DELAND, Florida (AP) — Mientras Washington estaba conmocionado por la noticia de que uno de los principales asesores del presidente Donald Trump agregó a un periodista a un chat grupal en el que se discutían planes militares , muchos republicanos que iban a las urnas para reemplazar el antiguo escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de ese asesor de la Casa Blanca han restado importancia a la historia.

La votación anticipada está en marcha en Florida para reemplazar a Mike Waltz, quien ahora es el asesor de seguridad nacional de Trump.

"Creo que fue una metedura de pata, un error que alguien cometió", dijo Gary Caples, votante republicano de DeLand, Florida. "Nadie es perfecto".

El senador estatal Randy Fine, quien recibió el respaldo de Trump para suceder a Waltz, dijo a The Associated Press que estaba demasiado ocupado para leer la historia de The Atlantic sobre cómo un periodista recibió mensajes de texto con planes para ataques militares en Yemen .

“Ya es bastante difícil postularse para un cargo y estar en el Senado. Así que ese es mi enfoque ahora mismo”, dijo Fine.

La discreta reacción republicana, tanto en Florida como entre muchos legisladores a nivel nacional, refleja cómo incidentes que en su día pudieron haber provocado indignación bipartidista solo se descartan como contratiempos, mientras Trump se mantiene firme, con el respaldo de sus aliados y simpatizantes. De hecho, Trump se atrincheró en la Casa Blanca , atacando a The Atlantic y a su editor principal, Jeffrey Goldberg, quien se unió al chat grupal, e insistiendo en que ninguno de sus asesores debería disculparse.

Según The Atlantic, Waltz aparentemente agregó por error a Goldberg a una charla en la que participaban 18 altos funcionarios de la administración que estaban discutiendo la planificación de un ataque en Yemen.

"Michael Waltz ha aprendido la lección y es un buen hombre", dijo Trump el martes. También pareció culpar a un asesor anónimo de Waltz por la incorporación de Goldberg a la cadena. "Era alguien de Michael al teléfono. Un empleado tenía su número".

Pero durante una entrevista posterior el martes por la noche con Fox News Channel, Waltz dijo que él creó el chat grupal Signal y que ningún asistente tenía la culpa.

Cometimos un error. Seguimos adelante, dijo.

Waltz dijo que no había hablado con Goldberg y que intentaba agregar el número de otra persona, pero que, de alguna manera, el de Goldberg apareció con otro nombre. Waltz se negó a revelar el nombre de la persona que intentaba agregar al chat grupal.

La elección de Waltz por parte de Trump para un puesto clave en la Casa Blanca desencadenó una elección especial el 1 de abril para llenar su puesto, y la votación anticipada ya está en marcha.

Fine es claramente favorito frente al demócrata Josh Weil en un distrito con muchos más votantes republicanos registrados. Esto a pesar de que algunos republicanos a nivel nacional han expresado su preocupación por la recaudación de fondos de Fine y su campaña en general.

Los líderes locales del partido en esta zona predominantemente republicana de la costa atlántica de Florida, al norte de Orlando, afirman que quienes acudían a las urnas para emitir su voto anticipado no habían mencionado el escándalo de Signal. Rechazaron la idea de que Waltz hubiera hecho algo malo.

Mientras atendía una carpa para promocionar Fine, Zelma Cohen, vicepresidenta del Partido Republicano de West Volusia, dijo que ninguno de los primeros votantes había mencionado el informe y que en Washington "se emocionan por todo".

“Todos conocemos a Mike y confiamos mucho en él. Mike es una persona muy competente”, dijo Cohen.

Incluso las personas que criticaron el error y están ayudando a los demócratas en estas elecciones lo vieron como un “asunto secundario”.

“Los verdaderos problemas son qué están haciendo con nuestros beneficios, qué están haciendo con Medicare, qué están haciendo con el Seguro Social, qué están haciendo con la Administración de Veteranos”, dijo Sally García, quien estaba ayudando a difundir la noticia sobre Weil en el estacionamiento de un centro comercial en DeLand donde se encontraba la oficina del supervisor de elecciones.

En una declaración, el candidato demócrata conectó algunos de estos temas al criticar a la administración Trump y a Waltz por la falla en la seguridad que ocurre al mismo tiempo que los funcionarios están endureciendo las medidas de la Administración del Seguro Social, al requerir que los destinatarios visiten las oficinas locales para verificar su identidad en persona en lugar de por teléfono.

“Cerrar las líneas telefónicas que se utilizan para presentar casi el 40% de las reclamaciones no tiene sentido si nuestro asesor de seguridad nacional no puede cumplir con los protocolos que mantienen seguro a nuestro país”, dijo Weil.

