ISLAMABAD (AP) — Un incendio provocado por la explosión de un aparato de aire acondicionado causó la muerte de 14 recién nacidos en la sala de neonatos de un hospital en la capital de Pakistán el miércoles, según informaron las autoridades.

Uno de los 15 bebés que se encontraban en la sala de neonatos del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas fue rescatado, según informó el hospital.

Las imágenes de televisión mostraron a los rescatistas usando escaleras para llegar a la guardería del tercer piso a través de las ventanas rotas. Padres y familiares afligidos se congregaron en el hospital; algunos lloraban, mientras que otros exigían respuestas sobre cómo se originó el incendio y si la guardería contaba con el equipo adecuado para combatirlo.

El gobierno ha abierto una investigación y el primer ministro Shehbaz Sharif ordenó la destitución del secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario de mayor rango del Ministerio de Salud.

Una mujer que se identificó como la Sra. Mohammad Sami dijo que había dado a luz tres días antes y que su bebé estaba recibiendo cuidados intensivos en la sala de neonatología cuando se declaró el incendio.

“No sé qué decir ni a quién culpar”, dijo entre lágrimas. “He perdido a mi hijo”.

El incendio se limitó a la sala de recién nacidos del hospital.

El incendio se limitó a la sala de recién nacidos del instituto, uno de los hospitales públicos más grandes de Islamabad. El resto del centro no se vio afectado y no se registraron heridos, según informaron funcionarios del hospital y testigos. El incendio fue sofocado posteriormente, declaró el jefe de policía de Islamabad, Suhail Ashraf.

Fue una de las tragedias infantiles más mortíferas ocurridas recientemente en Pakistán. En junio, 14 escolares murieron al derrumbarse el techo de un centro de tutorías en construcción en la ciudad oriental de Lahore.

El ministro de Sanidad, Mustafa Kamal, quien confirmó el número de fallecidos, declaró al canal Geo News que se dirigía de Karachi a Islamabad para supervisar la investigación.

La doctora Aneeza Jalil, portavoz del hospital, informó que un médico rescató a un bebé. Añadió que los cuerpos de seis bebés fueron entregados a sus familias, mientras que los cuerpos restantes serán entregados próximamente.

El gobierno está investigando cómo se originó el incendio y la respuesta

El magistrado del distrito de Islamabad designó un comité de investigación y le solicitó que presentara un informe en un plazo de 24 horas. El comité investigará la causa del incendio y su propagación, determinará si se implementaron las medidas de seguridad contra incendios adecuadas y evaluará la respuesta de emergencia, según una orden gubernamental.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y el primer ministro, Sharif, expresaron su pesar por el incendio.

“Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, dijo Sharif, quien mantuvo una reunión de alto nivel con funcionarios de las agencias pertinentes horas después del incendio.

El presidente Asif Ali Zardari también expresó sus condolencias a las familias, calificando las muertes de "desgarradoras y una pérdida irreparable". Exigió que los responsables fueran llevados ante la justicia e instó a los hospitales a garantizar medidas efectivas de seguridad contra incendios y procedimientos de emergencia.

Por  MUNIR AHMED

(Foto AP/MA Sheikh)

LA PAZ, Bolivia (AP) — Una semana después de un aumento del 84% en el precio del diésel para los grandes consumidores la escasez y las filas para cargar combustible continuaban el lunes en Bolivia en medio de un creciente malestar social contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz tras el escándalo que involucra a su exasesor argentino encarcelado por presunto intento de feminicidio.

Agricultores del oriente desafiaron el estado de excepción con protestas y anunciaron marchas con tractores para esta semana, según el dirigente del gremio Javier Núñez. “Estamos en plena cosecha de invierno y los perjuicios son enormes, no podemos esperar más las promesas del gobierno”, dijo.

Centenares de agricultores salieron el domingo a protestar con tractores en el oriente para exigir abastecimiento y la derogatoria del ajuste en el diésel.

“El aumento de precio no ha resuelto el problema. Sigue la escasez y el decreto sólo alentará el mercado ilegal de combustibles y el contrabando. La cosecha está demorada y los costos repercutirán en los precios”, acotó Klaus Frerking, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que agrupa a grandes y pequeños productores de granos.

El aumento del precio del diésel rige para la industria y los grandes consumidores. El incremento busca acercar el precio al costo de importación para aliviar la fuerte carga sobre las finanzas públicas. La escasez de dólares es la principal causa que impide importar combustibles para cubrir la demanda, admitieron las autoridades.

