WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron el lunes otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, lo que dejó dos muertos, informaron fuentes castrenses.
La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde septiembre de 2025 y ha dejado al menos 188 fallecidos. Otros ataques se han llevado a cabo en el océano Pacífico oriental.
Pese a la guerra contra Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas, lo que muestra que las medidas agresivas del gobierno para frenar lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no están disminuyendo. Las fuerzas armadas no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.
Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones, meses antes de la redada de enero en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado inocente.
En el ataque más reciente, oficiales del Comando Sur de Estados Unidos reiteraron declaraciones previas, diciendo que habían atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicaron un video en la red social X en el que se ve una embarcación desplazándose sobre el agua antes de incendiarse debido a una enorme explosión.
Trump ha afirmado que Washington está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha dicho que los ataques son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.
Por su parte, los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra estas embarcaciones.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
CHARLESTON, Virginia Occidental (AP) — El próximo obispo para los católicos de Virginia Occidental será un defensor de los inmigrantes nacido en El Salvador que se ha opuesto a las políticas de represión migratoria del presidente estadounidense Donald Trump .
El papa León XIV anunció el viernes el nombramiento de Monseñor Evelio Menjivar-Ayala, obispo auxiliar en Washington, D.C., como nuevo líder de la diócesis de Wheeling-Charleston, que comprende Virginia Occidental, uno de los estados con menor diversidad racial del país.
Menjivar-Ayala, de 55 años, huyó de la guerra civil de El Salvador cuando era adolescente a finales de la década de 1980, y finalmente cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1990, según declaró a Associated Press en una entrevista el año pasado. Pero en cuestión de "un par de semanas" obtuvo protección humanitaria, posteriormente se le concedió una visa como trabajador religioso y se convirtió en ciudadano estadounidense hace dos décadas.
Sin embargo, se siente cercano a los inmigrantes que han sido víctimas de redadas, incluido el aumento de la presencia policial federal en Washington el año pasado, porque "podría haber sido yo", dijo en 2025.
La Iglesia Católica ha defendido durante mucho tiempo el trato humano a los migrantes y refugiados en Estados Unidos y en todo el mundo. Menjivar-Ayala y otros líderes de la Iglesia estadounidense han condenado enérgicamente las políticas de deportación masiva de la administración Trump, al tiempo que han afirmado el derecho de cada nación a controlar sus fronteras e instado a la reconciliación.
El nuevo obispo dará prioridad a los más marginados.
En su discurso del viernes, Menjivar-Ayala no mencionó las políticas de inmigración ni a Trump, sino que se centró en su deseo de ser aceptado por los habitantes de Virginia Occidental y en su disposición a escuchar a la comunidad. Parte de su discurso fue en español.
“Tengo mucho que aprender, pero mi corazón está dispuesto y abierto”, dijo. “Sobre todo, quiero escuchar a los pobres. A los marginados de la iglesia y de la sociedad. A los trabajadores, a los inmigrantes, porque, como dice Mateo 25, la manera en que tratamos a los más humildes es la manera en que tratamos a Jesús”.
En la arquidiócesis de Washington, que incluye el Distrito de Columbia y partes de Maryland, más del 40 % de los feligreses son latinos. En Virginia Occidental, territorio que pertenece a la diócesis de Wheeling-Charleston, solo el 2,4 % de la población es latina y el 92,6 % de sus 1,77 millones de habitantes se identifican como blancos, según el censo de Estados Unidos.
Menjivar-Ayala reemplaza al reverendísimo Mark Brennan, de 79 años, quien se desempeñó como obispo de Virginia Occidental desde 2019. Brennan asumió el cargo tras un escándalo relacionado con el acoso sexual a adultos por parte de un obispo anterior y el derroche de fondos eclesiásticos. En una conferencia de prensa conjunta celebrada el viernes en Wheeling, Brennan recordó a los habitantes de Virginia Occidental que muchos en Estados Unidos provienen de otros lugares.
“Pero él ama a toda la gente de aquí. No va a ser obispo solo para un grupo dentro de la diócesis. Será obispo para todo el pueblo. Se lo puedo asegurar.”
El nuevo obispo, que ha desarrollado su carrera ministerial en la capital del país y las comunidades circundantes, trabajará en una región menos católica y más rural, supervisando a los 61.000 católicos de la diócesis y sus 92 parroquias en todo Virginia Occidental.
