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Trump vacunasWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que exige una revisión de las recomendaciones sobre las vacunas infantiles, las cuales promueven su teoría, sostenida durante mucho tiempo pero desacreditada, de que las vacunas infantiles deben administrarse en visitas médicas separadas.
La orden aboga por dividir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres dosis diferentes para cada enfermedad y administrar todas las inmunizaciones infantiles en citas separadas siempre que sea posible. También ordena al Departamento de Salud del país que mejore la investigación sobre las vacunas, que ya se estudian exhaustivamente , y que presente un plan para ofrecer vacunas separadas contra el sarampión, las paperas y la rubéola para niños, ya que actualmente no es una opción en Estados Unidos.
El renovado enfoque en las vacunas marca un cambio con respecto a los recientes esfuerzos de la administración Trump por hacer hincapié en políticas de salud menos controvertidas relacionadas con la alimentación saludable, la negociación de precios de medicamentos y la represión del fraude médico, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Los expertos en salud pública han expresado su preocupación de que espaciar las vacunas, como sugiere Trump, pueda aumentar el riesgo de que los niños contraigan una enfermedad prevenible mediante vacunación antes de su próxima visita. Las vacunas infantiles —y cómo y cuándo administrarlas en combinación— se someten a estudios rigurosos, y el seguimiento de su seguridad continúa durante años a medida que se utilizan.
Trump calificó el anuncio como una “gran victoria para los derechos de los padres, los derechos religiosos y constitucionales, y para la ciencia de referencia”.
En declaraciones a la Oficina Oval el lunes, Trump sugirió repetidamente que la cantidad o el momento de las vacunas podrían influir en el aumento de los casos de trastorno del espectro autista, a pesar de que el consenso científico y décadas de estudios han concluido firmemente que no existe tal vínculo . La orden también incluye varios cambios en el calendario de vacunación infantil que su departamento de salud ya había intentado implementar, pero que fueron bloqueados por un juez federal. Un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en permanecer en el anonimato para informar a los periodistas, afirmó que Trump tenía derecho a presentar su propia recomendación mediante la orden ejecutiva y que la demanda que bloqueaba el calendario del departamento de salud era un asunto aparte.
El Dr. Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, afirmó que el anuncio genera incertidumbre, miedo y confusión donde “no debería haber nada de eso”. Cuestionó las recomendaciones de Trump y sostuvo que las anteriores deberían mantenerse.
“La ciencia sobre las vacunas y su eficacia no ha cambiado”, afirmó. “La distribución de virus y otros patógenos en nuestro entorno no ha cambiado. Los niños de este país no han cambiado en las últimas 48 horas”.
El senador Bill Cassidy, presidente republicano del comité de salud del Senado, criticó duramente la orden ejecutiva en una publicación en redes sociales, afirmando que las vacunas son seguras y no causan autismo.
“Soy médico. Esta orden ejecutiva es errónea”, escribió el senador de Luisiana. “El presidente no tiene la experiencia necesaria para realizar estos cambios”.
¿Quién está a cargo de la política de vacunación?
Si bien la orden exige la revisión de las recomendaciones sobre vacunas, son los estados, y no el gobierno federal, quienes tienen la potestad de exigir la vacunación de los escolares. Según un comunicado de la Casa Blanca, la orden aconseja a los estados con mandatos de vacunación escolar que consideren actualizar sus leyes para que reflejen el calendario preferido por la administración.
En diciembre pasado, Trump ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos que revisara cómo otros países abordan las recomendaciones sobre vacunas y que considerara la posibilidad de modificar las directrices estadounidenses en consecuencia. El departamento respondió reduciendo el número de vacunas que recomienda para cada niño, una medida que posteriormente fue bloqueada por los tribunales.
Los cambios en las recomendaciones federales sobre vacunación infantil suelen requerir la aprobación del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La Dra. Erica Schwartz, recientemente confirmada por el Senado como directora de los CDC, supervisó las políticas que promovían la vacunación de los miembros de las fuerzas armadas cuando ocupaba un puesto de liderazgo en la Guardia Costera de Estados Unidos.
Sin embargo, Lawrence Gostin, experto en derecho de salud pública de la Universidad de Georgetown, afirmó que la interpretación que hace la Corte Suprema del poder de Trump podría permitirle anular la decisión de Schwartz si ella no acepta las nuevas recomendaciones.
