Trato inhumano ICEEl nigeriano describió cómo lo despertaron junto con otros detenidos en septiembre, en plena noche. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos les pusieron grilletes en las manos y los pies, según contó, y les dijeron que los enviaban a Ghana, aunque ninguno de ellos era de allí.
Cuando pidieron hablar con su abogado, dijo, los oficiales se negaron y les pusieron camisas de fuerza a los hombres, que ya estaban esposados, con trajes de restricción de cuerpo completo llamados WRAP, y luego los subieron a un avión para el vuelo de 16 horas a África Occidental.
Conocido como “el burrito” o “la bolsa”, el WRAP se ha convertido en una parte desgarradora de las deportaciones para algunos inmigrantes.
"Fue como un secuestro", declaró a The Associated Press el nigeriano, parte de una demanda federal, en una entrevista desde el campo de detención donde él y otros deportados se encontraban retenidos en Ghana. Al igual que otras personas sometidas a las restricciones entrevistadas por AP, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
La AP identificó múltiples ejemplos de ICE utilizando el dispositivo de sujeción corporal completo, el WRAP, de color negro y amarillo, en deportaciones. Cinco personas describieron su uso a la AP, quienes afirmaron haber estado sujetas con el dispositivo, a veces durante horas, en vuelos de deportación de ICE desde 2020. Testigos y familiares en cuatro países informaron a la AP sobre su uso en al menos otras siete personas este año.
La AP descubrió que el ICE ha utilizado el dispositivo a pesar de las preocupaciones internas expresadas en un informe de 2023 de la división de derechos civiles de su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. , en parte debido a informes de muertes relacionadas con el uso del WRAP por parte de las fuerzas del orden locales. Además, la AP ha identificado una docena de casos fatales en la última década en los que la policía o los carceleros locales de todo EE. UU. utilizaron el WRAP y las autopsias determinaron que la "inmovilización" influyó en la muerte.
El WRAP es objeto de un creciente número de demandas federales que comparan su uso incorrecto con castigos e incluso tortura, ya sea en una cárcel o por las autoridades de inmigración durante vuelos internacionales. Entre las preocupaciones de los defensores se encuentra que el ICE no está monitoreando el uso del WRAP, como lo exige la ley federal, cuando los agentes emplean la fuerza.
El DHS ha pagado a Safe Restraints Inc., fabricante del WRAP con sede en California, 268.523 dólares desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015, durante la administración Obama. Los registros de compras gubernamentales muestran que las dos administraciones Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto. El ICE no proporcionó a la AP los registros que documentan el uso del WRAP a pesar de múltiples solicitudes, y no está claro con qué frecuencia se ha utilizado en la administración actual y anteriores.
El fabricante de WRAP dice que su intención era que el dispositivo fuera un salvavidas para los agentes del orden que se enfrentaban a personas erráticas que atacaban físicamente a los agentes o se hacían daño a sí mismos.
Sin embargo, la AP descubrió que los funcionarios del ICE tienen un umbral mucho más bajo para usar el WRAP de lo que recomienda el fabricante. Los detenidos entrevistados por la AP dijeron que los agentes del ICE les usaron las ataduras después de haberlos encadenado. Dijeron que esto se hizo para intimidarlos o castigarlos por pedir hablar con sus abogados o expresar temor a ser deportados, a menudo a lugares de los que huyeron debido a la violencia y la tortura.
El deportado de África occidental describió una experiencia aterradora que duró varias horas y que le dejó las piernas hinchadas hasta el punto de cojear al caminar.
“A mí y a mis compañeros nos envolvieron”, dijo, “nos ataron con una camisa de fuerza”.
ICE y DHS no respondieron preguntas detalladas de AP y rechazaron una solicitud de información sobre la política del gobierno sobre cuándo y cómo utilizar el WRAP.
