VENTURA, California, EE.UU. (AP) — Las redadas migratorias a gran escala en empacadoras y campos en California están amenazando a las empresas que suministran a Estados Unidos gran parte de los alimentos que consume, de acuerdo con las asociaciones agrícolas.
Docenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados recientemente después de que agentes federales uniformados se desplegaran en plantaciones al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates.
Otros no acuden a trabajar debido al miedo que se ha extendido entre las comunidades de inmigrantes, mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su campaña contra la migración con la promesa de aumentar drásticamente los arrestos. Envió agentes federales a efectuar detenciones en estacionamientos de Home Depot y en lugares de trabajo, incluyendo lavaderos de autos y una fábrica de ropa. Además, el mandatario desplegó tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras las protestas contra sus operaciones de control migratorio. Las manifestaciones se han repetido en otras ciudades del país.
Maureen McGuire, directora ejecutiva de la oficina agrícola del condado de Ventura, afirmó que entre el 25 y el 45% de los trabajadores han dejado de presentarse a trabajar en los campos desde el inicio de las redadas a gran escala este mes.
“Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos quedan sin cosechar, las empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro del mercado, desde las tiendas de comestibles locales hasta los minoristas nacionales, se ven afectadas”, dijo en un comunicado el jueves. “Esto afecta a todo estadounidense que coma”.
California, un importante centro agrícola de EEUU
Las explotaciones agrícolas californianas producen más de un tercio de las verduras del país y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos. Aunque el gobierno estatal está en manos de los demócratas, en los territorios dedicados al cultivo hay grandes áreas republicanas y muchos agricultores en toda la región confiaban en la ayuda de Trump en cuestiones clave que van desde el agua hasta el comercio.
Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, estimó que al menos 43 personas fueron detenidas en el campo en los condados de Ventura y Santa Bárbara desde el lunes. La cifra procede tanto del consulado mexicano como de las propias estimaciones del grupo tras hablar con familiares de los arrestados, explicó.
Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, apuntó que su asociación recibió reportes de detenciones de migrantes en explotaciones tan al norte como el Valle Central de California. Lucas Zucker, codirector ejecutivo de la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible, dijo que los trabajadores agrícolas les comunicaron que los agentes acudieron a al menos nueve granjas, pero fueron rechazados por los supervisores porque no tenían orden judicial.
“Esto es simplemente un ataque masivo a una comunidad inmigrante de clase trabajadora y es, en esencia, discriminación”, afirmó Zucker. “No persiguen a personas concretas que sean realmente el objetivo. Están buscando a ciegas”.
En respuesta a preguntas sobre este tipo de detenciones, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que la agencia seguirá las instrucciones del presidente y continuará tratando de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos.
Trump reconoce las preocupaciones de los agricultores
El presidente reconoció el jueves la preocupación de los agricultores porque la intensificación de la aplicación de la ley migratoria pueda dejarlos sin la mano de obra de la que dependen para cultivar los alimentos para el país. Dijo que se haría algo para abordar la situación, pero no proporcionó detalles específicos.
“Nuestros grandes agricultores y personas en el sector hostelero y de ocio han estado afirmando que nuestra muy agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con mucha experiencia, y que esos puestos son casi imposibles de reemplazar”, dijo en su cuenta de redes sociales. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!”.
La Oficina Agrícola de California dijo que no ha recibido informes de una interrupción generalizada en la fuerza laboral, pero apuntó que entre los miembros de la comunidad hay preocupación. Bryan Little, director de defensa de políticas de la entidad, afirmó que llevan tiempo presionando para una reforma migratoria que aborde la enquistada escasez de mano de obra.
“Entendemos que algunos trabajadores pueden sentirse inseguros en este momento y queremos ser muy claros: la agricultura de California depende y valora a su mano de obra”, dijo Little en un comunicado. “Si la actividad federale de control migratorio continúa en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y llevarlos a los estantes de las tiendas”.
