DETROIT (AP) — Un hombre de Michigan que enfrenta una posible deportación mientras lidia con una leucemia potencialmente mortal debe ser liberado o al menos se le debe otorgar una audiencia de fianza en un tribunal de inmigración, dijo un juez.
Es una victoria para José Contreras Cervantes y otros siete demandantes representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan. Si son liberados bajo fianza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podrían regresar con sus familias mientras sus casos se resuelven en el tribunal de inmigración.
La administración Trump ha negado las audiencias de fianza para inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, incluso sin antecedentes penales. Esta política revierte prácticas pasadas y ha sido impugnada con éxito, incluso recientemente en el estado de Washington.
“Sin evaluar primero el riesgo de fuga o la peligrosidad de cada peticionario, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan” bajo la ley federal, dijo el viernes la jueza federal de distrito Brandy McMillion en Detroit.
El juez ordenó audiencias de fianza dentro de siete días y quiere una actualización por escrito el 27 de octubre.
En respuesta a la petición, el Departamento de Justicia de EE. UU. defendió la política y también afirmó que el caso debería haberse presentado ante una junta de apelaciones de inmigración, no ante un tribunal federal. No quedó claro de inmediato si el departamento apelaría.
A Contreras-Cervantes, de 33 años, le diagnosticaron el año pasado leucemia mieloide crónica, un cáncer potencialmente mortal de la médula ósea y le dijeron que sólo le quedan entre cuatro y seis años de vida, dijo su esposa, Lupita Contreras, quien es ciudadana estadounidense.
Originario de Jalisco, México, lleva viviendo en Estados Unidos unos 20 años, aunque sin autorización legal. Contreras Cervantes fue arrestado durante una parada de tráfico el 5 de agosto en un suburbio de Detroit.
Lo trasladaron de Michigan a Ohio y luego de regreso a Michigan y no recibió medicación durante 22 días, dijo su esposa.
Ahora ha estado recibiendo un medicamento sustituto en el Centro de Procesamiento North Lake, un centro de detención privado en Baldwin, Michigan, dijo la abogada de la ACLU Miriam Aukerman.
JUNEAU, Alaska (AP) — La evacuación masiva por aviones militares de cientos de residentes de aldeas de Alaska devastadas por los restos del tifón Halong ha finalizado, y los funcionarios y líderes locales están centrando su atención en tratar de estabilizar la infraestructura y las viviendas dañadas donde puedan antes de que llegue el frío invernal.
Tras las tormentas consecutivas que azotaron el oeste de Alaska, las principales iniciativas de respuesta se han centrado en las comunidades yupik de Kipnuk y Kwigillingok, ubicadas cerca del mar de Bering y con un historial de inundaciones. Si bien más de una docena de comunidades reportaron daños causados por los restos de Halong a principios de este mes, Kipnuk y Kwigillingok fueron devastadas por la marejada ciclónica y niveles de agua que alcanzaron niveles récord.
Las casas fueron arrastradas , algunas con personas dentro. Los vientos en la región sacudieron y lanzaron los edificios como si fueran juguetes. Los equipos de emergencia relataron haber rescatado a personas de los tejados. Una persona murió y dos siguen desaparecidas.
Las estimaciones iniciales sugieren que el 90% de los edificios en Kipnuk quedaron destruidos, y que el suministro de agua potable aparentemente se contaminó con combustible y aguas residuales, según un informe publicado el lunes por la división de gestión de emergencias de Alaska. Alrededor del 35% de los edificios en Kwigillingok quedaron destruidos, según el informe.
Una organización nativa de Alaska busca acciones adicionales
La Federación de Nativos de Alaska aprobó una resolución durante su convención anual que finalizó el sábado en apoyo de una ayuda expansiva, urgente y continua para la región.
El grupo es la organización nativa más grande del estado de Alaska, y su reunión en Anchorage coincidió con la reubicación temporal la semana pasada de cientos de personas a refugios en la ciudad, que es la más grande de Alaska y está a unas 500 millas (804,7 kilómetros) de algunos de los pequeños pueblos donde los residentes dependen en gran medida de la caza y la pesca como parte de su cultura.