“El uso de dispositivos de contención en detenidos durante vuelos de deportación ha sido un protocolo estándar del ICE desde hace mucho tiempo y una medida esencial para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los detenidos como de los oficiales/agentes que los acompañan”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en un correo electrónico a AP. “Nuestras prácticas coinciden con las de otras autoridades pertinentes y cumplen plenamente con los estándares legales establecidos”.
La agencia no especificó esas autoridades ni describió sus prácticas.
"El uso de estos dispositivos es inhumano e incompatible con los valores fundamentales de nuestra nación", dijo Noah Baron, abogado de los deportados de África occidental.
Charles Hammond, director ejecutivo de Safe Restraints Inc., dijo que su compañía ha creado una versión modificada del dispositivo para ICE, con cambios destinados a permitir que las personas permanezcan en él durante vuelos y viajes largos en autobús.
La versión de ICE incluye una anilla en la parte delantera del traje que permite sujetar las manos esposadas del sujeto, a la vez que permite un uso limitado para comer y beber, explicó. Además, la versión de ICE cuenta con coderas suaves, explicó Hammond, que se conectan en la espalda para que la persona pueda moverse y favorecer la circulación, pero no pueda extender el codo para golpear a alguien.
Un reportero de AP relató para Hammond algunas de las acusaciones de personas que habían sido colocadas en el WRAP para vuelos largos. Todos los entrevistados por AP dijeron que ya tenían las manos y los pies encadenados. Todos negaron haber peleado con los oficiales, afirmando que lloraban o suplicaban que no los deportaran a países que consideraban peligrosos.
Hammond dijo que, si es cierto que algunas personas no estaban siendo violentas y simplemente protestaban verbalmente, ponerlas en el WRAP podría ser un uso indebido.
Ese no es el propósito del WRAP. Si (el deportado) representa un riesgo actual o potencial para sí mismo, para los oficiales, para el personal o para el avión, las restricciones están justificadas. Si no lo están, entonces no lo están.
'Por favor, ayúdame'
Juan Antonio Pineda dijo que a finales de septiembre lo metieron en una bolsa y que agentes de inmigración lo llevaron a la frontera con México. Era negra con rayas amarillas y tenía correas que le inmovilizaban el cuerpo y se sujetaban sobre los hombros: el WRAP.
Pineda, quien es de El Salvador, se encontraba legalmente en Estados Unidos, según declaró en un video desde un centro de detención de ICE en Arizona. El 3 de septiembre, acudió a una cita en Maryland para obtener un permiso por un año más, según contó su esposa, Xiomara Ochoa, en una entrevista desde El Salvador. Sin embargo, ICE lo detuvo y le dijeron que sería deportado a México, pero los documentos que le mostraron tenían el nombre de otra persona, añadió. Aun así, fue enviado al centro de detención Florence Service Processing Center en Arizona.
La madrugada del miércoles 24 de septiembre, Pineda declaró que los agentes le ataron las manos y las piernas, lo metieron en la "bolsa" y lo llevaron durante cuatro horas hasta la frontera. Cuando se negó a firmar los documentos de deportación, Pineda alega que los agentes le fracturaron el brazo derecho y le dejaron un ojo morado antes de llevarlo de regreso otras cuatro horas en la "bolsa". AP no pudo confirmar de forma independiente cómo resultó herido. El video de Pineda lo muestra con un yeso en el brazo y moretones en la cara.
Al día siguiente, jueves 25 de septiembre, lo ataron nuevamente, lo metieron en la bolsa y lo llevaron a la frontera, donde funcionarios de inmigración mexicanos lo rechazaron, dijo.
“Ocho horas de ida y vuelta y no me dan comida ni agua ni nada”, dijo en el video, que su esposa compartió con AP. “Por favor, ayúdenme”.
Finalmente fue deportado a México, dijo Ochoa.
ICE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de AP sobre el caso de Pineda.
