PORTLAND, Oregón (AP) — Los agentes de inmigración de Estados Unidos en Oregon deben dejar de arrestar a personas sin órdenes judiciales a menos que exista la posibilidad de fuga, dictaminó el miércoles un juez federal.
El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, que los críticos han descrito como "arresto primero, justificación después".
El departamento, que figura como acusado en la demanda, no hizo comentarios de inmediato en respuesta a una solicitud de The Associated Press.
Acciones similares, incluyendo agentes de inmigración ingresando a propiedad privada sin una orden judicial, han generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Los tribunales de Colorado y Washington DC han emitido fallos como el de Kasubhai, y el gobierno los ha apelado.
En un memorando de la semana pasada, Todd Lyons, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, enfatizó que los agentes no deben realizar un arresto sin una orden de arresto administrativa emitida por un supervisor a menos que desarrollen una causa probable para creer que la persona está en Estados Unidos ilegalmente y es probable que escape de la escena antes de que se pueda obtener una orden.
Pero el juez escuchó evidencia de que agentes en Oregon han arrestado a personas en redadas de inmigración sin tales órdenes o sin determinar que la fuga era probable.
La audiencia, que duró todo el día, incluyó el testimonio de uno de los demandantes, Víctor Cruz Gamez, un abuelo de 56 años que ha estado en Estados Unidos desde 1999. Le dijo al tribunal que fue arrestado y retenido en un centro de detención de inmigrantes durante tres semanas a pesar de que tiene un permiso de trabajo válido y una solicitud de visa pendiente.
Cruz Gamez testificó que en octubre, mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, fue detenido por agentes de inmigración. A pesar de mostrar su licencia de conducir y permiso de trabajo, fue detenido y llevado al edificio de ICE en Portland antes de ser enviado a un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington. Tras tres semanas allí, estaba a punto de ser deportado hasta que un abogado consiguiera su liberación, declaró.
Se le saltaron las lágrimas al relatar cómo el arresto impactó a su familia, especialmente a su esposa. Al llegar a casa, no le abrieron la puerta durante tres semanas por miedo, y uno de sus nietos no quería ir a la escuela, según contó a través de un intérprete de español.
Después, un abogado del gobierno federal le dijo a Cruz Gamez que lamentaba lo que había pasado y el efecto que tuvo sobre ellos.
Kasubhai dijo que las acciones de los agentes en Oregon —incluyendo apuntar con armas a personas mientras las detenían por violaciones civiles a las leyes de inmigración— han sido “violentas y brutales”, y le preocupaba que la administración negara el debido proceso a quienes eran atrapados en redadas de inmigración.
“El debido proceso exige que quienes tienen gran poder ejerzan una gran moderación”, dijo. “Esa es la piedra angular de una república democrática fundada en esta gran constitución. Creo que la estamos perdiendo”.
La demanda fue presentada por el bufete de abogados sin fines de lucro Innovation Law Lab, cuyo director ejecutivo, Stephen Manning, dijo que confiaba en que el caso sería un "catalizador para el cambio aquí en Oregon".
“De eso se trata fundamentalmente este caso: de pedirle al gobierno que cumpla la ley”, dijo durante la audiencia.
La medida cautelar permanecerá vigente mientras se tramite el proceso.
El escritor de Associated Press Gene Johnson en Seattle contribuyó a este artículo.
Claire Rush es un reportero de Associated Press que cubre el gobierno del estado de Oregón y noticias generales en el noroeste del Pacífico en general.
MINNEAPOLIS (AP) — Agentes de inmigración con armas en la mano arrestaron el martes a activistas que seguían sus vehículos en Minneapolis, mientras líderes educativos describieron ansiedad y miedo en las escuelas de Minnesota por las redadas federales en curso.
Ambas son señales de que la tensión persiste en el área de Minneapolis después de la salida del comandante de alto perfil Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la llegada del zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, que siguió al tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti.
"Hay menos humo en el suelo", dijo el gobernador Tim Walz, refiriéndose al gas lacrimógeno y otros irritantes utilizados por los agentes contra los manifestantes, "pero creo que es más escalofriante que la semana pasada debido al cambio hacia las escuelas, el cambio hacia los niños".
