China. En el primer día de su segundo periodo presidencial, el mandatario republicano derogó una orden ejecutiva del presidente demócrata Joe Biden dirigida, en parte, a proteger frente a los riesgos que los sistemas de IA plantean para los consumidores, los trabajadores y la seguridad nacional.

Desde entonces, el gobierno de Trump ha reorientado la política federal para alejarla de la supervisión y dirigirla hacia un crecimiento acelerado, lo que incluyó anular requisitos previos que obligaban a los desarrolladores de IA a compartir los resultados de las pruebas de seguridad con el gobierno federal. En diciembre, el mandatario firmó una orden ejecutiva destinada a bloquear las regulaciones sobre IA a nivel estatal, alegando que el hecho de que haya una diversidad de normas podría frenar el desarrollo de esta industria tecnológica.

A pesar de que las empresas de Silicon Valley han revelado que sus modelos de IA han estado implicados en ciberataques preocupantes a lo largo del año, el pujante sector tecnológico ha seguido impulsando el crecimiento económico.

Las preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial centradas en riesgos existenciales, más que en perjuicios que ya ocurren en el mundo real, se encontraron en el centro de los debates el mes pasado, cuando un ingeniero de Anthropic, hasta entonces poco conocido, renunció a su puesto y exhortó a pausar el desarrollo tecnológico y evitar que los sistemas “sobrehumanos” eludan los controles. Posteriormente, los directores generales de Anthropic y de OpenAI se sumaron a la petición de reducir la velocidad en el desarrollo de la IA. Para algunos críticos, sus manifiestos públicos parecían estar encaminados a ganarse el favor de los inversionistas ante sus salidas a bolsa y a las elecciones intermedias, momento en el que el ambiente político podría cambiar debido a la oposición de muchos votantes a los centros de datos.

“El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con elevado cociente intelectual!), ¡y Estados Unidos tiene eso de sobra!”, publicó Trump en Truth Social, su propia red social, y advirtió a los votantes que no “maten a la gallina de los huevos de oro”, un término que ha utilizado para referirse tanto a la inteligencia artificial como a los centros de datos.

Pacto en la Casa Blanca preserva amplio margen de maniobra para las empresas de IA

Ante las crecientes peticiones para que haya un control más estricto de la IA, el gobierno invitó a ejecutivos del sector tecnológico a una comida en la Casa Blanca, seguida de la firma protocolaria del acuerdo sobre seguridad en inteligencia artificial.

“Veo una autorregulación tremenda”, declaró Trump a los periodistas tras el evento.

El documento fue firmado por representantes de OpenAI, Anthropic, Meta, Google, SpaceXAI y Nvidia.

OpenAI se ha comprometido a incorporar evaluadores externos y a finalizar contratos con evaluadores de seguridad independientes, refirió un portavoz, quien remitió a la AP a una publicación de la empresa en la que dice que los investigadores fueron despedidos por infringir “políticas claras sobre el manejo de información confidencial”.

Google remitió a una publicación de Sundar Pichai, su director general, que dice que la empresa realiza las pruebas adecuadas y evaluaciones, y que colabora “para establecer normas y generar confianza pública”.

Meta actualizó recientemente sus normas para el entrenamiento, la evaluación y el lanzamiento de sus modelos de IA más avanzados. Su portavoz Andy Stone se refirió a las iniciativas de la empresa para pulir la estructura de gobernanza de su consejo de administración.

Nvidia y SpaceXAI no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Anthropic —que el viernes reveló voluntariamente que sus agentes (de IA) enviaron una pista falsa a un sitio web de la policía de Filadelfia sobre el caso de un homicidio no resuelto—incorpora evaluadores independientes y negocia colaboraciones con grupos de la industria, indicó un vocero.

En un comunicado, la Casa Blanca reiteró los comentarios de Trump acerca de trabajar con el sector para equilibrar la innovación y la seguridad, pero no respondió directamente a las preguntas sobre cómo el gobierno planea supervisar la implementación por parte de las empresas de inteligencia artificial.

Tras la nueva revelación de Anthropic, añadió que el gobierno de Trump espera transparencia total por parte de la empresa, y añadió que la notificación y la adopción de medidas correctivas “no son opcionales. Son una obligación clave de seguridad nacional”.