Además del hombre nigeriano trasladado a Ghana, otros cuatro entrevistados por AP dijeron que fueron colocados en el WRAP y transportados en vuelos de deportación desde la primera administración de Trump.
Mientras los funcionarios de inmigración de Estados Unidos avanzan agresivamente para cumplir con los objetivos de deportación del presidente, los defensores y abogados de los inmigrantes se hacen eco de las preocupaciones de la propia investigación de derechos civiles del gobierno de que los oficiales de ICE no están capacitados sobre cómo usar las restricciones.
“Esta debería ser una medida de contención de último recurso después de haber intentado otras cosas”, dijo Fatma Marouf, profesora de derecho de Texas A&M, quien demandó al ICE por el uso del dispositivo. “El simple hecho de estar atado de esa manera puede causar mucho daño psicológico”.
Algunos deportados afirmaron que los dejaron con el traje de inmovilización puesto durante toda una pelea. Una demanda interpuesta en nombre del nigeriano y otras cuatro personas actualmente detenidas en el campamento de Dema, Ghana, incluyó la alegación de uno de ellos de que el ICE le dejó puesto el traje de inmovilización durante 16 horas, y solo le desabrochó la parte inferior una vez para poder ir al baño.
“Nadie debería ser sometido a un WRAP. Ni siquiera creo que aten a los animales de esa manera”, recordó un hombre que dijo haber sufrido una conmoción cerebral y una dislocación de mandíbula al ser sometido al dispositivo en 2023, antes de un vuelo de deportación a Cabo Verde, una nación insular africana. La revisión de AP de su historial médico confirmó que sufrió esas lesiones en 2023.
“Fue lo más doloroso que he vivido”, dijo el hombre, añadiendo que estuvo inmovilizado durante la mayor parte del vuelo de 10 horas. “Olvídense de la agresión, olvídense de la mandíbula rota. El WRAP en sí mismo fue doloroso”.
Además, el hombre dijo que el anillo metálico al que estaban sujetas sus manos esposadas —una de las modificaciones del ICE al WRAP diseñadas para aumentar la comodidad— lo lastimó. "Cuando me arrojaron de bruces al suelo, ese anillo metálico se me clavó en el pecho, causándome moretones y dolor, parte de las lesiones de las que me quejaba".
El uso actual del WRAP por parte de ICE se produce en medio de una ola sin precedentes de oficiales federales de inmigración enmascarados que agarran a presuntos inmigrantes en la calle y crecientes acusaciones de que la administración Trump los ha deshumanizado, incluso sometiéndolos a condiciones de detención crueles e inusuales .
El uso del WRAP por parte de ICE ha continuado a pesar de un informe de 2023 de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, o CRCL, que planteó serias preocupaciones sobre la falta de políticas que regulen su uso.
El ICE coincidió con las conclusiones internas en algunos puntos, según declaró un entonces funcionario del DHS que participó en la revisión, pero cuestionó la idea de que el WRAP debiera clasificarse como una "restricción de cuatro puntos", una designación que impondría mayores limitaciones a su uso. Esta persona habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar sobre la investigación.
El DHS desmanteló en gran medida la oficina que produjo el informe de 2023 a principios de este año en medio de despidos generalizados en el gobierno, calificándolo de obstáculo para las operaciones de cumplimiento.
“Sin cambios en la capacitación actual y debido a la falta de políticas, CRCL tiene serias preocupaciones sobre el uso continuo del WRAP por parte de ICE”, escribieron los autores del informe, quienes citaron un artículo de noticias que mencionaba demandas que afirmaban que el dispositivo había provocado muertes.