“Esta es claramente la primera prueba para la Dra. Erica Schwartz”, dijo Gostin en un correo electrónico. “El Presidente la está colocando en una posición insostenible”.
Al ser consultado en una llamada con periodistas sobre por qué el presidente abogaba por dividir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres vacunas individuales, el funcionario de la Casa Blanca no proporcionó ningún estudio que respaldara la decisión. Afirmó que esa era la postura que Trump había mantenido durante mucho tiempo y que algunos países ofrecen vacunas individuales contra el sarampión en determinadas circunstancias.
Kush Desai, portavoz de Trump, declaró a Associated Press que el presidente es "uno de los innumerables padres que han expresado preguntas e inquietudes sobre la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola" y afirmó que el plan para desarrollar vacunas específicas para cada enfermedad "daría a los padres más opciones sobre el momento y la frecuencia de vacunación para sus hijos", lo que en última instancia aumentaría la tasa de vacunación.
Estudios realizados en bebés y niños pequeños en Estados Unidos han demostrado que el uso de vacunas combinadas para la infancia, en lugar de vacunas individuales, aumentó la probabilidad de completar todas las vacunas recomendadas antes de los 2 años.
Este anuncio se produce tras otras medidas de vacunación adoptadas por la administración Trump.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., activista antivacunas antes de entrar en política, se propuso reformar las directrices de inmunización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el primer año del mandato de Trump. Destituyó a todo un comité asesor de vacunas de 17 miembros e instaló a otros que formularon recomendaciones mucho más restrictivas, las cuales fueron posteriormente anuladas por un juez federal. Además, ordenó personalmente a los CDC que abandonaran su postura de que las vacunas no causan autismo, sin aportar ninguna prueba nueva que respaldara dicho cambio.
Durante su segundo mandato, Trump se ha obsesionado con vincular el autismo con las vacunas. Recientemente, ha intensificado la presión sobre Kennedy para que identifique la causa del autismo, algo que Kennedy se había comprometido a hacer con una nueva investigación presentada el año pasado. El mes pasado, durante una reunión de gabinete, Trump presionó públicamente al secretario de Salud para que informara sobre los avances en la investigación del autismo.
“¿Cómo va su investigación sobre el autismo?”, preguntó Trump.
“Tendremos una respuesta para usted”, dijo Kennedy.
El consenso científico y décadas de estudios han concluido firmemente que no existe ningún vínculo entre las vacunas infantiles y el autismo. Racine reiteró este punto el lunes, señalando que el posible vínculo se ha estudiado en “más de 40 estudios metodológicamente bien diseñados en más de siete países, con la participación de más de 5 millones de niños”.
“No estoy seguro de que haya algo que se haya analizado tan a fondo como esta cuestión”, dijo. “Y la respuesta es, sin duda, no”.
En el Despacho Oval, Kennedy reiteró su afirmación de que cree que un factor ambiental desconocido es el culpable del aumento de los diagnósticos de autismo y dijo que su departamento presentará los resultados de la investigación "tan pronto como estén listos".
La orden del lunes se produce en un momento en que los estudiantes regresan a las aulas en todo el país y la nación se enfrenta a un brote de sarampión que, según los expertos, podría provocar que Estados Unidos pierda su estatus de país libre de sarampión .
Los médicos han expresado su preocupación de que las falsedades de Trump sobre las vacunas puedan avivar la reticencia a vacunarse. Los datos federales muestran que las tasas de vacunación en los jardines de infancia de EE. UU . han ido disminuyendo, y el porcentaje de niños con exenciones alcanzó un máximo histórico en el año escolar 2024-25.
Los periodistas de Associated Press Laura Ungar y Mike Stobbe contribuyeron a este reportaje. Swenson informó desde Nueva York.
ALI SWENSON cubre temas de política y el panorama informativo para Associated Press. Reside en Nueva York.
COLLIN BINKLEY cubre la Casa Blanca y la política educativa para Associated Press. Reside en Washington y se unió a AP en 2015.
(Foto AP/Jacquelyn Martin)

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Renidas primariasMINNEAPOLIS (AP) — En las calles que rodean un anodino complejo de oficinas federales junto al aeropuerto de Minneapolis, la asediada resistencia al presidente Donald Trump encontró su punto de apoyo.