La resolución, entre otras cosas, insta a los gobiernos estatal y federal a “realizar inversiones sostenidas en infraestructura permanente y medidas de protección en el Ártico de Alaska” y a fortalecer los vínculos con las tribus “para garantizar una presencia federal constante y un acceso equitativo a los recursos para las comunidades remotas en todo el mar de Bering y las regiones del Ártico”.
La administración del presidente Donald Trump ha cuestionado los fondos destinados a la resiliencia comunitaria o a la mitigación del riesgo de desastres , y los intentos de cancelarlos han sido impugnados en los tribunales. Los senadores estadounidenses por Alaska , los republicanos Lisa Murkowski y Dan Sullivan, han declarado que defenderán la importancia de dichos fondos en Alaska, donde numerosas comunidades rurales se enfrentan a amenazas como la erosión costera y el deshielo del permafrost, lo que requiere importantes mejoras en la infraestructura y, en algunos casos, la reubicación.
La resolución de la Federación de Nativos de Alaska también instó al gobierno federal a establecer un centro de respuesta regional en la comunidad de Bethel, en el suroeste de Alaska, y a proporcionar fondos a los agentes de seguridad pública de la aldea para que colaboren en las labores de respuesta. Además, solicita a los gobiernos de todos los niveles que desalienten cualquier barrera que pueda inhibir las prácticas de caza y pesca para reponer el pescado, la carne de alce y otros alimentos de subsistencia y tradicionales que los pueblos indígenas perdieron en la tormenta.
La lejanía de la región obliga a transportar las mercancías en barcaza o por aire. La caza y la pesca complementan la oferta de alimentos en los supermercados locales, que puede ser limitada y, a menudo, cara.
Anchorage da la bienvenida a los estudiantes desplazados
El lunes, 65 estudiantes desplazados comenzaron clases en las escuelas de Anchorage. El personal del Distrito Escolar de Anchorage se reunió durante el fin de semana con las familias en los albergues instalados en la ciudad y ayudó a inscribir a los niños en la escuela, según informó el distrito en un comunicado.
El superintendente del distrito, Jharrett Bryantt, en una declaración la semana pasada dijo que los equipos escolares estarían listos para proporcionar suministros de emergencia, transporte en autobús, servicios de salud mental, asistencia lingüística y otro tipo de apoyo.
Esta transición conlleva una carga emocional y cultural. Nuestras escuelas serán espacios de pertenencia, sanación y esperanza, donde cada niño se sienta seguro, valorado y conectado —dijo—. Honrar la cultura, el idioma y las relaciones de cada estudiante será esencial para ayudarlos a sanar y reconstruir su sentido de hogar.
Trabajando contra el reloj y el invierno
El estado se ha centrado en enviar personal y suministros a las comunidades para ayudar a restaurar la infraestructura dañada y asistir en las reparaciones de emergencia de viviendas, según el informe de la agencia de gestión de emergencias. Las organizaciones y consorcios tribales están coordinando esfuerzos para ayudar a secar, rescatar y reparar viviendas.
La Corporación de Salud Yukon-Kuskokwim, que participa en los esfuerzos de recuperación y brinda atención médica en la región, dijo en las redes sociales que anticipa que los ríos comenzarán a congelarse dentro de unas semanas.
Jeremy Zidek, portavoz de la agencia de gestión de emergencias del estado, dijo que todavía no hay una fecha en la que los funcionarios planean cerrar los refugios que se han establecido en Anchorage.
“A medida que trabajamos para que las personas regresen a sus hogares o encuentren otro alojamiento, evaluaremos la situación”, dijo por correo electrónico.
Becky Bohrer es un reportero político y de la cámara estatal radicado en Juneau, Alaska.
WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se prepara para recibir a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en la Casa Blanca el viernes, ha indicado que no estaría dispuesto a acceder a vender a Kiev un sistema de misiles de largo alcance que los ucranianos dicen necesitar desesperadamente.
Zelenskyy se verá cara a cara con Trump un día después de que el mandatario estadounidense y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron una larga conversación telefónica para discutir el conflicto.
