WASHINGTON (AP) — Un joven armado ingresó en auto al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, antes de ser abatido la madrugada del domingo, según un vocero del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Aunque el presidente suele pasar los fines de semana en su complejo, él se encontraba en la Casa Blanca cuando ocurrió la irrupción alrededor de la 1:30 de la madrugada.

El joven tenía un bidón de combustible y una escopeta, según las autoridades. Los investigadores lo identificaron como Austin Tucker Martin, de 21 años, de Carolina del Norte, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a discutirlo públicamente. Las autoridades dijeron que su familia lo reportó recientemente como desaparecido.

Se cree que compró la escopeta mientras se dirigía hacia el sur, dijo Anthony Guglielmi, el portavoz del Servicio Secreto. Posteriormente, se encontró la caja del arma en el vehículo del hombre.

Los investigadores no han señalado un motivo. Sin embargo, Trump ya ha enfrentado amenazas contra su vida, incluidos dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024.

La investigación está en curso

El joven ingresó cerca de la puerta norte de la propiedad cuando otro vehículo salía y fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un elemento de la policía del condado Palm Beach, según el jefe policial, Ric Bradshaw.

“Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo”, dijo Bradshaw en una breve conferencia de prensa. Los dos agentes y el elemento “dispararon sus armas para neutralizar la amenaza”.

En tanto, la policía del condado Moore, en Carolina del Norte, dijo que un familiar de Martin lo reportó como desaparecido la madrugada del domingo.

Los investigadores trabajan para elaborar un perfil psicológico. Cuando se le preguntó si el individuo era conocido por las fuerzas del orden, Bradshaw respondió: “No en este momento”.

El FBI pidió a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago que revisen cualquier cámara de seguridad que puedan tener en busca de imágenes que pudieran ayudar a los investigadores.

En una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estará “dedicando todos los recursos necesarios” a la pesquisa.

Su familia dice que era callado y temía a las armas

El domingo por la tarde, vehículos bloquearon la entrada a una propiedad que figura en registros públicos como una dirección de Martin al final de un camino privado arenoso en Cameron, Carolina del Norte.

Braeden Fields, primo de Martin, reaccionó con incredulidad. Describió a Martin como callado, con miedo a las armas y de una familia de fervientes partidarios de Trump.

“Es un buen chico”, dijo Fields, de 19 años. Añadió que crecieron juntos. “No creería que haría algo así. Es alucinante”, dijo Fields.

Detalló que Martin trabajaba en un campo de golf local y que enviaba dinero de cada cheque de pago a organizaciones benéficas.

“No lastimaría ni a una hormiga. Ni siquiera sabe cómo usar un arma”, indicó Fields.

Aseveró que su primo no hablaba de política.

“Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros. Todos”, dijo Fields, pero su primo era “muy callado, nunca hablaba realmente de nada”.

Trump enfrentó dos intentos de asesinato durante su última campaña

La incursión del domingo en Mar-a-Lago ocurrió a unas pocas millas del club de Trump en West Palm Beach, donde un hombre intentó asesinarlo cuando jugaba golf durante la campaña de 2024.

Un agente del Servicio Secreto vio a ese hombre, Ryan Routh, apuntando un fusil a través de los arbustos antes que Trump entrara en su campo de visión. Las autoridades afirman que Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego e hizo que Routh soltara su arma.

Routh fue declarado culpable el año pasado y condenado este mes a cadena perpetua.

Trump también sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Ese atacante realizó ocho disparos antes de ser abatido por un francotirador de respuesta del Servicio Secreto. Un asistente al mitin fue asesinado por el agresor.

La Casa Blanca habla del cierre del gobierno

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una publicación en X que “el Servicio Secreto de Estados Unidos actuó rápida y decisivamente para neutralizar a una persona loca, armada con un arma y un bidón de combustible, que irrumpió en la casa del presidente Trump”.

Leavitt utilizó su publicación para culpar a los legisladores demócratas en el Congreso por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional y que comenzó el 14 de febrero, después que los demócratas exigieran cambios a la campaña de deportación del presidente.

El Servicio Secreto está entre las agencias en las que la gran mayoría de los empleados continúan su trabajo, pero sin recibir un cheque de pago.

“Las fuerzas federales del orden están trabajando 24/7 para mantener a nuestro país seguro y proteger a todos los estadounidenses”, añadió Leavitt. “Es vergonzoso e imprudente que los demócratas hayan optado por cerrar su Departamento”.

