WASHINGTON (AP) — La senadora republicana Lisa Murkowski dijo el viernes que se opondrá a la nominación de Todd Blanche como fiscal general , lo que reduce las posibilidades de confirmación para el candidato del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia.

La senadora de Alaska, que se une a la senadora republicana Susan Collins de Maine para oponerse a Blanche, citó la gestión del Departamento de Justicia de los archivos relacionados con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, un amplio acuerdo de inmunidad fiscal para Trump y un fondo propuesto de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente republicano.

«El país necesita un Fiscal General que frene los peores impulsos de esta administración», declaró Murkowski en un comunicado. «Espero que el Sr. Blanche pueda lograrlo, si es confirmado, pero simplemente no tengo confianza en que así sea».

La oposición de Murkowski genera una nueva incertidumbre en la nominación de Blanche, que se ha enfrentado a obstáculos relacionados con el acuerdo alcanzado en la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en relación con la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Dado que el senador Mitch McConnell de Kentucky no asiste a las sesiones del Senado, Blanche solo puede permitirse perder dos votos republicanos si todos los demócratas se oponen a él. Y otro republicano clave, el senador Bill Cassidy de Luisiana , quien perdió las primarias después de que Trump respaldara a su rival, no ha dicho cómo votará.

Blanche, quien anteriormente fue abogado defensor penal de Trump , ingresó al departamento el año pasado como fiscal general adjunto y fue ascendido al cargo principal de forma interina tras la destitución de Pam Bondi en abril. Si bien aún podría dirigir el departamento como fiscal general interino o fiscal general adjunto, el fracaso de su nominación representaría un duro golpe político para la administración Trump.

Tanto demócratas como republicanos han expresado serias preocupaciones sobre el acuerdo, que contemplaba la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a las personas que se sienten maltratadas por el sistema de justicia penal y otorgaba a Trump y a los miembros de su familia inmunidad frente a las auditorías fiscales.

Murkowski dijo estar preocupada de que la administración Trump pueda seguir adelante con el propuesto "Fondo contra la Armamentización", a pesar de las promesas de la administración Trump de que está descartado, y señaló que el Senado solo tiene influencia sobre el fondo porque la nominación de Blanche está pendiente.

“Una vez que votemos, eso terminará, y no se sabe qué nos depara el futuro”, dijo.

El Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Blanche solo después de un acuerdo alcanzado el fin de semana pasado con otros dos senadores republicanos —John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte— que habían amenazado con bloquear su confirmación debido a ciertos aspectos del acuerdo.

En virtud del acuerdo, Blanche rescindió formalmente el "Fondo contra la Armamentización", escribiendo en una orden que "no existe tal Fondo".

El Departamento de Justicia también aclaró por escrito que el acuerdo de inmunidad ante auditorías fiscales se aplica únicamente a las reclamaciones vigentes al momento del acuerdo y no protege a Trump de la revisión de futuras declaraciones de impuestos. Asimismo, aclara que solo las partes que presentaron la demanda —Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump— están cubiertas por el acuerdo fiscal.

Pero los demócratas afirman que la orden de Blanche no impide que la administración Trump reactive el fondo tras su confirmación y han pedido una ley que lo prohíba de forma permanente. Trump ha defendido repetidamente el fondo y ha amenazado con seguir adelante con él si los republicanos no apoyan la nominación de Blanche.

Legisladores y expertos legales también han cuestionado la legalidad de las protecciones fiscales para Trump. Un juez federal que supervisó el caso del IRS describió la demanda de Trump como un abuso de poder, y el jueves el sindicato que representa a los trabajadores del IRS solicitó a otro juez que bloqueara el acuerdo de inmunidad.

Bill Barrow cubre la política estadounidense para Associated Press. Reside en Atlanta.

ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.

(Foto APMark Schiefelbein, archivo)

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump anunció el jueves que planea reformar el programa Head Start , eliminando muchas de las regulaciones que caracterizan a este programa de educación temprana para los niños más pobres del país.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el programa preescolar financiado por el gobierno federal, afirmaron que los cambios propuestos fomentarían una mayor autonomía en la toma de decisiones a nivel local. Expertos en políticas de la primera infancia sostienen que la desregulación podría socavar la posición de Head Start como referente en educación infantil.

La agencia Associated Press informó previamente sobre la propuesta de reforma , que se hizo pública el jueves al publicarse en línea. El público tendrá 60 días para expresar su opinión antes de que entre en vigor.

