BALTIMORE (AP) — Kilmar Abrego García debía presentarse ante las autoridades de inmigración el viernes, unas 14 horas después de ser liberado de la detención por orden de un juez.

Abrego García se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria de la administración Trump a principios de este año, cuando fue deportado injustamente a una prisión de mala reputación en El Salvador. Su última detención fue en agosto, durante un registro similar.

Abrego García, quien tenía previsto presentarse en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Baltimore, se detuvo primero en una conferencia de prensa fuera del edificio, escoltado por un grupo de partidarios que coreaban "¡Todos somos Kilmar!".

“Me presento ante ustedes como un hombre libre y quiero que me recuerden así, con la frente en alto”, dijo Abrego García a través de un traductor. “Vengo hoy con mucha esperanza y agradezco a Dios que ha estado conmigo desde el principio con mi familia”.

Instó a la gente a seguir luchando.

“Me presento hoy aquí con la frente en alto y seguiré luchando y manteniéndome firme contra todas las injusticias que este gobierno me ha infligido”, dijo Abrego García. “Independientemente de esta administración, creo que este es un país de derecho y creo que esta injusticia llegará a su fin”.

Luego de que Abrego García habló, pasó por seguridad en la oficina de campo, escoltado por partidarios.

La agencia lo liberó poco antes de las 5 p.m. del jueves en respuesta a un fallo de la jueza federal de distrito Paula Xinis en Maryland, quien escribió que las autoridades federales lo detuvieron después de su regreso a Estados Unidos sin ninguna base legal.

Deportado por error y luego devuelto

Abrego García es ciudadano salvadoreño, casado con una estadounidense y un hijo, y lleva años viviendo en Maryland . Inmigró a Estados Unidos ilegalmente en su adolescencia para reunirse con su hermano, quien se había nacionalizado estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, donde enfrenta el peligro de una pandilla que ataca a su familia.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del ICE, no se le otorgó la residencia. A principios de este año, fue deportado por error y recluido en una prisión salvadoreña notoriamente brutal, a pesar de no tener antecedentes penales.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno republicano de Trump lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente de dichos cargos y solicitó a un juez federal que los desestimara.

Una demanda para bloquear la expulsión de Estados Unidos

El acuerdo de 2019 determinó que tenía un "temor fundado" de peligro en El Salvador si era deportado. Por lo tanto, el ICE ha buscado deportarlo a varios países africanos . Abrego García ha demandado, alegando que la administración Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigarlo por la vergüenza pública causada por su deportación.

En su orden de liberación de Abrego García, Xinis escribió que las autoridades federales no solo obstruyeron la decisión del tribunal, sino que lo engañaron. Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de deportación definitiva contra Abrego García, ya que no encontró que se hubiera presentado una orden definitiva.

ICE liberó a Abrego García del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, a unas 115 millas (185 kilómetros) al noreste de Pittsburgh, el jueves, justo antes de la fecha límite que Xinis dio al gobierno para proporcionar una actualización sobre la liberación de Abrego García.

Regresó a su casa en Maryland unas horas más tarde.

Registro de inmigración

Los registros son la forma en que ICE monitorea a algunas personas liberadas por el gobierno para solicitar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial congestionado . Las citas antes eran rutinarias, pero muchas personas han sido detenidas en sus registros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que está preparado para defender a su cliente contra nuevos intentos de deportación.

“El gobierno aún tiene muchas herramientas a su disposición, muchos ases bajo la manga”, dijo Sandoval-Moshenberg, añadiendo que espera plenamente que el gobierno vuelva a tomar medidas para deportar a su cliente. “Vamos a estar ahí para luchar y asegurar un juicio justo”.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la orden de Xinis y prometió apelar, calificando el fallo de “activismo judicial descarado” por parte de un juez designado durante la administración Obama.

"Esta orden carece de cualquier base legal válida y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales", dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del departamento.

Sandoval-Moshenberg dijo que el juez dejó en claro que el gobierno no puede detener a alguien indefinidamente sin autoridad legal y que su cliente "ha soportado más de lo que nadie debería tener que soportar jamás".

Abrego García también ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.

