LOS ÁNGELES (AP) — Hace apenas dos años, Gregory Bovino fue relevado del mando del sector El Centro, California, de la Patrulla Fronteriza y se le animó a retirarse.

Ahora dirige la aplicación de la ley migratoria en Los Ángeles , una función que comenzó el 6 de junio, cuando la administración Trump lanzó su primer ataque continuo a una ciudad estadounidense con una velocidad y fuerza que rompieron con las normas recientes, incluso las del primer mandato del presidente Donald Trump. Su recuperación profesional ilustra la radicalidad de la política migratoria.

Una mañana reciente de agosto fue típica. Varias camionetas sin identificación y con vidrios polarizados se dirigieron a toda velocidad a la acera frente a un Home Depot en la zona de Van Nuys de Los Ángeles. Un vendedor de tamales guatemalteco fue esposado mientras hombres con rifles M4 y equipo militar vigilaban y los jornaleros huían. Los manifestantes hicieron sonar sirenas y silbatos. Uno bloqueó brevemente el paso de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, pero los agentes se marcharon en poco más de cuatro minutos.

El mismo equipo, vestidos de civil, con máscaras y placas en la cintura, irrumpió en un lavadero de autos en el suburbio de Montebello alrededor de las 11:30 a. m. Hicieron cuatro arrestos, incluyendo a un trabajador guatemalteco que huyó por un callejón y a un empleado mexicano que fue derribado tras entrar corriendo a la oficina. El ataque terminó en siete minutos.

Bovino dice que está lejos de terminar. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que Bovino llamó al jefe de la policía estatal el sábado para informarle que agentes de inmigración llegarían a Chicago, sin dar más detalles. Esto coincide con los comentarios de Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que alertaron a Chicago sobre un aumento de las medidas de seguridad al estilo de Los Ángeles.

'Gira y quema' describe un ritmo vertiginoso y una fuerza enorme

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la agencia principal responsable de la aplicación de la ley migratoria en el interior del país desde su creación en 2003, históricamente ha realizado arrestos en las calles tras largas investigaciones de objetivos individuales, incluyendo una vigilancia que un funcionario comparó en una ocasión con observar cómo se seca la pintura . Los funcionarios rara vez cuentan con órdenes judiciales para entrar en una vivienda, lo que les obliga a esperar afuera.

No es un ritmo que conduzca a las deportaciones masivas que Trump ha prometido.

"Vamos a girar y avanzar hacia ese próximo objetivo y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no vamos a detenernos", dijo en una entrevista en una sala de conferencias en el séptimo piso del edificio federal en West Los Angeles, donde un ala de oficinas sin uso sirve como una base temporal escasamente amueblada.

"Tiempo en la X" es otro término predilecto de Bovino para subrayar el uso de una fuerza abrumadora y ultrarrápida. Quiere que los agentes abandonen la redada en cuestión de minutos para evitar posibles conflictos con los manifestantes, como el enfrentamiento que duró varias horas ocurrido el 7 de junio frente a un Home Depot en Paramount.

Bovino tiene partidarios y críticos, muchos de ellos.

Los agentes han destrozado ventanas de autos, han volado la puerta de una casa y han patrullado el legendario Parque MacArthur a caballo. Bovino suele aparecer con equipo táctico, como lo hizo en la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom sobre la redistribución de distritos electorales del Congreso el 14 de agosto.

Bovino ha sido objeto de dos órdenes judiciales relacionadas con la discriminación racial, que la administración ha apelado, una por las redadas que dirigió en el Valle de San Joaquín de California durante el último mes de la presidencia de Joe Biden y otra por lo sucedido en Los Ángeles.

Un documento judicial presentado por quienes demandaron a Bovino y al gobierno dice que “los agentes federales enmascarados que blanden armas no pueden ordenar a las personas que realizan sus actividades cotidianas que se detengan y demuestren su presencia legal únicamente por el color de su piel, su acento, el lugar donde se encuentran y el tipo de trabajo que realizan”.

Donde los críticos ven una discriminación racial severa, Bovino ve un uso legítimo de la fuerza.

