Trump En los últimos meses , jueces federales de todo el país han expresado su preocupación por el incumplimiento de las órdenes del gobierno de Trump en casos individuales de inmigración.
Una revisión de los registros judiciales realizada por Associated Press muestra que los funcionarios de Trump también han acumulado un historial extraordinario de desafío en un conjunto mucho más amplio de demandas que se remontan a los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde febrero de 2025, los jueces de los tribunales de distrito han dictaminado que la administración republicana estaba violando una orden en al menos 31 demandas relacionadas con una amplia gama de temas, incluidos recortes en la financiación federal, despidos masivos, deportaciones y prácticas de inmigración.
Estas infracciones se suman a los más de 250 casos de incumplimiento que los jueces han destacado recientemente en peticiones individuales de inmigración, que van desde no devolver propiedades hasta mantener a los inmigrantes detenidos más allá de las fechas de liberación ordenadas por el tribunal.
Aunque los funcionarios de Trump finalmente cedieron en aproximadamente un tercio de los 31 casos, los expertos legales afirman que su trato a las órdenes judiciales perjudica el sistema constitucional de controles y equilibrios.
«El gobierno federal debería ser la institución más comprometida con el estado de derecho en este país», afirmó David Super, experto en derecho constitucional de la Universidad de Georgetown. «Cuando deja de sentirse obligado a respetarlo, es probable que el respeto por el estado de derecho se desmorone en todo el país».
A continuación, algunos puntos clave del informe de AP sobre estos casos:
Las agresivas medidas políticas de Trump provocan una avalancha de demandas.
La administración ya se ha enfrentado a más de 700 demandas.
La AP revisó cientos de páginas de documentos judiciales en casos de incumplimiento recopilados por organizaciones de control gubernamental no partidistas. Encontró casos adicionales al examinar informes de los medios de comunicación sobre violaciones y luego verificar los hallazgos con los registros judiciales.
Un nivel de desafío sin precedentes
Los tribunales de distrito también han determinado que administraciones anteriores violaron sus órdenes.
Sin embargo, expertos legales y exjueces federales afirmaron que, como mucho, podían recordar unos pocos casos durante los mandatos completos de cuatro años de otros presidentes recientes, incluyendo la primera administración de Trump y los presidentes Joe Biden y Barack Obama.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que los jueces de los tribunales de distrito estaban emitiendo fallos "ilegales" contra funcionarios de Trump.
“Toda la administración del presidente Trump está implementando legalmente la agenda ‘Estados Unidos Primero’ para la que fue elegido”, dijo en un comunicado escrito.
En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia generalmente han refutado las acusaciones de que el gobierno no estaba cumpliendo con la orden judicial. Han argumentado sobre el significado de ciertas palabras, citado fallos favorables de tribunales de apelación y afirmado que actuaban fuera del alcance de la orden judicial, entre otras maniobras legales.
Fuera de los tribunales, Trump y los funcionarios de la Casa Blanca han arremetido contra los jueces federales , e incluso el vicepresidente JD Vance ha sugerido que el presidente podría ignorar las órdenes judiciales.
Los efectos han sido de gran alcance.
Los grupos que afirman haber sido perjudicados por el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno son diversos e incluyen inmigrantes, organizaciones sin fines de lucro y periodistas.
Entre otros casos de incumplimiento, los jueces determinaron que la Casa Blanca desobedeció resoluciones judiciales al deportar a decenas de presuntos miembros de pandillas a una tristemente célebre prisión en El Salvador, retener miles de millones de dólares en ayuda exterior y no restablecer la programación de la Voz de América. Los tres casos datan de los primeros meses de la nueva administración, pero los jueces han seguido encontrando violaciones desde entonces, incluyendo dos casos en abril.
Los tribunales superiores a menudo se ponían del lado de la Casa Blanca.
En 15 de las 31 demandas que revisó la AP, un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema permitieron la política subyacente de la administración, limitaron los esfuerzos del tribunal de distrito para corregir o castigar el incumplimiento, o ambas cosas.