Si bien reconoció la belleza de las montañas y los recursos naturales de Virginia Occidental, afirmó que muchas personas en uno de los estados más pobres del país "siguen sufriendo dificultades, marginación y desigualdad".
Elogiado por su defensa de los inmigrantes.
El cardenal Robert McElroy de Washington elogió la labor de Menjivar-Ayala en defensa de los migrantes durante su mandato en la capital, y afirmó en un comunicado que "su pasión por la justicia y su sensible atención a las comunidades hispanas e inmigrantes de nuestra Arquidiócesis han sembrado semillas de gracia que darán fruto aquí durante las próximas décadas".
En un artículo que escribió el año pasado para el Catholic Standard, el periódico oficial de la arquidiócesis de Washington, Menjivar-Ayala se pronunció en contra del trato que la administración Trump daba a los inmigrantes.
“Cada día esta situación se agrava y se vuelve más inquietante”, escribió Menjivar-Ayala. “Desde hace semanas, el gobierno federal lleva a cabo una campaña de ‘conmoción y pavor’ con amenazas agresivas y operaciones muy visibles de dudosa legalidad que van mucho más allá de la mera ‘aplicación’ de la ley de inmigración”.
Menjivar-Ayala, cuyo nombramiento se produce pocas semanas después del desacuerdo del papa con Trump sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán, será investido como obispo en una ceremonia el 2 de julio. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el nombramiento de Menjivar-Ayala.
Otro sacerdote nacido en Latinoamérica también fue nombrado obispo de Estados Unidos el viernes. El reverendo John Gomez comenzará su ministerio en la Diócesis de Laredo, Texas, el 30 de junio. Gomez nació en Colombia, llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 2002 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2021, según su actual diócesis en Tyler, Texas. En un comunicado, el obispo Gregory Kelly de Tyler elogió su “compromiso con el ministerio hispano”.
El primer obispo estadounidense nombrado por el Papa León XIII , dos semanas después de su propia elección en mayo de 2025, fue un antiguo refugiado: Michael Pham , nacido en Vietnam y que se convirtió en obispo de San Diego, California.
El número de ordenaciones sacerdotales en Estados Unidos ha ido disminuyendo durante décadas, lo que hace que el clero nacido en el extranjero sea esencial para muchas parroquias en todo el país.
Dell'Orto informó desde Minneapolis.
La cobertura de temas religiosos de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.
WASHINGTON (AP) — El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la legislación que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación exigió la valentía de ciertos miembros del Congreso porque la votación podría sus escaños.
Como reconocimiento, tomó la inusual decisión de trasladar la firma del Despacho Oval al Capitolio. Fue el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del “Domingo Sangriento” contra manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, impulsó el proyecto de ley que se conoció como Ley del Derecho al Voto.
En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las normas más trascendentales en la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes negros e hispanos en todos los niveles de gobierno.
El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar importante de la ley que había servido de protección contra la discriminación racial en el voto y la representación. La decisión llegó más de una década después de que el tribunal socavara otro principio clave de la norma, lo que condujo a leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas del derecho al voto y los derechos civiles temen lo que pueda depararle el futuro a las comunidades minoritarias.
“Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación”, dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. “Literalmente nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración”.
Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, señaló que la constante labor del alto tribunal para erosionar la Ley del Derecho al Voto, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a “enterrarla sin funeral”.
Vaciando el “mayor hito legislativo” del país
El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos congresionales de Louisiana, después de que el estado creara uno que le dio su segundo representante negro en el Congreso.
Los magistrados deteminaron que ese mapa suponía una manipulación inconstitucional de distritos —una maniobra conocida como gerrymander— porque tuvo en cuenta la raza a la hora de trazar la demarcación. En una opinión escrita por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la disposición de la Ley del Derecho al Voto en cuestión, llamada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.
En su voto disidente, la jueza Elena Kagan afirmó que el umbral para demostrar discriminación intencional es “una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto de derechos de voto puedan probar la discriminación”.
Expertos en derechos electorales apuntaron que el fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como apenas una sombra de lo que fue y abrirá las puertas para que quienes diseñan los mapas políticos a todos los niveles —desde los distritos escolares a las legislaturas estatales y el Congreso— socaven la representación de las minorías.
“Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha”, manifestó el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres.
Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, indicó que la decisión permitirá una “fragmentación y concentración” más agresiva de poblaciones para diluir sus votos, “no solo en distritos congresionales, sino también en legislaturas estatales, comisiones de condado, juntas escolares y concejos municipales”.
El jueves, varios grupos de derechos civiles ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus consecuencias.
Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la National Urban League, pidió que no se presente el momento actual como una mera batalla por el control político entre demócratas y republicanos.
“Esta decisión es la continuación de un asalto directo a los avances del Movimiento por los Derechos Civiles que comenzó en 1954 con la decisión Brown contra la Junta de Educación”, expresó.
La ley, herramienta clave para combatir la dilución del poder del voto
Expertos en derechos electorales dijeron que no hay duda del impacto que ha tenido la ley a lo largo de las décadas.
Sherrilyn Ifill, profesora de derecho en la Universidad Howard y expresidenta del NAACP Legal Defense Fund, señaló que en 1970 en todo el país había alrededor de 1.500 funcionarios electos negros. Hoy, esa cifra supera los 10.000.
“Y no es por la bondad de la gente”, remarcó.
Indicó que ese éxito fue el resultado directo de que las comunidades negras, los activistas por los derechos civiles y los abogados contaran con herramientas, gracias a la Ley del Derecho al Voto, para presentar recursos contra los esfuerzos para reducir el peso electoral de votantes negros e hispanos. La mayoría de los casos relacionados con la Sección 2 han abordado la representación en gobiernos locales.
No se trata solo de cifras.
La pérdida de representación, especialmente en legislaturas estatales y en el Congreso, se traducirá en que las comunidades minoritarias pierdan voz en asuntos que les importan, como la atención médica, la educación y las necesarias mejoras en las obras públicas, aseveró Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Los estados pueden alegar ahora objetivos partidistas para justificar mapas que despojan de representación a los votantes de color, y los tribunales federales tendrán poca base para intervenir”, agregó.
Erosión constante por parte de la corte, un futuro en duda
La histórica ley firmada por Johnson hace 61 años había sido enmendada a lo largo de los años, pero el cambio más significativo se produjo en 2013, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en el caso Shelby County vs Holder. En esencia, esa decisión puso fin a una disposición de la Ley del Derecho al Voto que establecía la manera en que los estados y jurisdicciones locales debían incluirse en una lista de aquellos que debían obtener aprobación o autorización previa del Departamento de Justicia para realizar cambios relacionados con el voto.
Ese fallo allanó el camino para que los estados, en su mayoría republicanos, aprobaran una serie de leyes electorales restrictivas, especialmente después de que el presidente Donald Trump, también republicano, afirmó falsamente que un fraude generalizado impidió su reelección en 2020 frente al demócrata Joe Biden.
En una sorpresiva decisión en 2023, la Corte Suprema ratificó la Sección 2 en un caso de redistribución de distritos en Alabama, una decisión que esencialmente revirtió el miércoles.
La pregunta ahora es qué pasará ahora, para los representantes de las minorías y las comunidades a las que representan.
En Louisiana, la decisión coloca al representante demócrata Cleo Fields en la lista de los que corren peligro. Los principales líderes electos del estado, todos republicanos, ya planean posponer las primarias estatales del 16 de mayo para poder redibujar las circunscripciones congresionales.
No es la primera vez que la redistribución de distritos complica los planes políticos de Fields. En la década de 1990, sirvió durante dos mandatos hasta que el estado redibujara su distrito.
“Ya he pasado por esto antes, hace 33 años”, comentó.
Shomari Figures, quien ganó el escaño creado en Alabama tras la decisión del tribunal en 2023, dijo que la decisión no cambia los distritos congresionales actuales de ese estado, pero sí ha hecho que probar la discriminación racial en futuros casos de redistribución de distritos sea significativamente más difícil.
“Esto llevará a que los estados, principalmente en el sur, lancen iniciativas de inmediato para redibujar distritos de maneras que diluirán el impacto de los votantes negros y reducirán drásticamente el número de oportunidades realistas de elegir a miembros negros al Congreso”, advirtió.
