BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el espantoso asesinato de Chiara Páez, una niña embarazada de 14 años, a manos de su novio de 16 años, desencadenó protestas masivas en Argentina que se convirtieron en un movimiento generacional en toda América Latina bajo el lema de " Ni Una Menos ".
Ahora, 11 años después de que la primera protesta de Ni Una Menos creara una conciencia colectiva sobre lo que se conocería como feminicidio —el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género—, la nación vuelve a convulsionar de ira.
Esta vez, la atención se centra en el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba. La noche del 23 de mayo, llegó a casa de unos amigos de la familia con la intención de recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los primeros resultados de la autopsia, cuyo cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina.
Sus restos fueron encontrados en una zanja de drenaje el sábado, una semana después de su desaparición, mientras que las vigilias en su provincia natal derivaron en enfrentamientos con la policía.
La indignación se ha extendido por todo el país, y el miércoles, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Buenos Aires para la manifestación anual de Ni Una Menos. Muchos portaban carteles con los rostros y nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas en los últimos años, entre ellas Agostina. Su caso revitalizó la protesta, intensificando las demandas de acción gubernamental y las críticas al presidente Javier Milei .
El aliado libertario del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado al movimiento feminista de "lucha ridícula y antinatural", ha promovido la eliminación del feminicidio del código penal y ha recortado la financiación de programas de apoyo a las víctimas de la violencia de género como parte de su guerra cultural y su campaña de recorte de gastos .
Este año, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, una destacada organización argentina de derechos humanos, han contabilizado 63 feminicidios registrados legalmente. Sin embargo, tanto ellos como otros activistas afirman que lograr dicha clasificación puede ser una ardua batalla contra el gobierno. Algunos han recopilado una lista con más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están debidamente identificadas.
Según estadísticas publicadas por la Corte Suprema, los informes de feminicidio en Argentina disminuyeron un 12%, llegando a 200 casos el año pasado en comparación con 2024. Los abogados de las víctimas afirman que este cambio no refleja una disminución de la violencia de género, sino más bien una clasificación deficiente de los delitos.
“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre, negar la existencia de la violencia de género, es un intento de retroceder los últimos 20 años”, afirmó Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano por la Justicia y el Género, una organización de derechos humanos con sede en Buenos Aires. “Espero que esta reacción generada por el caso de Agostina, lo que demostramos en las calles, sea suficiente para contrarrestar el deseo de retroceder”.
El manejo del caso de Agostina, de 14 años, está plagado de interrogantes.
Tras la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las fuerzas del orden locales, prendiendo fuego a neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia denunció su desaparición la mañana siguiente, pero transcurrieron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia vibraran con la alerta de secuestro de menores, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.
Al día siguiente de su muerte, un taxista denunció que había llevado a Agostina a la casa del amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, lo cual fue confirmado por las imágenes de las cámaras de seguridad.
La familia de Agostina se quejó de que las fuerzas de seguridad estaban desbordadas por la preocupación ante la posibilidad de violencia entre los hinchas durante un importante partido de fútbol en la ciudad de Córdoba ese día. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina.
Barrelier se encuentra bajo custodia como principal sospechoso del caso y niega haber asesinado a Agostina. Los investigadores afirman que sus antecedentes penales muestran que fue arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue puesto en libertad bajo fianza de 3.500 dólares tras 20 días.
Ante las acusaciones de dilación, el fiscal principal, Raúl Garzón, declaró la semana pasada que las autoridades "no están haciendo autocrítica alguna".
Aumentaron las peticiones para que el asesinato de Agostina se calificara como un feminicidio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.
“Un homicidio, cualquiera que sea su naturaleza, no se define únicamente por lo que sucede durante una, dos o tres horas, es decir, en qué momento se comete el acto”, declaró Monteoliva a los periodistas el lunes, en sus únicas declaraciones públicas sobre el caso.
Los defensores insisten en que el uso del término feminicidio —que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una sentencia obligatoria de cadena perpetua en Argentina— es crucial para un enjuiciamiento eficaz y la protección de las víctimas.
“Si no nombramos la forma específica de violencia, si no la reconocemos, entonces no podemos comprender el problema en todas sus dimensiones, y no podemos crear políticas para prevenirla y combatirla”, dijo Lucila Galkin, directora del programa de género y diversidad de la filial argentina de Amnistía Internacional.
Milei ha librado su guerra cultural contra las políticas sobre género.
Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas basadas en el género, lo que él considera una peligrosa consecuencia del socialismo.
