Africa basuraJOHANNESBURGO (AP) — Dos hombres están sentados en la cima de una colina al final de una calle estrecha en Kya Sands, un suburbio industrial de Johannesburgo . Pero la colina no es un accidente geográfico natural: es una montaña de basura arrojada ilegalmente, apilada tan alta que ahora engulle la carretera.
“Cuando comencé como concejal de distrito en 2021, esta montaña era muy pequeña. Incluso podía bajar por esta carretera en mi vehículo”, declaró el concejal municipal Devon Steenkamp a Associated Press. “Ahora es una montaña bastante alta y grande; siempre hay humos”.
El montículo es solo el borde de un vertedero que creció exponencialmente después de que el relleno sanitario municipal alcanzara su capacidad máxima y cerrara en 2010. Junto a él, oleadas de desechos se extienden por un valle mientras el humo se eleva y los camiones descargan más basura.
El creciente problema de los residuos en Johannesburgo refleja un desafío más amplio en toda África . Las ciudades de rápido crecimiento, como Lagos , Dakar y Accra, generan residuos mucho más rápido de lo que muchos municipios pueden recogerlos, reciclarlos o eliminarlos de forma segura.
Según un informe conjunto publicado el año pasado por la OCDE, el Banco Africano de Desarrollo, la Alianza de Ciudades y la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África, se prevé que la población urbana de África se duplique para 2050, alcanzando los 1.400 millones de personas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que más del 90 % de los residuos generados en África se depositan en vertederos y basureros no controlados, a menudo con quema al aire libre. El Banco Mundial proyecta que la generación de residuos en el África subsahariana aumentará un 124 % de aquí a 2050, el crecimiento más rápido de cualquier región.
Más de 2.000 puntos críticos de vertido ilegal.
En el densamente poblado barrio de Alexandra, en Johannesburgo, las cabras buscan alimento entre montones de basura doméstica mientras los residentes transitan por aceras cubiertas de plástico, restos de comida y escombros de construcción.
Linda Makole, una residente local de 75 años, está especialmente preocupada por los niños, muchos de los cuales viven en viviendas de una sola habitación y dependen de las aceras y de unos pocos parques para tener espacio para jugar.
“Es imposible que los niños pequeños estén sanos viviendo en este entorno”, declaró Makole a la AP. “Cada semana, mi casero recoge toda la basura de sus inquilinos en una furgoneta y la desecha”, añadió. “No sé dónde la tira”.
Pikitup, la empresa municipal de gestión de residuos, ha identificado más de 2.000 puntos críticos de vertido ilegal y ha destinado 115 millones de rands (6,4 millones de dólares) en el ejercicio 2025/26 para abordar el problema.
Algunos residentes afirmaron que su basura no fue recogida hasta por cuatro semanas. La Alianza para la Crisis de Johannesburgo atribuyó las interrupciones a conflictos laborales, limitaciones financieras y una flota de vehículos obsoleta.
La irregularidad en la recogida de residuos ha impulsado la demanda de transportistas informales de basura.
“Si el municipio no recoge la basura general, entonces, por supuesto, la gente llamará a cualquiera que tenga un camión para que venga a recogerla”, dijo Carmen Jordaan, copropietaria de Whole Earth Recycling.
Jordaan afirmó que la eliminación legal de residuos requería registro y el pago de tasas por vertido, lo que llevaba a algunos transportistas informales a depositar basura ilegalmente en zonas como Kya Sands.
Contaminar el aire, el suelo y el agua.
Bryce McCall, un antiguo jinete sudafricano de salto ecuestre, ha visto cómo un vertedero independiente se extendía junto a su casa, donde dirige un negocio de establos y apicultura.
“Antes tenía 70 caballos aquí; ahora tenemos 28”, dijo McCall. “Los clientes ya no quieren venir”.
Los vertederos ilegales también queman basura para hacer espacio para más, contaminando el aire, el suelo y el agua, y exponiendo a las comunidades cercanas a sustancias tóxicas, advirtió Jordaan. "Están quemando plásticos tóxicos y todos los estamos inhalando", afirmó.