En el condado de Palm Beach, hogar del presidente, algunas personas expresaron su decepción por la filtración y sintieron que Trump debería reconocer el error.

“Nuestra defensa nacional es uno de los elementos más importantes para mantener la seguridad de nuestra nación”, dijo Kate Polak, de Pompano Beach. “Creo que la gente debe tomar la iniciativa y no solo disculparse, sino también, potencialmente, hacerse a un lado, porque, después de todo, ese es literalmente su trabajo y ganan mucho dinero con él”.

Gómez Licon informó desde Fort Lauderdale, Florida. Los escritores de Associated Press Kate Payne en Tallahassee, Florida, y Stephany Matat, en Boca Raton, Florida, contribuyeron a este despacho

.

MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

ADRIANA GÓMEZ LICÓN escribe sobre política nacional para The Associated Press. Reside en Florida.

(Pool vía AP)

Una oleada de cancelaciones de subvenciones del gobierno estadounidense afectó a investigadores centrados en la salud de personas gays, lesbianas y transgénero la semana pasada, como parte de las medidas que la administración del presidente Donald Trump ha estado tomando contra lo que describe como ciencia impulsada por ideologías.

El gobierno de Estados Unidos finiquitó la semana pasada al menos 68 subvenciones a 46 instituciones, que totalizaban casi 40 millones de dólares cuando fueron otorgadas, según un sitio web gubernamental. Parte del dinero de las subvenciones ya se ha gastado, pero al menos 1,36 millones de dólares en apoyo futuro fueron retirados como resultado de los recortes, aunque sólo había estimaciones disponibles para menos de un tercio de las subvenciones.

La mayoría estaban de alguna manera relacionadas con minorías sexuales, incluyendo investigaciones centradas en la prevención del VIH. Otros estudios cancelados se centraban en el cáncer, el suicidio juvenil y la salud ósea.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), dijo que la dependencia está “dedicada a restaurar nuestras agencias a su tradición de mantener un estándar de oro, basado en evidencia científica”. Las subvenciones fueron otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud, una agencia que forma parte del HHS.

Un proyecto cancelado en la Universidad de Vanderbilt había estado siguiendo la salud general de más de 1.200 personas LGBTQ de 50 años o más. La mayor parte del dinero de la subvención que financiaba el proyecto ya se ha gastado, pero estaba programado para renovación en abril, dijo Tara McKay, quien lidera el Laboratorio de Políticas LGBTQ+ de la universidad.

Señaló que la subvención no será renovada debido a la rescisión, lo que pone en peligro cualquier resultado a largo plazo. Aun así, el proyecto de Vanderbilt ya había generado dos docenas de artículos publicados, incluyendo trabajos utilizados para capacitar a médicos para brindar mejor atención a personas LGBTQ, lo que eleva la probabilidad de que se realicen exámenes de detección de cáncer y otros cuidados preventivos.

“Eso nos ahorra mucho dinero en atención médica y salva vidas”, afirmó McKay.

Conocer mejor a las poblaciones minoritarias pueden aumentar el conocimiento que afecta a todos, señaló Simon Rosser, quien estudia el cáncer en hombres gays y bisexuales en la Universidad de Minnesota.

“Ahora ya no tenemos ningún lugar estudiando el cáncer LGBT en Estados Unidos”, dijo Rosser, cuyas subvenciones fueron canceladas el viernes.

“Cuando decides cancelar todas las subvenciones sobre minorías sexuales, realmente ralentizas el descubrimiento científico, para todos”, dijo Rosser. Los jóvenes investigadores perderán sus empleos, y el campo en su conjunto sufrirá, agregó.

“Es la pérdida de toda una generación de ciencia”, puntualizó Rosser.

Las cartas de rescisión vistas por The Associated Press daban como razones que la investigación era “no científica” o “no hacía nada para mejorar la salud de muchos estadounidenses”.

Ese lenguaje se sintió personal y doloroso, comentó McKay.

“Mi proyecto ha sido acusado de no tener beneficio para el pueblo estadounidense. Y, ya sabes, las personas queer y trans también son estadounidenses”, dijo McKay.

La periodista de The Associated Press Kasturi Pananjady contribuyó a este despacho.

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y de Ciencia del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

CARLA K. JOHNSON

Johnson covers research in cancer, addiction and more for The Associated Press. She is a member of AP’s Health and Science 

(AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

El pistolero que mató a 23 personas en un ataque racista contra compradores hispanos en un Walmart cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en 2019 evitaría la pena de muerte en virtud de una oferta de declaración de culpabilidad anunciada el martes, poniendo fin abruptamente a años de esfuerzos de los fiscales para lograr que se enfrentara a la ejecución por inyección letal.