Paz no ha tenido apariciones públicas desde hace una semana cuando la novia de su exasesor personal Fernando Cerimedo sobrevivió a un ataque armado y acusó a Cerimedo de pretender acallarla implicando a su pareja en presuntos negociados con el gobierno.

Cerimedo permanecerá recluido en un penal de la región de Santa Cruz, en el oriente, por seis meses mientras avanzan las investigaciones y tiene otra causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Paz salió debilitado de las duras protestas de 53 días entre mayo y junio y el escándalo ha golpeado más su imagen. El estado de excepción decretado para aplacar las manifestaciones vence el 17 de septiembre y muchos sectores ya iniciaron protestas que amenazan con recrudecer en los próximos días.

Cerimedo “tenía un rol indeterminado, un poder grande y tomaba decisiones que no eran apropiadas para un asesor extranjero”, dijo a The Associated Press el diplomático y exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio.

Agregó que “nadie quiere que (Paz) se vaya del gobierno, creo que los bolivianos esperan un cambio de timón, un mea culpa a partir del cual pueda hacer los cambios que el país requiere. Es una última oportunidad que tiene el presidente para dar un giro radical”.

POR  CARLOS VALDEZ

(AP Foto/Juan Karita)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las bandas de narcotraficantes y los grupos rebeldes en Colombia están reclutando cada vez más a niños y utilizándolos para realizar tareas potencialmente letales, como pilotar drones cargados de explosivos, según un informe publicado el lunes por Human Rights Watch.

El organismo internacional de control afirmó que las organizaciones criminales en el país sudamericano suelen utilizar las redes sociales para reclutar niños, en un intento por imponer su control sobre las zonas rurales donde se lucran con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

“Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch . “Los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en un terreno de reclutamiento mucho más eficaz”.

El reclutamiento infantil vuelve a estar en aumento.

Según la Defensoría de los Derechos Humanos de Colombia, al menos 1.500 niños han sido reclutados por grupos armados desde 2021, y se reportaron 625 casos en 2024.

En 1999, durante el punto álgido del conflicto entre las fuerzas armadas colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estima que 1.320 niños fueron reclutados para los combates, según un informe de una comisión nacional de la verdad.

El acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC redujo la violencia en muchas partes del país y frenó el reclutamiento de niños por parte de grupos armados.

Sin embargo, el reclutamiento de niños está repuntando a medida que grupos rebeldes más pequeños y otras organizaciones criminales luchan por el control de las zonas rurales abandonadas por la guerrilla de las FARC tras el acuerdo de paz, donde las fuerzas del orden y los servicios sociales siguen siendo débiles.

En Colombia, los grupos rebeldes han utilizado durante mucho tiempo a niños para realizar tareas que incluyen servir como mensajeros, recabar información, cocinar o interactuar con el enemigo; en ocasiones, las niñas son obligadas a realizar actos sexuales con los comandantes.

El informe de Human Rights Watch señala que ahora también se está entrenando a niños en la guerra con drones, ya que los grupos rebeldes utilizan cada vez más drones equipados con explosivos para atacar a grupos rivales o lanzar ataques contra bases policiales y militares.

Human Rights Watch verificó vídeos publicados en redes sociales que muestran a niños utilizando drones cargados de explosivos y entrevistó a agentes de protección familiar que trabajan con niños que han escapado de grupos armados o a quienes se les ha permitido desmovilizarse.

“Los niños liberados que afirman haber manejado drones dicen que los grupos armados describen la actividad como un juego, en lugar de como participación en combates armados”, señala el informe.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Colombia informó en un comunicado aparte, publicado el lunes, que grupos armados llevaron a cabo 121 ataques con drones en los primeros cinco meses de este año, en los que murieron 21 personas y 145 resultaron heridas.

Las cuentas en redes sociales "glorifican" la vida con rebeldes.

Human Rights Watch identificó decenas de cuentas en redes sociales que "glorifican" la vida en grupos rebeldes, haciéndose eco de una preocupación expresada previamente por las Naciones Unidas .

El grupo de vigilancia afirmó que, en algunos casos, los algoritmos de plataformas como Meta y TikTok "parecen haber promovido activamente" este tipo de contenido que incita a los niños a unirse a grupos rebeldes.

Meta y TikTok respondieron a Human Rights Watch diciendo que prohíben el contenido que promueve la violencia y que habían eliminado las cuentas señaladas por la organización.

Human Rights Watch también afirmó que un grupo disidente de las FARC, liderado por un comandante conocido como Iván Mordisco, está involucrado en la mayoría de los casos de reclutamiento de niños y está reclutando intensamente en la región del Cauca, en Colombia.

