LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía de Bolivia detuvo al fiscal general Roger Mariaca y a otros 13 funcionarios en una redada contra una organización criminal que presuntamente protegía a narcotraficantes, informó el jueves el gobierno de Bolivia. El operativo se dio después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca y a otras personas.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público la cual, encabezada por Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El operativo policial contó con apoyo de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA y otros organismos internacionales pero fue ejecutado por policías bolivianos, indicó Oviedo.
El ministro también señaló que se detuvo a cuatro integrantes del Ministerio Público en un gran despliegue en el que se confiscó dinero que estaba en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca. Posteriormente, el fiscal Daniel Ortuño indicó que los agentes hallaron 3,53 millones de bolivianos (unos 294.000 dólares) y otros 10.000 dólares en el vehículo.
Mariaca enfrentará acusaciones de integrar presuntamente una organización criminal, legitimar ganancias ilícitas y tráfico de drogas, según el ministro.
Oviedo recordó que las autoridades habían detenido, pero luego liberaron rápidamente, al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023 cuando Mariaca era fiscal regional en Santa Cruz. “Lo dejaron ir y, no sólo eso, le devolvieron los bienes incautados”, afirmó. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo de este año y enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero.
Está previsto que el viernes la Asamblea Legislativa debata de designación de un nuevo Fiscal General.
El lunes al reaccionar ante la revocatoria de la visa por parte de Estados Unidos, Mariaca rechazó la medida y afirmó que continuaría investigando casos que han generado “incomodidad” al gobierno, como la detención en agosto del conocido consultor político argentino Fernando Cerimedo por el presunto intento de feminicidio de su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito. El estratega fue asesor de campaña del presidente boliviano Rodrigo Paz y del mandatario argentino Javier Milei.
Acompañado de varios fiscales, Mariaca aseguró que no puede aceptar que su trabajo e imagen sean puesto “en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior... sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”.
Por la noche, Jerjes Justiniano, quien se identificó como abogado defensor de Mariaca, dijo a medios locales que esta es una medida política y que interpusieron una acción que busca la libertad del detenido debido a que consideran que no se respetaron sus derechos y no se cumplieron los procesos establecidos para destituirlo. Justiniano también defiende a Nadia Beller, la expareja de Cerimedo.
EEUU respalda al presidente boliviano
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en su cuenta de X que la administración Trump respalda firmemente al presidente Paz “mientras este adopta medidas firmes y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”.
“Las acciones emprendidas por Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero”, indicó Rubio.
El lunes el Departamento de Estado había anunciado la revocación de las visas de Mariaca y de otros 11 bolivianos entre jueces, policías y exautoridades para “cumplir los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”.
Mariaca fue designado fiscal general en 2024 con el apoyo de más de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, que entonces estaba dominada por el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó por casi 20 años.
Paz gobierna desde noviembre del año pasado y dio un giro en la administración del país y se acercó a Estados Unidos.
Junto con otros presidentes latinoamericanos Paz se ha sumado al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa estadounidense que busca luchar contra los cárteles de droga y el crimen organizado.
El Departamento de Estado estadounidense difundió más tarde una declaración de los 15 países participantes de esa iniciativa, respaldando los “esfuerzos” de Bolivia.
Los países “alientan a Bolivia a continuar con la investigación y el enjuiciamiento de estas redes. Las recientes y destacadas acciones de las fuerzas del orden contra altos funcionarios, actuales y anteriores, implicados en el narcotráfico envían un mensaje contundente: el gobierno democráticamente electo de Bolivia y los demás países del Escudo no tolerarán más la influencia ilícita en nuestro hemisferio, independientemente de cuán alto alcance”, indicó.
JERUSALÉN (AP) — Israel cuenta con algunas de las medidas de seguridad aérea más estrictas del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos se enorgullecen de cumplir con los estándares internacionales de seguridad aérea. Sin embargo, estas medidas no impidieron que un vuelo entre ambos países sufriera un accidente grave durante un presunto ataque en la cabina.
