LINCOLN, Nebraska, EE.UU. (AP) — Nebraska anunció el martes planes para construir un centro de detención de inmigrantes en un remoto rincón suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente Donald Trump se apresura a ampliar la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

El centro se llamará "Cornhusker Clink", un juego de palabras con el apodo de Nebraska "Estado Cornhusker" y un antiguo término coloquial para referirse a una cárcel. El nombre aliterativo sigue la línea de los centros de detención previamente anunciados "Alligator Alcatraz" y "Depósito de Deportación" en Florida, y "Speedway Slammer" en Indiana.

El gobernador republicano Jim Pillen declaró que él y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campo de trabajo penitenciario de mínima seguridad existente en McCook —una ciudad remota de unos 7.000 habitantes en medio de las extensas praderas entre Denver y Omaha— para albergar a personas en espera de deportación y detenidas para otros procedimientos migratorios. Se prevé que se convierta en un centro de detención en el Medio Oeste para detenidos de varios estados.

“Se trata de mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses de todo el país”, afirmó Pillen en un comunicado.

La instalación tiene capacidad para 200 personas y hay planes de ampliarla a 300. McCook está a unas 210 millas (338 kilómetros) al oeste de Lincoln, la capital del estado.

Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría encontrarse en la zona de Cornhusker Clink de Nebraska. Evite el arresto y la autodeportación ahora con la aplicación CBP Home, dijo Noem en un comunicado aparte.

La agencia de Noem publicó una imagen en las redes sociales que muestra mazorcas de maíz con gorras de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, de pie frente a la valla de una prisión.

El gobernador declaró posteriormente, en una conferencia de prensa en McCook, que el centro tendrá la ventaja de estar ubicado en una instalación ya existente y cerca de un aeropuerto regional. Comentó a la prensa que desconocía si el centro albergaría tanto a mujeres como a hombres, o si se podría alojar a niños. Comentó que el viernes se enteró del interés del gobierno federal en las instalaciones.

Pillen también anunció que ordenará a la Guardia Nacional de Nebraska brindar apoyo administrativo y logístico a los agentes de inmigración con sede en Nebraska. Participarán unos 20 soldados. Añadió que la Patrulla Estatal de Nebraska permitirá que seis agentes ayuden a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos.

Aumentan centros de detención para albergar a un número creciente de inmigrantes arrestados

La administración Trump está añadiendo nuevos centros de detención en todo el país para albergar al creciente número de inmigrantes arrestados y acusados de estar en el país sin documentos. Los centros de ICE albergaban a más de 56,000 inmigrantes en junio, la mayor cantidad desde 2019.

Las nuevas instalaciones planificadas incluyen el centro de detención remoto en los Everglades de Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", que abrió sus puertas el mes pasado. Está diseñado para albergar hasta 3000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña. Cuando Trump lo visitó, sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país.

La instalación de Florida también ha sido objeto de impugnaciones legales por parte de abogados que alegan violaciones del debido proceso, incluyendo el derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados, acceso limitado a los tribunales de inmigración y malas condiciones de vida. Los críticos han intentado detener la construcción y las operaciones hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se prepara para abrir una segunda instalación, denominada "Depósito de Deportación", en una prisión estatal del norte de Florida. Se espera que cuente con 1300 camas para inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2000, según informaron funcionarios estatales.

También la semana pasada, funcionarios de la ciudad rural de Mason, en Tennessee votaron para aprobar acuerdos para convertir una antigua prisión en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada, a pesar de las fuertes objeciones de los residentes y activistas durante una polémica reunión pública.

Y la administración Trump anunció a principios de este mes planes para construir un centro de detención de 1.000 camas en Indiana que se llamaría “Speedway Slammer”, lo que provocó una reacción negativa en el estado del Medio Oeste que alberga la carrera automovilística Indianápolis 500.