Mientras agentes de inmigración estadounidenses se desplegaban en el edificio federal Bishop Henry Whipple para una campaña de deportación que duraría meses , manifestantes con silbatos y cámaras de celular se congregaron para oponerse a ellos. Dos personas murieron a tiros en las calles de la ciudad antes de que Trump diera marcha atrás ante la presión.
Meses después, esos enfrentamientos siguen siendo el telón de fondo de las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos en Minnesota , que se celebran este martes y en las que compiten la representante Angie Craig, respaldada por el establishment, y la vicegobernadora Peggy Flanagan, de tendencia más progresista. El debate sobre inmigración supone una escisión adicional en una contienda que, por lo demás, refleja muchas de las divisiones entre la izquierda y el centro que se han manifestado en todo Estados Unidos este año.
Craig votó a favor de una aplicación más estricta de la ley poco después de que Trump regresara al poder el año pasado, para luego lamentar su decisión cuando el presidente republicano envió un gran contingente de agentes a Minneapolis. Respaldó una resolución que condenaba el antisemitismo tras un atentado incendiario en Boulder, Colorado, en 2025 , y expresó su agradecimiento a las fuerzas del orden, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Esas votaciones podrían resultar ser algunas de las más tensas de los ocho años de carrera de Craig en el Congreso, decisiones que Flanagan ha destacado al intentar presentar a su rival como reacia a luchar contra una administración impopular en Washington.
“Creo que fue entonces cuando perdió mi voto definitivamente, y por eso no votaré por ella bajo ninguna circunstancia”, dijo Bryce Bohne, de 40 años, de Minneapolis. Este profesor y propietario de una empresa de turismo educativo apoya a Flanagan.
Alrededor del edificio federal Whipple, las vallas y barreras han sido retiradas. El ambiente ya no se compone de los silbidos y cánticos de los manifestantes, sino del estruendo de los aviones que despegan y los autobuses que pasan.
Pero las huellas de lo sucedido permanecen. Unos cuantos voluntarios con chalecos de color naranja brillante montan guardia al otro lado de la calle durante más de 12 horas al día, listos para ayudar a las personas que salen de los centros de detención de inmigrantes o que finalizan sus audiencias en el tribunal de inmigración.
A pocos kilómetros de distancia, los visitantes aún llevan flores frescas y notas escritas a mano a los monumentos conmemorativos que marcan los lugares donde fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti .
Craig no es ajeno a las carreras difíciles, pero hasta ahora el calor venía de la derecha.
Craig arrebató un escaño a los republicanos en 2018, y cada dos años superó campañas de reelección difíciles, enfrentándose a millones de dólares en anuncios de ataque.
Hasta su candidatura al Senado, las críticas venían de la derecha. Ahora, bajo el fuego de la oposición, las decisiones que tomó como congresista en un distrito electoral indeciso se han convertido en un lastre para su candidatura al Senado estatal. En un evento reciente, adoptó el lenguaje de la izquierda radical, aunque no siempre pareció surgirle con naturalidad.
“La clase trabajadora sigue siendo explotada”, les dijo a los voluntarios que se preparaban para tocar puertas el sábado en Brooklyn Park, un suburbio de Minneapolis. “Amigos, no sé ustedes, pero ya es hora de que tengamos una renovación para la clase trabajadora…”
Aquí, tomó aire.
"—revolución en este país."
En opinión de Craig, ella encaja perfectamente con el fervor antisistema que está ganando terreno en el Partido Demócrata. Criada por una madre soltera en un parque de casas rodantes de Arkansas, ha conocido las dificultades económicas. Madre lesbiana de cuatro hijos adultos, no se ajusta al estereotipo de una congresista tradicional.
Fue una de las demócratas de la Cámara de Representantes que pidió al presidente Joe Biden que se retirara de la contienda electoral de 2024 tras su desastrosa actuación en el debate contra Trump. Siendo una congresista relativamente joven, logró convertirse en la principal demócrata del Comité de Agricultura, superando a colegas con larga trayectoria.
“Me considero progresista”, dijo a los periodistas después de su evento del sábado. “En cada contienda electoral en la que participo, los republicanos publican anuncios en mi contra diciendo que voto con los demócratas el 96 o 97% de las veces”.