Cargos en Tennessee

Abrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno estadounidense lo trajo de regreso de El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que se encontraban ilegalmente en el país.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una conversación tranquila con Abrego García. Había nueve pasajeros en el coche, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera en abril que la administración Trump debe trabajar para traer de regreso a Abrego García.

(Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Por  MICHAEL KUNZELMAN

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela mientras aumentan las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El uso de fuerzas estadounidenses para tomar el control de un buque mercante es increíblemente inusual y marca el último intento de la administración Trump por aumentar la presión sobre Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha consolidado la mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra supuestos barcos de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. La campaña se enfrenta a un creciente escrutinio por parte del Congreso.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó que “fue incautado por una muy buena razón”.

Trump no ofreció más detalles. Cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo a bordo del petrolero, Trump respondió: «Bueno, supongo que nos lo quedamos».

La incautación fue liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyada por la Armada, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato y no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas. El funcionario añadió que se llevó a cabo bajo la autoridad de las fuerzas del orden estadounidenses.

Asalto al petrolero

Los miembros de la Guardia Costera fueron trasladados al petrolero en helicóptero desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, según el funcionario. El Ford se encuentra en el Mar Caribe tras llegar el mes pasado en una importante demostración de fuerza, uniéndose a una flota de otros buques de guerra.

Un video publicado en las redes sociales por la Fiscal General Pam Bondi muestra a personas deslizándose rápidamente desde uno de los helicópteros involucrados en la operación mientras éste se encuentra a pocos metros de la cubierta.

Más adelante en el vídeo se puede ver a los miembros de la Guardia Costera moviéndose por la superestructura del barco con sus armas desenfundadas.

Bondi escribió que “durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que la incautación “constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional”.

“En estas circunstancias, finalmente se han revelado las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela… Siempre se ha tratado de nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, nuestra energía, los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, afirma el comunicado.

La mitad del petróleo de los barcos está ligado a importador cubano

El funcionario estadounidense identificó al petrolero incautado como el Skipper.

El barco partió de Venezuela alrededor del 2 de diciembre con alrededor de 2 millones de barriles de crudo pesado, aproximadamente la mitad perteneciente a un importador de petróleo estatal cubano, según documentos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, comúnmente conocida como PDVSA, que fueron proporcionados bajo condición de anonimato porque la persona no tenía permiso para compartirlos.

El Skipper era conocido anteriormente como M/T Adisa, según datos de seguimiento de buques. El Adisa fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por acusaciones de pertenecer a una sofisticada red de petroleros clandestinos que contrabandeaban petróleo crudo en nombre de la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo militante Hezbolá del Líbano.

Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese momento, la red estaba dirigida por un comerciante de petróleo ucraniano con sede en Suiza.

Golpeando al negocio petrolero sancionado de Venezuela

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de 1 millón de barriles al día.

PDVSA es la columna vertebral de la economía del país. Su dependencia de intermediarios aumentó en 2020, cuando el primer gobierno de Trump amplió su campaña de máxima presión sobre Venezuela con sanciones que amenazan con excluir de la economía estadounidense a cualquier persona o empresa que haga negocios con el gobierno de Maduro. Rusia e Irán, aliados de larga data y también sancionados, han ayudado a Venezuela a eludir las restricciones.

Las transacciones suelen involucrar una compleja red de intermediarios en la sombra. Muchas son empresas fantasma, registradas en jurisdicciones conocidas por su secretismo. Los compradores despliegan los llamados buques tanque fantasma que ocultan su ubicación y entregan sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de que lleguen a su destino final.

Maduro no se refirió a la incautación durante un discurso ante una manifestación organizada por el partido gobernante en Caracas, la capital de Venezuela. Sin embargo, les dijo a sus simpatizantes que el país está "preparado para romperle los dientes al imperio norteamericano si es necesario".

Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es obligarlo a dejar el cargo.

El demócrata dice que la medida tiene que ver con un "cambio de régimen"

El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la confiscación del petrolero por parte de Estados Unidos puso en duda las razones declaradas por la administración para el aumento de tropas y los ataques a los barcos.

“Esto demuestra que toda su fachada —que se trata de prohibir las drogas— es una gran mentira”, dijo el senador. “Esta es solo una prueba más de que en realidad se trata de un cambio de régimen, por la fuerza”.