Durante el mandato de Biden, las principales empresas de IA también realizaron compromisos voluntarios para promover “un desarrollo seguro y transparente” de sus modelos, los cuales incluían directrices específicas para pruebas e informes de transparencia. El acuerdo actual carece de eso, expuso Sarah Myers West, exasesora principal de IA de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

“En todos los ámbitos, este enfoque de autorregulación ha hecho sistemáticamente una sola cosa: fracasar. No ha logrado —de ninguna manera significativa— garantizar que estas empresas hagan las cosas de la manera correcta, mucho menos que cumplan con la legislación vigente”, agregó Myers West, quien actualmente es codirectora general de AI Now, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. “Lo único que reciben es indulgencia (por parte) de este gobierno”.

Tras la comida con Trump el mes pasado, la FTC anunció que había abierto una investigación sobre OpenAI, Anthropic y otras empresas debido a los riesgos que su tecnología podría representar para los consumidores. La FTC no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Recientemente, Trump nombró a Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, y a Andrew Ferguson, presidente de la FTC, para integrar su nueva “Fuerza de Superinteligencia”, la cual, según el presidente, mantendría el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la IA. El jueves pasado publicó un mensaje que decía que la Casa Blanca consideraría como “¡el enemigo!” a cualquiera que no se refiera a la inteligencia artificial con el término que él prefiere.

Algunos legisladores, así como grupos de defensa de las libertades civiles y de los derechos del consumidor, han abogado por una mayor regulación de la IA con el argumento que la supervisión actual es insuficiente.

Graham Steele, exsubsecretario del Departamento del Tesoro, manifestó que incluso si las empresas de IA establecen equipos de evaluación internos o contratan a evaluadores externos, dicha estructura puede hacerlos vulnerables a presiones indebidas sobre su labor.

“Vivimos en una sociedad democrática. ¿Son ellas las indicadas para tener el poder de tomar decisiones que conllevan amplias consecuencias estructurales, sociales y políticas?”, preguntó Steele.

GARANCE BURKE is a global investigative journalist with The Associated Press based in San Francisco. She focuses on artificial intelligence and government accountability, and her work has been honored with the 2026 Pulitzer Prize in International reporting and with a documentary Emmy Award. She can be reached on Signal at garanceburke.33

(AP Foto/Jacquelyn Martin)

Las nuevas restricciones han privado de la cobertura de Medicaid a ciertos inmigrantes legales, incluidos refugiados y víctimas de trata de personas, como parte de cambios federales más amplios en el programa de seguro médico que se espera que dejen a millones de personas sin cobertura.

El cambio, que entró en vigor el 1 de octubre, excluyó de Medicaid a lo que se estima que son cientos de miles de personas que inmigraron legalmente a Estados Unidos, muchas de las cuales trabajan y pagan impuestos, en la más reciente política de la administración Trump dirigida contra los extranjeros.

Esta medida forma parte de los profundos cambios que se están implementando en Medicaid bajo la ley de recortes fiscales y políticas públicas de 2025 del presidente Donald Trump , muchos de los cuales entrarán en vigor a principios del próximo año. Se prevé que estos cambios en Medicaid resulten en 7,5 millones menos de personas con seguro médico, según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso para 2025.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que, sin Medicaid, las personas no podrán costearse un seguro privado y, por lo tanto, retrasarán la atención médica o terminarán en salas de emergencia, lo que agravará la presión sobre un sistema de salud ya saturado. Para los inmigrantes, los recortes podrían tener un impacto aún mayor, intensificando los efectos de otras medidas del gobierno para restringir su acceso a la asistencia pública como parte de una política migratoria más amplia .

“Se trata de decirles a todos los inmigrantes en Estados Unidos que no son bienvenidos aquí y que deberían irse”, dijo Ben D'Avanzo, estratega sénior del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que ha emprendido acciones legales contra la administración republicana por su agenda migratoria.

Entre quienes han perdido la cobertura se encuentran refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas y violencia doméstica. Los titulares de la tarjeta de residencia permanente no se vieron afectados.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, declaró que "los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos sin tener que recurrir a los programas de prestaciones sociales sobrecargados que pagan los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente".

D'Avanzo afirmó que muchas personas que han perdido su cobertura probablemente solo se darán cuenta cuando necesiten atención médica. Pero para algunos, el cambio se ha sentido de inmediato.

Disminución de las reservas de medicamentos que salvan vidas

En Tucson, Arizona, María Chacón cuida a su hijo Jesús desde hace casi cinco años, tras un accidente automovilístico a los 17 años que le impidió respirar por sí solo. Necesita un respirador, una sonda de alimentación y medicación diaria, y deben cambiarle de posición cada dos horas para evitar que se le formen llagas. Chacón cuenta que a veces abre los ojos.

