Problemas mentalesIOWA CITY, Iowa (AP) — Durante casi un año, las autoridades de inmigración han detenido y tratado de deportar a un hombre con una enfermedad mental cuya madre, según abogados y registros públicos, nació en Estados Unidos y no en Jamaica como él afirma, según una investigación de The Associated Press.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no tiene autoridad para detener a ciudadanos estadounidenses, pero lo ha hecho durante mucho tiempo, generalmente por horas o días, cuando los agentes confunden identidades o no pueden verificar la ciudadanía de inmediato. Los abogados de inmigración afirman que una detención indebida de casi 10 meses sería poco común, pero no sin precedentes.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, niega que el hombre sea ciudadano estadounidense y alega, sin aportar pruebas, que el certificado de nacimiento que presentó para obtener un pasaporte estadounidense que tuvo durante 15 años era fraudulento. Sin embargo, la investigación de AP halló documentos que respaldan las afirmaciones de su madre y su equipo legal de que nació en Florida y, por lo tanto, no está sujeto a la jurisdicción del ICE.
Los resultados sugieren que una investigación superficial, una supervisión laxa y posiblemente la negativa a admitir un error pueden haber mantenido a un ciudadano estadounidense atrapado durante casi todo el año 2026, mientras la administración Trump se apresura a deportar a un gran número de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
El detenido insiste en que nació en Jamaica.
Phillip James, de 39 años y también conocido como Felibi Siagha-Coke, permanece recluido en el centro de detención de ICE en Indiana, según consta en documentos legales. Sus abogados han apelado la decisión de un juez de inmigración que ordena su deportación a Jamaica, y un juez federal ha indicado que pronto podría pronunciarse sobre una petición para liberarlo.
Según la investigación de AP, al intentar detenerlo y deportarlo, las autoridades de inmigración se basaron en la declaración de James de que había nacido en Jamaica y había entrado ilegalmente a Estados Unidos en 2009. Sin embargo, las autoridades jamaicanas han negado cualquier registro que confirme su nacimiento o ciudadanía en Jamaica, y James no ha podido aportar pruebas, según consta en los registros públicos.
La insistencia de James en que nació en Jamaica es un gran delirio, un síntoma de esquizofrenia paranoide que, según informes presentados ante el tribunal por expertos médicos que lo evaluaron recientemente, le han diagnosticado. En concreto, afirma ser hijo ilegítimo de un ex primer ministro jamaicano y descendiente de una familia real libanesa, país del que también reclama la ciudadanía a pesar de la falta de pruebas.
Un psicólogo concluyó que James no era "un historiador fiable debido a la gravedad de su enfermedad mental, incluido un sistema de creencias delirantes profundamente arraigado".
Un experto afirma que este caso demuestra cómo el ICE gestiona de forma deficiente las disputas sobre ciudadanía.
Jacqueline Stevens, profesora de la Universidad Northwestern que ha estudiado las detenciones injustificadas de ciudadanos por parte del ICE durante dos décadas, afirmó no estar sorprendida de que el ICE intentara deportar a James basándose en su alegación de haber nacido en el extranjero. Añadió que conocía otros casos en los que las enfermedades mentales y las discapacidades han influido en injusticias similares.
“Lo que sucede en estos casos es que las pruebas que respaldan la deportación se consideran veraces, mientras que las que no la respaldan se consideran fraudulentas”, afirmó. “Este caso no es aislado. Se trata de una característica, no de un error, del procedimiento que sigue el ICE para gestionar las solicitudes de ciudadanía estadounidense”.
El Departamento de Seguridad Nacional negó que el ICE detenga a ciudadanos estadounidenses y afirmó que los detenidos que enfrentan procedimientos de deportación reciben el debido proceso.
Los registros que detallan la solicitud de ciudadanía de James, al igual que miles de casos de detenidos por el ICE, no estaban disponibles en la base de datos en línea del sistema judicial federal. La AP, con la ayuda del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, ha presentado una demanda para revocar una política que limita el acceso a dichos documentos.
Un voluntario del grupo Habeas Dockets, una organización sin fines de lucro que trabaja para que los registros estén disponibles públicamente, acudió a un juzgado de Indiana para hacer copias de los registros a petición de AP.
El detenido tenía pasaporte estadounidense desde hacía 15 años.
James nació en 1987 en el condado de Orange, Florida, hijo de una madre estadounidense y un padre jamaicano, según consta en el certificado de nacimiento presentado por sus abogados y avalado por su madre. Ha padecido una enfermedad mental desde niño, según una declaración jurada presentada por su madre. Vivía en Florida con su padre, quien falleció en 2024, después de que se volviera difícil de controlar durante su adolescencia, según la declaración jurada.
Un documento judicial de 1988, obtenido de forma independiente por AP en un caso que estableció la paternidad de James, coincide con los detalles del certificado de nacimiento, incluyendo su fecha de nacimiento, la identidad de sus padres biológicos y su residencia en Florida.
En 2008, obtuvo un pasaporte estadounidense con su nombre de nacimiento, presentando el certificado de nacimiento junto con su solicitud. En 2023, solicitó un nuevo pasaporte tras obtener una orden judicial para cambiar su nombre a Felipe Bella De Campbell Coke en Nueva York, solicitud que también fue aprobada.
Pero a partir de 2024, por razones que no están claras, presentó una serie de solicitudes de ciudadanía estadounidense y protección contra la deportación. Afirmó haber nacido en Jamaica y haber adquirido la ciudadanía como hijo adoptivo de ciudadanos estadounidenses, contando una historia enrevesada que no pudo verificarse y declarando falsamente haber nacido en 1992.
No obstante, el gobierno le revocó el pasaporte y le denegó la ciudadanía. Alegó que había nacido en Jamaica el mismo mes que James, en 1987, y que su «verdadera identidad» era Felibi Siagha Baladi Kambil Coke, un nombre que había adoptado recientemente.
La decisión de revocarle el pasaporte no explica cómo se llegó a esa conclusión. Según consta en los documentos judiciales, las autoridades jamaicanas han comunicado a los abogados de James que no tienen constancia del nacimiento ni de la ciudadanía de una persona con ese nombre.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró a AP que el pasaporte original se emitió basándose en un "certificado de nacimiento fraudulento", pero no respondió a las preguntas posteriores ni proporcionó ninguna prueba.
Los registros muestran que James no pudo explicar cómo terminó con un certificado de nacimiento de Florida.
“Hasta el día de hoy no lo entiendo”, dijo en una entrevista concedida en julio de 2025 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
El ICE lo arrestó después de una audiencia en el tribunal de inmigración.
Las autoridades de inmigración alegaron que se encontraba en el país ilegalmente tras el rechazo de sus solicitudes de ciudadanía. Al investigar a James, el ICE señaló sus antecedentes penales, que incluyen una condena en 2011 por agresión con arma mortal que lo llevó a prisión en Florida durante cinco años. Sin embargo, los registros de ese caso, y de otros, lo identifican como ciudadano estadounidense.
El ICE inició los trámites para su deportación en diciembre de 2025, emitiéndole una notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración, cuando residía en la ciudad de Nueva York. Un juez aplazó el proceso de deportación el 5 de enero y los agentes lo arrestaron tras la audiencia.
James fue trasladado al Centro de Detención de Miami en Bunker Hill, Indiana, una prisión de máxima seguridad que recientemente había comenzado a albergar hasta 1000 detenidos del ICE en el marco de una colaboración entre el estado y el gobierno federal. Apodada "Speedway Slammer" por la Casa Blanca en alusión a la conexión de Indiana con las carreras de automovilismo, la instalación ha recibido quejas por hacinamiento y negligencia médica, y al menos dos detenidos han fallecido.
Se trata de un acuerdo lucrativo para el estado que podría generar 213 millones de dólares en los dos primeros años, incluyendo pagos de 291 dólares por detenido al día, más del triple de la tarifa media por cama de ICE, que es de 92 dólares. La oficina del gobernador Mike Braun declinó hacer comentarios sobre el caso de James.