Al menos una persona que portaba un mensaje anti-ICE en su ropa fue esposada boca abajo en el suelo. Un fotógrafo de Associated Press presenció los arrestos.
Los agentes de ICE están cambiando sus tácticas
Últimamente, los agentes federales en las Ciudades Gemelas han estado realizando arrestos migratorios más selectivos en viviendas y vecindarios, en lugar de concentrarse en estacionamientos. Los convoyes han sido más difíciles de encontrar y menos agresivos. Las alertas en los chats grupales de activistas se han centrado más en avistamientos que en detenciones relacionadas con la inmigración.
Varios vehículos siguieron a los agentes por el sur de Minneapolis tras recibir informes de que estaban llamando a las casas. Los agentes detuvieron sus vehículos y, a punta de pistola, ordenaron a los activistas que salieran de un vehículo. Los agentes ordenaron a los periodistas presentes que se mantuvieran alejados y amenazaron con usar gas pimienta.
La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes detuvieron a los activistas porque obstaculizaron los esfuerzos para arrestar a un hombre que se encuentra en el país ilegalmente.
El mes pasado, un juez federal impuso límites al trato que los agentes dan a los conductores que los siguen sin obstruir sus operaciones. Seguir a los agentes de forma segura "a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo", declaró el juez. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló la orden.
Bovino, quien dirigía la aplicación de las leyes de inmigración en Minneapolis y otras grandes ciudades de Estados Unidos, abandonó la ciudad la semana pasada, poco después de que la muerte de Pretti se convirtiera en el segundo asesinato local de un ciudadano estadounidense en enero.
Homan, quien fue enviado a Minnesota para suceder a Bovino, advirtió que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los oficiales.
Operación Metro Surge que afecta a las escuelas
Walz y líderes educativos ofrecieron una conferencia de prensa para afirmar que la presencia de agentes de inmigración está intimidando a algunas comunidades escolares. Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, en un suburbio de Minneapolis, afirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la han seguido dos veces desde que habló públicamente el 27 de enero, y que los miembros de la junta escolar han tenido vehículos de ICE fuera de sus casas.
Lewis, ciudadana estadounidense, dijo haber visto camionetas todoterreno con vidrios polarizados, varias personas enmascaradas dentro y matrículas de otros estados. Realiza patrullajes vecinales cerca de escuelas con un guardia de seguridad.
“Los estudiantes tienen miedo de venir a la escuela, los padres tienen miedo de dejarlos”, dijo Lewis. “El personal viene a trabajar preguntándose si hoy ocurrirá algo en alguno de nuestros edificios”.
Dijo que Fridley, donde viven familias somalíes y ecuatorianas, ha reforzado la seguridad, ajustado los procedimientos de entrega y aumentado el apoyo a la salud mental. Tracy Xiong, trabajadora social del distrito de Columbia Heights, comentó que ha estado coordinando las entregas de comestibles a las familias de las escuelas y buscando voluntarios para llevar a los niños.
No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE sobre las preocupaciones de los educadores.
El gran jurado busca comunicaciones y registros
Mientras tanto, el martes venció el plazo para que Minneapolis presentara información a un gran jurado federal. Esto forma parte de una solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. para obtener registros de cualquier intento de sofocar la ofensiva migratoria de la administración Trump. Las autoridades lo han denunciado como una táctica de intimidación.
“No hemos hecho nada malo y no tenemos nada que ocultar, pero cuando el gobierno federal utiliza el sistema de justicia penal como arma contra los oponentes políticos, es importante ponerse de pie y contraatacar”, dijo Ally Peters, portavoz del alcalde demócrata Jacob Frey.
Dijo que la ciudad estaba cumpliendo, pero no dio más detalles. Otras oficinas estatales y locales dirigidas por demócratas recibieron citaciones, aunque se desconoce si tenían la misma fecha límite. Personas familiarizadas con el asunto informaron a AP que las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si funcionarios de Minnesota obstruyeron la aplicación de la ley mediante declaraciones públicas.