“Por supuesto, en las primarias”, añadió, “la gente quiere destacar los pocos votos que he emitido en contra de los demócratas”.
«Lamento mi voto», escribió Craig en una disculpa pública.
Entre ellas destacaba la Ley Laken Riley , el primer proyecto de ley aprobado por el Congreso tras el inicio del segundo mandato de Trump. Esta ley exige a las autoridades federales la detención de los migrantes acusados ​​de robo y delitos violentos.
Craig y casi otros 60 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado votaron a favor del proyecto de ley a principios de 2025.
Pero a finales de año, cuando los agentes de inmigración llegaron a Minneapolis, ese voto se convirtió en un problema. Semanas después de la muerte de Good y Pretti, Craig publicó una disculpa en una columna del Minnesota Star Tribune.
Craig explicó que, si bien tenía reservas con algunos aspectos de la ley, esta contaba con el apoyo de demócratas a quienes respetaba, y muchos de sus electores estaban descontentos con la situación en la frontera bajo el mandato de Biden.
Pero la “ocupación directa por parte de fuerzas federales agresivas y sin rendición de cuentas” le dejó claro que “apoyar cualquier proyecto de ley que otorgue a ICE nuevas facultades en esta administración fue una decisión equivocada. Y lamento mi voto”.
Según ella, la operación de inmigración de Trump no fue posible gracias a su voto a favor de la Ley Laken Riley.
“Antes de eso, la gente era un poco más sensible al hecho de que ella estaba en un distrito difícil y tenía que tomar decisiones difíciles”, dijo Corey Day, ex director ejecutivo del Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota.
Desde entonces, Craig se ha presentado como una firme defensora de los habitantes de Minnesota frente a Trump. Afirma que su historial de victorias en contiendas difíciles la posiciona para asegurar que el escaño permanezca en manos demócratas.
“Angie tiene experiencia trabajando con diferentes grupos demográficos, algo que necesitamos para ganarnos en todo el estado, incluyendo las zonas rurales de Minnesota”, dijo Kevin Anderson, comisionado del condado de Hennepin que apoya a Craig y asistió a uno de sus eventos del fin de semana. “Me encanta Peggy, de verdad, es una gran política. Pero no creo que haya tenido que trabajar nunca en todo Minnesota”.
El gobernador demócrata Tim Walz se ha negado a respaldar a ninguno de los candidatos para el puesto que ocupa la demócrata Tina Smith, quien no se presenta a la reelección. A finales del mes pasado, su esposa, Gwen Walz, respaldó a Craig por encima de Flanagan, su compañero de gobierno durante dos mandatos.
Entre los candidatos republicanos se encuentra Michele Tafoya , una ex reportera de campo de la NFL.
Los partidarios de Flanagan desconfían de Craig.
Para Flanagan y sus partidarios, el voto de Craig a favor del proyecto de ley de inmigración no fue un gesto pragmático para congraciarse con los votantes indecisos, sino una traición.
“Mi principal oponente votó a favor del proyecto de ley de inmigración de Donald Trump y fue la única demócrata de Minnesota en hacerlo”, dijo Flanagan a los voluntarios en St. Paul el sábado. “Desde entonces, ha dicho que se arrepiente de ese voto, y me alegro. Pero no debería haber tardado 14 meses”.
“Podemos solidarizarnos con la comunidad inmigrante, y no solo cuando nos conviene políticamente”, añadió Flanagan.
Al igual que Abdul El-Sayed, quien ganó las primarias demócratas al Senado en Michigan la semana pasada, Flanagan apoya la cobertura médica universal y quiere reducir el apoyo militar estadounidense a Israel. Su campaña se dirige tanto contra los donantes que han invertido millones de dólares en apoyar a Craig como contra el propio Craig.
“El hecho de que el dinero provenga de nosotros y solo de nosotros marca una gran diferencia, porque ella nos debe mucho a nosotros, no a algún multimillonario con intereses comerciales o en criptomonedas”, dijo Justin Ropella, un partidario de Flanagan de 43 años, gerente de servicio al cliente de Woodbury.
