WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes “irreversibles” a programas importantes para los demócratas.

En lugar de simplemente suspender a los empleados, como suele hacerse durante cualquier interrupción de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que había despidos “inminentes”. La Oficina de Gestión y Presupuesto anunció que suspendería aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos de infraestructura para los proyectos del metro de Nueva York y el Túnel Hudson, en la ciudad natal de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

Trump ha admirado el trabajo de su director de presupuesto.

“Él puede recortar el presupuesto a un nivel que no podrías hacer de otra manera”, dijo el presidente al inicio de la semana sobre el director de la OMB, Russ Vought, quien también fue uno de los principales ideólogos del libro de políticas conservadoras Proyecto 2025.

“Así que están corriendo un riesgo al tener un cierre”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El jueves es el segundo día del cierre, y ya el tono está elevado. La estrategia agresiva del gobierno es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temían si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la legislación para financiar al gobierno, no hacía su trabajo y cedía el control a la Casa Blanca.

En una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, Vought les informó sobre los despidos que comenzarían en el próximo día o dos. Es una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, que redujo el gobierno federal a principios de año.

“Estas son todas cosas que el gobierno de Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero”, dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. “La crueldad es el objetivo”.

Sin un final fácil a la vista, la disputa corre el riesgo de prolongarse más en octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarán a perder sus cheques de pago. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, ha estimado que aproximadamente 750.000 trabajadores federales permanecerían suspendidos en cualquier día durante el cierre, una pérdida de 400 millones de dólares diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores vieron “una reducción de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, reduciendo el PIB”, dijo la CBO.

“El gasto federal detenido en bienes y servicios llevó a una pérdida de ingresos del sector privado que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía”, dijo. En general, la CBO dijo que hubo una “disminución de la producción económica”, pero que se revirtió una vez que las personas regresaron al trabajo.

“Cuanto más tiempo dure esto, más dolor se infligirá”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, “porque es inevitable cuando el gobierno se cierra”.

No se espera que Trump y los líderes del Congreso vuelvan a reunirse pronto. El Congreso no tiene acciones programadas el jueves en observancia del día sagrado judío, y los senadores regresan el viernes. La Cámara reanudará la sesión la próxima semana.

Los demócratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiación de la atención médica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre aumentos de precios para millones de estadounidenses en todo el país. La Fundación Kaiser Family estima que las primas de seguros aumentarán en más del doble para las personas que compran pólizas en los mecanismos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los republicanos han abierto la puerta a negociar el tema de la atención médica, pero los líderes del GOP dicen que puede esperar, ya que los subsidios que ayudan a las personas a comprar seguros privados no expiran hasta fin de año.

“Estamos dispuestos a tener una conversación sobre garantizar que los estadounidenses continúen teniendo acceso a la atención médica”, dijo el vicepresidente, JD Vance, el miércoles en la Casa Blanca.

Con el Congreso en un punto muerto, el gobierno ha aprovechado nuevas palancas para determinar cómo dar forma al gobierno federal.

El gobierno de Trump puede acceder a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de lo que comúnmente se llama el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” que se firmó como ley este verano, según la CBO.

Eso aseguraría que la campaña de control migratorio y deportación masiva de Trump no se interrumpa. Pero los empleados que permanecen en el trabajo en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno reabra antes de recibir un cheque de pago.

Ya Vought, desde la oficina de presupuesto, ha desafiado la autoridad del Congreso este año al intentar recuperar y rescindir fondos que los legisladores ya habían aprobado, para Head Start, proyectos de infraestructura de energía limpia, ayuda en el extranjero y radio y televisión públicas.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha emitido una serie de avisos inusuales de instancias donde las acciones del gobierno han violado la ley. Pero la Corte Suprema, en un fallo a finales de la semana pasada, permitió que se mantuviera la llamada “rescisión” del gobierno de casi 5.000 millones de dólares.

