Desconfianza gobiernoWASHINGTON (AP) — Los estadounidenses son ahora más escépticos respecto a la información gubernamental que hace unos años, y la mayoría afirma tener poca o ninguna confianza en la información del gobierno federal sobre elecciones y política, asuntos exteriores o medio ambiente, según revela una nueva encuesta.
La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC y USA Facts muestra que, si bien la desconfianza en la información gubernamental ha aumentado desde 2024 , también es mayor que al final del primer mandato del presidente Donald Trump, lo que subraya cómo sus recientes intentos de desmantelar partes de la burocracia federal pueden haber afectado la confianza pública en el poder ejecutivo, particularmente entre los demócratas.
Estas sospechas se extienden a los resultados de las próximas elecciones de mitad de mandato. Solo el 34% de los adultos estadounidenses confía "mucho" o "bastante" en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, una cifra ligeramente inferior al 40% de 2024. La certificación es un proceso rutinario en el que los funcionarios locales y estatales confirman el recuento de votos, pero se ha politizado desde que Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020.
La encuesta también reveló que la confianza en la información gubernamental se ha vuelto más partidista desde el primer mandato de Trump.
“Es muy difícil confiar en cualquier cosa que se comunique”, dijo Shannon Ingram, de 46 años, demócrata residente de Maryland, señalando las cambiantes recomendaciones de salud como un ejemplo de información gubernamental “cuestionable” que ha visto desde que Trump volvió a la presidencia. “Hay un sesgo considerable, y proviene de quienes elaboran el contenido”.
Menor confianza en la información del gobierno federal
Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses tienen poca confianza en la información del gobierno federal sobre el medio ambiente, los asuntos exteriores, las elecciones y la política, el aborto o la inmigración, y afirman que confían en ella "solo un poco" o "nada en absoluto".
La desconfianza en lo que dice el gobierno federal ha aumentado, al menos ligeramente, en casi todos los temas que se abordaron en una encuesta de AP-NORC/USA Facts de 2019. Esto incluye la educación, que ha pasado del 37 % en 2019 al 53 % actual, con un incremento de 9 puntos porcentuales en el último año.
Estos hallazgos se producen tras un año y medio de agitación en el poder ejecutivo. Trump comenzó a desmantelar partes clave de la burocracia federal poco después de llegar a la Casa Blanca por segunda vez, poniendo fin a programas de larga data y cerrando agencias enteras .
Desde entonces, miles de empleados federales han sido despedidos o han abandonado sus puestos de trabajo, lo que ha reducido sustancialmente el número de estadísticos gubernamentales y de expertos que advierten sobre los riesgos para la calidad de los datos.
Los cambios en las regulaciones y recomendaciones también han provocado cambios drásticos en las políticas gubernamentales. Las recientes modificaciones a las recomendaciones sanitarias vigentes han generado discrepancias entre médicos y organizaciones médicas y la administración Trump en materia de vacunación. A principios de este año, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) revocó un hallazgo científico que había respaldado las acciones gubernamentales para combatir el cambio climático durante más de una década.
Jeremy Cove, un republicano de 44 años de Missouri, confía en las directrices de la administración Trump en asuntos como las vacunas, pero discrepa de su afirmación de que el cambio climático no está ocurriendo o de que los seres humanos no están contribuyendo a él.
“Me encanta Trump; voté por él, pero algunas de las cosas que está haciendo me generan aún más desconfianza”, dijo Cove. “Cosas como cambiarle el nombre al lago Ontario por Lago América te hacen reflexionar sobre cuáles son sus prioridades. Entonces te das cuenta de que no son las que deberían ser, lo que a su vez, aumenta aún más la desconfianza”.
La confianza en la información gubernamental se ha vuelto más partidista.
La brecha entre la confianza de republicanos y demócratas en la información gubernamental es mucho mayor que durante el primer mandato de Trump, un cambio que comenzó a manifestarse bajo la presidencia de Joe Biden.