El director de prisiones, Rob Jeffreys, afirmó que los 186 reclusos que se encuentran actualmente en el campo de trabajo McCook serán trasladados a otras instalaciones estatales en los próximos 45 a 60 días. El centro rehabilitado será administrado por el estado, pero será financiado por el gobierno federal. Jeffreys indicó que ya está habilitado y acreditado para albergar a presos, por lo que los detenidos no serán alojados en tiendas de campaña ni en otros alojamientos temporales.

El plan de Nebraska ya ha suscitado preocupaciones

En un video publicado en las redes sociales, la senadora estatal independiente Megan Hunt criticó la falta de transparencia sobre los planes para un centro de detención, citando su pedido insatisfecho al gobernador y al poder ejecutivo de correos electrónicos y otros registros.

Instó a la gente a apoyar a los grupos locales de derechos de los inmigrantes.

“Lo primero que debemos hacer es proteger a nuestros vecinos, proteger a las personas de nuestras comunidades que están siendo atacadas por estas personas horribles, estas organizaciones horribles que toman decisiones de encarcelar, detener y desaparecer a nuestros vecinos, familias y amigos”, dijo Hunt.

Alrededor de media docena de manifestantes se sentaron en el pasillo afuera de la oficina del gobernador el martes por la tarde haciendo carteles que decían: "No a la Nebraska nazi" y "ICE = Gestapo".

Maghie Miller-Jenkins, de Lincoln, dijo que no cree que un centro de detención de ICE sea una buena idea, y añadió que el estado debería abordar problemas como el hambre infantil y la falta de vivienda. "Este estado tiene muchas cosas en las que podría centrarse que beneficiarían a los electores", dijo.

Los periodistas de Associated Press Steve Karnowski en St. Paul, Minnesota, Jack Dura en Fargo, Dakota del Norte, y Scott McFetridge en Des Moines, Iowa, contribuyeron a esta historia.

Josh Funk es un reportero de Associated Press que cubre temas de transporte, incluyendo seguridad aérea y aerolíneas, así como las principales compañías ferroviarias de carga. Funk también cubre Berkshire Hathaway de Warren Buffett, el impacto del brote de gripe aviar, agricultura y otras noticias del Medio Oeste.

(Foto AP/Manuel Balce Ceneta, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Un agente federal disparó contra un vehículo en movimiento en el sur de California después de que el conductor se negó a bajar la ventanilla durante una parada de inmigración y huyó a toda velocidad, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Un comunicado del DHS indicó que el conductor atropelló a dos agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos mientras se alejaba el sábado, lo que provocó que uno de ellos disparara su arma "en defensa propia". Nadie resultó herido por las balas.

El departamento no proporcionó otros detalles sobre cómo o dónde el vehículo golpeó a los agentes y si resultaron heridos.

El DHS afirmó que los agentes estaban llevando a cabo una operación de control policial dirigida, pero no proporcionó detalles sobre el motivo de su ataque contra el hombre no identificado. El incidente ocurrió poco antes de las 9 a. m. en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

Javier Hernández, director ejecutivo de la Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes, habló con la familia del hombre y proporcionó su versión del incidente, una parte del cual fue captada en video por el hijo y el yerno del conductor que estaban en el vehículo.

Hernández no reveló el nombre del conductor de 43 años, ni el DHS lo identificó. Hernández afirmó que el hombre es de México, lleva 23 años en Estados Unidos y no tiene estatus migratorio legal. Su hijo de 18 años y su yerno de 23 son ciudadanos estadounidenses, añadió.

En los videos, los agentes uniformados llevan mascarillas y chalecos con la palabra "policía". Al menos uno lleva una gorra con la inscripción CBP (Aduanas y Protección Fronteriza). Se acercan al vehículo y le piden al conductor que baje la ventanilla. El conductor se niega y uno de los otros en el vehículo pregunta: "¿Qué quiere?".

Los agentes rompieron entonces las ventanas de ambos lados. El conductor se dio a la fuga inmediatamente, y en el video se escuchan tres disparos. El video no muestra a ninguno de los agentes siendo atropellado por el vehículo.