En los últimos días, Trump se había mostrado dispuesto a vender misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Ucrania, a pesar de que Putin advirtió que esa medida tensaría aún más las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin.
Pero tras la llamada del jueves con Putin, Trump pareció rebajar las perspectivas de que Kiev obtenga los proyectiles, que tienen un alcance aproximado de 1.600 kilómetros (995 millas).
“Necesitamos los Tomahawks también para Estados Unidos!” , dijo Trump. “Tenemos muchos, pero los necesitamos. Quiero decir que no podemos agotar las reservas de nuestro país”.
Zelenskyy buscaba armas que permitan a las fuerzas ucranianas atacar más lejos en territorio ruso y apuntar a instalaciones militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica. Según Zelenskyy, esto ayudaría a obligar a Putin a tomarse en serio los llamados de Trump a negociaciones directas para poner fin a la guerra.
Pero Putin advirtió a Trump durante su conversación que suministrar los Tomahawks a Kiev “no cambiará la situación en el campo de batalla, pero causaría un daño sustancial a la relación entre nuestros países”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política exterior del líder ruso.
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, apuntó que las conversaciones sobre los misiles ya había servido para empujar a Putin al diálogo. “La conclusión es que necesitamos continuar con pasos firmes. La fuerza puede impulsar realmente la paz”, dijo Sybiha en la plataforma social X el jueves por la noche.
Las autoridades ucranianas han indicado también han indicado que Zelenskyy planea apelar a los intereses económicos de Trump al tratar de discutir la posibilidad de acuerdos energéticos con Estados Unidos.
Zelenskyy quiere ofrecer almacenar gas natural licuado estadounidense en instalaciones ucranianas, lo que permitiría la presencia estadounidense en el mercado energético europeo.
El mandatario adelantó su estrategia el jueves en reuniones con el secretario de Energía, Chris Wright, y directores de empresas energéticas estadounidenses, lo que lo llevó a publicar en X que es importante restaurar la infraestructura energética de Ucrania tras los ataques rusos y expandir “la presencia de empresas estadounidenses en Ucrania”.
La del viernes será la cuarta reunión cara a cara entre Trump y Zelenskyy desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero, y la segunda en menos de un mes.
Tras la llamada del jueves, Trump anunció que se reunirá pronto con Putin en Budapest, Hungría, para discutir formas de poner fin a una guerra que dura ya más de tres años. Además, acordaron que sus principales asesores, incluido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se verán la próxima semana en un lugar no revelado.
Tras haber negociado un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes entre Israel y Hamás, Trump ha señalado que encontrar una solución al conflicto en Ucrania es ahora su principal prioridad de política exterior y ha expresado una renovada confianza en las posibilidades de lograrlo.
Antes de hablar con Putin, Trump había mostrado signos de creciente frustración con su homólogo ruso.
El mes pasado, anunció que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico con respecto a sus constantes pedidos a Kiev para que hiciera concesiones que facilitasen el final de la guerra.
Como ya hizo en su campaña electoral en 2024, Trump insistió en que pondría fin rápidamente la guerra, pero sus esfuerzos de paz parecieron estancarse tras una ofensiva diplomática en agosto, cuando celebró una cumbre con Putin en Alaska y una reunión en la Casa Blanca con Zelenskyy y aliados europeos.
Trump salió de esos encuentros convencido de que estaba cerca de organizar conversaciones directas entre Zelenskyy y Putin. Pero el líder ruso no ha mostrado interés alguno en reunirse con Zelenskyy y Moscú solo ha intensificado sus bombardeos sobre Ucrania.
Trump, por su parte, adoptó un tono notablemente más neutral sobre Ucrania tras lo que describió como una llamada “muy productiva” con Putin.
También insinuó que las negociaciones entre los dos líderes europeos podrían tener que llevarse a cabo de forma indirecta.
“No se llevan muy bien esos dos”, dijo Trump. “Así que podríamos hacer algo donde estemos separados. Separados pero iguales”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
AAMER MADHANI covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.
María trabajaba limpiando escuelas en Florida por $13 la hora. Cada dos semanas, recibía un sueldo de $900 de su empleador, un contratista. No mucho, pero suficiente para cubrir el alquiler de la casa que ella y su hijo de 11 años comparten con cinco familias, además de la electricidad, un celular y la compra.
