WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentará el martes a una nueva ronda de preguntas por parte de los legisladores sobre la guerra contra Irán, incluidos algunos republicanos que han expresado su preocupación por la duración del conflicto y su falta de aprobación por parte del Congreso.
Los influyentes subcomités de la Cámara de Representantes y del Senado que supervisan el gasto en defensa están celebrando audiencias consecutivas para revisar la propuesta de presupuesto militar de la administración Trump para 2027 , que contempla una asignación histórica de 1,5 billones de dólares. Sin embargo, se prevé que los debates se centren en la gestión de una guerra que parece estancada, ya que el aumento del precio del combustible plantea problemas políticos para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
El presidente Donald Trump enfrenta una creciente presión debido a las repercusiones económicas del cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un corredor marítimo vital por donde normalmente transita el 20% del petróleo mundial. A su vez, el ejército estadounidense ha bloqueado puertos iraníes y ambos bandos han intercambiado disparos , con fuerzas estadounidenses frustrando ataques contra sus buques de guerra e inutilizando petroleros vinculados a Teherán.
Trump afirmó el lunes que el alto el fuego está en "situación crítica" y criticó a Irán por su última propuesta, haciendo referencia a sus exigencias de que Irán limite significativamente su programa nuclear.
“Después de leer esa basura que nos enviaron, diría que es el peor momento hasta ahora”, dijo Trump.
El presidente republicano también afirmó que quería suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar a los estadounidenses a afrontar el aumento vertiginoso de los precios del combustible . Anteriormente, había declarado que los mayores costos valían la pena para evitar que Irán obtuviera un arma nuclear.
Las audiencias del martes brindarán a un grupo de legisladores, en su mayoría nuevos, la oportunidad de interrogar o elogiar a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, sobre la planificación y ejecución de la guerra.
Eso incluye a la senadora Susan Collins de Maine , una republicana cuya reelección este año está lejos de estar garantizada. A finales del mes pasado votó con los demócratas en una iniciativa para detener el conflicto, afirmando que quiere ver una estrategia definida para poner fin a la guerra.
La senadora de Alaska, Lisa Murkowski , otra republicana en el subcomité de defensa del Comité de Asignaciones del Senado, ha votado en contra de la serie de resoluciones fallidas sobre poderes de guerra, pero ha hablado de la necesidad de autorización del Congreso para que los estadounidenses conozcan los límites y objetivos de la guerra.
Hace dos semanas , Hegseth y Caine se enfrentaron a largas audiencias ante los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado, que en su mayoría repitieron las posturas ya conocidas de ambos partidos.
En las audiencias anteriores, Hegseth señaló que el alto el fuego suspendió el plazo de 60 días para la aprobación de la guerra por parte del Congreso, requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, mientras que la frágil tregua comenzó el 8 de abril.
Los argumentos de Hegseth suscitaron el rechazo de los demócratas y probablemente recibirán críticas similares el martes. Sin embargo, contará con el apoyo de numerosos republicanos afines, entre ellos el presidente del subcomité del Senado, el senador Mitch McConnell de Kentucky , y quizás el mayor defensor de la guerra contra Irán en el Congreso, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur .
Se espera que Hegseth y Caine expongan el presupuesto de defensa propuesto y hagan hincapié en la necesidad de más drones, buques de guerra y sistemas de defensa antimisiles, cuyas existencias se han reducido durante el conflicto.
Un miembro pide que se le otorgue la Medalla Presidencial de la Libertad a un pastelero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.
Otro llamamiento solicita la intervención judicial del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a la identidad de género de los pacientes de cuidados paliativos.
Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa está pidiendo una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: "No hay separación entre la iglesia y el estado".
Estas son solo algunas de las recomendaciones que los miembros del panel asesor formado por el presidente Donald Trump el año pasado quieren que se incluyan en el informe final de la comisión.
El informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus peticiones durante su reunión más reciente en abril. Hubo poca disidencia, ya que los comisionados, en su mayoría provenientes de la base de seguidores cristianos conservadores de Trump , abordaron los puntos que desean que se incluyan en el informe.
Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de libertad religiosa entre muchos activistas católicos y evangélicos conservadores: aumentar las vías para la expresión religiosa en las escuelas públicas; ampliar las oportunidades para que las organizaciones religiosas reciban fondos públicos; y permitir exenciones por motivos religiosos en áreas que van desde el derecho laboral hasta las lecciones en el aula y los mandatos de atención médica.