Uso por parte de la policía y en las cárceles
El año pasado, agentes de policía de Virginia Beach, Virginia, colocaron a Rolin Hill en el dispositivo WRAP, alegando que se mostraba combativo durante un arresto en una tienda de conveniencia. Los agentes dejaron a Hill en el dispositivo al dejarlo en la cárcel. Un video de la cárcel muestra a los agentes golpeando a Hill, inmovilizado por el WRAP, en la cabeza y la espalda. Hill murió en un hospital, y aunque se desconoce la función exacta del WRAP, su muerte fue declarada homicidio por "asfixia posicional y mecánica debido a la inmovilización con compresión de cuello y torso". Tres de los agentes están acusados ​​de su asesinato y cinco fueron destituidos de sus cargos.
También el año pasado, en Misuri, la fiscalía acusó a cinco carceleros de la muerte de Othel Moore Jr., quien, según la autopsia, se asfixió en el WRAP. Las imágenes de la cárcel muestran a Moore, quien también fue rociado con gas lacrimógeno y se le colocó una máscara antiescupitajos que le cubría el rostro, diciendo repetidamente a los agentes que no podía respirar.
AP identificó muchos de los otros casos no relacionados con ICE que involucran al WRAP durante una investigación sobre muertes ocurridas después de que la policía sometió a personas con tácticas comunes que, a diferencia de las armas, están destinadas a detener a alguien sin matarlo.
Aunque Hammond insiste en que el WRAP nunca se ha determinado como la causa de muerte cuando se usa correctamente, la AP identificó 43 ocasiones en las que la policía o los funcionarios penitenciarios lo utilizaron en casos de fallecimiento. En 12 de esos casos, la autopsia oficial determinó que la "inmovilización" influyó en la muerte.
A menudo era imposible determinar el papel exacto que pudo haber desempeñado el WRAP, ya que las muertes a menudo implicaban el uso de otras fuerzas potencialmente peligrosas contra personas que en varios casos estaban bajo los efectos de metanfetamina.
El WRAP apareció por primera vez en las fuerzas del orden a finales de la década de 1990, como una alternativa a atar las manos y los pies de un sujeto en una práctica conocida como "atar de pies y manos". Su uso se extendió inicialmente en las cárceles de California y hoy lo utilizan más de 1800 departamentos e instalaciones de todo el país, según el fabricante, que afirma haber vendido más de 10 000 dispositivos.
Muchos de estos casos han recibido poca atención mediática, como el de Alberto Peña en 2020, quien fue encarcelado por un delito menor de daños a la propiedad tras emborracharse y dañar las paredes y puertas de la casa de sus padres en las afueras de Rio Grande City, Texas. El hombre de 30 años se comportó de forma errática camino a la Cárcel del Condado de Starr, golpeándose la cabeza contra el interior de la patrulla y, posteriormente, contra la pared de su celda.
Los agentes colocaron a Peña en el WRAP durante más de dos horas, donde gritó repetidamente pidiendo ayuda y se quejó de que no podía respirar. Sin embargo, permaneció sin supervisión en el dispositivo durante largos periodos, según consta en los registros judiciales, y no se le brindó atención médica para las lesiones en la cabeza que se autoinfligió.
Una autopsia dictaminó que la muerte de Peña fue “accidental”, pero un patólogo forense contratado por la familia atribuyó la muerte de Peña en parte a la “restricción prolongada” del WRAP y dijo que “podría haberse evitado” con la atención médica adecuada.
“El WRAP nunca debió usarse en esta situación. Fue una emergencia médica y debió ser trasladado al hospital”, declaró Natasha Powers-Marakis, expolicía y experta en uso de la fuerza, quien revisó el caso en nombre de la familia de Peña como parte de su demanda por homicidio culposo contra el condado y los agentes que le colocaron el dispositivo. A los agentes que lo arrestaron se les había informado que Peña sufría de trastorno bipolar.
La Oficina del Sheriff del Condado de Starr ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que Peña no requirió atención médica. Robert Drinkard, abogado del condado, declaró a AP que el uso del WRAP "no fue indebido ni causó la trágica muerte del Sr. Peña". Añadió que todos los agentes que participaron en la colocación del WRAP en Peña habían recibido capacitación sobre su uso.
