MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades federales han negado intentar acelerar el fin de las solicitudes de asilo de la familia de un niño de 5 años que fue detenido con su padre durante la represión migratoria que ha sacudido el área de Minneapolis.
Imágenes de Liam Conejo Ramos con un sombrero de conejo y una mochila de Spider-Man rodeado de policías migratorios provocaron amplia indignación.
Danielle Molliver, abogada del niño y su padre, dijo al New York Times que el gobierno estaba intentando acelerar los procedimientos de deportación, calificando las acciones de “extraordinarias” y posiblemente “de represalia”.
El gobierno lo negó.
“Estos son procedimientos de expulsión regulares. No están en expulsión acelerada”, declaró Tricia McLaughlin, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, añadiendo “no hay nada de represalia en hacer cumplir las leyes de inmigración del país”.
El niño y su padre, Adrian Conejo Arias, quien es originario de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.
Fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota el 1 de febrero.
Vecinos y funcionarios escolares han acusado a las autoridades de inmigración de usar al niño como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre saliera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Dijo que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.
El gobierno dice que el padre del niño ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde Ecuador en diciembre de 2024. La abogada de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite quedarse en el país.
WASHINGTON (AP) — Un participante en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia ha sido detenido y será procesado por sus muertes, afirmó el viernes la secretaria de Justicia Pam Bondi.
Zubayr Al-Bakoush, acusado por el ataque que mató a cuatro estadounidenses, aterrizó en la Base Conjunta Andrews en Maryland a las 3 a.m., indicó Bondi en conferencia de prensa.
“Nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación”, expresó Bondi.
La fiscal federal Jeanine Pirro señaló que una acusación de ocho cargos imputaba a Al-Bakoush por crímenes que incluían los asesinatos del embajador Chris Stevens y del empleado del Departamento de Estado Sean Smith. No estaba claro si Al-Bakoush tenía un abogado que lo representara.
El ataque de 2012 surgió inmediatamente como un tema político divisivo, ya que los republicanos criticaron al presidente Barack Obama y a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la seguridad en la instalación y la narrativa de la administración sobre quién era responsable y por qué.
Un informe final de un panel del Congreso liderado por republicanos culpó a la administración Obama por deficiencias de seguridad y una respuesta lenta a los ataques. Sin embargo, el informe no encontró irregularidades por parte de Clinton.
Clinton desestimó el informe como simple repetición de investigaciones anteriores, diciendo que era “hora de pasar la página”. Otros demócratas denunciaron el informe como pura teoría de conspiración.
La noche del 11 de septiembre de 2012, al menos 20 militantes armados con AK-47 y lanzagranadas irrumpieron en la puerta del complejo consular y prendieron fuego a los edificios.
El incendio provocó la muerte de Stevens y Smith. Otros miembros del personal del Departamento de Estado escaparon a una instalación cercana conocida como el anexo.
Un gran grupo se reunió para un ataque al anexo. Ese ataque, que incluyó un bombardeo de mortero de precisión, resultó en la muerte de los guardias de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.
Un militante libio sospechoso de ser el cerebro de los ataques, Ahmed Abu Khattala, fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos en 2014 y fue llevado a Washington para ser procesado. Fue condenado y está cumpliendo una sentencia de prisión. Sus abogados argumentaron que las pruebas eran inconclusas y que fue señalado por sus creencias musulmanas ultraconservadoras.
NUEVA YORK (AP) — Fotos de personas desnudas. Nombres y rostros de víctimas de abuso sexual. Números de cuentas bancarias y del Seguro Social a plena vista.
Todo esto se puede ver entre la montaña de documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes como parte de sus labores por cumplir con una ley que requiere que la agencia saque a la luz sus archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein.
Esa ley tenía la intención de preservar importantes protecciones de privacidad para las víctimas de Epstein. Se suponía que sus nombres debían estar tachados en los documentos. Se suponía que las fotos de sus rostros y cuerpos fueran censuradas.
Los errores, sin embargo, han sido abundantes. The Associated Press y otras organizaciones noticiosas llevaron a cabo una revisión que ha encontrado innumerables ejemplos de censura descuidada, inconsistente o inexistente que han dejado al descubierto información privada.
La fotografía de una niña que fue contratada para dar masajes sexualizados a Epstein en Florida apareció en una de las gráficas de presuntas víctimas. Informes policiales con los nombres de varias de sus víctimas --incluidas algunas que nunca se han presentado públicamente-- fueron publicados sin ningún tipo de censura.
A pesar de los esfuerzos del Departamento de Justicia por corregir los descuidos, hasta la noche del miércoles aún aparecían publicadas en el sitio web una selfie de una mujer desnuda en un baño y otra fotografía de una mujer con el pecho desnudo. Sus rostros completamente visibles.
Algunas de las víctimas y sus abogados se pusieron en contacto esta semana con el Departamento de Justicia para que retire el sitio web y designe a un observador independiente para evitar más errores.
