WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso sanciones el jueves contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa, y otras tres personas, la medida más reciente de Washington para presionar al liderazgo de la isla, algo que La Habana condenó de inmediato.

Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, el único hijo del expresidente Raúl Castro y Vilma Espín. Se desempeñó como asesor de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba, y estuvo presente cuando Raúl Castro saludó al entonces presidente estadounidense Barack Obama en La Habana durante un histórico encuentro en marzo de 2016. También fue incluido Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín.

Las nuevas sanciones se dan a conocer en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado amenazando a Cuba con emprender acciones militares desde enero —cuando derrocó al mandatario venezolano Nicolás Maduro—, y luego ordenó un bloqueo energético que sofocó los envíos de combustible a la isla. Eso ha provocado apagones graves, escasez de alimentos y un colapso económico en la isla.

Las amenazas cobraron nuevo peso después de que Washington anunció cargos penales contra Raúl Castro el mes pasado. Las sanciones del jueves, anunciadas después de que Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra la isla, congelan las propiedades y cuentas bancarias de estos individuos en Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce qué tan entrelazadas están sus finanzas con el sistema financiero estadounidense.

Es “bastante improbable” que el presidente de Cuba y otros tengan activos en Estados Unidos, dijo Richard Feinberg, exasesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense para América Latina y profesor emérito de economía política internacional en la Universidad de California, campus de San Diego.

Dijo que las sanciones “podrían considerarse preliminares a una intervención o un aumento de la presión sobre el régimen para que llegue a un acuerdo”, y añadió que la retórica de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “podría llevarte en cualquiera de las dos direcciones”.

Díaz-Canel acusó a Trump de hacer “nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba”, y dijo que estas acciones “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, escribió en la red social X. “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

Trump dice sobre Cuba: “Nos ocuparemos de eso”

Al preguntársele el jueves si sus sanciones pretenden acelerar el desplome de Cuba, Trump respondió: “Sólo queremos que sea un país bien administrado”.

“El país se está muriendo de hambre y no tiene energía, no tiene petróleo, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene una hermosa porción de tierra. Podrían tener hermosos complejos turísticos”, les dijo Trump a reporteros en un evento no relacionado en el Despacho Oval.

Al preguntársele si Cuba está cerca del colapso, señaló: “Está prácticamente colapsada”, y añadió que “nos ocuparemos de eso tan pronto como hayamos terminado” las operaciones militares en Irán.

“Me gusta hacer una cosa a la vez”, expresó Trump.

El mandatario ha intensificado el discurso sobre un cambio de gobierno en Cuba después de que prometió una “toma amistosa” del país si el gobierno de la isla no abría su economía a la inversión estadounidense y expulsaba a los adversarios de Washington.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que desde hace tiempo ha adoptado una línea dura contra el liderazgo socialista de Cuba, ha dicho que Trump prefiere llegar a un acuerdo con quienes encabezan la isla, aunque también ha expresado sus dudas de que la Casa Blanca pueda alcanzar una resolución diplomática con el gobierno actual.

Los “designados hoy dirigen o financian al régimen y sus esfuerzos por desplegar sus movimientos revolucionarios radicales en Estados Unidos y en todo el mundo”, manifestó Rubio en un comunicado.

Rubio defendió la decisión del gobierno de Trump de imponer sanciones cada vez más estrictas a La Habana, la mayor de las cuales va contra el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El máximo diplomático de Cuba condena las nuevas sanciones, diciendo que crean “un escenario de conflicto”

Además de Díaz-Canel, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que “la vil inclusión” de Díaz-Canel y otros en las sanciones, incluidas instituciones cubanas y organizaciones de la sociedad civil, “es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, escribió en X.

“Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso”, escribió. “Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo”.

Las nuevas sanciones, que congelan cualquier activo que los señalados puedan tener en jurisdicciones estadounidenses o cualquiera que ingrese a jurisdicciones estadounidenses, también se aplican a entidades no estadounidenses que puedan hacer negocios con ellos.

Además de los individuos, las sanciones también están dirigidas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba; su Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que promueve los intercambios entre países; Amistur Cuba, un brazo del organismo que supervisa el turismo especializado en la isla; y los Comités de Defensa de la Revolución.

