HaitianosPUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Naika y Erica Lafleur miraron un montón de escombros donde una vez estuvo su casa en la capital de Haití y comenzaron a llorar.
Su madre había ordenado a las dos hermanas, de 10 y 13 años, que visitaran la casa de la que huyeron el año pasado e informaran sobre su condición después de que poderosas pandillas atacaran su comunidad en noviembre.
"Esperaba tener un lugar al que regresar", dijo Erica Lafleur. "No hay nada que ver".
Las hermanas vivían en Solino, sede de uno de los grupos de justicieros más poderosos de Haití , que defendió con orgullo a las pandillas durante años hasta que su líder fue asesinado y hombres armados invadieron el lugar.
Las pandillas tomaron el control del área durante casi un año para luego marcharse abruptamente en las últimas semanas, alentando a los residentes a regresar.
Muchos haitianos están ansiosos por huir de refugios abarrotados y peligrosos y quieren reconstruir sus comunidades destrozadas o recuperar lo que queda de sus hogares y pertenencias.
La policía ha advertido a los haitianos que no es seguro hacerlo, pero cientos de personas ignoran las advertencias. Poder regresar a casa es una oportunidad excepcional en una capital controlada casi en su totalidad por pandillas.
'No queda nada por salvar'
El sonido de las palas raspando el asfalto resonó en el oeste de Puerto Príncipe este mes mientras cientos de personas limpiaban sus comunidades y arrastraban los pies o pasaban las manos por montones de cenizas que alguna vez fueron libros, ropa, álbumes de fotos y muebles.
Barrios como Solino , Nazon y Delmas 30 se convirtieron en pueblos fantasmas después de que las pandillas los arrasaron en noviembre, obligando a miles de personas a huir.
“No queda nada que salvar”, dijo Samuel Alexis, de 40 años, quien pidió al gobierno que ayudara a los haitianos a regresar a casa. “No perdí a mi familia, pero perdí todo por lo que trabajé”.
Mientras reflexionaba sobre si regresar a Solino, se oyeron disparos cerca. Se estremeció.
En agosto, Jimmy Chérizier, líder de una coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, a la que se atribuyen los ataques del año pasado, enfatizó que era seguro regresar a casa.
Al principio, pocas personas le creyeron, pero luego pequeños grupos comenzaron a entrar tímidamente en sus antiguos barrios.
“Acabo de visitar mi casa”, dijo Ronald Amboise, un azulejero de 42 años. “Lo que vi no lo puedo explicar. Fue como si hubiera explotado una bomba”.
Se mudó a Solino tras el devastador terremoto de 2010 y permaneció allí hasta que las pandillas invadieron su barrio en noviembre. Anhela regresar porque él, su pareja y sus dos hijos, de 6 y 13 años, se alojan en un albergue hacinado y sucio. Pero no se decide.
La policía tiene un anuncio por radio que advierte a la gente que no regrese. Las pandillas dicen que es seguro regresar. Todavía no sé en cuál confiar —dijo.
Amboise no gana suficiente dinero para alimentar adecuadamente a su familia, que vive bajo una lona de plástico y se empapa cuando llueve.
"No sé si tu cuaderno puede contener todo lo que he soportado durante los últimos nueve meses", le dijo a un periodista de Associated Press.
Recogiendo los pedazos
Un domingo reciente, Gerald Jean buscó 50 centavos en sus pantalones —el único dinero que tenía ese día— y compró una bolsita de totopos. Era su desayuno, almuerzo y cena.
Alguna vez orgulloso propietario de una funeraria, una ferretería, una botánica y ocho casas en Solino, ahora se encuentra sin hogar ni trabajo. Pandillas incendiaron sus edificios a mediados de noviembre, lo que lo obligó a él y a su familia a huir.
“Me quedé con un par de pantalones y sandalias”, dijo. “Trabajé toda mi vida y lo perdí todo”.
Jean huyó a Delmas 30 después del ataque, pero las pandillas asaltaron ese vecindario tres meses después , lo que lo obligó a buscar refugio en la casa de un amigo en Delmas 75.
No sabe si volverá a vivir en Delmas 30, pero recientemente regresó para palear escombros en una pila frente a la funeraria saqueada que lleva su nombre.
Cerca de allí, Marie-Marthe Vernet, de 68 años, se arrastraba entre una espesa capa de ceniza dentro de su casa. No había regresado desde que hombres armados le dispararon por la espalda el año pasado mientras huía.