Después de que Milei arremetiera contra el delito de feminicidio, calificándolo de "legalmente para que la vida de una mujer valga más que la de un hombre" en la cumbre de Davos del año pasado , su ministro de Justicia anunció planes para eliminar esa categoría del código legal.
Aquello no tuvo consecuencias, pero su gobierno ahora está trabajando para endurecer las penas para las mujeres que denuncian falsamente casos de violencia de género. La medida está pendiente de debate en el Congreso.
En los últimos dos años y medio, Milei ha disuelto el Ministerio de la Mujer de Argentina, clausurado su instituto contra la discriminación, desmantelado los programas de apoyo a las víctimas de violencia de género, prohibido el uso de lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y recortado la financiación de la formación en temas de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.
Entre los programas afectados se encuentra Acompañar, que antes de su desfinanciamiento brindaba asistencia a 350.000 mujeres con ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo. Una línea telefónica de atención las 24 horas para víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. Un programa gubernamental que ofrecía asistencia legal gratuita a personas que sufrían violencia doméstica o abuso sexual también fue desmantelado.
Con el último caso, la protesta anual ha cobrado mayor urgencia.
El miércoles, los manifestantes se congregaron en la Plaza Congreso, frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho cada año desde la muerte de Chiara Páez en 2015.
Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta callejera en casi una década. Pero la conmoción por los casos recientes la impulsó a llevar a su hija de 17 años, Milena.
“Lucho por mí misma, por mi hermana de 11 años y por todas las mujeres que conozco”, dijo la joven, apretando la mano de su madre.
María Cacharo, de 54 años, dijo que vino con su hija de 18 años en honor a su hermana, asesinada por su esposo hace varios años.
“Cuando se reducen los recursos, de alguna manera somos nosotras las que tenemos que pagar las consecuencias”, dijo refiriéndose al impacto de los recortes presupuestarios de Milei en las mujeres, y añadió que la forma en que la policía manejó el caso de Agostina le repugna.
Portando pancartas con el lema "Justicia para Agostina", su familia encabezó una marcha en Córdoba el miércoles para exigir que se rindan cuentas por su asesinato, bajo la bandera del movimiento que en su día convirtió a Argentina en un referente regional de la acción social y jurídica en materia de igualdad de género.
“Creo que este feminicidio, que causó tanto dolor y tanta conmoción, también nos movilizó y nos recordó que este es un problema que concierne a toda la sociedad”, dijo Galkin sobre el caso de Agostina.
“Nos están obligando a hablar de temas en los que creíamos haber llegado a un acuerdo, un tema que dábamos por zanjado.”
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
Ederson Galicia Alva, de 11 años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos con luz tenue del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla. Otra vez.
El pánico lo invadió. La emoción por volver pronto al recreo con sus compañeros de clase en Florida se desvaneció. ¿El gobierno se la llevaría otra vez?
No era su primer trauma. En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México dentro de la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental. Por fin se reunieron después de que intervinieran abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya.
Más tarde se reunió con su madre en Guatemala. Tras 11 meses de miseria y tormento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado de forma ilegal.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detuvieran oficialmente en medio de la indignación mundial, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos.
Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria; otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados de sus familias una vez más. En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que legalmente no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
“El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante Trump I, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y principal representante legal en la demanda que puso fin a la política en un principio. “Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”.
Trump se postuló con éxito para la reelección con una campaña antiinmigración. En su segundo mandato, el gobierno ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año. Agentes federales han estado sacando a la gente de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Esta vez, las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron apartados de sus padres, quienes fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados penalmente de ingreso ilegal. Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se guardaba en sistemas informáticos distintos. Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva. Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031.
Hoy, si los padres son arrestados o deportados dentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, declaró la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a solicitudes de comentarios de AP sobre la política del gobierno sobre familias separadas.
Abogados del gobierno han sostenido en comparecencias judiciales recientes que no existen restricciones legales sobre “la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”. Bis añadió que hacer cumplir la ley migratoria “no era opcional” y que “cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto.
Separados en la frontera y luego otra vez en Florida
Después de que lo apartaran de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y lo confinaran en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño durante cuatro meses y medio, Ederson apenas la reconoció cuando se reunieron, contó ella. Pesadillas vívidas lo acosaron durante toda la primaria, donde aprendió a leer en inglés en aulas rodeadas de verdes pastos y palmeras a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Mar-a-Lago, la Casa Blanca de invierno de Trump.
