WASHINGTON (AP) — El cierre del gobierno ha generado ansiedad entre los directores de escuelas, quienes se preguntan cuánto tiempo durarán los fondos de las subvenciones y quién puede ayudarlos a interpretar las leyes federales. Para la secretaria de Educación, Linda McMahon, esto representa un anticipo de lo que espera convertir en permanente .

Gran parte del trabajo del departamento se ha paralizado por completo. No se otorgan nuevas subvenciones y las investigaciones sobre derechos civiles se han detenido. Si bien siguen llegando fondos para programas clave, en muchos aspectos, las escuelas y los estados se encuentran solos.

Esa es la visión que el presidente Donald Trump ha promovido desde su campaña presidencial: un mundo donde los estados tengan plenamente el control de la política educativa con poca o ninguna influencia del gobierno federal.

Incluso antes del cierre, los despidos masivos habían dejado a la agencia con 2400 empleados, frente a los 4100 que tenía cuando Trump asumió la presidencia. La mayoría de los trabajadores restantes han sido suspendidos temporalmente durante el estancamiento presupuestario , quedando unos 330 responsables de realizar tareas consideradas esenciales.

En una publicación reciente en redes sociales, McMahon afirmó que el cierre demuestra que su departamento es innecesario. «Tras dos semanas, millones de estudiantes estadounidenses siguen asistiendo a clases, los maestros siguen cobrando y las escuelas funcionan con normalidad», escribió McMahon.

Días después, cuando la agencia cumplió 46 años, ofreció una evaluación más directa : “No necesitamos un pastel de cumpleaños”, escribió. “Necesitamos una orden de desalojo”.

Cierre del gobierno

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Algunos afirman que el impacto del cierre ha sido más significativo. Advierten que la financiación para los centros preescolares y los comedores escolares se está agotando, y que los alumnos con discapacidad podrían no estar recibiendo la ayuda que necesitan.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el impacto.

Las escuelas en su mayoría tienen el dinero que necesitan — por ahora

La mayor parte de los miles de millones de dólares que el Departamento de Educación destina a las escuelas cada año se gastaron en octubre, dejando a las escuelas sin fondos hasta julio.

Otros programas que no cuentan con financiación anticipada se enfrentan a una mayor incertidumbre. Entre ellos se incluyen los centros preescolares Head Start, financiados con fondos federales , y los programas de nutrición escolar financiados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, según explicó Julia Martin, directora de políticas y asuntos gubernamentales de Bruman Group, un bufete de abogados especializado en derecho educativo.

Los distritos están obligados a cubrir el costo de las comidas escolares y luego solicitar el reembolso al Departamento de Agricultura, pero la agencia dijo que solo le quedan dos meses de reembolsos en medio del cierre.

“Los distritos están realmente preocupados porque tendrán que hacer un gran desembolso para financiar las comidas”, dijo Martin.

El Departamento de Educación aún está liberando los últimos fondos de ayuda federal para la COVID-19, pero los reembolsos se han ralentizado debido a que hay menos personal revisando las solicitudes, dijo Martin.

Las escuelas públicas estadounidenses se financian principalmente con fondos estatales y municipales, pero la financiación federal desempeña un papel importante. Los miles de millones de dólares que ya se destinan a las escuelas incluyen subvenciones para ayudar a estudiantes de bajos ingresos, aquellos con discapacidades y otras poblaciones.

Los concursos para otorgar subvenciones de menor cuantía se han suspendido en gran medida. Las escuelas y los estados que ya recibieron subvenciones pueden seguir gastándolas, pero se ha cesado la concesión de nuevas subvenciones, según informó el departamento. En el ámbito universitario, las becas Pell federales para estudiantes de bajos ingresos siguen vigentes y el formulario FAFSA de ayuda financiera continúa procesándose.

Con el gobierno cerrado, las escuelas buscan en otros lugares un servicio de asistencia.

Por lo general, los estados y las escuelas confían en el departamento para obtener respuestas a preguntas sobre una amplia gama de temas, desde leyes de educación especial hasta evaluaciones académicas estatales y leyes que exigen que las escuelas públicas proporcionen ciertos servicios a los estudiantes de escuelas privadas.

Ese trabajo, conocido como asistencia técnica, se ha paralizado durante el cierre del gobierno, y la administración Trump ha tomado medidas para eliminarlo casi por completo. Una nueva ronda de despidos este mes afectó a la mayoría de los trabajadores de la Oficina de Educación Primaria y Secundaria.