No hay liberación para el hombre involucrado en el incidente de Omar
Por otra parte, un hombre acusado de rociar vinagre de sidra de manzana a la representante demócrata Ilhan Omar permanecerá en prisión. El magistrado federal David Schultz accedió a la solicitud de un fiscal federal de mantener a Anthony Kazmierczak bajo custodia.
"Simplemente no podemos permitir que manifestantes y personas, independientemente de su postura, se acerquen a los representantes que están realizando asuntos oficiales, celebren reuniones públicas y los agredan", dijo el martes el fiscal federal adjunto Benjamin Bejar.
El abogado defensor, John Fossum, afirmó que el vinagre representaba un riesgo bajo para Omar. Añadió que los problemas de salud de Kazmierczak no se estaban atendiendo adecuadamente en la cárcel y que su liberación sería apropiada.
La orden de liberación de dos hombres acusados de agredir a un oficial de ICE no se cumple
Otro juez ordenó la liberación de dos hombres venezolanos que fueron acusados de agredir a un oficial de ICE, pero los funcionarios de ICE rápidamente los pusieron nuevamente bajo custodia.
Alfredo Aljorna y Julio Sosa-Celis están acusados de agredir al oficial la noche del 14 de enero. Sosa-Celis recibió un disparo en el muslo por parte del oficial durante el encuentro, lo que provocó protestas en Minneapolis.
El agente declaró que lo golpearon con una escoba y una pala de nieve al intentar someter y arrestar a Aljorna tras un accidente de coche y una persecución a pie. Sin embargo, los dos hombres niegan haber agredido al agente. Ni las pruebas en vídeo ni los tres testigos presenciales corroboraron la versión del agente.
El juez federal de distrito Paul Magnuson celebró una audiencia el martes en la que rechazó la apelación del gobierno contra la orden de un magistrado que exigía la liberación de los dos hombres acusados de delitos penales. Magnuson dictaminó que podían quedar en libertad.
Pero Robin Wolpert, abogada de Sosa-Celis, declaró en una entrevista que, cuando fue a hablar después con su cliente, quien había estado bajo custodia de los alguaciles estadounidenses, el personal le informó que ICE se lo había llevado. Dijo que no estaba segura de por qué ni de cuáles serían sus próximos pasos.
El abogado de Aljorna, Frederick Goetz, dijo que no sabía por qué ICE se llevó a su cliente ni cuáles serían sus próximos pasos.
Raza informó desde Sioux Falls, Dakota del Sur. Los periodistas de AP Ed White en Detroit y Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, contribuyeron.
SARAH RAZA cubre Dakota del Sur para The Associated Press. Trabaja en Sioux Falls, Dakota del Sur.
WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump instó el lunes a la Cámara de Representantes a poner fin al cierre parcial del gobierno, pero ni los republicanos ni los demócratas parecían dispuestos a aprobar rápidamente el paquete de financiación federal que él negoció con el Senado sin antes debatir sus propias exigencias sobre las redadas migratorias.
Los demócratas se niegan a proporcionar los votos que el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, necesita para impulsar el paquete, ya que intentan frenar las operaciones del gobierno de Trump para deportar a inmigrantes tras la muerte a tiros de dos estadounidenses en Minneapolis. Eso obliga a Johnson a depender de su escasa mayoría republicana, que tiene sus propias quejas sobre el paquete, para alinearse con los demócratas del Senado en respaldo del acuerdo de Trump.
La votación podría comenzar incluso el martes, que sería el cuarto día del cierre parcial. El financiamiento para el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias expiró el sábado. Y aunque muchas operaciones en esos departamentos se consideran esenciales y siguen funcionando, algunos trabajadores podrían quedarse sin paga o ser suspendidos temporalmente.
“Necesitamos abrir el gobierno, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y enviarlo a mi escritorio sin demora”, escribió el presidente en redes sociales.
“No puede haber cambios en este momento”, insistió Trump. “Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo”.
El estancamiento apunta a una semana difícil por delante. Johnson se apoya en Trump para que le ayude a impulsar el paquete hacia su aprobación.