Una vez que un juez federal aprobó un acuerdo en la demanda colectiva bajo el gobierno de Biden, la familia de Ederson y otras como la suya obtuvieron estatus legal para permanecer en Estados Unidos, con vías hacia la residencia y el asilo, y su madre consiguió un permiso de trabajo. Y después de meses de servicios de salud mental para abordar su miedo persistente de que su madre nunca regresara, a inicios de junio del año pasado —unos cinco meses después del inicio del segundo gobierno de Trump y de la nueva iniciativa antiinmigración del presidente— su terapeuta por fin dijo que había avanzado tanto que podía pausar sus sesiones semanales.
Dos semanas después, agentes federales detuvieron a Alva López cuando ella y sus compañeros de trabajo se dirigían a un empleo de jardinería cerca de Mar-a-Lago. Los agentes, con uniformes marrones, nunca dieron una razón para la detención ni se identificaron antes de trasladar a Alva López a dos cárceles de Florida, luego a custodia del ICE en Luisiana y, finalmente, a un avión lleno de deportados encadenados rumbo a Ciudad de Guatemala, explicó la mujer.
“Sentí lo mismo que yo pasé la primera vez”, dijo Alva López entre lágrimas. “Todo lo estaba viviendo otra vez”.
Alva López estuvo separada de Ederson y de su hija mayor, Briseidy, durante una semana, y no se le dio la oportunidad de hablar con un funcionario de inmigración sobre su estatus o sus protecciones legales, indicó Kelly Kribs, abogada del Young Center for Immigrant Children’s Rights, que ha apoyado el regreso de la familia de Alva López a Estados Unidos.
Cuando por fin logró llamar a Ederson y Briseidy, no podían dejar de sollozar. Alva López contó que le pidió a su hermana que comprara pasajes de avión para enviarlos a Ciudad de Guatemala. Se encontró con ellos al día siguiente en el aeropuerto y viajó con ellos nueve horas más por carreteras y caminos llenos de baches para llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en las tierras altas donde nacieron los niños.
Los tres compartieron un dormitorio diminuto con piso polvoriento con los padres y el hermano de Alva López en una casa de adobe con techo de lámina, nada que ver con las tranquilas calles arboladas del sur de Florida. La escuela, donde todas las clases son en español, quedaba a una caminata de más de un kilómetro (una milla), y ninguno de los niños del pueblo hablaba inglés, dijo Ederson.
En lugar de fichar para recortar los jardines de las propiedades de West Palm Beach, cada día Alva López alimentaba a las gallinas y patos en un pequeño corral detrás de la casa, lavaba la ropa de la familia a mano y cocinaba en un fuego abierto.
Y Ederson volvió a despertarse por las noches temiendo por su futuro. En la escuela primaria Northmore, le iba bien en quinto grado. En Guatemala repitió cuarto grado, esta vez en español, y le tomaban exámenes sobre la historia y la cultura de un país que apenas conocía. Sus amistades no eran tan cercanas como en West Palm Beach. A veces, cuando se sentía triste, veía los viejos videos en línea de la escuela para ver a sus antiguos amigos.
“Jugábamos y platicábamos. Algunas veces ellos me ayudan cuando no entiendo lo que dice la seño en la clase, yo a veces les ayudo en matemáticas”, explicó.
“Aquí tengo pocos amigos, tengo como dos”, dijo llorando
Ederson todavía no quiere hablar de las separaciones, y no deja de preguntarle a su madre por qué fue a trabajar ese día. Pero tiene clara una cosa: nunca quiere volver a estar separado de su madre.
“Daño duradero y desgarrador”
A finales de 2017, funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y ahora subjefe de despacho de la Casa Blanca. Después de que los abogados defensores se enteraran, la ACLU presentó una demanda en febrero de 2018 para detener la práctica, llamada Ms. L v. U.S. Customs and Immigration Enforcement, en nombre de una madre congoleña a la que el gobierno de Trump separó de su hija de 7 años durante cuatro meses. Más tarde se convirtió en una demanda colectiva.
No fue sino hasta que miles de familias fueron desgarradas que un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, al afirmar que causaban un “daño duradero y desgarrador”. Según el recuento más reciente de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y de familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se había informado previamente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, quizá nunca se conozca el alcance total. La ACLU también proporcionó a AP nueva información sobre miembros del grupo Ms. L que han sido detenidos y deportados durante el segundo gobierno de Trump, como que decenas de niños fueron separados de nuevo. Documentos legales del caso Ms. L y otros abogados de inmigración que trabajan con familias separadas también detallaron las nuevas separaciones de niños.