En agosto todo terminó.
Cuando llegó al trabajo una mañana, su jefe le dijo que ya no podía trabajar allí. La administración Trump había cancelado el programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden, que otorgaba permisos de trabajo legales a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses como María.
“Me siento desesperada”, dijo María, de 48 años, quien pidió el anonimato para hablar de su terrible experiencia por temor a ser detenida y deportada. “No tengo dinero para comprar nada. Tengo $5 en mi cuenta. Me quedé sin nada”.
La drástica represión migratoria del presidente Donald Trump está dejando sin trabajo a extranjeros como María y sacudiendo la economía y el mercado laboral estadounidenses. Y esto ocurre en un momento en que la contratación ya se está deteriorando debido a la incertidumbre sobre las erráticas políticas comerciales de Trump.
Los inmigrantes realizan trabajos —limpiando casas, recogiendo tomates, pintando cercas— que la mayoría de los estadounidenses nativos no realizan, y por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han ayudado a convertir a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.
Trump está atacando la inmigración en ambos extremos del espectro, deportando a trabajadores con salarios bajos y desalentando a extranjeros calificados de traer sus talentos a Estados Unidos.
Y apunta a una afluencia de trabajadores extranjeros que alivió la escasez de mano de obra y la presión al alza sobre los salarios y los precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión, un destino del que Estados Unidos escapó en 2023 y 2024.
“Los inmigrantes son buenos para la economía”, afirmó Lee Branstetter, economista de la Universidad Carnegie-Mellon. “Debido a la alta inmigración que tuvimos en los últimos cinco años, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban”.
El aumento de trabajadores que ocupan más puestos y gastan más dinero también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico y a crear aún más vacantes. Los economistas temen que las deportaciones de Trump y las limitaciones incluso a la inmigración legal tengan el efecto contrario.
En un informe de julio, los investigadores Wendy Edelberg y Tara Watson de la centrista Brookings Institution y Stan Veuger del American Enterprise Institute, de tendencia derechista, calcularon que la pérdida de trabajadores extranjeros significará que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos "podría ser cercano a cero o negativo en los próximos años".
La contratación ya se ha desacelerado significativamente, con un promedio de apenas 29.000 empleos al mes entre junio y agosto. (El informe de empleo de septiembre se ha retrasado debido al cierre del gobierno federal). En cambio, durante el auge de la contratación pospandemia de 2021-2023, los empleadores crearon la impresionante cifra de 400.000 empleos al mes.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, citando las consecuencias de las políticas migratorias y comerciales de Trump, rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año al 1,4% desde el 1,9% que había esperado anteriormente y desde el 2,5% en 2024.
Necesitamos a esta gente
Goodwin Living, una organización sin fines de lucro de Alexandria, Virginia, que ofrece viviendas para personas mayores, atención médica y cuidados paliativos, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos después de que la administración Trump les cancelara sus permisos de trabajo. Los haitianos habían sido autorizados a trabajar bajo un programa de libertad condicional humanitaria y habían obtenido ascensos en Goodwin.
“Fue un día muy, muy difícil para nosotros”, dijo el director ejecutivo Rob Liebreich. “Fue una lástima tener que despedirnos de ellos, y todavía estamos luchando por cubrir esas vacantes”.
A Liebreich le preocupa que otros 60 trabajadores inmigrantes puedan perder su derecho legal temporal a vivir y trabajar en Estados Unidos. "Necesitamos todas esas manos", dijo. "Necesitamos a toda esta gente".
Goodwin Living cuenta con 1500 empleados, el 60% de ellos extranjeros. Ha tenido dificultades para encontrar suficientes enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento. La ofensiva migratoria de Trump, según Liebreich, lo está complicando todo.
La represión del ICE
Las ambiciones migratorias de Trump, destinadas a revertir lo que él llama una "invasión" en la frontera sur de Estados Unidos y asegurar empleos para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, fueron vistas con escepticismo debido al dinero y la perturbación económica que requería alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año. Pero la legislación que Trump promulgó el 4 de julio —y que los republicanos llaman la Ley de la Gran y Hermosa Ley— repentinamente hizo plausibles sus planes.
