La abogada del gobierno sabía lo que iba a pasar mientras se encontraba de pie en la sala del tribunal y enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que esperaba en un pasillo a pocos metros de distancia.

“No puedo con esto”, dijo la abogada en un mensaje de texto mientras revisaba su lista de casos. “Esto es una carga emocional nueva”.

“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos encontremos nuevamente en mejores circunstancias”.

A poca distancia, un cubano que había vivido en Estados Unidos durante años, salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que era una audiencia de rutina.

El hombre hacía lo que le exigía la ley y acudió acompañado de su esposa, quien es residente legal, y su bebé de 7 meses de edad.

Fue entonces que la abogada presentó rápidamente una moción para desestimar la solicitud de asilo del hombre, y que un juez concedió, lo que lo hizo elegible para una “deportación expedita”. Al salir del juzgado, el hombre se vio rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y desde el pasillo podían escucharse los gritos de la esposa mientras la abogada pasaba al siguiente caso.

Escenas similares de arrestos en juzgados se repiten en todo Estados Unidos como parte de una reforma de los tribunales de inmigración bajo el mandato del presidente Donald Trump, a medida que se ejecuta su agenda de deportaciones a gran escala con tácticas inusualmente agresivas.

La promesa de campaña de Trump de endurecer las restricciones migratorias fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se implementa el plan, hay indicios de que muchos piensan que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

A lo largo de varios meses, periodistas de The Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con los casos siendo desestimados por parte del gobierno, permitiendo que agentes federales vestidos de civil realizaran arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

The Associated Press tuvo acceso a capturas de pantalla de mensajes de texto de un funcionario del gobierno quien, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva poco común de cómo los 75 tribunales de inmigración del país dictan resoluciones como si estuvieran en una línea de ensamblaje, y la manera en que, para muchas personas, los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones.

Arrestos en los juzgados se coordinan con antelación

En un sistema judicial con un retraso de aproximadamente 3,8 millones de casos de asilo, las familias se han visto separadas, trastocando su vida. El debido proceso queda, al parecer, en un segundo plano.

“Cuando los estadounidenses se imaginan un tribunal, tienen algunas expectativas fundamentales” de justicia, dignidad e imparcialidad, dijo Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles y expresidenta de la National Association of Immigration Judges.

“Eso es lo que define a un tribunal —no una sala con un estrado o una persona con toga”, agregó. “Pero lo que tenemos aquí es una visión completamente opuesta”.

En los últimos nueve meses, el gobierno de Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración que los aliados del presidente consideraban demasiado indulgentes, ordenó a agentes enmascarados esposar a inmigrantes en audiencias de asilo a puerta cerrada, y envió memorandos en los que giró instrucciones a los jueces de acatar las directrices.

A diferencia de los tribunales federales, donde existen reglas estrictas de procedimiento y los jueces tienen cargos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración, y su titular puede destituir a los jueces con mayor facilidad.

Nueve funcionarios actuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La mayoría de ellos expresaron profundas dudas sobre castigar a personas que habían cumplido con las reglas y se habían presentado a sus audiencias.

“Como abogado del gobierno, mi deber es hacer cumplir la ley y proteger el interés público —no asegurar la deportación o detención de forma predeterminada”, escribió un abogado del gobierno a la Asociación Estadounidense de Abogados en busca de orientación profesional.

Pero no es así como los casos se están desarrollando en la mayoría de los casos.

Las detenciones en los tribunales se coordinan con días de antelación para cumplir con cuotas, sin apenas tener en cuenta las particularidades de cada caso, según varios funcionarios federales.

En palabras de un funcionario, los abogados del DHS anotan en una hoja de cálculo qué casos son “susceptibles” a ser desestimados, permitiendo que un solicitante de asilo sea arrestado nuevamente de inmediato para someterlo a un proceso de deportación expedita. La mayoría de los detenidos son hombres que no cuentan con un abogado y entraron sin compañía a Estados Unidos, quienes se tiene previsto que comparezcan personalmente ante el tribunal. Contrario a las afirmaciones de Trump de que persigue a “lo peor de lo peor”, la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales, según un análisis de datos del ICE por parte del Cato Institute.