Estas opiniones también se han visto reflejadas en las decisiones del Tribunal Supremo emitidas en los últimos años por su mayoría conservadora.
La comisión fue criticada por sus posturas estrechas.
Los críticos de la comisión afirman que esta representa una perspectiva parcial de los partidarios de Trump y que amenaza la bien establecida separación constitucional entre la iglesia y el estado, a pesar de las afirmaciones de su presidente.
Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista argumenta que la comisión no cumple con la ley federal que exige que los paneles asesores cuenten con miembros y puntos de vista diversos.
La demanda se hace eco de las críticas que señalan que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores; uno de ellos es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que sus miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana , y destaca que la mayoría de las reuniones de la comisión se celebraron en el Museo de la Biblia en Washington, una institución con liderazgo cristiano.
La administración republicana solicita a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno alega tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe ser imparcial una comisión ni qué puntos de vista deben estar representados.
Otra entidad creada por Trump —el Grupo de Trabajo para Erradicar la Discriminación Anticristiana— publicó un informe que afirmaba que los cristianos sufrían discriminación bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden en áreas como la educación, la legislación fiscal y el enjuiciamiento de manifestantes antiaborto. Grupos progresistas señalaron que dicho informe no documentaba la discriminación sistémica, se centraba en causas favorecidas por los cristianos conservadores y constituía más una defensa de intereses que una investigación.
En una serie de iniciativas vinculadas a Trump, varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa participarán en un acto de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250 aniversario del país. Varios de ellos también participaron en una reciente maratón de lectura de la Biblia, que tuvo lugar principalmente en el Museo de la Biblia.
Armonía y tensión dentro de la comisión
La comisión se ha caracterizado en su mayoría por el consenso entre sus miembros, con una notable excepción. Una de las comisionadas, Carrie Prejean Boller, fue destituida en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.
El presidente de la comisión, Dan Patrick, afirmó que Prejean Boller intentó "secuestrar" la audiencia, en la que mantuvo acalorados intercambios con los testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, negando su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, católica, sostuvo que fue expulsada injustamente por expresar sus creencias.
En otras audiencias, los testigos describieron cómo desafiaron las normas laborales que, según afirmaron, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores en materia de género, aborto, vacunas contra la COVID-19 y otros temas. Algunos declararon que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.
En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos relataron haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en los campus universitarios. La comisión también escuchó los testimonios de algunos testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras confesiones.
Aun así, los críticos afirmaron que la comisión se centró principalmente en las quejas de los cristianos conservadores y de los sectores políticos de derecha.
El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la Alianza Interreligiosa progresista, uno de los grupos que demandaron por la composición de la comisión, dijo que las omisiones del panel son tan significativas como los temas en los que se centra.
Afirmó que la comisión no ha abordado adecuadamente cuestiones como los esfuerzos antimusulmanes en Texas y otros lugares, así como el auge del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.
Debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado
Raushenbush afirmó estar especialmente preocupado por el hecho de que el presidente de la comisión cuestione la noción misma de separación entre la Iglesia y el Estado.
Patrick, un republicano que es el vicegobernador de Texas, denunció repetidamente un concepto que está arraigado en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
«Debemos dejar claro que no existe separación entre la Iglesia y el Estado», dijo Patrick en la reunión de abril. «Eso es mentira». Sugirió imprimir «un millón de pegatinas para coches» con ese mensaje.
Nadie en la reunión de la comisión estuvo en desacuerdo.
Trump hizo comentarios similares en un acto de oración en la Casa Blanca en 2025. «Dicen que hay separación entre la iglesia y el estado», dijo Trump. «Yo dije: "Está bien, olvidémonos de eso por una vez"».
Si bien la frase “separación de la iglesia y el estado” no aparece en la Constitución, las decisiones de la Corte Suprema del siglo XX citaron la descripción que hizo Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como la creación de “un muro de separación entre la iglesia y el estado”. La Corte aplicó la prohibición de la Primera Enmienda sobre cualquier “establecimiento” de iglesia a los estados, además del gobierno federal, citando la prohibición de la Decimocuarta Enmienda de que los estados nieguen los derechos de los ciudadanos.
Desde entonces, los tribunales han lidiado con la forma de equilibrar la libertad de religión y la libertad frente a la religión patrocinada por el gobierno.