Shalela Dowdy, una residente de Alabama que figuró como demandante en el caso que permitió la creación de un nuevo distrito ahora representado por Figures, dijo que le preocupa que la decisión conduzca a revertir el distrito creado en 2023, el cual —según ella— dio más voz a los votantes negros.
“Ponerlo en manos de los estados a este nivel es peligroso”, declaró Dowdy. “Hay antecedentes de que los estados no hacen lo correcto basándose en su población”.
Chandler informó desde Montgomery, Alabama. Los periodistas de The Associated Press Jeff Amy en Atlanta; Joey Cappelletti, Matt Brown y Haya Panjwani en Washington, y Graham Lee Brewer en Oklahoma City contribuyeron a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
En los últimos meses , jueces federales de todo el país han expresado su preocupación por el incumplimiento de las órdenes del gobierno de Trump en casos individuales de inmigración.
Una revisión de los registros judiciales realizada por Associated Press muestra que los funcionarios de Trump también han acumulado un historial extraordinario de desafío en un conjunto mucho más amplio de demandas que se remontan a los primeros días del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde febrero de 2025, los jueces de los tribunales de distrito han dictaminado que la administración republicana estaba violando una orden en al menos 31 demandas relacionadas con una amplia gama de temas, incluidos recortes en la financiación federal, despidos masivos, deportaciones y prácticas de inmigración.
Estas infracciones se suman a los más de 250 casos de incumplimiento que los jueces han destacado recientemente en peticiones individuales de inmigración, que van desde no devolver propiedades hasta mantener a los inmigrantes detenidos más allá de las fechas de liberación ordenadas por el tribunal.
Aunque los funcionarios de Trump finalmente cedieron en aproximadamente un tercio de los 31 casos, los expertos legales afirman que su trato a las órdenes judiciales perjudica el sistema constitucional de controles y equilibrios.
«El gobierno federal debería ser la institución más comprometida con el estado de derecho en este país», afirmó David Super, experto en derecho constitucional de la Universidad de Georgetown. «Cuando deja de sentirse obligado a respetarlo, es probable que el respeto por el estado de derecho se desmorone en todo el país».
A continuación, algunos puntos clave del informe de AP sobre estos casos:
Las agresivas medidas políticas de Trump provocan una avalancha de demandas.
La administración ya se ha enfrentado a más de 700 demandas.
La AP revisó cientos de páginas de documentos judiciales en casos de incumplimiento recopilados por organizaciones de control gubernamental no partidistas. Encontró casos adicionales al examinar informes de los medios de comunicación sobre violaciones y luego verificar los hallazgos con los registros judiciales.
Un nivel de desafío sin precedentes
Los tribunales de distrito también han determinado que administraciones anteriores violaron sus órdenes.
Sin embargo, expertos legales y exjueces federales afirmaron que, como mucho, podían recordar unos pocos casos durante los mandatos completos de cuatro años de otros presidentes recientes, incluyendo la primera administración de Trump y los presidentes Joe Biden y Barack Obama.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que los jueces de los tribunales de distrito estaban emitiendo fallos "ilegales" contra funcionarios de Trump.
“Toda la administración del presidente Trump está implementando legalmente la agenda ‘Estados Unidos Primero’ para la que fue elegido”, dijo en un comunicado escrito.
En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia generalmente han refutado las acusaciones de que el gobierno no estaba cumpliendo con la orden judicial. Han argumentado sobre el significado de ciertas palabras, citado fallos favorables de tribunales de apelación y afirmado que actuaban fuera del alcance de la orden judicial, entre otras maniobras legales.
Fuera de los tribunales, Trump y los funcionarios de la Casa Blanca han arremetido contra los jueces federales , e incluso el vicepresidente JD Vance ha sugerido que el presidente podría ignorar las órdenes judiciales.
Los efectos han sido de gran alcance.
Los grupos que afirman haber sido perjudicados por el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno son diversos e incluyen inmigrantes, organizaciones sin fines de lucro y periodistas.
Entre otros casos de incumplimiento, los jueces determinaron que la Casa Blanca desobedeció resoluciones judiciales al deportar a decenas de presuntos miembros de pandillas a una tristemente célebre prisión en El Salvador, retener miles de millones de dólares en ayuda exterior y no restablecer la programación de la Voz de América. Los tres casos datan de los primeros meses de la nueva administración, pero los jueces han seguido encontrando violaciones desde entonces, incluyendo dos casos en abril.