“De ninguna manera volveré a vivir aquí. No voy a vivir con Viv Ansanm”, dijo. “Si tienes una niña, se la van a llevar sin tu consentimiento. Si tienes un hombre joven, le pedirán que sostenga un arma”.
'Meses y meses de humillación'
La caída de Solino, Nazon, Delmas 30 y otras comunidades cercanas fue un golpe a la psiquis de Haití y un triunfo para Viv Ansanm, una coalición de pandillas que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera .
Tomar el control de esa zona significó que las pandillas ahora tenían un camino más fácil hacia los lugares de poder, incluidas las oficinas del primer ministro y el consejo presidencial de transición, dijo Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.
“Todo el mundo decía que si Solino caía, caería toda la capital”, afirmó.
Todavía no está claro por qué Viv Ansanm se retiró de esos barrios, pero es posible que las pandillas necesitaran su mano de obra y poder de fuego en otro lugar, o quieran formar una alianza con grupos de vigilantes para derrocar al gobierno, dijo Da Rin.
De cualquier manera, la llegada de drones explosivos tripulados por fuerzas armadas probablemente interrumpió los planes de las pandillas, dijo.
“Cualquiera que sea su verdadero motivo para retirarse de estas zonas, lo están utilizando para tener un mínimo de credibilidad ante el pueblo haitiano, diciendo que su conflicto no está dirigido contra los civiles”, dijo Da Rin.
Pero la violencia de pandillas ya ha desplazado a un récord de 1,3 millones de personas , muchas de las cuales viven en refugios ruinosos.
“Es desesperado, es completamente desesperado”, dijo Tom Fletcher, subsecretario general de asuntos humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de las Naciones Unidas.
Recientemente visitó un refugio lleno de miles de personas.
“Casi todos me dijeron: 'Queremos volver a casa, queremos reconstruir nuestras vidas, pero estamos muy, muy aterrorizados'”, dijo. “Las mujeres y las niñas son las más afectadas por esta violencia”.
El año pasado, el número de violaciones graves contra los niños aumentó un 500% en comparación con 2023, mientras que en el primer trimestre de este año hubo un aumento del 700% en el reclutamiento de niños por grupos armados , dijo.
También hubo un aumento del 1.000% en los casos de violencia sexual contra niños el año pasado, y un aumento del 54% en los asesinatos y ejecuciones verificados de niños en el primer trimestre de este año.
“Estas estadísticas son simplemente inconcebibles”, dijo Fletcher.
Sin dejarse intimidar, los haitianos continúan regresando a comunidades como Solino.
“Es difícil quedarse en un campamento”, dijo Stephanie Saint-Fleure, una madre de 39 años que planeaba regresar. “Han sido meses y meses de humillación. ¿Te imaginas tener tres hijos en un campamento con mal olor y no poder dormir por la noche porque estás despierta todo el tiempo protegiendo a tus hijos del mal?”
Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.
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(Foto AP/Odelyn Joseph)
Por  EVENS SANON y DÁNICA COTO
Mineria MexicoSAN JOAQUÍN, México (AP) — Un taladro resuena en los estrechos túneles que se encuentran en las profundidades de la montaña donde el minero Hugo Flores perfora la roca en busca de uno de los elementos más tóxicos de la Tierra.
Enterrado en rayas rojas de minerales iluminadas por su linterna hay mercurio.
Aquí, en las montañas cubiertas de pinos conocidas como Sierra Gorda (una de las zonas con mayor biodiversidad de México), está en marcha un “auge del mercurio”.
El alza de los precios internacionales del oro está elevando el precio del mercurio, un metal tóxico clave en la minería ilegal de oro , a máximos históricos. Si bien la demanda desencadena una fiebre minera en el centro de México, sustentando a miles de mineros y sus familias, también los expone a ellos y al frágil medio ambiente al envenenamiento por mercurio. Al mismo tiempo, este mercurio mexicano impulsa la minería ilegal de oro en la Amazonía , contaminando extensas áreas y dañando tanto a las personas como al medio ambiente.
Los esfuerzos mundiales para prohibir la extracción de mercurio sólo han hecho que el mercurio de estas minas artesanales centenarias sea aún más buscado.
“Es una forma de vida aquí”, dijo Flores.