Un juez federal desestimó recientemente la demanda de la familia Peña, dictaminando que los agentes estaban exentos de responsabilidad.
'Llevándome como un cadáver'
En el contexto de un vuelo de deportación de ICE, el uso de restricciones como el WRAP puede justificarse, argumenta Hammond, el director ejecutivo del fabricante.
Los agentes del ICE deben asegurarse de asegurar a cualquier persona que pueda representar un riesgo de pelea en un vuelo largo, afirmó. Dado el alto riesgo de una confrontación violenta en un avión, Hammond cree que casos como los descritos a la AP pueden justificar el uso del WRAP, incluso si la persona ya está encadenada.
Sin embargo, se supone que agentes debidamente entrenados deben aflojar las correas y permitir suficiente movimiento para que el sujeto pueda comer y beber, así como usar el baño.
“Con el WRAP, cuando se usa correctamente, la lucha es más corta, lo cual beneficia a todos. Prioriza la respiración, lo cual beneficia a todos. Y se elimina la lucha y se puede brindar atención médica, atención de salud mental o medidas de desescalada”, dijo Hammond.
Sin embargo, quienes fueron colocados en uno de los trajes de sujeción de Hammond describen la experiencia como traumática.
Una de estas personas fue puesta primero con grilletes de cinco puntos cuando se mareó y tropezó al subir las escaleras para abordar el vuelo de ICE a Camerún en noviembre de 2020. El oficial confundió su tropiezo con resistencia, dijo. Inmediatamente, oficiales de ICE vestidos de camuflaje lo empujaron rápidamente a la pista y lo colocaron en un dispositivo WRAP, añadió.
Pronto sintió las correas ceñiéndose a sus piernas y a la parte superior de su cuerpo.
“Me ataron como si fuera un tronco por todos lados y me llevaban como si fuera un cadáver”, dijo.
Otro hombre entrevistado por AP dijo que los agentes del ICE lo colocaron en el WRAP después de que inicialmente se resistiera a los intentos de trasladarlo a un vuelo de deportación en Alexandria, Luisiana, en 2020. Había huido de la violencia política y la persecución en su Camerún natal y tenía miedo de regresar. Aseguró que los agentes lo sacaron de su celda frente a los demás detenidos y lo colocaron en el WRAP, dejándolo durante horas a la vista de los demás como advertencia para que no dijeran nada.
“Le dije: ‘No puedo respirar’”, relató el hombre. “Me respondió: ‘No me importa, estoy haciendo mi trabajo’”.
Dearen y Pineda informaron desde Los Ángeles y Mustian desde Nueva York. Los periodistas de AP Ope Adetayo en Abuya, Ghana, Obed Lamy en Indianápolis y Ryan J. Foley en Iowa City, Iowa, contribuyeron a este reportaje. Dan Lawton también colaboró.
Comuníquese con el equipo de investigación global de AP en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o https://www.ap.org/tips/
Jason Dearen es un periodista de investigación nacional de The Associated Press.
Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.
Dorany Pineda escribe sobre el agua, el clima y el medio ambiente en las comunidades latinas de todo Estados Unidos.
(Safe Restraints vía AP).
Juez inmigracionNASHVILLE, Tennessee (AP) — Jueces federales en dos estados considerarán el viernes impugnaciones al trato que el gobierno dio a Kilmar Abrego García , cuya deportación errónea a El Salvador galvanizó la oposición a la amplia política migratoria y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump .
En Maryland, Abrego García ha impugnado los intentos de redeportarlo a un tercer país después de que el gobierno admitiera que una orden previa impide su deportación a su país de origen, El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció recientemente que planea deportarlo a Esuatini , un país del sur de África .
La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó a funcionarios del gobierno que testifiquen el viernes sobre las medidas que tomaron para expulsar a Ábrego García a Esuatini o a cualquier otro país. Sus abogados han denunciado que la administración republicana intenta utilizar ilegalmente el sistema de inmigración para castigarlo tras la vergüenza de su deportación errónea.