Trabajador agrícola teme por sus hijos
Un trabajador, que pidió no ser identificado por miedo, contó que estaba recolectando fresas en una explotación en el condado de Ventura el martes temprano cuando más de una docena de autos llegaron a la propiedad de al lado. Según su relato, arrestaron al menos a tres personas y las metieron en camionetas, mientras las trabajadoras lloraban. Los supervisores del terreno en el que trabajaba él no permitieron la entrada de los agentes, añadió.
“Lo primero que me vino a la mente fue ¿quién se quedará con mis hijos?”, dijo el trabajador, que es natural de México y lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos, en español. “Es algo muy triste y desafortunado porque no somos criminales”.
Señaló que no fue a trabajar el miércoles por miedo y que sus jefes le dijeron que se quedara en casa al menos un día más hasta que se calme la situación. Pero eso significa que la fruta no se está recogiendo y él no está cobrando.
“Son días perdidos, días que no trabajamos. Pero, ¿qué más podemos hacer?”, se preguntó.
Taxin informó desde Santa Ana, California.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
DORANY PINEDA writes about water, climate and the environment in Latino communities across the U.S.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ordenó el domingo a los funcionarios federales de inmigración que prioricen las deportaciones de las ciudades controladas por los demócratas, una medida que ocurre después de que estallaran grandes protestas en Los Ángeles y otras ciudades importantes contra las políticas de inmigración del gobierno de Trump.
En una publicación en las redes sociales, Trump pidió a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos “que hagan todo lo que esté a su alcance para lograr el objetivo muy importante de implementar el programa de deportación masiva más grande de la historia”.
Agregó que para alcanzar la meta, los funcionarios “deben ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de inmigrantes ilegales”.
La declaración de Trump llega después de semanas de una mayor aplicación de la ley, y después de que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal arquitecto de las políticas de inmigración de Trump, dijera que los oficiales de ICE apuntarían a al menos 3.000 arrestos por día, frente a los 650 por día durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha ordenado a los funcionarios de inmigración que pausen los arrestos en granjas, restaurantes y hoteles , después de que Trump expresó su alarma sobre el impacto que la aplicación agresiva de la ley está teniendo en esas industrias, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto que habló solo bajo condición de anonimato.
Las protestas por las redadas de las fuerzas federales de inmigración han estallado en todo el país.
Los opositores a las políticas de inmigración de Trump salieron a las calles el sábado como parte de las manifestaciones “sin reyes” que se produjeron mientras Trump realizaba un desfile masivo en Washington por el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos.
Las protestas del sábado fueron en su mayoría pacíficas.
Pero la policía de Los Ángeles utilizó gases lacrimógenos y municiones antidisturbios para dispersar a los manifestantes una vez finalizado el evento.
Los oficiales en Portland, Oregón, también dispararon gases lacrimógenos y proyectiles para dispersar a una multitud que protestaba frente a un edificio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hasta bien entrada la noche.
Trump hizo un llamado a reforzar la aplicación de la ley en las ciudades controladas por los demócratas en las redes sociales mientras se dirigía a la cumbre económica del Grupo de los Siete en Alberta, Canadá.
El domingo por la noche, mientras salía de la Casa Blanca hacia el G7, sugirió a los periodistas que su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue la razón por la que las protestas en esa ciudad se desarrollaron pacíficamente.
“Si no tuviéramos a la Guardia Nacional lista y de guardia, destrozarían Los Ángeles”, dijo Trump.
El cambio también se produce en un momento en que Trump está lidiando con el impacto que su esfuerzo de deportación masiva está teniendo en industrias clave que dependen de trabajadores que se encuentran en el país ilegalmente.
Trump publicó el jueves en su sitio Truth Social que escuchó de las industrias hotelera, agrícola y de ocio que su "política muy agresiva sobre inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y de larga trayectoria" y prometió que se harían cambios.
Ese mismo día, Tatum King, un funcionario de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, escribió a los líderes regionales diciéndoles que detuvieran las investigaciones de la industria agrícola, incluidos los empacadores de carne, así como de los restaurantes y hoteles, según el funcionario estadounidense.
AAMER MADHANI cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.
MIAMI (AP) — El Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves que ha comenzado a notificar a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que su permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país.