Hasta el 22 de julio, la campaña de Craig había gastado 9 millones de dólares y la de Flanagan, 5,5 millones. La disparidad era aún mayor entre los grupos externos, ya que los partidarios de Craig gastaron considerablemente más, si bien ambos se han beneficiado de una afluencia de financiación externa.
Para ayudar a compensar la diferencia, Flanagan ha pedido el apoyo de figuras progresistas como el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, que hizo campaña con ella el mes pasado.
“Si el pueblo de Minnesota se levanta —y estoy seguro de que pueden— y les dice a estos multimillonarios, a sus mentiras, a sus anuncios de 30 segundos y a sus super PAC que se vayan al infierno, la democracia reinará”, dijo Sanders.
JONATHAN J. COOPER es un periodista político nacional radicado en Phoenix. Anteriormente cubrió noticias y política en Arizona, California y Oregón
(Foto AP/Ellen Schmidt)

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BlancheWASHINGTON (AP) — La senadora republicana Lisa Murkowski dijo el viernes que se opondrá a la nominación de Todd Blanche como fiscal general , lo que reduce las posibilidades de confirmación para el candidato del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia.
La senadora de Alaska, que se une a la senadora republicana Susan Collins de Maine para oponerse a Blanche, citó la gestión del Departamento de Justicia de los archivos relacionados con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, un amplio acuerdo de inmunidad fiscal para Trump y un fondo propuesto de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente republicano.
«El país necesita un Fiscal General que frene los peores impulsos de esta administración», declaró Murkowski en un comunicado. «Espero que el Sr. Blanche pueda lograrlo, si es confirmado, pero simplemente no tengo confianza en que así sea».
La oposición de Murkowski genera una nueva incertidumbre en la nominación de Blanche, que se ha enfrentado a obstáculos relacionados con el acuerdo alcanzado en la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en relación con la filtración de sus declaraciones de impuestos.
Dado que el senador Mitch McConnell de Kentucky no asiste a las sesiones del Senado, Blanche solo puede permitirse perder dos votos republicanos si todos los demócratas se oponen a él. Y otro republicano clave, el senador Bill Cassidy de Luisiana , quien perdió las primarias después de que Trump respaldara a su rival, no ha dicho cómo votará.
Blanche, quien anteriormente fue abogado defensor penal de Trump , ingresó al departamento el año pasado como fiscal general adjunto y fue ascendido al cargo principal de forma interina tras la destitución de Pam Bondi en abril. Si bien aún podría dirigir el departamento como fiscal general interino o fiscal general adjunto, el fracaso de su nominación representaría un duro golpe político para la administración Trump.
Tanto demócratas como republicanos han expresado serias preocupaciones sobre el acuerdo, que contemplaba la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a las personas que se sienten maltratadas por el sistema de justicia penal y otorgaba a Trump y a los miembros de su familia inmunidad frente a las auditorías fiscales.
Murkowski dijo estar preocupada de que la administración Trump pueda seguir adelante con el propuesto "Fondo contra la Armamentización", a pesar de las promesas de la administración Trump de que está descartado, y señaló que el Senado solo tiene influencia sobre el fondo porque la nominación de Blanche está pendiente.
“Una vez que votemos, eso terminará, y no se sabe qué nos depara el futuro”, dijo.
El Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Blanche solo después de un acuerdo alcanzado el fin de semana pasado con otros dos senadores republicanos —John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte— que habían amenazado con bloquear su confirmación debido a ciertos aspectos del acuerdo.
En virtud del acuerdo, Blanche rescindió formalmente el "Fondo contra la Armamentización", escribiendo en una orden que "no existe tal Fondo".
El Departamento de Justicia también aclaró por escrito que el acuerdo de inmunidad ante auditorías fiscales se aplica únicamente a las reclamaciones vigentes al momento del acuerdo y no protege a Trump de la revisión de futuras declaraciones de impuestos. Asimismo, aclara que solo las partes que presentaron la demanda —Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump— están cubiertas por el acuerdo fiscal.
Pero los demócratas afirman que la orden de Blanche no impide que la administración Trump reactive el fondo tras su confirmación y han pedido una ley que lo prohíba de forma permanente. Trump ha defendido repetidamente el fondo y ha amenazado con seguir adelante con él si los republicanos no apoyan la nominación de Blanche.