Esas decisiones demuestran que los jueces de tribunales inferiores se están extralimitando, dijo Will Chamberlain, abogado principal del grupo de defensa legal conservador The Article III Project.
Según él, los funcionarios de Trump “en general cumplen, apelan y ganan”. “Si estuvieran desobedeciendo órdenes constantemente, las estarían perdiendo”.
Los críticos afirman que los tribunales superiores están excusando el incumplimiento.
«Esta no es la primera vez que el Tribunal hace la vista gorda ante el incumplimiento, ni, me temo, será la última», escribió en junio la jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, en una opinión disidente a la que se unieron los otros dos magistrados liberales del tribunal. «Sin embargo, cada vez que este Tribunal premia el incumplimiento con medidas cautelares, erosiona aún más el respeto por los tribunales y por el estado de derecho».
Por  SUDHIN THANAWALA
(Foto AP/Alex Brandon)
Corte suprema2WASHINGTON (AP) — El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la legislación que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación exigió la valentía de ciertos miembros del Congreso porque la votación podría sus escaños.
Como reconocimiento, tomó la inusual decisión de trasladar la firma del Despacho Oval al Capitolio. Fue el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del “Domingo Sangriento” contra manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, impulsó el proyecto de ley que se conoció como Ley del Derecho al Voto.
En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las normas más trascendentales en la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes negros e hispanos en todos los niveles de gobierno.
El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar importante de la ley que había servido de protección contra la discriminación racial en el voto y la representación. La decisión llegó más de una década después de que el tribunal socavara otro principio clave de la norma, lo que condujo a leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas del derecho al voto y los derechos civiles temen lo que pueda depararle el futuro a las comunidades minoritarias.
“Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación”, dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. “Literalmente nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración”.
Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, señaló que la constante labor del alto tribunal para erosionar la Ley del Derecho al Voto, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a “enterrarla sin funeral”.
Vaciando el “mayor hito legislativo” del país
El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos congresionales de Louisiana, después de que el estado creara uno que le dio su segundo representante negro en el Congreso.
Los magistrados deteminaron que ese mapa suponía una manipulación inconstitucional de distritos —una maniobra conocida como gerrymander— porque tuvo en cuenta la raza a la hora de trazar la demarcación. En una opinión escrita por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la disposición de la Ley del Derecho al Voto en cuestión, llamada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.
En su voto disidente, la jueza Elena Kagan afirmó que el umbral para demostrar discriminación intencional es “una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto de derechos de voto puedan probar la discriminación”.
Expertos en derechos electorales apuntaron que el fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como apenas una sombra de lo que fue y abrirá las puertas para que quienes diseñan los mapas políticos a todos los niveles —desde los distritos escolares a las legislaturas estatales y el Congreso— socaven la representación de las minorías.
“Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha”, manifestó el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres.
Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, indicó que la decisión permitirá una “fragmentación y concentración” más agresiva de poblaciones para diluir sus votos, “no solo en distritos congresionales, sino también en legislaturas estatales, comisiones de condado, juntas escolares y concejos municipales”.
El jueves, varios grupos de derechos civiles ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus consecuencias.
Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la National Urban League, pidió que no se presente el momento actual como una mera batalla por el control político entre demócratas y republicanos.
“Esta decisión es la continuación de un asalto directo a los avances del Movimiento por los Derechos Civiles que comenzó en 1954 con la decisión Brown contra la Junta de Educación”, expresó.
La ley, herramienta clave para combatir la dilución del poder del voto
Expertos en derechos electorales dijeron que no hay duda del impacto que ha tenido la ley a lo largo de las décadas.
Sherrilyn Ifill, profesora de derecho en la Universidad Howard y expresidenta del NAACP Legal Defense Fund, señaló que en 1970 en todo el país había alrededor de 1.500 funcionarios electos negros. Hoy, esa cifra supera los 10.000.
