Kilmar AbregoEn los 22 días transcurridos desde que Kilmar Abrego García, residente de Maryland, fue deportado por error a una prisión notoriamente violenta en El Salvador , su hijo pequeño ha buscado consuelo en el olor de la ropa de su padre desaparecido.
"Me demuestra cuánto extrañaba a Kilmar", declaró la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, en documentos judiciales. "Ha estado buscando las camisas de trabajo de Kilmar y oliéndolas, para percibir su aroma familiar".
Abrego García, de 29 años, quien trabajaba como aprendiz de chapa metálica y estaba cursando su licencia de oficial, fue detenido en un estacionamiento de Ikea y arrestado el 12 de marzo, con su hijo de 5 años en el auto.
En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, donde Ábrego García probablemente enfrentaría persecución por parte de pandillas locales. Contaba con un permiso de trabajo legal emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, según su abogado.
Sin embargo, fue enviado de regreso a su natal El Salvador, lo que el gobierno del presidente Donald Trump reconoció el lunes como un "error administrativo".
A pesar de esto, funcionarios de la Casa Blanca se han opuesto a su regreso, alegando, sin presentar pruebas, que tiene vínculos con la pandilla MS-13. El gobierno afirma, además, que carece de la facultad para solicitar su regreso al gobierno de El Salvador, señalando que un tribunal estadounidense, en el mejor de los casos, podría ordenar a la Casa Blanca que "solicite, o incluso engañe, a un aliado cercano".
La deportación errónea de Abrego García ha indignado a muchos y ha suscitado inquietudes sobre la expulsión de no ciudadanos a quienes se les concedió permiso para estar en Estados Unidos.
'Simplemente pregúntales amablemente
La familia y los abogados de Abrego García han negado cualquier vínculo con pandillas y argumentan que Estados Unidos cuenta con pocas pruebas que respalden su afirmación. En documentos judiciales presentados el miércoles, sus abogados argumentaron que el error del gobierno estadounidense debe corregirse y que debe ser devuelto.
De lo contrario, las órdenes de los tribunales de inmigración “no tienen sentido, porque el gobierno puede deportar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera”, escribió el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.
Sandoval-Moshenberg señaló que Estados Unidos ha estado pagando al gobierno de El Salvador para que encarcele a Ábrego García y a otros deportados. Argumentó que los esfuerzos para devolverlo probablemente tendrían éxito: "Primero, pídanles amablemente que nos lo devuelvan".
“Su argumento de que no hay nada que puedan hacer para recuperar a este tipo se ve significativamente debilitado por el hecho de que, el miércoles de la semana pasada, pusieron a Kristi Noem dentro de esa prisión ”, dijo Sandoval-Moshenberg a The Associated Press en una entrevista, refiriéndose a la secretaria del DHS.
Ni siquiera preguntaron: 'Por cierto, ya atraparon a este tipo. Nos equivocamos. ¿Podemos recuperarlo, por favor?''', dijo, y agregó que Estados Unidos anteriormente había hecho grandes esfuerzos para repatriar a personas deportadas por error.
El profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández, dijo que es “razonable” pedirle a la administración Trump que devuelva a Abrego García, pero los tribunales tienen pocos recursos si la Casa Blanca se niega.
Esto se debe a que Abrego García no es ciudadano estadounidense y se encuentra fuera del país, explicó el profesor. La Corte Suprema ha sostenido durante mucho tiempo que el Congreso, en colaboración con el poder ejecutivo, decide a quién se le permite entrar y bajo qué condiciones.
“No conozco un solo caso en el que un tribunal federal haya ordenado a una administración presidencial que permita el ingreso a Estados Unidos a una persona en particular que no sea ciudadana estadounidense”, afirmó García Hernández.
La deportación errónea de Abrego García es “verdaderamente preocupante”, dijo el profesor, porque “¿quién puede decir que no deportarán a alguien más que tenga permiso legal para vivir en Estados Unidos?”.
Las pandillas y la pupusería familiar
Abrego García dijo que huyó de El Salvador porque una pandilla, Barrio 18, extorsionaba rutinariamente el negocio de sus padres para pedirles dinero de “alquiler” y amenazaba con matarlo a él y a su hermano si la familia no cumplía, según documentos judiciales en su caso de inmigración de 2019.