Legisladores y expertos legales también han cuestionado la legalidad de las protecciones fiscales para Trump. Un juez federal que supervisó el caso del IRS describió la demanda de Trump como un abuso de poder, y el jueves el sindicato que representa a los trabajadores del IRS solicitó a otro juez que bloqueara el acuerdo de inmunidad.
Bill Barrow cubre la política estadounidense para Associated Press. Reside en Atlanta.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.
(Foto APMark Schiefelbein, archivo)

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Pesquisa deportacionLos demócratas del Congreso de Estados Unidos indicaron que están investigando los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para deportar a militares y a sus familias después de que The Associated Press descubriera que las autoridades migratorias han detenido a más de 50 cónyuges y padres de militares en servicio activo.
Los demócratas indicaron en una carta enviada la noche del domingo al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa y al Departamento de Asuntos de los Veteranos que investigarán si el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional están coordinándose para deportar a miembros del servicio militar y a sus familias.
“Estos esfuerzos ponen en peligro la preparación militar, debilitan la moral de los miembros del servicio y traicionan las promesas de Estados Unidos a las personas que arriesgan su vida por nuestra nación”, señala la carta, firmada por más de 60 legisladores y facilitada a la AP.
El Pentágono declinó hacer comentarios y afirmó que “responderá directamente a los autores de la carta”.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo a la AP que valora las contribuciones de los militares y que “el servicio militar en Estados Unidos por sí solo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”.
El Departamento de Asuntos de los Veteranos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En su carta, los demócratas presentaron una extensa lista de preguntas a las agencias. Señalaron que la aparente colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y las fuerzas armadas para deportar a las familias de los militares “plantea preocupaciones tanto éticas como legales”.
“Donald Trump está rompiendo las promesas de nuestro país a los militares al desintegrar a decenas de familias militares a las que se les prometieron protecciones migratorias. Eso es sencillamente cruel, y está perjudicando nuestra preparación militar y la moral”, afirmó la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts.
La oficina de Warren encabeza la investigación junto con el senador Richard Blumenthal, de Connecticut; la senadora Tammy Duckworth, de Illinois, y varios demócratas de la Cámara de Representantes.
La investigación de la AP encontró que el gobierno del presidente Donald Trump ha revertido protecciones para las familias militares y se ha apartado de un arraigado consenso bipartidista para llevar a cabo su proyecto de deportaciones masivas. Varios militares se han visto obligados a pedir licencia de sus funciones —incluido retrasar despliegues— para cuidar de sus hijos después de que sus cónyuges fueran detenidos.
Los legisladores presionaron al gobierno para que explique por qué los reclutadores militares siguen hablando de protecciones migratorias.
Al citar los reportajes de la AP, los legisladores instaron al gobierno de Trump a restablecer políticas que anteriormente habían protegido a las familias militares de la aplicación de las leyes migratorias, al tiempo que les permitían ajustar su estatus legal.
“Este informe es espantoso y muestra la crueldad increíble en el centro de la agenda migratoria de Trump. Vamos a exigir respuestas y rendición de cuentas”, declaró Blumenthal, el demócrata de mayor rango en el Comité del Senado sobre Asuntos de los Veteranos.
Los presidentes republicanos de los comités de servicios armados y de asuntos de los veteranos, el senador Roger Wicker, de Mississippi, y el senador Jerry Moran, de Kansas, no respondieron a solicitudes de comentarios.
Trump estableció la semana pasada la Comisión de Cónyuges Militares, presidida por Jennifer Rauchet, esposa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para elaborar políticas y recomendaciones destinadas a mejorar la vida de los cónyuges de los militares.
“Los cónyuges militares están intrínsecamente vinculados al buen orden, la preparación y la retención de nuestras fuerzas armadas”, sostuvo Trump en una carta publicada en el Registro Federal el 6 de agosto. “Su apoyo y sus contribuciones a nuestras Fuerzas Armadas son cruciales para el éxito de las misiones”.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
El Departamento de Defensa señaló en una carta de diciembre a legisladores demócratas, obtenida por la AP, que no había implementado cambios recientes de política para familiares no ciudadanos en las fuerzas armadas y que no ha realizado un análisis sobre cómo las deportaciones afectan la preparación y la moral de las tropas.
Danitza James, presidenta de Repatriate Our Patriots, una organización que brinda apoyo a familias militares y veteranos que enfrentan la deportación, dijo que se está traicionando a las tropas.
