TRELEW, Argentina (AP) — Los centros de datos se han convertido en uno de los temas más divisivos del mundo. El presidente de Argentina quiere atraer tantos como pueda.

Mientras residentes y responsables de políticas públicas en Estados Unidos y Europa combaten las instalaciones que alimentan la inteligencia artificial, el presidente Javier Milei presenta a Argentina como un refugio y promete un enfoque de no intervención para atraer la inversión extranjera que necesita su país, propenso a las crisis.

Al igual que su aliado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Milei publica con frecuencia imágenes generadas por la IA en redes sociales. Ha propuesto crear “sociedades no humanas” dirigidas por completo por agentes de IA.

“Nosotros no vamos a regular la Inteligencia Artificial. Nosotros la vamos a dejar libre”, afirmó Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington el mes pasado.

Registros de visitas obtenidos por The Associated Press muestran un flujo constante de figuras tecnológicas que se han reunido con Milei y sus asesores en los últimos meses, desde el capitalista de riesgo Peter Thiel hasta representantes de OpenAI, Amazon, Google, Oracle y empresas de centros de datos. Registros de la Cancillería muestran que el desarrollador de centros de datos Crusoe, que ayudó a construir el campus insignia de OpenAI en Texas, solicitó conversaciones este año con funcionarios energéticos argentinos sobre inversiones respaldadas por el gobierno de Estados Unidos.

Las esperanzas de Milei se apoyan tanto en la geografía como en la ideología. La Patagonia ofrece vastas llanuras abiertas donde pueden construirse ruidosas granjas de servidores lejos de los centros poblados, un clima frío para enfriar las máquinas, vientos potentes para generar electricidad y uno de los mayores yacimientos de lutita del mundo en Vaca Muerta para abastecer centrales eléctricas.

“En las zonas densamente pobladas de Estados Unidos y Europa, hay muchas disputas por el acceso a la red y por quién debería quedarse con la electricidad”, señaló Marta Zlotkowska, jefa de desarrollo internacional de Green Capital, una empresa polaca de energías renovables que planea construir un centro de datos de 3.000 millones de dólares en la Patagonia para alquilarlo a grandes firmas tecnológicas para cómputo de IA, aunque todavía no ha asegurado ningún cliente.

“Comparamos ubicaciones potenciales para el proyecto en todo el mundo y Argentina —bueno, la Patagonia— quedó en primer lugar en todas las categorías”, agregó.

La promesa de la IA en la Patagonia

Para la industria energética argentina, que ya está en auge mientras la guerra con Irán eleva los precios del petróleo, los centros de datos representan un mercado nuevo y tentador. Pampa Energía, una de las mayores compañías eléctricas del país, anunció planes para suministrar enormes cantidades de energía generada con gas a un centro de datos cerca de Vaca Muerta y está buscando desarrolladores.

“Lo que antes era una desventaja de vivir en el fin del mundo”, comentó Rubén Etcheverry, un alto funcionario de Neuquén, la provincia patagónica donde se encuentra Vaca Muerta. “Pero hoy, frente a la falta y el encarecimiento de la energía, los inversores nos están buscando”.

Para convencer a empresas recelosas de la crónica inestabilidad económica de Argentina, Milei impulsa un programa de incentivos que reduciría la tasa del impuesto a las ganancias corporativas del 25% al 15% para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en IA y otras industrias emergentes. La medida espera la aprobación del Senado.

El beneficio para los argentinos sigue sin estar claro. Los centros de datos emplean a relativamente pocas personas. Los incentivos propuestos por Milei no exigen que las empresas reserven capacidad de cómputo para consumo local ni que revelen su uso de energía y agua.

“No estamos pensando acá data centers para fortalecer, no sé, una soberanía tecnológica comunitaria o argentina o las necesidades de los pueblos de esta región”, dijo Alan Rocha Varsanyi, investigador del Observatorio Petrolero Sur, un grupo ambiental argentino. “Esa capacidad de cómputo se va a exportar, se va a exportar a donde tengan necesidad OpenAI o el resto de las empresas”.

Planos antes de las topadoras

Pese a toda la promoción de Milei, Argentina va rezagada en la carrera por convertirse en un polo regional de centros de datos, mientras sus vecinos promocionan tierras baratas, energía renovable y conexiones de fibra óptica en expansión a gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Milei insiste en que sus llamados a una IA sin ataduras le dan a Argentina una ventaja en un momento en que la Unión Europea y un número creciente de estados de Estados Unidos han adoptado nuevas regulaciones. Sus críticos advierten que está impulsando el despliegue de IA en Argentina sin salvaguardas frente a riesgos que van desde la vigilancia masiva hasta los ciberataques.