La familia vendía pupusas, el plato estrella de El Salvador, que son tortillas planas que contienen mezclas humeantes de queso, frijoles o sabrosa carne de cerdo. La madre de Abrego García dirigía el negocio, Pupusería Cecilia, desde su casa. Su padre era expolicía.
La familia finalmente envió al hermano de Abrego García, César, a Estados Unidos. Abrego García también fue enviado a Estados Unidos después de que la pandilla intentó reclutarlo repetidamente, según indican documentos de la corte de inmigración.
Abrego García llegó a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador alrededor de 2011, según sus abogados, y se dirigió a Maryland para reunirse con su hermano mayor, ciudadano estadounidense.
La emigración de Abrego García desde El Salvador fue objeto de una audiencia de inmigración en octubre de 2019 después de que fuera arrestado mientras buscaba trabajo y entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras acusaciones sobre su pertenencia a una pandilla.
El ICE se opuso a su liberación porque la policía local de Maryland había verificado su pertenencia a una pandilla, según consta en los registros judiciales. Posteriormente, Ábrego García solicitó asilo, mientras que su abogado presentó pruebas abundantes de que enfrentaba la amenaza de violencia en El Salvador.
Los abogados de Abrego García también rechazaron la acusación contra la MS-13, basada en las acusaciones de un informante confidencial, según documentos judiciales. El informante alegó que Abrego García pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca había vivido.
Un juez de inmigración denegó la solicitud de asilo de Ábrego García en octubre de 2019, pero le otorgó protección contra la deportación a El Salvador. Fue liberado y el ICE no apeló.
Abrego García luego se casó con Vásquez Sura, quien es ciudadano estadounidense, y la pareja son padres de su hijo y de sus dos hijos de una relación anterior.
Por  Ben Finley
(Murray Osorio PLLC via AP)
Alcalde New YorkEl alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo el jueves que se retirará de las primarias demócratas de la ciudad y en su lugar se presentará a la reelección como independiente, argumentando que su caso de soborno federal recientemente desestimado había hecho imposible montar una campaña primaria.
En un video , Adams dijo que no se presentará a las primarias demócratas en junio porque su caso penal "se prolongó demasiado" mientras las "falsas acusaciones pesaban sobre mí", lo que le impidió hacer campaña.
“Creo firmemente que a esta ciudad le conviene más un liderazgo verdaderamente independiente, no líderes impulsados ​​por los extremistas de la extrema izquierda o la extrema derecha, sino aquellos arraigados en el centro común, el lugar donde la gran mayoría de los neoyorquinos están firmemente arraigados”, dijo Adams.
La decisión se produjo después de una intensa especulación sobre si Adams permanecería en las primarias demócratas, que han atraído a varios oponentes serios, incluido el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo .
Un juez federal desestimó el miércoles el caso de corrupción de Adams, poniendo fin a una saga legal que dejó al alcalde severamente dañado y planteó dudas sobre su independencia política .
Los cargos, presentados el año pasado durante la administración del expresidente Joe Biden, acusaron a Adams de aceptar contribuciones de campaña ilegales y descuentos de viaje de un funcionario turco y otros, a cambio de ayudar a Turquía a abrir un edificio diplomático sin pasar inspecciones de incendios, entre otras cosas.
El alcalde se declaró inocente y tenía previsto un juicio en abril, pero el caso se trastocó después de que el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump decidiera retirar los cargos para que Adams pudiera ayudar con la agenda de inmigración del presidente, dejando abierta la posibilidad de que el caso pudiera ser revivido.
La medida altamente inusual desató una tormenta de críticas y renuncias , al tiempo que puso en duda la alcaldía de Adams, con muchas figuras políticas en Nueva York cuestionando si Adams ahora estaba en deuda con la administración Trump .
En una orden que desestimó el caso, el juez federal Dale E. Ho negó a los fiscales la opción de volver a presentar los cargos y escribió que permitir que se reviviera el caso "crearía la percepción inevitable de que la libertad del alcalde depende de su capacidad para llevar a cabo las prioridades de aplicación de la ley migratoria de la administración".