Inicialmente, el detenido actuó como su propio abogado.
A diferencia de los acusados ​​en casos penales, los detenidos no tienen garantizado un abogado. Inicialmente, James se representó a sí mismo para impugnar su detención por considerarla ilegal, alegando ser originario de Jamaica y tener la ciudadanía libanesa.
Los abogados que representan al ICE y al juez de inmigración que ordenó su deportación a Jamaica en abril han creído en la versión de James, según consta en los registros judiciales. Además de sus afirmaciones de haber nacido en Jamaica, el ICE presentó pruebas que demuestran que solicitó una tarjeta de registro del seguro nacional jamaicano, disponible para personas no ciudadanas.
James está representado actualmente por Bronx Defenders, una organización sin ánimo de lucro que tiene un contrato para representar a detenidos indigentes de Nueva York.
Tras encontrar el certificado de nacimiento y a su madre en Florida, presentaron una petición ante un tribunal federal el 19 de agosto para solicitar su liberación. También han apelado la orden de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sus abogados declinaron hacer comentarios y afirmaron que James no concedería entrevistas.
El gobierno no ha reconocido ningún error. En un documento presentado el 28 de septiembre, el fiscal adjunto Brian Irvin describió a James como “un nativo de Jamaica y ciudadano del Líbano que ingresó a Estados Unidos sin autorización”. Irvin argumentó que la solicitud de ciudadanía de James debería ser decidida por un tribunal de inmigración, en lugar de por un juez federal.
Se espera que el juez de distrito estadounidense Damon Leichty emita un fallo sobre la petición que solicita la liberación de James.
Deborah Fleischaker, exfuncionaria del ICE que en su momento fue jefa de gabinete de la agencia, afirmó que el caso de James era complejo, pero que las pruebas de que es ciudadano estadounidense parecían sólidas. Las detenciones injustificadas ocurren, dijo, "pero lo ideal sería que fueran muy raras y duraran el menor tiempo posible".
Ella y otros expertos dijeron que era poco probable que las autoridades jamaicanas aceptaran a James si no era ciudadano de ese país, pero que el ICE aún podría intentar deportarlo a un tercer país.
“Me preocupa que, en su afán por aumentar las cifras de deportaciones, él esté incluido en la maquinaria”, dijo.
RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".
(Gráfico de AP)
Rubio y TrumpWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto mostrar el martes un petrolero recién llegado a Estados Unidos, cargado con crudo venezolano destinado a ser procesado en refinerías de Texas, según un asesor del Congreso y dos funcionarios federales.
La visita a Port Arthur, Texas, se llevará a cabo el mismo día en que Trump hará campaña en el estado a favor de candidatos republicanos para las elecciones de mitad de mandato.
El presidente tiene mítines programados en Corpus Christi y Lubbock. Trump intenta apuntalar el apoyo a Ken Paxton, candidato al Senado federal, quien está enfrascado en una reñida contienda con el candidato demócrata James Talarico.
No está claro si Rubio —quien también es asesor de seguridad nacional de Trump— participará en algún acto de campaña. Pero es la primera vez que acompaña a Trump en la carretera mientras el presidente recorre el país en una gira de mítines.
Los dos funcionarios federales y el asesor del Congreso hablaron a condición de guardar el anonimato para poder abordar los planes de Rubio antes de que se anuncien públicamente.
Es muy inusual que el principal diplomático del país participe en viajes de campaña. El viaje de Rubio sería el ejemplo más reciente de cómo en el segundo mandato de Trump se han desdibujado las líneas entre el ejercicio del gobierno y la campaña electoral. El secretario de Justicia Todd Blanche ya ha estado apareciendo en mítines junto a candidatos republicanos.
