La Casa Blanca se ha aferrado a su argumento de que el gobierno no debería tener que repatriar a Kilmar Ábrego García, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos y un tribunal inferior determinaron que fue deportado por error y debía ser enviado de regreso a Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ha solicitado actualizaciones diarias sobre las medidas que toma el gobierno de Trump para repatriar a Ábrego García, un salvadoreño de 29 años que residía en Maryland y está casado con una ciudadana estadounidense.

Durante semanas, los funcionarios del gobierno se han alternado entre admitir que Ábrego García fue deportado por error y argumentar que Estados Unidos ya no tiene competencia en el asunto porque él ahora se encuentra en El Salvador.

Esto es lo que jueces y funcionarios federales han dicho sobre el caso de Ábrego García.

Acusaciones de pertenecer a la pandilla MS-13

Primavera de 2019: Durante el primer mandato de Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detiene a Ábrego García y, según registros judiciales, afirma que un informante lo ha identificado como “miembro verificado de una pandilla”. Un juez de inmigración le niega la fianza a Ábrego García, asegurando que se tiene “confirmado por una fuente probada y confiable que es miembro de la pandilla MS-13”.

No obstante, el aviso de comparecencia oficial ante el tribunal de inmigración gira únicamente en torno al hecho indiscutible de que Ábrego García cruzó previamente la frontera de Estados Unidos sin autorización legal —“no se le permitió ingreso ni se le otorgó permiso humanitario después de ser revisado por un agente de inmigración”, dice la notificación. Ábrego García y sus abogados niegan cualquier pertenencia a una pandilla, y él nunca ha sido acusado de un delito relacionado.

Otoño de 2019: Otro juez de inmigración le otorga a Ábrego García protección contra la deportación a El Salvador y confirma su argumento de que correría peligro en su país de origen debido a la presencia de las pandillas locales. Sin embargo, el juez le niega el asilo general, destacando que “la suspensión de la deportación, a diferencia del asilo, confiere únicamente el derecho a no ser deportado a un país en particular, y no el derecho a permanecer en Estados Unidos”. Este punto será clave para los argumentos actuales del gobierno de Trump.

12 de marzo de 2025: Según documentos judiciales, agentes del ICE arrestan a Ábrego García, informándole que su “estatus migratorio ha cambiado”. Más tarde es deportado a la prisión de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador.

31 de marzo: En respuesta a una demanda que busca el regreso de Ábrego García, el gobierno de Trump escribe en un documento que el “ICE estaba al tanto de su protección contra la deportación” a su país de origen, pero “fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”.

Comentarios de funcionarios sobre el paradero y estatus de Ábrego García

4 de abril de 2025: Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, declara ante el tribunal: “Reconocemos que no debió haber sido deportado a El Salvador”. Xinis presiona para que le expliquen el motivo de su detención y Reuveni responde: “No lo sé”.

Xinis le ordena al gobierno que facilite el regreso de Ábrego García, y la Casa Blanca cuestiona su autoridad. “Desconocemos si la jueza tiene jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”, declara Karoline Leavitt, la secretaria de prensa.

5 de abril: El gobierno apela la orden de Xinis y se retracta de cualquier admisión de error. En una apelación infructuosa ante la Corte Suprema, el procurador general John Sauer escribe: “La evaluación del poder ejecutivo sobre el peligro que representa Ábrego García para este país merece una deferencia considerable”.

6 de abril: La secretaria de Justicia Pam Bondi afirma en el programa matutino dominical Fox News Sunday que Reuveni, subdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración de su dependencia, ha sido puesto en licencia debido a sus declaraciones a Xinis.

“No debió aceptar el caso, no debería haberlo discutido si eso era lo que iba a hacer”, señala Bondi. Compara la interacción entre Reuveni y Xinis con la de “un abogado defensor que llega y admite algo sobre su cliente en un caso penal”.

11 de abril: El gobierno le dice a Xinis que desconoce el paradero de Ábrego García. Drew Ensign, asistente adjunto del fiscal general, dice que el gobierno “está sopesando activamente sus opciones” en respuesta a una orden de la Corte Suprema que exige que se realicen labores para traerlo de regreso. Ensign, sin embargo, afirma que no tiene conocimiento personal sobre el estado de Ábrego García.

12 de abril: Por primera vez, un funcionario del gobierno estadounidense confirma que Ábrego García está vivo y recluido en la enorme prisión de El Salvador.

“Según entiendo, con base en informes oficiales de nuestra embajada en San Salvador, Ábrego García se encuentra actualmente recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador”, escribe Michael G. Kozak, quien se identifica en el documento como funcionario de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. “Está con vida y a salvo en dichas instalaciones”.