Los centros Head Start atienden a unos 700.000 de los niños más vulnerables del país, incluidos los que no tienen hogar, los que están en hogares de acogida o los que tienen alguna discapacidad. Eso no cambiaría con la reforma.

Pero Alex J. Adams, subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó que el departamento espera brindar a los centros Head Start la flexibilidad necesaria para modificar su funcionamiento. Esto implica eliminar la mayoría de las regulaciones de Head Start, como los estándares de baja proporción de personal por alumno o los requisitos para brindar servicios a las familias de los niños en edad preescolar.

“Los mandatos federales sin duda pueden obstaculizar la toma de decisiones a nivel local, aumentar los costos y limitar el alcance del programa”, dijo Adams en una conferencia telefónica con periodistas. Destacó la disminución en la inscripción a Head Start que se ha mantenido durante la última década. “Si aprobamos esta propuesta de reglamento, aumentaremos el número de plazas en Head Start”.

En una llamada para presentar los cambios propuestos, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, habló con reverencia sobre Head Start , programa que fue creado por su tío Sargent Shriver durante la administración de Lyndon B. Johnson.

“Es un programa que funciona para los niños más vulnerables y pobres de nuestra sociedad, y es realmente importante que lo protejamos”, dijo Kennedy.

Sin embargo, según los expertos en políticas públicas, estos cambios socavarían muchos de los aspectos que distinguen a Head Start de otros programas de educación infantil temprana.

“El modelo se creó con un propósito específico”, dijo Khari Garvin, quien supervisó el programa Head Start durante la presidencia de Joe Biden, demócrata. Según explicó, fue diseñado “como parte de una estrategia para sacar a las familias de la pobreza”.

¿Qué hace que Head Start sea diferente?

El programa Head Start, que comenzó en la década de 1960 como parte de la Guerra contra la Pobreza de Johnson, se rige actualmente por más de 100 páginas de reglamentos. Dichos reglamentos exigen que los centros tengan una baja proporción de personal por alumno y un currículo respaldado por investigaciones, entre otras cosas, y garantizan que los centros proporcionen servicios integrales que son fundamentales para los niños en situación de pobreza, incluidos exámenes médicos y dentales y orientación para padres.

La propuesta descartaría casi por completo ese reglamento. En cambio, los 1600 operadores de Head Start —entre los que se incluyen organizaciones sin fines de lucro y distritos escolares— se guiarían por los requisitos estatales y locales de licencias para el cuidado infantil en muchos aspectos del programa.

Una vez que se publiquen en línea las propuestas de reglamentación, el público tendrá 60 días para expresar su opinión. Las normas definitivas podrían ser objeto de revisión legal, lo que retrasaría aún más su implementación.

Aunque las normas propuestas flexibilizan en gran medida los requisitos, Adams recalcó que los centros tienen la opción de seguir funcionando como lo hacían antes. Estimó que las nuevas normas podrían generar más de 2.000 millones de dólares en ahorros y permitir que Head Start atienda a más niños.

La propuesta añade al menos dos nuevos requisitos, según informaron las autoridades. Incluye un límite del 5% para los gastos administrativos, frente al 15% que establecen las normas actuales, y nuevas disposiciones nutricionales impulsadas por Kennedy.

Las normas estatales son más indulgentes.

En general, los expertos destacan que los requisitos estatales para la obtención de licencias de guardería son mucho más laxos que las regulaciones actuales de Head Start. Las normas estatales se centran principalmente en garantizar la salud y la seguridad de los niños. Por lo general, no exigen que los centros ofrezcan servicios como exámenes médicos o dentales, no especifican cómo interactuar con los padres ni establecen qué se debe enseñar en las guarderías, si es que se debe enseñar algo.

Shantel Meek, directora del Proyecto de Equidad Infantil de la Universidad Estatal de Arizona, fue coautora de un análisis que comparó los requisitos de licencia estatales con los estándares de Head Start y encontró enormes deficiencias.

“Mientras que la obtención de licencias es, básicamente, lo mínimo indispensable para mantener a los niños seguros, Head Start no solo se centra en la seguridad infantil, sino también en garantizar que los niños se desarrollen, crezcan y aprendan adecuadamente”, dijo Meek. “Tiene un propósito totalmente diferente”.

Es fundamental destacar que los estados permiten que los adultos cuiden a muchos más niños de los que permiten los estándares de Head Start. En Mississippi, por ejemplo, un maestro de Head Start solo puede enseñar a un máximo de cuatro niños de 2 años. Las regulaciones estatales de cuidado infantil permitirían que un adulto supervisara hasta una docena de niños de 2 años.