Los avisos de terminación se están enviando por correo electrónico a las personas que ingresaron al país bajo el programa de libertad condicional humanitaria para los cuatro países, dijeron los funcionarios.
Desde octubre de 2022, cerca de 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieron ingresar a Estados Unidos bajo el programa creado por la administración Biden . Llegaron con patrocinadores financieros y recibieron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos.
El DHS afirmó que las cartas informaban a las personas que tanto su estatus legal temporal como su permiso de trabajo habían sido revocados con efecto inmediato. Instó a cualquier persona que residiera sin documentos en EE. UU. a salir del país mediante una aplicación móvil llamada CBP Home y señaló que recibirán asistencia de viaje y $1,000 al llegar a su país de origen.
El departamento no proporcionó detalles sobre cómo el gobierno de Estados Unidos encontrará o contactará a las personas una vez que se vayan o cómo recibirán el dinero.
Trump prometió durante su campaña presidencial poner fin a lo que llamó el “abuso generalizado” de la libertad condicional humanitaria, una herramienta legal de larga data que los presidentes han utilizado para permitir que personas de países donde hay guerra o inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en los EE. UU.
Trump prometió deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos y, como presidente, también ha estado poniendo fin a las vías legales creadas para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos y se queden y trabajen.
Su decisión de poner fin al programa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue impugnada en los tribunales, pero el mes pasado la Corte Suprema permitió a la administración Trump revocar esas protecciones legales temporales.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación por la decisión de la administración Trump de enviar los avisos a más de medio millón de personas.
“Es una decisión profundamente desestabilizadora”, dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes que ingresan a Estados Unidos. “Estas son personas que cumplieron las reglas... pasaron los controles de seguridad, pagaron su propio viaje, obtuvieron autorización de trabajo y comenzaron a reconstruir sus vidas”.
Zamora, una madre cubana de 34 años que llegó con el patrocinio de un ciudadano estadounidense en septiembre de 2023, dijo que teme ser deportada. Sin embargo, por ahora, no tiene planes de salir del país.
“Tengo miedo de que me detengan mientras mi hijo está en la escuela”, dijo Zamora, quien pidió ser identificada solo por su apellido por temor a ser deportada. “Tengo miedo de regresar a Cuba; la situación allí es muy difícil”.
Zamora dijo que ha buscado otras formas de permanecer legalmente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano, una ley que permite a los cubanos que han llegado legalmente a Estados Unidos y cumplen ciertos requisitos solicitar una tarjeta verde.
Aunque su proceso aún no ha sido aprobado, tiene la esperanza de que le permita permanecer legalmente en EE.UU. Mientras tanto, dijo que dejará de trabajar en una clínica si es necesario.
“Voy a esperar tranquilo sin meterme en líos”, afirmó el cubano.
Gisela Salomón es un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.
Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.
RALEIGH, Carolina del Norte (AP) — Los distritos legislativos y del Congreso de Carolina del Norte diseñados por los republicanos, que les ayudaron a conservar las mayorías en Raleigh y Washington, están en los tribunales, mientras demandas federales acusan a los cartógrafos de erosionar ilegalmente el poder del voto de los negros en el proceso.
Un juicio programado por un panel de tres jueces comenzará el lunes en Winston-Salem por acusaciones de que los líderes legislativos republicanos violaron la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos cuando promulgaron nuevos mapas electorales en el noveno estado más grande en octubre de 2023. Los líderes republicanos responden que consideraciones legalmente partidistas, y no raciales, ayudaron a informar su toma de decisiones.
Estas líneas se utilizaron en las elecciones de 2024, tras las cuales los republicanos mantuvieron la mayoría en la Asamblea General y revirtieron tres escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU. que ocupaban demócratas en ejercicio que no buscaron la reelección porque decidieron que la nueva estructura del distrito imposibilitaba la victoria. Estas reversiones de escaños, que transformaron una delegación de 7-7 en una con una ventaja republicana de 10-4, ayudaron al Partido Republicano a mantener un estrecho control de la Cámara, lo que ha impulsado la agenda del presidente Donald Trump.