Kozak ratifica el argumento del gobierno de que Estados Unidos ya no tiene jurisdicción sobre Ábrego García: “Está detenido conforme a la autoridad soberana y nacional de El Salvador”.

13 de abril: Evan Katz, subdirector de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, presenta una actualización diaria sobre el estado de Ábrego García. Dice que él “no debió haber sido deportado a El Salvador”. A pesar de ello, Katz repite el argumento de que “Ábrego García ya no es elegible para la retención debido a su pertenencia a la MS-13”.

Atrincherados en el Despacho Oval y más allá

14 de abril: Varios funcionarios federales hablan sobre el asunto durante un evento en el Despacho Oval con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Bondi pasa la responsabilidad a El Salvador. “Eso no nos corresponde”, puntualiza, añadiendo: “Si ellos quisieran devolverlo, nosotros lo facilitaríamos. Es decir, pondríamos a disposición un avión”.

Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca, destaca como un hecho las acusaciones de que Ábrego García pertenece a la pandilla MS-13. Por lo tanto, según Miller, Ábrego García “ya no era elegible para recibir cualquier tipo de ayuda migratoria en Estados Unidos” y fue deportado bajo una orden “válida” de un juez de inmigración.

Luego, según Miller, “una jueza de distrito intentó decirle al gobierno que tenían que secuestrar a un ciudadano de El Salvador y traerlo de regreso”.

También en la Casa Blanca, Miller reprende a los periodistas y arremete contra Reuveni: “Nadie fue deportado por error a ningún lugar. Es un hecho enorme que todos ustedes, la mayoría de ustedes, han entendido mal. Nadie fue enviado por error a ningún lugar. El único error que se ha cometido fue que un abogado puso una línea incorrecta en un documento legal que ya fue desestimado”.

Miller también afirma que la Corte Suprema determinó que “la orden del tribunal de distrito era ilegal”.

El fallo de los jueces decía que el “tribunal de distrito debería aclarar su directriz, teniendo debidamente en cuenta la deferencia que se le debe al poder ejecutivo en asuntos de política exterior”. No obstante, llegaron a la conclusión de que Xinis “exige debidamente que el gobierno ‘facilite’” la liberación de Ábrego García y añade que el gobierno debe “garantizar que su caso se gestione como se habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”.

Bukele declara que es absurdo siquiera preguntarle sus intenciones. “¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista a Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacer eso”, afirma, añadiendo que no tiene “la facultad para devolverlo”.

Más tarde, la actualización diaria del gobierno hace eco de la retórica de la Casa Blanca: Ábrego García se encuentra “bajo la custodia doméstica de una nación soberana extranjera”, escribe Joseph Mazzara, asesor general interino del Departamento de Seguridad Nacional. Ya “no es elegible” para la protección de los tribunales estadounidenses, dado que el gobierno ha declarado a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, informa la actualización.

15 de abril: Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, declara a ABC News: “Deberíamos explicar a los espectadores por qué se produjo este error administrativo en primer lugar. Se debe a que este pandillero de la MS-13 se le otorgaron órdenes de protección debido a que había pandillas rivales en El Salvador que podrían ir tras él si era enviado allí. Así que pudo haber sido enviado a Egipto, Nicaragua, Honduras, a donde fuera. Simplemente no podía ir a El Salvador. Así que, en resumen, creo que esto prácticamente refuerza la tesis del gobierno de que se trata de un miembro de la MS-13”.

Y agrega: “Debería estar ya sea en un centro de detención estadounidense o en una cárcel salvadoreña”.

La periodista de The Associated Press Rebecca Santana colaboró con este reportaje

Bill Barrow covers U.S. politics. He is based in Atlanta.

(Murray Osorio PLLV via AP)

BEL AIR, Maryland (AP) — Un fugitivo de El Salvador fue declarado culpable el lunes por el asesinato en 2023 de una mujer de Maryland que fue atacada mientras hacía ejercicio en una popular ruta de senderismo al noreste de Baltimore.

La fiscalía alegó que Víctor Martínez Hernández, de 24 años, estaba llevando a cabo un ataque planificado cuando agarró a Rachel Morin del sendero, le golpeó la cabeza contra las rocas cercanas, la violó y ocultó su cuerpo en una alcantarilla. Su caso se basó en pruebas de ADN que lo vinculaban con el crimen.

Un jurado declaró a Martínez-Hernández culpable de asesinato en primer grado y violación en primer grado, entre otros delitos, según Randolph Rice, un abogado que representa a los familiares de Morin.