Romper las ventanillas de un coche cuando un conductor se niega a abrirlas y puede ser arrestado es “una táctica más segura que dejar que alguien se marche y luego iniciar una persecución a alta velocidad”, afirma.

Destruir la puerta de una casa en Huntington Park para buscar a un hombre acusado de embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza días antes fue una "táctica muy prudente y meditada", dijo Bovino, quien participó en esa redada matutina. "No quiero rodear una casa durante horas y horas y luego provocar otro disturbio".

Desestimó las acusaciones de perfilación, diciendo que identifica objetivos basándose en información de inteligencia, y defendió el uso opcional de máscaras para los agentes que temen que ser identificados pueda poner en peligro su seguridad personal.

Bovino está teniendo un repunte en su carrera

El resurgimiento de la carrera de Bovino coincide con la expansión de la Patrulla Fronteriza hacia el interior del país, un regreso a sus orígenes. Bovino ha defendido durante mucho tiempo la aplicación de la ley en el interior por parte de la Patrulla Fronteriza, desde una redada que dirigió en 2010 en Las Vegas mientras era jefe de estación en Blythe, California.

Bovino culpó a una serie de transgresiones percibidas por ser relevado del mando en agosto de 2023, cuyos detalles no se habían informado anteriormente: una foto de perfil en línea de él posando con un rifle de asalto M4; publicaciones en las redes sociales que se consideraron inapropiadas; y testimonio jurado ante el Congreso que él y otros jefes de sector dieron sobre el estado de la frontera durante un aumento récord de migrantes.

No se retiró, la foto de perfil con el rifle de asalto está nuevamente en línea y a los 55 años, algunos especulan que puede ascender aún más.

"Él ve cuáles son los carriles derecho e izquierdo en esto, y va a salir y superar los límites", dijo Paul Beeson, quien, como jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, nombró dos veces a Bovino para dirigir estaciones en Blythe e Imperial Beach, California.

Por  ELLIOT SPAGAT

(Foto AP/Jae C. Hong)

WASHINGTON (AP) — Un panel de una corte federal de apelaciones dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su administración acusa de pertenecer a una pandilla venezolana, bloqueando una iniciativa emblemática del gobierno que está destinada a un enfrentamiento final en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un panel de tres jueces del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores del país, estuvo de acuerdo con los abogados de derechos de los inmigrantes y los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump apuntó en su invocación de marzo.

Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la ACLU, declaró el martes: «El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente revocado por el tribunal. Esta es una decisión crucial que restringe la postura de la administración de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin supervisión judicial».

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La administración deportó a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión notoria en El Salvador donde, argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En un acuerdo anunciado en julio , más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. La administración Trump argumentó sin éxito que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que Tren de Aragua estaba vinculado al gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, lo que justifica su aplicación.

En un fallo de 2 a 1, los jueces dijeron que concedieron la orden judicial preliminar solicitada por los demandantes porque “no encontraron invasión o incursión depredadora” en este caso.

La decisión prohíbe las deportaciones desde Texas, Luisiana y Misisipi. La mayoría de los jueces de circuito fueron Leslie Southwick, designada por George W. Bush, e Irma Carrillo Ramírez, designada por Joe Biden. Andrew Oldham, designado por Trump, discrepó.

La opinión mayoritaria dijo que las acusaciones de Trump sobre el Tren de Aragua no cumplen con los niveles históricos de conflicto nacional que el Congreso pretendía para la ley.

“Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a ingresar a este país ilegalmente no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar de alguna otra manera a los Estados Unidos”, escribieron los jueces.

En un largo discurso disidente, Oldham se quejó de que sus dos colegas estaban cuestionando la conducta de Trump en asuntos exteriores y seguridad nacional, ámbitos en los que los tribunales suelen darle al presidente una gran deferencia.

“El enfoque de la mayoría en este caso no sólo no tiene precedentes, sino que es contrario a más de 200 años de precedentes”, escribió Oldham.

El panel le otorgó a la administración Trump una victoria legal, al encontrar que los procedimientos que utiliza para asesorar a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sobre sus derechos legales son apropiados.

El fallo puede ser apelado ante el pleno del Quinto Circuito o directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que probablemente tomará la decisión final sobre el tema.

De hecho, tanto el fallo como el disenso parecieron reconocer que los jueces estaban opinando sobre cuestiones destinadas a ser resueltas sólo por el tribunal más alto de la nación, destacando repetidamente la naturaleza sin precedentes del caso y ahondando en conflictos del siglo XVIII y otros eventos históricos en las primeras décadas de la nación como justificación.

La Corte Suprema ya se ha involucrado dos veces en la complicada historia del uso de la AEA por parte de la administración Trump. En las primeras semanas tras la declaración de marzo, el tribunal dictaminó que la administración podía deportar a personas en virtud de la ley , pero determinó por unanimidad que las personas afectadas debían tener una oportunidad razonable de presentar su caso ante los jueces de las zonas donde se encontraban detenidas.

Luego, mientras la administración actuaba para deportar rápidamente a más venezolanos de Texas, el Tribunal Supremo intervino de nuevo con un fallo inusual, después de la medianoche, que impedía hacerlo hasta que el Quinto Circuito decidiera si la administración estaba notificando adecuadamente a los inmigrantes y si podía intervenir en las cuestiones legales más generales del caso. El Tribunal Supremo aún no ha abordado si una pandilla puede ser citada como enemigo extranjero bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA).

(Foto AP/Mark Schiefelbein)

Por  NICHOLAS RICCARDI

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces temporales de inmigración, según un memorando revisado por The Associated Press.

Los militares comenzarán a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia "tan pronto como sea posible", y los servicios militares deberían tener la primera ronda de personas identificadas la próxima semana, según el memorando del 27 de agosto.

Esta iniciativa surge a medida que la administración Trump recurre con mayor frecuencia al ejército para combatir la inmigración ilegal mediante el aumento de arrestos y deportaciones . Su creciente papel en esta iniciativa incluye tropas que patrullan la frontera entre Estados Unidos y México , el envío de miembros de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar las medidas de control migratorio, el alojamiento en bases militares de personas en espera de deportación y el uso de aeronaves militares para llevar a cabo las deportaciones.

El enfoque de la administración en la inmigración ilegal ha aumentado la presión sobre los tribunales de inmigración, que ya lidiaban con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Una organización de abogados de inmigración calificó la nueva directiva como una medida "destructiva" destinada a debilitar a los tribunales.

Numerosos jueces de inmigración han sido despedidos

Al mismo tiempo, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración Trump, según su sindicato. En la ronda más reciente de despidos, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos declaró en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos "sin causa" en tribunales de todo el país.

Eso ha dejado alrededor de 600 jueces de inmigración, según muestran las cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicaría sus filas.

El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, solicitó la asistencia del Departamento de Defensa, según el memorando enviado por el secretario ejecutivo del Pentágono a su homólogo del Departamento de Justicia. Las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración no durarán inicialmente más de 179 días, pero podrán renovarse, indicó.

Un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa , desde donde los funcionarios dirigieron las preguntas a la Casa Blanca .

Un funcionario de la Casa Blanca declaró el martes que la administración está considerando diversas opciones para ayudar a resolver el considerable retraso en los casos de inmigración, incluyendo la contratación de más jueces de inmigración . El funcionario, quien no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, afirmó que el asunto debería ser "una prioridad que todos, incluidos quienes esperan un fallo, puedan apoyar".

El director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración denunció la incorporación de jueces temporales que carecen de experiencia en leyes de inmigración, afirmando que "tiene tanto sentido como que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera".

“Esperar decisiones justas de jueces que desconocen la ley es absurdo. Esta acción imprudente socava el debido proceso y socava aún más la integridad de nuestro sistema judicial de inmigración”, declaró Ben Johnson, director ejecutivo de la organización.

El Pentágono dice que la medida podría requerir la movilización de oficiales de reserva.

El memorando enfatizó que los abogados adicionales dependen de la disponibilidad y que podría ser necesario movilizar oficiales de reserva. Además, el documento indicó que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar a las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad nacionales, conocida como la Ley Posse Comitatus .