Mientras tanto, abogados en un tribunal penal de Tennessee han presentado alegaciones similares sobre los cargos de tráfico de personas presentados contra Ábrego García en junio, el día en que fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador. El juez de Tennessee ha concluido que el procesamiento de Ábrego García podría ser una represalia ilegal tras haber demandado con éxito a la administración Trump por su deportación.
Los cargos de contrabando se derivan de una detención de tráfico en Tennessee en 2022. Abrego García no fue acusado en ese momento, y los agentes no comenzaron a investigar la detención hasta principios de este año, después de que su esposa presentara una demanda por su deportación. La audiencia del viernes determinará qué tipo de documentos pueden presentar los abogados de Abrego García en el proceso de descubrimiento de pruebas para intentar probar su caso de represalias.
Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.
(Foto AP/Stephanie Scarbrough, Archivo)
Por  TRAVIS LOLLER
PemtagonoLa semana que viene se cumple un plazo para que los periodistas que cubren el ejército estadounidense deban firmar una declaración reconociendo nuevas restricciones sobre su forma de hacer su trabajo o arriesgarse a ser expulsados ​​del Pentágono, lo que parece encaminarlos a un enfrentamiento con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Las negociaciones para cambiar algunas de las restricciones “no han sido tan exitosas como esperábamos”, dijo el miércoles la Asociación de Prensa del Pentágono.
Las reglas limitan los lugares a los que pueden ir los periodistas sin una escolta oficial y transmiten "un mensaje de intimidación sin precedentes" para cualquiera en el Departamento de Defensa que quiera hablar con un periodista sin la aprobación del equipo de Hegseth, dijo la asociación en un comunicado.
Cuando se emitió la nueva política hace dos semanas, las organizaciones de noticias estaban preocupadas de que firmar las reglas transmitiera su acuerdo con ellas, incluida una restricción de no informar sobre ninguna noticia, incluso si no estaba clasificada, sin aprobación oficial.
El Pentágono ahora dice que no puede impedir que los periodistas informen noticias, pero puede revocar las credenciales de los periodistas que pidan información a cualquier persona del Departamento de Defensa sin una aprobación oficial.
“Reconocemos y agradecemos que el Pentágono ya no exija a los periodistas que expresen su conformidad con la nueva política como condición para obtener credenciales de prensa”, declaró la asociación de prensa. “Sin embargo, el Pentágono sigue pidiéndonos que confirmemos por escrito nuestra comprensión de políticas que parecen diseñadas para reprimir la libertad de prensa y potencialmente exponernos a un proceso judicial por el simple hecho de hacer nuestro trabajo”.
La asociación no emite recomendaciones sobre si los miembros deberían o no firmar. El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, que también ha estado en contacto con el Pentágono sobre esta política, afirmó que aún tiene inquietudes y prevé que "supondrá un impedimento significativo mientras los periodistas evalúan con sus empleadores si firmar o no".
La RCFP no respondió a los mensajes preguntando si estaba recomendando un curso de acción para los periodistas.
Cambiar reglas que han funcionado durante años bajo diferentes presidentes
La Asociación de Prensa del Pentágono también dijo que le sorprendió saber que el departamento estaba planeando trasladar al cuerpo de prensa de su espacio de trabajo actual, lo que sugiere que probablemente aislará aún más a los periodistas.
Los periodistas del Pentágono han estado operando bajo las mismas reglas desde la administración de Eisenhower, incluido el primer mandato del presidente Donald Trump, dijo la asociación, y cualquier sugerencia de que están merodeando en oficinas donde no se les permite es absurda.
Un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios.
En una entrevista con Fox News el fin de semana pasado, Hegseth dijo: «No estamos jugando. No permitimos que nadie deambule por el edificio».