Las preocupaciones abarcan escuelas, vacunas, lugares de trabajo y más.
Patrick ha abogado por la inclusión de la oración y los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
“No guardo rencor a nadie que no crea en ningún tipo de fe”, dijo Patrick a sus compañeros comisionados. “Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas organizaciones que se dejan llevar por alguna ideología y por el dinero de alguien que quiere eliminar a Dios de nuestro país? Tenemos que oponernos a ellas”.
En otros asuntos, varios comisionados pidieron que se exigiera a las escuelas y a los lugares de trabajo que publicaran avisos sobre los derechos de libertad de expresión religiosa y las exenciones correspondientes.
Algunos pidieron que se restablecieran el sueldo completo y las prestaciones de pensión para los miembros del servicio militar que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID-19.
El obispo Robert Barron, de la diócesis católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió que se permita a grupos religiosos como Caridades Católicas recibir fondos federales sin comprometer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.
También afirmó que los inmigrantes católicos detenidos deben recibir un trato humano y acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deben interrumpir los servicios religiosos durante sus operativos de control migratorio. El año pasado, la administración eliminó una política que prohibía el control migratorio en santuarios, algo que, según otros líderes religiosos, no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia.
Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, solicitó nuevos requisitos que obliguen a los gobiernos a pagar todos los gastos legales si pierden un caso de libertad religiosa. Afirmó que muchas personas carecen de los recursos económicos para demandar al gobierno ante los tribunales.
“Eso supondría un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos”, afirmó.
La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
WASHINGTON (AP) — La administración Trump está llevando a cabo una revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, una medida que podría provocar el cierre de algunos de ellos, según informó el jueves un funcionario del Departamento de Estado.
No se dieron razones para la revisión, de la que informó previamente CBS News, ni se especificó en qué consistiría, pero es probable que exacerbe aún más las tensiones entre los países vecinos. El funcionario no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato.
El presidente Donald Trump se ha involucrado en América Latina de forma más agresiva que cualquier otro presidente estadounidense en las últimas décadas, capturando al líder venezolano en una redada militar e impulsando reformas masivas en Venezuela, imponiendo un bloqueo petrolero a Cuba , interviniendo en las elecciones argentinas y hondureñas y amenazando con acciones militares contra los cárteles mexicanos .
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha buscado mantener una sólida relación con Trump y contrarrestar las amenazas estadounidenses intensificando la represión contra los cárteles mexicanos, lo que ha resultado en una disminución de los homicidios. Sin embargo, una serie de escándalos en las últimas semanas han desatado una tormenta política en México.
Primero, dos agentes de la CIA murieron en una operación antidrogas conjunta con las autoridades locales en el norte del estado de Chihuahua, lo que provocó días de contradicciones por parte de las autoridades mexicanas . Luego, la semana pasada, Estados Unidos acusó formalmente a varios funcionarios del partido de Sheinbaum, incluido un importante aliado, de delitos de narcotráfico.
A principios de esta semana, Trump volvió a comentar: "Si México no actúa, lo haremos nosotros".
Todo esto ha aumentado la presión del gobierno de Trump sobre Sheinbaum y ha alimentado las especulaciones sobre su insistencia en garantizar la soberanía mexicana.
La red de representaciones diplomáticas de México es, con diferencia, la más extensa de Estados Unidos. Sus consulados ayudan a los ciudadanos mexicanos que viven en EE. UU. proporcionándoles documentos de identificación, asistencia legal y otros servicios.
“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, dijo Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos.
En los últimos años, Estados Unidos ha cerrado un consulado chino en Houston y tres instalaciones rusas, incluido un consulado en San Francisco y puestos de avanzada cerca de Washington y Nueva York.
Janetsky informó desde Ciudad de México. El periodista de Associated Press, Jonathan J. Cooper, en Phoenix, contribuyó a este reportaje.
MEGAN JANETSKY cubre temas de migración, conflicto, derechos humanos y política en México y Centroamérica para Associated Press (AP), con sede en Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre diversos países de Sudamérica.
El doctor libio Faysal Alghoula necesita renovar su tarjeta de residencia para poder seguir atendiendo a unos 1000 pacientes en el suroeste de Indiana. Sin embargo, no ha podido hacerlo desde que la administración Trump dejó de revisar las solicitudes de personas procedentes de varias docenas de países considerados de alto riesgo.
Alghoula reside en Estados Unidos desde 2016, y su visa actual expirará en septiembre si su solicitud es denegada.