El presidente llegó a un acuerdo la semana pasada con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en el que el DHS sólo sería financiado temporalmente, hasta el 13 de febrero, mientras el Congreso debate cambios en las operaciones de control migratorio. La cámara alta aprobó el paquete en forma abrumadora con el resto de la financiación del gobierno antes de que venciera el plazo el sábado.
Los demócratas exigen cambios en el ICE
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dejó claro el lunes que su bancada no ve razón para ayudar a Johnson a impulsar el proyecto de ley en un paso procesal, algo que el partido mayoritario suele manejar por sí solo.
En un momento en que Johnson enfrenta una revuelta de sus propias filas republicanas, Jeffries está aprovechando la ventaja que ello le proporciona a los demócratas para exigir cambios en las operaciones migratorias.
“En raras ocasiones hemos intervenido para lidiar con la disfunción republicana”, expresó Jeffries en el Capitolio.
Los demócratas están exigiendo restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que van más allá de los 20 millones de dólares para cámaras corporales que ya están en el proyecto de ley. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes que los agentes en el terreno en Minneapolis, incluidos los de ICE, recibirán de inmediato cámaras corporales, y el programa se expandirá a nivel nacional a medida que haya fondos disponibles.
Pero los demócratas están presionando por más. Quieren exigir que los agentes federales de inmigración se desenmascaren —haciendo notar que pocas agencias policiales, si es que alguna, se enmascaran rutinariamente en Estados Unidos—, y quieren que los agentes actúen con base en órdenes judiciales, en lugar de administrativas, en sus operaciones.
Además quieren poner fin a las patrullas itinerantes, entre otros cambios.
Jeffries indicó que el gobierno necesita iniciar las negociaciones ahora, no en las próximas dos semanas, sobre los cambios en las operaciones migratorias.
Sin embargo, ciertos demócratas se están distanciando del líder, y presionan para que haya una aprobación más rápida del paquete de financiación con el fin de evitar alteraciones gubernamentales.
Los republicanos lanzan sus propias exigencias
Al mismo tiempo, los republicanos de la cámara baja, junto con algunos aliados en el Senado, están haciendo sus propias exigencias, mientras trabajan para apoyar la represión de Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos.
La Bancada de la Libertad de la Cámara de Representantes ha insistido en una financiación más completa para el DHS, mientras que ciertos republicanos están presionando para incluir otras medidas, incluida la Ley SAVE, una prioridad de Trump con pocas probabilidades de éxito que requeriría que los estadounidenses presenten una prueba de ciudadanía antes de que sean elegibles para participar en elecciones y votar.
Johnson y los líderes republicanos dijeron que hablarían con los legisladores para ver qué se necesita para ganar apoyo.
“Obviamente, el presidente realmente quiere esto”, dijo el líder de la mayoría, Steve Scalise, en el Capitolio.
“Siempre trabajamos hasta la última hora para conseguir los votos”, señaló Scalise. “Nunca se empieza el proceso con todos los votos. Se trabaja arduamente”.
Trabajadores quedarán sin paga si se prolonga el cierre parcial del gobierno
Mientras tanto, varias agencias federales están inmersas en el estancamiento de la financiación después de que el gobierno entrara en un cierre parcial el fin de semana.
Defensa, salud, transporte y vivienda están entre las que recibieron directrices de cierre por parte del gobierno, aunque muchas operaciones se consideran esenciales y los servicios no necesariamente se interrumpen. Los trabajadores podrían quedarse sin paga si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.
Los legisladores de ambos partidos están cada vez más preocupados de que el cierre altere el funcionamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), de la que dependen para ayudar a los electores después de tormentas de nieve mortales y otros desastres.
Esta es la segunda vez en cuestión de meses que las operaciones del gobierno federal se ven interrumpidas, luego de que los legisladores utilizan el proceso de financiamiento anual como medida de presión para obtener cambios en políticas. El otoño pasado, los demócratas provocaron lo que se convirtió en el cierre federal más largo de la historia, de 43 días, mientras protestaban por la expiración de los beneficios fiscales para el seguro de salud.
