WASHINGTON (AP) — El exasesor especial del Departamento de Justicia, Jack Smith , quien presentó dos acusaciones federales contra el presidente Donald Trump, dirá el martes a los legisladores que "no se dejará silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento" de la administración Trump y que cree que el estado de derecho está siendo amenazado como nunca antes.

Smith también declarará ante el Comité Judicial del Senado que respalda las causas penales que presentó contra Trump, un republicano, y que tanto él como su equipo actuaron sin tener en cuenta la política.

“Tomé estas decisiones sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias o la candidatura del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024”, dirá Smith, según una copia de su discurso preparado. “Nuestra investigación arrojó pruebas irrefutables de que el presidente Trump incurrió en conducta delictiva. Si hoy me preguntaran si procesaría a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

l senador Chuck Grassley de Iowa, presidente republicano del comité, dijo desde el principio que la audiencia destacará la investigación del panel sobre la "conducta instrumentalizada" de Smith, una acusación que Smith, un fiscal de carrera que renunció a su cargo el año pasado, ha negado repetidamente.

Se espera que la audiencia se centre en las citaciones para obtener registros telefónicos.

Aunque Smith defiende sus investigaciones, se espera que los senadores republicanos vuelvan a interrogarlo sobre el acceso de su equipo a los registros telefónicos de los legisladores republicanos mientras los fiscales investigaban los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden .

En declaraciones anteriores, Smith ha respaldado las citaciones judiciales que los fiscales emitieron para obtener los registros telefónicos de los miembros republicanos del Congreso que estuvieron en contacto con Trump cuando los violentos partidarios del presidente provocaron disturbios dentro del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ha afirmado que dichas citaciones son una "práctica común" en las investigaciones y que fueron necesarias en este caso para comprender el "alcance de la conspiración" entre Trump y sus aliados republicanos.

No obstante, la revelación de que el equipo de Smith obtuvo en secreto los registros telefónicos durante su investigación ha indignado a algunos legisladores republicanos, quienes lo señalan como prueba de un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia de la administración Biden y de un fiscal demasiado implacable.

En julio, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista Jim Jordan de Ohio, remitió el caso de Smith al Departamento de Justicia para una posible acusación de haber mentido en una audiencia anterior sobre la recopilación de los documentos, algo que los abogados de Smith han refutado enérgicamente.

“Mantengo mi testimonio ante la Cámara de Representantes”, dirá Smith. “No me dejaré silenciar por las continuas amenazas de enjuiciamiento del presidente ni de otros”.

Grassley, el presidente del comité, reveló por primera vez el año pasado que los fiscales de Smith habían obtenido lo que se conoce como "registros de llamadas": datos que revelan la fecha, la duración y la hora de las llamadas telefónicas entre dos partes, pero no el contenido de las comunicaciones.

Smith ha justificado repetidamente la medida como necesaria para documentar cualquier contacto que Trump o sus representantes pudieran haber tenido con los legisladores el 6 de enero de 2021, cuando el presidente imploró a sus seguidores que detuvieran la certificación de los resultados electorales.

“Mi oficina no espió a nadie”, dijo Smith durante una audiencia en enero.

Smith es objeto de una denuncia penal por parte de los republicanos.

Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para hacerse cargo de las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral y la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Ambas investigaciones resultaron en acusaciones por delitos graves, pero Smith abandonó los casos después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando opiniones de larga data del Departamento de Justicia que establecen que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados ​​a nivel federal.

Smith sigue siendo uno de los principales objetivos de represalias para Trump y su administración, que el año pasado anunció la revocación de las autorizaciones de seguridad de los abogados que representaban al exfiscal especial. La Oficina del Asesor Especial, un organismo de control independiente encargado de hacer cumplir la ley contra la actividad política partidista de los empleados federales, también anunció el año pasado una investigación sobre Smith.

La denuncia de Jordan ante el Departamento de Justicia se centra en un intercambio de mensajes de diciembre de 2025 en el que se le preguntó a Smith sobre las citaciones judiciales que los fiscales habían emitido para obtener los registros de peaje.

Smith afirmó que los documentos que solicitó no incluían el contenido de las comunicaciones. Sin embargo, Jordan sostiene que esa respuesta fue engañosa, dado que Grassley publicó documentos que demuestran que Smith obtuvo el contenido de los mensajes de texto de 44 legisladores mediante una citación judicial independiente dirigida a la Administración Nacional de Archivos y Registros, la cual solicitaba las comunicaciones de varios asesores y colaboradores de Trump.

En respuesta, los abogados de Smith calificaron sus respuestas de "absolutamente veraces" y señalaron que estaba respondiendo a preguntas específicamente sobre registros de peaje, que no incluían el contenido de ningún mensaje de texto.

ERIC TUCKER cubre temas de seguridad nacional en Washington para Associated Press, con especial atención al FBI y al Departamento de Justicia.

ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.

(Foto AP/Alex Brandon)

AUSTIN, Texas (AP) — Un candidato a concejal de una ciudad de Texas fue arrestado el sábado por la mañana por un delito menor de "participación en disturbios" en relación con un comportamiento que, según las autoridades, observaron en una protesta contra el tiroteo de un hombre venezolano por parte de un agente federal de inmigración.

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas detuvieron a Misael Ramos, de 40 años, alrededor de las 8:45 a. m. del sábado, en virtud de una orden de arresto pendiente derivada de sus acciones durante una protesta el domingo, según informó el departamento de prensa de la agencia en un correo electrónico sin firmar. Los manifestantes protestaban el domingo contra el tiroteo en el que resultó herido Wilber Rafael Garces Pérez en Austin.

Ramos, quien se postula para concejal en Austin, “fue captado por las cámaras tomando barricadas de construcción, sacos de arena y otros objetos, e intentando obstruir el tráfico”, informó el departamento. El departamento también proporcionó fotos y videos que, según indicó, muestran “algunas de las acciones de Ramos” en el lugar.

Ramos, miembro de los Socialistas Democráticos de América, niega haber cometido irregularidad alguna y refutará la acusación, según informó su campaña en un comunicado de prensa.

“No vi ningún disturbio”, dijo el abogado de Ramos, Edmund “Skip” Davis. “Vi gente allí afuera coreando consignas y protestando”.

Ramos fue puesto en libertad el sábado durante una rueda de prensa frente a la cárcel del condado, en medio de una ovación del público. Ramos agradeció su presencia, afirmando que había sido "una de las mañanas más locas que he vivido en mucho tiempo". Habló de su sorpresiva detención y criticó las redadas federales de inmigración en la comunidad.

“Cuando luchamos”, dijo, a lo que los presentes respondieron: “¡Ganamos!”.

Garces Pérez fue baleado el domingo y luego trasladado a un centro de detención tras un encuentro con un agente de inmigración. Su abogado afirmó que era solicitante de asilo y que contaba con un permiso de trabajo válido.

“Al igual que los cientos de habitantes de Austin que se sorprendieron al enterarse de que un agente del ICE disparó a alguien por la espalda, Misael se unió rápidamente a la gente en el lugar del incidente para condenarlo y mostrar solidaridad manteniéndose en la línea de protesta, coreando consignas y difundiendo el incidente a través de los canales de campaña”, dijo el jefe de campaña de Ramos, Jeffrey Clemmons, en un comunicado.

Kristen Dark, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Travis, confirmó por correo electrónico que Ramos fue ingresado en la custodia de la agencia alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado, acusado de participar en disturbios.

Garces Pérez estaba realizando una entrega de DoorDash el domingo por la tarde cuando agentes del ICE en una camioneta sin distintivos chocaron contra su auto dos veces, según declaró su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch. Recibió un disparo y fue trasladado a un hospital, para luego ser puesto bajo custodia del ICE con una bala aún alojada en su espalda, agregó.

El ICE y el DHS no han dicho qué provocó el tiroteo, más allá de que Garces Pérez fue "objeto de una parada de vehículo dirigida específicamente a él".

Rankin informó desde Richmond, Virginia.

JESSE BEDAYN es una periodista de política nacional radicada en Austin, Texas.

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(Foto AP/Joel Angel Juarez)

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente estadounidense Donald Trump está utilizando fondos de los contribuyentes para emitir un anuncio televisivo de la campaña presidencial de 2024, el más reciente de una serie de anuncios que promueven al mandatario de cara a las elecciones de mitad de mandato y que la Casa Blanca sostiene que son “anuncios de servicio público”.

El video de 30 segundos, que es prácticamente idéntico a uno que se emitió en 2024, muestra a Trump caminando por un pasillo mientras se escucha su voz advirtiendo de una “batalla final” contra “globalistas” y “belicistas”. El video en blanco y negro termina con Trump mirando directamente al lente de la cámara junto a un mensaje que dice: “Pagado por el Gobierno de Estados Unidos”. La versión de 2024 del anuncio de la campaña de Trump instaba a los espectadores a “Unirse a la lucha del presidente Trump por Estados Unidos”.

Legisladores de ambos partidos han criticado la nueva serie de anuncios por su naturaleza intrínsecamente política y por el uso de dinero de los contribuyentes. La Casa Blanca sostiene que son como los utilizados por presidentes anteriores, aunque esos anuncios previos promovían políticas específicas, no a quienes ocupaban el Despacho Oval.

El gasto en el anuncio más reciente ya superó aproximadamente los 319.000 dólares, según AdImpact, que rastrea el gasto en medios.

“Con ustedes a mi lado, demoleremos el ‘Estado profundo’. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Echaremos a los globalistas; expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas”, afirma en la narración. “Nos sacudiremos a la enfermiza clase política que odia a nuestro país. Derrotaremos a los medios de noticias falsas y liberaremos a Estados Unidos de estos villanos de una vez por todas”.

Esto se suma a un anuncio de un minuto que comenzó a emitirse el viernes y que incluye videos panorámicos del Monte Rushmore por la noche, con citas y fragmentos del discurso de Trump allí durante el fin de semana del 4 de julio, en el que rindió homenaje al 250 aniversario del país. Un spot anterior de 30 segundos que comenzó a emitirse el miércoles incluye fragmentos de Trump hablando de derrotar al comunismo, intercalados con texto en pantalla que promociona los “mayores recortes de impuestos de la historia”, “reactivar la manufactura estadounidense” y un llamado a “defender la ley y el orden y a la policía”.

En un comunicado el viernes, la Casa Blanca defendió el uso de lo que describió como “anuncios de servicio público” y desestimó las críticas como “profundamente deshonestas”.

“Los anuncios claramente no son propaganda de campaña; el presidente Trump no aparece en la boleta y no hay un llamado a la acción”, señaló la presidencia. “En cambio, los anuncios son un recordatorio para que los estadounidenses amen a su país y sepan por qué vale la pena defenderlo — en casa, en la frontera y en el extranjero”.

Entre los ejemplos citados por la Casa Blanca figuran que el gobierno de George W. Bush emitió una campaña sobre una ley de Medicare y que el gobierno de Joe Biden difundió una sobre las vacunaciones contra el COVID-19.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  THE ASSOCIATED PRESS

(Foto AP/Matt Slocum)