Según un análisis de datos realizado por Human Rights Watch, casi la mitad de todos los casos de reclutamiento denunciados por las autoridades colombianas desde 2021 involucraron a niños indígenas, a pesar de que los indígenas representan solo el 4% de la población.

El grupo de vigilancia también afirmó que las niñas representaban el 40% de todos los niños reclutados.

Human Rights Watch instó al gobierno colombiano a destinar más recursos al enjuiciamiento de los miembros de grupos armados que reclutan niños, al tiempo que intensifica los esfuerzos para prevenir el reclutamiento en las zonas rurales.

El gobierno no respondió de inmediato al informe.

La organización también hizo un llamamiento a las plataformas de redes sociales para que establezcan canales donde los usuarios puedan denunciar fácilmente el contenido relacionado con el reclutamiento de menores y preservar las pruebas que puedan ponerse a disposición de los fiscales.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

Por  ASTRID SUÁREZ y MANUEL RUEDA

(Foto AP/Fernando Vergara, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, en medio de una crisis, ha dado marcha atrás en su decisión de regresar a su cargo, cediendo ante la extraordinaria reacción de su propio partido gobernante por las acusaciones de fiscales estadounidenses de que conspiró con un poderoso cártel para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.

Se esperaba que los legisladores estatales aprobaran el domingo la solicitud del gobernador Rubén Rocha Moya de una licencia indefinida, aproximadamente un día y medio después de que anunciara su regreso alegando que los fiscales mexicanos lo habían absuelto de los cargos de narcotráfico presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril.

El rápido cambio de rumbo demostró la autoridad que ejerce la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre su partido Morena, mientras camina sobre la cuerda floja entre apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump , quien dice que los cárteles controlan México y ha ofrecido repetidamente ayuda militar estadounidense para combatirlos, y su movimiento progresista, profundamente receloso de la intervención estadounidense .

Tras casi cuatro meses de licencia, Rocha Moya anunció el viernes su regreso al cargo, alegando que la Procuraduría General de la República no había encontrado “ninguna evidencia que respalde nuestra participación en conducta delictiva alguna”. Declaró que volvía “como gobernador de Sinaloa con la frente en alto”.

Ese desafío duró apenas un día, ya que su regreso desató un torrente de críticas por parte de gobernadores, senadores y otras figuras prominentes de Morena, incluido Sheinbaum .

«Ningún interés personal puede anteponerse a los intereses del pueblo y de la nación», escribió el sábado en una aparente reprimenda a Rocha Moya, sin mencionarlo por su nombre. «México merece servidores públicos que comprendan que los cargos son temporales, pero la responsabilidad con la nación es eterna».

Morena afirmó que su dirección nacional desconocía el regreso de Rocha Moya, calificándolo de "decisión personal". El bloque senatorial del partido instó a respetar la investigación en curso, mientras que los gobernadores de Morena declararon en un comunicado conjunto que "los proyectos políticos personales o de grupo no tienen cabida" cuando están en juego los intereses del país.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, instó públicamente a Rocha Moya, su antiguo aliado, a reconsiderar su postura y permanecer de baja.

La respuesta coordinada dejó a Rocha Moya aislado. El sábado anunció que había solicitado a la legislatura estatal que le permitiera apartarse indefinidamente. «Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación son lo primero», escribió.

Rocha Moya había estado de baja desde principios de mayo, días después de que los fiscales federales de Nueva York hicieran pública una acusación explosiva que lo acusaba a él y a otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y antiguos, de proteger a miembros del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mientras traficaban fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La acusación formal representó la acción pública más significativa del gobierno de Trump contra lo que denomina corrupción oficial que permite a los cárteles mexicanos operar, avivando nuevas tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Sheinbaum negó haber protegido a Rocha Moya, pero rechazó la solicitud de Washington de arrestar y extraditar a los acusados ​​sin pruebas creíbles, insistiendo en que cualquier proceso judicial se lleve a cabo en México.

Rocha Moya, de 77 años, un firme aliado del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , negó haber cometido irregularidad alguna y calificó las acusaciones como un ataque con motivaciones políticas. Inicialmente se apartó del cargo para poder cooperar con la investigación mexicana sin ampararse en la inmunidad constitucional inherente a su puesto. Si tomarse una licencia lo privó de dicha protección —y si su reciente solicitud de apartarse indefinidamente volvería a hacerlo— sigue siendo objeto de debate entre los expertos legales mexicanos.

Tras la acusación formal, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, y el fiscal general adjunto del estado también renunciaron a sus cargos, mientras que dos ex altos funcionarios estatales se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Sinaloa lleva casi dos años sumida en un sangriento conflicto entre facciones rivales del cártel que lleva el nombre del estado.

(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)