Bajo un acuerdo de conciliación de 2023 firmado por el gobierno de Biden, los miembros del grupo Ms. L —incluidos padres separados, niños y otros familiares cercanos— recibieron protecciones legales especiales, vías hacia el asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo. Y durante más de ocho años, defensores y abogados han intentado ayudar a las familias a reunirse y recuperarse, viajando a la selva de Guatemala y a aldeas remotas de Honduras para informar a los miembros del grupo sobre sus derechos, y ofreciéndoles solicitar desde permisos temporales humanitarios hasta permisos de autorización de trabajo y asesoramiento psicológico, beneficios destinados “a prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
Eso cambió cuando Trump inició su segundo mandato. El apoyo a las familias separadas nunca quedó plasmado en una ley del Congreso, y pronto empezó a reducirse.
Primero, el financiamiento para servicios legales terminó temporalmente. En su lugar, el gobierno de Trump dijo que cobraría a las familias 1.000 dólares a cada una para entrar o permanecer en el país. Luego, según abogados, a algunos padres se les indicó presentarse a controles más frecuentes con el ICE y se les ordenó usar grilletes electrónicos para registrar sus movimientos. Muchos miembros del grupo perdieron acceso a terapia.
Para finales del año pasado, correos electrónicos muestran que el gobierno había deportado a algunos familiares protegidos incluso después de que la ACLU le informara que no podían ser expulsados por ser miembros protegidos del grupo Ms. L.
Siete días antes de Navidad, la abogada de la ACLU Natalie Behr escribió un correo electrónico urgente a contactos del Departamento de Justicia, diciendo que su equipo había sabido que un familiar protegido volvía a estar detenido por el ICE.
“Pedimos que nos digan por qué no se nos notificó la detención de este miembro del grupo en un plazo de 24 horas”, escribió Behr. “Este miembro del grupo no debe ser expulsado”.
Un abogado del Departamento de Justicia en Washington respondió por correo electrónico que preguntaría al ICE. Los abogados de la ACLU insistieron.
Para el día después de Navidad, ya era demasiado tarde. Había sido deportado.
El problema sigue apareciendo. Aunque el gobierno está obligado por órdenes judiciales a informar de inmediato a la ACLU cuando miembros del grupo Ms. L son detenidos y a devolver a las familias separadas de nuevo que hayan sido deportadas, el gobierno de Trump no reveló hasta abril que había deportado a otra persona protegida a Guatemala en septiembre, según muestran documentos judiciales.
Algo similar casi le ocurre a uno de los vecinos de Alva López, quien fue detenido en West Palm Beach unos meses después de que ella fuera deportada. El padre también había hecho trabajos de jardinería cerca de Mar-a-Lago y había sido separado de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México en 2017. Durante el primer gobierno de Trump, fue devuelto rápidamente a Guatemala. Mientras abogados de la ACLU y del gobierno discutían qué se les debía a las familias separadas, él regresó a Florida en 2021 para reunirse con sus hijos, uno de los cuales había sido liberado tras pasar meses en un centro de detención gubernamental.
En octubre, el gobierno lo encarceló, primero en el recinto conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, un centro de detención migratoria en los Everglades de Florida, y luego dentro de Camp East Montana en Texas, dijo Kribs.
En Camp East Montana le dieron comida con moho y gusanos, los guardias lo insultaban y se enteró de que un compañero detenido murió tras ser maltratado por funcionarios del ICE, según relató bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. El ICE dijo que el detenido murió tras sufrir “una emergencia médica en el lugar”, y la oficina del forense de El Paso determinó después que el fallecido había sufrido “asfixia debido a compresión del cuello y el torso”. Pasaron Navidad y la víspera de Año Nuevo, y para enero le resultaba difícil mantener la esperanza cuando llamaban sus hijos.
La ACLU presentó una moción sobre padres del grupo Ms. L detenidos, y el padre fue liberado de la detención gubernamental en abril. Aunque está agradecido de estar de vuelta en Florida con sus hijos, dijo a AP que siente que todavía lo rastrean mediante el grillete electrónico y los controles con el ICE que debe cumplir cada dos semanas. Sus hijos aún temen que él no esté cuando vuelven de la escuela, afirmó.
Bis dijo que el DHS puede imponer condiciones a la libertad condicional, incluido el monitoreo electrónico, requisitos de reporte regular e incluso la detención.
“Un lugar donde todos podamos estar a salvo”
Sinri Baltazar, una madre hondureña que fue separada por primera vez de su hija —entonces de 5 años— en 2018, también pudo regresar a Luisiana con sus tres hijos en abril por orden de un juez. Su hijo pequeño es ciudadano de Estados Unidos.