La ley destina 150 mil millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración , reservando 46,5 mil millones de dólares para contratar a 10.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 45 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.
Y sus agentes de ICE capacitados han demostrado una voluntad de moverse rápido y romper cosas, incluso cuando su agresión entra en conflicto con otros objetivos de la administración.
El mes pasado, las autoridades de inmigración allanaron una planta de baterías de Hyundai en Georgia, detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos y mostraron un video de algunos de ellos encadenados. Habían estado trabajando para poner en marcha la planta, aportando experiencia en tecnología de baterías y procedimientos de Hyundai que los trabajadores estadounidenses locales no tenían.
El incidente enfureció a los surcoreanos y contradijo la iniciativa de Trump de atraer a fabricantes extranjeros para que invirtieran en Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas del país podrían mostrarse reacias a apostar por Estados Unidos si sus trabajadores no obtenían visas con prontitud y corrían el riesgo de ser detenidos.
Envío de beneficiarios de Medicaid a los campos
Los agricultores estadounidenses se encuentran entre los partidarios más confiables del presidente.
Pero John Boyd Jr., que cultiva 1.300 acres de soja, trigo y maíz en el sur de Virginia, dijo que las redadas de inmigración, y la amenaza de ellas, están perjudicando a los agricultores que ya lidian con bajos precios de los cultivos, altos costos y las consecuencias de la guerra comercial de Trump con China, que ha dejado de comprar soja y sorgo estadounidenses.
“Tienen al ICE aquí, acorralando a esta gente”, dijo Boyd, fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. “(Trump) dice que son asesinos, ladrones y narcotraficantes, todo eso. Pero son personas que están en este país realizando trabajos duros que muchos estadounidenses no quieren hacer”.
Boyd se burló de la sugerencia que hizo la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, en julio de que los beneficiarios de Medicaid nacidos en Estados Unidos pudieran ir al campo para cumplir con los requisitos laborales impuestos este verano por el Congreso republicano. "La gente de la ciudad no va a volver al campo para hacer este tipo de trabajo", dijo. "Se necesita un tipo especial de persona para agacharse bajo un calor de 38 grados".
La propia administración Trump admite que la ofensiva inmigratoria está causando escasez de mano de obra en el campo, lo que podría traducirse en precios más altos en el supermercado.
“El cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales combinado con la falta de una fuerza laboral legal disponible”, dijo el Departamento de Trabajo en una presentación del 2 de octubre en el Registro Federal, “resulta en interrupciones significativas en los costos de producción y (amenaza) la estabilidad de la producción doméstica de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.
“No eres bienvenido aquí”
Jed Kolko, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que el crecimiento del empleo se está desacelerando en las empresas que dependen de los inmigrantes. Las empresas de construcción, por ejemplo, han eliminado 10.000 puestos de trabajo desde mayo.
“Esos son los efectos a corto plazo”, dijo Kolko, funcionario del Departamento de Comercio de la administración Biden. “Los efectos a largo plazo son más graves porque los inmigrantes tradicionalmente han contribuido más de lo que les corresponde en patentes, innovación y productividad”.
Especialmente preocupante para muchos economistas fue el repentino anuncio de Trump el mes pasado de que aumentaría la tarifa de las visas H-1B, destinadas a atraer a los Estados Unidos a trabajadores extranjeros calificados difíciles de encontrar, desde apenas 215 dólares a 100.000 dólares.
“Una tarifa de visa de $100,000 no es solo un costo burocrático, es una señal”, dijo Dany Bahar, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global. “Le dice al talento global: 'No eres bienvenido aquí'”.
Algunos ya están haciendo las maletas.
En Washington DC, un titular de una visa H-1B, un graduado de Harvard de la India que trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a los pobres de África, dijo que la señal de Trump a los empleadores es clara: piénsenlo dos veces antes de contratar titulares de visas H-1B.
El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, ya está preparando los trámites para mudarse al Reino Unido. «El daño ya está hecho, por desgracia», dijo.
Wiseman informó desde Washington y Salomon desde Miami.