“Por la noche, el aire es tan tóxico que no se puede respirar. Tenemos purificadores de aire en nuestro dormitorio”, dijo McCall. “La calidad del aire es tan mala que las abejas no producen como deberían”.
La Dra. Suzan Oelofse, científica principal del Consejo Sudafricano de Investigación Científica e Industrial (CSIR), afirmó que los residuos mal gestionados también atraen plagas y pueden obstruir los desagües pluviales, aumentando el riesgo de inundaciones.
"Estamos muy, muy cerca del punto de inflexión".
“La tasa de generación de residuos ha superado sistemáticamente la inversión en nuevas infraestructuras de gestión de residuos”, dijo Oelofse, y añadió que la ciudad sigue dependiendo en gran medida de vertederos obsoletos, mientras que el reciclaje y el compostaje carecen de impulso.
El borrador de la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos de Sudáfrica advierte que el espacio en los vertederos se está agotando a un ritmo insostenible. La presión ya es evidente en Johannesburgo, donde solo dos de los cuatro vertederos municipales de la ciudad todavía aceptan residuos generales.
Oelofse afirmó que un estudio reciente del CSIR reveló que, en promedio, los vertederos de Johannesburgo tienen capacidad para eliminar desechos en menos de un año.
“Si nos quedan años, seremos afortunados”, dijo Jordaan. “Estamos muy, muy cerca de ese punto de inflexión”.
Construir más vertederos es difícil porque los terrenos aptos son escasos y las regulaciones ambientales son estrictas.
Evitar que los residuos acaben en los vertederos.
Oelofse estima que hasta el 80% de los residuos de Johannesburgo podrían desviarse mediante el reciclaje y el tratamiento de residuos orgánicos si los hogares y las empresas separaran los residuos en origen.
Pikitup también está impulsando la separación en origen para preservar el menguante espacio de los vertederos, con planes para ampliar la infraestructura de reciclaje y colaborar con las empresas de recuperación de residuos.
Nomvula Phaliso, de 35 años, recicladora y estudiante de derecho, dijo que los recolectores de residuos ya están ayudando a evitar que el material reciclable termine en los vertederos, pero necesitan mayor apoyo, incluido el acceso seguro a los contenedores, centros comunitarios de compra de materiales reciclados, equipos de protección y almacenamiento.
Para Jordaan, evitar que los residuos acaben en los vertederos también requiere cambiar la forma en que la gente piensa sobre lo que tira a la basura.
“La gente piensa: ‘Hay que deshacerse de ello’. Pero, ¿adónde va a parar?”
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Michelle Gumede es reportera de noticias escritas para Associated Press, con sede en Johannesburgo. Cubre una amplia gama de temas de actualidad, incluyendo salud, cambio climático y política en Sudáfrica.
(Foto AP/Themba Hadebe)
Estado excepcionLA PAZ, Bolivia (AP) — Varios cientos de maestros públicos marcharon el martes en al menos tres de las nueve regiones de Bolivia en contra de las políticas económicas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, pese a que rige un estado de excepción desde junio luego de prolongadas protestas.
Los maestros fueron escoltados por la policía mientras se desplazaban por el centro de La Paz exigiendo al gobierno medidas para afrontar la crisis económica y el alza del costo de vida en el país andino.
Mostrando una olla vacía, la maestra Miriam Ayala, representante de los educadores urbanos, dijo a la prensa que las medidas que impuso el gobierno, como la subida del precio del diésel y el tipo de cambio del dólar flotante que ha aumentado el valor de la moneda estadounidense frente al boliviano, han generado una subida de precios. “Todo ha subido y el gobierno no hace nada”, se quejó Ayala.
El sindicato de maestros convocó a una protesta a nivel nacional pero las más representativas se desarrollaron en la región oriental de Santa Cruz y la amazónica de Beni. Los maestros dijeron que salieron a las calles en defensa de la educación pública y la protección de la carrera docente ante una posible reforma educativa.
“No es momento de protesta, es momento de propuesta”, dijo el ministro de Educación, Erick Sanjinés, en sus redes sociales, e invitó a la dirigencia a un diálogo. A su vez, negó que se vaya a realizar una reforma educativa sin un consenso.
