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SAO PAULO (AP) — El aumento vertiginoso de los precios del oro en los últimos años ha impulsado una renovada fiebre minera en la selva amazónica brasileña , acelerando la deforestación en áreas protegidas y elevando la contaminación por mercurio a niveles peligrosos, según afirman funcionarios y expertos.Un estudio publicado el martes por la organización no gubernamental Amazon Conservation, en colaboración con la organización brasileña sin fines de lucro Instituto Socioambiental, reveló que la minería ilegal provocó la tala indiscriminada dentro de tres áreas de conservación en la región del Xingu , una de las mayores extensiones de bosque protegido del mundo, que abarca los estados de Pará y Mato Grosso. El análisis combinó imágenes satelitales con investigación de campo.
La Estación Ecológica Terra do Meio registró sus primeros casos de minería ilegal en septiembre de 2024. Para finales de 2025, la deforestación relacionada con la minería se había extendido a 30 hectáreas (74 acres). En el Bosque Nacional Altamira, la minería ilegal acumuló 832 hectáreas (2056 acres) de deforestación entre 2016 y septiembre de 2025. Un nuevo frente minero que se abrió en 2024 se expandió a 36 hectáreas (89 acres) para octubre de 2025, lo que representa casi la mitad de la deforestación relacionada con la minería registrada en la zona durante ese año.
El monitoreo satelital también detectó una pista de aterrizaje clandestina utilizada por mineros ilegales en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo el año pasado. La minería ilegal en la reserva aumentó de 2 hectáreas (5 acres) a al menos 26,8 hectáreas (66 acres) en 2025.
Según un grupo, la mayor parte de la deforestación causada por la minería es ilegal.
En 2023, Amazon Conservation se asoció con Earth Genome y el Centro Pulitzer para desarrollar Amazon Mining Watch, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para monitorear la actividad minera en la Amazonía desde 2018. Desde entonces, se han talado aproximadamente 496 000 hectáreas (1 225 640 acres) de selva tropical para la minería, incluyendo cerca de 223 000 hectáreas (551 045 acres) en la Amazonía brasileña. Amazon Conservation estima que el 80 % de la deforestación relacionada con la minería en Brasil conlleva un alto riesgo de ser ilegal.
La minería sigue siendo un factor relativamente menor en la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosques está en gran medida ligada a la expansión de la agroindustria. En 2025, por ejemplo, se deforestaron unas 579.600 hectáreas (1.432 acres) de la Amazonía brasileña, según datos oficiales. Alrededor de 17.000 hectáreas (42.000 acres) estaban relacionadas con la minería, según Mining Watch.
“Lo que hace que la minería sea particularmente problemática es que ataca áreas protegidas y territorios indígenas”, dijo Matt Finer, director del programa de Monitoreo de la Amazonía Andina de Amazon Conservation.
La protección de los territorios indígenas se considera una medida eficaz para frenar la deforestación en la Amazonía , la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Los investigadores advierten que la continua pérdida de bosques podría acelerar el calentamiento global.
La aplicación de la ley suele ser un juego del gato y el ratón.
En 2023, las autoridades brasileñas lanzaron una importante ofensiva contra la minería ilegal de oro en el territorio indígena Yanomami del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, tras un repunte de la actividad minera que desencadenó una crisis humanitaria y sanitaria . Según datos de Amazon Conservation, el crecimiento anual de las zonas explotadas disminuyó drásticamente después de ese año. Si bien la minería no se ha erradicado por completo, para 2023 ya se había producido casi toda la deforestación dentro del territorio Yanomami: unas 5500 hectáreas (13 590 acres).
Sin embargo, la aplicación de la ley a nivel local no ha frenado la minería ilegal en la Amazonía. Cuando las autoridades destruyen dragas y equipos en una región, los mineros suelen reubicarse o reanudar sus operaciones una vez que los funcionarios se marchan. El fiscal federal André Luiz Porreca, quien investiga la minería ilegal en la Amazonía occidental brasileña, describió la aplicación de la ley como un «juego del gato y el ratón».
“El año pasado participé en una operación que destruyó más de 500 dragas en territorio indígena”, dijo Porreca. “La semana siguiente, los indígenas me mostraron fotos que demostraban que los mineros ya habían regresado”.
Porreca afirmó que la minería ilegal de oro está financiada por las mayores organizaciones criminales de Brasil, entre ellas el Comando Rojo y el Primer Comando Capital (PCC), que operan en aproximadamente un tercio de las ciudades de la Amazonía brasileña . «Tienen el dinero para financiar estas operaciones. Algunas dragas cuestan hasta 15 millones de reales».
Si bien la aplicación de la ley redujo la presión en el territorio yanomami, la minería ilegal se ha intensificado en otras zonas, especialmente en tierras indígenas de la cuenca del río Xingu. La situación más crítica se vive en las tierras indígenas kayapó, donde la minería ilegal ha deforestado aproximadamente 7940 hectáreas (19 620 acres) de selva tropical, la mayor superficie afectada en la Amazonía brasileña.
El oro ha impulsado la contaminación por mercurio.
Los precios récord del oro , impulsados en gran medida por la demanda de los inversores de activos seguros en medio de los crecientes riesgos globales, han supuesto un fuerte incentivo para la minería ilegal.
“Es lógica básica del mercado. Con más compradores, hay más personas que explotan el oro”, afirmó Porreca. Añadió que el sistema de control de exportaciones de minerales de Brasil sigue siendo débil, lo que permite esquemas de lavado de dinero que dan al oro ilícito una apariencia de legalidad.
Los daños ambientales van más allá de la deforestación. Las operaciones mineras ilegales vierten mercurio en los ríos, contaminando los cursos de agua y acumulándose en los peces que consumen las comunidades ribereñas e indígenas.
En abril, Porreca presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que describía la contaminación generalizada por mercurio en la Amazonía. El informe citaba un estudio de Fiocruz, una institución de investigación estatal, que reveló que el 21,3 % del pescado vendido en los mercados públicos de la Amazonía superaba los límites de mercurio establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Los niños de entre 2 y 4 años consumían mercurio en niveles hasta 31 veces superiores al máximo recomendado.
La minería es una preocupación creciente entre los ambientalistas y los pueblos indígenas.
Según la legislación brasileña, la minería está prohibida en tierras indígenas. El Ministerio de los Pueblos Indígenas declaró que combatir la minería ilegal en tierras indígenas es una prioridad del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva . El ministerio señaló que las invasiones mineras se sustentan en redes criminales y que para enfrentarlas es necesario desmantelar esas cadenas económicas y logísticas.
El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que la contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal de oro sigue siendo un problema persistente en la Amazonía, y añadió que está ampliando la vigilancia científica al tiempo que apoya las medidas de control.
La Policía Federal de Brasil no respondió a las solicitudes de comentarios de Associated Press.
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GABRIELA SÁ PESSOA Pessoa cubre la selva amazónica brasileña para Associated Press. Reside en São Paulo, Brasil.
(Foto AP/Edmar Barros, archivo)