Los escritores de AP Fu Ting y Christopher Rugaber en Washington contribuyeron a este informe.
Gisela Salomónes un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.
Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.
WASHINGTON (AP) — Con el presidente Donald Trump, la guerra contra las drogas se asemeja mucho a la guerra contra el terrorismo.
Para justificar los ataques contra pandillas y cárteles del narcotráfico latinoamericanos, el gobierno de Trump se basa en un argumento jurídico que ganó fuerza después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que permitió a las autoridades estadounidense usar fuerza letal contra combatientes de Al Qaeda que atacaron el World Trade Center y el Pentágono.
Pero los grupos que son objeto ahora de los ataques de Estados Unidos son un enemigo muy diferente, surgido en las prisiones de Venezuela y alimentado no por una ideología antioccidental, sino por el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
El uso que hace Trump de una fuerza militar aplastante para combatir a esos grupos y la autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela —posiblemente para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro— traspasa los límites del derecho internacional, según los expertos legales. Y todo esto ocurre mientras Trump amplía el papel del ejército en el ámbito nacional: desplegó a la Guardia Nacional en varias ciudades y afirmó que está abierto a invocar la Ley de Insurrección, de hace casi 150 años, que permite el despliegue militar solo en casos excepcionales de disturbios civiles.
Por el momento, el ejército mató al menos a 27 personas en cinco ataques a barcos que, según la Casa Blanca, transportaban drogas.
Estas operaciones —la más reciente fue el martes y dejó seis fallecidos— se han llevado a cabo sin ninguna investigación legal ni la tradicional declaración de guerra del Congreso. Esto plantea preguntas acerca de la justificación de las acciones de Trump y el impacto que podrían tener en las relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas que recuerdan con profundo resentimiento las repetidas intervenciones militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
La comunidad de inteligencia estadounidense también ha cuestionado la afirmación central de Trump de que el gobierno de Maduro está colaborando con la pandilla Tren de Aragua y orquestando el tráfico de drogas y la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.
“No se puede llamar a algo guerra”
La afirmación de Trump de que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la drogas se basa en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después del 11-S. Incluye la capacidad de capturar y detener a combatientes y usar la fuerza letal para eliminar a sus líderes.
Pero la carta de Naciones Unidas prohíbe específicamente el uso de la fuerza, salvo en casos de defensa propia.
“No se puede simplemente llamar a algo guerra para darte poderes bélicos”, dijo Claire Finkelstein, profesora de Derecho de Seguridad Nacional en la Universidad de Pensilvania. “Por muy frustrados que estemos con los medios y los resultados de los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el flujo de drogas, es una burla del derecho internacional sugerir que estamos en un conflicto armado no internacional con los cárteles”.
Después del 11 de septiembre, estaba claro que Al Qaeda estaba planeando de forma activa ataques adicionales para causar bajas civiles. Pero la principal ambición de los cárteles es vender drogas. Y eso, aunque es perjudicial para la seguridad estadounidense en general, es una justificación dudosa para invocar los poderes bélicos, apuntó Geoffrey Corn, profesor de Derecho en la Universidad Tecnológica de Texas, que en el pasado fue asesor principal del ejército para asuntos de derecho de guerra.
“En mi humilde opinión, el gobierno quiere invocar los poderes bélicos por muchas razones”, incluidas las políticas, añadió Corn.
“Incluso si asumimos que hay un conflicto armado con el Tren de Aragua, ¿cómo sabemos que todos en ese barco eran combatientes enemigos?”, manifestó. “Creo que el Congreso debe saberlo”.
Trump defiende los ataques
Preguntado en la Casa Blanca el miércoles por qué Estados Unidos no utiliza a la Guardia Costera para detener los barcos venezolanos y confiscar la droga, Trump respondió: “Hemos estado haciendo eso durante 30 años y ha sido totalmente ineficaz.”
El presidente también además que Estados Unidos podría atacar objetivos dentro de Venezuela, una maniobra que aumentaría significativamente las tensiones y las implicaciones legales. Hasta ahora, los ataques se han producido en aguas internacionales más allá de la jurisdicción de cualquier nación.