En general, los demócratas tendían a confiar menos en la información gubernamental durante el primer mandato de Trump, aunque no mucho más que los republicanos. Esta situación cambió cuando la Casa Blanca pasó a manos de los republicanos. La desconfianza de los republicanos hacia la información gubernamental aumentó durante la presidencia de Biden y disminuyó tras la llegada de Trump al poder. Mientras tanto, las dudas de los demócratas disminuyeron con Biden y se dispararon cuando Trump recuperó el poder.
Por ejemplo, el 61% de los demócratas ahora tienen poca confianza en la información sobre el presupuesto federal, en comparación con el 42% de los republicanos, mientras que el 60% de los demócratas tienen poca confianza en la información sobre la delincuencia, en comparación con solo el 32% de los republicanos.
Larry Haith, un republicano de 76 años de Idaho, dice que tiende a confiar en el gobierno federal, aunque reconoce que esa confianza puede variar según la administración de turno.
“En términos generales, hoy tengo más confianza en el gobierno federal que en años anteriores”, afirmó.
Mientras tanto, los votantes independientes se volvieron más desconfiados de la información gubernamental bajo el mandato de Biden y no han cambiado de opinión bajo el mandato de Trump.
El único tema que no presenta una división partidista sustancial en la nueva encuesta son las recomendaciones y la seguridad de las vacunas: aproximadamente 6 de cada 10 demócratas, republicanos e independientes confían en el gobierno federal en materia de recomendaciones y seguridad de las vacunas "solo un poco" o "nada".
Pocos confían en los mensajes políticos, incluso de su propio partido.
A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, la preocupación pública por la exactitud de los resultados electorales es generalizada. Casi la mitad de los adultos estadounidenses están "extremadamente" o "muy" preocupados de que el gobierno federal desacredite o cuestione públicamente los resultados electorales, los manipule o presione a los funcionarios electorales estatales para que cambien la forma en que certifican o informan los resultados.
En los últimos meses, Trump ha reiterado acusaciones, ya desmentidas, de fraude electoral masivo en las elecciones de 2020, ha intentado imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato y ha presionado al Congreso para que exija la presentación de un comprobante de ciudadanía para registrarse y votar. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también ha advertido a los funcionarios estatales que podrían perder financiación o enfrentarse a investigaciones si no acceden a las exigencias de Trump en materia de seguridad electoral.
Al mismo tiempo, pocos estadounidenses confían en la información que reciben de las campañas políticas. Solo alrededor de 1 de cada 10 adultos estadounidenses afirma que los mensajes de campaña del Partido Demócrata o del Partido Republicano se basan "siempre" o "a menudo" en información veraz.
Como muestra de la profunda desconfianza existente, solo alrededor de una cuarta parte de los demócratas confían en que los mensajes de campaña de su partido sean veraces al menos "a menudo", mientras que una proporción similar de republicanos opina lo mismo sobre su partido.
Menos de la mitad de los demócratas, el 44%, confían "mucho" o "bastante" en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, lo que supone un descenso sustancial respecto al 65% de 2024.
Aun con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los republicanos no han experimentado un aumento similar en la confianza. Solo el 29% de los republicanos confía plenamente en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, una cifra ligeramente superior a la de 2024.
La confianza en otras fuentes de información sobre los resultados electorales, como los medios de comunicación nacionales o las cadenas de noticias por cable, también es baja en general.
Kim Murza, una demócrata de Colorado, confía en la capacidad del país para celebrar elecciones justas, pero culpa a la administración Trump de erosionar la confianza de los estadounidenses en el proceso.
“Mi preocupación radica más en lo que está haciendo la administración actual”, dijo Murza, de 45 años. “Creo que están haciendo todo lo posible para sembrar la desconfianza en la gente”.
La encuesta AP-NORC/USA Facts, realizada entre el 29 de julio y el 10 de agosto a 1036 adultos, utilizó una muestra del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error muestral para el total de adultos es de más o menos 4,1 puntos porcentuales. Para los republicanos, el margen de error muestral es de más o menos 6,4 puntos porcentuales, y para los demócratas, de más o menos 6,0 puntos porcentuales.
AMELIA THOMSON-DEVEAUX es la editora de encuestas y sondeos de la AP.
LINLEY SANDERS es analista de encuestas y sondeos para Associated Press. Desarrolla y escribe sobre las encuestas de AP-NORC, trabaja en la encuesta de votantes de AP y cubre los cambios en la opinión pública.