Rubio se postuló previamente para presidente en 2016 y es considerado un aspirante destacado para 2028. No ha dicho si se postulará, y ha realizado pocas actividades políticas desde que se convirtió en secretario de Estado.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  MATTHEW LEE
(AP Foto/Mark Schiefelbein, foto compartida)
Obispos Casa BlancaDos obispos católicos han expresado su arrepentimiento por haber aceptado una reunión en la Casa Blanca que derivó en la difusión pública de una fotografía en la que aparecen rezando junto al presidente Donald Trump.
El arzobispo de Milwaukee, Jeffrey Grob, emitió el domingo un comunicado titulado “Una disculpa pública”, en el que señaló que había recibido muchas preguntas y comentarios —algunos de ellos angustiados— sobre la reunión a la que asistió el jueves junto con otros 11 obispos.
Aseguró que la Casa Blanca no tardó en dar a conocer la reunión con fotos y un video, sin el consentimiento de los participantes, y a menos de dos semanas de las elecciones de mitad de mandato.
“Siento una profunda tristeza, no sólo por el dolor que causé, sino también por el hecho de que algo tan sagrado para un grupo de líderes religiosos, la oración a nuestro Padre Celestial, haya sido manipulada de esa manera”, expresó Grob.
l obispo de Des Moines, Iowa, William Joensen, también emitió un comunicado en el que dejó en claro que consideraba que la Casa Blanca se había aprovechado de los obispos.
“Ojalá hubiera sido más astuto y menos ingenuo, como quienes explotaron nuestra reunión con fines políticos partidistas”, escribió. “Rezo para ser más prudente y sabio de ahora en adelante, aun cuando sigo firme en mi disposición a dialogar y rezar por los líderes políticos de todos los niveles”.
A la pregunta de si la Casa Blanca había recibido consentimiento del obispo para divulgar las fotos y el video, la oficina de prensa se negó a responder. En su lugar, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, respondió: “Nunca ha habido un mejor presidente para los católicos estadounidenses que el presidente Trump, como lo demuestra su sólido historial”.
La Casa Blanca invitó a los obispos el mes pasado para conversar sobre temas como la aplicación de las leyes migratorias, visas para trabajadores religiosos, el aborto y el uso de créditos fiscales federales para apoyar a la educación privada, según Joensen y Grob.
“De ninguna manera, la reunión fue un respaldo al presidente, a sus políticas ni a su partido”, escribió Grob. “Se nos dijo que la reunión sería una conversación privada, que varios miembros católicos del gabinete podrían estar presentes y que podría haber una oportunidad para rezar en privado con el presidente”.
“No pasó mucho tiempo para que la Casa Blanca publicara un video y fotos de la oración”, subrayó Grob.
“Poco después empecé a recibir mensajes de seria preocupación ante la posibilidad de que hubiera participado inadvertidamente en un acto político cuando faltan menos de dos semanas para una elección nacional”, añadió. “También escuché a algunos que se sintieron lastimados por la manera en que ellos o sus familiares habían sido perjudicados por las políticas del presidente”.
“No fui sin reservas. Ojalá les hubiera hecho caso”, concluyó Grob. “Me disculpo por cualquier daño que hayan causado mis acciones”.
En conjunto, los miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos tienen posturas diversas sobre Trump y las políticas de su gobierno. El obispo Robert Barron, radicado en Minnesota, por ejemplo, aceptó integrar la Comisión de Libertad Religiosa de Trump, que estaba compuesta casi por completo por cristianos conservadores. Algunos otros obispos denunciaron enérgicamente aspectos de la dura postura migratoria de Trump, asegurando que va en contra de la enseñanza católica.
La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
DAVID CRARY has headed AP’s 11-person Religion team since 2020. Among previous AP jobs, he was a foreign correspondent for 14 years, and has used that experience to bolster AP’s worldwide religion coverage.
(AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
Trump intensificaPORT HURON, Michigan, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump intensificó el domingo su retórica antimusulmana contra el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, calificándolo como una amenaza para la seguridad nacional y poniendo en duda su lealtad a Estados Unidos, comentarios que provocaron una firme respuesta de un exaliado árabe-estadounidense de alto perfil.