“Y no es por la bondad de la gente”, remarcó.
Indicó que ese éxito fue el resultado directo de que las comunidades negras, los activistas por los derechos civiles y los abogados contaran con herramientas, gracias a la Ley del Derecho al Voto, para presentar recursos contra los esfuerzos para reducir el peso electoral de votantes negros e hispanos. La mayoría de los casos relacionados con la Sección 2 han abordado la representación en gobiernos locales.
No se trata solo de cifras.
La pérdida de representación, especialmente en legislaturas estatales y en el Congreso, se traducirá en que las comunidades minoritarias pierdan voz en asuntos que les importan, como la atención médica, la educación y las necesarias mejoras en las obras públicas, aseveró Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Los estados pueden alegar ahora objetivos partidistas para justificar mapas que despojan de representación a los votantes de color, y los tribunales federales tendrán poca base para intervenir”, agregó.
Erosión constante por parte de la corte, un futuro en duda
La histórica ley firmada por Johnson hace 61 años había sido enmendada a lo largo de los años, pero el cambio más significativo se produjo en 2013, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso Shelby County vs Holder. En esencia, esa decisión puso fin a una disposición de la Ley del Derecho al Voto que establecía la manera en que los estados y jurisdicciones locales debían incluirse en una lista de aquellos que debían obtener aprobación o autorización previa del Departamento de Justicia para realizar cambios relacionados con el voto.
Ese fallo allanó el camino para que los estados, en su mayoría republicanos, aprobaran una serie de leyes electorales restrictivas, especialmente después de que el presidente Donald Trump, también republicano, afirmó falsamente que un fraude generalizado impidió su reelección en 2020 frente al demócrata Joe Biden.
En una sorpresiva decisión en 2023, la Corte Suprema ratificó la Sección 2 en un caso de redistribución de distritos en Alabama, una decisión que esencialmente revirtió el miércoles.
La pregunta ahora es qué pasará ahora, para los representantes de las minorías y las comunidades a las que representan.
En Louisiana, la decisión coloca al representante demócrata Cleo Fields en la lista de los que corren peligro. Los principales líderes electos del estado, todos republicanos, ya planean posponer las primarias estatales del 16 de mayo para poder redibujar las circunscripciones congresionales.
No es la primera vez que la redistribución de distritos complica los planes políticos de Fields. En la década de 1990, sirvió durante dos mandatos hasta que el estado redibujara su distrito.
“Ya he pasado por esto antes, hace 33 años”, comentó.
Shomari Figures, quien ganó el escaño creado en Alabama tras la decisión del tribunal en 2023, dijo que la decisión no cambia los distritos congresionales actuales de ese estado, pero sí ha hecho que probar la discriminación racial en futuros casos de redistribución de distritos sea significativamente más difícil.
“Esto llevará a que los estados, principalmente en el sur, lancen iniciativas de inmediato para redibujar distritos de maneras que diluirán el impacto de los votantes negros y reducirán drásticamente el número de oportunidades realistas de elegir a miembros negros al Congreso”, advirtió.
Shalela Dowdy, una residente de Alabama que figuró como demandante en el caso que permitió la creación de un nuevo distrito ahora representado por Figures, dijo que le preocupa que la decisión conduzca a revertir el distrito creado en 2023, el cual —según ella— dio más voz a los votantes negros.
“Ponerlo en manos de los estados a este nivel es peligroso”, declaró Dowdy. “Hay antecedentes de que los estados no hacen lo correcto basándose en su población”.
Chandler informó desde Montgomery, Alabama. Los periodistas de The Associated Press Jeff Amy en Atlanta; Joey Cappelletti, Matt Brown y Haya Panjwani en Washington, y Graham Lee Brewer en Oklahoma City contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  GARY FIELDS and KIM CHANDLER
(AP Foto)
Sistema anonimo HANOVER, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Menos de dos años después de que su hijo de 6 años fuera asesinado en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012, Nicole Hockley estaba en el sótano de una iglesia en Ohio impartiendo la primera clase de un programa que esperaba que ayudara a prevenir futuros tiroteos escolares.