La administración enfrentó un revés en sus esfuerzos por usar tropas en formas únicas para combatir la inmigración ilegal y el crimen, con un fallo judicial el martes que determinó que violó "intencionadamente" la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de junio.

No está claro de inmediato qué impacto tendría el cambio en el número de abogados militares en el sistema de justicia de las fuerzas armadas. Los abogados, llamados defensores judiciales, desempeñan diversas funciones similares a las de los abogados civiles, desde llevar a cabo procesos judiciales, actuar como abogados defensores u ofrecer asesoramiento legal.

Los funcionarios del Pentágono ofrecieron inmediatamente detalles sobre de dónde provendrán los 600 abogados y si provendrán del servicio activo o de la reserva.

La formación que se requiere para ser juez de inmigración

Hasta su abrupto despido en julio , la exjueza supervisora ​​Jennifer Peyton impartía la capacitación intensiva que reciben todos los jueces de Chicago antes de trabajar en algunos de los tribunales de inmigración más concurridos del país. Tras la capacitación de una semana, los nuevos jueces son asignados a un mentor experimentado y tienen un período de prueba de dos años.

Peyton dudaba que los abogados militares pudieran dominar las complejidades de la ley de inmigración sin ese riguroso proceso. También dijo que no estaba claro cómo manejarían los cientos, o a veces miles, de casos que solo un juez de inmigración de Chicago atiende cada año.

“Seis meses es apenas tiempo suficiente para empezar a entender el torrente de información y capacitación”, dijo.

A Peyton también le preocupaba que la medida de Trump no proporcionara más personal administrativo, incluyendo traductores, de quienes dependen los jueces para tomar decisiones. Lo que estaba en juego, dijo, era una cuestión de vida o muerte para quienes comparecerían ante los nuevos jueces.

“Nada de esto tiene sentido a menos que se intente debilitar intencionalmente los tribunales de inmigración”, dijo Peyton.

Los escritores de Associated Press Safiyah Riddle en Montgomery, Alabama, y ​​Will Weissert, Rebecca Santana y Eric Tucker en Washington contribuyeron a este informe.

(Foto AP/Alex Brandon)

Por  KONSTANTIN TOROPIN

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump el año pasado en el sur de Florida se representará a sí mismo durante una conferencia previa al juicio el martes, mientras se realizan los preparativos finales para el juicio.

Salvo retrasos, la selección del jurado está programada para comenzar el 8 de septiembre en el tribunal federal de Fort Pierce para el caso contra Ryan Routh. La jueza federal de distrito Aileen Cannon autorizó en julio la solicitud de Routh para representarse a sí mismo, pero indicó que los abogados de oficio deben permanecer como abogados de reserva.

El juicio comenzará casi un año después de que, según la fiscalía, un agente del Servicio Secreto de EE. UU. frustró el intento de Routh de dispararle a Trump mientras jugaba al golf. Routh, de 59 años, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial , agresión a un agente federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego.

Los fiscales afirman que Routh planeó metódicamente asesinar a Trump durante semanas antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras Trump jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto vio a Routh antes de que Trump apareciera. Las autoridades afirman que Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar.

Las fuerzas del orden recibieron ayuda de un testigo que, según la fiscalía, informó a los agentes que vio a una persona huir. Posteriormente, el testigo fue trasladado en helicóptero a una autopista cercana donde Routh fue arrestado, y los testigos confirmaron que era la persona que había visto, según la fiscalía.

Routh era un obrero de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawái. Autoproclamado líder mercenario, Routh denunciaba abiertamente a cualquiera que quisiera escucharlo sobre sus peligrosos, y a veces violentos, planes para involucrarse en conflictos en todo el mundo, según declararon testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania , Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse frente a los agentes con una ametralladora automática y un "arma de destrucción masiva", que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y materiales de construcción hasta kayaks y jacuzzis. En ambos casos de delitos graves, los jueces le impusieron a Routh libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

(Oficina del Sheriff del Condado de Martin vía AP, archivo)

Por  David Fischer