Los periodistas de Associated Press Stephen Groves, Joey Cappelletti, Matt Brown, Kevin Freking y Mary Clare Jalonick contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP Foto/Alex Brandon)

POR  LISA MASCARO

NUEVA YORK (AP) — Agentes federales agarraron y empujaron a periodistas en un pasillo afuera de una corte de inmigración de la ciudad de Nueva York el martes, enviando a uno al hospital en el último enfrentamiento entre las autoridades que aplican la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y miembros del público que buscan observar y documentar sus acciones.

Un periodista visual identificado como L. Vural Elibol, de la agencia de noticias turca Anadolu, se golpeó la cabeza contra el suelo en el 26 Federal Plaza de Manhattan después de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos empujaran a un periodista fuera de un ascensor público y arrojaran a otro al suelo, según un video y testigos.

Un transeúnte sujetó la cabeza de Elibol y una enfermera lo atendió hasta que llegó una ambulancia, según testigos. Un video lo muestra con un collarín ortopédico mientras los paramédicos lo sacaban del edificio en camilla. Los otros periodistas, el jefe de la oficina de policía de Nueva York, Dean Moses, y Olga Fedorova, fotógrafa independiente, cuyos clientes incluyen a The Associated Press, resultaron ilesos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió las acciones de los agentes, diciendo que estaban siendo "acosados ​​por agitadores y miembros de la prensa, que obstruían las operaciones".

“Los agentes ordenaron repetidamente a la multitud de agitadores y periodistas que retrocedieran, se movieran y salieran del ascensor”, declaró McLaughlin. “Los alborotadores y los políticos santuario que animan a las personas a interferir en los arrestos están creando activamente entornos hostiles que ponen en peligro a los agentes, a los detenidos y al público”.

Se dejó un mensaje a la agencia de noticias Anadolu solicitando comentarios.

Moses dijo que la situación se intensificó cuando agentes enmascarados lo agarraron y lo empujaron desde un ascensor en el piso 12 mientras intentaba fotografiarlos mientras arrestaban a una mujer que acababa de salir de la corte de inmigración.

“Entré al ascensor detrás de ellos y empezaron a gritarme”, declaró Moses a amNewYork. “Luego me empujaron, me agarraron de los brazos y empezaron a sacarme del ascensor. Intenté sujetarme, pero me empujaron”.

Un video tomado por la fotógrafa Stephanie Keith mostró que durante la lucha, otro agente empujó a Fedorova, quien cayó hacia atrás hacia donde Elibol yacía en el suelo.

Fedorova dijo que los fotógrafos habían trabajado en el pasillo frente a la corte de inmigración durante meses sin incidentes. Los agentes que realizaron los arrestos el martes, añadió, no anunciaron ningún límite de acceso para los periodistas ni aclararon que estaban realizando un arresto al subir al ascensor.

“Si nos dicen que salgamos, que no crucemos cierta línea, obedecemos sus órdenes”, dijo Fedorova. “En este caso, a nadie le quedó claro que se tratara de una detención”.

El episodio ocurrió apenas unos días después de que un agente federal del tribunal de inmigración de Manhattan fuera captado en video empujando a una mujer ecuatoriana contra una pared y al suelo después de que su esposo fuera arrestado.

Ambos enfrentamientos tuvieron lugar en una parte del edificio federal que está abierta al público y que habitualmente está llena de inmigrantes que se dirigen a las audiencias judiciales o regresan de ellas, agentes que esperan para realizar arrestos, activistas que están allí para protestar por los arrestos y periodistas que documentan los enfrentamientos.

Los demócratas electos, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, denunciaron el uso de la fuerza por parte de los agentes y la agresiva aplicación de las leyes migratorias por parte de la administración republicana.

“Este abuso contra los inmigrantes respetuosos de la ley y los reporteros que cuentan sus historias debe terminar”, escribió Hochul en una publicación en redes sociales. “¿Qué demonios estamos haciendo aquí?”

El asambleísta estatal Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, declaró: «No podemos aceptar ni normalizar lo que ya se ha convertido en violencia rutinaria en el 26 de Federal Plaza. No tiene cabida en nuestra ciudad».

MICHAEL R. SISAK

Sisak es reportero de Associated Press y cubre temas policiales, judiciales y penitenciarios. Reside en Nueva York.