Díaz-Canel, familiares de Castro y otros están en la lista

Díaz-Canel fue elegido personalmente en 2018 para suceder a Raúl Castro. Fue la primera persona en décadas en gobernar Cuba sin apellidarse Castro.

Bajo su mandato, la isla se hundió en la peor crisis económica y energética de la historia reciente, una situación agravada por el incremento en las sanciones impuestas por el gobierno de Trump.

Su esposa, Lis Cuesta Peraza, también apareció en la lista de sanciones. Ella no ostenta el título de primera dama, un título abolido durante la Revolución, pero en la práctica actúa como tal, recibiendo a otros cónyuges como la reina Letizia de España y acompañando a su esposo en viajes oficiales.

Su hijo Miguel Anido Cuesta, quien es hijastro de Díaz-Canel, también enfrenta sanciones.

Es “casi un honor estar en esa ‘lista’. No se cansan del ridículo y la estupidez política”, escribió Cuesta Peraza en X por la noche.

Las nuevas sanciones aumentan la presión sobre el gobierno cubano, pero para nada es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones contra jefes de Estado o de gobierno y sus familiares.

Washington sancionó al expresidente sudanés Omar Bashir y al expresidente zimbabuense Robert Mugabe a principios de la década de 2000 y, más recientemente, sancionó a Maduro y a su esposa.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico . La periodista de la AP Andrea Rodríguez en La Habana contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  FATIMA HUSSEIN, DÁNICA COTO and MATTHEW LEE

(AP Foto/Ramon Espinosa)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump tiene prisa por reconstruir el muro arancelario que la Corte Suprema derribó hace menos de cuatro meses.

Esta semana, la administración propuso imponer aranceles de dos dígitos a productos de decenas de importantes socios comerciales de Estados Unidos, tras una investigación sobre importaciones de bienes presuntamente fabricados con trabajo forzoso. Y es probable que se impongan más aranceles.

Según la propuesta presentada en Washington el martes por la noche, 16 economías —entre ellas Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido— se enfrentarían a aranceles del 10 % por supuestamente no hacer cumplir las prohibiciones del trabajo forzoso. Otros 44 socios comerciales —entre ellos China, Japón, India, Corea del Sur y Suiza— sufrirían impuestos a la importación del 12,5 %.

Los aranceles forman parte de la estrategia de Trump para compensar la pérdida de ingresos sufrida cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que él mismo había impuesto el año pasado. Es probable que esta última ofensiva inquiete a socios comerciales clave que se han visto afectados por oleadas de aranceles desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

«Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada», declaró el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. «Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad».

La oficina de Greer afirmó que no impedir dichas importaciones es "irrazonable y supone una carga o restricción para el comercio estadounidense".

Los aranceles de Trump los pagan los importadores estadounidenses, quienes generalmente intentan trasladar esos mayores costos a los clientes.

Consciente de la creciente inquietud de los estadounidenses ante los altos precios y a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, la administración anunció que limitaría el impacto eximiendo de los aranceles propuestos a una larga lista de productos, entre ellos piezas de aeronaves, alimentos (desde café hasta carne de res) y minerales de tierras raras, esenciales para la producción de teléfonos inteligentes y automóviles. También quedarían exentos los productos de Canadá y México amparados por un acuerdo comercial norteamericano.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a consulta y revisión pública. Las audiencias públicas sobre los aranceles propuestos comenzarán el 7 de julio.

El plan provocó un rechazo inmediato. Un portavoz del gobierno chino negó la acusación de trabajo forzoso y abogó por resolver los problemas económicos mediante el diálogo, afirmando que una guerra comercial no beneficia a nadie.

“En China no existe el trabajo forzoso, y nos oponemos a que se utilice como excusa para la manipulación política”, declaró en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

Estados Unidos ha afirmado repetidamente que las importaciones de productos que incluyen materiales procedentes de Xinjiang, en el extremo occidental de China , corren el riesgo de ser resultado del uso de mano de obra forzada. Pekín niega las acusaciones de trabajo forzado en esta región de mayoría musulmana.