El programa Head Start, presente en los 50 estados, ha contado durante mucho tiempo con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos. Sin embargo, se ha enfrentado a repetidas amenazas durante la administración Trump, cuyo secretario de presupuesto, Russell Vought, había pedido previamente su eliminación. Poco después de que Trump, republicano, asumiera nuevamente el cargo a principios de 2025, algunos programas Head Start tuvieron que cerrar temporalmente debido a problemas para acceder a sus fondos federales . Posteriormente, un borrador de presupuesto eliminó la financiación de Head Start, pero esta se restableció tras una fuerte reacción en contra.

En una llamada con periodistas, Kennedy afirmó creer que Head Start es eficaz. Citó estudios que demuestran que sus graduados tienen menos encuentros con las fuerzas del orden, obtienen mejores resultados académicos y consiguen mejores empleos que sus compañeros. Añadió que intentó proteger a Head Start de muchos de los recortes que afectaron al resto de su agencia.

Aun así, el año pasado la administración Trump logró despedir a gran parte del personal de apoyo de Head Start y cerrar la mitad de sus oficinas regionales.

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MORIAH BALINGIT es una reportera nacional de Associated Press especializada en el cuidado infantil, la educación preescolar y los primeros grados escolares.

(Foto AP/Rebeca Blackwell, archivo)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene previsto equipar a sus agentes con cámaras corporales en los próximos dos meses, pero la política de la agencia le otorga un amplio control sobre qué grabaciones se harán públicas, al especificar que cualquier divulgación debe ser en su "mejor interés".

Tras años de retrasos, el ICE anunció que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales para finales de septiembre. Esta implementación se produce después de que los recientes tiroteos mortales perpetrados por agentes que hacen cumplir la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump hayan intensificado la presión para que se rindan cuentas, algo que las cámaras podrían proporcionar.

Sin embargo, la política de la agencia sobre el uso de cámaras corporales podría significar que los contribuyentes, que están aportando decenas de millones de dólares para pagar las cámaras, permanezcan en la ignorancia sobre algunos enfrentamientos de alto perfil, al menos en sus consecuencias inmediatas.

La política establece que el ICE solo publicará videos de tiroteos y otros incidentes en los que sus agentes causen la muerte o lesiones graves, tras determinar que hacerlo redunda en beneficio de la agencia. Esto le otorga a su director la facultad discrecional de publicar grabaciones que favorezcan la imagen de la agencia, al tiempo que intenta mantener otras en secreto, según expertos en políticas sobre cámaras corporales.

Este tipo de divulgaciones selectivas son habituales en algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley, pero normalmente no se contemplan con tanta claridad en las políticas, según el profesor Christopher Schneider de la Universidad de Brandon en Canadá, coautor del nuevo libro "Cámaras corporales policiales: los medios de comunicación y el nuevo discurso de la reforma policial".

“En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que muchos piensan en silencio”, afirmó. “Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas de imagen modernas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible”.

La política sobre cámaras corporales permite retener parte del vídeo.

La normativa exige que los agentes activen las cámaras durante las actividades rutinarias de aplicación de la ley, incluso al realizar detenciones, ejecutar órdenes de registro y responder a emergencias.

Tras tiroteos u otros enfrentamientos graves, un comité integrado por altos funcionarios y abogados del ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben publicarse de inmediato, según la política sobre cámaras corporales emitida en febrero de 2025.

Si la respuesta es afirmativa, la grabación podría publicarse en un plazo de 72 horas. Sin embargo, si el director del ICE considera que existen "circunstancias específicas y convincentes" que justifican la retención del vídeo, tiene la facultad de bloquear o retrasar indefinidamente su publicación, según indica la normativa.

La política no da detalles sobre esas circunstancias, y el ICE no respondió a una pregunta de Associated Press sobre cómo tomaría tales decisiones.

Las prácticas varían mucho en Estados Unidos. En Chicago, un organismo de control policial suele publicar los vídeos de las cámaras corporales de los tiroteos y otros incidentes graves de uso de la fuerza en un plazo de 60 días. En Filadelfia, el departamento de policía rara vez ejerce su facultad discrecional para publicar vídeos de incidentes específicos y no tiene una política establecida sobre cuándo hacerlo.

Incluso cuando se publiquen las grabaciones, la política del ICE exigirá que se eliminen todos los datos que permitan identificar a los agentes, como sus rostros, nombres y números de placa, para preservar su privacidad.