Por  AMELIA THOMSON-DEVEAUX y LINLEY SANDERS
(Foto AP/Jacquelyn Martin, archivo)
recluso ADNWASHINGTON (AP) — Los abogados pidieron el lunes a la Corte Suprema que suspenda la ejecución de un recluso del corredor de la muerte de Florida, cuya ejecución por inyección letal estaba programada para el jueves por el secuestro y estrangulamiento en 1996 de un hombre que fue encontrado desnudo y castrado.
Daniel Conahan Jr., de 72 años, fue condenado a muerte por el asesinato de Richard Montgomery en abril de 1996. La víctima fue encontrada en una zona boscosa del condado de Charlotte, Florida, que fue descrita como lo que parecía ser un vertedero lleno de basura.
Según las autoridades, Conahan asesinó a Montgomery tras pagarle para que posara desnudo en fotografías. Se le sospecha de homicidios similares cometidos en la década de 1990 en el suroeste de Florida.
Conahan ha negado su participación en el asesinato de Montgomery. La petición indica que ha estado solicitando pruebas de ADN desde marzo de 2025 de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos y del cuerpo de Montgomery para "demostrar de forma concluyente que no es responsable de la muerte".
El gobernador Ron DeSantis firmó su sentencia de muerte el 11 de agosto mientras su solicitud de análisis de ADN estaba pendiente, según consta en la petición de suspensión. Veinticuatro horas después de la firma de dicha sentencia, el tribunal estatal de apelaciones denegó la solicitud.
“El señor Conahan no pide ser declarado inocente en esta situación. Tampoco pide ser liberado de prisión. Lo único que pide es que este Tribunal suspenda su inminente ejecución para que pueda revisar sus alegaciones fundadas”, dice el documento.
Florida ha ejecutado a 14 personas este año.
(Foto AP/J. Scott Applewhite)
Oficial ICEWASHINGTON (AP) — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, acusado de mentir a los investigadores sobre los hechos que precedieron al tiroteo de un venezolano durante la represión migratoria en Minneapolis, se entregó el jueves a las autoridades federales, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.
Christian Castro fue puesto bajo custodia federal acusado de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el tiroteo de Julio César Sosa-Celis en enero, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso.
Los cargos federales se producen tras la liberación de Castro de la cárcel la semana pasada, luego de que el gobernador de Texas se negara a firmar de inmediato una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota, quienes lo han acusado por separado de agresión y de denuncia falsa de un delito relacionado con el mismo tiroteo.
Las autoridades federales habían acusado inicialmente a Sosa-Celis y a otro hombre de golpear a un agente con el mango de una escoba y una pala de nieve durante el enfrentamiento. Sin embargo, los fiscales federales retiraron los cargos contra los hombres después de que las pruebas de vídeo demostraran que los agentes podrían haber mentido sobre el incidente, y las autoridades abrieron una investigación.
Los cargos se derivan de un tiroteo no mortal ocurrido durante la Operación Metro Surge.
Castro es el primer funcionario federal de inmigración procesado por la administración Trump en relación con las acciones llevadas a cabo durante la masiva Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas, que comenzó en enero de 2026. No figura ningún abogado para Castro en el caso presentado por Minnesota y no quedó claro de inmediato si contaba con un abogado que hablara en su nombre.
Miles de agentes fueron enviados a la zona de Minneapolis y St. Paul por el Departamento de Seguridad Nacional en la que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha. Los asesinatos a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron la condena del público y plantearon interrogantes sobre la conducta de los agentes, lo que motivó cambios en la operación.
A principios de esta semana, un fiscal federal que trabaja en el caso informó a los abogados de Sosa-Celis y otras víctimas que funcionarios del Departamento de Justicia bloquearon la iniciativa del fiscal para presentar un cargo más grave por violación de los derechos civiles contra el agente por el tiroteo, según informó ProPublica el miércoles.