Sin embargo, los críticos vieron los aranceles propuestos como un pretexto para restablecer los aranceles a decenas de países de todo el mundo que no habían superado la prueba legal.

«Acusar a la UE de no hacer lo suficiente contra el trabajo forzoso es absurdo», publicó Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, en redes sociales. «La UE ha adoptado las normas más estrictas del mundo contra los productos elaborados con trabajo forzoso. Esto se parece mucho a intentar que los hechos se ajusten a una justificación legal para unos aranceles que ya se han fijado».

Esta nueva maniobra demuestra la determinación del gobierno de Trump de mantener un muro de aranceles alrededor de la economía estadounidense, la más grande del mundo, a pesar de los repetidos reveses en los tribunales.

En febrero, la Corte Suprema dictaminó que Trump se había extralimitado en sus funciones al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo el año pasado. Los magistrados anularon los aranceles y abrieron el camino para que las empresas que los pagaron soliciten reembolsos.

Tras la derrota en los tribunales, Trump recurrió a otra ley para imponer aranceles temporales del 10% a nivel mundial. Sin embargo, estos aranceles provisionales expiran el 24 de julio. Además, un tribunal comercial especializado dictaminó el mes pasado que también eran ilegales , aunque el gobierno puede seguir cobrándolos mientras el caso se tramita en los tribunales.

Los aranceles de Trump han generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos para un gobierno federal que gasta persistentemente más de lo que recauda en impuestos. Él contaba con los aranceles de la IEEPA para compensar parte de los ingresos perdidos debido a sus drásticos recortes de impuestos de 2025.

Sin embargo, la recaudación de aranceles ha comenzado a disminuir desde las derrotas legales. Alcanzó un máximo de más de 31 mil millones de dólares en octubre pasado, pero se redujo a 22 mil millones de dólares tanto en marzo como en abril de este año, según el Departamento del Tesoro.

Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han comprometido a compensar la pérdida de ingresos. Para ello, han recurrido a una autoridad legal que ha superado impugnaciones judiciales en el pasado: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aranceles y otras sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato.

“Lo que resulta brillante de esta forma de abordar la Sección 301 es que, políticamente, es muy difícil argumentar que no se debe perseguir el trabajo forzoso y obligar a los países a hacer cumplir las leyes vigentes sobre trabajo forzoso”, dijo el abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno presentará próximamente una ley contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. «Canadá cuenta con un marco legislativo muy sólido contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro», declaró Carney a la prensa en Ottawa. «No queremos que haya ningún tipo de trabajo forzoso en la producción de bienes y servicios, y queremos usar nuestra influencia para erradicar esta práctica, incluido el trabajo infantil».

En su informe de casi 100 páginas sobre el trabajo forzoso, la USTR afirmó que, incluso si un país aplica una prohibición del trabajo forzoso a nivel nacional, la importación de productos elaborados con trabajo forzoso viola las normas del comercio justo.

Majerus espera que los nuevos aranceles estén listos para cuando expiren los temporales el próximo mes. "La USTR está bajo una enorme presión para asegurarse de que no haya ninguna interrupción (en los ingresos arancelarios), probablemente por parte de la Casa Blanca", dijo. "Confío, basándome en el cronograma que siguen, en que los tendrán listos para su implementación". Señaló que la investigación sobre trabajo forzoso está "aproximadamente al doble de la velocidad normal" de los casos típicos del artículo 301.

La administración también está tramitando un caso en virtud de la Sección 301 para determinar si 16 socios comerciales de Estados Unidos (que representan el 70% de las importaciones estadounidenses), entre ellos China, la UE y Japón, están produciendo en exceso bienes, lo que provoca una bajada de precios y pone a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

El lunes, la administración propuso aranceles del 25% en virtud del artículo 301 sobre Brasil , acusando a la décima economía más grande del mundo de prácticas comerciales "irrazonables", incluyendo una aplicación laxa de las leyes anticorrupción y aranceles injustos.

El informe del martes definió el trabajo forzoso como “el trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

Citó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU según la cual, en 2021, 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajos forzosos.