Un fallo favorable a los demandantes podría obligar a los republicanos a redefinir los mapas para las elecciones de 2026, lo que dificultaría mantener su ventaja partidista. De lo contrario, los distritos podrían utilizarse hasta las elecciones de 2030.
¿Quién está demandando y qué alega?
El juicio involucra dos demandas presentadas a fines de 2023.
En una demanda , la NAACP de Carolina del Norte, Common Cause y varios residentes negros presentaron una demanda por la modificación de los mapas de la Cámara de Representantes y el Senado estatales y de los distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. La otra demanda, presentada por casi 20 votantes negros y latinos, se centró en los nuevos distritos congresionales , cuatro de los cuales, según argumentan, constituyen manipulaciones raciales ilegales.
Los fallos previos al juicio de esta primavera y los litigios enmendados desestimaron las impugnaciones al mapa de la Cámara estatal y limitaron los argumentos del Senado estatal a un puñado de distritos.
Aun así, ambas demandas alegan que las líneas electorales están tan sesgadas a favor de los candidatos republicanos que muchos votantes negros no pueden elegir a sus candidatos preferidos, lo que viola la Ley de Derecho al Voto. Alegan que los cartógrafos introdujeron o dispersaron los bloques de votantes negros, que históricamente han favorecido a los demócratas, en distritos circundantes con mayoría blanca, beneficiando así a los republicanos.
Señalan una región donde se ubican las ciudades de Greensboro, High Point y Winston-Salem. Dijeron que los republicanos dividen la concentrada población votante negra de la región en varios distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. La entonces representante Kathy Manning, demócrata de Greensboro, decidió no presentarse nuevamente debido a que su distrito se desplazó hacia la derecha.
Los demandantes también alegan que los cartógrafos republicanos discriminaron intencionalmente a los votantes negros y latinos.
Republicanos: La redistribución de distritos se consideró política, no raza
En un escrito previo al juicio, los abogados de los líderes republicanos dicen que los legisladores utilizaron reglas de elaboración de mapas que prohibían usar datos que identificaran la raza de los votantes, de acuerdo con los fallos sobre mapas de redistribución de distritos anteriores de Carolina del Norte en los que los jueces los reprendieron por enfatizar la raza.
En cambio, los republicanos pudieron usar legalmente datos partidistas, como los resultados de las elecciones estatales, para elaborar los nuevos mapas, afirmaron los abogados. Citan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2019 y una decisión de la Corte Suprema estatal de abril de 2023 que neutralizaron las denuncias legales de manipulación partidista ilegal de los distritos electorales.
Los demandantes replican que la “clasificación racial” dentro de los distritos cuestionados no puede explicarse únicamente por la política.
¿Quién está escuchando el caso y cuándo habrá un fallo?
Los tres jueces fueron nominados al tribunal por presidentes republicanos: la jueza del 4º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, Allison Rushing (Donald Trump), y los jueces de distrito Thomas Schroeder (George W. Bush) y Richard Myers (Trump).
El panel ha reservado varios días para un juicio que no finalizará hasta el 9 de julio. Entre los posibles testigos se incluyen demandantes individuales, legisladores estatales, expertos en redistribución de distritos e historiadores. No se espera una decisión inmediata; las partes legales tienen hasta principios de agosto para presentar alegatos adicionales.
El fallo del tribunal puede ser apelado. Dado que la presentación de candidaturas para las elecciones de 2026 comienza el 1 de diciembre, cualquier reorganización necesaria deberá completarse a finales del otoño para evitar interrupciones electorales.
Historia de la redistribución de distritos
Carolina del Norte tiene una larga historia de litigios de redistribución de distritos en tribunales federales.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictó fallos en casos emblemáticos de las décadas de 1980, 1990 y 2000 relacionados con el sesgo racial y el grado en que las consideraciones raciales podían utilizarse para formar distritos electorales que favorecieran la elección de candidatos negros. La decisión de la corte de 2019 sobre la manipulación partidista de los distritos electorales se originó en un caso de Carolina del Norte.