La Casa Blanca remitió todas las preguntas al Servicio Secreto y al FBI. Tanto Trump como su esposa publicaron declaraciones en redes sociales después del incidente, pero no estaban relacionadas con el tiroteo.

Numerosos actos recientes de violencia con motivación política

En el último año, se registraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el asesinato de la líder demócrata en la Cámara de Representantes estatal de Minnesota y su esposo, y el tiroteo de otro legislador y su esposa, y un ataque incendiario en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Hace cinco días, un hombre de Georgia armado con una escopeta fue arrestado cuando corría hacia el lado oeste del Capitolio federal. Trump tiene previsto pronunciar allí su informe presidencial, el discurso del Estado de la Unión, el martes por la noche.

La Oficina del Censo de Estados Unidos planea usar un cuestionario con una pregunta sobre si se es ciudadano o no como parte de su prueba de práctica para el censo de 2030, lo que podría poner en riesgo el conteo que se realiza cada década y ahuyentar a los inmigrantes para que no participen, advirtieron el jueves demócratas en el Congreso.

Los demócratas de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes instaron a la Oficina del Censo a abandonar los planes de usar el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que incluye la pregunta acerca de la ciudadanía, y a utilizar en su lugar un cuestionario censal tradicional que la omita. Las pruebas a efectuarse sobre el terreno en Huntsville, Alabama, y Spartanburg, Carolina del Sur, comienzan el próximo mes.

“La administración (del presidente Donald) Trump está arriesgando millones de dólares de los contribuyentes para impulsar políticas que podrían comprometer fatalmente el conteo de 2030 incluso antes de que comience”, escribieron en una carta dirigida al director interino de la Oficina del Censo, George Cook, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo departamento supervisa la agencia estadística.

La Oficina del Censo y el Departamento de Comercio no respondieron de momento a correos electrónicos en los que se les solicitaban comentarios.

La prueba de campo le da a la agencia estadística la oportunidad de aprender cómo contabilizar mejor a poblaciones que fueron subcontadas durante el último censo. El conteo determina cuántos escaños en el Congreso y votos del Colegio Electoral recibe cada estado, así como la forma en que se distribuyen anualmente 2,8 billones de dólares en fondos federales. Entre los nuevos métodos que se están probando figura el uso de trabajadores del Servicio Postal para realizar tareas que antes hacían los empleados del censo.

En las últimas semanas, la Oficina del Censo hizo públicos los planes para la prueba de 2026, que utilizaría el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense —en la cual se le plantean una amplia gama de preguntas a los participantes—, y eliminó otras cuatro ubicaciones previstas: Colorado Springs, Colorado; el oeste de Carolina del Norte, el oeste de Texas y tierras tribales en Arizona.

Los demócratas expresaron su preocupación de que la pregunta sobre ciudadanía en el formulario de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense que se usaría genere un subconteo al disuadir a los inmigrantes —incluidos los residentes legales— de participar.

“Muchos inmigrantes o ciudadanos en familias de estatus mixto, incluidos los titulares de la tarjeta de residencia permanente (conocida como tarjeta verde) y otros residentes permanentes legales, enfrentan miedo, caos e incertidumbre sobre a quién apuntará la administración Trump a continuación para desnaturalización y deportación”, señalaron en su carta.

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito añadir una pregunta sobre ciudadanía al formulario del censo de 2020. El presidente republicano también firmó órdenes que habrían excluido a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente de las cifras utilizadas para repartir los escaños del Congreso entre los estados, y ordenó la recopilación de datos sobre ciudadanía.

La Corte Suprema federal bloqueó el intento de añadir la pregunta sobre ciudadanía, y ambas órdenes fueron revocadas cuando el demócrata Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021, antes de que se publicaran las cifras del censo de 2020.

La 14ª Enmienda de la Constitución dice que debe contarse “el número total de personas en cada estado” para las cifras utilizadas en la asignación, el proceso de repartir los escaños del Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados. La Oficina del Censo ha interpretado que eso se refiere a cualquier persona que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal.

Mientras tanto, en una demanda federal en Luisiana, el Departamento de Comercio indicó el jueves que los criterios, aún por publicarse, sobre quién debe ser contado en el censo de 2030 podrían llevar a la desestimación de una demanda presentada hace un año por cuatro fiscales generales estatales republicanos. Esa impugnación judicial intentaba excluir del conteo a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente en las cifras utilizadas para retrazar los distritos legislativos.

Los abogados del gobierno federal solicitaron que se mantenga la suspensión del caso mientras la oficina determina “el asunto en el centro de este caso: si, y cómo, contar a los ciudadanos de países extranjeros que estén en Estados Unidos para el Censo de 2030”.