“Nuestros miembros del servicio militar son quienes firman en la línea punteada para ir a defender a nuestro país y quizá no regresar”, señaló James. “Confían en que nuestro gobierno cuidará de sus familias, y no lo está haciendo”.
Brook es integrante del cuerpo de Report for America/The Associated Press Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JACK BROOK in New Orleans, Brook covers Louisiana with a focus on state government, environmental issues and infrastructure. He is a Report for America corps member and can be reached on the secure messaging app Signal at jackbrook.88
SAFIYAH RIDDLE is a national law enforcement reporter based in Los Angeles, California.
(AP Foto/Joseph Vidrine)

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ICE videosEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene previsto equipar a sus agentes con cámaras corporales en los próximos dos meses, pero la política de la agencia le otorga un amplio control sobre qué grabaciones se harán públicas, al especificar que cualquier divulgación debe ser en su "mejor interés".
Tras años de retrasos, el ICE anunció que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales para finales de septiembre. Esta implementación se produce después de que los recientes tiroteos mortales perpetrados por agentes que hacen cumplir la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump hayan intensificado la presión para que se rindan cuentas, algo que las cámaras podrían proporcionar.
Sin embargo, la política de la agencia sobre el uso de cámaras corporales podría significar que los contribuyentes, que están aportando decenas de millones de dólares para pagar las cámaras, permanezcan en la ignorancia sobre algunos enfrentamientos de alto perfil, al menos en sus consecuencias inmediatas.
La política establece que el ICE solo publicará videos de tiroteos y otros incidentes en los que sus agentes causen la muerte o lesiones graves, tras determinar que hacerlo redunda en beneficio de la agencia. Esto le otorga a su director la facultad discrecional de publicar grabaciones que favorezcan la imagen de la agencia, al tiempo que intenta mantener otras en secreto, según expertos en políticas sobre cámaras corporales.
Este tipo de divulgaciones selectivas son habituales en algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley, pero normalmente no se contemplan con tanta claridad en las políticas, según el profesor Christopher Schneider de la Universidad de Brandon en Canadá, coautor del nuevo libro "Cámaras corporales policiales: los medios de comunicación y el nuevo discurso de la reforma policial".
“En cierto modo, el ICE está diciendo en voz alta lo que muchos piensan en silencio”, afirmó. “Las cámaras corporales se están utilizando como herramientas de imagen modernas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible”.
La política sobre cámaras corporales permite retener parte del vídeo.
La normativa exige que los agentes activen las cámaras durante las actividades rutinarias de aplicación de la ley, incluso al realizar detenciones, ejecutar órdenes de registro y responder a emergencias.
Tras tiroteos u otros enfrentamientos graves, un comité integrado por altos funcionarios y abogados del ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben publicarse de inmediato, según la política sobre cámaras corporales emitida en febrero de 2025.
Si la respuesta es afirmativa, la grabación podría publicarse en un plazo de 72 horas. Sin embargo, si el director del ICE considera que existen "circunstancias específicas y convincentes" que justifican la retención del vídeo, tiene la facultad de bloquear o retrasar indefinidamente su publicación, según indica la normativa.
La política no da detalles sobre esas circunstancias, y el ICE no respondió a una pregunta de Associated Press sobre cómo tomaría tales decisiones.
Las prácticas varían mucho en Estados Unidos. En Chicago, un organismo de control policial suele publicar los vídeos de las cámaras corporales de los tiroteos y otros incidentes graves de uso de la fuerza en un plazo de 60 días. En Filadelfia, el departamento de policía rara vez ejerce su facultad discrecional para publicar vídeos de incidentes específicos y no tiene una política establecida sobre cuándo hacerlo.
Incluso cuando se publiquen las grabaciones, la política del ICE exigirá que se eliminen todos los datos que permitan identificar a los agentes, como sus rostros, nombres y números de placa, para preservar su privacidad.
Schneider, quien ha estudiado las cámaras corporales desde que su uso comenzó a generalizarse hace una década, dijo que no espera que el ICE publique imágenes de tiroteos mortales como los ocurridos el mes pasado en Houston y Maine.
