YAKARTA, Indonesia (AP) — Mientras muchos países asiáticos luchan contra su peor repunte en los contagios de COVID-19, el lento flujo de vacunas procedentes de todo el mundo se está acelerando y alimenta las esperanzas de incrementar la baja tasa de inmunización para ayudar a mitigar los efectos de la variante delta, que se propaga rápidamente.Con muchas promesas de vacunas todavía por cumplir y la tasa de contagios despuntando en varias naciones, los expertos dicen que hay que hacer más para ayudar a quienes se ven desbordados por el aumento de los pacientes y la escasez de oxígeno y otros suministros críticos.
Cerca de 1,5 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Moderna llegarán el jueves en la tarde a Indonesia, que se ha convertido en un foco importante de la pandemia con un récord de infecciones y fallecidos.
El envío de Estados Unidos se suma a otro de tres millones el domingo, y a los 11,7 millones de dosis de AstraZeneca que se han repartido en varios lotes desde marzo a través del mecanismo COVAX, respaldado por Naciones Unidas, el último de ellos a principios de esta semana.
“Es bastante alentador”, dijo Sowmya Kadandale, jefe de salud para Indonesia de UNICEF, que está a cargo de la distribución de los fármacos enviados por el COVAX. “Parece que ahora hay, no solo en Indonesia, una carrera entre las vacunas y las variantes, y espero que ganemos esa carrera”.
Muchos, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, han criticado la desigualdad en el reparto de vacunas en el mundo, señalando que en muchas naciones ricas más de la mitad de la población tiene al menos una dosis, mientras que la gran mayoría de quienes viven en otras con ingresos más bajos siguen esperando la primera inyección.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un exsenador haitiano, un funcionario despedido y un informante del gobierno estadounidense eran los últimos sospechosos identificados en la amplia investigación sobre el asesinato del presidente, Jovenel Moïse.Los hombres estaban entre los cinco fugitivos descritos por la policía como armados y peligrosos. Las autoridades continuaban buscando el miércoles a los sospechosos del ataque del 7 de julio a la vivienda privada del mandatario, en el que el presidente murió baleado y su esposa, Martine, resultó herida.
Uno de los sospechosos fue identificado como el exsenador John Joël Joseph, un conocido político y opositor al partido Tet Kale al que pertenecía Moïse. En un video compartido el año pasado en YouTube, Joseph comparó al presidente con el coronavirus y dijo que los haitianos habían sufrido por el hambre o por las muertes provocadas por un brote de violencia durante su mandato.
“La inseguridad ha afectado a todos los haitianos”, afirmó.
La policía identificó al segundo sospechoso como Joseph Felix Badio. Había trabajado para el Ministerio haitiano de Justicia y en marzo de 2013 se unió a una división anticorrupción del gobierno. La agencia indicó en un comunicado que Badio había sido despedido en mayo por “graves infracciones” de normas éticas no especificadas, y dijo haberle denunciado.
“Este acto malvado es una afrenta a nuestra democracia”, señaló la división en su comunicado del martes. “Los autores, coautores, cómplices deben ser perseguidos, investigados y castigados con el máximo rigor”.
El tercer sospechoso fue identificado como Rodolphe Jaar. Nació en Haití, habla inglés y tiene una titulación universitaria en administración de empresas, según registros judiciales. No es un ciudadano estadounidense.
CARACAS (AP) — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y estrecho colaborador del gobierno socialista venezolano, denunció el martes que los cuerpos de seguridad frustraron un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro durante los festejos el 24 de junio, que conmemora los 200 años de la Batalla de Carabobo y el 5 de julio, Día de la Independencia.En rueda de prensa Rodríguez acusó al líder opositor Juan Guaidó y sus aliados de ser parte de una supuesta trama en la que una de las mayores bandas delictivas de Venezuela estaría a cargo de generar violencia para desestabilizar al gobierno y asesinar Maduro.
Miembros de la banda de “El Koki” --desarticulada entre el 7 y 9 de julio tras un sangriento enfrentamiento entre delincuentes y más de 2.400 funcionarios de seguridad desplegados en el oeste de Caracas-- supuestamente abrirían fuego contra un desfile militar el 5 de julio desde lo más alto de las barriadas de la avenida conocida como la Cota 905, una zona montañosa tamizada de casuchas construidas en su mayoría con materiales de desechos, donde operan desde hace años.
“En uno de los teléfonos de los delincuentes encontramos videos con tomas de la tarima del Paseo Monumental Los Próceres para ejecutar su plan magnicida el 5 de julio”, destacó Rodríguez, quien entre otros señaló al exdiputado opositor Freddy Guevara, dirigente del partido de Guaidó, de ser uno de los responsables en el plan y fungir de enlace con los delincuentes.
Las acciones de los cuerpos de seguridad y el anuncio de las recompensas de hasta 500.000 dólares por los cabecillas de la banda de “El Koki” se produjeron semanas después de que miembros de grupo criminal dispararan ráfagas al aire y contra transeúntes y vehículos, en ocasiones en rechazo a cualquier acción policial contra otras organizaciones criminales y por la presencia de policías en el barrio donde operan.
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas callejeras en medio de la crisis política y social que sacudió al vecino país a fines de 2019.El escrito, presentado el lunes ante la justicia federal de Buenos Aires, señala que la donación en distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas tenía por objetivo “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez tras el golpe de estado ”.
Según la versión del gobierno de Alberto Fernández, el envío irregular del material se produjo el 12 de noviembre de 2019 “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y en particular ante el servicio aduanero”.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, según la denuncia.
Bolivia se encuentra en una abierta polémica en la que el actual gobierno de Luis Arce y el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) acusan a la oposición de haber cometido un golpe de Estado. Por su parte, los opositores dicen que Morales perpetró un fraude electoral que detonó protestas entre partidarios y opositores del exmandatario que dejaron 36 muertos.
Áñez está en la cárcel hace cuatro meses, acusada de sedición, terrorismo y conspiración.