El programa, nacido del dolor de uno de los peores tiroteos masivos del país, enseña a los estudiantes a identificar señales de alerta entre sus compañeros y los insta a reportar cualquier indicio a un sistema anónimo de denuncias o a un adulto de confianza para frenar cualquier acto violencia.
Desde aquella primera clase en una iglesia de Columbus, el programa, “Say Something” (“Di algo”), se ha presentado a miles de estudiantes en todo el país. Se han enviado casi 395.000 avisos, que van desde amenazas de tiroteos escolares y suicidios hasta consumo de drogas y acoso escolar. El año pasado, una de estas pistas llevó al arresto de una estudiante de Indiana que amenazó con un tiroteo en su escuela.
“Ha tenido mucho éxito”, dijo Hockley, cuyo hijo Dylan era uno de los 20 alumnos de primer grado y seis educadores que murieron en Sandy Hook en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. “Tras haber vivido directamente que mis dos hijos estuvieran en un tiroteo escolar y que el menor muriera, siento una enorme obligación de honrar ese legado haciendo todo lo que pueda para prevenir futuros actos de violencia y tiroteos escolares”.
Formadores de Sandy Hook Promise, una organización sin fines de lucro fundada a inicios de 2013 por Hockley y otros familiares de las víctimas de Newtown, han viajado a los 50 estados para mostrar a los estudiantes cómo detectar señales de posible violencia o autolesión —que pueden incluir amenazas en redes sociales, una obsesión con las armas o cambios de conducta—, así como la importancia de alzar la voz antes de que ocurra algo.
Los tiroteos están en la mente de los estudiantes
Para los alumnos que han crecido en una época en la que las matanzas masivas suelen aparecer en las noticias y cuyas escuelas realizan con regularidad simulacros de cierres de emergencia, contar con una forma de actuar puede resultar reconfortante.
“Los tiroteos escolares definitivamente dan mucho miedo, y como estudiante de secundaria se te pasan por la cabeza”, comentó Addison Hunt, de 17 años y que cursa el penúltimo año en la escuela secundaria Hanover, en Hanover, Massachusetts. “Pero creo que poder tener estas vías para reportar cosas sin duda me hace sentir mucho más segura”.
Una tarde reciente, una instructora de “Say Something” guió a Hunt y a sus compañeros a través del programa en el auditorio del centro, a unos 30 kilómetros (20 millas) al sur de Boston.
Keely Rogers, exprofesora de música de secundaria de 28 años, explicó al grupo que las investigaciones han revelado que casi todos los atacantes en escuelas mostrados indicios antes, sobre todo en las redes sociales.
“Van a convertirse en los ojos y los oídos de su escuela a través de las redes sociales, ¿verdad?”, dijo. “Sus maestros y el personal no siguen a las mismas personas que ustedes. No pueden estar pendientes. No pueden garantizar la seguridad de todos”.
En una presentación de diapositivas, señaló una publicación de Instagram, tomada de un aviso real al sistema de reportes del grupo, que decía: “No vengan a la escuela mañana si quieren vivir”. Rogers apuntó que alguien reportó la publicación en menos de tres minutos y se tomaron medidas.
Ava Khouri, presidenta de la clase de último año en Hanover, señaló que, para ella, una de las claves del programa era no preocuparse por lo que otros pensarán si hablas.
“Creo que definitivamente los estudiantes son reacios a plantear estos temas a los adultos y a la dirección de la escuela, porque les preocupa que se burlen de ellos por ‘chismosos’ o por meter a alguien más en problemas”, dijo. “Así que creo que este programa deja claro que no eres un soplón si estás ayudando a alguien y estás ayudando a los demás”.
Tanto Hunt como Khouri dijeron que habían reportado conductas preocupantes a padres y educadores antes de conocer el programa.