“Sí, pueden estar en la zona de prensa, en la sala de reuniones, pero si quieren moverse por el edificio, tendrán una credencial, se les dará permiso, serán escoltados al hacerlo, y esperamos que no soliciten información clasificada o sensible”, dijo. “Creo que el pueblo estadounidense considera este tipo de cosas como algo de absoluto sentido común. El cuerpo de prensa del Pentágono puede delatar todo lo que quiera”.
Trump ha ejercido presión sobre las organizaciones de noticias de diversas maneras, como ABC News y CBS News, que han llegado a acuerdos en demandas relacionadas con su cobertura. Trump también ha demandado a The New York Times y al Wall Street Journal , y ha intentado cortar la financiación de servicios gubernamentales como la Voz de América y Radio Free Europe/Radio Liberty .
“Limitando la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre el ejército estadounidense no se honra a las familias estadounidenses que han confiado a sus hijos e hijas para servir en él, ni a los contribuyentes responsables de dar al departamento cientos de miles de millones de dólares al año”, afirmó la Asociación de Prensa del Pentágono en su declaración.
“El pueblo estadounidense merece saber cómo se gestionan sus fuerzas armadas”.
David Bauder escribe sobre medios para AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social
David Bauder es el redactor de medios nacionales de AP y cubre la intersección de noticias, política y entretenimiento. Reside en Nueva York.
(Andrew Harnik/Pool vía AP)
TylenonEl secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el jueves el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio hacia el presidente Donald Trump.
Durante una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, aun cuando señaló que no existían pruebas médicas que la sustentaran. También describió erróneamente la anatomía de una mujer embarazada y relacionó el autismo con la circuncisión.
"Cualquiera que tome esta sustancia durante el embarazo, a menos que sea estrictamente necesario, es irresponsable", dijo Kennedy a Trump y a sus compañeros del gabinete. "No es una prueba. Estamos realizando los estudios necesarios para demostrarlo".
Kennedy ha defendido durante mucho tiempo creencias poco convencionales sobre la salud pública, que han suscitado preocupación entre los expertos médicos de que, como secretario de salud, podría alterar las políticas sanitarias del país basadas en la evidencia.
Kennedy comentó durante la reunión que había visto un video de TikTok el jueves, en el que, según él, aparecía una mujer embarazada "engullendo Tylenol" y maldiciendo a Trump. "El nivel de trastorno mental de Trump ha dejado de ser un problema político y ahora es patológico", afirmó. Kennedy también dijo que la mujer tomaba Tylenol "con un bebé en la placenta".
El feto se desarrolla en el útero, no en la placenta. La placenta es un órgano temporal que se desarrolla en el útero durante el embarazo y proporciona oxígeno, nutrientes y hormonas al feto en crecimiento.
La declaración de Kennedy se produjo dos semanas después de que apoyara a Trump en la Casa Blanca mientras el presidente usaba su cargo para promover vínculos no probados y, en algunos casos, desacreditados entre el Tylenol, las vacunas y el autismo.
Kennedy también dijo el jueves que los bebés varones circuncidados tienen el doble de tasa de autismo porque les dan Tylenol después del procedimiento.
Esta afirmación parece referirse a un estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine de 2015, que analizó la circuncisión ritual y el riesgo de trastorno del espectro autista en niños menores de 10 años en Dinamarca.
Se descubrió que quienes se sometieron al procedimiento, que consiste en la extirpación del prepucio del pene, tenían mayor probabilidad de desarrollar autismo que otros niños del estudio. Los investigadores sugirieron que una posible relación podría deberse al dolor del procedimiento. Los investigadores señalaron que no contaban con datos sobre los analgésicos ni los anestésicos utilizados, por lo que no pudieron determinar si el Tylenol estaba relacionado con el autismo.
Otros investigadores señalaron que el estudio de Dinamarca analizó la correlación, no la causalidad. También señalan otros estudios que no hallaron evidencia que sustente un vínculo entre la circuncisión y el autismo.