Trump calificó a El-Sayed, un exfuncionario de salud de Detroit, como un “yihadista” que estaba “del lado de los terroristas” y que “tendría que pasar por un detector de metales antes que se le permita entrar al Senado”. También hizo referencia en repetidas ocasiones a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, trazando una comparación entre impedir que El-Sayed llegue al recinto y los pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores a bordo del vuelo 93 de United Airlines.
El-Sayed, quien de ser elegido se convertirá en el primer senador musulmán en el país, ha dicho que es “vergonzoso” que se le cuestione su lealtad al país y ha rechazado en varias ocasiones tener cualquier vínculo con grupos extremistas. Las declaraciones del presidente republicano fueron condenadas por Bishara Bahbah, fundador de Arab Americans for Trump, el grupo que ayudó a encabezar el acercamiento del presidente con los votantes de origen árabe en 2024.
“Las declaraciones del presidente están fuera de lugar”, subrayó Bahbah en una entrevista telefónica. “Están cruzando una línea. Son racistas”.
Con los republicanos a la defensiva debido a la inflación, el alza vertiginosa de los precios del combustible y la guerra contra Irán, el presidente ha tratado de impulsar la participación al asegurar que El-Sayed y otros demócratas son amenazas existenciales para Estados Unidos y no rivales electorales. La contienda por el Senado en Michigan entre El-Sayed y el republicano Mike Rogers es una de las pocas que podría determinar el control de la cámara baja del país.
Trump hizo sus declaraciones en Port Huron, una ciudad fronteriza con Canadá ubicada aproximadamente a una hora al norte de Detroit y cerca de comunidades donde logró avances significativos entre los votantes de origen árabe en 2024. Se convirtió en el primer candidato presidencial republicano desde 2000 en ganar Dearborn, una ciudad con una de las mayores concentraciones de árabe-estadounidenses en el país.
Trump, quien durante su primer mandato impuso restricciones de viaje a personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, ha recurrido cada vez más a la retórica antimusulmana a medida que se acerca la jornada electoral. También atacó el domingo a la representante demócrata Ilhan Omar de Minnesota en el mitin, donde añadió que él había ido personalmente a Michigan “para impedir que un yihadista miembro de la Hermandad Musulmana se convierta en senador de Estados Unidos”.
En respuesta a Trump, quien también se burla con regularidad de su nombre, El-Sayed dijo a sus simpatizantes en un mitin en Grand Rapids más tarde el domingo que no le importa cómo Trump lo pronuncie o lo tergiverse.
“No me importa ni siquiera que recuerde mi nombre completo porque después de noviembre puede simplemente seguir adelante y llamarme ‘senador’”, afirmó El-Sayed, provocando vítores. “Yo seré el senador Muhammad para ti, bro”.
La fe y las declaraciones de El-Sayed se convierten en puntos álgidos
Un eje central de la estrategia republicana contra El-Sayed ha sido el esfuerzo por vincularlo con la Hermandad Musulmana, un movimiento islámico con filiales que han sido designadas como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.
No hay evidencia de que El-Sayed tenga afiliación alguna con la Hermandad Musulmana. Su media hermana, Eman Abdelhadi, escribió en redes sociales en 2012 que “mi familia ha sido HM desde hace mucho tiempo” y describió una conversación que tuvo con su madre sobre su participación en la Hermandad Musulmana a inicios de la década de 1970.
El-Sayed nació en Estados Unidos, hijo de inmigrantes egipcios que se divorciaron cuando él era pequeño. Fue criado por su padre y no por su madre biológica.
Trump también criticó el domingo los vínculos de El-Sayed con el popular streamer Hasan Piker, quien apareció junto al demócrata en varias ocasiones durante las primarias, incluso en su evento de la noche electoral.
Piker ha dicho anteriormente que “Hamás es mil veces mejor” que Israel, refiriéndose a algunos judíos ortodoxos como “producto de endogamia” y señalando que “Estados Unidos se merecía el 11-S”.