En ciudades como San Joaquín, en el estado de Querétaro, en el centro-norte del país, el precio del mercurio se ha disparado más de diez veces en los últimos 15 años, pasando de 20 dólares por kilogramo (2,2 libras) en 2011 a entre 240 y 350 dólares.
“Por primera vez en sus vidas, el mercurio tiene algún valor, y los mineros dicen: ‘Vale la pena envenenarme si voy a ganar algo’”, dijo Fernando Díaz-Barriga, un investigador médico que ha estudiado durante mucho tiempo las minas de mercurio en el centro de México.
'Coyotes' de Mercurio
Los mineros siguen las vetas de cinabrio (el mineral que contiene mercurio) como hormigas a través de estrechos túneles que zigzaguean en las profundidades de la montaña. Excavan en la roca y cargan sacos de piedras atados a la espalda hasta la superficie.
La roca se introduce en hornos de ladrillos de leña, donde el mercurio se calienta y se transforma en gas, separándose de los demás minerales. El gas se enfría y forma gotitas de plata líquida que gotean lentamente por una tubería para ser recogidas en pequeñas botellas de plástico de Coca-Cola, cada una de las cuales se vende por unos 1800 dólares. Se necesita una tonelada de roca para producir un kilo de mercurio.
México es el segundo mayor productor de mercurio del mundo después de China, con una producción de 200 toneladas al año, según estimaciones de Naciones Unidas.
Los compradores vienen de todo el mundo para conseguir mercurio barato de los mineros artesanales.
“Vienen a comprar mercurio por 500 pesos y luego lo venden en Perú por 5000”, dijo Carlos Martínez, líder de una de las minas de San Joaquín. “Los coyotes, como les llamamos, son los que se lucran a costa de los demás”.
Minería ilegal de oro
La extracción de mercurio en los pueblos de la Sierra Gorda mexicana se remonta a siglos atrás. El metal se utilizaba en todo, desde termómetros hasta cosméticos, y se exportaba legalmente a Sudamérica hasta hace unos años, cuando muchos países del mundo prohibieron su uso. Hoy en día, la gran mayoría del mercurio mexicano se trafica a Colombia, Bolivia y Perú y se distribuye por toda la cuenca amazónica.
En la Amazonía, el metal se utiliza para extraer oro del suelo fluvial en operaciones de minería ilegal de oro, cada vez más controladas por grupos criminales. La minería ha contaminado los ríos que dan vida a la región.
En julio, las autoridades peruanas incautaron un cargamento récord de cuatro toneladas (valoradas en alrededor de medio millón de dólares) de mercurio oculto en bolsas de grava que se dirigían de México a Bolivia.
Un informe de julio de la Agencia de Investigación Ambiental, organismo de control sin fines de lucro que investiga delitos ambientales, indicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha entrado en algunas operaciones mineras de mercurio en México. Sin embargo, mineros, investigadores y funcionarios locales afirman que no hay participación del cártel, y sugerir lo contrario ha criminalizado a trabajadores vulnerables.
“Lo que estamos haciendo no es un delito”, dijo Martínez, de 44 años. “Solo estamos trabajando”.
Se espera que la demanda de oro continúe, ya que los inversores buscan su seguridad tangible en un momento de incertidumbre económica global, provocada, en parte, por los aranceles de la administración Trump, según JP Morgan y otros bancos. Las empresas mineras afirman que esperan lo mismo con el mercurio.
“A nivel mundial, la demanda de mercurio seguirá aumentando”, afirmó Martínez. “Esto no va a desaparecer”.
Mina o migración
En San Joaquín, donde las cifras del gobierno muestran que casi la mitad de los 8.000 residentes viven en la pobreza, generaciones han enfrentado una dura elección: emigrar a Estados Unidos o trabajar en una mina de mercurio.
Flores, el minero que maneja el taladro en las profundidades de los túneles, dijo que esa fue la elección que enfrentó su familia cuando emigraron a Estados Unidos cuando él era un niño pequeño.
Cuando le negaron la tarjeta verde a los 24 años, regresó a México para trabajar en las minas, tal como lo hizo su abuelo.
Ahora, con el aumento de los precios del mercurio, ha visto a un número cada vez mayor de jóvenes regresar de Estados Unidos para trabajar también en las minas.
“El gobierno mexicano nos ha olvidado”, dijo Flores, de 39 años. “Con las oportunidades de trabajo que hay aquí… apenas llega a fin de mes”.