“Sin reglas, nosotros vamos a ser un laboratorio, como cuando las empresas usan países en desarrollo para probar medicamentos raros que no pueden probar en los países centrales, donde hay una regulación muy fuerte”, sostuvo Nicolás Wolovick, profesor de informática en la Universidad Nacional de Córdoba.

Milei podría escuchar preocupaciones similares la próxima semana, cuando el papa León XIV, que ha advertido sobre las amenazas de la IA para la humanidad, visite Argentina en su gira por América Latina.

Incluso algunos dentro del propio gobierno de Milei reconocen que su postura contraria a la regulación complica los esfuerzos por construir un marco legal claro. Un alto funcionario, no autorizado a informar a la prensa, indicó que las empresas están esperando a que Argentina defina reglas sobre el entrenamiento de IA con obras protegidas por derechos de autor y el envío de datos personales al exterior.

Algunos inversores se están conteniendo hasta las elecciones presidenciales del próximo año, que podrían ser reñidas, preocupados de que, si Milei pierde, el siguiente gobierno pueda desarmar sus reformas de libre mercado.

“Una de las grandes dificultades que tenemos es que el inversor extranjero entienda que Argentina, con los diferentes partidos políticos, sigue siendo un lugar amistoso para las inversiones”, expresó Andrés Arbeletche, secretario de coordinación de gabinete de Chubut, una provincia patagónica que busca atraer varios megaproyectos de IA.

Granjas de servidores y ovejas

En explotaciones ganaderas remotas a lo largo de la meseta sin árboles de la provincia de Chubut, la vida gira en torno al cuidado de los rebaños en la estepa y a la esquila de ovejas en galpones. Con la industria lanera en declive tras décadas de sequía, sobrepastoreo y costos de producción en alza, algunos productores apuestan por otro tipo de galpón: uno lleno no de vellón, sino de estanterías de servidores parpadeantes.

“Los productores ovinos están buscando mucho qué otros horizontes, qué otras alternativas se pueden encontrar para incorporar más ingresos”, explicó Francisco Sáenz, ingeniero agrónomo y productor ovino de cuarta generación, cuya familia está entre los 14 propietarios que han arrendado en conjunto 130.000 hectáreas (unas 321.000 acres) a Green Capital para su centro de datos planificado. Los estancieros esperan seguir pastoreando ovejas junto a su colosal futuro vecino.

No se espera que la construcción comience hasta alrededor de 2028. Si operara de manera continua a su demanda máxima proyectada, el campus terminado usaría en un año alrededor de 2,7 veces más electricidad que la que consumió toda la ciudad de Buenos Aires en 2025, según un cálculo de AP.

Green Capital promete generar toda su propia electricidad con aerogeneradores, parques solares y generadores a gas, en lugar de tensionar la congestionada red argentina. Funcionarios provinciales cuentan con que el proyecto aporte miles de millones de dólares en inversión, empleos altamente cualificados y un mercado para el excedente de energía eólica.

“Para nosotros es todo un beneficio y no resignamos nada”, afirmó Arbeletche.

Pero algunos residentes de Trelew, una ciudad azotada por el polvo cerca del sitio propuesto, dicen que no tienen forma de evaluar esas garantías. Los estudios ambientales aún están en curso, los permisos están pendientes y la empresa no ha especificado cuánta agua necesitaría el proyecto ni qué proporción de su energía provendría del gas.

“No se sabe mucho sobre eso”, lamentó Cristina Gibón, de 46 años, que teme el impacto ambiental de los centros de datos. “Porque quizás nosotros logremos tener agua hasta que seamos viejitos, pero después ya el resto quedan nuestros hijos, digamos, y no van a tener esos recursos”.

Preocupaciones como la suya están alimentando una reacción más amplia contra el cortejo de Milei a las grandes tecnológicas. En Trelew, un pequeño grupo de vecinos se ha movilizado en internet y en la plaza principal bajo la consigna “Trelew Libre de Data Centers”. En el Congreso, donde legisladores acusaron recientemente a Milei de estar vendiendo el país en una audiencia sobre los intereses en Argentina del multimillonario Peter Thiel, la oposición ha obligado al presidente a recortar un proyecto de ley que flexibilizaba las restricciones a la propiedad extranjera de tierras y ha frenado su plan para permitir que agentes de IA controlen empresas.