También se desmanteló la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, encargada de garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios a los que tienen derecho según la ley federal. Esta oficina mantiene una comunicación muy fluida con los estados para responder preguntas sobre la coordinación de la ayuda a las familias y la eliminación de las listas de espera, afirmó Katy Neas, directora ejecutiva de The Arc of the United States, una organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad.

Un juez federal ha suspendido los nuevos despidos. Sin embargo, a medida que el cierre del gobierno se prolonga, es probable que más estados infrinjan leyes federales sin saberlo, ya que no pueden obtener ayuda gubernamental, afirmó Neas, quien dirigió la oficina de educación especial durante la presidencia de Joe Biden.

“Las personas de buena intención y de buena fe tendrán preguntas honestas para las que no podrán obtener respuesta”, dijo Neas.

Algunos estados han recurrido a bufetes de abogados en busca de asesoramiento, pero no siempre hay respuestas claras. En agosto, el departamento anuló la guía de 2015 que explicaba las obligaciones legales de las escuelas con los estudiantes que aprenden inglés . Sin embargo, al no haberse publicado una nueva guía antes del cierre del gobierno, las escuelas tienen dudas sobre sus responsabilidades, afirmó Martin, del bufete Bruman.

“Mientras tanto, muchos distritos simplemente continuarán siguiendo las directrices anteriores porque es lo mejor que tienen”, dijo Martin.

¿Qué sigue para el departamento?

McMahon ha reconocido que solo el Congreso puede eliminar por completo el Departamento de Educación, a pesar de la promesa de campaña de Trump de cerrarlo. Como alternativa, los funcionarios han estado elaborando planes para transferir funciones esenciales a otras agencias.

En julio, el Departamento de Educación transfirió algunos de sus programas de educación para adultos y formación profesional al Departamento de Trabajo. Este último ahora supervisa las subvenciones federales Perkins, que se otorgan a los estados para financiar la formación profesional y técnica.

En documentos judiciales, el Departamento de Educación ha dicho que estaba buscando un acuerdo similar para poner al Departamento del Tesoro al mando de la cartera de préstamos estudiantiles federales de 1,6 billones de dólares.

La Corte Suprema allanó el camino para que ese trabajo continuara con una decisión de julio que anuló una orden de un tribunal inferior que bloqueaba el cierre del departamento.

En su audiencia de confirmación en el Senado, McMahon también dijo que los programas de educación especial podrían encajar bajo la jurisdicción del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación podría trasladarse al Departamento de Justicia.

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COLLIN BINKLEY cubre el Departamento de Educación de Estados Unidos y la política educativa federal para The Associated Press, además de una amplia gama de temas desde la educación primaria y secundaria hasta la educación superior.

MAKIYA SEMINERA es reportera de la agencia Associated Press especializada en temas de gobierno estatal. Tiene su sede en Raleigh, Carolina del Norte.

(Foto AP/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — El “secretismo casi total” que rodea los vuelos de deportación y el uso de sujeciones corporales completas a bordo está generando “serias preocupaciones sobre los derechos humanos”, escribió un grupo de 11 senadores demócratas estadounidenses en una carta enviada el jueves a altos funcionarios de inmigración.

El senador estadounidense Chris Van Hollen, de Maryland, pidió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que rinda cuentas de forma completa sobre sus operaciones aéreas y que deje de utilizar las sujeciones negras y amarillas conocidas como WRAP hasta que la agencia explique sus políticas sobre el dispositivo y resuelva otras cuestiones sobre su uso en los detenidos por motivos de inmigración.

“Me parece muy problemático”, dijo Van Hollen a The Associated Press. “Quieren mantener al público en la ignorancia”.

La carta de los senadores cita una investigación de AP de este mes que reveló varios ejemplos de ICE utilizando el dispositivo en personas —a veces durante horas— en vuelos de deportación desde 2020. Van Hollen estuvo acompañado por los senadores estadounidenses Elizabeth Warren de Massachusetts, Cory Booker de Nueva Jersey, Alex Padilla de California, Tammy Duckworth de Illinois y otros seis.

El dispositivo WRAP es objeto de varias demandas federales que comparan su uso incorrecto con castigos e incluso tortura. Diversos activistas han expresado su preocupación porque el ICE no registra el uso del WRAP, tal como lo exige la ley federal cuando los agentes emplean la fuerza, lo que dificulta determinar con exactitud cuántas personas son sometidas a estas restricciones.