Alrededor de 3,000 personas de la región viven de las minas o de su material reciclado, dijo Izarelly Rosillo, abogada e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha pasado tanto tiempo con los mineros en los últimos 12 años que a ella misma le diagnosticaron intoxicación por mercurio.
“El mercurio ha impulsado un gran desarrollo en la región”, dijo. “Aunque eso conlleva daños colaterales”.
El dinero de la mina ha permitido a Flores enviar a sus cinco hijos a la escuela y comprarles mejor ropa, mejor comida y útiles escolares.
Incluso ha ahorrado suficiente dinero para volver a la escuela si cierran sus túneles de mercurio, aunque dijo que dos de sus adolescentes han comenzado a trabajar en las minas.
"¿Lo recomendaría? No para mis hijos, definitivamente no", dijo. "Pero también quieres ganar dinero".
Una región 'envenenada'
Díaz-Barriga, médico especialista en materiales tóxicos, dijo que si bien las autoridades no han estudiado exhaustivamente cuán profundo es el envenenamiento por mercurio, las pruebas iniciales realizadas por los científicos muestran niveles peligrosamente altos del químico en el medio ambiente y en los trabajadores.
Los mineros comen guiso y beben tequila entre los vapores que emanan del horno de mercurio. Palean el exceso de roca hacia el lecho de un río cercano, que desemboca en los arroyos de la región cuando llueve. Después del trabajo, regresan a casa con sus familias con polvo tóxico en la ropa. En los meses de lluvia, los mineros suelen cocinar su propio mercurio en hornos instalados en sus casas.
“Hemos visto una contaminación masiva en niños, mujeres, niños, una tonelada de microorganismos”, dijo Díaz-Barriga. “Está en los sedimentos, en los árboles. Básicamente, este lugar está impregnado de mercurio”.
Los investigadores afirmaron haber observado el deterioro de la salud de los mineros y sus familias, ya que presentan algunos de los peores síntomas de intoxicación por mercurio, como temblores, deterioro neurológico, pérdida de visión y audición, retrasos en el desarrollo infantil y más. Rosillo, la abogada cuyo análisis de sangre reveló niveles de mercurio 12 veces superiores al límite normal, afirmó padecer inflamación cerebral, pérdida de audición en un oído, depresión, temblores y otros síntomas.
Los mineros que sufren temblores y dificultad para hablar a menudo insisten en no haber sentido los efectos negativos de la exposición prolongada. En cambio, atribuyen el deterioro observado en sus compañeros mineros a la enfermedad de Parkinson , que numerosos estudios han vinculado con la exposición al mercurio.
A los 18 años, Samuel Ledesma, quien empezó a trabajar en las minas a los 12, comentó que todo su cuerpo empezó a temblar y poco a poco fue enfermando. Tras análisis de sangre, los médicos le diagnosticaron intoxicación por mercurio. Dijo que las transfusiones de sangre no le ayudaron mucho, y que aún le tiembla el cuerpo al hablar.
"Terminé enfermando de por vida", dijo el hombre de 75 años. Aun así, puso en duda el impacto de la toxina en la salud de los mineros.
Y podrían pasar años hasta que se sienta la fuerza total de los daños, afirmó Díaz-Barriga.
Científicos, ambientalistas y autoridades de Naciones Unidas también temen que el metal cause destrucción ambiental en una de las áreas protegidas más diversas de México: la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.
Las minas están enterradas dentro y junto a la reserva, que abarca una densa jungla y un bosque de gran altitud.
Se considera un foco de especies en peligro de extinción, entre ellas el jaguar, la guacamaya militar, el oso negro mexicano y cientos de otras especies que, según los científicos, podrían verse afectadas si las autoridades no detiene la minería y la limpia.
La zona alrededor de las minas "es el lugar más contaminado de México", dijo Díaz Barriga. "Esta región no solo está contaminada. Está envenenada".
'Va a ser el mercado negro'
Los esfuerzos internacionales para detener la minería y el comercio internacional de mercurio han alimentado las críticas de que sólo han impulsado la demanda de mercurio en México y han puesto a los mineros en la mira del crimen organizado.
En 2017, México se encontraba entre los 152 países que firmaron una convención de la ONU que prohíbe la minería de mercurio e ilegaliza todas las exportaciones del mineral. Esta convención otorgó a las minas artesanales más pequeñas, como las de Querétaro, hasta 2032 para cerrar sus operaciones, sumiéndolas en una especie de zona gris legal.