El-Sayed ha sido blanco de críticas por su propia retórica. Se ha negado en reiteradas ocasiones a responder a preguntas sobre si Irán o Israel representa una amenaza más grande para el país. Meses atrás declaró que “la gente herida hiere a la gente” luego de un ataque a una sinagoga en el área de Detroit. El agresor había perdido a cuatro familiares en un bombardeo aéreo israelí en Líbano la semana anterior. El-Sayed se disculpó poco después, afirmando que no intentaba justificar lo ocurrido.
“A cualquiera que sienta que mis comentarios fueron sido hirientes, lo lamento mucho”, subrayó. “No era mi intención”.
Fundador de Arab Americans for Trump califica al presidente de “racista”
Bahbah, cuya organización cambió de nombre a Arab Americans for Peace, afirmó que las declaraciones de Trump eran inaceptables para las comunidades árabes y musulmanas, incluidos los árabes cristianos.
“Los comentarios están fuera de lugar y son una locura. Vamos, ningún individuo en su sano juicio diría estas cosas”, sostuvo.
Dearborn ayudó a Trump a ganar Michigan en 2024, después que muchos votantes de la ciudad quedaron indignados por la gestión del gobierno de Joe Biden de la guerra en Gaza.
“Que el presidente de Estados Unidos diga eso de una persona por su religión, es simplemente inaceptable”, añadió ."Y la gente lo va a recordar el 3 de noviembre”.
El senador Bernie Sanders, al hablar en el mitin de Grand Rapids, resaltó que Trump y sus aliados estaban usando la islamofobia porque no tienen “nada que decir” sobre los temas más importantes para la clase trabajadora, como la atención médica, la vivienda y la desigualdad de ingresos.
“Lo único que pueden hacer es fomentar el odio y la división”, dijo Sanders.
La campaña ha sido una de las más contenciosas este año
Rogers y El-Sayed han estado enfrascados en una amarga contienda para ocupar el escaño del senador demócrata Gary Peters, quien se retira.
Durante su segundo y último debate de la campaña de elección general, Rogers puso en duda la lealtad de El-Sayed a Estados Unidos.
“¿Está usted a favor de Estados Unidos, o está a favor de estos grupos terroristas en el extranjero?”, preguntó Rogers.
El-Sayed dijo que ese cuestionamiento era “vergonzoso”.
“Estoy orgulloso de nuestra Constitución, que garantiza a todos nosotros el derecho a rezar como elijamos rezar”, añadió.
Antes de la aparición de Trump el domingo, Rogers repitió sus acusaciones que vinculan a El-Sayed con la Hermandad Musulmana.
“La Hermandad Musulmana celebró exactamente una victoria en Estados Unidos en las primarias de este año”, dijo Rogers en el escenario. “La de Abdul El-Sayed”.
Mitin no ofrece nueva dádiva económica, pero recibe impulso de Nicki Minaj
Trump ha anunciado de manera rutinaria nuevas inversiones en fábricas en sus mítines de campaña, pero no lo hizo como parte de su discurso en Michigan, un estado definido por la industria automotriz.
En su lugar, el presidente repitió inversiones que ya están realizando los fabricantes de automóviles nacionales. Esos fabricantes podrían ver caer sus finanzas si el presidente amplía su guerra comercial con Canadá, que ha sido un socio esencial para el sector automotriz de Estados Unidos.
Aunque careció de una promesa nueva para la economía de Michigan, el mitin de Trump sí aportó un poco de poder estelar.
La rapera Nicki Minaj apareció en el escenario e instó a la gente a salir a votar por la boleta republicana del estado. Su aparición siguió a un momento incómodo de Trump, quien se ha obsesionado cada vez más con comentar sobre partes del cuerpo de otras personas.
Después de elogiar el cuerpo del senador de Ohio Jon Husted, un republicano en una contienda electoral reñida, Trump dirigió su mirada hacia Minaj y comentó sobre su trasero.
Luego el presidente hizo una seña para que Minaj se pusiera de pie ante la multitud y ella lo hizo, tras lo cual Trump dijo: “Espero que Nicki no se haya ofendido, pero amamos a Nicki. Ha estado con nosotros durante mucho tiempo”.