Pero la semana pasada, Alghoula y otros médicos como él recibieron una posible ayuda vital cuando la administración, discretamente, hizo una excepción para los médicos con solicitudes de visa o residencia permanente pendientes. Se trata de una medida que médicos, organizaciones y abogados de inmigración llevaban meses solicitando, alegando la escasez generalizada de personal médico y la alta proporción de médicos formados en el extranjero, quienes, según la Biblioteca Nacional de Medicina, trabajan desproporcionadamente en zonas desatendidas.
La falta de médicos es una de las principales preocupaciones de Alghoula, neumólogo y médico de la Unidad de Cuidados Intensivos que atiende a una población mayoritariamente rural que abarca partes de Indiana, Illinois y Kentucky.
“Hay que esperar entre cuatro y cinco meses para que venga el neumólogo”, dijo.
Sin embargo, los solicitantes y los abogados de inmigración afirman que no está claro qué impacto tendrá la exención. El cambio permite que los médicos soliciten la revisión de sus casos, pero no garantiza la renovación de sus tarjetas de residencia o visas. Tampoco está claro si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos podrá procesar estas solicitudes a tiempo para cumplir con los plazos de inmigración como el de Alghoula, especialmente porque muchos médicos con solicitudes pendientes aún no han recibido ninguna actualización directa del gobierno federal desde que se hizo el anuncio.
A pesar de sus cualificaciones, Alghoula dijo que le sigue preocupando su próximo nombramiento, dadas las historias que circulan sobre inmigrantes detenidos en citas para renovar su documentación.
“Todavía me da miedo ir a la entrevista”, dijo Alghoula el miércoles. Esa incertidumbre se intensificó el viernes cuando se enteró de que su entrevista, programada para principios de junio, había sido cancelada sin ninguna explicación. Dijo que no sabe qué implicaciones tendrá eso para su solicitud.
Mientras tanto, la suspensión se mantiene vigente para miles de personas, incluyendo investigadores y emprendedores de 39 países, entre ellos Irán, Afganistán y Venezuela. Durante este período de espera, muchos no pueden trabajar legalmente, obtener seguro médico ni licencia de conducir. Si abandonan Estados Unidos, no se les permitirá regresar.
Inmigrantes que no pueden trabajar ni ver a sus familiares.
El año pasado, la administración Trump decidió dejar de revisar las solicitudes de residencia permanente y visas de personas provenientes de una lista de países considerados de alto riesgo, y este año dejó de revisar las solicitudes de visas de ciudadanos de más de 75 países ante la preocupación de que solicitaran asistencia pública. Estas medidas se produjeron en medio de la represión generalizada del gobierno estadounidense contra la inmigración.
La pausa se produjo tras el tiroteo en el que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional, lo que, según la administración, puso de manifiesto "las consecuencias que la falta de controles, verificación y priorización de resoluciones rápidas puede tener para el pueblo estadounidense".
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a los funcionarios de inmigración, no respondió a las preguntas sobre la pausa ni sobre los cambios recientes para eximir a los médicos, pero dijo en un correo electrónico que quiere asegurarse de que los solicitantes sean evaluados adecuadamente después de determinar que la administración anterior no lo hizo.
“Hay muchas prohibiciones y muchas suspensiones en este momento”, dijo Greg Siskind, abogado de inmigración con sede en Memphis, Tennessee. “Se trata de hacerles la vida imposible a las personas que están aquí legalmente para que elijan otros países”.
No está claro cuántos médicos se han visto afectados por la pausa, según un portavoz de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, quien dijo que varios médicos se han puesto en contacto con la organización pidiendo ayuda.
A algunos médicos ya se les ha denegado la entrada.
Antes de la exención, muchos inmigrantes presentaron demandas federales exigiendo que el gobierno emitiera resoluciones sobre sus casos.
Una de ellas era la doctora iraní Zahra Shokri Varniab, quien llegó a Estados Unidos hace tres años para realizar investigaciones en radiología. Estaba esperando la residencia permanente para cursar un programa de residencia, pero su solicitud quedó estancada. Presentó una demanda exigiendo una respuesta a su solicitud y un juez federal ordenó a las autoridades de inmigración que revisaran su caso.
Lo hicieron, pero se lo negaron. La doctora de 33 años cree que fue en represalia por su demanda.
“Me siento completamente confundido”, dijo Shokri Varniab.