El ICE revisa la hoja de cálculo y selecciona a las personas por las que quiere ir si se llega a desestimar su caso. En la fecha de la audiencia, los agentes federales se comunican directamente con los abogados del DHS, quienes actúan como fiscales en los tribunales de inmigración. El abogado suele enviar actualizaciones casi en tiempo real a los agentes que esperan fuera de la sala del tribunal.

“¿El de la camisa negra? Avísame si el juez desestimó (el caso)”, escribió un agente del ICE durante una audiencia.

Falta de independencia limita la autoridad de los tribunales de inmigración

Los tribunales de inmigración se han visto plagados por falta de recursos, autoridad e independencia judicial prácticamente desde sus inicios.

Los tribunales fueron establecidos en 1952, pero no fue sino hasta 1973 que a los “funcionarios de investigación especial” se les otorgó el título de “juez” y se les permitió vestir togas. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos (EOIR por sus siglas en inglés) se creó en 1983, pero permaneció como parte del Departamento de Justicia, lo que le otorgaba al titular de la dependencia la facultad para revocar las decisiones.

“Éramos la Cenicienta del sistema judicial”, dijo Dana Leigh Marks, quien se jubiló como jueza de inmigración en 2021 después de 34 años de carrera. “Ningún otro tribunal del país funciona así”.

El primer gobierno de Trump implementó una serie de cambios para reducir la acumulación de casos pendientes, incluida la instrucción a los jueces de rechazar categorías enteras de solicitudes de asilo, como para víctimas de pandillas o de violencia doméstica.

También estableció un tablero de control que se convertiría en la pesadilla de muchos jueces: indicadores de color rojo, amarillo y verde miden el desempeño de cada juez en función de objetivos que van desde casos resueltos —un mínimo de 700 al año, independientemente de su complejidad— hasta el número de casos de custodia resueltos en su primera audiencia.

Para cumplir con las métricas, los jueces deben tramitar los expedientes a toda velocidad, en ocasiones dedicando apenas unos minutos a evaluar las solicitudes de asilo.

“Es como decidir casos de pena de muerte en el entorno de un juzgado de tránsito”, manifestó Marks.

El gobierno se refiere a los jueces de inmigración como “funcionarios inferiores”

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero pasado, sus aliados arremetieron directamente contra los tribunales.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha emitido 52 memorandos de políticas —más que el total de los seis años anteriores— para facilitar la contratación y destitución de jueces y advertir contra la parcialidad a favor de los inmigrantes.

Los memorandos dejan al descubierto la debilitada posición de los tribunales al referirse a los jueces como “funcionarios inferiores” —un término muy poco utilizado que fue tomado de la Constitución.

A principios de septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que destinaría 600 abogados militares a los tribunales de inmigración —una cantidad similar a la cifra actual de jueces. El objetivo, según el gobierno, es reducir la carga de trabajo al ampliar el grupo de jueces potenciales para incluir a personas con amplia experiencia en derecho administrativo. No obstante, muchos defensores de los inmigrantes temen que los nuevos jueces carezcan de la experiencia necesaria para resolver casos de asilo.

“Tiene tanto sentido como que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la American Immigration Lawyers Association.

El gobierno ha rechazado las críticas que lo acusan de tomar el control de los tribunales para acelerar sus metas de deportaciones. La portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, señaló en un comunicado que el DHS decide si arrestar o no a los inmigrantes, y que la mayoría de los jueces consideran un “honor y no un insulto” que se refiera a ellos como funcionarios inferiores con atribuciones conferidas por la Constitución y trabajar a discreción del secretario de Justicia.

Baldassarre comparó el incremento récord de solicitantes de asilo durante el gobierno de Joe Biden con una “conspiración indebida entre el DHS y los tribunales de inmigración para llevar a cabo una amnistía ilegal para cientos de miles de extranjeros ilegales”. El Departamento de Justicia, agregó, ha “restablecido la integridad, la imparcialidad y la independencia de los tribunales”.

El DHS no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios.

Abogados del gobierno temen acoso y viven atormentados

Para algunos, el trabajo en los tribunales se ha convertido en una rutina estresante y solitaria. El miedo prevalece. Actualizan sus currículums constantemente.