“La familia Morin está increíblemente aliviada de que hoy se haya hecho justicia”, dijo Rice en un comunicado.

Martínez Hernández fue acusado de entrar ilegalmente a Estados Unidos tras presuntamente asesinar a otra mujer en su país de origen. Las autoridades también lo vincularon con un allanamiento a una vivienda en Los Ángeles en 2023.

Morin fue asesinado en agosto de 2023. El acto violento conmocionó a Bel Air, una comunidad suburbana al noreste de Baltimore. También se convirtió en un punto de conflicto político durante la campaña electoral presidencial de 2024, cuando Donald Trump exigió mayor seguridad fronteriza y deportaciones masivas de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos.

Trump publicó en las redes sociales sobre el veredicto el lunes por la noche, diciendo que la vida de Morin "fue arrebatada a manos de un monstruo que NUNCA debería haber estado aquí en primer lugar" y culpó a la administración Biden por no asegurar adecuadamente la frontera.

Martínez Hernández fue arrestado el verano pasado en Oklahoma. Vivía en Bel Air en la época de la muerte de Morin, según la fiscalía. Dijeron que Morin caminaba o corría por la misma ruta casi todos los días, generalmente al atardecer.

Los abogados defensores cuestionaron la afirmación de la fiscalía de que el crimen fue un ataque aleatorio y afirmaron que la policía simplemente atrapó al sujeto equivocado. También pidieron al jurado que prestara mucha atención a las preguntas sin respuesta durante el juicio, incluidas las preguntas sobre el motivo.

Los detectives recolectaron ADN de varias partes del cuerpo de Morin y, según la fiscalía, identificaron a Martínez Hernández como sospechoso. Tras entrevistar a algunos de sus familiares, los detectives compararon el ADN de la escena con el ADN recolectado de los calcetines que Martínez Hernández dejó al huir de Maryland.

Morin, de 37 años, dejó cinco hijos. Su hija de 14 años fue la primera testigo en declarar la semana pasada, conteniendo las lágrimas al describir las consecuencias inmediatas de la desaparición de su madre.

(Jerry Jackson/The Baltimore Banner vía AP)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el martes que le quiere dar dinero y un boleto de avión a cualquier inmigrante que esté en el país ilegalmente y haya optado por “autodeportarse”, además de realizar labores para que aquellos que son “buenos” regresen a Estados Unidos, lo que representa un marcado giro respecto a habitual retórica de línea dura en materia de inmigración.

Trump, quien hizo campaña con la promesa de llevar a cabo deportaciones a gran escala, declaró durante una entrevista grabada con Fox Noticias que se emitió el martes que su gobierno está enfocado actualmente en sacar a los “asesinos” del país. Pero para otros inmigrantes que están sin permiso legal en el país, aseguró, implementará “un programa de autodeportación”.

Trump ofreció pocos detalles sobre el plan, incluido cuándo se implementaría, pero señaló que Estados Unidos les proporcionaría pasaje aéreo y un estipendio a los inmigrantes.

“Les vamos a dar un estipendio. Les vamos a dar algo de dinero y un boleto de avión, y luego vamos a trabajar con ellos —si son buenos— si queremos que regresen, vamos a trabajar con ellos para que regresen lo más rápido posible”, afirmó Trump.

La entrevistadora de Fox Noticias, Rachel Campos-Duffy, quien está casada con el Secretario de Transporte Sean Duffy, le mostró a Trump un video en el que se ve a un mexicano que, según ella, llegó ilegalmente a Estados Unidos hace más de 20 años y tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses.

No está claro si el hombre actualmente tiene permiso legal para estar en el país, pero Campos-Duffy aseguró que el hombre declaró que, aunque no puede votar, habría apoyado a Trump. Le mostró al presidente un video en el que el hombre afirma que está de acuerdo en que si alguien comete un delito debería ser enviado de regreso a su país, incluyéndose a sí mismo.

“Veo a este hombre. Digo, este es un tipo al que queremos mantener”, respondió Trump. “Probablemente me criticarán por decirlo”.

Luego preguntó si se suponía que este sujeto debía ser deportado y respondió a su propia pregunta: “No, él no dijo eso. Bien”.

“No creo que esté en peligro de eso”, subrayó Trump.

El republicano también subrayó que quiere ayudar a los hoteles y granjas a conseguir los trabajadores que necesitan y recomendar personas para ocupar las vacantes necesarias.

Dijo que eso sería “muy tranquilizador” para los agricultores y añadió que, en última instancia, quiere que los trabajadores que están en Estados Unidos ilegalmente se vayan y regresen con un permiso legal, pero no detalló ningún paso para lograrlo.

