EL CAIRO (AP) — Al menos 42 personas están desaparecidas y se presumen muertas después de que una embarcación que transportaba migrantes zozobrara frente a las costas de Libia la semana pasada, informó el miércoles la agencia de migración de la ONU.
Se han encontrado siete supervivientes después de que el motor del barco fallara en medio de fuertes olas al amanecer del 3 de noviembre, varias horas después de que zarpara de Zuwara, una ciudad costera del noroeste de Libia, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los supervivientes estuvieron atrapados durante seis días y fueron encontrados después de que las autoridades libias llevaran a cabo una misión de rescate cerca del campo petrolífero de al-Buri el sábado.
Se cree que la lancha neumática transportaba a 47 hombres y dos mujeres. Entre los desaparecidos se encuentran 29 sudaneses, ocho somalíes, tres cameruneses y dos nigerianos.
La OIM afirmó haber proporcionado atención médica urgente, agua y alimentos a los supervivientes, quienes fueron trasladados a Trípoli, donde se encuentran en condición estable tras sufrir quemaduras solares e irritación cutánea por el agua de mar.
Libia ha sido un importante punto de tránsito para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país se sumió en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y asesinó al antiguo autócrata Muamar Gadafi en 2011.
El mes pasado, una embarcación de madera con migrantes que partió de al-Zawiya, en el noroeste de Libia, zozobró debido al fuerte oleaje, causando la muerte de 18 personas, según la OIM. Otras 64 personas procedentes de Sudán, Bangladesh y Pakistán sobrevivieron.
El último naufragio se suma al creciente número de muertos en el Mediterráneo central, donde más de 1.000 personas han fallecido desde principios de 2025, incluidas más de 500 desaparecidas frente a las costas de Libia, según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM.
FATMA KHALED tiene su base en la región de Oriente Medio. Cubre crisis humanitarias, conflictos, entre otras noticias, para The Associated Press.
ARMERO, Colombia (AP) — Como una madre que sostiene a un bebé en brazos, Martha Lucía López llevaba una pequeña barcaza de madera con una fotografía de su hijo Sergio Melendro, uno de los cientos de niños que fueron reportados como perdidos hace 40 años, cuando la erupción de un volcán arrasó con un pueblo entero de Colombia: Armero.
Conmovida, López dejó que la barcaza navegara por un río junto a otras cientos, en un intento más por buscar a su hijo o más bien, rogar que él la encuentre.
“La única opción que tenemos es que ellos, la gente que los adoptó, cuente la historia verdadera y que ellos (los hijos) vengan a nosotras”, dijo la mujer de 67 años a The Associated Press.
Sergio tenía cinco años al perderse en la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando erupcionó el volcán Nevado del Ruiz, a 5.321 metros sobre el nivel del mar. La lava fundió su pico nevado y se unió con los cauces de los ríos que generaron una avalancha que bajó a gran velocidad por las montañas hasta Armero, un pueblo de 31.800 habitantes. Murieron aproximadamente 25.000 de ellos, siendo el desastre natural más mortífero en la historia reciente de Colombia.
De Armero, ubicado en el departamento de Tolima, en el centro-oeste del país, quedan en pie algunas paredes, fachadas, planchones de las cocinas y la cúpula de su iglesia. Lo demás desapareció en el lodo y poco a poco la naturaleza fue recuperando su lugar con frondosos árboles y hierba. Desde la tragedia dejó de ser habitado y en 1986 el papa Juan Pablo II lo declaró “campo santo”.
Las pistas de los niños
En la noche de la tragedia, López y su esposo escucharon ruidos extraños y salieron a las calles hacia el puesto de Bomberos para preguntar si algo pasaba. En las noticias se decía que el volcán estaba haciendo erupción, pero López creía que no los afectaría por estar a unos 50 kilómetros de distancia. Su hijo quedó en la casa dormido.