(Foto AP/Olga Fedorova)

LOS ÁNGELES (AP) — Iris Delgado inició hace dos años un club de corredores en su suburbio de Los Ángeles, de mayoría latina, para conectar a corredores y defender medidas de seguridad como cruces peatonales y carriles exclusivos para bicicletas.

Ahora, con las redadas de inmigración de la administración Trump sacudiendo Huntington Park, el lema del grupo de mantenernos a salvo unos a otros ha adquirido un significado aún mayor.

El Instagram del Huntington Park Run Club publica avisos sobre la presencia de agentes federales de inmigración. Un agente en bicicleta acompaña cada encuentro, pasando rápidamente junto a los corredores en su bicicleta eléctrica para asegurarse de que todos estén contabilizados y se sientan bien. Desde que se intensificaron las redadas este verano, Delgado también lleva folletos y tarjetas a cada carrera informando a la gente y a los comercios locales sobre sus derechos.

A menos de una milla al norte de su ruta se encuentra un Home Depot cuyo estacionamiento ha sido atacado varias veces por redadas de inmigración, lo que provocó que la escuela secundaria vecina cerrara sus puertas durante su ceremonia de graduación en junio. Unas cuadras al sur se encuentra la casa donde una mujer y sus dos hijos dormían cuando agentes federales usaron explosivos que volaron la puerta y destrozaron las ventanas. Buscaban a un hombre buscado por presuntamente embestir con su auto un vehículo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una protesta. El caso ha sido desestimado.

En medio de todo, el Huntington Park Run Club sigue adelante, tratando de proteger y recuperar las calles que los corredores llaman hogar.

Evelyn Romo, de 25 años, quien se unió al club después de regresar a casa de la universidad, dijo que el solo hecho de salir a correr ahora es un mensaje para la comunidad.

“Seguir ocupando espacios, incluso corriendo en estas calles, es una forma de protesta, es una forma de resistencia”, afirmó.

El club nunca ha cancelado una carrera. Es importante mantener un espacio donde la gente pueda relajarse y sentirse segura, dijo Delgado.

Delgado corre dos veces por semana con su grupo. Un miércoles reciente, lideró a unos 30 corredores en tramos de calentamiento, y luego salieron corriendo, a toda velocidad delante y detrás de ella, pisando el pavimento en rápida sucesión. Los miembros del grupo tienen desde jóvenes de 11 años hasta personas de entre 60 y 70 años.

Delgado dijo que los miembros de su club reflejan a la comunidad más grande y que no comparten el estatus migratorio de los participantes.

El enfoque de la administración Trump en arrestar a personas sospechosas de vivir ilegalmente en el país ha transformado la vida de decenas de miles de personas en el condado de Los Ángeles, el más poblado del país. Aproximadamente un tercio de los 10 millones de residentes del condado son nacidos en el extranjero, y un número incalculable de personas intenta ahora vivir sin ser vistas.

Huntington Park, junto con varias otras ciudades de la región, canceló su celebración del 4 de julio y las noches de cine de verano mientras las familias se quedaban en casa debido a preocupaciones de seguridad.

Ciudadanos estadounidenses y otros residentes legales han sido detenidos en redadas. La Corte Suprema recientemente levantó las restricciones temporales impuestas por un juez que determinó que patrullas itinerantes realizaban detenciones indiscriminadas en Los Ángeles y sus alrededores. La orden prohibía a los agentes de inmigración detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

Marco Padilla, de 18 años, se unió al club una semana después de que comenzara hace dos años.

Padilla, quien nació y creció en Huntington Park, dijo que todos en la comunidad han sentido los efectos de las redadas, independientemente de su estatus migratorio. Algunos padres de sus amigos se han preocupado por dejarlos frecuentar lugares públicos como el parque, y otros le han dicho que es demasiado peligroso pasar por zonas de alta actividad migratoria.

Recordó la mañana de su desayuno de último año de secundaria, cuando él y sus amigos oyeron gritos y chillidos mientras oficiales de inmigración armados pasaban corriendo justo al otro lado de las puertas de la escuela.