El copiloto presuntamente apuñaló al capitán en la cabina antes de que los pasajeros intervinieran a bordo del vuelo FZ1073 de FlyDubai, tras despegar de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con 182 personas a bordo, incluidos ocho miembros de la tripulación, con destino a Tel Aviv, Israel, el miércoles.
El avión realizó un aterrizaje de emergencia seguro en Arabia Saudí el miércoles y el incidente está siendo investigado por las autoridades saudíes, emiratíes e israelíes, con la colaboración de Estados Unidos y Omán para determinar el móvil.
“Hasta este suceso, la posibilidad de que una amenaza proviniera de un piloto o miembro de la tripulación no se consideraba un escenario probable. Tradicionalmente, los esfuerzos de seguridad se han centrado mucho más en los pasajeros y su equipaje”, declaró Eyal Hulata, exasesor de seguridad nacional de Israel. “Es probable que esto cambie ahora y que los miembros de la tripulación sean sometidos a controles más rigurosos”.
Los protocolos de seguridad de Israel se centran principalmente en las aerolíneas israelíes y en los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion. Un posible punto débil reside en el extranjero, donde los procedimientos para los vuelos con destino a Israel varían y resultan más difíciles de supervisar para las autoridades israelíes.
El Aeropuerto Internacional de Dubái, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros internacionales del mundo , ha basado parte de su atractivo en su reputación de seguridad en una región volátil, según Philip Baum, profesor visitante de seguridad aérea en la Universidad de Coventry en Inglaterra.
“Son muy conscientes del hecho, un poco como Israel en muchos aspectos, de que no pueden permitirse que se produzca un atentado terrorista en un vuelo que salga de allí”, dijo.
Los procesos de selección de pilotos y las pruebas previas al vuelo no son uniformes en todo el mundo.
Los investigadores no han identificado públicamente el objeto utilizado para apuñalar al capitán del vuelo ni han aclarado si fue introducido en el avión o si procedía del interior de la aeronave.
Según Dave Komendat, asesor sénior de seguridad de la empresa de gestión de riesgos International SOS y antiguo director de seguridad de Boeing, el control previo al vuelo de las tripulaciones debería, en general, "reflejar muy fielmente el proceso al que se somete un pasajero", aunque los procedimientos de seguridad varían en todo el mundo.
El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el jueves que Israel tiene acuerdos de larga data con aerolíneas extranjeras para impedir que los pilotos vuelen al país si son ciudadanos de naciones que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel.
Las autoridades israelíes han descrito al copiloto de FlyDubai como omaní. Israel y Omán no mantienen relaciones diplomáticas formales, lo que plantea interrogantes sobre cómo el sospechoso terminó en el vuelo con destino a Tel Aviv.
“Obviamente, había una laguna legal. Y nos estamos ocupando de ello”, dijo Netanyahu el jueves durante una entrevista con el programa “Fox and Friends” de Fox News Channel.
Israel reforzará las medidas de seguridad en los vuelos que lleguen al país, independientemente de si son operados por Israel o no. Los pilotos que vuelen a Israel serán sometidos a un control exhaustivo y se conocerá su identidad, según declaró a Associated Press Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro.
En el vuelo de FlyDubai no había agentes de seguridad aérea israelíes y las personas que ayudaron eran civiles, añadió Spielman.
La Organización de Aviación Civil Internacional establece los estándares básicos de verificación y concesión de licencias a los pilotos, mientras que los reguladores nacionales y las aerolíneas pueden imponer requisitos adicionales.
El experto en seguridad aérea Menachem Bachrach afirmó que Israel depende en gran medida de gobiernos y aerolíneas extranjeras para la verificación de los miembros de sus tripulaciones, y que el incidente del miércoles podría indicar una falta de cumplimiento más que un fallo en los procedimientos.