“Estamos haciendo una autodeportación y vamos a hacer que sea cómodo para la gente”, destacó. “Y vamos a trabajar con esas personas para que regresen legalmente a nuestro país”.

Fox Noticias dijo que la entrevista se grabó el lunes.

El periodista de Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

MICHELLE L. PRICE

Price covers the White House. She previously covered the 2024 presidential campaign and politics, government and other news in New York, Nevada, Utah and Arizona. She is based in Washington.

(AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — Los principales asesores del presidente Donald Trump y de Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, declararon el lunes que carecen de fundamentos para que esa nación centroamericana envíe de regreso a Estados Unidos a un residente de Maryland que fue deportado por error a una prisión salvadoreña el mes pasado. Bukele calificó la idea de “absurda”, a pesar de que la Corte Suprema estadounidense exhortó al gobierno federal a que “facilite” el regreso de Kilmar Ábrego García.

Los funcionarios del gobierno de Trump enfatizaron que Ábrego García —quien fue enviado a una prisión salvadoreña en la que hay pandilleros encarcelados— es ciudadano de El Salvador y Washington no puede decidir su futuro. Además, Bukele, quien ha sido un socio crucial para la Casa Blanca en sus empeños de deportación masiva, indicó que “desde luego” no lo enviaría de regreso a suelo estadounidense.

“La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista hacia Estados Unidos?”, declaró Bukele a la prensa en el Despacho Oval. “No tengo la autoridad para devolverlo a Estados Unidos”.

Si El Salvador quisiera devolver a Ábrego García, Washington “lo facilitaría, es decir, pondría a disposición un avión”, apuntó la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Pero “ante todo, él estaba ilegalmente en nuestro país, y había estado ilegalmente en nuestro país”, subrayó. “Depende de El Salvador si quieren enviarlo de regreso. No depende de nosotros”.

En un documento judicial interpuesto por la noche, Joseph Mazzara, asesor legal general interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), afirmó que el DHS “no tiene autoridad para extraer por la fuerza” a Ábrego García de El Salvador porque se encuentra “bajo custodia nacional de un país soberano extranjero”.

Mazarra también argumentó que Ábrego García “ya no es elegible para la suspensión de la deportación” porque Estados Unidos designó a la pandilla MS-13 como organización terrorista extranjera. Los abogados de Ábrego García dicen que el gobierno no ha presentado pruebas de que estuviese afiliado a la MS-13 ni a ninguna otra pandilla.

La negativa de ambos países a permitir el regreso de Ábrego García -quien contaba con una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación por temor a que fuese perseguido por las pandillas— ha intensificado la disputa sobre el futuro del residente de Maryland. También se produce en un trasfondo de enconadas audiencias judiciales en las que el gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a decirle a una jueza qué planea hacer, si es que planea hacer algo, para repatriarlo.

La jueza que lleva el caso, Paula Xinis, sopesa actualmente la posibilidad de conceder una solicitud al equipo jurídico de Ábrego García para obligar al gobierno a explicar por qué no debería ser considerado en desacato.

La disputa en torno a Ábrego García también deja de manifiesto lo crucial que ha sido El Salvador en las operaciones de deportación masiva del gobierno estadounidense.

Cómo ayuda Bukele a las restricciones migratorias de Trump

Desde marzo, El Salvador ha aceptado a más de 200 inmigrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos —a quienes funcionarios del gobierno de Trump han acusado de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violentos—, y los ha colocado en una prisión de máxima seguridad para pandillas del país, ubicada a las afueras de la capital, San Salvador. La cárcel forma parte de las labores más amplias de Bukele para reprimir a las poderosas pandillas callejeras del país, medidas que han derivado en el encarcelamiento de 84.000 personas y han convertido al mandatario en una figura sumamente popular en su país.

“Sólo quiero saludar al pueblo de El Salvador y decirles que tienen un presidente increíble”, declaró Trump al recibir a Bukele, quien vestía una camisa negra sin cuello ni corbata y un saco azul oscuro.

Bukele llegó a un acuerdo bajo el cual Estados Unidos pagará unos 6 millones de dólares para que El Salvador encarcele a inmigrantes venezolanos durante un año.

Pero los demócratas han expresado su alarma por el trato a Ábrego García y a otros migrantes que podrían estar detenidos injustamente en El Salvador. El senador demócrata Chris Van Hollen intenta reunirse con Bukele mientras él está en Washington para hablar sobre el posible regreso de Ábrego García, mientras que la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, instó al gobierno a poner en libertad a Ábrego García y a otros inmigrantes “que carecen de antecedentes penales creíbles” y que fueron deportados a la prisión de máxima seguridad.