No ha sido fácil. Baltazar, integrante de la comunidad garífuna afroindígena que enfrenta discriminación en Honduras, fue deportada con sus hijos el año pasado después de que, según dijo, funcionarios de inmigración le indicaran que firmara un documento que, afirmaron, le permitiría mantener unida a su familia, pero sólo si todos se iban. Ya de vuelta en Nueva Orleans, dijo que estaba agradecida de que sus hijos pudieran buscar una vida mejor, pero han tenido dificultades para salir adelante mientras viven con una conocida de la iglesia.
“Lo único que dicen mis hijos es que quieren estar en casa, en su propia casa”, expresó Baltazar. “Sólo trato de llevarnos a un lugar donde todos podamos estar a salvo, y deseo eso para todas las demás familias”.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, abogados dicen que las familias separadas han tenido cada vez más miedo de cumplimentar formularios del gobierno y muchas no saben que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que vence en diciembre. El gobierno tampoco ha dicho si extenderá un contrato vigente, recortado, de servicios legales para familias que termina en agosto. También se acerca otro plazo: miles de familias separadas deben solicitar que se cancelen órdenes de expulsión pendientes antes de diciembre, o perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Nunca hubo suficiente financiamiento para estar a la altura de la necesidad”, señaló Anilú Chadwick, abogada y directora sénior de la organización legal sin fines de lucro Together & Free, que, según dijo, ha apoyado a 15 familias que han sido separadas de nuevo, incluida la de Baltazar. “Ahora tenemos que ver si el gobierno adjudica un nuevo contrato, y debo decir, como alguien que ha trabajado contrarreloj para encontrar y ubicar servicios, que no hay tiempo suficiente, ni siquiera en las mejores circunstancias”.
Sin embargo, para las familias separadas que esperan que sus seres queridos sean liberados de la detención, o que llegue el papeleo para regresar a Estados Unidos, el tiempo ha avanzado a paso glacial.
Desde que Alva López fue deportada a Guatemala hace casi un año, revisaba su teléfono cada mañana esperando noticias de cuándo podrían regresar ella y sus hijos. El dinero empezó a escasear. Los niños comenzaron a olvidar su jerga en inglés. Briseidy, ahora de 14 años, temía distanciarse de sus amigos estadounidenses. Por fin, hace dos semanas, llegó la noticia: el gobierno les llevaría a ella y a sus hijos de regreso a Florida en un vuelo de American Airlines, por orden de un juez.
Los cachorros que le había comprado a Ederson para animarlo habían muerto, y había pocos amigos y familiares para despedirse. Así que reunió a los hermanos y sus pocas pertenencias; la ropa les quedaba holgada tras haber bajado de peso desde que regresaron a Todos Santos Cuchumatán.
Y por fin, en la última semana de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que se sintió como un milagro. Pero poco después de aterrizar, funcionarios de inmigración apartaron a Alva López para interrogarla, tomándole otra vez la foto y las huellas dactilares y revisando de nuevo cada documento que llevaba. Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le concedió apenas dos semanas de permiso de permanencia temporal.
El gobierno declinó comentar específicamente sobre el caso de Alva López.
“Aún no les he dicho a los niños” lo de las dos semanas de libertad condicional, comentó Alva López el primer día que despertó de regreso en el antiguo vecindario familiar en West Palm Beach. “Se van a preocupar de que vuelva a pasar lo mismo”, añadió.
Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP Rebecca Blackwell en Miami contribuyó a este reportaje.
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GARANCE BURKE is a global investigative journalist with The Associated Press based in San Francisco. She focuses on artificial intelligence and government accountability, and her work has been honored with the 2026 Pulitzer Prize in International reporting and with a documentary Emmy Award. She can be reached on Signal at garanceburke33.
BRUSELAS (AP) — La Unión Europea ha impulsado una profunda reforma de su política migratoria , con el objetivo de intensificar las deportaciones y firmar acuerdos controvertidos para construir centros de detención en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos la han criticado, comparando las nuevas regulaciones con las agresivas políticas migratorias de la administración Trump .
Al dar luz verde a los controvertidos "centros de retorno" fuera de la UE de 27 naciones, la normativa representa la postura más dura de la UE en materia de migración hasta la fecha y ha suscitado fuertes críticas de sus opositores, quienes advierten que pondrá en peligro a los migrantes y socavará los derechos humanos desde España hasta Rumanía.
“La nueva normativa agilizará el proceso de retorno y aumentará el número de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”, declaró Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque de 27 naciones.
El acuerdo se alcanzó entre las tres principales instituciones de la UE —la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo— durante un llamado "tridiálogo" celebrado el lunes por la noche.
“Europa no puede permitirse otro período de estancamiento”, declaró el diputado neerlandés Malik Azmani, quien impulsó la aprobación del reglamento en el Parlamento Europeo.