El arroz importado de Myanmar, el tabaco de Malawi, la carne de vacuno de Brasil y el algodón y el polisilicio de China figuraban entre los muchos productos que, según el informe, son propensos a implicar trabajo forzoso.

Elaine Kurtenbach informó desde Bangkok.

Rob Gillies, desde Toronto, contribuyó a este artículo.

ELAINE KURTENBACH con sede en Bangkok, es la editora de negocios de AP para Asia, donde contribuye a mejorar y ampliar nuestra cobertura de las economías regionales, el cambio climático y la transición hacia la energía libre de carbono. A lo largo de su carrera, ha cubierto las tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas de China, Japón y el sudeste asiático.

(Foto AP/Aurelien Morissard, Pool)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump tiene prisa por reconstruir el muro arancelario que la Corte Suprema derribó hace menos de cuatro meses.

Esta semana, la administración propuso imponer aranceles de dos dígitos a productos de decenas de importantes socios comerciales de Estados Unidos, tras una investigación sobre importaciones de bienes presuntamente fabricados con trabajo forzoso. Y es probable que se impongan más aranceles.

Según la propuesta presentada en Washington el martes por la noche, 16 economías —entre ellas Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y el Reino Unido— se enfrentarían a aranceles del 10 % por supuestamente no hacer cumplir las prohibiciones del trabajo forzoso. Otros 44 socios comerciales —entre ellos China, Japón, India, Corea del Sur y Suiza— sufrirían impuestos a la importación del 12,5 %.

Los aranceles forman parte de la estrategia de Trump para compensar la pérdida de ingresos sufrida cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que él mismo había impuesto el año pasado. Es probable que esta última ofensiva inquiete a socios comerciales clave que se han visto afectados por oleadas de aranceles desde que Trump regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado.

«Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada», declaró el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. «Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad».

La oficina de Greer afirmó que no impedir dichas importaciones es "irrazonable y supone una carga o restricción para el comercio estadounidense".

Los aranceles de Trump los pagan los importadores estadounidenses, quienes generalmente intentan trasladar esos mayores costos a los clientes.

Consciente de la creciente inquietud de los estadounidenses ante los altos precios y a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, la administración anunció que limitaría el impacto eximiendo de los aranceles propuestos a una larga lista de productos, entre ellos piezas de aeronaves, alimentos (desde café hasta carne de res) y minerales de tierras raras, esenciales para la producción de teléfonos inteligentes y automóviles. También quedarían exentos los productos de Canadá y México amparados por un acuerdo comercial norteamericano.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Están sujetos a consulta y revisión pública. Las audiencias públicas sobre los aranceles propuestos comenzarán el 7 de julio.

El plan provocó un rechazo inmediato. Un portavoz del gobierno chino negó la acusación de trabajo forzoso y abogó por resolver los problemas económicos mediante el diálogo, afirmando que una guerra comercial no beneficia a nadie.

“En China no existe el trabajo forzoso, y nos oponemos a que se utilice como excusa para la manipulación política”, declaró en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

Estados Unidos ha afirmado repetidamente que las importaciones de productos que incluyen materiales procedentes de Xinjiang, en el extremo occidental de China , corren el riesgo de ser resultado del uso de mano de obra forzada. Pekín niega las acusaciones de trabajo forzado en esta región de mayoría musulmana.

Sin embargo, los críticos vieron los aranceles propuestos como un pretexto para restablecer los aranceles a decenas de países de todo el mundo que no habían superado la prueba legal.

«Acusar a la UE de no hacer lo suficiente contra el trabajo forzoso es absurdo», publicó Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, en redes sociales. «La UE ha adoptado las normas más estrictas del mundo contra los productos elaborados con trabajo forzoso. Esto se parece mucho a intentar que los hechos se ajusten a una justificación legal para unos aranceles que ya se han fijado».

Esta nueva maniobra demuestra la determinación del gobierno de Trump de mantener un muro de aranceles alrededor de la economía estadounidense, la más grande del mundo, a pesar de los repetidos reveses en los tribunales.