A medida que las minas de mercurio más grandes del mundo cerraron en los últimos años, los mineros de Sierra Gorda dicen que más compradores recurrieron a México como fuente.
En 2021, México y la ONU crearon un fondo para brindar recursos y capacitación a los trabajadores para nuevas industrias, pero años después los mineros dicen que no han recibido ningún dinero y que cualquier trabajo alternativo no igualará lo que ganan extrayendo mercurio.
En una declaración escrita, la agencia ambiental de México afirmó haber realizado estudios básicos para un programa diseñado para que los mineros abandonen el mercurio y que trabaja activamente para combatir el tráfico ilegal. Sin embargo, se negó a comentar sobre las acusaciones de que no había ayudado a los mineros.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoció en un comunicado que diversos desafíos, como los riesgos de seguridad en algunas zonas mineras, han generado retrasos y frustraciones en las comunidades afectadas. Sin embargo, añadió que las autoridades estaban trabajando para acelerar la implementación.
Ante la inestabilidad económica, los mineros temen que el auge del mercurio atraiga aún más la atención de los grupos criminales.
Sus preocupaciones surgen a medida que los cárteles de la droga han avanzado cada vez más hacia Querétaro, una región que había sido principalmente un paso de drogas dirigidas a la frontera y evitaba en gran medida la violencia que consume a los estados vecinos.
“Es fácil para el gobierno mexicano decir: 'Vamos a cerrar la mina y nos lavaremos las manos'”, dijo Flores. “Ahí es cuando entrará el crimen organizado, porque entonces se convertirá en el mercado negro”.
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MEGAN JANETSKY Janetsky cubre migración, conflictos, derechos humanos y política en México y Centroamérica para AP, con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre toda Sudamérica.
(Foto AP/Fernando Llano)
Por  MEGAN JANETSKY y TERESA DE MIGUEL
Comentarios ElonLONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta el lunes peticiones de que sancione a Elon Musk después de que el propietario de X y Tesla dijera en un mitin antiinmigración que la violencia está llegando a Reino Unido y la gente debe luchar o morir.
Starmer denunció la violencia en los márgenes de la manifestación “Unir el Reino” del sábado, que reunió a 100.000 o más personas en Londres, organizada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson.
La policía informó que 26 agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, mientras los manifestantes intentaban romper las líneas que los separaban de una contramanifestación antirracista más pequeña. Hubo 25 personas arrestadas en el evento y la Policía Metropolitana dijo que habría más detenciones.
Dirigiéndose a la manifestación por videoconferencia, Musk pidió la disolución del Parlamento, elecciones anticipadas y un cambio de gobierno en Reino Unido. Dijo a los manifestantes que “la violencia viene hacia ustedes” y que “o luchan o mueren”.
Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, el tercer partido más grande en el Parlamento británico, instó a Starmer y a la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, a sumarse a él para condenar el intento de Musk de “sembrar discordia e incitar a la violencia en nuestras calles” e interferir con la democracia británica.
Deberían “considerar qué sanciones debería enfrentar Elon Musk como consecuencia”, dijo Davey.
La ministra de Igualdad, Jacqui Smith, dijo que los comentarios de Musk “fueron incorrectos y peligrosos”. El secretario de Negocios, Peter Kyle, calificó los comentarios de “ligeramente incomprensibles” y “totalmente inapropiados”, pero dijo que la manifestación mostró que la libertad de expresión estaba viva y bien.
Starmer no ha comentado directamente sobre los comentarios de Musk. Escribió en X que la protesta pacífica “es fundamental para los valores de nuestro país. Pero no toleraremos ataques a los agentes de policía que hacen su trabajo ni que las personas se sientan intimidadas en nuestras calles por su origen o el color de su piel”.
Esta no es la primera vez que Musk, un antiguo aliado del presidente Donald Trump, ha apoyado a figuras de extrema derecha y ultraderecha en Europa, incluyendo a Robinson, un estafador convicto y fundador de la Liga de Defensa Inglesa antiislam cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, y al partido Alternativa para Alemania, o AfD.
Musk también es crítico con los intentos del Reino Unido y otros gobiernos europeos de reprimir el contenido dañino en línea, algo que él argumenta restringe la libertad de expresión.
La manifestación del sábado sigue a una creciente preocupación política sobre la inmigración no autorizada, especialmente la llegada de migrantes a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Más de 30,000 personas han realizado la peligrosa travesía desde Francia en lo que va del año a pesar de los esfuerzos de las autoridades británicas, francesas y de otros países para perseguir a las bandas de traficantes de personas que organizan los viajes.