BRUSELAS (AP) — El brazo ejecutivo de la Unión Europea solicitó “plena claridad” a Estados Unidos y pidió a su socio comercial que cumpla sus compromisos después de que la Corte Suprema anuló algunos aranceles del presidente Donald Trump, quien en respuesta prometió nuevos gravámenes.

Trump arremetió contra la decisión del máximo tribunal estadounidense y manifestó el sábado que quiere un arancel global del 15%, frente al 10% que anunció un día antes.

La Comisión Europea indicó que la situación actual no es propicia para lograr un comercio y una inversión transatlánticos “justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos”, tal como acordaron ambas partes y como se establece en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025.

Funcionarios estadounidenses y de la UE cerraron el año pasado un acuerdo comercial que impone un impuesto a la importación del 15% sobre el 70% de los bienes europeos exportados a Estados Unidos. La Comisión Europea gestiona el comercio de los 27 países miembros de la UE.

Un destacado legislador europeo afirmó el domingo que propondrá al equipo negociador del Parlamento Europeo poner en pausa el proceso de ratificación del acuerdo.

“Puro caos arancelario por parte de la administración estadounidense”, escribió en redes sociales Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio internacional del Parlamento. “Ya nadie puede entenderlo: solo quedan preguntas abiertas y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de Estados Unidos”.

El intercambio de bienes y servicios entre ambas partes ascendió a 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4.600 millones de euros al día, según la agencia estadística de la UE, Eurostat.

“Un acuerdo es un acuerdo”, señaló la Comisión Europea. “Como mayor socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos respete sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, del mismo modo que la UE mantiene los suyos. Los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del techo claro e integral acordado previamente”.

Jamieson Greer, el principal negociador comercial de Trump, declaró en una entrevista con CBS News el domingo por la mañana que Estados Unidos planea mantener sus acuerdos comerciales y espera que sus socios hagan lo mismo.

Comentó que habló con su homólogo europeo este fin de semana y que no ha escuchado a nadie decirle que el acuerdo se haya caído.

“Los acuerdos no se basaban en si el litigio sobre los aranceles de emergencia prosperaría o no”, señaló Greer. “Todavía no he escuchado a nadie venir a decirme que el acuerdo se acabó. Quieren ver cómo se desarrolla esto”.

Las principales exportaciones de Europa a Estados Unidos son productos farmacéuticos, automóviles, aeronaves, productos químicos, instrumentos médicos y vino y bebidas espirituosas. Entre las principales exportaciones de Estados Unidos al bloque figuran servicios profesionales y científicos como sistemas de pago e infraestructura en la nube, petróleo y gas, productos farmacéuticos, equipos médicos, productos aeroespaciales y automóviles.

“Cuando se aplican de manera impredecible, los aranceles son intrínsecamente disruptivos: socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”, añadió la comisión.

Como bloque principalmente comercial, la UE tiene a su disposición una herramienta poderosa para tomar represalias: el Instrumento Anticoerción. Incluye una batería de medidas para bloquear o restringir el comercio y la inversión de países que se determine que ejercen una presión indebida sobre naciones miembros de la UE o sobre empresas.

Las medidas podrían incluir recortar la exportación e importación de bienes y servicios, impedir que países o empresas participen en licitaciones públicas de la UE o limitar la inversión extranjera directa. En su forma más severa, esencialmente cerraría el acceso al mercado de la UE de 450 millones de consumidores e infligiría miles de millones de dólares en pérdidas a empresas estadounidenses y a la economía de Estados Unidos.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Arabia Saudí podría llegar a cabo alguna forma de enriquecimiento de uranio dentro del reino en virtud de una propuesta de acuerdo nuclear con Estados Unidos, según sugieren documentos del Congreso y un grupo de control de armas, lo que plantea preocupaciones sobre la proliferación mientras continúa un pulso atómico entre Teherán y Washington.

Los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden intentaron alcanzar un acuerdo nuclear con Riad para compartir la tecnología estadounidense. Expertos en no proliferación advierten que la puesta en marcha de cualquier centrifugadora en el reino podría abrir la puerta a un posible programa de armas, algo que su príncipe heredero ha insinuado que podría perseguir si Irán logra una bomba atómica.

Arabia Saudí y Pakistán, que tiene armas nucleares, firmaron el año pasado un pacto de defensa mutua después de que Israel lanzó un ataque contra Qatar dirigido a responsables del grupo insurgente palestino de Hamás. El ministro paquistaní de Defensa afirmó entonces que el programa nuclear de Islamabad “se pondrá a disposición” de Riad si fuera necesario, una declaración vista como una advertencia a Israel, considerado desde hace tiempo el único país de Oriente Medio con armamento nuclear.