De vuelta en el campo de su familia, Sáenz ve un reflejo argentino conocido.

“Cada vez que una empresa extranjera quiere hacer una gran inversión en Argentina, hay muchas críticas. La primera reacción de mucha gente es decir: ‘No, son gente terrible que viene de afuera a llevarse nuestros recursos’”, relató. “No estoy diciendo que las grandes empresas sean lo mejor del mundo. Solo digo que, cuando miro otros países, veo economías estables”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

ISABEL DEBRE writes about Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay and Uruguay for The Associated Press, based in Buenos Aires. Before moving to South America in 2024, she covered the Middle East reporting from Jerusalem, Cairo and Dubai.

POR  ISABEL DEBRE

(AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

URDA, España (AP) — ¿Se debió el segundo gran choque de trenes de este año en España a un error humano o a fallos en su red de alta velocidad, antes tan elogiada?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no tardó en atribuir al mal criterio de un controlador de tráfico la mayor parte de la culpa por la colisión del miércoles en la provincia de Toledo, que dejó 69 muertos.

Pero los sindicatos ferroviarios rechazan esa versión. En su lugar, apuntan a lo que describen como un deterioro de las condiciones laborales —menos controladores de tráfico con más trabajo que nunca— que ha hecho que cada vez más difícil garantizar la seguridad de los 45 millones de pasajeros al año.

Policías con perros rastreadores seguían revisando los restos el viernes por la mañana. Las autoridades regionales no descartan que la cifra de fallecidos aún pueda aumentar.

Fue el segundo gran accidente en la línea Madrid-Sevilla este año. En enero, a más de dos horas más al sur, un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario, lo que causó la muerte de 46 personas.

“No es asumible que un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufra dos accidentes de estas características en un año”, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el viernes desde el lugar del siniestro, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

La red de alta velocidad de España ha sido considerada un éxito de la política industrial estatal. Es la segunda más grande del mundo, después de la de China. Hasta este año, no había sufrido un accidente mortal desde su entrada en funcionamiento hace más de tres décadas.

La cronología de la catástrofe, según el gobierno

La cadena de acontecimientos que terminó en desastre comenzó a las 8:30 de la mañana del miércoles, cuando se cayó el sistema de comunicaciones clave para el funcionamiento del sistema de seguridad de la línea. Ese sistema, llamado LZB, supervisa la posición de los trenes e incluso puede activar el frenado automático de un tren para evitar una colisión.

Ese fallo significó que los controladores humanos, desde un puesto de control en Madrid, asumieron toda la responsabilidad de vigilar las posiciones y la seguridad de los trenes en un tramo de 63 kilómetros (39 millas) entre Madrid y Sevilla. En ese momento, las autoridades creen que había seis trenes en ese tramo afectado.

A las 8:36, un controlador indicó a un tren, perteneciente a la empresa estatal RENFE, que podía volver a circular a velocidad normal. El otro, operado por la empresa privada IRYO, situado 25 kms (15,5 millas) más adelante en la vía, también intentó reanudar la marcha, pero la maquinista no pudo anular la parada automática e informó al controlador.

A las 8:53 se produjo la colisión, que descarriló vagones y destrozó parte de los trenes.

Los investigadores independientes indicaron que sus conclusiones iniciales apuntaban que el tren de RENFE circulaba a entre 160 y 200 kilómetros/hora (100-125 mph) cuando chocó contra el IRYO.

Lo que dice el ministro

Puente, que está bajo presión para renunciar, calificó de “inexplicable” y “errónea” la decisión del controlador de permitir que un tren reanudara la marcha a plena velocidad mientras el otro permanecía detenido.

El ministro sostuvo que nunca se debió indicar al tren de RENFE que volviera a moverse, ya que en esa línea seguía activa una señal de parada.

“La decisión se tomó en una situación inexplicable, estando un tren detenido y con una señalización roja”, declaró Puente en una conferencia de prensa.

Lo que dicen los sindicatos

Los sindicatos, sin embargo, sostienen que el contexto importa.

Raquel Ayllón, portavoz del SCF, el sindicato de controladores de tráfico ferroviario de España, dijo a The Associated Press que la carga de trabajo suele ser demasiado alta para que el personal actual la gestione con seguridad. Señaló que los controladores llevan años pidiendo más personal, mientras los sistemas de seguridad siguen fallando.

“Creemos que (el ministro) está culpando a un simple trabajador que estaba trabajando en condiciones cada vez peores”, manifestó. “El error humano no es incomprensible. Lo incomprensible es que el sistema de seguridad falle con regularidad”.