Schneider, quien ha estudiado las cámaras corporales desde que su uso comenzó a generalizarse hace una década, dijo que no espera que el ICE publique imágenes de tiroteos mortales como los ocurridos el mes pasado en Houston y Maine.

Señaló que la agencia hermana de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP ), no ha publicado las imágenes del tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis en enero, a pesar de que fueron captadas por las cámaras de los agentes. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, declaró ante los legisladores en febrero que el video y otros materiales estaban bajo investigación y se harían públicos "cuando sea apropiado".

ICE afirma que todos los agentes contarán con cámaras para finales de septiembre.

Según muestran los registros de gastos federales, el ICE gastó 30,9 millones de dólares en julio para comprar equipos de cámaras corporales a Axon, la empresa con sede en Arizona que también fabrica pistolas Taser.

El gasto comenzó un día después del asesinato a tiros de un automovilista de 25 años en Maine a manos de un agente del ICE con antecedentes de comportamiento violento. Días antes, otro agente del ICE disparó y mató a un constructor de viviendas en Houston que se dirigía a su trabajo.

Ninguno de los tiroteos fue grabado con cámaras corporales. Esta noticia enfureció a los miembros del Congreso, quienes habían otorgado a ICE 20 millones de dólares para la compra de cámaras corporales en un proyecto de ley aprobado para poner fin al cierre parcial del gobierno el 30 de abril.

El ICE informó que se han enviado cámaras corporales a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá a finales de septiembre. Este plazo retrasa las estimaciones de declaraciones públicas anteriores. La senadora republicana de Maine, Susan Collins , quien apoyó la financiación para las cámaras, declaró el mes pasado que la agencia le informó que se desplegarían a finales de agosto. El ICE había indicado anteriormente que se entregarían a mediados de septiembre.

Según el representante estadounidense Henry Cuellar, demócrata de Texas y miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, los agentes del ICE que trabajan en el área de Houston, adonde la agencia envió más de 800 cámaras, se encuentran entre los que han comenzado a recibir capacitación.

Según informó la agencia, al menos un miembro de cada equipo de detención deberá llevar una cámara.

“Creo que el pueblo estadounidense necesita ver lo que ese agente ve y oye”, dijo el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, el 19 de julio en el programa “Face the Nation” de CBS News. “Y si se analizan los datos, las cámaras corporales en realidad exoneran a los agentes más de lo que, ya saben, proporcionan evidencia de mala conducta”.

Schneider afirmó que espera que el ICE publique grabaciones que promuevan el programa de deportación masiva de la agencia, presentando a los agentes como valientes y a los inmigrantes como delincuentes peligrosos.

“Gran parte del trabajo de las fuerzas del orden consiste en convencer al público de que las necesitamos, de que nos sentimos seguros y de que hacen muchas cosas buenas por nosotros”, afirmó. “Cuanto más cosas malas ve el público, más se enfada. Y esto perjudica la imagen de la policía”.

ICE ha tardado años en adoptar las cámaras corporales.

El ICE comenzó a probar cámaras corporales en 2021 durante la administración del presidente Joe Biden y distribuyó 1.400 dispositivos tres años después, afirmando que su uso se ampliaría a medida que se dispusiera de financiación.

Tras regresar al cargo en 2025, el presidente Donald Trump revocó una orden de Biden que obligaba a las agencias federales de aplicación de la ley a utilizar cámaras corporales.

El ICE no compró cámaras corporales ni siquiera después de recibir una histórica inyección de 75 mil millones de dólares en la ley emblemática de Trump en 2025 y comenzar a contratar a miles de nuevos agentes . Las dos compras realizadas a Axon en julio se efectuaron a través de un contrato gubernamental existente que comenzó en 2023, según consta en los registros.

“No es difícil de implementar, pero lo han hecho de forma muy lenta”, dijo Jason Houser, quien fue jefe de gabinete de ICE bajo la administración de Biden y ayudó a implementar el programa piloto de la agencia.

Houser afirmó que la administración Trump debería haber equipado a los agentes con cámaras corporales cuando amplió los arrestos masivos y los controles de tráfico. Hacerlo solo después de varios tiroteos y la presión del Congreso “es claramente una respuesta política” que no aumentará la seguridad ni de los agentes ni del público, añadió.

“Esto no soluciona el problema de colocar a los agentes en un lugar donde no están capacitados ni equipados para llevar a cabo el tipo de operaciones que la administración les exige”, dijo.

La reportera de AP, Valerie Gonzalez, contribuyó a este informe.

RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".

(Foto AP/Eric Thayer, archivo)

SALISBURY, Maryland (AP) — Son días angustiosos para el Centro Palabra de Vida, una iglesia que durante mucho tiempo ha sido un centro vibrante de la comunidad haitiana en la costa este de Maryland.

Se cancelaron una despedida de soltera y una barbacoa con venta de garaje. También se cancelaron las clases de inglés. Roosevelt Toussaint, pastor principal de la congregación no confesional de Salisbury, dijo que la asistencia al servicio del domingo se redujo a menos de la mitad. Normalmente, más de 500 personas habrían escuchado su sermón, titulado «Qué hacer en tiempos de crisis».

Según Toussaint, la razón de los asientos vacíos es que muchos miembros de la comunidad no están dispuestos a salir de sus casas por temor a ser arrestados y deportados desde que la administración Trump decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal para más de un millón de personas de diversos países. Entre los afectados se encuentran aproximadamente 350.000 haitianos que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años.

En Salisbury, la ciudad más grande de la costa este, alrededor del 10% de los 33.000 residentes son haitianos, muchos de ellos empleados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) como trabajadores agrícolas, cuidadores y en las plantas avícolas que constituyen la columna vertebral de la economía de la región.

Al igual que otros haitianos que pierden el Estatus de Protección Temporal (TPS), se enfrentan a una decisión angustiosa: intentar quedarse en Estados Unidos y encontrar trabajo informal, con el temor constante de ser capturados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). O regresar a un país tan asolado por la violencia de las pandillas y la pobreza que algunos sienten que la deportación equivale a una sentencia de muerte.

El pastor tiene un mensaje para el presidente.

Toussaint, pastor del Centro Palabra de Vida desde 1995, dijo que tenía un mensaje para el presidente Donald Trump.

“Esperamos que tengan compasión por nuestra gente. No han hecho nada malo”, dijo Toussaint. “Lo único que vinieron a este país fue a trabajar, a contribuir a nuestra economía… No hay seguridad en casa. Si de verdad nos envían allí, nos envían a morir”.

En el servicio del domingo, el primero desde que expiraron las protecciones del TPS, Toussaint exhortó a sus feligreses a perseverar.

“Esta tarde estoy orando para que Dios los haga invisibles al enemigo”, les dijo Toussaint en criollo haitiano. “Les han infundido mucho terror. Pero Dios ha venido a decirles: ¡No tengan miedo!”.

Algunos de los feligreses que son ciudadanos estadounidenses dijeron que asistieron al servicio en solidaridad con quienes pierden el Estatus de Protección Temporal (TPS). Entre ellos estaba Marjorie Estimé, quien llevaba una bandera haitiana alrededor del cuello.

“Quiero decirle al presidente de los Estados Unidos que detenga el programa ICE, para que la gente pueda trabajar, para que ICE deje de dispararles y perseguirlos, y podamos volver a la normalidad”, dijo Estimé sobre la represión del gobierno contra la inmigración .

Según activistas y abogados, el ICE ha seguido adelante con sus medidas, ya que la agencia está citando a ciudadanos haitianos para colocarles tobilleras electrónicas y les está diciendo que no viajen a más de 121 kilómetros (75 millas) de su domicilio.

“En lugar de desplegarse masivamente en las comunidades, están utilizando tácticas para llevar a esas personas a sus oficinas para detenerlas o colocarles un dispositivo electrónico en el tobillo, y decirles que si no se deportan voluntariamente, serán citados a presentarse nuevamente dentro de un mes”, dijo Guerline Jozef, presidenta de la Haitian Bridge Alliance.

Las sentencias judiciales avivaron la confusión.

La cancelación del TPS que afectaba a los haitianos fue impugnada en los tribunales de distrito. El 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos  falló a favor del gobierno, permitiendo la finalización del TPS y generando semanas de confusión en torno a los plazos de aplicación.

El miércoles, los haitianos que habían estado protegidos de la deportación perdieron oficialmente su protección. La jueza federal Ana Reyes se vio obligada a levantar la suspensión que impedía al gobierno cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para quienes lo habían obtenido.

“Es como un huracán de categoría 5; así de grave es la situación”, dijo Samson Orneus, miembro de la iglesia de Toussaint. Él ayuda al pastor a dirigir el Centro de Desarrollo Haitiano de Delmarva y administra WOLC Immigration Services, una empresa de asistencia a inmigrantes en Salisbury.