Adams, en su anuncio en video, mantuvo su inocencia pero reconoció que el caso había “sacudido” a los votantes y admitió que depositó su confianza en las personas equivocadas.
Sé que las acusaciones formuladas contra mí pueden haber socavado su confianza en mí, y que, con razón, podrían cuestionar mi conducta. Y, para ser claros, aunque los cargos en mi contra eran falsos, confié en personas en las que no debía, y lo lamento —dijo—.
El anuncio de Adams fue reportado primero por Politico.
(Foto AP/Joseph Frederick)
Por  Anthony Izaguirre
Jueza migrantesSAN FRANCISCO (AP) — Una jueza federal en California ordenó el martes al gobierno de Estados Unidos que restablezca temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de niños migrantes que se encuentran en el país sin un padre o tutor.
El gobierno del republicano Donald Trump puso fin el pasado 21 de marzo a un contrato con el Acacia Center for Justice, una organización que proporciona servicios legales para migrantes menores de 18 años no acompañados mediante una red de grupos de asistencia jurídica. Once de los grupos presentaron una demanda en la que arguyen que había 26.000 niños en riesgo de perder a sus abogados; Acacia no se encuentra entre los demandantes.
Esos grupos argumentaron que, en virtud de una ley establecida en 2008 para combatir la trata de personas, el gobierno tiene la obligación de proporcionar asesoría legal a los niños vulnerables.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, concedió una orden de restricción temporal el martes por la noche. Escribió que los grupos activistas plantearon preguntas legítimas sobre si el gobierno violó la ley de 2008, lo que justifica un retorno al statu quo mientras el caso continúa. La orden entrará en vigor el miércoles y se extenderá hasta el 16 de abril.
“Además, la corte considera que la financiación continua de la representación legal para los niños no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema de inmigración”, escribió la jueza.
Es el tercer revés legal en menos de una semana para las restricciones migratorias del gobierno de Trump, aunque todas podrían resultar temporales a medida que avanzan las demandas. El viernes, un juez federal en Boston determinó que las personas con órdenes de deportación final deben tener una “oportunidad significativa” de presentar sus argumentos para no ser enviadas a un país que no sea el suyo. El lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones de cientos de miles de venezolanos, incluidos 350.000 cuyo estatus legal estaba programado para expirar el 7 de abril.
Los demandantes señalaron que ponerle fin al programa es una violación a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la cual establece protecciones especiales para los niños migrantes que no pueden navegar por el complejo sistema de inmigración sin asistencia. Los demandantes indicaron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés, dijeron.
La ley de 2008 requiere que el gobierno asegure “en la mayor medida posible” que todos los niños que ingresan al país sin compañía de un adulto cuenten con asesoría legal que los represente en los procedimientos y para “protegerlos del maltrato, la explotación y la trata”.
La parte demandada, que incluye al Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reasentamiento de Refugiados, aseguró que los contribuyentes no tienen la obligación de cubrir el costo de la asistencia jurídica a los niños migrantes en un momento en que el gobierno está tratando de ahorrar dinero. También señalaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la cancelación de un contrato que habría expirado a finales del mes pasado.
Acacia está bajo un nuevo contrato con el gobierno para brindar orientación legal, incluidas clínicas de “conozca sus derechos”.
Pero los demandantes dijeron que no piden que se restablezca el contrato, sino un retorno al statu quo, que es gastar los 5.000 millones de dólares que el Congreso asignó para la representación jurídica de los menores, indicó Karen Tumlin, del Justice Action Center, en una audiencia judicial el martes.
Añadió que el gobierno no puede simplemente eliminar la financiación sin girar instrucciones sobre quién ayudará a estos niños.
“Necesitan asegurarse en la mayor medida posible de que haya un plan”, dijo.
En la misma audiencia, Jonathan Ross del Departamento de Justicia dijo que el gobierno todavía está financiando actividades requeridas por la ley, como las clínicas de “conozca sus derechos”, y que las clínicas legales pueden ofrecer sus servicios sin costo.
“Aún son libres de proporcionar esos servicios de manera pro bono”, dijo.