El conductor llamó al Departamento de Policía de San Bernardino e informó que hombres enmascarados lo detuvieron, rompieron la ventana de su auto y le dispararon, dijo el departamento de policía en un comunicado.

Los agentes de policía acudieron a la casa de la familia y hablaron con el conductor. Se marcharon sin detenerlo porque la ley de California prohíbe a las agencias policiales locales colaborar con los funcionarios federales en la aplicación de la ley migratoria, según el departamento.

Agentes federales llegaron posteriormente a la casa del hombre, pero la familia no les permitió entrar porque no tenían orden judicial, dijo Hernández. El DHS no respondió a preguntas sobre si contaban con una orden judicial y seguían buscando el arresto del hombre.

Una multitud se congregó frente a la casa de la familia en respuesta a la presencia de agentes federales. La policía de San Bernardino regresó para ayudar con el control de la multitud, según informó el departamento.

El hombre y su familia rechazaron una solicitud de entrevista de The Associated Press.

DHS criticó al departamento de policía por no arrestar al hombre.

“Esta decisión imprudente se tomó a pesar de la rotunda negativa del sujeto a obedecer y de haber herido a dos agentes federales”, declaró el DHS en un comunicado. “Es otro trágico ejemplo de las políticas de California a favor de los santuarios que protegen a los delincuentes en lugar de proteger a las comunidades”.

No existe una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término se aplica generalmente a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal se ha extendido por el sur de California, donde, según funcionarios locales, las acciones federales están sembrando el miedo en las comunidades inmigrantes. Las redadas en la región de Los Ángeles provocaron protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en la ciudad durante casi dos meses.

Después de que un tribunal de apelaciones confirmó una orden temporal de un juez de un tribunal de distrito que prohíbe las detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes, la administración solicitó a la Corte Suprema que levante las restricciones en una petición de emergencia.

Jaimie Ding cubre noticias de última hora de California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.

(Foto AP/Gregory Bull)

Los inmigrantes que buscan una vía legal para vivir y trabajar en Estados Unidos ahora estarán sujetos a exámenes de "antiamericanismo", dijeron las autoridades el martes, lo que generó preocupación entre los críticos de que esto les da a los oficiales demasiada libertad para rechazar a los extranjeros basándose en un juicio subjetivo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que los funcionarios ahora considerarán si un solicitante de beneficios, como una tarjeta verde, “respaldó, promovió, apoyó o de otra manera abrazó” opiniones antiamericanas, terroristas o antisemitas.

“Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del USCIS. “Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”.

No se especifica qué constituye antiamericanismo y no está claro cómo y cuándo se aplicaría la directiva.

“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración serán menos tolerantes con el antiamericanismo o el antisemitismo al tomar decisiones sobre inmigración”, dijo el martes Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por restricciones a la inmigración.

Jacobs afirmó que el gobierno está siendo más explícito en cuanto a los comportamientos y prácticas que los agentes deben considerar, pero enfatizó que la discreción sigue vigente. "La agencia no puede decirles a los agentes que tienen que denegar, simplemente considerarlo una discreción negativa", afirmó.

Los críticos temen que la actualización de la política permita opiniones más subjetivas de lo que se considera antiamericano y que los prejuicios personales de un oficial nublen su juicio.

“Para mí, lo más importante es que están abriendo la puerta a que los estereotipos, los prejuicios y los sesgos implícitos dominen estas decisiones. Eso es realmente preocupante”, afirmó Jane Lilly Lopez, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young.

Estos cambios en la política se suman a otros implementados recientemente desde el inicio de la administración Trump, como la verificación de antecedentes en redes sociales y la reciente incorporación de la evaluación de la "buena conducta moral" de los solicitantes de naturalización. Esto no solo considerará la ausencia de mala conducta, sino que también tendrá en cuenta los atributos y las contribuciones positivas del solicitante.