Los mapas actuales se dibujaron después de que la Corte Suprema del estado, con una mayoría de escaños republicanos, esencialmente anuló los fallos que la corte emitió en 2022 cuando tenía una mayoría demócrata.
Hay otras dos demandas pendientes que impugnan los límites del distrito de 2023.
Las contiendas estatales en Carolina del Norte están reñidas, y los demócratas han dominado la gobernación durante la mayor parte de los últimos 30 años. Sin embargo, los republicanos controlan la Asamblea General —y, por ende, la redistribución de distritos— desde 2011. Los mapas de redistribución de distritos no pueden ser bloqueados por el veto de un gobernador.
LOS ÁNGELES (AP) — La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se comprometió a continuar con la ofensiva migratoria del gobierno de Trump a pesar de las oleadas de disturbios en Estados Unidos.
Horas después de su comentario del jueves, un juez ordenó al presidente que devolviera a California el control de las tropas de la Guardia Nacional que desplegó tras el estallido de protestas por la represión migratoria. Sin embargo, un tribunal de apelaciones frenó rápidamente la medida y bloqueó temporalmente la orden, que debía entrar en vigor el viernes. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. programó una audiencia sobre el asunto para el martes.
La orden de restricción temporal del juez federal declaró que el despliegue de la Guardia Nacional era ilegal, violaba la Décima Enmienda y excedía la autoridad legal del presidente Donald Trump. La orden se aplicaba únicamente a las tropas de la Guardia Nacional y no a los marines, quienes también fueron desplegados en las protestas de Los Ángeles. El juez dijo que no se pronunciaría sobre los marines porque aún no estaban en las calles.
El gobernador Gavin Newsom, quien había solicitado al juez una suspensión de emergencia de las tropas que ayudaban a realizar redadas de inmigración, elogió la orden antes de que fuera bloqueada, diciendo que "hoy fue realmente una prueba de democracia, y hoy la pasamos", y dijo que redistribuiría a los soldados de la Guardia Nacional para que "volvieran a lo que hacían antes de que Donald Trump los requisara".
En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump agradeció al tribunal de apelaciones el viernes por la mañana.
“Si no hubiera enviado a los militares a Los Ángeles, esa ciudad estaría ardiendo ahora mismo”, dijo.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el presidente actuó dentro de sus atribuciones y que la orden del juez federal «pone en peligro a nuestros valientes funcionarios federales. El tribunal de distrito no tiene autoridad para usurpar la autoridad del presidente como Comandante en Jefe».
Los acontecimientos se produjeron mientras continuaban las protestas en ciudades de todo el país y el país se preparaba para grandes manifestaciones contra Trump durante el fin de semana.
“Esto sólo va a continuar”, dice el jefe del DHS sobre las redadas
Noem dijo que las redadas de inmigración que alimentaron las protestas seguirían adelante y que los agentes tienen miles de objetivos.
“Esto sólo va a continuar hasta que tengamos paz en las calles de Los Ángeles”, dijo durante una conferencia de prensa que fue interrumpida por los gritos del senador estadounidense Alex Padilla, un demócrata de California que fue retirado a la fuerza del evento .
Newsom ha advertido que la intervención militar forma parte de un esfuerzo más amplio de Trump para revocar las normas fundamentales de la democracia nacional. También afirmó que el envío de tropas de la Guardia Nacional a las redadas ha exacerbado aún más las tensiones en Los Ángeles.
Hasta ahora, las protestas se han centrado principalmente en el centro, cerca del Ayuntamiento y de un centro de detención federal donde se encuentran retenidos algunos inmigrantes. Gran parte de la extensa ciudad se ha librado de las protestas.
En la tercera noche de toque de queda a las 8 p. m., la policía de Los Ángeles arrestó a varios manifestantes que se negaron a abandonar una calle del centro. Horas antes, agentes del Departamento de Seguridad Nacional dispararon granadas aturdidoras para dispersar a una multitud que se había reunido cerca de la cárcel, lo que hizo que los manifestantes huyeran a toda prisa.
Esos incidentes fueron excepcionales. Al igual que las dos noches anteriores, las manifestaciones, que duraron horas, se mantuvieron pacíficas y animadas, atrayendo a cientos de asistentes que marcharon por el centro coreando, bailando y burlándose de la descripción que la administración Trump hace de la ciudad como una "zona de guerra".