En documentos judiciales, los abogados del gobierno estadounidense escribieron que la solicitud de Shokri Varniab contenía inconsistencias sobre si planeaba ejercer como médica o como investigadora. Ella afirmó que planea hacer ambas cosas.
Afirmó que la exención no parece aplicarse a su caso, ya que este fue resuelto, pero está buscando amparo en los tribunales.
La política migratoria agrava la guerra en el extranjero.
Inmigrantes con empleos prestigiosos en ciencia y tecnología afirman que actualmente no pueden trabajar debido a la suspensión temporal de actividades, ya que están a la espera de sus documentos de autorización laboral. Algunos señalan que se les está acabando el dinero para el alquiler y la comida, y temen que sus carreras se vean truncadas si se ven obligados a abandonar el país.
Los iraníes están especialmente preocupados por regresar a casa durante la guerra en curso contra las fuerzas estadounidenses e israelíes. Afirman que no pueden comunicarse con sus familias con regularidad debido al bloqueo de internet impuesto por el gobierno iraní ni contar con su apoyo económico.
Kaveh Javanshirjavid llegó a Estados Unidos desde Irán hace siete años para cursar un doctorado en agricultura. Debía empezar a trabajar en un laboratorio en enero, pero necesita autorización de trabajo y su solicitud está en suspenso.
El hombre de 41 años dijo que está pidiendo dinero prestado a amigos para pagar el alquiler y que depende de la beca de doctorado de su esposa para cubrir sus necesidades básicas. Pero no sabe cuánto tiempo podrá mantener esa situación, ya que ella también es iraní y necesitará un permiso de trabajo para conseguir un empleo después de graduarse este verano.
“Toda mi vida está en pausa”, dijo.
Acertijo de Safiyah Riddle es reportera nacional de Associated Press y trabaja en el Equipo de Respuesta Rápida. También cubre temas relacionados con las fuerzas del orden.
AMY TAXIN escribe para Associated Press sobre alimentación, agricultura y agua en California. Cubre temas costeros y noticias generales del condado de Orange, California.
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos no contempla una acción militar inminente contra La Habana a pesar de las repetidas amenazas del presidente Donald Trump de que "Cuba es la siguiente" y de que los buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio para el conflicto con Irán podrían regresar a través de la isla, según informaron funcionarios estadounidenses.
Los funcionarios que participaron en las conversaciones preliminares con las autoridades cubanas también declararon a The Associated Press que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria , dos años de acceso gratuito a internet Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo a la infraestructura.
Sin embargo, afirman que Cuba aún no ha rechazado de plano la oferta, la cual viene con condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo , incluso después de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones a La Habana el jueves. La mayor de esas sanciones está dirigida contra GAESA, o Grupo de Administración Empresarial SA, un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar las conversaciones privadas, afirman que el gobierno aún tiene tiempo para aceptar la oferta. Sin embargo, advirtieron que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.
Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron las sanciones después de que Trump firmara la semana pasada una orden ejecutiva que ampliaba la autoridad de la administración para imponer sanciones a Cuba.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, calificó las medidas de “castigo colectivo” y denunció la “intención genocida” del gobierno estadounidense contra Cuba.
“Estas acciones se basan en la premisa de que Estados Unidos puede imponer su voluntad al mundo mientras amenaza a ciudadanos y empresas extranjeras con coerción ilegítima”, escribió Rodríguez en X.
Trump ha sugerido posibles acciones contra Cuba.
Poco después de firmar la orden el viernes, Trump pronunció un discurso en el que mencionó que "Cuba tiene problemas" y sugirió que podría estar gestándose una demostración de fuerza militar .
Dijo que uno de los portaaviones estadounidenses que regresa de Oriente Medio podría "acercarse, detenerse a unos 100 metros de la costa y decir: 'Muchas gracias. Nos rendimos'".
Un funcionario que participó en las conversaciones afirmó que la nueva facultad para imponer sanciones tenía como objetivo dejar claro a los cubanos que la meta inmediata del gobierno de Trump "no es un cambio de régimen, sino cambiar las políticas fallidas del régimen".
El secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y conocido por su postura intransigente contra el gobierno cubano, ha reiterado en numerosas ocasiones que el gobierno del país ha fracasado. Esta semana afirmó que el modelo económico de Cuba no funciona y que quienes están en el poder “no pueden arreglarlo”.