Un abogado del Departamento de Seguridad Nacional relató como el sonido de los grilletes de los inmigrantes a los que ayudó a detener lo atormenta por las noches. El abogado se unió al gobierno después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, convencido de que proteger las fronteras de Estados Unidos era un deber patriótico.

Aún conserva con cariño un ejemplar firmado de “La noche”, el primer libro de las memorias de Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel, el cual le fue entregado en un seminario de trabajo. “Piensa en grande, siente con mayor profundidad”, dice la dedicatoria del autor en el libro, que está marcado como “Material de capacitación” del DHS.

Hoy, su mensaje le atormenta.

“Ninguno de nosotros nos apuntamos para esto”, agregó.

Luego de un verano turbulento, los juzgados también empiezan a verse vacíos. Al darse a conocer las noticias de que se les ha tendido una trampa, muchos inmigrantes que tienen miedo de ser arrestados han empezado a presentar solicitudes para comparecer a través de videoconferencias o simplemente no se presentan a las audiencias.

En tanto, gerentes ambiciosos reprenden públicamente a quienes cuestionan la legalidad de encarcelar a migrantes sin antecedentes penales en instalaciones hacinadas. En un reciente foro público con Charles Wall, principal asesor jurídico del DHS, varios abogados se quejaron de la presión, las órdenes confusas y la falta de recursos, según las notas de la reunión compartidas con la AP.

Wall respondió que es probable que este ritmo continúe durante años, según las notas. Cuando un empleado federal preguntó sobre la posibilidad de llevar armas de fuego al trabajo por temor al acoso de los activistas dentro de los juzgados, Wall respondió que los jueces no deben dudar en expulsar al público. Wall no pudo ser contactado para obtener comentarios.

“Quiero regresar a mi país”

Las duras tácticas han tenido un efecto deseado por el gobierno: las salidas voluntarias de inmigrantes se han disparado y más de 14.000 personas han solicitado autorización judicial para autodeportarse en los primeros ocho meses de 2025, según datos federales recopilados por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que promueve la transparencia en los procesos migratorios. Esa cifra supera el total de los últimos cinco años. Es casi seguro que la cifra real sea inferior debido a que la mayoría de los inmigrantes no retiran su solicitud de asilo antes de dejar el país voluntariamente.

En el tribunal de inmigración de Tacoma, Washington, los detenidos se presentaron uno tras otro con la misma solicitud.

“Quiero regresar a mi país”, le dijo un venezolano a la jueza Theresa Scala.

“Quiero irme del país”, expresó un hombre originario de México.

Los inmigrantes saben a lo que se enfrentan: centros de detención con nombres ominosos —“Alcatraz de los Caimanes”, “El Encierro de Luisiana” y “Speedway Slammer” (Cárcel de Vía Rápida)—, además de redadas en centros de trabajo y operativos policiales en sus vecindarios.

Jueces destituidos por ser demasiado liberales

Tania Nemer cree que tenía la vocación para ser jueza. Desde el estrado del tribunal de inmigración de Cleveland, se enorgullecía de escuchar atentamente la solicitud de asilo de cada persona.

“Hay una sencillez en todo esto que me encantaba”, dijo a la AP. “Si puedes impartir justicia de manera eficiente, en verdad puedes ayudar a mucha gente”.

La decisión de postularse para jueza de inmigración en 2023 fue sumamente personal. Su padre huyó de las revueltas en Líbano y llegó a Ohio a los 16 años con 6 dólares en el bolsillo. Lavó autos, aprendió inglés y finalmente abrió un bar que lleva su nombre —Manny’s Pub—, el cual le permitió mantener a su familia. Cuando Nemer se casó, su regalo de bodas fueron los seis billetes de un dólar sin gastar, para que nunca olvidara sus raíces.

Pero la pasión de Nemer por el derecho se desvaneció el 5 de febrero. En plena audiencia, su supervisor abrió la puerta del juzgado y le dijo que tenía que acompañarlo.

“En cuanto dijo: ‘Toma tu identificación’, supe que me iban a despedir”, detalló.