En otros lugares de Estados Unidos, las manifestaciones han cobrado impulso, surgiendo en más de una docena de ciudades importantes. Algunas han provocado enfrentamientos con la policía y cientos de personas han sido arrestadas.
Noem dice que la acción en Los Ángeles es un modelo
Los agentes de inmigración que realizan las redadas en Los Ángeles están “elaborando un modelo y un plan” para otras comunidades, dijo Noem.
Prometió que las autoridades federales no se irán, a pesar de que, según ella, los agentes han sido apedreados y agredidos. Aseguró que las personas con antecedentes penales que se encuentran en el país sin autorización y los manifestantes violentos sufrirán consecuencias.
“Solo porque piensas que estás aquí como ciudadano, o porque eres miembro de cierto grupo, o no eres ciudadano, no significa que estarás protegido y no enfrentarás las consecuencias de las leyes que este país defiende”, dijo.
Noem criticó la interrupción de Padilla, calificándola de "inapropiada". Un comunicado de su agencia indicó que ambos se reunieron después de la conferencia de prensa durante unos 15 minutos, pero también lo reprendió por "teatro político irrespetuoso".
Padilla declaró más tarde que exigía respuestas sobre las "medidas migratorias cada vez más extremas" y que solo quería hacerle una pregunta a Noem. Aseguró que lo esposaron, pero no lo arrestaron.
“Si así es como esta administración responde a un senador con una pregunta, sólo puedo imaginar lo que están haciendo con los trabajadores agrícolas, con los cocineros, con los jornaleros de toda la comunidad de Los Ángeles”, dijo.
La participación militar se intensifica en Los Ángeles
La administración ha dicho que está dispuesta a enviar tropas a otras ciudades para ayudar con la aplicación de las leyes de inmigración y el control de disturbios, en línea con lo que Trump prometió durante la campaña del año pasado .
Unos 2.000 soldados de la Guardia estaban en la segunda ciudad más grande del país y pronto se les unirían otros 2.000, junto con unos 700 marines, dijo el mayor general Scott Sherman, quien está a cargo de la operación.
Unos 500 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en las protestas de Los Ángeles han recibido entrenamiento para acompañar a los agentes en operativos migratorios , declaró Sherman el miércoles. La Guardia Nacional tiene la autoridad para detener temporalmente a quienes ataquen a los agentes, pero cualquier arresto debe ser realizado por las fuerzas del orden.
Los estados enfrentan preguntas sobre el despliegue de tropas
Se esperan más manifestaciones durante el fin de semana y existe la posibilidad de que Trump envíe tropas a otros estados para controlar la inmigración, por lo que los gobernadores están sopesando qué hacer .
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha desplegado a 5,000 miembros de la Guardia Nacional en alerta en las ciudades donde se planean manifestaciones. En otros estados controlados por los republicanos, los gobernadores no han dicho cuándo ni cómo desplegarán tropas.
Un grupo de gobernadores demócratas firmó esta semana una declaración en la que califican los despliegues de Trump de “alarmante abuso de poder”.
Cientos de detenidos en protestas en Los Ángeles
Se han producido alrededor de 470 arrestos desde el sábado, la gran mayoría de los cuales fueron por no abandonar el área a petición de la policía, según el departamento de policía.
Se han presentado varios cargos más graves, como agresión contra agentes y posesión de un cóctel molotov y una pistola. Nueve agentes han resultado heridos, la mayoría con lesiones leves.
Rodríguez reportó desde San Francisco y Seewer desde Toledo, Ohio. Los periodistas de The Associated Press Julie Watson en San Diego, Jesse Bedayn en Denver, Jim Vertuno en Austin, Texas, y Hallie Golden en Seattle contribuyeron.
KRYSTA FAURIA cubre cine, televisión y música en The Associated Press. Reside en Los Ángeles.
JOHN SEEWER cubre noticias estatales y nacionales para The Associated Press y tiene su sede en Toledo, Ohio.
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