Una denuncia conduce a un arresto
Consejeros especializados en crisis gestionan el sistema anónimo de reportes de “Say Something” las 24 horas del día, los 365 días del año, y remiten las situaciones graves a la policía y a las autoridades escolares. Los avisos más comunes son preocupaciones por acoso escolar, consumo de drogas, hostigamiento y autolesiones, según Sandy Hook Promise.
De vez en cuando, el sistema recibe un aviso alarmante que se transmite de inmediato a las fuerzas de seguridad.
Entre muchos ejemplos, el año pasado, en Indiana, alguien usó el sistema para reportar que una estudiante estaba planeando un tiroteo en la Escuela Secundaria Mooresville, cerca de Indianápolis, el 14 de febrero. Es la fecha del aniversario de la masacre de 2018 en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. La alumna, Trinity Shockley, de 18 años, fue arrestada el 12 de febrero.
La persona que dio el aviso, una amiga de Shockley, dijo que Shockley estaba obsesionada con el tirador de Parkland y tenía acceso a un rifle AR-15, según un reporte policial. Las autoridades señalaron que las publicaciones de Shockley en redes sociales incluían una que decía: “Parkland parte dos. Por supuesto. He estado planeando esto durante un AÑO”.
Shockley se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue condenada en noviembre a 12 años de prisión, aunque su abogado insistió en que no habría llevado a cabo el plan, según reportó la prensa local.
Sandy Hook Promise cree que su programa y su sistema de reportes evitaron un tiroteo en Mooresville, así como en otras comunidades, y también ha impedido suicidios.
“Así que es agridulce, porque ojalá esto hubiera existido antes de Sandy Hook”, apuntó Hockley.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  DAVE COLLINS
(AP Foto/Robert F. Bukaty)
Trump emiteWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves en la que pide la creación de un nuevo sitio web del gobierno en el que las personas en Estados Unidos puedan encontrar y comparar cuentas de ahorro para la jubilación del sector privado, con el objetivo de apoyar a millones de trabajadores cuyos empleadores no ofrecen ese tipo de planes.
Con la orden se pretende ayudar a que más personas accedan a planes de jubilación antes del próximo año, cuando el gobierno federal empezará a igualar las aportaciones para la jubilación realizadas por trabajadores de menores ingresos.
Esa nueva aportación equivalente, conocida como el “Saver’s Match” (“Aportación equivalente a la del ahorrador”), proviene de una ley de 2022 aprobada durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden. A partir de enero, ofrecerá una contribución equivalente de hasta 1.000 dólares para trabajadores que ganen menos de 35.000 dólares al año.
La orden de Trump pretende ayudar a que esa aportación equivalente esté disponible para aproximadamente 50 millones de personas que no cuentan con planes de jubilación ofrecidos por sus empleadores. El presidente republicano instruyó al Departamento del Tesoro a lanzar TrumpIRA.gov, donde los trabajadores podrán comparar planes de jubilación del sector privado.
“Para millones de estadounidenses que carecen de planes patrocinados por el empleador, esto será realmente revolucionario, porque estarán cubiertos”, expresó Trump durante una ceremonia de firma en el Despacho Oval.
No está ofreciendo un nuevo plan de jubilación del gobierno, sino ayudando a vincular a los trabajadores con planes existentes de empresas privadas.
Los detalles de la orden fueron reportados inicialmente por la plataforma de noticias Semafor.
Trump habló de la idea durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, cuando señaló que aproximadamente la mitad de las personas en el país no tienen acceso a planes de jubilación proporcionados por el empleador con aportaciones equivalentes.
“Para remediar esta flagrante disparidad, anuncio que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados —grandes personas, las personas que construyeron nuestro país—, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a cada trabajador federal”.