Señaló que la agencia hermana de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP ), no ha publicado las imágenes del tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis en enero, a pesar de que fueron captadas por las cámaras de los agentes. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, declaró ante los legisladores en febrero que el video y otros materiales estaban bajo investigación y se harían públicos "cuando sea apropiado".
ICE afirma que todos los agentes contarán con cámaras para finales de septiembre.
Según muestran los registros de gastos federales, el ICE gastó 30,9 millones de dólares en julio para comprar equipos de cámaras corporales a Axon, la empresa con sede en Arizona que también fabrica pistolas Taser.
El gasto comenzó un día después del asesinato a tiros de un automovilista de 25 años en Maine a manos de un agente del ICE con antecedentes de comportamiento violento. Días antes, otro agente del ICE disparó y mató a un constructor de viviendas en Houston que se dirigía a su trabajo.
Ninguno de los tiroteos fue grabado con cámaras corporales. Esta noticia enfureció a los miembros del Congreso, quienes habían otorgado a ICE 20 millones de dólares para la compra de cámaras corporales en un proyecto de ley aprobado para poner fin al cierre parcial del gobierno el 30 de abril.
El ICE informó que se han enviado cámaras corporales a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá a finales de septiembre. Este plazo retrasa las estimaciones de declaraciones públicas anteriores. La senadora republicana de Maine, Susan Collins , quien apoyó la financiación para las cámaras, declaró el mes pasado que la agencia le informó que se desplegarían a finales de agosto. El ICE había indicado anteriormente que se entregarían a mediados de septiembre.
Según el representante estadounidense Henry Cuellar, demócrata de Texas y miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, los agentes del ICE que trabajan en el área de Houston, adonde la agencia envió más de 800 cámaras, se encuentran entre los que han comenzado a recibir capacitación.
Según informó la agencia, al menos un miembro de cada equipo de detención deberá llevar una cámara.
“Creo que el pueblo estadounidense necesita ver lo que ese agente ve y oye”, dijo el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, el 19 de julio en el programa “Face the Nation” de CBS News. “Y si se analizan los datos, las cámaras corporales en realidad exoneran a los agentes más de lo que, ya saben, proporcionan evidencia de mala conducta”.
Schneider afirmó que espera que el ICE publique grabaciones que promuevan el programa de deportación masiva de la agencia, presentando a los agentes como valientes y a los inmigrantes como delincuentes peligrosos.
“Gran parte del trabajo de las fuerzas del orden consiste en convencer al público de que las necesitamos, de que nos sentimos seguros y de que hacen muchas cosas buenas por nosotros”, afirmó. “Cuanto más cosas malas ve el público, más se enfada. Y esto perjudica la imagen de la policía”.
ICE ha tardado años en adoptar las cámaras corporales.
El ICE comenzó a probar cámaras corporales en 2021 durante la administración del presidente Joe Biden y distribuyó 1.400 dispositivos tres años después, afirmando que su uso se ampliaría a medida que se dispusiera de financiación.
Tras regresar al cargo en 2025, el presidente Donald Trump revocó una orden de Biden que obligaba a las agencias federales de aplicación de la ley a utilizar cámaras corporales.
El ICE no compró cámaras corporales ni siquiera después de recibir una histórica inyección de 75 mil millones de dólares en la ley emblemática de Trump en 2025 y comenzar a contratar a miles de nuevos agentes . Las dos compras realizadas a Axon en julio se efectuaron a través de un contrato gubernamental existente que comenzó en 2023, según consta en los registros.
“No es difícil de implementar, pero lo han hecho de forma muy lenta”, dijo Jason Houser, quien fue jefe de gabinete de ICE bajo la administración de Biden y ayudó a implementar el programa piloto de la agencia.
Houser afirmó que la administración Trump debería haber equipado a los agentes con cámaras corporales cuando amplió los arrestos masivos y los controles de tráfico. Hacerlo solo después de varios tiroteos y la presión del Congreso “es claramente una respuesta política” que no aumentará la seguridad ni de los agentes ni del público, añadió.
“Esto no soluciona el problema de colocar a los agentes en un lugar donde no están capacitados ni equipados para llevar a cabo el tipo de operaciones que la administración les exige”, dijo.
La reportera de AP, Valerie Gonzalez, contribuyó a este informe.
RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".
(Foto AP/Eric Thayer, archivo)
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