El sector magisterial público está compuesto por unos 178.000 maestros, según el censo de población de 2024.
Este gremio protagonizó entre mayo y junio junto a otros sindicatos obreros, campesinos y afines al expresidente Evo Morales protestas con bloqueos que afectaron principalmente a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, dejándolas con pocos alimentos, oxígeno medicinal y combustible, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción para contenerlas.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(Foto AP/Juan Karita)
Petrolero MalvinasBUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un juez federal argentino ordenó el miércoles a empresas británicas e israelíes que detengan la explotación de un yacimiento petrolífero frente a las Islas Malvinas , abriendo un nuevo frente legal en la disputa de soberanía de décadas de antigüedad entre Argentina y Gran Bretaña que el presidente argentino Javier Milei ha reavivado en las últimas semanas.
La orden judicial emitida por la jueza Mariel Borruto, de la cual The Associated Press obtuvo una copia, apunta al proyecto petrolero León Marino, ubicado a 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago controlado por los británicos en el Atlántico Sur, y prohíbe la perforación, las instalaciones marinas y la construcción de puertos hasta que las autoridades argentinas puedan realizar una evaluación ambiental y emitir una decisión.
Pero en la práctica, es poco probable que la orden del miércoles detenga el avance del proyecto. El juez Borruto reconoció que la aplicación de la ley "depende de la cooperación internacional y de la conducta" de las dos empresas, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que ya se han comprometido a seguir adelante con el proyecto a pesar de las amenazas de Milei de imponerles sanciones más severas a ellas y a otras empresas que operan en las islas.
Rockhopper declinó hacer comentarios, y Navitas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la orden judicial.
Se prevé que la producción comercial de petróleo comience en 2028, lo que ha elevado la tensión en una disputa territorial que llevó a Gran Bretaña y Argentina a una guerra breve y sangrienta en 1982.
Para los aproximadamente 3.500 habitantes del territorio, el yacimiento petrolífero promete transformar una economía que durante mucho tiempo ha dependido de la pesca. Para Argentina, que denomina a las islas Malvinas, el proyecto permitiría a empresas extranjeras extraer riquezas petroleras que considera propias. Su reivindicación sobre el archipiélago, situado a unos 480 kilómetros (300 millas) de su costa, está consagrada en la Constitución y forma parte de la identidad nacional , lo que le ha granjeado apoyo en todos los sectores políticos del país.
El presidente estadounidense Donald Trump, estrecho aliado del líder libertario radical de Argentina, ha generado nueva incertidumbre en la disputa en las últimas semanas. Citando la falta de apoyo de Gran Bretaña a su guerra contra Irán, ha sugerido que Washington podría cambiar su postura históricamente neutral sobre la soberanía de las islas.
En declaraciones a los periodistas en Dublín el sábado , Trump volvió a expresar su escepticismo sobre la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera recuperar las Malvinas, como lo hizo tras la invasión de la dictadura militar argentina en 1982, y afirmó: "No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos".
Milei aprovechó lo que denominó “vientos de cambio” tras los comentarios de Trump a principios de este mes, y en un discurso a la nación el 3 de septiembre anunció medidas contra las empresas que desarrollan yacimientos petrolíferos alrededor de las islas. Advirtió que los proyectos representaban un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina y se comprometió a utilizar todos los “instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales y legales” para defenderla.
Su administración está preparando legislación para ampliar las sanciones contra las empresas involucradas en proyectos petroleros en las islas y presentó tres denuncias penales contra Navitas, empresa que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, y otras nueve compañías y sus ejecutivos, acusándolos de violar la ley argentina al realizar operaciones petroleras sin la autorización del país. Se desconoce qué impacto tendrán estas acusaciones en el proyecto.
Gran Bretaña ha respondido con desafío a la campaña legal del gobierno argentino. Argumenta que quienes viven en las Malvinas deben determinar su estatus, citando los resultados de un referéndum de 2013 en el que los isleños votaron mayoritariamente a favor de seguir siendo territorio británico.