Un juez programó para el miércoles una audiencia en Nueva York para discutir el asunto, la cual canceló después de que uno de los abogados de las víctimas mencionó ciertos avances en la resolución del problema. Sin embargo, esa abogada, Brittany Henderson, dijo que todavía estaban considerando “todas las vías posibles” para abordar el daño “permanente e irreparable” que se le ha causado a algunas de las mujeres.
“Esta no es un fracaso meramente técnico”, dijo en un comunicado. “Es un fracaso al momento de proteger a seres humanos a quienes nuestro gobierno prometió protección. Hasta que cada documento esté debidamente censurado, este fracaso continúa”.
Annie Farmer, quien dijo que tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por Epstein y su confidente, Ghislaine Maxwell, dijo que, aunque su nombre ya era público, los documentos revelaron indebidamente otros detalles que preferiría mantener privados, como su fecha de nacimiento y su número telefónico.
“En este momento, en realidad me siento más que nada enojada por la manera en que se desarrolló todo esto”, declaró a NBC News. “El hecho de que se haya llevado a cabo de una manera por demás descuidada, donde esto ha puesto en peligro a las personas, es realmente espantoso.”
El gobierno defiende sus esfuerzos de censura
El Departamento de Justicia ha atribuido los problemas a errores técnicos o humanos y ha dicho que ha retirado buena parte del material mientras trabaja para publicar versiones censuradas adecuadamente.
La tarea de revisar y censurar millones de páginas de registros se llevó a cabo en muy poco tiempo. El presidente Donald Trump promulgó la ley que requiere la divulgación de los documentos el 19 de noviembre, dándole al Departamento de Justicia sólo 30 días para publicar los documentos. La agencia no cumplió con el plazo, en parte porque señaló que necesitaba de más tiempo para implementar las protecciones de privacidad.
Cientos de abogados tuvieron que suspender sus tareas habituales, incluida la supervisión de casos penales, para tratar de completar la revisión de documentos, hasta el punto de que al menos un juez en Nueva York se quejó de que la labor estaba retrasando otros asuntos.
La base de datos, publicada en el sitio web del Departamento de Justicia, representa la mayor divulgación de archivos en las investigaciones sobre Epstein, quien se quitó la vida en la celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.
Censura parcial o nula
Los reporteros de Associated Press que analizan los documentos han encontrado hasta ahora varios ejemplos en los que se han dado a conocer nombres e información personal de posibles víctimas.
También han encontrado muchos casos de censura excesiva.
En un recorte de noticias incluido en el archivo, el Departamento de Justicia aparentemente tachó el nombre “José” de un pie de foto en el que aparecía un Nacimiento en una iglesia de California. “Un Nacimiento con la representación de Jesús, María y (CENSURADO)”, decía.
En un correo electrónico publicado en los archivos, aparentemente se censuró el nombre de un perro: “Pasé una hora paseando a (CENSURADO) y luego otra hora bañándola, secándola y cepillándola. ¡Espero que huela mejor!”, decía el correo electrónico.
El Departamento de Justicia ha dicho que el personal encargado de preparar los archivos para su publicación recibió instrucciones de limitar las censuras exclusivamente a la información relacionada con las víctimas y sus familiares, aunque en muchos documentos aparecen tachados los nombres de muchas otras personas, como abogados y figuras públicas.
Imágenes sin censura
El Departamento de Justicia ha dicho que tenía la intención de censurar cualquier parte de una fotografía que mostrara desnudez, y cualquier foto que pudiera mostrar a una víctima.
En algunas fotos revisadas por la AP, se ocultó el rostro de las mujeres, pero mantuvieron expuesta buena parte de sus cuerpos desnudos de manera que las mujeres probablemente se sientan avergonzadas de cualquier forma. En las fotos aparecen mujeres identificables probándose ropa en vestidores de tiendas o descansando en trajes de baño.
Un conjunto de más de 100 fotografías de una joven estaba censurado prácticamente por completo, con excepción de la última imagen en donde se podía ver claramente su rostro.
Periodistas de Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho.
Associated Press está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de uno de estos medios trabajan en conjunto para revisar los documentos y compartir información sobre su contenido. Cada medio es responsable de su propia cobertura, independiente de las noticias sobre los documentos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
PHILIP MARCELO is a general assignment reporter in the NYC bureau. He previously wrote for AP Fact Check and before that was based in Boston, where he focused on race and immigration.
WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que llevaron a cabo otro ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental.
El Comando Sur estadounidense indicó en redes sociales que el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”. Señaló que en el ataque murieron dos personas. Un video vinculado a la publicación muestra una embarcación desplazándose sobre el agua antes de explotar en llamas.
El ataque fue anunciado tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declarara que “algunos de los principales narcotraficantes de cárteles” en la región “han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe”. Sin embargo, Hegseth no proporcionó detalles ni datos que respaldaran esta afirmación, hecha en una publicación en su cuenta personal en redes sociales.
Ni el Comando Sur de Estados Unidos ni el Pentágono respondieron a preguntas de seguimiento sobre la afirmación de Hegseth.