“Ignorar el estado de derecho, desatender fallos unánimes de la Corte Suprema y someter a individuos a detención y deportación sin el debido proceso nos hace un país menos seguro”, advirtió Shaheen.

Aunque otros jueces habían fallado en contra del gobierno de Trump, este mes la Corte Suprema despejó el camino para que Trump haga uso de la Ley de Enemigos Extranjeros —una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII— para deportar a inmigrantes. Los jueces insistieron en que los inmigrantes tengan una audiencia judicial antes de ser expulsados de Estados Unidos. Durante el fin de semana, 10 personas más que, según Washington, pertenecen a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua llegaron a El Salvador, informó el domingo el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump quiere expandir sus planes de deportación

Trump ha dicho abiertamente que también está a favor de que El Salvador reciba a estadounidenses que han cometido crímenes violentos, un punto de vista que repitió el lunes.

“Nosotros también tenemos malos, y estoy totalmente de acuerdo porque podemos hacer cosas con el presidente por menos dinero y tener una gran seguridad”, manifestó Trump durante la reunión. “Y tenemos una enorme población carcelaria”. No está claro cómo podría deportarse legalmente a ciudadanos estadounidenses hacia otro lugar del mundo.

Antes de que la prensa ingresara al Despacho Oval, Trump indicó en un video que Bukele publicó en redes sociales que quería enviar a “nacionales” para que sean encarcelados en El Salvador. Y le dijo: “tienes que construir cinco instalaciones más”, insinuando que el mandatario salvadoreño carece de suficiente capacidad carcelaria para todos los ciudadanos estadounidenses que Trump quisiera enviar a la nación centroamericana.

Intervención de la Corte Suprema y la respuesta del gobierno

La Corte Suprema le ha pedido al gobierno de Trump que “facilite” el regreso de Ábrego García.

Trump indicó el fin de semana que devolvería a Ábrego García a Estados Unidos si los jueces de la Corte Suprema así lo ordenaban, diciendo: “tengo un gran respeto por la Corte Suprema”. Pero la manera en que altos funcionarios del gobierno se expresaron el lunes fue muy distinta.

“Él es ciudadano de El Salvador”, declaró Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca. “Así que es muy arrogante, incluso para los medios estadounidenses, insinuar siquiera que le digamos a El Salvador cómo manejar a sus propios ciudadanos”.

Bondi indicó que dos jueces de tribunales de inmigración —que están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia— llegaron a la conclusión de que Ábrego García era miembro de la MS-13. La acusación se basa en las declaraciones de un informante confidencial en 2019 de que Ábrego García era miembro de una facción en Nueva York, lugar donde nunca ha vivido.

Percepción de Bukele en su país

Aunque la represión de Bukele contra las pandillas cuenta con apoyo popular, durante tres años el país ha vivido bajo un estado de excepción que suspende algunos derechos básicos. Construyó la enorme prisión —ubicada en la localidad de Tecoluca, a las afueras de San Salvador— para albergar a aquellos acusados de pertenecer a pandillas.

Parte de su oferta para recibir a los venezolanos fue que Estados Unidos también le envíe de regreso a algunos salvadoreños líderes de pandillas. En febrero, su embajadora en Washington, Milena Mayorga, dijo en un programa de radio que hacer que los líderes de pandillas enfrenten a la justicia en El Salvador era “una cuestión de honor”.

Bukele y Trump, gobernantes populistas que han construido exitosamente sus imágenes a través de los medios, provienen de diferentes generaciones pero muestran tendencias similares en cómo se relacionan con la prensa, la oposición política y los sistemas de justicia en sus respectivos países.

Bukele llegó al poder a mediados del primer mandato de Trump y tuvo una relación directa y sin complicaciones con el presidente estadounidense. Lo que más le preocupaba a Trump era la inmigración y, en el gobierno de Bukele, el número de salvadoreños que se dirigían a la frontera de Estados Unidos disminuyó.

La relación de Bukele con la Casa Blanca se tornó más complicada al comenzar el gobierno de Joe Biden, quien criticó abiertamente algunas de sus acciones antidemocráticas. Trump también ha mostrado cierta molestia hacia Bukele en el pasado, acusando a El Salvador de reducir su tasa de criminalidad a través del envío de personas hacia Estados Unidos.

Alemán informó desde San Salvador. Los periodistas de The Associated Press Michael Kunzelman y Chris Megerian en Washington, y Darlene Superville en West Palm Beach, Florida, contribuyeron a este despacho.

SEUNG MIN KIM  is a White House reporter.

(AP Foto/Alex Brandon)