Ese cierre terminó con una promesa de votar sobre propuestas para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero debido a la oposición republicana, los demócratas no pudieron lograr su objetivo de mantener vigentes los subsidios. Las primas de los seguros se incrementaron en el nuevo año para millones de personas.
Trump intenta impedir que haya otro cierre prolongado
Trump ya está trabajando en un acuerdo sobre la inmigración para asegurar que el cierre no se prolongue.
Johnson indicó que él estaba en el Despacho Oval la semana pasada cuando Trump, junto con el zar fronterizo Tom Homan, habló con Schumer sobre los cambios a las medidas de control migratorio.
Las cámaras corporales para los agentes, que ya están previstas en el paquete, y el fin de las patrullas itinerantes son áreas donde podría alcanzarse un acuerdo, señaló Johnson.
Pero el presidente de la cámara baja trazó una línea con respecto a otras exigencias demócratas. Dijo que no cree que exigirles a los agentes de inmigración que se quiten las máscaras tendría apoyo de los republicanos porque podría derivar en problemas si sus imágenes personales e información privada son publicadas en línea por manifestantes.
“No creo que el presidente lo apruebe, y no debería”, expresó Johnson el fin de semana en el programa “Fox News Sunday”.
Y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, frenó la demanda de los demócratas de exigir que los agentes que efectúan registros porten órdenes judiciales, diciendo que probablemente forme parte de las negociaciones por delante.
“Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo en dos semanas”, señaló Thune en el Capitolio.
Sin embargo, los demócratas dijeron que las operaciones de inmigración están fuera de control y deben llegar a su fin en Minneapolis y otras ciudades.
Un número creciente de legisladores también está pidiendo que Noem sea despedida o sometida a un juicio político.
Los escritores de The Associated Press Kevin Freking, Matt Brown y Nathan Ellgren contribuyeron a este informe.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
MINNEAPOLIS (AP) — La administración Trump está reduciendo el número de policías migratorios en Minnesota después de que las autoridades estatales y locales acordaron cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, anunció el miércoles el zar de la frontera, Tom Homan.
Aproximadamente 700 de los cerca de 3.000 agentes federales desplegados en Minnesota serán retirados, indicó Homan.
Sin embargo, Homan no dio un cronograma sobre cuándo podría terminar la operación en Minnesota después de semanas de fuertes protestas en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul), especialmente después de que agentes federales mataran a dos civiles en Minneapolis.
Un mayor retiro de elementos federales ocurrirá solo después de que la gente deje de interferir con los agentes, advirtió Homan. Aproximadamente 2.000 agentes permanecerán en el estado después de la reducción de esta semana, indicó.
“Dada esta colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos elementos para realizar este trabajo y un entorno más seguro, estoy anunciando, con efecto inmediato, que retiraremos a 700 personas a partir de hoy — 700 agentes del orden público”, declaró Homan durante una conferencia de prensa.
No dijo qué jurisdicciones han estado cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional.
Homan dijo la semana pasada que el gobierno estaba dispuesto a reducir el número de agentes federales en Minnesota, pero solo si las autoridades estatales y locales cooperan. Sus comentarios se produjeron después de que el presidente Donald Trump pareciera mostrar disposición a aliviar las tensiones en el área de Minneapolis y St. Paul.
Homan presionó para que las cárceles alerten al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre los reclusos que podrían ser deportados, diciendo que entregar dichos reclusos a la agencia es más seguro porque así los agentes no tienen que salir a buscar a personas que están en el país ilegalmente.
La Casa Blanca se ha quejado durante mucho tiempo de los lugares conocidos como jurisdicciones santuario, un término que generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan su cooperación con agencias federales en el tema migratorio.
Cuando se le preguntó, Homan dijo que cree que la operación del ICE en Minnesota ha sido un éxito.
“Sí, acabo de enumerar a un montón de personas que sacamos de las calles de las Ciudades Gemelas, así que creo que es muy efectiva en cuanto a la seguridad pública”, indicó Homan. “¿Fue una operación perfecta? No. No. Creamos una cadena de mando unificada para asegurarnos de que todos estén en la misma página, y de que todos cumplan las reglas. No creo que nadie, a propósito, dejara de hacer algo que debería haber hecho”.