La familia es originaria de México y entró a los Estados Unidos con una visa T, que se ofrece a las víctimas de trata de personas, en 2018.

Chacón afirmó que Medicaid ha ayudado a cubrir casi 25.000 dólares mensuales de la atención de su hijo, lo que incluye un pequeño estipendio para ella y su esposo como compensación por ser cuidadores a largo plazo. Añadió que los médicos le explicaron que, incluso si ambos trabajaran 24 horas al día, no podrían cubrir el costo de su atención.

“Desde ese día no he podido dormir. No hemos podido comer ni nada. Nos preguntamos qué vamos a hacer”, dijo Chacón.

Jesús toma medicamentos que Chacón calcula que cuestan 7000 dólares al mes. El suministro se acaba a mediados de octubre. Sin cobertura médica, no sabe cómo va a sobrevivir su hijo.

Chacón se enteró, pocos días antes de los recortes, de que perdería su cobertura médica. Llamó a las oficinas estatales de Medicaid para apelar. Aunque está tramitando su residencia permanente, la cobertura de Medicaid solo entraría en vigor cinco años después de su aprobación.

Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de expertos de tendencia conservadora que aboga por una menor inmigración, dijo que la administración "está tratando de hacer ajustes superficiales" con los recortes del 1 de octubre, buscando formas fragmentadas de frenar la inmigración a Estados Unidos.

Camarota cree que el gobierno debería evaluar el potencial de ingresos y la educación de los inmigrantes legales, reduciendo así el número de personas que podrían depender de las ayudas públicas una vez que crucen la frontera.

“Se necesitan inmigrantes que no tengan muchas probabilidades de necesitar ayudas sociales”, dijo, o aquellos con un alto nivel educativo.

Recientemente, la administración reactivó una norma federal que podría denegar la residencia permanente a los inmigrantes que utilicen beneficios públicos, entre los que se incluyen cupones de alimentos, Medicaid, subsidios de vivienda y otros.

Chacón cree que los recortes a la cobertura de Medicaid forman parte de la represión del gobierno contra los inmigrantes. Afirmó que su hijo no está en condiciones de viajar.

“Sé que eso es lo que está haciendo, pero, como mi hijo también lo está, no podría ir a México”, dijo Chacón.

Millones más serán excluidos de Medicaid.

Medicaid, financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal, se ha convertido en un tema central de la política durante el segundo mandato de Trump. El presidente ha impulsado medidas para erradicar lo que él describe como fraude en el programa. En julio, la administración aplazó más de mil millones de dólares en pagos de Medicaid a California y Minnesota, alegando sospechas de fraude; los críticos argumentaron que la medida estaba dirigida a estados gobernados por demócratas.

Según la organización sin fines de lucro KFF, dedicada a la investigación en el sector de la salud, a medida que más personas sean excluidas de Medicaid, se prevé que el gobierno federal reduzca el gasto del programa en 911 mil millones de dólares.

En Arizona, las autoridades informaron que 29.000 inmigrantes legales fueron excluidos del programa Medicaid el 1 de octubre. En Florida, las estimaciones rondan los 177.000. En total, se estima que más de 281.000 inmigrantes de nueve estados y el Distrito de Columbia perderán la cobertura de Medicaid, según KFF.

Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a medida que más estados implementan diversas restricciones a la cobertura, se espera que 7,5 millones de personas pierdan su cobertura para 2034.

Sin cobertura médica, las personas acudirán a urgencias para recibir atención. Cuando se retrasa la consulta médica, las afecciones pueden empeorar y el tratamiento puede resultar aún más costoso.

“En definitiva, esto aumenta los costos para los estados porque, una vez que estas personas reciben atención médica por algo que podría haberse prevenido, no pudieron ir al médico porque no tenían seguro; lo más probable es que terminen en un hospital, en la sala de emergencias”, dijo Carmen Feliciano, vicepresidenta de políticas y defensa de UnidosUS, una organización latina de derechos civiles.

UnidosUS colabora con organizaciones comunitarias para ayudar a proporcionar atención médica, pero Feliciano dijo que ya están desbordados y no podrían atender a la cantidad de personas que perderán su cobertura médica en los próximos meses.

“No vamos a tener la capacidad de atender a todas las personas que lo necesitan”, dijo Feliciano.

MIKELLA SCHUETTLER es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

FÁTIMA HUSSEIN informa para Associated Press sobre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cubre temas de política fiscal, sanciones y cualquier asunto relacionado con el dinero.

(Foto AP/Godofredo A. Vasquez, archivo)