La jueza Martínez-Olguín fue nombrada al cargo por el presidente Joe Biden.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Eric Gay, Archivo)
POR  JANIE HAR
Molestia TrumpLa molestia causada por los aranceles y la retórica del gobierno del presidente Donald Trump probablemente harán que los viajes internacionales a Estados Unidos caigan aún más de lo esperado este año, dijo el martes una influyente empresa de pronósticos de viajes.
Tourism Economics dijo que prevé que el número de personas que lleguen a Estados Unidos desde el extranjero disminuya un 9,4% este año. Eso es casi el doble de la caída del 5% que la empresa pronosticaba a finales de febrero.
Al comienzo de 2025, Tourism Economics predijo un año próspero para los viajes internacionales a Estados Unidos, con un aumento del 9% en las visitas en comparación con 2024.
Pero el presidente de Tourism Economics, Adam Sacks, afirmó que las detenciones de turistas europeos en la frontera de Estados Unidos en las últimas semanas han asustado a los viajeros internacionales. Los posibles visitantes también se han sentido molestos por los aranceles, por la postura de Trump hacia Canadá y Groenlandia, y por su acalorada discusión en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.
“Con cada desarrollo de política, cada misiva retórica, sólo estamos viendo error tras error en el gobierno. Tiene un impacto directo en los viajes internacionales a Estados Unidos”, dijo Sacks.
La disminución tendrá consecuencias para las aerolíneas, hoteles, parques nacionales y otros sitios frecuentados por turistas.
Tourism Economics estima que los viajes desde Canadá se desplomarán 20% este año, una disminución que se sentirá agudamente en los estados fronterizos como Nueva York y Michigan, pero también en destinos turísticos populares como California, Nevada y Florida.
La Asociación de Viajes de Estados Unidos, un grupo comercial, también ha advertido sobre la ausencia de canadienses. Incluso una reducción del 10% en los viajes desde Canadá podría significar 2 millones menos de visitas, 2.100 millones de dólares en gasto perdido y 14.000 empleos perdidos, dijo el grupo en febrero.
Otras empresas relacionadas con el turismo han notado señales preocupantes. En su reunión anual de accionistas el lunes, Air Canada indicó que las reservaciones hacia Estados Unidos habían disminuido 10% para el periodo de abril a septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sacks comentó que ahora espera que los visitantes extranjeros gasten 9.000 millones de dólares menos en Estados Unidos en comparación con 2024, cuando el turismo internacional al país aumentó 9,1%.
“La ironía es que los aranceles se están implementando para ayudar a corregir el déficit comercial, pero están perjudicando el balance comercial al causar que menos viajeros internacionales vengan y gasten dinero aquí", señaló Sacks.
Sacks indicó que las llegadas internacionales estaban acercándose a regresar a los números de 2019, antes de que la pandemia de coronavirus detuviera la mayoría de los viajes. Ahora cree que no volverán a ese nivel hasta 2029.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
DEE-ANN DURBIN
Durbin is an Associated Press business writer focusing on the food and beverage industry. She has also covered the auto industry and state and national politics in her nearly 30-year career with the AP.
(AP Foto/Richard Drew)
Despidos saludWASHINGTON (AP) — Los empleados del enorme Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos comenzaron a recibir avisos de despido el martes en una importante reestructuración que se espera que finalmente despida hasta 10.000 personas.
Los avisos llegaban apenas días después de que el presidente Donald Trump tomara medidas para despojar a los trabajadores de sus derechos de negociación colectiva en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otras agencias del gobierno.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció un plan la semana pasada para reformar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que, a través de sus agencias, se encarga de rastrear tendencias de salud y brotes de enfermedades, realizar y financiar investigaciones médicas, monitorear la seguridad de alimentos y medicinas, y administrar programas de seguro de salud para casi la mitad del país.
El responsable de regulación del trabajo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) era una de las personas destituidas, según personas familiarizadas con el asunto.
“Con pesar y profunda decepción, les informo de que he sido dado de baja administrativa”, indicó el director de tabaco de la FDA, Brian King, en un email al personal.