En febrero, la Corte Suprema dictaminó que Trump se había extralimitado en sus funciones al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo el año pasado. Los magistrados anularon los aranceles y abrieron el camino para que las empresas que los pagaron soliciten reembolsos.

Tras la derrota en los tribunales, Trump recurrió a otra ley para imponer aranceles temporales del 10% a nivel mundial. Sin embargo, estos aranceles provisionales expiran el 24 de julio. Además, un tribunal comercial especializado dictaminó el mes pasado que también eran ilegales , aunque el gobierno puede seguir cobrándolos mientras el caso se tramita en los tribunales.

Los aranceles de Trump han generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos para un gobierno federal que gasta persistentemente más de lo que recauda en impuestos. Él contaba con los aranceles de la IEEPA para compensar parte de los ingresos perdidos debido a sus drásticos recortes de impuestos de 2025.

Sin embargo, la recaudación de aranceles ha comenzado a disminuir desde las derrotas legales. Alcanzó un máximo de más de 31 mil millones de dólares en octubre pasado, pero se redujo a 22 mil millones de dólares tanto en marzo como en abril de este año, según el Departamento del Tesoro.

Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se han comprometido a compensar la pérdida de ingresos. Para ello, han recurrido a una autoridad legal que ha superado impugnaciones judiciales en el pasado: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aranceles y otras sanciones contra países que incurran en prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato.

“Lo que resulta brillante de esta forma de abordar la Sección 301 es que, políticamente, es muy difícil argumentar que no se debe perseguir el trabajo forzoso y obligar a los países a hacer cumplir las leyes vigentes sobre trabajo forzoso”, dijo el abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno presentará próximamente una ley contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. «Canadá cuenta con un marco legislativo muy sólido contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro», declaró Carney a la prensa en Ottawa. «No queremos que haya ningún tipo de trabajo forzoso en la producción de bienes y servicios, y queremos usar nuestra influencia para erradicar esta práctica, incluido el trabajo infantil».

En su informe de casi 100 páginas sobre el trabajo forzoso, la USTR afirmó que, incluso si un país aplica una prohibición del trabajo forzoso a nivel nacional, la importación de productos elaborados con trabajo forzoso viola las normas del comercio justo.

Majerus espera que los nuevos aranceles estén listos para cuando expiren los temporales el próximo mes. "La USTR está bajo una enorme presión para asegurarse de que no haya ninguna interrupción (en los ingresos arancelarios), probablemente por parte de la Casa Blanca", dijo. "Confío, basándome en el cronograma que siguen, en que los tendrán listos para su implementación". Señaló que la investigación sobre trabajo forzoso está "aproximadamente al doble de la velocidad normal" de los casos típicos del artículo 301.

La administración también está tramitando un caso en virtud de la Sección 301 para determinar si 16 socios comerciales de Estados Unidos (que representan el 70% de las importaciones estadounidenses), entre ellos China, la UE y Japón, están produciendo en exceso bienes, lo que provoca una bajada de precios y pone a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

El lunes, la administración propuso aranceles del 25% en virtud del artículo 301 sobre Brasil , acusando a la décima economía más grande del mundo de prácticas comerciales "irrazonables", incluyendo una aplicación laxa de las leyes anticorrupción y aranceles injustos.

El informe del martes definió el trabajo forzoso como “el trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

Citó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU según la cual, en 2021, 27,6 millones de personas estaban sometidas a trabajos forzosos.

El arroz importado de Myanmar, el tabaco de Malawi, la carne de vacuno de Brasil y el algodón y el polisilicio de China figuraban entre los muchos productos que, según el informe, son propensos a implicar trabajo forzoso.

Elaine Kurtenbach informó desde Bangkok.

Rob Gillies, desde Toronto, contribuyó a este artículo.

ELAINE KURTENBACH con sede en Bangkok, es la editora de negocios de AP para Asia, donde contribuye a mejorar y ampliar nuestra cobertura de las economías regionales, el cambio climático y la transición hacia la energía libre de carbono. A lo largo de su carrera, ha cubierto las tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas de China, Japón y el sudeste asiático.

(Foto AP/Aurelien Morissard, Pool)