“La cooperación nuclear puede ser un mecanismo positivo para mantener las normas de no proliferación y aumentar la transparencia, pero el problema está en los detalles”, señaló Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Arms Control Association, con sede en Washington.

Los documentos suscitan “preocupación por el hecho de que el gobierno de Trump no haya considerado cuidadosamente los riesgos de proliferación que plantea su propuesta de acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudí ni el precedente que este acuerdo podría sentar”.

Arabia Saudí no respondió a las preguntas de The Associated Press el viernes.

Reporte del Congreso detalla un posible acuerdo

El documento del Congreso, que también visto por la AP, muestra que la Casa Blanca pretende alcanzar 20 acuerdos comerciales nucleares con países de todo el mundo, incluida Arabia Saudí. El acuerdo con Riad podría estar valorado en miles de millones de dólares, añade.

El documento sostiene que alcanzar un acuerdo con el reino “hará avanzar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, rompiendo con las políticas fallidas de inacción e indecisión de las que nuestros competidores se han aprovechado para perjudicar a la industria estadounidense y disminuir la posición de Estados Unidos a nivel mundial en este sector crítico”. China, Francia, Rusia y Corea del Sur figuran entre los principales países que venden tecnología para centrales nucleares en el extranjero.

El borrador del acuerdo haría que Estados Unidos y Arabia Saudí suscribieran acuerdos de salvaguardas con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de control nuclear de Naciones Unidas. Esto incluiría la supervisión de “las zonas más sensibles a la proliferación de una posible cooperación nuclear”, añadió. Indicó el enriquecimiento, la fabricación de combustible y el reprocesamiento como áreas potenciales.

El OIEA, con sede en Viena, no respondió a preguntas de la AP. Arabia Saudí forma parte de la agencia, que promueve un uso pacífico de la energía nuclear, pero también realiza inspecciones para garantizar que no haya países con programas clandestinos de armas atómicas.

“Esto sugiere que, una vez que el acuerdo bilateral de salvaguardias esté en vigor, abrirá la puerta a que Arabia Saudí adquiera tecnología o capacidades de enriquecimiento de uranio —posiblemente incluso de Estados Unidos”, escribió Davenport. “Incluso con restricciones y límites, parece probable que Arabia Saudí tenga una vía hacia algún tipo de enriquecimiento de uranio o acceso a conocimientos sobre el enriquecimiento”.

El enriquecimiento no es un camino automático a las armas nucleares: un país debe dominar también otros pasos, incluido, por ejemplo, el uso de explosivos de alta potencia sincronizados. Pero sí abre la puerta a la militarización, lo que ha alimentado las preocupaciones de Occidente sobre el programa iraní.

Emiratos Árabes Unidos, vecino de Arabia Saudí, firmó lo que se conoce como un “acuerdo 123” con Estados Unidos para construir su central nuclear de Barakah con ayuda de Corea del Sur. Pero lo hizo sin buscar el enriquecimiento, algo que los expertos en no proliferación consideran como el modelo a seguir por las naciones que quieren energía atómica.

Propuesta saudí-estadounidense, en plenas tensiones con Irán

El impulso para alcanzar un acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos se produce mientras Trump amenaza con acciones militares contra Irán si no se llega a un entendimiento sobre su programa nuclear. La presión militar del líder estadounidense se produce tras protestas en todo Irán, en las que su teocracia lanzó una sangrienta represión contra la disidencia que dejó miles de fallecidos y, según reportes, provocó la detención de decenas de miles más.

En el caso de Irán, sus autoridades insistes desde hace tiempo en que su programa de enriquecimiento nuclear tiene fines pacíficos. Pero Occidente y el OIEA afirman que Teherán tuvo un programa nuclear militar organizado hasta 2003. La República Islámica también había enriquecido uranio hasta una pureza del 60%, que está a un paso técnico corto del 90% necesario para un arma, lo que lo convierte en el único país del mundo alcanzar ese nivel sin contar con un programa armamentístico.

Durante mucho tiempo, diplomáticos iraníes han mencionado las palabras del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, como una fatua, o edicto religioso, vinculante, según la cual no construirán una bomba atómica. Sin embargo, los funcionarios han planteado cada vez más esa amenaza a medida que aumentan las tensiones con Washington.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, indicó que si Teherán obtiene la bomba, “tendremos que conseguir una”.