El programa Saver’s Match ofrecerá una aportación equivalente máxima de 1.000 dólares para contribuyentes solteros y de 2.000 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta. El máximo se aplicará a contribuyentes solteros con ingresos inferiores a 20.500 dólares, con aportaciones equivalentes menores para quienes ganen hasta 35.500 dólares. Este programa aplica a aportaciones realizadas a planes 401(k), IRA e IRA Roth.
Trump indicó que quiere llevar la aportación equivalente “al siguiente nivel” al pedirle al Congreso que la amplíe a quienes tengan ingresos superiores a 35.000 dólares al año. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló que muchos trabajadores de ingresos medios también carecen de acceso a planes de jubilación del empleador.
“Estamos trabajando con el Congreso para ampliar significativamente este programa y esperamos que se apruebe una ley este año”, manifestó Hassett en la ceremonia.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
COLLIN BINKLEY covers the White House and education policy for The Associated Press. He is based in Washington and joined the AP in 2015.
(Foto AP/Alex Brandon)
Trump SopesaWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump lanzó el miércoles una nueva amenaza contra Alemania, al plantear que pronto podría reducir la presencia militar de Estados Unidos allí mientras continúa su disputa con el canciller Friedrich Merz por la guerra de Washington e Israel contra Irán.
Trump formuló la amenaza después de que Merz afirmara hace unos días que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos, y criticara la falta de estrategia de la Casa Blanca en la guerra. Trump también ha arremetido repetidamente contra la OTAN por la negativa de la alianza a ayudar a los estadounidenses en el conflicto, que ya lleva dos meses.
“Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de soldados en Alemania, y se tomará una determinación a la brevedad”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.
Horas antes, Merz declaró que su relación personal con Trump sigue siendo “tan buena como siempre”, pero que “había tenido dudas desde el principio sobre lo que se inició allí con la guerra en Irán”.
Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump también se movilizó para recortar el número de soldados de Estados Unidos en Alemania porque, según él, el país europeo —que también pertenece a la OTAN— gastaba demasiado poco en defensa.
En junio de 2020, Trump anunció que iba a retirar a unos 9.500 de los aproximadamente 34.500 soldados estadounidenses que estaban emplazados entonces en territorio alemán, pero el proceso nunca se llevó a cabo. Poco después de asumir el cargo en 2021, el presidente demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro que se había planeado.
Washington tiene varias instalaciones militares importantes en el país, entre ellas la sede del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital estadounidense fuera de Estados Unidos.
Merz se reunió con Trump en la Casa Blanca en marzo, apenas unos días después de que Washington e Israel iniciaran su bombardeo sobre Irán. En ese momento, Merz le dijo a Trump que Alemania estaba deseosa de trabajar con el liderazgo estadounidense en una estrategia para cuando el actual gobierno iraní ya no exista. Merz también manifestó su preocupación de que, si el conflicto se prolongaba, ello pudiera causarle graves daños a la economía mundial.
Su preocupación, al igual que la de muchos otros líderes europeos, se ha incrementado, ya que Estados Unidos e Irán aún no han llegado a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima por la que fluía aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de que la guerra empezara. Ha estado prácticamente cerrado desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero.
“Estamos sufriendo considerablemente en Alemania y en Europa por las consecuencias de, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz”, declaró Merz el miércoles, horas antes de que Trump publicara su amenaza en redes sociales. “Y en ese sentido, insto a que este conflicto se resuelva”.
Merz añadió que su gobierno estaba “en buenos términos de diálogo” con el gobierno de Trump.
Por su parte, el mandatario estadounidense apenas ha contenido su frustración con Merz.
El martes escribió: “El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando!”. Trump añadió que no era una sorpresa “¡que a Alemania le esté yendo tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”.
El periodista de la AP Pietro De Cristofaro informó desde Berlín.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
AAMER MADHANI covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.
MICHELLE L. PRICE covers the White House. She previously covered the 2024 presidential campaign and politics, government and other news in New York, Nevada, Utah and Arizona. She is based in Washington.
(AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

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