Una vez en las calles empezaron a sentir el agua del río que bajaba por las calles. El carro en el que estaban se volcó y salieron tratando de correr. Se resguardaron en la copa de un árbol y luego en el techo de una casa vecina.
Sin embargo, su casa quedó destruida y de Sergio no supo más. Pasaron años para que ella se enterara que su familia había hecho gestiones para buscarlo y tenido pistas: tras divulgar su nombre en televisión, les dijeron que estaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de velar por la niñez en el país.
López aseguró que su hermana intentó buscarlo en la sede del instituto en Bogotá. “Nunca la dejaron entrar... le pidieron que llevara ropa y fotos, donde constaba que era familia, nada más”.
Años más tarde, una amiga de López le dijo que en New Orleans, Estados Unidos, un hombre se acercó y le contó que su hermano había adoptado a un niño víctima de la tragedia de Armero.
“Le mostró una foto... los ojos de Sergio eran inconfundibles”, dijo en referencia a su color azul. Sin embargo, no lograron volver a contactarlo.
Las pistas de lo sucedido también las da Ancizar Giraldo, quien tenía 12 años cuando erupcionó el volcán.
“Los empezaron a clasificar por edades; los niños entre 0 y 2 años, que casi no recuerdan, los separaron y la mayoría no aparecieron nunca. Los niños entre 5 y 10 años los tomó Bienestar (ICBF) y a los mayores de 10 años nos entregaron a unas aldeas”, relató Giraldo a la AP.
Se refierió a un centro social, una especie de casa sustituta para niños de Armero que era financiada con ayuda internacional de padrinos que “adoptaban” a los niños a la distancia enviando dinero para su manutención. Allí pasó casi cuatro años, cuando su mamá lo encontró con las fotografías que divulgaba el ICBF.
El libro rojo
La Fundación Armando Armero, de la sociedad civil, ha sido la que por años ha recopilado la información de las familias separadas. Francisco González, su director, aseguró que han recibido información sobre 580 niños perdidos, de los cuales 71 habrían sido adoptados. Hasta ahora, han encontrado vivos a cuatro de ellos, tras recolectar muestras de ADN.
“No existe un modus operandi. No puede uno decir: ‘a los niños se los robó únicamente el ICBF’, hay muchas maneras. Los de la población civil iban incluso Armero recién pasada la tragedia y veían menores y se los llevaban a la casa y los acogían con cariño”, indicó González a la AP. “Otros menores, dentro de la misma tragedia, que subían a los aviones que llevaban para otros departamentos, para otros países”.
Hace 40 años, sin la inmediatez de la información actual, las familias realizaban la búsqueda presencialmente en albergues y en las sedes del ICBF.
Adriana Velásquez, subdirectora general del ICBF, explicó a la AP que tras la tragedia recibieron al menos 170 menores de Armero, según los registros que han encontrado. Aseguró que están consultando cuántos fueron dados en adopción, dado que para entonces era una decisión que tomaban los juzgados.
La esperanza de los familiares estuvo puesta por muchos años en el “libro rojo” del ICBF, llamado así por su pasta roja, donde hay registro de algunos niños de Armero y que hasta octubre fue desclasificado e inició el proceso de restauración para digitalizar la información.
“En el libro rojo se dispuso la información de todos los niños que llegaron al Instituto, no de todos los niños dados por extraviados o desaparecidos”, acotó Velásquez.
Tras cuatro décadas, las familias aseguran que continuarán buscando a sus hijos hasta donde la fuerza les alcance.
“Son 40 años de esperanza y esperaremos los que sean necesarios”, aseguró entre lágrimas Benjamín Herrera, padre de Óscar Fernando, quien tenía 14 meses para el día de la tragedia.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó el martes a las fuerzas de seguridad de su nación que dejen de compartir información de inteligencia con Estados Unidos hasta que el gobierno de Trump cese sus ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, en un contexto de deterioro de las relaciones entre las naciones que alguna vez fueron socios cercanos en la lucha contra el narcotráfico.