El empleo de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo se ha convertido en un tema político importante en Reino Unido, provocando decenas de pequeñas pero acaloradas protestas durante el verano, algunas de las cuales se tornaron violentas.
La manifestación del sábado, una de las protestas nacionalistas más grandes en Reino Unido en décadas, convirtió el centro de Londres en un mar de banderas, tanto la Union Jack del Reino Unido como la bandera roja y blanca de San Jorge de Inglaterra.
En las últimas semanas, las banderas han proliferado por todo el país como parte de una campaña aparentemente espontánea de ondear la bandera. También se han pintado cruces rojas en edificios, lo que algunos ven como un gesto intimidante dirigido a las minorías étnicas.
Starmer escribió en X que “Gran Bretaña es una nación orgullosamente construida sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto. Nuestra bandera representa nuestro país diverso y nunca la entregaremos a aquellos que la usan como símbolo de violencia, miedo y división”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JILL LAWLESS is an Associated Press reporter covering U.K. politics and more. She is based in London.
AP Foto/Joanna Chan)
Venezuela afirmaCARACAS, Venezuela (AP) — Personal de un buque de guerra estadounidense abordó un barco atunero venezolano con nueve pescadores mientras navegaba en aguas venezolanas, dijo el sábado el canciller de Venezuela, subrayando las tensas relaciones con Estados Unidos.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las tensiones entre ambas naciones se intensificaron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en agosto el despliegue de buques de guerra en el Caribe , frente a las costas del país sudamericano, citando la lucha contra los cárteles de la droga latinoamericanos.
Al leer un comunicado el sábado, el canciller Yván Gil informó a la prensa que el atunero venezolano fue abordado ilegal y hostilmente por un destructor de la Armada de los Estados Unidos y 18 efectivos armados que permanecieron a bordo durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desarrollo de las actividades de los pescadores. Posteriormente, fueron liberados bajo escolta de la Armada venezolana.
El barco pesquero contaba con autorización del Ministerio de Pesca para realizar sus labores, explicó Gil en rueda de prensa, durante la cual presentó fotos del incidente.
Junto con el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela distribuyó un breve video, tomado, según el ministerio, por los pescadores venezolanos. En el video, se presume que se puede ver parte del barco pesquero, personal de la Armada estadounidense y el buque de guerra estadounidense.
“Quienes dan la orden de realizar tales provocaciones buscan un incidente que justifique una escalada militar en el Caribe”, dijo Gil, y agregó que el objetivo es “persistir en su fallida política” de cambio de régimen en Venezuela.
Gil calificó el incidente como “ilegal” e “ilegítimo” y advirtió que Venezuela defenderá su soberanía ante cualquier “provocación”.
La denuncia del canciller venezolano se produce días después de que Trump afirmara que su país había atacado un barco cargado de droga y había matado a 11 personas a bordo. Trump afirmó que el barco había zarpado de Venezuela y que transportaba a miembros de la banda del Tren de Aragua , pero su administración no ha presentado ninguna prueba que respalde esa afirmación.
Venezuela acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales. El ministro del Interior del país sudamericano, Diosdado Cabello, calificó la versión de Washington de "tremenda mentira" e insinuó que, según investigaciones del gobierno venezolano, el incidente podría estar relacionado con la desaparición de algunas personas en una región costera del país sin vínculos con el narcotráfico.
La administración Trump acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel para inundar Estados Unidos con drogas y duplicó la recompensa por su captura de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.
El gobierno estadounidense no ha dado ninguna indicación de que planee realizar una incursión terrestre con los más de 4.000 soldados desplegados en la zona.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha llamado a sus ciudadanos a alistarse en las milicias —voluntarios armados— para apoyar a sus fuerzas de seguridad en caso de una posible incursión. El sábado, los instó a acudir a los cuarteles militares para recibir entrenamiento.
(Foto AP/Cristrian Hernandez)
Por  Associated Press
Deportar ninosTUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Arizona le prohibió temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump deportar a niños guatemaltecos y hondureños que viven en albergues o en cuidado temporal después de llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, según una decisión del jueves.