Sin embargo, la persona familiarizada con la investigación refutó la versión del fiscal, afirmando que la investigación sobre derechos civiles continúa y que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se presentarán cargos adicionales. El fiscal, Matthew Evans, fue despedido y está siendo investigado por presunta obstrucción a la investigación de un gran jurado, según la misma fuente.
Un correo electrónico automático enviado desde la cuenta de Evans en el Departamento de Justicia indicaba que se encontraba de baja. Otros intentos de contactar con él no tuvieron éxito de inmediato.
Un abogado de Sosa-Celis afirmó que el Departamento de Justicia ha "informado de forma muy insuficiente sobre este caso", y añadió que las declaraciones de Castro se hicieron para "encubrir el hecho de que disparó a mi cliente a través de la puerta de una casa habitada sin justificación alguna en defensa propia".
“El señor Sosa Celis quiere que el señor Castro rinda cuentas por completo por sus crímenes”, declaró la abogada Robin Wolpert. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Minnesota anunció el jueves que Sosa-Celis también planea reclamar una indemnización al gobierno federal.
Castro también enfrenta cargos por parte de las autoridades de Minnesota.
Castro fue arrestado inicialmente en mayo en relación con el caso de Minnesota y permaneció detenido en Brownsville, Texas, ciudad fronteriza con México, mientras las autoridades de Minnesota solicitaban su extradición. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a autorizarla de inmediato, alegando que aún se estaban llevando a cabo investigaciones por fraude en programas de servicios sociales gubernamentales en Minnesota, lo cual Trump utilizó para justificar su política migratoria restrictiva en ese estado.
Las autoridades de Minnesota intentaron impedir que el sheriff del condado de Cameron, Texas, liberara a Castro, por temor a que huyera a México. Según una demanda presentada por Minnesota, Castro mantuvo una conversación con una mujer mientras estaba encarcelado, en la que habló de casarse con ella y comprar una casa en México tras su liberación.
Pero Castro fue liberado hace una semana después de que un juez federal se negara a ordenar a Texas que lo extraditara.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó previamente el procesamiento de Castro por parte de Minnesota como "ilegal y nada más que una maniobra política", afirmando que solo las autoridades federales tienen jurisdicción en el caso.
Castro fue suspendido de su cargo durante la investigación federal.
Castro fue suspendido de su cargo en el ICE sin goce de sueldo en febrero, mientras las autoridades federales llevaban a cabo la investigación.
“Los hombres y mujeres de ICE tienen la responsabilidad de velar por el estado de derecho y están sujetos a los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, declaró entonces Todd Lyons, director interino de ICE. “No se tolerarán las violaciones de este sagrado juramento. ICE mantiene su firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de las leyes de inmigración de nuestra nación”.
Las autoridades de Minnesota alegaron que Castro, de 52 años, disparó a través de la puerta principal de una casa e hirió a Sosa-Celis en el muslo.
Castro y otro agente persiguieron a otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de Minneapolis donde vivía con Sosa-Celis. Los fiscales de Minnesota afirmaron que el agente acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala de nieve.
González informó desde McAllen, Texas.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.
Por  ALANNA DURKIN RICHER y VALERIE GONZALEZ
(Foto AP/Yuki Iwamura, archivo)
Avion cargaMIAMI (AP) — Las cinco personas que murieron cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami se encontraban dentro de una camioneta que transportaba a siete personas de una empresa de limpieza y un SUV que fue impactado fuera de las instalaciones del aeropuerto, dijo el lunes Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.
Homendy describió la escena del accidente del domingo como "una devastación total". No especificó cuántas personas iban en el SUV ni dónde se encontraban los fallecidos.
Homendy recorrió la ruta que siguió el Boeing 767, observando las marcas de los neumáticos que iban desde el pavimento hasta el césped, la furgoneta destruida que transportaba al equipo de limpieza, la valla rota, el equipo de navegación y el todoterreno aplastado fuera de las instalaciones del aeropuerto.
Según Homendy, entre los restos había airbags de vehículos, equipos de los vehículos, del avión y del aeropuerto, y "vallas por todas partes".
“Es bastante extenso. Es difícil de ver y estoy seguro de que también debió ser muy difícil para los equipos de respuesta”, dijo Homendy.