El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, dijo durante una conferencia de prensa que su decisión en el procesamiento de Patrick Crusius, quien condujo por todo el estado para uno de los tiroteos masivos más letales en la historia de Estados Unidos y publicó un discurso racista justo antes de abrir fuego, fue impulsada por una mayoría de familiares de las víctimas que querían dejar el caso atrás.

“Se trata de permitir que las familias de las 23 víctimas que perdieron la vida en ese horrible día, y los 22 heridos, finalmente tengan una resolución en nuestro sistema judicial”, dijo Montoya en un comunicado.

“Ahora, nadie en esta comunidad volverá a oír el nombre del perpetrador”, añadió. “No más audiencias. No más apelaciones. Morirá en prisión”.

Pero Montoya también reconoció en la conferencia de prensa que no todas las familias estuvieron de acuerdo con la revocación de la decisión de su oficina, que bajo el liderazgo anterior se había comprometido a llevar el caso a juicio y buscar la pena de muerte.

Adria González, una sobreviviente que ayudó a los compradores en pánico a salir, dijo que siente que no buscar la pena de muerte es "una bofetada en la cara para todas las víctimas".

Según Montoya, según la oferta, Crusius se declararía culpable de homicidio capital y recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de declaración de culpabilidad y sentencia está programada para el 21 de abril, añadió Montoya, y las familias podrán presentar declaraciones sobre el impacto de la víctima.

Mark Stevens, abogado de Crusius, no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

Crusius, de 26 años, ya había sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal tras declararse culpable en 2023 de delitos de odio. Bajo la administración Biden, la fiscalía federal también descartó la pena de muerte.

Montoya afirmó apoyar la pena de muerte y creer que Crusius la merece. Sin embargo, afirmó haberse reunido con las familias de las víctimas y que, si bien algunas estaban dispuestas a esperar hasta que se dictara la sentencia, existía un deseo imperioso de concluir el proceso.

"Me alegro de que haya terminado", dijo Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, se encontraba entre los fallecidos. "Este es el resultado que deseaba".

Montoya, un demócrata que asumió el cargo en enero después de derrotar a un republicano designado por el gobernador Greg Abbott, es el cuarto fiscal de distrito que supervisa el caso.

Su predecesor, Bill Hicks, dijo tras el anuncio que si bien había estado dispuesto a llevar el caso a juicio y pedir la pena de muerte, no podía criticar el razonamiento de Montoya detrás de la oferta de declaración de culpabilidad.

"No es el razonamiento que yo habría seguido", dijo Hicks. "Sé que fue muy duro para él y respeto que haya sido una decisión muy difícil".

Crusius, que es blanco, tenía 21 años y había abandonado la universidad comunitaria cuando, según dice la policía, condujo más de 700 millas (1.100 kilómetros) desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.

Momentos después de publicar en línea su discurso racista, que advertía sobre una “invasión” hispana del estado, abrió fuego con un rifle estilo AK dentro y fuera de la tienda.

Crusius fue arrestado poco después del tiroteo y confesó ante los oficiales que lo detuvieron en una intersección, dijo la policía.

Antes del ataque, Crusius parecía estar absorto en el debate sobre inmigración, publicando en línea a favor de la construcción del muro fronterizo y otros mensajes elogiando las políticas fronterizas de línea dura del presidente Donald Trump, quien estaba en su primer mandato en ese momento. Justo antes del tiroteo, profundizó en sus declaraciones, afirmando que los hispanos tomarían el control del gobierno y la economía.

En el caso federal, los fiscales no explicaron formalmente su decisión de no solicitar la pena de muerte, pero sí reconocieron que Crusius sufría de trastorno esquizoafectivo , que puede caracterizarse por alucinaciones, delirios y cambios de humor.

Abbott, un republicano, dijo el martes después del anuncio que pensaba que Crusius merecía morir: "Cualquier tiroteo como ese es para lo que existe la pena capital".

Las edades de las personas asesinadas iban desde un atleta de preparatoria de 15 años hasta varios abuelos. Entre ellos había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, maestros, comerciantes, incluido un extrabajador del hierro, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera estadounidense para hacer compras rutinarias.

En 2023, Crusius acordó pagar más de 5 millones de dólares a sus víctimas. Los registros judiciales muestran que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la restitución, que posteriormente fue aprobado por un juez de distrito de EE. UU. No había indicios de que tuviera bienes significativos.

Dean Reckard, cuya madre, Margie Reckard, también murió en el tiroteo, dijo que Crusius merece la muerte, pero es hora de dejar el asunto atrás.