“La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas”, dijo el gobierno británico el martes en una guía destinada a tranquilizar a las empresas que operan allí.
El fallo emitido el miércoles por el tribunal federal de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, surge de una demanda civil interpuesta por abogados ambientalistas y veteranos de la guerra de 1982, quienes buscaban prevenir daños ambientales derivados del proyecto. La demanda cita amenazas ecológicas que van desde la contaminación química y el ruido submarino hasta el tráfico marítimo y posibles derrames de petróleo.
Borruto advirtió que permitir que continúen las perforaciones y la construcción podría alterar el ecosistema marino de maneras difíciles de revertir.
“El riesgo no es ni hipotético ni remoto”, escribió, señalando que ya habían comenzado las obras de infraestructura del proyecto.
La periodista de Associated Press, Débora Rey, contribuyó a este reportaje.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
Por  SERGIO FARELLA e ISABEL DEBRE
(Foto AP/Ricardo Mazalan, archivo)
Decenas huyenEL CAIRO (AP) — Ante el avance de los rebeldes hutíes , Eshraq Abdel Gelil y su esposo huyeron de su casa, caminando por las montañas antes de conseguir que los llevaran a una ciudad cercana. Embarazada de cuatro meses, temía sufrir otro aborto espontáneo.
Se encuentran entre las más de 125.000 personas que han huido a medida que los rebeldes respaldados por Irán avanzaban por la costa del Mar Rojo hacia un punto estratégico marítimo . La ofensiva, vinculada a la guerra con Irán , ha amenazado las exportaciones de petróleo saudí , ha disparado los precios mundiales del combustible y ha sacudido los mercados.
El costo ha sido mucho mayor para los yemeníes atrapados en el fuego cruzado. Muchos han huido de sus hogares con lo poco que pudieron llevar consigo. El país más pobre del mundo árabe estuvo al borde de la hambruna en una fase anterior de la guerra civil, que causó la muerte de aproximadamente 150.000 personas.
El bloqueo liderado por Arabia Saudí, junto con el régimen represivo de los hutíes y la detención de trabajadores humanitarios y de la ONU , ha hecho la vida miserable en el territorio, ahora en expansión, bajo control rebelde. El gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, es débil y fragmentado, y ha tenido dificultades para repelerlos.
Los yemeníes describen una huida desgarradora desde el frente de batalla.
Abdel Gelil se encuentra ahora refugiado con su familia en la ciudad de Taiz, en el suroeste del país, mientras que otros duermen en las calles o montan tiendas de campaña improvisadas con plástico.
Su esposo, Mohamed Thabet, dijo que los últimos combates fueron "extremadamente feroces" y más intensos que la batalla de 2017 que también lo obligó a huir. "Hubo bombardeos y metralla cerca de la casa", dijo.
Caminaron durante 5 kilómetros (3 millas) antes de tomar un vehículo que los llevó unos 60 kilómetros (37 millas) por carreteras de montaña.
Al llegar a Taiz, un médico les informó que el bebé se había desplazado hacia abajo en el útero. Abdel Gelil había sufrido un aborto espontáneo en el mismo punto en un embarazo anterior.
“Mi esposa lloró del susto y estaba muy asustada”, dijo Thabet.
Ahora viven hacinados en una casa con familiares. Solo pueden permitirse comer dos veces al día y les preocupa que Abdel Gelil no esté recibiendo suficientes nutrientes para ella y el bebé.
Thabet también está preocupado por su hermana, que lleva más de un mes sin poder costearse la medicación para la diabetes. Según explicó, ella y sus dos hijas, de 8 y 13 años, padecen una afección sanguínea que las hace propensas a la anemia.
Los nuevos enfrentamientos están vinculados a la guerra con Irán, que aún no se ha resuelto.
La guerra civil se remonta a 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná. Arabia Saudita intervino al año siguiente en apoyo del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Un alto el fuego en 2022 detuvo en gran medida los combates.
Las hostilidades se reanudaron en julio, cuando los hutíes retomaron sus ataques contra Arabia Saudí en lo que los rebeldes calificaron como un intento de levantar el bloqueo. Los ataques contra la industria petrolera saudí se produjeron justo cuando Estados Unidos estaba logrando cierto éxito en la reapertura del estrecho de Ormuz .