«Existe una necesidad urgente de una política de retorno eficaz con tasas de retorno más elevadas», afirmó, y añadió que solo el 28 % de los solicitantes de asilo rechazados regresan a su país de origen, mientras que la mayoría permanece en la UE. «Esta situación es profundamente preocupante. Socava la confianza pública en nuestras políticas migratorias comunes».
Los críticos compararon la regulación con las políticas migratorias de la administración Trump, que firmó una serie de acuerdos secretos con naciones de todo el mundo para deportar a miles de personas a países que no son los suyos. El Reino Unido también planeó deportar migrantes a Ruanda , pero el plan se estancó en trámites burocráticos y se abandonó cuando un nuevo gobierno asumió el poder en julio de 2024.
Varios gobiernos de la UE ya están en conversaciones con terceros países.
«Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo que genera la brutal represión migratoria del ICE», declaró Silvia Carter, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. «Europa debería aprender de los perjuicios de ese modelo, en lugar de crear su propia versión».
Según explicó, los agentes del orden en todo el bloque ya no necesitan órdenes judiciales para allanar domicilios particulares o instituciones públicas como hospitales. «Esta normativa va a crear un sistema draconiano de detención y deportación».
El acuerdo provisional pasará ahora a manos de los legisladores y gobiernos de la UE, donde probablemente recibirá una aprobación rápida.
«Estas nuevas normas garantizarán procedimientos más rápidos, sencillos y eficaces en toda la Unión Europea para el retorno de nacionales extracomunitarios que no tienen derecho a permanecer en la UE, respetando plenamente el derecho internacional y los derechos fundamentales», declaró Henna Virkkunen, comisaria europea de Tecnología.
Los Estados miembros de la UE pronto podrán establecer acuerdos bilaterales con países fuera del bloque para construir centros de deportación. Al menos cinco países de la UE —Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia— ya están en conversaciones con terceros países, principalmente en África, para albergar "centros de retorno" siguiendo el modelo del acuerdo de detención de Italia con Albania .
“Estamos proporcionando a los Estados miembros las herramientas necesarias para que puedan celebrar esos acuerdos y convenios con terceros países”, dijo Azmani.
Mélissa Camara, diputada del partido Los Verdes francés, afirmó que el acuerdo supone "un revés histórico" para los derechos humanos en el bloque.
“La legalización de los centros de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en las prácticas del ICE: el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba ya está completo”, afirmó.
La política migratoria de la UE se ha desplazado progresivamente hacia la derecha.
La UE ha endurecido continuamente sus políticas migratorias después de que los partidos de derecha obtuvieran la mayoría de los votos en algunos países en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la coalición de centroderecha Partido Popular Europeo, ha declarado que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015 provocada por la guerra civil siria, cuando cerca de un millón de personas llegaron para solicitar asilo.
Impulsada por personas que huían de conflictos y pobreza en África y Oriente Medio, la crisis de refugiados de 2015 y los sucesivos años de migración irregular a Europa provocaron un giro a la derecha en la política del bloque, similar al sentimiento antiinmigrante que impulsó una " ola roja " en las elecciones de 2024 en Estados Unidos.
Tras una exitosa campaña a favor de políticas migratorias más estrictas, los ganadores de esas elecciones, el Partido Popular Europeo, el grupo político más grande de la UE, comenzaron a negociar la reforma migratoria con partidos de centro e izquierda, para finalmente eludirlos aliándose con la extrema derecha, según Carter, activista por los derechos de los solicitantes de asilo. "Se produjo un cambio sin precedentes en el Parlamento Europeo".
Diversos grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que la normativa menoscabaría gravemente las protecciones otorgadas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE sobre los derechos humanos y expondría a las personas a riesgos fuera del bloque.
«Este acuerdo otorgará a los gobiernos poderes mucho más amplios para detener y deportar personas», declaró Marta Welander, portavoz del Comité Internacional de Rescate, una organización humanitaria. «Todo apunta a que normalizará las redadas de inmigración, ampliará el uso de centros de detención similares a prisiones fuera del territorio de la UE, que son esencialmente agujeros negros legales, e incrementará el riesgo de que las personas sean deportadas a países donde podrían sufrir persecución, tortura o algo peor».
LA PAZ, Bolivia (AP) — Las autoridades de La Paz, la ciudad más afectada por los bloqueos de carreteras que alcanzan un mes en Bolivia, declararon el martes la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a que las protestas están generando escasez de suministros médicos.