El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.
THOMAS BEAUMONT cubre política nacional para The Associated Press. Reside en Des Moines, Iowa.
LAURA UNGAR cubre temas de medicina y ciencia en el equipo de Salud y Ciencia Global de AP. Lleva más de dos décadas trabajando como periodista de salud.
(Foto AP/Evan Vucci)
Tribnal federalEl despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Illinois enfrenta un escrutinio legal el jueves en una audiencia judicial crucial que tendrá lugar el día después de que un pequeño número de tropas de la Guardia comenzara a proteger propiedad federal en el área de Chicago .
La jueza federal de distrito April Perry escuchará los argumentos sobre una solicitud para bloquear el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y las autoridades locales se oponen firmemente al uso de la Guardia Nacional.
Un "elemento" de los 200 efectivos de la Guardia de Texas enviados a Illinois comenzó a trabajar en el área de Chicago el miércoles, según un portavoz del Comando Norte de EE. UU., quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder comentar detalles operativos que no se han hecho públicos. El portavoz no especificó adónde fueron enviadas las tropas.
Las tropas, junto con unas 300 de Illinois, llegaron esta semana al Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están bajo el Comando Norte y llevan 60 días de servicio.
Los miembros de la Guardia Nacional se encuentran en la ciudad para proteger los edificios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras instalaciones federales, así como al personal policial, según el Comando Norte. Trump envió tropas previamente a Los Ángeles y Washington, y esta semana un pequeño número comenzó a apoyar a las fuerzas del orden en Memphis.
Estas tropas forman parte del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, un conjunto de aproximadamente una docena de agencias federales del orden público, ordenado por Trump para combatir la delincuencia en la ciudad. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, apoya el uso de la Guardia Nacional.
La Ley Posse Comitatus, vigente desde hace casi 150 años, limita la función de las fuerzas armadas en la aplicación de las leyes nacionales. Sin embargo, Trump ha declarado que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal.
Chicago e Illinois han presentado una demanda para detener los despliegues, calificándolos de innecesarios e ilegales. Trump, por su parte, ha retratado a Chicago como un infierno de delincuencia sin ley, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución significativa reciente de la delincuencia.
El presidente republicano dijo el miércoles que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y Pritzker, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por no proteger a los agentes federales durante las medidas represivas contra la inmigración.
En una presentación judicial en la demanda, la ciudad y el estado dicen que las protestas en un centro de detención temporal de ICE en el suburbio de Broadview, en Chicago, "nunca han estado cerca de detener la aplicación de las leyes federales de inmigración".
“El presidente está usando las protestas de Broadview como pretexto”, escribieron. “El inminente despliegue de tropas federales en Illinois es el último episodio de una campaña más amplia de la administración presidencial para atacar jurisdicciones que le desagradan”.
También el jueves, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. tenía previsto escuchar argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón. El presidente había planeado desplegarlos en Portland, donde se han registrado principalmente pequeñas protestas nocturnas frente a un edificio de ICE. Los líderes estatales y municipales insisten en que las tropas no son necesarias ni deseadas allí.
El domingo, la jueza de distrito estadounidense Karin J. Immergut otorgó a Oregón y California una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland. Trump había movilizado tropas californianas a Portland apenas horas después de que Immergut le impidiera usar la Guardia Nacional de Oregón.
La administración aún tiene que apelar esa orden ante el Noveno Circuito.
Immergut, a quien Trump nombró durante su primer mandato, rechazó las afirmaciones del presidente de que se necesitaban tropas para proteger Portland y las instalaciones de inmigración, diciendo que "habían pasado meses desde que hubo un nivel sostenido de actividad de protesta violenta o disruptiva en la ciudad".
Los escritores de Associated Press Gene Johnson en Seattle y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este informe.
Por  SUDHIN THANAWALA
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