Los combates en Yemen han dejado ocho civiles muertos y 32 heridos, según la oficina humanitaria de la ONU, que estima que 125.000 personas han huido de sus hogares. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que entre los desplazados hay más de 57.000 niños.
“Esta es una de las oleadas de desplazamiento más rápidas e impredecibles que Yemen ha visto en años”, declaró Obia Achieng, representante de UNICEF en Yemen. “Las familias huyen con poca o ninguna advertencia, a menudo de noche, llevando consigo solo lo que pueden agarrar”.
“La situación es particularmente preocupante porque se suma a una crisis humanitaria ya de por sí grave”, añadió Achieng.
Hay recursos limitados para quienes huyen.
Antes de los últimos enfrentamientos, la ONU había advertido que alrededor de 5 millones de yemeníes estaban sufriendo "niveles críticos o peores de inseguridad alimentaria aguda".
Milena Murr, de Prosper Global, un grupo humanitario anteriormente conocido como Mercy Corps, dijo que algunas personas que llegaron a Taiz habían caminado durante más de 16 horas, llegando a los campamentos de desplazados exhaustas, deshidratadas y con algunos de los niños aparentemente desnutridos.
Iman Abdullahi, directora nacional de CARE, otra organización de ayuda humanitaria, afirmó que existe una necesidad urgente de alimentos, atención médica materna y neonatal, artículos de higiene, letrinas privadas y apoyo en materia de salud mental.
“Una mujer tuvo que lavar la única ropa que llevaba y permanecer dentro de su tienda hasta que se secara porque no tenía nada más que ponerse. Otra se vio obligada a huir apenas dos semanas después de dar a luz”, dijo.
Nashwan Ahmed Said estaba cosiendo una tienda de campaña con sacos de trigo de plástico. Dijo que esta es la tercera vez que se ve obligado a abandonar su hogar desde que comenzó la guerra.
“¡Estamos en una situación terrible! No tenemos casa, ni baño, ni comida, ni nada que beber”, dijo.
Arwa Ahmed, que fue desplazada junto con sus cinco hijos, contó que ella y su familia no comieron más que arroz durante días.
“Necesitamos de todo. Necesitamos tiendas de campaña, necesitamos comida y todos los artículos de primera necesidad, porque fuimos desplazados y no nos llevamos nada”, dijo.
FATMA KHALED reside en la región de Oriente Medio. Cubre crisis humanitarias, conflictos y otras noticias para Associated Press.
(Foto AP/Marzouq Al Jabri)
Bolivia militarizaLA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano informó el martes que reforzó el patrullaje en una población cercana a la frontera con Brasil tras registrarse cuatro asesinatos en poco más de 24 horas, en medio de una guerra entre cárteles brasileños que se disputan las rutas del narcotráfico.
Cerca de un centenar de militares efectuó patrullajes y controles con drones en la población de San Ignacio de Velasco, a unos 460 kilómetros al noreste de La Paz. La policía investiga si los casos están relacionados con el narcotráfico.
La medida tiene lugar luego de que entre el domingo y el lunes cuatro bolivianos fueron acribillados en sus domicilios. El caso que más generó rechazo fue el asesinato a dos jóvenes que estaban haciendo una transmisión en vivo para vender ropa. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, dos extranjeros posiblemente brasileños ingresaron al domicilio de los jóvenes y les dispararon.
A más de un mes que el gobierno lanzó un plan para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con el fin de luchar contra el crimen organizado, los delitos no han cesado en esa zona limítrofe.
“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según un comunicado de prensa de su despacho.
La autoridad explicó que los militares acompañan a la policía con unidades especiales bajo el amparo del estado de excepción vigente en el país andino. “Es una vigilancia interna. Ya no podemos seguir así”, agregó.
La frontera de Bolivia con Brasil, que abarca más de 3.400 kilómetros, está en medio de la creciente tensión por la rivalidad en esa zona entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas bandas brasileñas calificadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(Foto AP/Juan Karita)

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