En un mensaje publicado en X, Petro escribió que las fuerzas armadas colombianas deben poner fin de inmediato a “las comunicaciones y otros acuerdos con las agencias de seguridad estadounidenses” hasta que Estados Unidos cese sus ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar drogas, que los críticos han comparado con ejecuciones extrajudiciales.
Petro escribió que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos de los pueblos caribeños”. No quedó claro de inmediato qué tipo de información dejará de compartir Colombia con Estados Unidos. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las últimas declaraciones de Petro.
Al menos 75 personas han muerto en ataques del ejército estadounidense en aguas internacionales desde agosto, según cifras proporcionadas por el gobierno de Trump. Los ataques comenzaron en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, pero recientemente se han trasladado al Pacífico oriental, donde Estados Unidos ha atacado embarcaciones frente a las costas de México.
Petro ha pedido que se investigue al presidente estadounidense Donald Trump por crímenes de guerra a raíz de los ataques, que han afectado a ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago.
El líder izquierdista ha criticado durante mucho tiempo la política antidrogas de Estados Unidos y ha acusado al gobierno de Trump de perseguir a los campesinos que cultivan coca, ingrediente básico de la cocaína, en lugar de centrarse en los grandes narcotraficantes y blanqueadores de dinero. El domingo, Petro afirmó haberse reunido con la familia de un pescador colombiano que, según se informa, murió en uno de los operativos.
“Puede que llevara pescado, o puede que llevara cocaína, pero no había sido condenado a muerte”, dijo Petro durante una cumbre entre líderes latinoamericanos y de la Unión Europea celebrada en Colombia el domingo. “No había necesidad de asesinarlo”.
La administración Trump ha acusado a Petro de ser blando con los narcotraficantes y ha criticado la decisión del presidente colombiano de eximir de la extradición a Estados Unidos a los líderes rebeldes colombianos involucrados en el narcotráfico.
En octubre, el gobierno impuso sanciones financieras a Petro y a miembros de su familia por acusaciones de participación en el narcotráfico mundial.
Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado tras la imposición de las sanciones el 24 de octubre. “El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.
La creciente tensión entre Estados Unidos y Colombia se produce en un contexto de aumento de la presencia naval estadounidense en el sur del Caribe, con el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino, aviones de combate e infantería de marina en la región. Se espera que el portaaviones USS Gerald Ford llegue al Caribe este mes.
El gobierno de Venezuela ha descrito el despliegue naval como una amenaza a su soberanía, y funcionarios de ese país afirman que el ejército estadounidense se está preparando para lanzar ataques contra el asediado gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Trump ha dicho que su despliegue tiene como objetivo frenar a los narcotraficantes, aunque Trump también ha insinuado que podría haber ataques selectivos dentro de Venezuela, cuyo líder ha sido descrito por funcionarios en Washington como el jefe de un cartel de la droga.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció el martes que personal militar, miembros de una milicia civil, policías y organizadores del partido gobernante serían movilizados para un ejercicio de entrenamiento destinado a proteger el espacio aéreo del país. Realizó sus declaraciones, transmitidas por la televisión estatal, junto a un sistema de misiles tierra-aire en una base militar en Caracas, la capital. Sin embargo, no se observaron actividades de entrenamiento en otras partes de la ciudad.
SANTIAGO, Chile (AP) — Los chilenos acudirán a las urnas el domingo para elegir a su próximo presidente en unas elecciones polarizadas donde la seguridad es la principal preocupación.
La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se han posicionado como los favoritos con campañas centradas en la seguridad y propuestas similares que incluyen el fortalecimiento de la policía, la ampliación de la capacidad penitenciaria del país, la modernización y adquisición de nuevos equipos y la capacitación de las fuerzas de seguridad.
Sus promesas surgen en un contexto de creciente percepción entre los chilenos de que la seguridad de su país se está deteriorando. Esta nación sudamericana, rodeada de montañas y océanos, ha sido históricamente considerada un país seguro, especialmente en comparación con otros países de la región, pero ahora la seguridad es un tema prioritario en la antesala de las elecciones.
Los homicidios en Chile siguen siendo bajos en comparación con otros países de América Latina, con 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Banco Mundial . Sin embargo, en los últimos años, Chile ha experimentado un aumento en los secuestros, extorsiones, asesinatos por encargo y robos de celulares vinculados al crimen organizado transnacional, que comenzó en 2021, según Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones.
Casi el 40% de las viviendas fueron atacadas el año pasado y cerca del 30% de la población fue víctima de algún tipo de delito, según datos oficiales. Ahora, casi el 24% de los chilenos cree que es probable que sea víctima de un homicidio en los próximos 12 meses, según un informe publicado en octubre por la Fundación Paz Ciudadana.
Los ciudadanos toman cartas en el asunto.
Esto ha generado una creciente preocupación por la seguridad que probablemente se reflejará en las urnas el domingo.
La dueña de un café en el bullicioso barrio Bellavista de Santiago, conocido por sus bares y discotecas, dijo que la zona se ha convertido en un punto caliente para los robos, incluso a sus clientes.
“Tuve que instalar cámaras de vigilancia remotas, encadenar las mesas y, los fines de semana, contraté a un guardia de seguridad para que me ayudara a vigilar”, dijo Leidy Paredes.
Otra empresaria de Macul, en el sur de Santiago, relató que sufrió dos robos a mano armada al llegar a su casa.
En uno de los incidentes, los asaltantes intentaron entrar a la fuerza en la casa y terminaron agrediendo a su madre. Desde entonces, la mujer de 49 años —que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias— ha instalado cámaras de seguridad y alarmas en su hogar y contrata a un guardia cada vez que va al banco.
Allvip, una empresa de seguridad privada con más de 28 años de experiencia, afirma que sus solicitudes de nuevos clientes han aumentado a entre 40 y 50 por semana, en comparación con las 10 de hace unos años.
Si bien estos servicios antes estaban reservados para la élite, ahora algunos chilenos de clase media los están solicitando, según Karim Zahri, jefe de seguridad de Allvip. Algunos chilenos han optado por pagar a un guardaespaldas para que los acompañe a la escuela de sus hijos o por comprar un vehículo blindado, aunque estos servicios siguen siendo prohibitivos para muchos chilenos.
En Chile, el sector de la seguridad privada ha crecido un 350% en la última década, según un estudio publicado en diciembre de 2024 por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Este giro hacia la seguridad privada podría ser indicativo de la falta de confianza en el Estado.
“La seguridad que el Estado está obligado a brindar a sus ciudadanos es deficiente, lo que lleva a que este gasto sea cubierto por el sector privado, lo que obviamente también ha creado un nuevo mercado laboral”, dijo Sergio Morales, coordinador de seguridad del CNC.
Nuevas medidas
El presidente saliente, Gabriel Boric, ha impulsado una serie de medidas para frenar la violencia, entre las que se incluyen la creación de un Ministerio de Seguridad, la aprobación de una nueva ley antiterrorista y la puesta en marcha de unidades especializadas dedicadas a combatir diferentes ramas del crimen organizado, como las brigadas antinarcóticos y antisecuestros.
Jara, quien se desempeñó como ministro de Trabajo de Boric, se compromete a continuar con estas políticas.
“Necesitamos reforzar la presencia del Estado a nivel policial y penitenciario, pero también es muy importante a nivel vecinal y comunitario”, dijo Jara a AP.
Kast apuesta por una postura intransigente. «Vamos a recuperar el orden, la seguridad, el poder y la autoridad del Estado», afirmó en un discurso reciente.
Paredes, la dueña del café, dice que la seguridad es su prioridad, incluso si eso significa recurrir a ayuda externa al gobierno.
“Lo noto en mi bolsillo, pero al final del día, la tranquilidad de mis clientes no tiene precio”, dijo Paredes.
NAYARA BATSCHKE escribe sobre Chile, Uruguay y Paraguay para The Associated Press, con sede en Santiago. Antes de trasladarse a Sudamérica en 2024, cubrió el sudeste asiático desde Bangkok, Latinoamérica desde São Paulo y asuntos europeos desde Madrid.
KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El número de muertos por el naufragio de un barco que transportaba migrantes rohingya de Myanmar ascendió a 27 el martes, después de que los rescatistas en Tailandia y Malasia recuperaran más cuerpos en el mar.
La Agencia de Seguridad Marítima de Malasia informó que los rescatistas encontraron a otro sobreviviente y recuperaron ocho cuerpos más el martes frente a la costa norte de la isla de Langkawi, cerca de la frontera con Tailandia. Con estos hallazgos, el total de fallecidos asciende a 20: siete hombres, nueve mujeres y cuatro niños, además de 14 sobrevivientes.
Según informes de la prensa tailandesa, funcionarios locales de la provincia sureña de Satun informaron del hallazgo, el martes por la tarde, de otro cuerpo, presuntamente de un refugiado musulmán rohinyá. La Fundación de Rescate Romsai, con sede en la misma provincia, había anunciado previamente el hallazgo de seis cuerpos en aguas tailandesas entre el domingo y el lunes.
Las autoridades malasias han dicho que, según los relatos de los supervivientes, se estima que había 70 personas a bordo del barco que zozobró.
Según las autoridades, un barco de mayor tamaño con unas 300 personas a bordo zarpó de la ciudad de Buthidaung, en el estado de Rakhine, Myanmar. Se cree que los pasajeros se dividieron en tres embarcaciones más pequeñas al acercarse el barco a Malasia. Una de las embarcaciones habría naufragado cerca de la isla de Tarutao, en el sur de Tailandia, el jueves.
Se desconocen la hora y el lugar exacto del incidente. También se desconoce el paradero de las otras dos embarcaciones, según informaron las autoridades.
En una declaración conjunta, la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones manifestaron su preocupación por la magnitud de la posible pérdida de vidas. Solicitaron mayores recursos y un mayor esfuerzo regional e internacional para mejorar la capacidad de búsqueda y rescate y el acceso seguro al asilo, con el fin de evitar tragedias similares.
En lo que va del año, 5.300 refugiados rohinyás —que han sufrido persecución durante décadas en Myanmar— se han embarcado en peligrosas travesías marítimas desde Bangladesh y Myanmar, y se reportan más de 600 desaparecidos o fallecidos, según informaron fuentes oficiales. El deterioro de las condiciones en los campos de refugiados de Bangladesh y la intensificación del conflicto en Myanmar, desencadenado por la toma del poder por los militares en 2021, están obligando a más personas, especialmente mujeres y niños, a arriesgar sus vidas en el mar, añadieron.
Malasia es un destino popular para los rohingya que buscan entrar ilegalmente debido a su población mayoritariamente malaya musulmana.
Malasia ha acogido a rohingyas en el pasado por razones humanitarias, pero ha intentado limitar su número por temor a una llegada masiva en barco. En enero, las autoridades malasias rechazaron dos embarcaciones con casi 300 personas a bordo, presuntamente refugiados rohingyas.
Hay alrededor de 117.670 rohingya registrados en la agencia de refugiados de la ONU en Malasia, lo que representa aproximadamente el 59% de la población total de refugiados en el país.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
EL CAIRO (AP) — Al menos 42 personas están desaparecidas y se presumen muertas después de que una embarcación que transportaba migrantes zozobrara frente a las costas de Libia la semana pasada, informó el miércoles la agencia de migración de la ONU.