Aún en estado de shock, se le entregó una carta de dos párrafos firmada digitalmente por Sirce Owen, el director interino de la EOIR, la cual explicaba que estaba siendo destituida porque la agencia “ha determinado que no es apropiado mantenerla en el cargo, y le agradecemos su servicio”.

No se le dio ninguna justificación. Pero cree que sabe algunas de las razones: su apellido árabe, su experiencia previa para representar a inmigrantes, y sus estudios sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la Universidad de Cornell. Presentó una queja por discriminación ante el Departamento de Justicia para descubrir por qué la despidieron; la queja fue desestimada.

Nemer fue la primera jueza despedida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero 86 más le han seguido desde entonces. Decenas más aceptaron la oferta de renuncia del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

La mayoría fueron contratados durante la presidencia del demócrata Joe Biden y aún cumplen períodos de prueba de dos años, según una lista de jueces despedidos obtenida por la AP.

No está claro quién ordenó los despidos ni cómo fueron elegidos. Pero los jueces destituidos concedieron asilo en porcentajes notablemente superiores a los de sus colegas —en aproximadamente la mitad de todos los casos desde agosto de 2023, en comparación con el 34% a nivel nacional, según Mobile Pathways.

Entre los destituidos se encontraban los 10 que figuraban en la Lista de Seguimiento Burocrático del DHS, un sitio web creado el año pasado con fondos de la Heritage Foundation, cuyo “Proyecto 2025” establece una visión conservadora para las decisiones políticas y de personal del segundo mandato de Trump.

La lista incluye nombres, fotos tomadas de Facebook, salarios y donaciones de campaña de quienes denomina “los burócratas de inmigración más subversivos de Estados Unidos”. Uno de los blancos fue Emmett Soper, un juez del norte de Virginia quien trabajó en la sede de la EOIR durante el gobierno de Biden.

“En cuanto vi eso, supe que las reglas estaban cambiando, que yo estaba bajo un microscopio que antes no existía”, dijo.

Tom Jones, el creador del sitio web, se negó a ser entrevistado.

Baldassarre, la portavoz del Departamento de Justicia, declaró que la agencia no va detrás de personas específicas, pero que evalúa continuamente a cada juez.

“Todos los jueces tienen una obligación legal, ética y profesional de ser imparciales y neutrales al dictar sentencia”, expresó Baldassarre. “Si un juez viola esa obligación al mostrar un sesgo sistemático a favor o en contra de alguna de las partes, la EOIR está obligada a tomar medidas para preservar la integridad de su sistema”.

La oleada de despidos y las nuevas directivas del Departamento de Justicia han tenido un efecto escalofriante. Los rechazos en las mociones para comparecer en videollamadas se triplicó después de la publicación de un memorándum en marzo pasado en el que se derogaba las directrices de la era Biden que instruían a los jueces a conceder generalmente dichas solicitudes, según datos de Mobile Pathways. La denegación de aplazamientos —que otorgan a los inmigrantes más tiempo para buscar asesoría legal— también se ha disparado, al igual que el número de casos clasificados como abandonados.

Nemer regresó en octubre a un tribunal de inmigración por primera vez desde que fue despedida para representar a un cliente mexicano a quien conoce desde hace 20 años y quien fue detenido por agentes no identificados. Mientras el hombre estaba en la cárcel, su novia, quien tenía cinco meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo.

La noticia del regreso de la exjueza se extendió rápidamente y un oleada de excolegas acudieron a la sala del tribunal para abrazarla y expresar consternación por su despido.

“Al tercer abrazo no pude contenerme más y simplemente comencé a llorar”, expresó.

La asistencia legal para inmigrantes se agota

Repelente contra insectos, protector solar, ventiladores y sombrillas compiten por espacio con las carpetas legales en la caja de una pickup Toyota al otro lado de la calle del tribunal de inmigración en San Antonio.

Esta es la nueva oficina de American Gateways.

El gobierno eliminó en abril pasado programas por valor de 30 millones de dólares destinados a brindar asistencia legal gratuita a inmigrantes, la gran mayoría de los cuales se representan a sí mismos ante el tribunal.

Pero los abogados de American Gateways aún vienen cuatro veces por semana y se instalan en un estacionamiento. La sala de conferencias que antes ocupaban dentro del juzgado ahora se utiliza como sala de descanso para los agentes del ICE.