El corresponsal Corey Williams en Detroit contribuyó.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
STEVE KARNOWSKI covers politics and government from Minnesota for The Associated Press. He also covers the ongoing fallout from the murder of George Floyd, courts and the environment, among other topics.
CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA dijo el martes que ahora aspira a un lanzamiento en marzo de su nuevo cohete lunar después de enfrentar exasperantes fugas de combustible durante una prueba crucial el día anterior.
La agencia espacial dijo en un comunicado que el retraso en el lanzamiento permitirá “a los equipos revisar los datos y llevar a cabo un segundo ensayo general” antes de la prueba de vuelo.
Las fugas —que recuerdan el debut retrasado del cohete hace tres años— surgieron apenas un par de horas después de la operación de carga de combustible, que tomó toda la jornada el lunes en el Centro Espacial Kennedy, y pusieron en duda cuán pronto podrían despegar los astronautas.
La NASA dijo que los cuatro astronautas asignados para el vuelo serán retirados de su cuarentena de casi dos semanas. La NASA agregó que volverán a entrar en cuarentena “aproximadamente dos semanas” antes de la próxima ventana de lanzamiento para el viaje alrededor de la Luna.
La agencia no dio indicaciones de un objetivo oficial de lanzamiento en marzo, diciendo que los equipos necesitan primero “revisar completamente los datos de la prueba, mitigar cada problema y volver a las pruebas”. Antes del aplazamiento del martes, lo más pronto que la NASA podría haber lanzado al comandante Reid Wiseman y su tripulación a la Luna era a partir del domingo.
El lunes, los controladores de lanzamiento comenzaron a cargar el cohete de 322 pies (98 metros) con hidrógeno y oxígeno superfríos al mediodía. Más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) debían fluir hacia los tanques y permanecer a bordo durante varias horas, imitando las etapas finales de una cuenta regresiva real.
Pero el hidrógeno excesivo se acumuló rápidamente cerca de la base del cohete. La carga de hidrógeno se detuvo al menos dos veces mientras el equipo de lanzamiento se apresuraba a solucionar el problema utilizando técnicas desarrolladas durante la cuenta regresiva del Sistema de Lanzamiento Espacial en 2022. Ese primer vuelo de prueba estuvo plagado de fugas de hidrógeno antes de finalmente despegar sin tripulación.
La NASA también señaló en su comunicado que se incurrieron en retrasos en las operaciones de cierre durante la prueba, así como problemas recurrentes de pérdida de audio en las comunicaciones del equipo en tierra.
Los cuatro astronautas asignados a la misión —tres estadounidenses y un canadiense— monitorearon el ensayo general crítico desde casi 1.000 millas (1.600 kilómetros) de distancia en Houston, hogar del Centro Espacial Johnson.
La agencia espacial solo tiene unos pocos días en cualquier mes para lanzar el cohete, y el frío extremo ya había acortado la ventana de lanzamiento de febrero en dos días.
Con retraso debido a la ola de frío, los relojes de cuenta regresiva comenzaron a correr el sábado por la noche, dando a los controladores de lanzamiento la oportunidad de pasar por todos los movimientos y lidiar con cualquier problema persistente del cohete. Estaba previsto que los relojes se detuvieran medio minuto antes de llegar a cero, justo antes de la ignición del motor.
La misión de casi diez días enviará a los astronautas más allá de la Luna, alrededor del misterioso lado oscuro del satélite y luego directamente de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar el soporte vital de la cápsula y otros sistemas vitales. La tripulación no entrará en órbita lunar ni intentará alunizar.
La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue durante el programa Apollo de las décadas de 1960 y 1970. El nuevo programa Artemis apunta a una presencia lunar más sostenida, y la tripulación de Wiseman prepararía el escenario para futuros alunizajes por otros astronautas.
El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
PORTLAND, Oregón (AP) — Los agentes de inmigración de Estados Unidos en Oregon deben dejar de arrestar a personas sin órdenes judiciales a menos que exista la posibilidad de fuga, dictaminó el miércoles un juez federal.