Cappelletti reportó desde Washington. El periodista de The Associated Press Josh Boak contribuyó a este despacho desde Washington.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOEY CAPPELLETTI covers Congress for The Associated Press. He previously reported on Michigan politics for AP.
MIKE HOUSEHOLDER is an Associated Press video journalist based in Detroit. He shoots and edits his own visual pieces for online and broadcast use, while writing the occasional text news story and book review.
(AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Inmigrantes ciudadaniaSAN FRANCISCO (AP) — La mayoría de los inmigrantes investigados esta semana por las autoridades federales de California por presunto fraude electoral habían solicitado la ciudadanía estadounidense y ahora enfrentan cargos relacionados con mentir en formularios o durante entrevistas. Dichos cargos podrían acarrearles años de prisión y frustrar sus esfuerzos por naturalizarse.
Uno de ellos es José Antonio Bañuelos-Díaz, de 42 años, quien solicitó la ciudadanía en octubre de 2025 tras vivir 40 años en el país y haber sido residente permanente legal durante toda su vida adulta. El gobierno federal alega en los documentos de acusación que Bañuelos-Díaz afirmó indebidamente ser ciudadano en 2007 al registrarse para votar, y que posteriormente mintió al respecto en sus documentos migratorios. El gobierno no lo acusa de haber votado.
Bañuelos-Díaz declaró a The Associated Press que no tenía ni idea de que se había registrado para votar hasta que fue arrestado el lunes frente a su casa en Los Ángeles, aunque recuerda haber obtenido su licencia de conducir alrededor de 2007. En California, se les pide a las personas que se registren para votar cuando solicitan una licencia de conducir.
“Nunca he votado porque sé que no puedo votar”, dijo. “Si hubo un error, deberían haberme señalado de inmediato, no 20 años después”.
Fue puesto en libertad tras su detención, pero se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.
Las autoridades federales presentaron cargos el lunes contra más de dos docenas de residentes permanentes legales en California, en el marco de una ofensiva contra personas acusadas de votar o registrarse ilegalmente para hacerlo. Hasta el jueves por la mañana, el gobierno había presentado los documentos de acusación en 10 de los 28 casos, ofreciendo detalles adicionales sobre cómo las autoridades se basaron en los datos de registro de votantes para presentar cargos penales más amplios relacionados con el estatus migratorio.
La mayoría de los inmigrantes acusados ​​en California han vivido en el país durante al menos cinco años, y algunos durante décadas. Podrían ser deportados si mintieron en su solicitud de ciudadanía.
Mentir en los formularios de inmigración conlleva una pena más severa que votar ilegalmente.
Los inmigrantes condenados por votar ilegalmente en Estados Unidos se enfrentan a penas de hasta un año de prisión. Quienes sean condenados por mentir en sus solicitudes para obtener la ciudadanía estadounidense se enfrentan a penas de hasta diez años.
El Departamento de Justicia declaró que seis personas serían acusadas de votar siendo no ciudadanas, un delito menor. Las otras 22 se enfrentaban a una combinación de cargos por delitos graves, entre ellos mentir en su solicitud de naturalización durante las entrevistas o en los formularios de registro de votantes.
En un caso, agentes del Departamento de Seguridad Nacional arrestaron a Pamele Arbues Line inmediatamente después de su entrevista de naturalización el 15 de octubre en San Diego.
En los documentos de acusación, el gobierno federal afirmó que Line supuestamente se había registrado para votar cinco veces y había emitido su voto en varias elecciones, pero que en su documentación y durante la entrevista declaró que nunca había votado ni se había declarado ciudadana estadounidense. Posteriormente, admitió haberse registrado para votar al renovar su licencia de conducir el año pasado y afirmó haber votado una vez, según los documentos de acusación.