“Cuando una organización como el DHS no quiere transparencia, es porque no quiere que la gente sepa lo que está haciendo”, dijo Van Hollen, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia matriz del ICE.

Además de la carta, la representante estadounidense Delia Ramirez, demócrata por Illinois, dijo a AP en un comunicado que está trabajando en un proyecto de ley para controlar el uso que hace la agencia del WRAP.

“El uso que hace ICE de esposas de cuerpo entero para inmovilizar a las personas detenidas plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción”, dijo Ramírez.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las preguntas detalladas de la AP sobre el uso del Programa de Asistencia para Deportaciones Registradas (WRAP). La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró anteriormente que las prácticas del ICE “se ajustan a las seguidas por otras autoridades competentes y cumplen plenamente con las normas legales establecidas”.

La agencia AP descubrió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha pagado al fabricante del sistema WRAP, Safe Restraints Inc., 268.523 dólares desde que comenzó a adquirir estos dispositivos a finales de 2015, durante la administración Obama. Los registros de compras del gobierno muestran que las dos administraciones Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto.

ICE no proporcionó a AP los registros que documentan su uso del WRAP a pesar de las múltiples solicitudes, y no está claro con qué frecuencia se ha utilizado en las administraciones actuales y anteriores.

Además de informar sobre el uso del dispositivo por parte del ICE, la AP identificó una docena de casos fatales en la última década en los que la policía local o los carceleros de todo Estados Unidos utilizaron el WRAP y las autopsias determinaron que la “inmovilización” jugó un papel importante en la muerte.

“Las tácticas brutales e inhumanas del ICE siguen poniendo en peligro la vida de las personas en todo el país”, dijo Ramírez. “El ICE actúa sin supervisión ni rendición de cuentas. Esto no puede continuar”.

Mustian informó desde Washington y Nueva York y Dearen informó desde Los Ángeles.

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JIM MUSTIAN es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.

JASON DEAREN es reportero de investigación nacional para The Associated Press.

(Safe Restraints via AP, archivo) 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que los fabricantes retiraron más de medio millón de envases de hidrocloruro de prazosina, un fármaco para la presión arterial, debido a preocupaciones de que pueda contener una sustancia química cancerígena.

A principios de mes, Teva Pharmaceuticals USA, con sede en Nueva Jersey, y el distribuidor de medicamentos Amerisource Health Services, procedieron a la retirada voluntaria en todo el país de más de 580.000 envases de cápsulas de prazosina de distintas concentraciones, explicó la FDA.

Los médicos prescriben la prazosina, que relaja los vasos sanguíneos, para ayudar a reducir la presión arterial. En algunas ocasiones puede recetarse contra pesadillas y otros trastornos del sueño causados por trastorno de estrés postraumático.

La FDA indicó en órdenes de ejecución publicadas en internet que dio a los lotes afectados una clasificación de riesgo de Clase II porque algunos de los fármacos retirados pueden tener impurezas de nitrosamina, que se consideran potencialmente cancerígenas.

Según lla agencia, las impurezas de N-nitrosamina son una clase de químicos potencialmente cancerígenos que pueden formarse durante la fabricación o el almacenamiento de un medicamento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP Foto/Jose Luis Magana, archivo)

POR  THE ASSOCIATED PRESS

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Trump sigue adelante con sus planes para excluir a algunas organizaciones sin fines de lucro de un popular programa de condonación de préstamos estudiantiles si su trabajo se considera que tiene un “propósito ilegal sustancial”, una medida que podría dejar a algunos maestros, médicos y otros trabajadores públicos sin acceso a la cancelación de préstamos federales.

Las nuevas normas, finalizadas el jueves, otorgan al Departamento de Educación mayores facultades para excluir a organizaciones del programa de condonación de préstamos para el servicio público. El gobierno de Trump afirmó que es necesario impedir que quienes infringen la ley utilicen fondos públicos. Los críticos sostienen que esto convierte el programa en una herramienta de represalia política .

La política, que entrará en vigor en julio, está dirigida principalmente a organizaciones que trabajan con inmigrantes y jóvenes transgénero.

Otorga al secretario de educación la facultad de excluir del programa a grupos que participen en actividades como la trata o la castración química de menores, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas. La castración química se define como el uso de terapia hormonal o fármacos que retrasan la pubertad, un tratamiento de afirmación de género común para niños y adolescentes transgénero.