“Nuestros seres queridos siempre serán queridos y recordados como personas decentes que simplemente vivieron su vida y dieron lo mejor de sí”, dijo. “Tenemos que hacer lo mismo. Es lo que ellos hubieran deseado”.

Las periodistas de Associated Press Nadia Lathan en Austin, Texas, y Lisa Baumann en Bellingham, Washington, contribuyeron a este artículo.

Por  Jamie Stengle

(Foto AP/Andres Leighton)

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión con los tribunales federales.

La declaración fue efectuada mientras el presidente del tribunal, James Boasberg, evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran en pleno vuelo después de que él bloqueó las deportaciones de personas que presuntamente eran pandilleros sin que primero estuvieran sujetas al debido proceso.

Boasberg ha solicitado detalles sobre cuándo aterrizaron las aeronaves y quién iba a bordo, información que el gobierno de Trump dice perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.

Los abogados del gobierno también le pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que las deportaciones continuaran, una solicitud que pareció generar división entre los jueces.

La jueza Patricia Millett de la Corte de Circuito señaló que los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial recibieron un mejor tratamiento jurídico que los inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador este mes bajo la misma ley.

“Ciertamente refutamos la analogía con los nazis”, respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, durante una audiencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Millett es uno de tres jueces de apelaciones que decidirán si levantan una orden del 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No emitieron un fallo desde el estrado el lunes.

Un segundo juez pareció estar abierto al argumento del gobierno de que los migrantes deberían impugnar su detención en Texas en lugar de hacerlo en la capital del país. La tercera jueza del panel no hizo preguntas.

El gobierno ha transferido a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

En otro suceso el lunes, abogados que representan al gobierno venezolano interpusieron una acción jurídica en El Salvador para liberar a 238 venezolanos que están retenidos en una prisión de máxima seguridad salvadoreña después de que Washington los deportara.

El gobierno de Trump apeló después de que Boasberg bloqueó esas deportaciones y ordenó que los aviones con inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que extranjeros sean deportados sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. Trump emitió una proclama en la que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.

Ensign argumentó que la decisión de Boasberg fue una “intrusión sin precedentes y enorme sobre los poderes del poder ejecutivo”.

“El presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, señaló Millett, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama en 2013.

El juez Justin Walker, a quien Trump nominó en 2020, pareció ser más receptivo a los argumentos del gobierno basados en su serie de preguntas. Walker se refirió a los argumentos del gobierno de que los demandantes deberían haber presentado su demanda en Texas, donde los inmigrantes fueron detenidos.

“Podrían haber presentado en el tribunal de distrito de Texas la misma queja que presentaron aquí”, le dijo Walker al abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt.

“No tenemos idea si todos están en Texas”, respondió Gelernt.

Walker también presionó al abogado de los demandantes para que citara algún caso anterior en el que una orden judicial que bloqueaba “una operación de seguridad nacional con implicaciones extranjeras” sobreviviera a una revisión en una corte de apelaciones.

Gelernt acusó al gobierno de intentar valerse de la ley para “acortar” los procedimientos de inmigración. Los abogados de los demandantes no tuvieron forma de impugnar individualmente todas las deportaciones antes de que los aviones con venezolanos despegaran el 15 de marzo, agregó.

“Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Gelernt.

La jueza Karen LeCraft Henderson, quien fue nominada por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990, fue la tercera jueza del panel. No hizo preguntas durante una audiencia que duró aproximadamente dos horas.

Boasberg, nominado por Obama, determinó que los inmigrantes que enfrentan deportación deben tener la oportunidad de impugnar el haber sido designados supuestos miembros de pandillas. Indicó que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

“El público también tiene un interés significativo en que el gobierno se apegue a la ley”, escribió el juez.

Trump y sus aliados han pedido un juicio político a Boasberg. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Poco después de la medianoche del lunes, Trump publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la imparcialidad de Boasberg y pidiendo que fuera despojado de su licencia.

Durante una audiencia el viernes, Boasberg se comprometió a determinar si el gobierno desobedeció la orden oral que dio desde el estrado para que los aviones regresaran en pleno vuelo. El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones orales del juez no contaban, sino que sólo se necesitaba atender su orden escrita, y que no podía aplicarse a los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LINDSAY WHITEHURST Whitehurst covers the Supreme Court, legal affairs and criminal justice for The Associated Press in Washington, D.C. Past stops include Salt Lake City, New Mexico and Indiana.

POR  MICHAEL KUNZELMAN and LINDSAY WHITEHURST

(AP Foto/Salvador Melendez, archivo)