Docenas de trabajadores del centro de tabaco recibieron avisos de despido el martes, incluida toda la oficina responsable de aplicar las regulaciones sobre el tabaco.
El plan de Kennedy consolidaría las agencias que supervisan miles de millones de dólares para servicios contra la adicción y centros de salud comunitarios en todo el país bajo una nueva oficina llamada Administración para unos Estados Unidos Saludables.
Se espera que los despidos reduzcan el Departamento de Salud y Servicios Humanos a 62.000 puestos, eliminando casi una cuarta parte de su personal — 10.000 empleos a través de despidos y otros 10.000 trabajadores que aceptaron ofertas de jubilación anticipada y salida voluntaria.
La senadora demócrata Patty Murray de Washington predijo que los recortes tendrán repercusiones cuando ocurran desastres naturales o se propaguen enfermedades infecciosas, como el actual brote de sarampión.
“Podrían también renombrarlo como el Departamento de Enfermedades porque su plan está poniendo vidas en grave peligro”, dijo Murray el viernes.
Más allá de los despidos en las agencias federales de salud, los recortes llegaban a los departamentos de salud estatales y locales como resultado de una medida del Departamento de Salud y Servicios Humanos la semana pasada para retirar más de 11.000 millones en fondos relacionados con el COVID-19.
Las autoridades locales y estatales de salud aún están evaluando el impacto, pero algunos departamentos de salud ya han identificado cientos de empleos que podrían ser eliminados debido a la pérdida de fondos, “algunos de ellos de la noche a la mañana, algunos ya se han ido”, dijo Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades.
Los representantes sindicales de los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos recibieron un aviso el jueves de que entre 8.000 a 10.000 empleados serán despedidos. La dirección del departamento se centrará en puestos en recursos humanos, adquisiciones, finanzas y tecnologías de la información. Los puestos en “regiones de alto costo” o que han sido considerados “redundantes” serán el foco de los despidos.
Kennedy criticó al departamento que supervisa como una “burocracia desmesurada” ineficiente en un video el jueves anunciando la reestructuración, y dijo que el presupuesto anual de 1,7 billones del departamento, “no ha logrado mejorar la salud de los estadounidenses”.
“Quiero prometerles ahora que vamos a hacer más con menos”, dijo Kennedy.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó el jueves un desglose de algunos de los recortes.
— 3.500 empleos en la Administración de Alimentos y Medicamentos, que inspecciona y establece estándares de seguridad para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos.
— 2.400 empleos en los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que monitorean los brotes de enfermedades infecciosas y trabajan con agencias de salud pública en todo el país.
— 1.200 empleos en los Institutos Nacionales de Salud, la principal institución mundial de investigación en salud y medicina.
— 300 empleos en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que supervisan el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Medicare y Medicaid.
En los CDC, la mayoría de los empleados no estaban sindicalizados, pero el interés aumentó drásticamente este año a medida que el gobierno de Trump tomaba medidas para reducir la fuerza laboral federal. Aproximadamente 2.000 empleados de los CDC en Atlanta pertenecían a la unidad local de negociación de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, con cientos más que habían solicitado unirse esta semana.
Pero el jueves por la noche, Trump firmó una orden ejecutiva que pondría fin a la negociación colectiva para un gran número de agencias federales, incluidos los CDC y otras agencias de salud.
La erosión de los derechos de negociación colectiva fue denunciada por algunos legisladores demócratas.
“El descarado intento del presidente Trump de despojar a la mayoría de los empleados federales de sus derechos sindicales despoja a estos trabajadores de sus protecciones arduamente ganadas. Esto solo dará a Elon Musk más poder para desmantelar el gobierno del pueblo con la menor resistencia posible de los servidores civiles dedicados, debilitando aún más la capacidad del gobierno federal para servir al pueblo estadounidense”, según una declaración conjunta el viernes del representante estadounidense Gerald Connolly y el representante estadounidense Bobby Scott, ambos de Virginia.
Los periodistas de Associated Press Amanda Seitz en Washington y Mike Stobbe en Nueva York contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
CARLA K. JOHNSON covers research in cancer, addiction and more for The Associated Press. She is a member of AP’s Health and Science team.
(AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

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