“Significa que van a tener que trabajar mucho más para demostrar que cumplen con nuestros estándares”, dijo López.

Los expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la política que afecta a personas que no son ciudadanas estadounidenses y su libertad de expresión. Jacobs, del Centro de Estudios de Inmigración, afirmó que los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a personas fuera de Estados Unidos ni a quienes no son ciudadanas estadounidenses.

Ruby Robinson, abogada gerente sénior del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, cree que la Declaración de Derechos y la Constitución de los Estados Unidos protegen a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, contra la intromisión del gobierno. "Muchas de las actividades de esta administración vulneran los derechos constitucionales y deben resolverse, en última instancia, en los tribunales", añadió Robinson.

Los abogados aconsejan a los clientes que ajusten sus expectativas.

“La gente necesita entender que hoy tenemos un sistema diferente y que muchas más cosas que se aplican a los ciudadanos estadounidenses no se aplicarán a alguien que intenta ingresar a los Estados Unidos”, dijo Jaime Diez, abogado de inmigración con sede en Brownsville, Texas.

Jonathan Grode, socio gerente del bufete de abogados de inmigración Green and Spiegel, dijo que la actualización de la política no era inesperada considerando cómo la administración Trump aborda la inmigración.

“Esto es lo que se eligió. Pueden interpretar las reglas como quieran”, dijo Grode. “Su política siempre es reducir la zona de strike. La ley sigue siendo la misma”.

(Foto AP/Eric Gay, archivo)

Por  COREY WILLIAMS y VALERIE GONZALEZ

OLD ORCHARD BEACH, Maine (AP) — Un oficial de policía de Maine arrestado por autoridades de inmigración aceptó abandonar el país voluntariamente, dijo el lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El 25 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó al oficial de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, Jon Luke Evans, de Jamaica, como parte de las medidas de la agencia para intensificar la aplicación de la ley migratoria . Funcionarios de la ciudad y del departamento de policía han declarado que las autoridades federales les informaron previamente que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Un representante de ICE, contactado por teléfono, informó a The Associated Press el lunes que un juez le había concedido la salida voluntaria a Evans y que podría salir ese mismo día. El representante no proporcionó más detalles sobre el caso de Evans.

El arresto de Evans desencadenó una disputa entre las autoridades de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de policía, Elise Chard, declaró que el departamento fue notificado por funcionarios federales de que Evans tenía permiso legal para trabajar en el país y que la ciudad presentó información a través del programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional antes de contratarlo. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó entonces a la ciudad de confiar imprudentemente en el programa E-Verify del departamento.

E-Verify es un sistema en línea que permite a los empleadores verificar si los empleados potenciales pueden trabajar legalmente en los EE. UU.

La ciudad está al tanto de los informes de que Evans planea abandonar el país voluntariamente, dijo Chard el lunes.

“El municipio reitera su compromiso continuo de cumplir con todas las leyes estatales y federales en materia de empleo”, declaró Chard. “Seguiremos utilizando el formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y la base de datos E-Verify para confirmar la elegibilidad de empleo”.

El sitio web de búsqueda de detenidos del ICE informó el lunes que Evans se encontraba recluido en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island. Sin embargo, un representante de Wyatt indicó que Evans había sido transferido a un centro del ICE en Burlington, Massachusetts. Los funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la discrepancia. No quedó claro si Evans contaba con un abogado, y no se respondió a un mensaje que se le dejó en el centro de detención.

Funcionarios del ICE declararon en julio que Evans se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa e intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. WMTW-TV informó el lunes que el acuerdo de Evans con la salida voluntaria significa que podrá salir de Estados Unidos a su propio costo para evitar ser deportado.

Patrick Whittle es un reportero de Associated Press radicado en Portland, Maine. Se especializa en el medio ambiente y los océanos.

(Departamento de Policía de Old Orchard Beach vía AP, Archivo)

Por  Patrick Whittle