Line, originaria de Filipinas, declaró a las autoridades que creía ser ciudadana estadounidense porque su madre se había naturalizado tras mudarse a Estados Unidos hace más de cuatro décadas. Sin embargo, según el gobierno, Line, que ahora tiene 56 años, tenía 19 en aquel entonces y no estaba cubierta por la ciudadanía de su madre. Se enteró de que no era ciudadana en junio, cuando fue a renovar su tarjeta del Seguro Social, y les dijo a los agentes que había solicitado la naturalización ese mismo día.
Se enfrenta a una pena de al menos 10 años de prisión si es declarada culpable de los dos cargos.
Trump aborda el presunto voto de no ciudadanos a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.
Estos casos forman parte de un esfuerzo de la administración Trump para erradicar el voto de no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato, a pesar de que los datos muestran que el problema es increíblemente raro , difícil de probar y no se ha demostrado que cambie el resultado de las elecciones.
El Departamento de Justicia ha demandado a California por no cumplir con la solicitud de verificar la ciudadanía de aproximadamente 20.000 votantes registrados que, según afirma, podrían no ser ciudadanos. California, que cuenta con más de 23 millones de votantes registrados, argumenta que el estado cumple con la ley federal y que las cifras de la administración Trump probablemente estén significativamente infladas.
Los funcionarios electorales estatales también señalaron que, una vez que se envía una papeleta por correo, esta se separa de cualquier identificación individual del votante, lo que hace imposible separarla basándose en la información proporcionada por el gobierno federal.
Más allá de las votaciones, la administración Trump también ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país y ha ralentizado la aprobación de las solicitudes de naturalización. Según los datos gubernamentales, entre abril y junio de 2026 se aprobaron 58.000 solicitudes de naturalización, menos de una cuarta parte de las aprobadas en el mismo período de 2025.
Los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía estadounidense tras haber tenido la residencia permanente (tarjeta verde) durante al menos tres años. Deben responder a un extenso cuestionario sobre sus actividades relacionadas con el voto, la política y la delincuencia, superar una verificación de antecedentes y un examen de educación cívica, y cumplir con los requisitos de dominio del idioma inglés.
No está claro qué llevó a las autoridades hasta los acusados.
El Departamento de Seguridad Nacional no especificó qué fue lo que inicialmente llamó la atención sobre los inmigrantes acusados, pero indicó en un correo electrónico que la agencia revisó los registros de naturalización y otros documentos durante su investigación. Algunos documentos judiciales de los casos describen una auditoría de fraude de beneficios realizada por el Departamento de Seguridad Nacional en agosto, que dio inicio al proceso de identificación de los acusados ​​esta semana.
“Los derechos de voto de los ciudadanos estadounidenses deben ser protegidos”, dijo el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, en un comunicado en el que anunció los cargos esta semana.
Amandeep Kaur, una de las personas acusadas, ha vivido en el país durante ocho años y está en proceso de obtener la ciudadanía estadounidense, según declaró su esposo, Kulwinder Singh.
Singh dijo que ella obtuvo su licencia de conducir en 2024, pero que hizo el examen escrito en el DMV en hindi porque tiene dificultades con el inglés. Desconoce si se registró para votar en ese entonces. Dijo que ella recibió y devolvió una boleta electoral en 2024, pero ambos pensaron que era un formulario de registro.
Ahora, según él, su esposa está consternada al saber que podría haber cometido algún acto ilegal.
“Lo único que hace es llorar. Es desgarrador”, dijo Singh, quien es ciudadano estadounidense.
Lauer colaboró ​​desde Filadelfia y Taxin desde Santa Ana, California.
OLGA R. RODRÍGUEZ es reportera de Associated Press y editora de la sección de Estados Unidos, con sede en San Francisco. Anteriormente fue corresponsal de AP para México y Centroamérica, con sede en Ciudad de México.
AMY TAXIN escribe para Associated Press sobre alimentación, agricultura y agua en California. Cubre temas costeros y noticias generales del condado de Orange, California.
Por  OLGA R. RODRIGUEZ , CLAUDIA LAUER y AMY TAXIN
(Foto AP/Jae C. Hong)

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