Los tribunales superiores a menudo se ponían del lado de la Casa Blanca.
En 15 de las 31 demandas que revisó la AP, un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema permitieron la política subyacente de la administración, limitaron los esfuerzos del tribunal de distrito para corregir o castigar el incumplimiento, o ambas cosas.
Esas decisiones demuestran que los jueces de tribunales inferiores se están extralimitando, dijo Will Chamberlain, abogado principal del grupo de defensa legal conservador The Article III Project.
Según él, los funcionarios de Trump “en general cumplen, apelan y ganan”. “Si estuvieran desobedeciendo órdenes constantemente, las estarían perdiendo”.
Los críticos afirman que los tribunales superiores están excusando el incumplimiento.
«Esta no es la primera vez que el Tribunal hace la vista gorda ante el incumplimiento, ni, me temo, será la última», escribió en junio la jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, en una opinión disidente a la que se unieron los otros dos magistrados liberales del tribunal. «Sin embargo, cada vez que este Tribunal premia el incumplimiento con medidas cautelares, erosiona aún más el respeto por los tribunales y por el estado de derecho».
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves en la que pide la creación de un nuevo sitio web del gobierno en el que las personas en Estados Unidos puedan encontrar y comparar cuentas de ahorro para la jubilación del sector privado, con el objetivo de apoyar a millones de trabajadores cuyos empleadores no ofrecen ese tipo de planes.
Con la orden se pretende ayudar a que más personas accedan a planes de jubilación antes del próximo año, cuando el gobierno federal empezará a igualar las aportaciones para la jubilación realizadas por trabajadores de menores ingresos.
Esa nueva aportación equivalente, conocida como el “Saver’s Match” (“Aportación equivalente a la del ahorrador”), proviene de una ley de 2022 aprobada durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden. A partir de enero, ofrecerá una contribución equivalente de hasta 1.000 dólares para trabajadores que ganen menos de 35.000 dólares al año.
La orden de Trump pretende ayudar a que esa aportación equivalente esté disponible para aproximadamente 50 millones de personas que no cuentan con planes de jubilación ofrecidos por sus empleadores. El presidente republicano instruyó al Departamento del Tesoro a lanzar TrumpIRA.gov, donde los trabajadores podrán comparar planes de jubilación del sector privado.
“Para millones de estadounidenses que carecen de planes patrocinados por el empleador, esto será realmente revolucionario, porque estarán cubiertos”, expresó Trump durante una ceremonia de firma en el Despacho Oval.
No está ofreciendo un nuevo plan de jubilación del gobierno, sino ayudando a vincular a los trabajadores con planes existentes de empresas privadas.
Los detalles de la orden fueron reportados inicialmente por la plataforma de noticias Semafor.
Trump habló de la idea durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, cuando señaló que aproximadamente la mitad de las personas en el país no tienen acceso a planes de jubilación proporcionados por el empleador con aportaciones equivalentes.
“Para remediar esta flagrante disparidad, anuncio que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados —grandes personas, las personas que construyeron nuestro país—, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a cada trabajador federal”.
El programa Saver’s Match ofrecerá una aportación equivalente máxima de 1.000 dólares para contribuyentes solteros y de 2.000 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta. El máximo se aplicará a contribuyentes solteros con ingresos inferiores a 20.500 dólares, con aportaciones equivalentes menores para quienes ganen hasta 35.500 dólares. Este programa aplica a aportaciones realizadas a planes 401(k), IRA e IRA Roth.
Trump indicó que quiere llevar la aportación equivalente “al siguiente nivel” al pedirle al Congreso que la amplíe a quienes tengan ingresos superiores a 35.000 dólares al año. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló que muchos trabajadores de ingresos medios también carecen de acceso a planes de jubilación del empleador.
“Estamos trabajando con el Congreso para ampliar significativamente este programa y esperamos que se apruebe una ley este año”, manifestó Hassett en la ceremonia.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
COLLIN BINKLEY covers the White House and education policy for The Associated Press. He is based in Washington and joined the AP in 2015.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron el lunes otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, lo que dejó dos muertos, informaron fuentes castrenses.