En total, el avión recorrió unos 396 metros (1300 pies) más allá de la superficie pavimentada. Había escombros por todas partes, dijo.
“Lo describiría con una sola palabra: devastador, devastación absoluta”, dijo Homendy.
La furgoneta, con siete personas a bordo, quedó completamente destrozada. Sin duda, debió ser devastador, declaró. La furgoneta pertenecía a Professional Ocean Service Corp., una empresa de limpieza de aerolíneas.
Homendy dijo que la NTSB publicaría más información el martes, incluyendo posiblemente información sobre la velocidad que confirme la caja negra.
Investigadores federales examinan la causa del mortal ataque.
Los investigadores federales que examinan el accidente dedicaron el lunes a determinar si el avión aterrizó demasiado tarde para detenerse de forma segura.
El video del aterrizaje del domingo parece mostrar que el Boeing 767 permaneció en el aire bastante lejos de la pista antes de tocar tierra. Expertos en aviación indicaron que los investigadores intentarán determinar con exactitud dónde aterrizó el avión, si lo hizo fuera de la zona de aterrizaje permitida y por qué los pilotos no abortaron la maniobra.
Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado del avión, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado mecánico de la aeronave y otros factores que podrían haber contribuido a la salida de pista mortal.
El domingo, el avión voló de Cincinnati a Miami y luego a San Juan, Puerto Rico. Regresaba a Miami cuando, alrededor de las 2 de la tarde, se salió de la pista y arrolló una carretera utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto.
Además de los cinco fallecidos, tres personas resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con heridas menos graves, según informaron las autoridades.
El accidente, que provocó una densa columna de humo negro que se elevó hacia el cielo, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina, así como a algunos ocupantes en sus vehículos, según informó Ray Jadallah, jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. La agencia añadió que los equipos de rescate también tuvieron que liberar a una persona que quedó atrapada bajo un vehículo.
Según los expertos, la zona de aterrizaje habitual para un avión se encuentra dentro de los primeros 914 metros (3000 pies) de la pista. Si el avión de carga se encontraba más allá de esa zona, debería haber abortado el aterrizaje y haber dado otra vuelta para intentarlo de nuevo, afirmó Steve Arroyo, experto en seguridad aérea.
Mary Schiavo, piloto y ex inspectora general del Departamento de Transporte, afirmó que un vídeo publicado en internet muestra el avión de Amazon flotando sobre la pista durante un período prolongado sin elevar el morro para forzar el tren de aterrizaje principal a tocar tierra.
En ese momento no llovía, pero se avecinaban nubes de tormenta y se reportaron fuertes vientos. Schiavo comentó que si el avión hubiera tenido viento de cola, esto podría haber contribuido a que se desplazara más lejos en la pista.
“Un viento de cola sin duda agravaría los problemas si ya se ha perdido una buena parte de la pista al no haber aterrizado de inmediato”, dijo Schiavo.
El aeropuerto de Miami parece cumplir con la normativa sin un sistema actualizado.
El aeropuerto de Miami no cuenta con los sistemas de frenado que, según la FAA, se han instalado en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura los aviones que se salen de la pista. La FAA reconoce que estas plataformas de material ligero y deformable al final de la pista han contribuido a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se salieron de pista.
El aeropuerto de Miami parece cumplir con la normativa y no estaba obligado a tener un sistema de frenado porque cuenta con una zona de seguridad de 305 metros (1000 pies) al final de sus pistas, según Mike O'Donnell, exdirector de seguridad aeroportuaria e investigación de accidentes de la FAA.
Este requisito surgió a raíz del accidente del vuelo 1420 de American Airlines en el aeropuerto nacional de Little Rock, en Arkansas, en 1999, en el que murieron nueve personas.
Las imágenes muestran que el avión de Prime Air quedó detenido junto a una carretera, cerca de dos camiones. La aeronave parecía estar apoyada sobre su fuselaje y, a pesar del incendio, se encontraba prácticamente intacta.
El vuelo había sido operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años de antigüedad, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.
Schiavo afirmó que la NTSB también examinará detenidamente el historial de mantenimiento de este avión, sobre todo teniendo en cuenta que ha pertenecido a propietarios extranjeros, incluida una empresa rusa.