Incluso, los hospitales decidieron priorizar las cirugías de emergencia debido al escaso oxígeno medicinal con el que cuentan en La Paz, la cual está aislada por los cortes producto de las protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Gobernación de La Paz resolvió decretar la emergencia con el objetivo de priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agregó que se reprogramarán entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.
La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró a The Associated Press que gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.
Carlos Céspedes, de 42 años, dijo el martes a la AP que al menos tuvo la suerte de que se le practicara recién su cirugía, aunque aseguró que debió esperar casi una semana. Él se recuperaba en el Hospital General Público, en el centro de La Paz.
Aseguró que varios pacientes no pudieron llegar hasta ese centro por los cortes de ruta. “Yo era el 268 la primera vez, pero (después) en la fila conté solo ciento y algo”, agregó.
Las ciudades de La Paz y su vecina ciudad de El Alto son las que pasan por la situación más complicada ya que llevan más de 30 días aisladas del resto del país debio a las protestas y bloqueos. Además, enfrentan un desabastecimiento de alimentos y combustible.
El gobierno reportó el lunes otro fallecido por falta de atención médica por los bloqueos. La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.
Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras. Los departamentos de La Paz y Cochabamba —al centro— son los más afectados.
La protesta ha polarizado al país entre los que piden una pronta solución del conflicto y los que realizan las protestas, que se han convertido en una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) luego de unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.
Los empresarios estiman las pérdidas como consencuencia de las protestas en cerca de 2.000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que heredó Paz.
En la región de Santa Cruz —el motor productivo de Bolivia— los manifestantes dieron el paso a varios camiones con oxígeno, combustible y alimentos por dos horas, dijo a radio Panamericana el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.
Mientras la solución al conflicto se hace esperar, crecen los pedidos del sector productivo, comerciantes, camioneros varados que exigen una pronta solución.
“El gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”, señaló el martes el expresidente Jorge Quiroga. Emplazó al gobierno a aplicar sus prerrogativas constitucionales luego que el Legislativo le abrió la posibilidad que llame a un estado de excepción.
Los sindicatos movilizados acordaron el martes en una concentración continuar con las medidas de presión y rechazar el diálogo. Dirigentes afines a Morales que participaron en el encuentro afirmaron que el conflicto sólo se resolverá con la dimisión de Paz. Entre tanto, el gobierno insistió en acusar a Morales de promover el conflicto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.
Es un lema que durante mucho tiempo ha resumido la singular capacidad de la revolución ferozmente nacionalista de Hugo Chávez para mantenerse en el poder en Venezuela durante 27 años: "¡Unidos venceremos!".
Jóvenes y ancianos, líderes del partido gobernante y propagandistas por igual lo pregonan en actos oficiales, manifestaciones callejeras y en la televisión estatal, alzando los puños para demostrar su lealtad al autodenominado gobierno socialista y su tradicional antipatía hacia Estados Unidos. Incluso ante verdades abrumadoras que desmienten tal bravuconería, la diversa coalición de militares, ideólogos y oportunistas ha actuado al unísono.
Pero han surgido fisuras en esa unidad tras la sorprendente operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en enero. Los leales de larga data están manifestando desacuerdos con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez e incluso discutiendo públicamente rumores de que una traición interna ayudó a Estados Unidos a derrocar a Maduro.
El acercamiento entre Estados Unidos y Estados Unidos genera críticas.
Rodríguez ha eliminado algunas de las políticas de Chávez, ha cumplido con las exigencias de Estados Unidos y ha reorganizado el gobierno a su antojo, destituyendo ministros, impulsando legislación en la Asamblea Nacional para reformar la industria petrolera del país y liberando a presos políticos .
Los partidarios del chavismo están manifestando su desaprobación. Muchos critican el acercamiento entre el gobierno de Rodríguez y la Casa Blanca, cuyo ocupante, independientemente de su partido, el chavismo ha considerado históricamente como su principal adversario.
La deportación en mayo de un exministro para que enfrente investigaciones penales en Estados Unidos y la reciente autorización de Rodríguez para que el ejército estadounidense realice un ejercicio de entrenamiento en la capital venezolana pusieron al descubierto las divisiones internas.
Mario Silva pasó años difundiendo propaganda progubernamental como presentador de un programa en la televisión estatal antes de ser apartado de la pantalla tras la captura de Maduro. Silva cuestionó la legalidad de la deportación de Alex Saab, un estrecho aliado de Maduro, argumentando que violaba una prohibición constitucional.
Sostuvo que Rodríguez no gobierna libremente, ya que algunas decisiones "se toman en la Embajada de Estados Unidos".