“Algunas personas han optado por permanecer ocultas… pero irónicamente para nuestro grupo, hemos decidido hacer lo contrario”, dijo.

El club ha organizado varias campañas de recaudación de fondos para un fondo comunitario, recaudando hasta la fecha unos 8000 dólares para apoyar a los jornaleros de las tiendas Home Depot, que durante mucho tiempo han sido centros informales de búsqueda de empleo para trabajadores que se encuentran en el país, tanto legal como ilegalmente. Ahora, estos locales se han convertido en un objetivo prioritario para los agentes de inmigración .

Como parte de la comunidad, los corredores tienen la responsabilidad de alertar a la gente sobre las incursiones y documentarlas con sus teléfonos, dijo Delgado. El club ha impartido capacitaciones sobre cómo hacerlo de forma segura e informa a los corredores a quién llamar si ven algo. Algunos miembros del club comentaron haber presenciado incursiones mientras corrían solos y se lo comunicaron rápidamente a Delgado o enviaron un mensaje a su grupo de chat.

“Nuestro principal valor comunitario es cuidarnos y protegernos mutuamente”, dijo Delgado. “Ese acuerdo es parte de nuestra cultura actual”.

Jaimie Ding cubre noticias de última hora sobre California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.

(Foto AP/Jae C. Hong)

NUEVA ORLEANS (AP) — El gobernador republicano de Luisiana solicitó el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans y otras ciudades, afirmando que su estado necesita ayuda para combatir el crimen y elogiando la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas a Washington y Memphis.

El gobernador Jeff Landry, aliado de Trump, pidió hasta 1.000 soldados para el año fiscal 2026 en una carta enviada al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump sugirió hace unas semanas que Nueva Orleans podría ser uno de sus próximos objetivos para desplegar la Guardia Nacional para combatir el crimen.

Trump también envió tropas a Los Ángeles en los últimos meses y su gobierno ha anunciado planes para acciones similares en otras ciudades importantes como Chicago y Portland, Oregon.

Landry dijo que su solicitud “se basa en el éxito comprobado” de los despliegues en Washington y Memphis. Aunque Trump ha ordenado desplegar tropas en Memphis con el respaldo del gobernador republicano de Tennessee, hasta la noche del lunes aún no había una operación a gran escala en la ciudad.

“Las asociaciones federales en nuestras ciudades más difíciles han funcionado, y ahora, con el apoyo del presidente Trump y el secretario Hegseth, estamos dando el siguiente paso al traer a la Guardia Nacional”, dijo Landry.

Líderes en estados controlados por demócratas han criticado los despliegues planificados. En Oregon, funcionarios electos han dicho que no se necesitan tropas en Portland.

En su solicitud, Landry dijo que ha habido “tasas elevadas de crimen violento” en Shreveport, Baton Rouge y Nueva Orleans, así como falta de personal en las fuerzas del orden locales. Dijo que la vulnerabilidad del estado a los desastres naturales hacía que el problema fuera más desafiante y que el apoyo adicional sería especialmente útil para eventos importantes, como Mardi Gras y los partidos de fútbol americano universitario.

Sin embargo, el crimen en algunas de las ciudades más grandes del estado ha disminuido recientemente. Nueva Orleans ha experimentado una caída particularmente pronunciada en 2025, lo que la ha puesto camino de tener el menor número de asesinatos en más de cinco décadas.

Datos preliminares de la policía de la ciudad muestran que ha habido 75 homicidios hasta ahora en 2025. Ese conteo incluye a las 14 personas asesinadas el Día de Año Nuevo durante un ataque con una camioneta en Bourbon Street. El año pasado hubo 124 homicidios. En 2023 hubo 193.

En Baton Rouge, la capital del estado, también se ha visto una disminución en los homicidios en comparación con el año pasado, según las cifras del departamento de policía. Sin embargo, los datos también muestran que los robos y agresiones van camino de superar las cifras del año pasado.

La reportera de Associated Press Sara Cline contribuyó a este despacho.

(AP Foto/Gerald Herbert, Archivo)

POR  ASSOCIATED PRESS