El accidente paralizó los vuelos en el concurrido centro de transporte durante gran parte de la tarde del domingo y siguió dificultando el tráfico aéreo hasta el lunes.
El Aeropuerto Internacional de Miami informó que dos de sus cuatro pistas permanecían cerradas el lunes y que las operaciones se verían afectadas durante todo el día debido a que los aviones y las tripulaciones no llegaban a la terminal a causa de las cancelaciones del domingo tras el accidente.
Un portavoz del aeropuerto informó que el domingo se registraron 160 cancelaciones y más de 300 retrasos en los vuelos, además de otros 69 vuelos cancelados entre el lunes y media tarde. Los sitios web de seguimiento de vuelos reportaban retrasos generalizados en el aeropuerto.
Amazon afirmó en un comunicado que cooperaría con cualquier investigación.
«Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente ocurrido hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami», declaró la compañía. «Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida».
El año pasado, un avión de UPS se estrelló tras perder un motor mientras aceleraba en la pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville. El accidente causó la muerte de los tres pilotos y de 12 personas en tierra. Veintitrés personas más resultaron heridas.
Levy informó desde Harrisburg, Pensilvania, y Collins desde Columbia, Carolina del Sur. El periodista de Associated Press, Josh Funk, en Omaha, Nebraska, contribuyó a este artículo.
MARC LEVY cubre temas de política y gobierno estatal para Associated Press. Reside en Pensilvania.
JEFFREY COLLINS cubre la información de Carolina del Sur desde Columbia para Associated Press. Trabaja en AP desde el año 2000.
(Foto AP/Lynne Sladky)
Maduro esposaNUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa le pidieron a un juez el miércoles que desestime la acusación por narcotráfico en su contra, alegando que tienen inmunidad al ser el mandatario y la primera dama de un país extranjero.
En documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan, los abogados de Maduro señalaron que un juez está obligado por ley a rechazar la acusación porque no puede presentarse contra un gobernante extranjero.
“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, escribieron los abogados. “Eso no es un accidente de la historia. Refleja una norma más antigua que el derecho anglosajón: los jefes de Estado están exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional que no sea el suyo”.
Maduro y su esposa irán a juicio el 1 de junio por cargos de narcotráfico. El juez Alvin K. Hellerstein fijó para el 17 de noviembre los alegatos orales sobre las mociones para desestimar la acusación.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, han permanecido en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas de Estados Unidos los capturaron en su casa de Caracas en una redada nocturna en enero y los llevaron a Nueva York.
En documentos separados presentados el miércoles, los abogados de Flores sostuvieron que ella también goza de inmunidad frente a un proceso penal en Estados Unidos por motivos de inmunidad soberana.
“Es un atributo de la soberanía de Venezuela, y sólo Venezuela puede renunciar a él”, escribieron los abogados de ella.
Los abogados de Maduro señalaron que, incluso si Maduro no tuviera derecho a inmunidad soberana como jefe de Estado, el caso en su contra debe desestimarse porque también tiene derecho a inmunidad soberana basada en la conducta.
Mientras tanto, argumentaron los abogados, Maduro “niega vehementemente las acusaciones en su contra”.
“Si este caso avanzara a juicio, quedaría claro que ha sido acusado falsamente”, indicaron.
Ambos se declararon inocentes en un caso penal presentado por primera vez hace seis años contra numerosos presuntos cómplices. Enfrentan posibles condenas de cadena perpetua si un jurado coincide en que formaron parte de una asociación delictuosa para enviar cocaína a Estados Unidos.
Los fiscales federales presentarán una respuesta a los argumentos más adelante este mes.
El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada para capturar a Maduro, llamándola una “operación policial quirúrgica”. Maduro se ha descrito a sí mismo como un prisionero de guerra y ha dicho que su captura equivale a un secuestro.
Fiscales federales sostienen que el expresidente venezolano llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos al coludirse con fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.
El periodista de The Associated Press Joshua Goodman informó desde Miami.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
POR  LARRY NEUMEISTER and JOSHUA GOODMAN
(AP Foto/Ariana Cubillos)

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