“Antes de apresurarnos a reforzar la seguridad, diría que es probable que alguien no haya seguido los protocolos”, dijo Bachrach.
Los investigadores buscarán señales de alerta y revisarán la gestión de las llamadas de auxilio.
La aerolínea israelí El Al evalúa periódicamente la aptitud de sus pilotos para volar, mientras que otras aerolíneas pueden hacerlo con menos frecuencia, según Arik Arad, presidente de la consultora de ciberseguridad aeronáutica CYVIATION y antiguo jefe de seguridad de El Al en el aeropuerto Ben Gurion.
Los investigadores querrán saber si los compañeros de los pilotos habían expresado previamente su preocupación por el copiloto y, de ser así, cómo respondió la aerolínea, dijo Komendat.
Es probable que los investigadores de los Emiratos Árabes Unidos e Israel también revisen las respuestas a las señales de socorro emitidas por el avión de FlyDubai tras un fuerte descenso de altitud.
Una persona que escuchó las comunicaciones del control de tráfico aéreo del vuelo de FlyDubai dijo que un miembro de la tripulación informó de un secuestro y solicitó ambulancias. Las autoridades de Arabia Saudita y Jordania inicialmente se negaron a autorizar el aterrizaje de la aeronave, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios.
Finalmente, el miembro de la tripulación convenció a las autoridades saudíes para que permitieran que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, en la ciudad de Tabuk.
Las normas internacionales de aviación exigen que los países presten la máxima asistencia y prioridad a las aeronaves que se enfrentan a secuestros u otras "interferencias ilícitas". Sin embargo, el tratado subyacente de 1944, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, solo exige que un país preste asistencia "en la medida en que lo considere factible", lo que la convierte en una "obligación relativamente laxa", según Vincent Correia, codirector del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad McGill.
En caso de una emergencia grave, la práctica habitual consiste en aterrizar un avión lo más rápido posible en la pista adecuada más cercana, "independientemente de la nacionalidad, el plan de vuelo o la política", afirmó John Gradek, director del Programa de Gestión Aeronáutica de McGill.
Gradek recalcó que aún no está claro por qué el avión de FlyDubai dio un giro de 180 grados al entrar en el espacio aéreo jordano antes de dirigirse al suroeste hacia Tabuk. Añadió que no es inusual que las tripulaciones de vuelo opten por un aeropuerto mejor equipado para satisfacer las necesidades del avión, en lugar del más cercano.
Las cabinas de mando cerradas con llave han sido fundamentales para la seguridad aérea durante 25 años.
Netanyahu afirmó que el capitán, que resultó herido, salvó la aeronave y a todos los que iban a bordo al resistir los ataques del copiloto el tiempo suficiente para abrir la puerta de la cabina del 737, lo que permitió a los pasajeros reducir al sospechoso y a otros miembros de la tripulación de FlyDubai para tomar los controles y aterrizar el avión.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las puertas de las cabinas de los aviones en todo el mundo fueron reforzadas y cerradas con llave para impedir la entrada de intrusos. El incidente de FlyDubai, junto con accidentes anteriores provocados por pilotos que intentaron suicidarse, ponen de manifiesto el riesgo que supone una amenaza desde el interior de la cabina.
“La propia industria debe reconocer que la puerta de la cabina de mando, si bien se instaló por razones muy comprensibles para prevenir un secuestro suicida por parte de un pasajero, también ha creado una fortaleza a la que las autoridades no pueden acceder para detener a un individuo deshonesto, ya sea un secuestrador o un miembro de la tripulación deshonesto”, dijo Baum.
El personal de las aerolíneas conoce mejor las vulnerabilidades de la seguridad aérea y puede ganarse la confianza de los agentes de seguridad con los que interactúan habitualmente, afirmó Matthew Borie, director de inteligencia de Osprey Flight Solutions, empresa que asesora a las aerolíneas sobre las amenazas a los vuelos.
“Lamentablemente, si alguien con información privilegiada y malas intenciones quiere llevar a cabo algo así, es posible que sea quien mejor sepa cuáles son los puntos más vulnerables y cómo vulnerarlos”, dijo Borie.
Yamat informó desde Las Vegas, Nevada, y Marcel desde Nueva York. Jill Lawless en Londres, Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, y Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyeron a este informe.
Sam Metz cubre Israel, los territorios palestinos y Oriente Medio en general para Associated Press. Anteriormente cubrió el norte de África y el oeste de Estados Unidos.
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RÍO YAMAT es reportera nacional de negocios para Associated Press. Con sede en Las Vegas, cubre temas de aerolíneas, viajes y turismo.
Felipe Marcelo es reportero de noticias generales en la oficina de Nueva York. Anteriormente escribió para AP Fact Check y antes de eso estuvo radicado en Boston, donde se especializó en temas de raza e inmigración.
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos informó el lunes que rescató al menos a 40 personas en aguas abiertas después de que su embarcación volcara a varias millas de una pequeña isla deshabitada al oeste de Puerto Rico .
Dos personas fueron halladas muertas, y los supervivientes informaron de que a bordo viajaban aproximadamente 60 personas, según indicó la agencia.
Las labores de rescate continuaban el lunes por la noche.
Los supervivientes pasaron más de 12 horas en el agua antes de que una embarcación que pasaba cerca de la isla Mona los avistara el lunes alrededor del mediodía y avisara a las autoridades, ayudando a rescatar a cuatro personas en ese momento.
La Guardia Costera informó que la embarcación improvisada volcó el domingo por la noche tras una pelea en la que varias personas resultaron gravemente heridas por un machete, lo que provocó que el grupo saltara al agua sin chalecos salvavidas.
No quedó claro de inmediato de dónde procedían las personas. Una portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que no disponía de esa información.
Los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia llevan mucho tiempo viajando desde La Española, la isla que comparten Haití y la República Dominicana , hasta Puerto Rico y otras islas, atravesando el peligroso Paso de la Mona.
Muchos de ellos lo hacen en embarcaciones improvisadas que a veces zozobran en aguas turbulentas, y el lunes se produjo el último viaje mortal.
En junio de 2022, once niñas y mujeres haitianas fueron enterradas en Puerto Rico después de que la embarcación sobrecargada en la que viajaban zozobrara en aguas abiertas al noroeste del territorio estadounidense.
La semana pasada, la policía de las Islas Turcas y Caicos detuvo una embarcación improvisada con 60 migrantes haitianos a bordo, mientras que en junio, otros 240 migrantes de Haití fueron detenidos cerca del archipiélago.
La violencia de las pandillas ha desplazado a un número récord de 1,5 millones de personas en Haití, donde se reportaron más de 3.050 muertes entre enero y junio, según estadísticas de la ONU.
Se estima que hombres armados controlan el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas de la región central de Haití y más allá.
CARABALLEDA, Venezuela (AP) — Los científicos habían advertido al gobierno que no construyera a lo largo de la franja costera venezolana de La Guaira.
Las comunidades caribeñas costeras de la zona, no lejos de Caracas, se encontraban cerca de una importante falla geológica y una cordillera que había provocado repetidos y destructivos desastres naturales . El suelo era pobre, un tipo de limo que solo amplificaría las vibraciones en caso de terremoto.
Ignorando las recomendaciones, el gobierno construyó precisamente el tipo de edificios equivocados para ese lugar: altos complejos de apartamentos de hormigón.
Según una investigación de Associated Press, que se basó en entrevistas con decenas de ingenieros, sismólogos y exfuncionarios gubernamentales, todo ello era una receta para la destrucción .
Los habitantes de La Guaira no tuvieron ninguna posibilidad el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron la zona .
“Estaban desafiando a la naturaleza” cuando los funcionarios del gobierno decidieron construir allí, dijo Carlos Valdés, jefe del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los terremotos causaron la muerte de más de 6.500 personas y dejaron a más de 17.000 sin hogar. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha hecho poco para calmar la ira de los supervivientes en los tres meses transcurridos desde aquella noche de junio, y no ha dado explicaciones sobre por qué se derrumbaron tantos edificios y murieron tantas personas.
La respuesta, de hecho, se remonta a 2010 y a las decisiones tomadas después de que los deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias desplazaran a más de 100.000 personas en todo el país, según informaron a la AP expertos y exfuncionarios del gobierno.
Fue entonces cuando el gobierno venezolano se apresuró a paliar una crisis humanitaria construyendo decenas de apartamentos en la franja de tierra flanqueada por las aguas cristalinas del Mar Caribe al norte y las exuberantes montañas al sur.
El entorno era idílico. El terreno que había debajo no lo era.
Una zona propensa a desastres naturales y terremotos.
Cuando Venezuela fue sacudida por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 , al menos 14 torres de apartamentos en La Guaira se derrumbaron casi simultáneamente, aplastando un piso sobre otro y dejando a cientos de personas atrapadas. Se desataron incendios al explotar los tanques de gas. La gente gritaba pidiendo ayuda. Pocos sobrevivieron. Se recuperaron cuerpos de lo que antes eran dormitorios, escaleras, pasillos y cocinas. Muchos fueron encontrados abrazados.
Esta zona, situada en el norte de Venezuela, no es ajena a los desastres naturales.
Un devastador terremoto de magnitud 6,6 sacudió la zona en 1967, lo que impulsó, entre otras cosas, el diseño de directrices para la construcción sismorresistente y la creación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, equivalente al Servicio Geológico de Estados Unidos. Al igual que los terremotos de junio, destruyó edificios en la parroquia de Caraballeda, en La Guaira, y en Caracas, la capital de Venezuela.
Pero ningún desastre había devastado La Guaira como las inundaciones y los deslizamientos de tierra que mataron a decenas de miles de personas en 1999. Tras la tragedia, el gobierno del presidente Hugo Chávez eligió al ingeniero y entonces ministro de Ciencia, Carlos Genatios, para dirigir un plan de reconstrucción.
Según explicó Genatios a AP en una entrevista, su equipo colaboró con expertos locales e internacionales para desarrollar un programa de mitigación de riesgos para el estado, que incluía restricciones al uso del suelo a lo largo de la franja costera, principalmente para reducir los peligros asociados con las lluvias y, en menor medida, con los terremotos.
“Hay zonas, extensiones de terreno, que no deberían haberse utilizado porque son propensas a inundarse durante las grandes marejadas; en esos lugares, se deberían colocar estructuras muy ligeras, parques, pistas deportivas o instalaciones similares que no causen daños importantes y, sobre todo, que no provoquen víctimas mortales”, dijo Genatios.
Genatios afirmó que los científicos advirtieron a las autoridades que el historial de deslizamientos de tierra e inundaciones en la zona aumentaría los riesgos sísmicos. Esto se debe a que cualquier edificio se construiría sobre el suelo suelto y rocoso que se ha depositado allí durante siglos por inundaciones y deslizamientos de tierra.
La zona también se encontraba cerca de la importante falla de San Sebastián, que discurre frente a la costa y justo debajo del estado de La Guaira.
El gobierno hizo caso omiso de los peligros. En 2011, por orden de Chávez, puso en marcha una campaña masiva para ampliar la vivienda pública con el fin de ayudar a las personas desplazadas por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra mortales a finales de 2010. El gobierno reubicó a los desplazados —muchos de ellos simpatizantes del autodenominado movimiento socialista de Chávez— en escuelas públicas, edificios gubernamentales, instalaciones militares e incluso en el palacio presidencial.
El gobierno carecía de terrenos suficientes para construir sus proyectos, lo que derivó en expropiaciones y en que el propio Chávez animara a los venezolanos a ayudar al Estado a elaborar una lista de solares abandonados. A medida que se levantaban los edificios, organizaciones comerciales y de vigilancia expresaron su preocupación por el cumplimiento de los proyectos con las normas de construcción, incluidos los requisitos de diseño sismorresistente, y la calidad de los materiales utilizados, como el cemento y el acero.
El auge de los complejos de apartamentos
En Caraballeda se construyeron torres de viviendas que recuerdan a los rascacielos prefabricados de la era comunista de Alemania Oriental, como parte del programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cada torre se conocía como "OPP", abreviatura de "OPPPE", el acrónimo en español de la oficina que Chávez encargó de ejecutar el programa. De las 43 torres erigidas en el estado de La Guaira, todas menos cuatro se ubicaron en Caraballeda.
Un boletín informativo estatal publicó una fotografía de una de las torres con el siguiente pie de foto: "Se alza orgullosamente como símbolo de justicia revolucionaria".
Los residentes de Caraballeda que recibieron apartamentos se alegraron enormemente al recibir las llaves. Muchos habían vivido con familiares o en albergues tras ser desplazados por las lluvias torrenciales de 2010. Adultos y niños por fin tenían sus propias habitaciones. Los baños contaban con puertas. La playa estaba a pocos pasos.
Sin embargo, inmediatamente después de mudarse, notaron problemas: el servicio de agua potable era prácticamente inexistente; los ascensores dejaron de funcionar; y los conductos de basura eran criaderos de ratas y cucarachas.
Y desconocían los riesgos durante un terremoto. Los complejos de apartamentos de entre 10 y 20 pisos podrían llegar a oscilar al mismo ritmo que las ondas sísmicas, en un fenómeno conocido como resonancia. Esta sincronización provoca que el edificio se balancee más lejos y durante más tiempo, ejerciendo una presión adicional sobre las columnas y aumentando la probabilidad de daños y derrumbe, según los expertos.
Se desconoce si los contratistas gubernamentales cumplieron con los códigos de construcción venezolanos. También se desconoce si los funcionarios realizaron estudios geotécnicos antes del inicio de la construcción o si dichos estudios fueron ignorados. El gobierno no ha hecho públicos los planos, los estudios geotécnicos, los registros de inspección ni el "memorándum descriptivo", un documento que debería incluir las especificaciones de ingeniería y arquitectura.
Francisco “Farruco” Sesto, quien dirigía la oficina responsable de la misión de vivienda de Chávez, no respondió a la solicitud de entrevista de AP.
Menos de dos semanas después de los terremotos , le dijo a una persona influyente vinculada al gobierno que los terrenos elegidos para proyectos de vivienda pública habían sido sometidos a estudios de suelo. No presentó pruebas que respaldaran esa afirmación, pero sí rechazó las críticas posteriores al terremoto, alegando que formaban parte de una "campaña insidiosa y maliciosa" contra la misión de vivienda, y aparentemente intentó eludir su responsabilidad, culpando al sector privado.
“Quiero señalar que la gran mayoría de las viviendas construidas por el estado también son construidas por el sector privado”, dijo Sesto. “El estado actúa como el gran organizador, el gran planificador, si se quiere… ¿Quién realiza estos estudios de suelos? Principalmente, empresas privadas especializadas”.
Los ingenieros temían el fuerte impacto que habían provocado los terremotos de junio.
Los venezolanos quedaron conmocionados al ver los edificios derrumbados junto al mar. Los científicos también quedaron devastados, pero no sorprendidos. Los terremotos no solo fueron potentes, sino que provocaron el tipo de impacto que más temen los ingenieros: un pulso cercano a la falla.
“Fue realmente instantáneo, muy, muy, muy violento, muy rápido”, dijo Michael Schmitz, geólogo de la Universidad Central de Venezuela, quien anteriormente estuvo afiliado a la agencia de monitoreo sísmico del país.
Schmitz explicó que, cuando la falla se desplazó, la energía sísmica se acumuló en el frente de la ruptura a medida que avanzaba hacia el este, lo que provocó "un golpe muy fuerte en la base del edificio". Ese impulso, dijo, "arrancó abruptamente el soporte del edificio, impidiendo que disipara la energía como estaba diseñado para hacerlo".
En cambio, los edificios situados en el lado opuesto de la sierra, en Caracas, que también presentan amplificación sedimentaria, resistieron los terremotos porque fueron capaces de oscilar para disipar la energía.
Un estudio reveló que el terremoto fue particularmente devastador.
Eduardo Miranda, profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Stanford, y un equipo de investigadores visitaron Venezuela días después del terremoto para intentar determinar por qué los sismos habían sido tan devastadores.
Al no contar con instrumentos ni datos locales para determinar la intensidad del temblor, Miranda y su equipo de científicos recurrieron al análisis de las imágenes captadas por dos cámaras de seguridad cerca de una bolera en Caraballeda, la comunidad más afectada de La Guaira. El vídeo es impactante: en menos de un segundo, ocho edificios se derrumban simultáneamente.
Según un documento elaborado por el equipo de Miranda y compartido con AP, mediante un seguimiento minucioso del movimiento fotograma a fotograma, el equipo pudo reconstruir cómo el terremoto produjo el movimiento que se observa en la cámara.
Ese análisis reveló uno de los mayores movimientos sísmicos jamás documentados en el mundo y ha proporcionado la única información cuantitativa sobre el movimiento del suelo durante el terremoto cerca de la ruptura. Miranda afirmó que habría sido difícil que las estructuras que cumplen con las normas de seguridad en Japón, país que cuenta con uno de los códigos de construcción más estrictos , hubieran sobrevivido a lo ocurrido el 24 de junio.
Según Miranda, el artículo que se encuentra en proceso de revisión por pares para su publicación en The Seismic Record, la revista en línea de la Sociedad Sismológica de América, determinó que los edificios de Caraballeda fueron empujados tanto en una dirección durante tanto tiempo que alcanzaron su punto de ruptura.
“La principal razón del gran impacto en La Guaira es, sin duda, la intensidad del movimiento sísmico”, declaró Miranda en una entrevista. “Normalmente, los derrumbes son consecuencia de varios factores, pero este fue, sin duda, el factor determinante de los problemas que se presentaron”.
Miranda aún no ha compartido los resultados del estudio con el gobierno venezolano, pero su equipo ya ha informado a las autoridades sobre el análisis.
“Está claro que necesitan elevar el nivel de diseño”, dijo.
Los expertos temen que el gobierno vuelva a cometer los mismos errores.
El hallazgo de poliestireno expandido entre los escombros llevó a muchos residentes a acusar al gobierno de utilizar materiales de baja calidad para reducir costos. Sus acusaciones también se basaban en esquemas de corrupción bien documentados, en los que funcionarios y contratistas se confabularon para facturar de más al Estado, usar materiales más baratos de lo declarado y quedarse con la diferencia.
El gobierno no ha proporcionado ninguna información sobre los análisis forenses realizados in situ, que según los expertos son cruciales para determinar las causas y las responsabilidades, pero las labores de limpieza, incluida la demolición con dinamita de los edificios dañados, están en marcha , al igual que los esfuerzos de reconstrucción.
El gobierno ha estimado que más de 17.000 personas fueron desplazadas por los terremotos . Miles de ellas han vivido desde entonces en albergues, campamentos o en las aceras cerca de sus antiguos hogares. A algunas también se les han asignado viviendas en edificios de vivienda pública en Caracas. El gobierno, sin embargo, también ha prometido reconstruir La Guaira, anunciando semanas después del terremoto que ya había localizado terrenos en ese estado donde la construcción podría comenzar pronto.
Los expertos expresaron su esperanza de que el gobierno venezolano no repita los errores de hace 15 años y, en cambio, adopte un enfoque cuidadoso y reflexivo en sus esfuerzos de reconstrucción. Asimismo, señalaron que el trabajo adicional de diseño y construcción necesario para edificar rascacielos resistentes a los terremotos en la región probablemente disuadirá al Estado y a algunos inversionistas privados de desarrollar ciertas áreas.
“La pregunta aquí es: ¿a qué precio?”, dijo Valdés. “Yo lo expresaría de otra manera: ¿cuánto vale una vida?”
Burke informó desde San Francisco. Michael Biesecker contribuyó desde Pittsburgh, y Ryan Manzuk y Marshall Ritzel desde Nueva York.
GARANCE BURKE es una periodista de investigación internacional de Associated Press, con sede en San Francisco. Se especializa en inteligencia artificial y rendición de cuentas gubernamental, y su trabajo ha sido reconocido con el Premio Pulitzer de Reportaje Internacional 2026 y un premio Emmy al mejor documental. Se la puede contactar en Signal como garanceburke.33.
WASHINGTON (AP) — El gobierno de Trump está revocando las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familias, incluido el fiscal general de Bolivia, por acusaciones de corrupción.
Los funcionarios y sus familias provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países cuyos líderes son de derecha y afines al presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú este mes , y prometió el apoyo de Estados Unidos a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas.
Esos líderes se han quejado de que muchos de los afectados por la revocación de visados estaban obstaculizando sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
El Departamento de Estado anunció las revocaciones el lunes, afirmando que se realizaban "para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico".
“Socavar un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, decía un comunicado.
La administración Trump presenta estas revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para reprimir la corrupción, en particular la relacionada con el narcotráfico y la migración ilegal, por parte de los miembros del bloque "Escudo de las Américas", liderado por Estados Unidos, que Trump creó este año en el hemisferio occidental.
El Departamento de Estado ha estado denegando permisos para viajar a Estados Unidos como una forma de reprimir la inmigración o como herramienta de presión contra algunos gobiernos, desde la prohibición a funcionarios sudafricanos acusados de discriminación contra personas blancas hasta la negativa a expedir visados a la delegación palestina para asistir a la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas.
Entre los 27 afectados se encuentran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y más de 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales ya cuentan con visa y a nueve se les denegará la solicitud. Dos colombianos, un magnate y un legislador, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano, también se verán afectados.
Según los documentos, Mariaca está acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también está acusado de ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, está trabajando para fortalecer”, decía el comunicado.
Mariaca condenó las restricciones de visado impuestas por la administración Trump en su contra, calificándolas de presión política sobre su oficina. Prometió llevar a cabo investigaciones, incluyendo un caso delicado que involucra a Fernando Cerimedo, un estratega político argentino con vínculos con el círculo de Trump que asesoró la campaña del presidente Rodrigo Paz.
“El trabajo que hemos estado realizando no ha complacido a ciertos sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”, declaró Mariaca en una conferencia de prensa en la ciudad boliviana de Sucre. “Ninguna presión política, nacional o internacional, puede impedir que se esclarezcan los hechos, los cuales deben ser investigados”.
Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años por los legisladores en 2024 bajo el anterior gobierno de izquierda de Bolivia, ha enfrentado críticas por el manejo de los casos de narcotráfico por parte de su oficina.
Dirigió a los fiscales de la región oriental de Santa Cruz cuando el presunto capo de la droga uruguayo Sebastián Marset, ahora bajo custodia estadounidense, escapó de una operación policial en 2023. Desde entonces, ha tenido enfrentamientos con Paz, quien ha alineado a Bolivia con Washington tras casi dos décadas de gobierno socialista.
La periodista de Associated Press, Isabel DeBre, en Buenos Aires, Argentina, contribuyó a este reportaje.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía de Bolivia detuvo al fiscal general Roger Mariaca y a otros 13 funcionarios en una redada contra una organización criminal que presuntamente protegía a narcotraficantes, informó el jueves el gobierno de Bolivia. El operativo se dio después de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca y a otras personas.