Se trata de una profunda reforma de un programa que ha cancelado préstamos a más de un millón de estadounidenses y que fue creado por el Congreso en 2007 para orientar a más graduados universitarios hacia empleos peor remunerados en el sector público. El gobierno de Trump aún no ha identificado los grupos específicos a los que pretende afectar, pero estima que menos de diez se verían perjudicados cada año.

El programa “estaba destinado a apoyar a los estadounidenses que dedican sus carreras al servicio público, no a subvencionar a organizaciones que violan la ley, ya sea dando refugio a inmigrantes ilegales o realizando procedimientos médicos prohibidos que intentan cambiar el sexo biológico de los niños”, dijo el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, en un comunicado.

La organización legal sin fines de lucro Student Defense dijo que presentará una demanda para impugnar las normas, argumentando que la administración está “castigando ilegalmente a los funcionarios públicos por las opiniones políticas percibidas de sus empleadores”.

El programa ha premiado una amplia gama de carreras en el servicio público.

El programa promete cancelar los préstamos estudiantiles federales para empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro después de 10 años de pagos. Desde hace tiempo, está disponible para empleados gubernamentales, docentes, bomberos y personal de hospitales públicos. Los requisitos de elegibilidad establecidos por el Congreso se centran principalmente en la situación fiscal de las organizaciones sin fines de lucro y su ámbito de actividad.

El beneficio ha recaído sobre trabajadores de organizaciones de todo el espectro político. Sin embargo, en una acción de marzo que exigía nuevos límites, el presidente Donald Trump afirmó que se han “malgastado fondos públicos en organizaciones activistas que no solo no sirven al interés público, sino que perjudican nuestra seguridad nacional y los valores estadounidenses, a veces mediante actividades delictivas”.

Una de las principales preocupaciones de los críticos es la amplia libertad que se está otorgando el departamento para determinar si el trabajo de una organización debe considerarse que tiene un “propósito ilegal sustancial”.

Los empleadores de los gobiernos estatales y locales, así como las organizaciones sin fines de lucro, pueden ser expulsados ​​del programa si un tribunal estatal o federal falla en su contra o si aceptan un acuerdo legal que incluya la admisión de culpabilidad. Por ejemplo, brindar atención médica de afirmación de género en los 27 estados que la prohíben parece ser motivo de expulsión.

Aun sin un dictamen judicial, el secretario de educación podrá determinar de forma independiente si una organización debe ser excluida. El secretario evaluará si la mayor parte de la evidencia favorece al empleador.

El departamento desestimó las preocupaciones de muchos que afirmaban que ese listón estaba demasiado bajo.

“Garantiza que las decisiones se basen en hechos, no en especulaciones, y permite al Departamento actuar con prontitud para proteger tanto a los prestatarios como a los contribuyentes”, escribieron los funcionarios federales.

Los críticos ven una oportunidad para tomar decisiones basadas en la ideología.

Entre quienes se opusieron a la propuesta figuraban destacadas asociaciones de educación superior, sanidad y derecho. En los comentarios públicos presentados al departamento, muchos la calificaron de extralimitación ilegal y afirmaron que socavaría un incentivo que ha contribuido a paliar la escasez de mano de obra en sectores con alta demanda.

La Asociación de Abogados Estadounidenses afirmó que podría reducirse el número de defensores públicos y abogados de interés público. Miles de personas perderán el acceso a representación legal, señaló la asociación, “simplemente porque el Secretario consideró que los puestos de esos abogados eran políticamente desfavorables”.

El Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro afirmó que esta política permitiría a futuras administraciones de cualquier partido político cambiar las normas de elegibilidad “en función de sus propias prioridades o ideología”.

El representante Tim Walberg, republicano por Michigan y presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que la reforma evitará que los contribuyentes cubran el alivio de préstamos para empleados de “organizaciones radicales que violan las leyes estatales y federales”.

Según las nuevas normas, los empleadores solo podrán ser sancionados por actividades que tengan lugar a partir del 1 de julio de 2026. Aquellos excluidos del programa podrán volver a solicitar su elegibilidad después de 10 años o reincorporarse antes si siguen un “plan de acción correctiva” aprobado por el secretario.

Los documentos del departamento indican que una sola infracción de la ley puede o no ser suficiente para inhabilitar a un empleador, según las circunstancias. No todas las organizaciones que infringen la ley tienen un «propósito ilegal sustancial», afirmó la agencia, y en última instancia, la decisión final depende del análisis de las pruebas por parte del secretario.

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(Foto AP/José Luis Magaña, archivo)