“Los imperialistas no negocian. Conquistan, ponen a prueba y sondean, hasta que nuestro país se desmorona”, dijo Silva en una transmisión en vivo. “Nadie está a salvo ahora mismo. Y ese es un hecho concreto y terriblemente peligroso”.
El 23 de mayo, unas pocas decenas de personas en Caracas protestaron contra el ejercicio militar en el que dos aeronaves Osprey del Cuerpo de Marines aterrizaron en la Embajada de Estados Unidos. Portaban una bandera venezolana con el mensaje "No al ejercicio yanqui" escrito sobre ella. La participación fue mínima, lo que resultó llamativo en una ciudad acostumbrada a manifestaciones frecuentes con miles de asistentes.
Elías Jaua, quien fue vicepresidente de Chávez y formó parte del gabinete de Maduro durante sus primeros años en el cargo, repudió la iniciativa en redes sociales. Posteriormente, declaró a The Associated Press que se pronunciaba para concienciar a los venezolanos sobre la situación “humillante” que atraviesa el país.
“En esta etapa, lo más importante es evitar que esta ocupación y esta administración colonial a la que está siendo sometida una nación como Venezuela se normalicen”, dijo Jaua.
Chávez y Maduro —así como Rodríguez, en sus anteriores cargos como vicepresidenta y ministra de Comunicaciones y Relaciones Exteriores— habían profetizado durante mucho tiempo que Estados Unidos usaría la fuerza para tomar el control de la industria petrolera venezolana, que se ha abierto al capital privado tras la captura de Maduro. La administración Trump supervisa las ventas de petróleo y administra los ingresos como parte de su plan gradual para revitalizar el problemático país sudamericano.
La destitución de Maduro desencadena una lucha por el poder.
La crisis social, política y económica que se desató cuando Maduro asumió la presidencia en 2013 provocó que más de 7,7 millones de personas abandonaran Venezuela y sumió a millones más en la pobreza. También dio lugar a varias rondas de protestas antigubernamentales y a sanciones económicas estadounidenses, de las cuales el partido gobernante logró salir ileso.
Los miembros más leales del partido celebraron una victoria de Maduro en las elecciones de 2024, a pesar de las abrumadoras pruebas que demostraban su derrota. También se hicieron eco de la negación de la cúpula del partido sobre un aumento de la migración. Su lealtad solía ser recompensada, ya fuera con alimentos y productos básicos para los pobres o con contratos multimillonarios y guardaespaldas para los más pudientes.
Andrés Izarra, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Chávez y ministro de Turismo durante el de Maduro, afirmó que las divisiones no se basan en la ideología ni en una defensa del chavismo, que, según él, terminó con la muerte de su fundador en 2013. El interés de Maduro, añadió, radicaba en enriquecerse y mantenerse en el poder a toda costa.
Según él, el interés propio está creando división.
«Dado que no existe una base ideológica, se trata simplemente de una lucha por el poder, el dinero, los cargos y la supervivencia. ¿Crees que protestaría si hubiera conservado a sus guardaespaldas, o si ellos hubieran mantenido su escaso salario o su cuota de poder?», dijo Izarra, quien vive en el exilio desde que se convirtió en objetivo del gobierno la década pasada, refiriéndose a un crítico de los cambios bajo el mandato de Delcy. «Si tuvieran un interés ideológico, se habrían pronunciado mucho antes».
Los leales discuten una posible traición a Maduro.
Las críticas incluso se emitieron en la televisión estatal el mes pasado, cuando un líder izquierdista colombiano que se encontraba entre el público del programa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se puso de pie y cuestionó los esfuerzos de Venezuela para liberar a Maduro y a la primera dama Cilia Flores de la custodia estadounidense.
“Hemos visto una campaña muy débil por la libertad de Cilia y Nicolás”, dijo Manuel Caicedo ante una Cabello visiblemente atónita.
Otra ferviente chavista, la diputada Iris Varela, declaró en un podcast que creía que un informante del gobierno había ayudado a Estados Unidos a derrocar a Maduro. Esta idea ha circulado ampliamente desde que el presidente Donald Trump anunció la captura del líder autoritario el 3 de enero, pero no ha surgido ninguna prueba al respecto.
“Por supuesto que hay una traición”, dijo Varela. “Yo digo que todo Cristo tiene un Judas. Si nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ser traicionado y aun así dejó que Judas lo besara en la mejilla, ... ¿acaso no surgirá un traidor para Maduro?”
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BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el espantoso asesinato de Chiara Páez, una niña embarazada de 14 años, a manos de su novio de 16 años, desencadenó protestas masivas en Argentina que se convirtieron en un movimiento generacional en toda América Latina bajo el lema de " Ni Una Menos ".