Los ataques a embarcaciones, que comenzaron en septiembre de 2025, han disminuido en frecuencia desde enero, un mes en el que sólo hubo uno después de la redada en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. En contraste, el Pentágono atacó más de una docena de embarcaciones en diciembre de ese año.
La acometida del jueves eleva a 128 el número de muertos por los ataques del gobierno de Trump a presuntas embarcaciones de drogas. La semana pasada, las fuerzas armadas indicaron que esa cifra era de hasta 126 personas, con la inclusión de los que se presume muertos tras perderse en el mar. Esa cifra incluía a 116 individuos que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según el Comando Sur estadounidense. Se cree que otras diez personas están muertas porque los equipos de rescate no las localizaron después de un ataque.
Mientras tanto, las familias de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago muertos en octubre en un ataque a una embarcación por parte del gobierno de Trump demandaron al gobierno de Estados Unidos la semana pasada, calificando el ataque como un crimen de guerra y parte de una “campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal”. Se cree que la demanda es el primer caso de homicidio involuntario derivado de la campaña y pondrá a prueba la justificación jurídica de los ataques, que muchos expertos dicen son una violación flagrante de las leyes de conflicto armado.
El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques, diciendo que son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.
PORTLAND, Oregón (AP) — Los agentes de inmigración de Estados Unidos en Oregon deben dejar de arrestar a personas sin órdenes judiciales a menos que exista la posibilidad de fuga, dictaminó el miércoles un juez federal.
El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, que los críticos han descrito como "arresto primero, justificación después".
El departamento, que figura como acusado en la demanda, no hizo comentarios de inmediato en respuesta a una solicitud de The Associated Press.
Acciones similares, incluyendo agentes de inmigración ingresando a propiedad privada sin una orden judicial, han generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Los tribunales de Colorado y Washington DC han emitido fallos como el de Kasubhai, y el gobierno los ha apelado.
En un memorando de la semana pasada, Todd Lyons, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, enfatizó que los agentes no deben realizar un arresto sin una orden de arresto administrativa emitida por un supervisor a menos que desarrollen una causa probable para creer que la persona está en Estados Unidos ilegalmente y es probable que escape de la escena antes de que se pueda obtener una orden.
Pero el juez escuchó evidencia de que agentes en Oregon han arrestado a personas en redadas de inmigración sin tales órdenes o sin determinar que la fuga era probable.
La audiencia, que duró todo el día, incluyó el testimonio de uno de los demandantes, Víctor Cruz Gamez, un abuelo de 56 años que ha estado en Estados Unidos desde 1999. Le dijo al tribunal que fue arrestado y retenido en un centro de detención de inmigrantes durante tres semanas a pesar de que tiene un permiso de trabajo válido y una solicitud de visa pendiente.
Cruz Gamez testificó que en octubre, mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, fue detenido por agentes de inmigración. A pesar de mostrar su licencia de conducir y permiso de trabajo, fue detenido y llevado al edificio de ICE en Portland antes de ser enviado a un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington. Tras tres semanas allí, estaba a punto de ser deportado hasta que un abogado consiguiera su liberación, declaró.
Se le saltaron las lágrimas al relatar cómo el arresto impactó a su familia, especialmente a su esposa. Al llegar a casa, no le abrieron la puerta durante tres semanas por miedo, y uno de sus nietos no quería ir a la escuela, según contó a través de un intérprete de español.
Después, un abogado del gobierno federal le dijo a Cruz Gamez que lamentaba lo que había pasado y el efecto que tuvo sobre ellos.
Kasubhai dijo que las acciones de los agentes en Oregon —incluyendo apuntar con armas a personas mientras las detenían por violaciones civiles a las leyes de inmigración— han sido “violentas y brutales”, y le preocupaba que la administración negara el debido proceso a quienes eran atrapados en redadas de inmigración.
“El debido proceso exige que quienes tienen gran poder ejerzan una gran moderación”, dijo. “Esa es la piedra angular de una república democrática fundada en esta gran constitución. Creo que la estamos perdiendo”.
La demanda fue presentada por el bufete de abogados sin fines de lucro Innovation Law Lab, cuyo director ejecutivo, Stephen Manning, dijo que confiaba en que el caso sería un "catalizador para el cambio aquí en Oregon".
“De eso se trata fundamentalmente este caso: de pedirle al gobierno que cumpla la ley”, dijo durante la audiencia.
La medida cautelar permanecerá vigente mientras se tramite el proceso.
El escritor de Associated Press Gene Johnson en Seattle contribuyó a este artículo.
Claire Rush es un reportero de Associated Press que cubre el gobierno del estado de Oregón y noticias generales en el noroeste del Pacífico en general.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades federales han negado intentar acelerar el fin de las solicitudes de asilo de la familia de un niño de 5 años que fue detenido con su padre durante la represión migratoria que ha sacudido el área de Minneapolis.
WASHINGTON (AP) — Un participante en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia ha sido detenido y será procesado por sus muertes, afirmó el viernes la secretaria de Justicia Pam Bondi.
WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que llevaron a cabo otro ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental.