PALATKA, Florida (AP) — Se suponía que sería la versión floridana del Canal de Panamá: un atajo para que los barcos atravesaran el centro del estado desde el Océano Atlántico hasta el Golfo en lugar de rodear la península. Pero las obras del Canal de Barcazas Transfloridano se detuvieron en 1971 debido a preocupaciones ambientales.

Desde entonces, una presa y un embalse construidos para el canal abortado en el noreste de Florida han inundado una parte del Bosque Nacional de Ocala, han sumergido 20 manantiales y han interrumpido los pasos de la fauna silvestre, incluidos algunos utilizados por los manatíes migratorios .

Cada dos años, cuando los trabajadores estatales vacían el embalse para limpiar el lodo, esos manantiales perdidos resurgen y los cipreses jóvenes comienzan a crecer en terrenos que antes estaban sumergidos. Durante varios meses, la zona recupera su estado natural.

El último descenso del nivel del embalse de Rodman, el primero en seis años, comenzó en octubre y terminó a principios de marzo. Pero los ecologistas quieren abrir permanentemente la presa de Kirkpatrick, de 2200 metros (7200 pies), y reunir los ríos St. Johns y Ocklawaha con Silver Springs, uno de los sistemas de manantiales más grandes de Estados Unidos.

“Al eliminar la presa , reuniríamos las aguas”, dijo Nina Bhattacharyya, directora ejecutiva de Florida Defenders of the Environment. “Los manantiales volverían a brotar. La vida silvestre podría desplazarse libremente: peces migratorios, manatíes y mucho más. Eliminar la presa repararía un daño que se causó hace décadas”.

Un revés legislativo y promete seguir luchando.

El último intento por lograrlo, tras décadas de esfuerzos, fracasó la semana pasada cuando los legisladores no aprobaron un proyecto de ley antes de que finalizara la sesión legislativa, el cual habría respaldado un proyecto de 70 millones de dólares para restaurar el río Ocklawaha mediante la apertura de la presa a lo largo de cuatro años.

Los defensores de la restauración del río afirmaron que planean reagruparse e identificar la mejor estrategia para seguir adelante, pero se mantienen optimistas dado lo cerca que estuvieron de lograrlo. La medida había sido aprobada por la Cámara de Representantes de Florida y estaba pendiente de votación en el Senado antes de que finalizara la sesión la semana pasada.

“Si bien el proyecto de ley no recibió una votación final en el Senado durante esta sesión, el fuerte apoyo bipartidista que obtuvo refleja un impulso creciente para la restauración”, dijo Bhattacharyya el lunes.

Durante el descenso del nivel del agua, lo que antes ocupaban las 3844 hectáreas (9500 acres) de terreno sumergido se hace visible. Se avistan huellas de osos y ciervos. Los pavos salvajes y las grullas canadienses regresan a la tierra desecada. Miles de troncos de cipreses, palmeras y arces, sumergidos y casi fantasmales, se revelan a medida que baja el nivel del agua.

“Es un lugar espeluznante, como un cementerio”, dijo recientemente Karen Chadwick, capitana de un barco de alquiler, mientras maniobraba su embarcación entre troncos de árboles podridos y grisáceos que sobresalían del agua.

También existe preocupación por la seguridad de la presa, que ya ha superado su vida útil. Quienes abogan por su apertura afirman que un colapso estructural podría poner en peligro cientos de viviendas cercanas.

“Algo va a pasar, tal vez el año que viene, tal vez dentro de un par de años”, dijo el senador estatal republicano Jason Brodeur, promotor de la legislación, el mes pasado durante una audiencia del comité. “Hay que hacer algo”.

'Este sistema es un tesoro nacional'.

El documentalista Mark Emery explicó recientemente a los legisladores de Florida que el río Ocklawaha es único, ya que históricamente se alimentaba del extenso sistema de manantiales de Silver Springs. Sin embargo, afirmó que enormes cardúmenes de lisas y bagres han desaparecido de Silver Springs desde que la represa obstruyó el caudal del río y redujo la cantidad de peces que llegaban a los manantiales.

“Este sistema es un tesoro nacional”, dijo Emery. “Cientos de millones de galones de agua dulce alimentan y enfrían el río. Antes de la presa, había un canal directo al océano con pequeños manantiales a lo largo de todo el recorrido”.

Algunos grupos de pescadores se oponen a cualquier medida que implique el vaciado permanente del embalse de Rodman, argumentando que se ha convertido en un lugar de pesca de primera categoría y que sustenta una economía local basada en la pesca de la lobina negra, el campamento y la observación de aves en el condado rural de Putnam, uno de los condados más pobres de Florida. Quienes apoyan el vaciado del embalse afirman que seguirá siendo un paraíso para la naturaleza, o incluso mejor.

Además, el embalse reduce los niveles de nutrientes en el agua y podría utilizarse como fuente alternativa de suministro de agua en un momento en que la población de Florida está creciendo rápidamente , según declaró Steve Miller, presidente de Save Rodman Reservoir, a los legisladores en febrero.

“Hay una perspectiva más amplia de la que se está mostrando”, dijo Miller durante una audiencia legislativa. “No se arriesguen con resultados especulativos”.

Corregir proyectos mal concebidos

Si bien la construcción de la presa fue un error, los lugareños han sacado el máximo provecho de la situación creando negocios orientados a los amantes de las actividades al aire libre, dijo Joshua Alexander, comisionado del condado de Putnam.

“Hemos convertido el pollo en ensalada”, dijo Alexander a los legisladores. “No somos una economía rica, y creo que esto afectaría nuestra economía”.

La restauración del río Ocklawaha formaría parte de una larga tradición en Florida de restaurar un entorno natural que fue alterado por un proyecto de obras públicas mal concebido.

Los Everglades, en el sur de Florida, se habían reducido a la mitad de su tamaño debido a los proyectos de suministro de agua y control de inundaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, antes de que a principios de este siglo se pusiera en marcha un proyecto multimillonario para restaurar la red de humedales. De manera similar, en la década de 1960, el Cuerpo dragó el río Kissimmee e instaló canales para reducir las inundaciones en el interior del estado, pero terminó alterando el ecosistema de aves y peces de la llanura aluvial. Los esfuerzos para restaurar el río se iniciaron hace dos décadas y concluyeron en 2021.

“La naturaleza es muy resistente”, dijo Chadwick, “si uno simplemente se aparta y la deja hacer lo suyo”.

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MIKE SCHNEIDER cubre temas de censo, demografía y Florida para Associated Press. Es autor del libro de 2023, “Mickey and the Teamsters”.

(Foto AP/Marta Lavandier)

MIAMI (AP) — Ciudadanos salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos han sido detenidos arbitrariamente en El Salvador y han desaparecido en el sistema penitenciario de la nación centroamericana, según un informe de Human Rights Watch publicado el lunes.

Los detenidos que aparecen en el informe se encuentran entre los más de 9.000 salvadoreños deportados de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025. Algunos de ellos fueron deportados junto con venezolanos y enviados al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), una megaprisión en El Salvador, también conocida como prisión federal.

El informe no especificó cuántas personas están sujetas a detención arbitraria. El grupo entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos entre marzo y octubre de 2025 e inmediatamente detenidos en El Salvador. Según el grupo, los detenidos no pueden comunicarse con sus familias ni hablar con sus abogados.

«Tienen derecho al debido proceso, a ser llevados ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde están detenidos y por qué», declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. «La deportación no puede significar desaparición forzada».

La Presidencia de El Salvador no respondió a la solicitud de comentarios sobre el informe.

La desaparición de detenidos en el sistema penitenciario de El Salvador se ha convertido en un fenómeno habitual desde que el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 para reprimir a las bandas criminales del país.

La medida, que en un principio fue temporal y que se ha prorrogado durante casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de unas 91.300 personas en El Salvador. Bukele afirma que 8.000 personas inocentes han sido liberadas.

La mayoría han sido detenidos con base en escasas pruebas y acusaciones vagas. Los detenidos tienen muy poco acceso a las garantías procesales: los presos suelen ser juzgados en juicios colectivos y los abogados pierden con frecuencia el rastro de sus clientes.

Las cárceles han sido acusadas de violaciones de derechos humanos durante años. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de palizas por parte de guardias penitenciarios, abusos sexuales y el deterioro de las condiciones carcelarias. Las familias de los detenidos a menudo sufren una profunda angustia, sin saber si volverán a ver a sus seres queridos.

Human Rights Watch afirma que las autoridades salvadoreñas no han proporcionado información que indique que alguno de los detenidos haya comparecido ante un juez. Los familiares y abogados de algunos detenidos afirman desconocer su paradero y los motivos de su detención, según el informe. En cinco casos, los familiares conocieron el paradero de los deportados gracias a los litigios iniciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Muchos de los salvadoreños deportados tienen familia en Estados Unidos.

“Sigo sin saber nada de mi hijo, absolutamente nada”, dijo una madre de 47 años cuyo hijo, un salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo de 2025. “Quiero información. Quiero que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo”.

La mujer, que reside en Maryland sin estatus legal, declaró que la última vez que habló con su hijo de 29 años fue cuando él la llamó unos tres días antes de su deportación. Dijo que descubrió que su hijo se encontraba en El Salvador seis meses después de la deportación, al ver una foto que Bukele publicó en internet donde se veía a detenidos en el CECOT.

La mujer pidió permanecer en el anonimato por temor a ser arrestada en Estados Unidos. También solicitó que la identidad de su hijo se mantuviera en secreto, por temor a represalias en prisión. Explicó que su hijo cruzó la frontera mexicana a los 17 años y que había vivido en Estados Unidos durante más de una década.

La administración Trump afirma que varios de los salvadoreños deportados son miembros de la pandilla MS-13. Human Rights Watch indicó que solo el 10,5% de los 9.000 salvadoreños deportados tenían antecedentes penales por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos.

El 15 de marzo de 2025, 23 salvadoreños fueron deportados a El Salvador, entre ellos Kilmar Abrego García , quien posteriormente fue devuelto a Estados Unidos por orden judicial.

Otra madre dijo que también se enteró de que su hijo de 22 años había sido deportado a El Salvador cuando lo vio en una fotografía publicada en internet de salvadoreños en el CECOT.

La mujer, que reside en Texas y no tiene estatus legal en Estados Unidos, también pidió permanecer en el anonimato por temor a ser arrestada. Afirmó haber llamado innumerables veces a las autoridades de ambos países desde su deportación hace un año, pero ninguna le ha proporcionado información sobre él.

“Nunca he hablado con él”, dijo. “Hay un silencio absoluto. No sabemos nada de él, no sabemos qué va a pasar”.

La reportera de Associated Press, Megan Janetsky, contribuyó a este informe desde Ciudad de México.

GISELA SALOMON es un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.

Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.

(Foto AP/Salvador Melendez, archivo)

WASHINGTON (AP) — Markwayne Mullin , el candidato del presidente Donald Trump para secretario de Seguridad Nacional, comparecerá ante los senadores el miércoles para su audiencia de confirmación, donde se le harán preguntas sobre su visión para un departamento encargado de llevar a cabo la iniciativa del gobierno republicano para realizar deportaciones masivas.

Mullin, senador por Oklahoma, ha pasado 13 años en el Congreso y se ha convertido en un estrecho aliado del presidente. De ser confirmado, reemplazaría a la secretaria saliente, Kristi Noem , quien fue destituida a principios de este mes en medio de crecientes críticas a su gestión del Departamento de Seguridad Nacional.

La audiencia es la primera oportunidad para que los legisladores y el público escuchen directamente a Mullin sobre cómo piensa dirigir el tercer departamento más grande del Gabinete. Este extenso departamento, con una plantilla de aproximadamente 260.000 empleados, supervisa una amplia gama de responsabilidades, desde proteger al presidente de una bala hasta ayudar a los estados a recuperarse de desastres y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país .

Mullin es un exluchador de artes marciales mixtas que dirigió un negocio de fontanería en Oklahoma antes de postularse al Congreso. En el pasado, ha manifestado su apoyo a las operaciones de inmigración y se espera que sea un fiel aliado de la agenda de Trump si se confirma su nombramiento para el cargo principal en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Ya sea protegiendo la patria de delincuentes, impidiendo que las drogas peligrosas lleguen a las comunidades estadounidenses o expulsando a los inmigrantes ilegales criminales más peligrosos, el senador Mullin trabajará incansablemente para implementar la agenda del presidente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado enviado por correo electrónico el martes.

Se espera que la agenda migratoria del presidente y la forma en que Mullin piensa implementarla sean un punto clave en el interrogatorio, mientras los demócratas profundizan en las posturas de Mullin. La audiencia se celebra en un momento crucial para la agenda de deportaciones masivas del presidente , y Mullin se enfrentará a la presión de alcanzar los ambiciosos objetivos de deportación del presidente, dado el descontento público por la agresividad con la que se han llevado a cabo las operaciones de control migratorio.

La indignación por las tácticas de control migratorio de la administración Trump ha llevado a los demócratas a negarse a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que este realice una serie de cambios en la conducta de sus agentes.

En una declaración inicial publicada antes de la audiencia, el senador demócrata Gary Peters de Michigan, miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, afirmó que los demócratas solicitaban reformas "sencillas" acordes con las normas que rigen los departamentos de policía. Peters subrayó los desafíos que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional, desde las amenazas de Irán hasta los ciberdelincuentes, y señaló que el departamento necesitaba a alguien con "mano firme". Sin embargo, Peters expresó sus "reservas" sobre si Mullin estaba preparado para asumir un cargo tan importante.

Mientras el último cierre parcial del gobierno se prolonga, se han formado largas filas de seguridad en un número creciente de aeropuertos estadounidenses, ya que los agentes de seguridad llevan otro mes sin cobrar. Los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de poner en riesgo la seguridad nacional al bloquear la financiación del departamento.

Bajo el mandato de Noem, se pusieron en marcha intensas operaciones de control del tráfico de personas en lugares como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde se detuvo a inmigrantes en redadas y los manifestantes se enfrentaron con agentes federales.

Activistas y políticos acusaron a agentes del DHS de romper ventanas de automóviles, agredir a transeúntes que intentaban grabar sus actividades y detener a inmigrantes en condiciones deplorables . La muerte a tiros de dos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, contribuyó a aumentar las críticas a la política migratoria de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que sus agentes solo responden con la fuerza cuando es necesario y ha culpado a activistas y políticos, quienes, según afirman, están intensificando la retórica contra sus agentes.

Es probable que Mullin también tenga que responder preguntas sobre el futuro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que se encuentra en medio de un tumultuoso proceso de reforma después de que Trump dijera que quería reformarla, si no eliminarla .

Noem dirigió un Consejo de Revisión de FEMA, designado por Trump, que debía recomendar cambios radicales en la forma en que el gobierno federal ayuda a los estados, tribus y territorios a prepararse, responder y recuperarse de los desastres. Estas reformas tenían el potencial de reducir drásticamente el apoyo federal para desastres y transferir mayor responsabilidad a las jurisdicciones locales.

Mientras tanto, bajo el liderazgo de Noem, todos los contratos superiores a 100 000 dólares debían esperar su aprobación. Esto provocó largas demoras para los estados que necesitaban desesperadamente el reembolso del dinero que ya habían gastado en cosas como la remoción de escombros tras la tormenta.

Tras la marcha de dos administradores interinos de la FEMA durante el mandato de Noem , la agencia sigue sin un director permanente.

Trump anunció que nombraría a Noem enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad centrada en el hemisferio occidental. Noem agradeció a Trump el nombramiento y destacó sus logros como secretaria, afirmando que realizó "logros históricos" en el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar la seguridad de Estados Unidos.

La periodista de Associated Press, Gabriela Aoun Angueira, contribuyó a este artículo.

REBECCA SANTANA cubre la información del Departamento de Seguridad Nacional para Associated Press. Cuenta con una amplia experiencia como reportera en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.

(Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes la medida que tomaban los funcionarios federales de salud para reducir el número de vacunas recomendadas para cada niño, y afirmó que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., probablemente violó los procedimientos federales al reformar un comité asesor clave sobre vacunas.

La decisión puso fin a una orden emitida por Kennedy —anunciada en enero— para eliminar las recomendaciones generales de que todos los niños fueran vacunados contra la gripe , el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS.

También interrumpió una reunión del comité asesor sobre vacunas designado por Kennedy, que tenía previsto reunirse esta semana en Atlanta.

Sin embargo, la orden del juez no es definitiva. Los bloqueos son temporales, a la espera de un juicio o una decisión sobre un fallo sumario.

Los funcionarios federales de salud indicaron que planeaban apelar.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos espera que la decisión de este juez sea revocada, al igual que sus otros intentos de impedir que la administración Trump gobierne”, dijo Andrew Nixon, portavoz del departamento.

La orden emitida el lunes es el último acontecimiento en una demanda presentada en julio pasado por la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos. La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en Boston, se centró inicialmente en la decisión de Kennedy de dejar de recomendar la vacunación contra la COVID-19 para la mayoría de los niños y mujeres embarazadas.

La demanda se actualizó a medida que Kennedy tomaba nuevas medidas que alarmaron a las sociedades médicas, lo que llevó a los demandantes a pedirle al juez Brian E. Murphy que tomara medidas para abordar también esos cambios de política.

Por ejemplo, los demandantes modificaron la demanda para detener la reducción del calendario nacional de vacunación infantil. También solicitaron al tribunal que examinara las acciones de Kennedy con respecto al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los funcionarios de salud pública sobre qué vacunas recomendar a médicos y pacientes.

Kennedy, un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el máximo responsable de salud del país, destituyó el año pasado a todo el panel de 17 miembros y lo sustituyó por un grupo que incluye a varias voces antivacunas.

Murphy, nominado al cargo por el presidente Joe Biden, afirmó que la reconstitución del ACIP por parte de Kennedy probablemente violó la ley federal. Ordenó que se suspendieran los nombramientos y todas las decisiones tomadas por el comité reformado.

El ACIP tenía previsto reunirse esta semana para debatir, entre otros temas, la seguridad de la vacuna contra la COVID-19, pero dicha reunión fue pospuesta, según informaron las autoridades.

«El ACIP, tal como está constituido actualmente, no puede reunirse», declaró Richard Hughes IV, abogado que representa a la AAP. «¿Cómo puede reunirse un comité sin la presencia de casi la totalidad de sus miembros?»

Jason Schwartz, experto en políticas de vacunación de la Universidad de Yale que ha estudiado el comité, calificó la suspensión de una reunión del ACIP por razones legales como un hecho "sin precedentes" en sus 62 años de existencia.

Hughes calificó la orden del juez como "un paso trascendental hacia el restablecimiento de una política de vacunación basada en la ciencia", y fue respaldado por líderes de varios grupos de médicos y organizaciones de salud pública.

Cuando los funcionarios de la administración Trump reformaron el calendario de vacunación infantil, aseguraron que esto no provocaría que las familias perdieran el acceso a las vacunas ni que las aseguradoras dejaran de cubrirlas. Sin embargo, generó confusión entre muchos estadounidenses, ya que grupos de médicos, organizaciones de salud pública y muchos estados continuaron recomendando las vacunas autorizadas, según el Dr. Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Varios grupos de médicos afirmaron que los cambios no se basaban en evidencia sólida y aconsejaron a médicos y pacientes que siguieran las directrices previamente vigentes. Las autoridades sanitarias de 30 estados han rechazado al menos algunas de las nuevas recomendaciones.

La orden del juez debería aportar claridad, dijo Racine.

“Si alguien tiene alguna duda sobre cuál es el calendario de vacunación adecuado para sus hijos, lo mejor es que hable con su pediatra”, dijo.

Schwartz afirmó que esperaba que los funcionarios federales de salud siguieran expresando "su profundo escepticismo con respecto a la importancia de la vacunación" y que continuaran aceptando "acusaciones infundadas sobre la seguridad de las vacunas".

Tras el fallo, uno de los miembros del comité designados por Kennedy, el Dr. Robert Malone, instó a la administración Trump a seguir adelante con los cambios en la política de vacunación propuestos por Kennedy.

“Una orden de un tribunal de distrito es una demora, no una derrota”, escribió el lunes en Substack.

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es la única responsable de todo el contenido.

MIKE STOBBE

Stobbe cubre principalmente temas de salud pública para Associated Press.

(Foto AP/Allison Robbert)