La asistencia va desde ayudar a los inmigrantes a presentar mociones hasta ensayar qué dirán a los jueces. Cada que pueden, programan comparecencias virtuales para minimizar el riesgo de arresto.

Inmigrantes acuden a los tribunales federales para solicitar su liberación

El desmantelamiento de los tribunales de inmigración ha obligado a los inmigrantes a acudir al único lugar donde se preservan los estándares de independencia judicial: las cortes federales.

Desde que comenzaron las redadas en los juzgados, el pasado 15 de mayo, los inmigrantes han presentado más de 3.000 peticiones de habeas corpus —para determinar si una persona está detenida legalmente— en las que solicitan su liberación.

La avalancha de peticiones amenaza con saturar aún más al sistema federal, el cual tiene poca autoridad en casos de inmigración.

“El gobierno intenta acelerar el proceso a una velocidad poco razonable sin respetar el debido proceso”, dijo Annelise Araujo, abogada de inmigración con sede en Boston.

Una petición, presentada en Miami, era la de un hombre cubano detenido el mismo día en que él, su esposa estadounidense y su hija de 10 meses de edad se mudaron a su primera casa. Varios de los solicitantes afirmaron que sobrevivieron a la torturas de las pandillas en México, Ecuador y Venezuela.

Otro desafío legal surgió a raíz de la detención de un hombre brasileño con VIH cuatro días después de que su esposo falleció de un infarto. Mientras el cuerpo del esposo de Frederico Abreu aún se encontraba en la agencia funeraria, agentes del ICE tocaron a su puerta diciendo que tenían documentos del difunto.

Un padre apartado de su familia

Para quienes no pueden costear un abogado para presentar una demanda ante un tribunal federal las opciones pocas.

Uno de ellos era un hombre de Honduras quien se presentó ante un tribunal de inmigración del norte de Virginia acompañado de su esposa y su bebé. Otro de sus hijos, con discapacidad motriz, se impulsaba en una silla de ruedas adornada con luces intermitentes de colores. La familia pidió no ser identificada por miedo a nuevos problemas migratorios.

El juez rechazó la solicitud del gobierno para deportar al hombre. Pero segundos después, al salir de la sala del tribunal, fueron detenidos por cuatro agentes del ICE.

La esposa rompió en llanto mientras se aferraba al brazo de su esposo y suplicó en español: “Por favor, por favor”.

El esposo sostenía el portabebés con su bebé dormido. Su hijo jugaba con un celular.

“Necesito que se despida”, le dijo un agente al hombre. Entre lágrimas, él se arrodilló para abrazar a su hijo, quien se aferró a su padre y gritó repetidamente: “¡Papá! ¡Papá!”.

Finalmente, el padre logró separarse y comenzó a caminar con los agentes de ICE. El niño intentó ir tras ellos, pero uno de los agentes sujetó la parte trasera la silla de ruedas mientras el niño agitaba los brazos inútilmente.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó su arresto en julio. La familia dijo que fue deportado posteriormente. El DHS afirmó que el hombre aceptó abandonar el país voluntariamente y regresó a Honduras el 8 de octubre, luego de permanecer detenido durante tres meses.

Goodman informó desde Cleveland y Sullivan desde Minneapolis; los periodistas de la AP Cedar Attanasio, en Nueva York; Martha Bellisle, en Seattle y Tacoma, Washington; Jacques Billeaud, en Phoenix; Kate Brumback, en Atlanta; Eric Gay, en San Antonio, Texas; Valerie Gonzalez, en Harlingen, Texas; Aaron Kessler, en Washington; Gisela Salomón, en Miami; Rebecca Santana, en Annandale y Sterling, Virginia; Lea Skene, en Baltimore; Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City; Colleen Slevin, en Denver; Elliot Spagat en San Diego; Sophia Tareen, en Chicago e Indianápolis; Amy Taxin, en Santa Ana, California; y Julie Watson, en San Diego, contribuyeron a este despacho.

JOSHUA GOODMAN is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.

(AP foto/Olga Fedorova)

POR  JOSHUA GOODMAN and TIM SULLIVAN