«Y la razón por la que no pueden solucionarlo no es solo porque sean comunistas. Eso ya es bastante malo», dijo a los periodistas el martes en la Casa Blanca. «Pero son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es uno incompetente».
Rubio se encuentra de visita en Roma y la Ciudad del Vaticano, donde se reunirá el jueves con el Papa León XIV, en parte para hablar sobre Cuba, donde la Iglesia Católica tiene una influencia significativa.
Los funcionarios estadounidenses no saben si Cuba aceptará las condiciones, pero afirman que el diálogo está abierto.
Un funcionario estadounidense afirmó que sigue siendo una incógnita si los líderes cubanos están dispuestos a cumplir las condiciones de Estados Unidos, que incluyen la liberación de los presos políticos, el fin de la represión política y religiosa y la apertura a la inversión del sector privado estadounidense.
Al mismo tiempo, el funcionario dijo que la puerta no se ha cerrado al diálogo que podría ayudar a ambos países dada la proximidad de Cuba a los EE. UU. Estados Unidos ve una amenaza a la seguridad nacional en lo que el funcionario llamó creciente influencia en la isla por parte de China y Rusia, incluyendo cooperación en inteligencia y logística .
Sin embargo, los funcionarios cubanos insisten en que la gobernanza interna de Cuba no es negociable.
“Las negociaciones sobre temas como el cambio de régimen o la destitución del presidente están fuera de toda discusión”, declaró la semana pasada a la prensa el embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán. “Ningún asunto interno de Cuba está sobre la mesa”.
Guzmán también declaró a Associated Press el mes pasado que La Habana no acatará ningún "ultimátum" estadounidense para liberar a los presos políticos y que los líderes cubanos se están "preparando para todos los escenarios" si Trump cumple sus amenazas de intervenir.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acción militar en Cuba.
La agencia AP revela los nombres de los funcionarios del Departamento de Estado que encabezaron la delegación a La Habana.
Los contactos entre la administración Trump y Cuba se han intensificado, incluyendo una reunión a principios de este año en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien se cree que ejerce una influencia significativa en La Habana. Es nieto del expresidente cubano Raúl Castro.
Más recientemente, dos altos funcionarios del Departamento de Estado —Jeremy Lewin, responsable de toda la asistencia exterior estadounidense, y Michael Kozak, el principal diplomático estadounidense para América Latina— encabezaron una delegación a La Habana el 10 de abril y se reunieron con el nieto, según un funcionario estadounidense familiarizado con las reuniones.
No se habían dado a conocer previamente los nombres de los principales representantes del Departamento de Estado. Fue el primer vuelo del gobierno estadounidense en aterrizar en Cuba, aparte de la base naval estadounidense de Guantánamo, desde 2016, durante el período de acercamiento del expresidente Barack Obama.
Según dicho funcionario, la reunión fue "profesional y cordial", pero no arrojó resultados definitivos, lo que dejó a la delegación estadounidense escéptica sobre la disposición del liderazgo cubano a considerar incluso reformas modestas que pudieran mejorar las deterioradas condiciones humanitarias.
Los funcionarios estadounidenses han rechazado con frecuencia las quejas cubanas de que el embargo estadounidense a la isla y, más recientemente, el bloqueo energético de la administración Trump son los responsables de las dificultades que atraviesan.
Pero las crisis de Cuba se han agudizado tras el bloqueo energético, impuesto después de que Estados Unidos destituyera en enero a Nicolás Maduro como líder de Venezuela, que era la principal fuente de energía de Cuba.
Las autoridades cubanas han denunciado el rechazo de Estados Unidos a sus quejas.
“Viajar 7200 kilómetros para reunirse con el Papa, supuestamente para solicitar sus 'buenos oficios' para que la ayuda humanitaria estadounidense llegue al pueblo cubano a través de la Iglesia, mientras se afirma al mismo tiempo que el bloqueo no existe, es un insulto flagrante a la inteligencia humana”, dijo Guzmán el jueves en un comunicado.
Las periodistas de Associated Press Farnoush Amiri y Edith M. Lederer, desde las Naciones Unidas, y Aamer Madhani y Darlene Superville, desde Washington, contribuyeron a este informe.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentará el martes a una nueva ronda de preguntas por parte de los legisladores sobre la guerra contra Irán, incluidos algunos republicanos que han expresado su preocupación por la duración del conflicto y su falta de aprobación por parte del Congreso.