La jueza de distrito Rosemary Márquez en Tucson extendió al menos hasta el 26 de septiembre una orden de restricción temporal emitida a finales de agosto. Márquez expresó preocupación sobre si el gobierno había hecho arreglos para que algunos padres o tutores legales en Guatemala se hicieran cargo de los niños.
Laura Belous, abogada del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, que representa a los niños, declaró en la corte que los menores no habían expresado deseo de ser repatriados a sus países de origen —Guatemala y Honduras— debido a preocupaciones de que podrían enfrentar negligencia, posible tráfico infantil o dificultades asociadas con condiciones médicas.
Los abogados de los niños señalaron que sus clientes han manifestado temor de volver a casa y que el gobierno no está siguiendo las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.
La organización de Belous presentó una demanda en Arizona a nombre de 57 niños guatemaltecos y otros 12 hondureños, todos de entre 3 y 17 años de edad.
¿Deportaciones desde Washington?
La demanda, junto con una denuncia relacionada interpuesta ante un juez federal en Washington, D.C., responde a los intentos que llevó a cabo el gobierno de Trump a finales de agosto para deportar a niños migrantes guatemaltecos que vivían en albergues gubernamentales y bajo cuidados temporales después de llegar a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.
Durante un operativo nocturno realizado el 30 de agosto, el gobierno notificó a los albergues que los niños serían enviados de regreso a Guatemala, por lo que deberían estar listos para partir en cuestión de horas. La mañana del 31 de agosto, decenas de niños incluso abordaron aviones en Texas y estaban listos para partir rumbo a Guatemala.
En la audiencia del jueves en Tucson, Denise Ann Faulk, una asistente del fiscal, enfatizó que las repatriaciones de los niños fueron negociadas al más alto nivel diplomático y les evitarían prolongadas prohibiciones para regresar a Estados Unidos.
Casi todos los niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y vivían en albergues en el área de Phoenix y de Tucson. Demandas similares presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscan impedir que el gobierno expulse a los menores.
La demanda de Arizona exige que el gobierno permita a los niños ejercer su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés.
El gobierno federal ha argumentado que actúa en el mejor interés de los niños al intentar reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Después de que funcionarios guatemaltecos recorrieron las instalaciones de detención en Estados Unidos, el gobierno dijo que estaba “muy preocupado” y que aceptaría a los niños que quisieran regresar voluntariamente.
Cambios en los patrones de inmigración
Una gran cantidad de menores sin compañía de un adulto comenzó a cruzar la frontera en 2014, alcanzando un pico de 152.060 durante el ejercicio fiscal 2022. El recuento de arrestos de julio de 2025 se traduce a una tasa anual de 5.712 arrestos, reflejando cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.
El año pasado, los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención gestionados por el gobierno, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños. Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá y México. La gran mayoría son liberados a padres, tutores legales o familiares inmediatos mientras sus casos avanzan en el tribunal.
La demanda de Arizona fue enmendada para incluir a 12 niños de Honduras que han expresado a un grupo de asistencia legal en Arizona que no quieren regresar a Honduras, así como a cuatro niños adicionales de Guatemala que han ingresado a la custodia del gobierno en Arizona desde que la demanda fue presentada inicialmente el 30 de agosto.
La jueza Márquez dijo que le parecía “aterrador” que los funcionarios estadounidenses no se hubieran coordinado con los padres de los niños. También expresó preocupación de que el gobierno le estuviera negando a los niños el acceso a una revisión por parte de un juez de inmigración, y señaló que los representantes legales de los niños fueron notificados a altas horas de la noche y con poca antelación sobre sus preparativos para la deportación de los menores.
“En un asunto práctico, simplemente parece que muchas de estas cosas que (la Oficina de Reasentamiento de Refugiados) ha asumido hacer —como exámenes y decisiones judiciales que deberían ser hechas por un juez de inmigración con experiencia y tiempo para reunirse con un abogado y reunirse con un niño— simplemente se superan diciendo ‘los estamos reuniendo’” con los padres, dijo Márquez en la corte mientras presionaba a Faulk por más información.
Márquez fue designada como jueza federal en 2014, después de ser nominada por el entonces presidente Barack Obama. En documentos relacionados con su confirmación, se listó a sí misma como voluntaria en el Florence Immigrant & Refugee Rights Project a principios de la década de 2000. La oficina de la jueza no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JACQUES BILLEAUD is an Associated Press reporter who covers courts and law enforcement in Arizona. He previously covered immigration and the Arizona Legislature.
(AP foto/Jacques Billeaud)
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