Vincent P. O'Hara, historiador naval y autor de "La mayor guerra naval jamás librada", calificó la incautación de "muy inusual" y "provocadora". Señalando que la acción probablemente disuadirá a otros barcos de acercarse a la costa venezolana, dijo: "Si no hay tráfico marítimo ni acceso a él, no hay economía".

La incautación se produce un día después de que el ejército estadounidense sobrevolara el Golfo de Venezuela con dos aviones de combate, en lo que parece ser el momento más cercano que han alcanzado los aviones de guerra al espacio aéreo del país sudamericano. Trump ha dicho que pronto habrá ataques terrestres , pero no ha ofrecido más detalles.

La administración Trump se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor por parte de los legisladores por la campaña de huelgas de barcos, que ha matado al menos a 87 personas en 22 huelgas conocidas desde principios de septiembre, incluido un ataque de seguimiento que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de un barco después del primer impacto.

Algunos expertos legales y demócratas dicen que esa acción puede haber violado las leyes que rigen el uso de fuerza militar letal.

Los legisladores exigen obtener videos sin editar de los ataques, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los líderes del Congreso en una reunión informativa clasificada el martes que todavía estaba considerando si publicarlos.

La Guardia Costera remitió una solicitud de comentarios sobre la incautación del petrolero a la Casa Blanca.

Goodman reportó desde Miami y García Cano desde Caracas, Venezuela. Las periodistas de Associated Press Lisa Mascaro y Alanna Durkin Richer en Washington, Rebecca Boone en Boise, Idaho, y Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyeron a este reportaje.

AAMER MADHANI cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.

JOSHUA GOODMAN es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en Latinoamérica. Anteriormente, dedicó dos décadas a informar desde Sudamérica.

Por  AAMER MADHANI , KONSTANTIN TOROPIN , JOSHUA GOODMAN y REGINA GARCIA CANO

(Associated Press)

SANTA FE, NM (AP) — La administración Trump está agregando otra zona militarizada a la frontera sur de Estados Unidos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza, esta vez en California.

El Departamento del Interior dijo el miércoles que transferiría la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera internacional de California con México a la Marina para reforzar "el papel histórico que han desempeñado las tierras públicas en la salvaguarda de la soberanía nacional".

La zona militarizada recientemente designada se extiende casi desde la frontera del estado de Arizona hasta el desierto de Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y las comunidades fronterizas, incluida Tecate.

Desde abril, amplias franjas de la frontera han sido designadas zonas militarizadas, lo que permite a las tropas estadounidenses detener a inmigrantes y otras personas acusadas de invadir bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, y autoriza la imposición de cargos penales adicionales que pueden conllevar penas de prisión. Se han desplegado más de 7.000 tropas en la frontera, junto con diversos helicópteros, drones y equipos de vigilancia.

La estrategia militar se puso en práctica en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros de la frontera en Nuevo México y luego se expandió a partes de la frontera en Texas y Arizona.

El Departamento del Interior describió la nueva zona de defensa nacional en California como una zona de alto tráfico de cruces ilegales de inmigrantes. Sin embargo, este año, los arrestos de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos han disminuido a su ritmo más lento desde la década de 1960, en medio de la iniciativa del presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

“Al trabajar con la Marina para cerrar brechas de seguridad de larga data, estamos fortaleciendo la defensa nacional, protegiendo nuestras tierras públicas del uso ilegal y avanzando en la agenda del Presidente”, dijo el Secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado de prensa.

Una declaración de emergencia por parte de Trump ha otorgado a las fuerzas armadas un papel central en la disuasión del cruce de migrantes entre los puertos de entrada estadounidenses. Expertos legales afirman que la estrategia viola la prohibición de la aplicación de la ley por parte de las fuerzas armadas en territorio estadounidense y las coloca en una misión potencialmente politizada.

La nueva zona militarizada fue anunciada el miércoles cuando un juez federal ordenó a la administración Trump que detenga el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devuelva el control de esas tropas al estado.

Trump llamó a más de 4.000 tropas de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom para impulsar los esfuerzos de control de inmigración de la administración Trump.

(Foto AP/JAe C. Hong, archivo)