Durante la semana pasada, circularon en las redes sociales noticias sobre detenciones realizadas por las autoridades de inmigración en gasolineras y a las afueras de los supermercados.

“Teníamos una población que vivía legalmente, criaba a sus hijos, pagaba sus cuentas, y con la decisión (de poner fin al TPS), quedaron en una situación de incertidumbre”, dijo Marie D. Fouché, fundadora y directora ejecutiva de Safe Harbor Circles. Esta organización brinda apoyo a las comunidades inmigrantes en toda la costa este y recientemente registró más de una docena de arrestos de inmigrantes, incluyendo algunos con TPS.

“Dejaron a sus hijos en casa”, dijo. “Fueron al supermercado, a Walmart, para cocinar para ellos y alimentar a su familia. Pero los arrestaron en el estacionamiento y nunca volverán”.

Al ser consultado sobre las actividades de control migratorio del ICE en Salisbury, el Departamento de Seguridad Nacional respondió por correo electrónico que "no comenta sobre operaciones en curso ni futuras".

“El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal”, decía el correo electrónico. “Durante demasiado tiempo, se le ha permitido funcionar como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”.

En una barbería casi vacía de Salisbury, un haitiano con Estatus de Protección Temporal (TPS) entró para cortarse el pelo. Al igual que otros, pidió permanecer en el anonimato por temor a la deportación.

“No persiguen a quienes cometen delitos”, dijo el hombre de 39 años, quien trabaja como cuidador en una residencia de ancianos desde que se mudó a Salisbury en 2020. “Cuando salgo a la calle, tengo miedo”.

Las protecciones del TPS para los haitianos datan de 2010.

Estados Unidos otorgó inicialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los haitianos tras el devastador terremoto de 2010 y lo ha prorrogado varias veces desde entonces.

La administración Trump presionó para poner fin a ese estatus, argumentando que las condiciones en Haití habían mejorado. Sin embargo, casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas a causa de la violencia de las pandillas, y la mayoría de los haitianos necesitan ayuda humanitaria.

“Lo que está haciendo esta administración me duele muchísimo porque es inhumano”, dijo Leila Borrero Krouse, especialista en inmigración de CATA, una organización sin fines de lucro que apoya a los trabajadores agrícolas de la costa este.

“En todos estos años que llevo trabajando con inmigrantes, nunca he conocido a un criminal, un violador ni un maltratador”, dijo. “La mayoría viene a ocupar puestos de trabajo que otros no quieren. Y es desgarrador ver cómo sufren”.

La represión migratoria ha trastocado la vida de Patricia Grace Louis-Jacques, estudiante de enfermería en la Universidad de Salisbury, cuyos familiares y amigos se han visto afectados por el fin del TPS. La semana pasada, su mejor amiga le pidió que cuidara de su bebé si la detenían.

“Desde ese momento, supe que las cosas se habían puesto feas”, dijo Louis-Jacques en un café criollo caribeño casi vacío, bajo un cuadro de Toussaint L'Ouverture, líder de la Revolución Haitiana. “Sus vidas han cambiado drásticamente”.

No muy lejos de la iglesia, cerca de una planta avícola de Perdue Farms, una mujer hondureña habló desde la casa que rara vez ha salido desde que la administración Trump puso fin al TPS para casi 80.000 hondureños y nicaragüenses .

Dijo que trabajó en Perdue durante más de dos décadas, cortando pollos repetidamente con tijeras en una línea de producción de ritmo acelerado, antes de perder su trabajo el año pasado después de que expirara su TPS (Estatus de Protección Temporal).

Su hijo de 25 años, nacido en Estados Unidos, teme que la detengan. La llama con frecuencia para recordarle que mantenga las cortinas del salón cerradas y que no abra la puerta. A veces, cuenta, se esconde encerrándose en el baño, donde guarda una Biblia.

Antes solía ir a la iglesia y participar como voluntaria en eventos en defensa de los derechos de los inmigrantes. Hoy en día, solo saca a sus dos perros al patio y luego regresa a casa.

“Es terrible vivir con esta ansiedad”, dijo. “No es justo para quienes vinimos a este país no para hacer daño, sino para intentar tener una vida mejor”.

La periodista de Associated Press, Gisela Salomon, en Miami, contribuyó a este reportaje.

La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

LUIS ANDRÉS HENAO es reportero multimedia en el equipo de Religión Global de AP. Se especializa en reportajes de fondo y ha informado para AP desde Alaska, la Antártida y el Amazonas.

(Foto AP/Luis Andres Henao)