“Lo hemos detenido casi por completo por mar”, dijo Trump acerca del flujo de drogas. “Ahora lo detendremos por tierra.”
Al mandatario se le preguntó también por un reporte del New York Times que afirmó que había autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Trump, quien ha criticado con dureza la invasión estadounidense de Irak que derrocó al gobierno de Saddam Hussein en 2003, se negó a decir si había dado a la CIA la autoridad para eliminar a Maduro, alegando que sería “ridículo” responder.
Numerosas leyes y órdenes ejecutivas estadounidenses desde la década de 1970 consideran ilegal asesinar a funcionarios extranjeros. Pero al declarar a los venezolanos combatientes ilegales, Trump podría estar buscando eludir esas restricciones y regresar a una época anterior en la que, en lugares como Guatemala, Chile e Irán, Washington llevaba a cabo regularmente misiones encubiertas para propiciar un cambio de régimen.
“Si representas una amenaza y estás en guerra con Estados Unidos, no eres una persona protegida”, señaló Finkelstein.
Durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado de delitos federales relacionados con las drogas en Estados Unidos, incluidos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Este año, el Departamento de Justicia duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario a 50 millones de dólares, acusándolo de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo.”
Pero el enfoque de Trump sobre Venezuela pasa por alto un aspecto básico del tráfico de drogas: la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos son por fentanilo, que llega por tierra desde México. Y aunque Venezuela es una importante zona de tránsito de drogas, alrededor del 75% de la cocaína producida en Colombia —el líder mundial— se trafica a través del océano Pacífico oriental, no el Caribe.
Congreso y CPI quedan al margen
Según la Constitución, debe ser el Congreso quien declare la guerra. Por el momento, sin embargo, hay pocos indicios de que los aliados de Trump vayan a oponerse a la visión expansionista del presidente sobre sus propias competencias para perseguir a los cárteles a los que la Casa Blanca culpa de las decenas de miles de muertes por sobredosis que se registran en el país cada año.
El Senado, controlado por el Partido Republicano, rechazó recientemente una resolución sobre los poderes bélicos presentada por los demócratas que habría obligado al presidente a solicitar la autorización del Congreso para nuevos ataques militares.
A pesar de la presión, incluso entre algunos republicanos, para que se ofrezca una explicación más completa, el gobierno de Trump no ha proporcionado aún a los legisladores pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas por el ejército transportaban narcóticos, dijeron a The Associated Press dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. El senador independiente Angus King, de Maine, indicó que, durante una sesión informativa clasificada este mes, a él y a otros miembros del Comité de Servicios Armados del Senado se les negó el acceso a la opinión legal del Pentágono sobre si los ataques se ajustaban a la legislación estadounidense.
Tampoco es probable que la oposición legal influya en la Casa Blanca. Una decisión de la Corte Suprema a raíz del intento de una congresista demócrata de demandar al Pentágono en 1973 para frenar la expansión de la Guerra de Vietnam a los vecinos Laos y Camboya estableció un estándar muy alto para cualquier recurso legal a las órdenes militares, afirmó Finkelstein.
Los familiares de los venezolanos muertos en los ataques enfrentan sus propios desafíos legales después de que varios fallos de la Corte Suprema limitaron el alcance de los ciudadanos extranjeros para demandar en Estados Unidos.
Los ataques militares ocurrieron en aguas internacionales, lo que permitiría a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación similar a sus pesquisas por presuntos crímenes de guerra contra Rusia e Israel, que, como ocurre con Washington, no reconocen la autoridad del tribunal.
Pero la corte con sede en La Haya se ha visto envuelta en una investigación por conducta sexual inapropiada que obligó a su fiscal jefe a dar un paso atrás. Las sanciones de Estados Unidos por su acusación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también han obstaculizado su trabajo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
ERIC TUCKER covers national security in Washington for The Associated Press, with a focus on the FBI and Justice Department.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
DETROIT (AP) — Un hombre de Michigan que enfrenta una posible deportación mientras lidia con una leucemia potencialmente mortal debe ser liberado o al menos se le debe otorgar una audiencia de fianza en un tribunal de inmigración, dijo un juez.