El sindicato español de maquinistas, SEMAF, apuntó que no era la primera vez que el sistema de seguridad LZB, con tres décadas de antigüedad y que todavía se utiliza en la línea Madrid-Sevilla mientras se retira gradualmente, se queda fuera de servicio y deja a los operadores humanos a su suerte.

“El sistema LZB debería haberse sustituido hace tiempo”, afirmó Diego Martín, portavoz del sindicato SEMAF.

Los trabajadores ferroviarios secundaron el jueves una huelga que había sido convocada con anterioridad para exigir que el gobierno cumpla sus compromisos de mejorar las condiciones de seguridad tras el accidente de enero.

Representantes de varios sindicatos criticaron también lo que calificaron como la filtración “irresponsable” de fragmentos de audio de conversaciones entre la sala de control y los maquinistas a medios españoles. Esas grabaciones contienen fragmentos de conversaciones aparentemente frenéticas entre los maquinistas en los trenes y los controladores de tráfico en Madrid en los minutos previos al accidente.

¿La privatización pudo haber sobrecargado el sistema ferroviario?

Los ferrocarriles de España solo prestaban servicio a trenes de titularidad estatal hasta que el país abrió su alta velocidad a operadores privados en 2021.

Los dos siniestros de este año involucraron un tren operado por RENFE y a otro de IRYO.

El tráfico ferroviario aumentó después de que el mercado se abriera a la competencia. Entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, el promedio de viajes diarios aumentó de 56 a 89 entre 2019 y 2024, de acuerdo con el sindicato SCF.

Un vocero del sindicato de trabajadores ferroviarios de España, Joan Rodríguez, dijo que el aumento del tráfico derivado de la privatización ha ejercido una presión adicional sobre los ferrocarriles.

La investigación avanza mientras las familias se aferran a la esperanza

Investigadores de un comité especial para accidentes ferroviarios retiraron las cajas negras de los trenes a última hora del jueves y las entregaron a la Guardia Civil para su inspección. Un juez también investiga el accidente.

Setenta familias han presentado denuncias por desaparición ante la policía por pasajeros cuyo paradero se desconoce. Por el momento solo se han identificado cinco cuerpos. Treinta y nueve personas seguían hospitalizadas el viernes de las más de 200 que resultaron heridas.

Wilson informó desde Barcelona, España.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  JOSEPH WILSON e IAIN SULLIVAN

(AP Foto/Andrea Comas)

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La presidenta peruana Keiko Fujimori visitó el jueves la megaprisión de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocida como Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Es la última líder latinoamericana en visitar la prisión que, según Bukele, está destinada a albergar a los miembros más peligrosos de las pandillas.

La prisión atrajo la atención internacional cuando la administración Trump envió a más de 250 venezolanos deportados con supuestos vínculos con el Tren de Aragua, sin aportar pruebas.

Fujimori, que asumió la presidencia en julio, había expresado durante su campaña electoral su interés en construir una prisión similar a la de El Salvador, en medio de una crisis de seguridad interna en su país causada por la extorsión desenfrenada y el aumento de los homicidios.

Su visita al CECOT se produce más de una semana después de que la presidenta costarricense, Laura Fernández, recorriera la megaprisión como parte de un viaje para reunirse con Bukele. La mandataria costarricense inauguró recientemente una prisión de máxima seguridad en medio de un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico.

Fujimori, quien tiene previsto reunirse con Bukele más tarde, fue recibido por los ministros salvadoreños de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y de Defensa, Francis Merino Monroy.

En uno de los salones de CECOT, explicaron a la presidenta y a su delegación el diseño de la infraestructura, los protocolos de vigilancia y los mecanismos para aislar a los miembros de las pandillas.

La reunión abordó una agenda destinada a profundizar el intercambio técnico entre las dos naciones, y los debates se centraron en la transferencia de conocimientos especializados en seguridad ciudadana, seguridad digital y la modernización de los servicios estatales, según un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia salvadoreña.

Fujimori elogió los esfuerzos de seguridad emprendidos por la administración de Bukele, calificándolos de "modelo exitoso, un modelo muy útil".

“Como es de dominio público, Perú también enfrentó desafíos históricos en la década de 1980 y principios de la de 1990, al tener que lidiar con dos importantes grupos terroristas”, señaló durante la reunión con los funcionarios salvadoreños.

Más de 90.000 personas han sido encarceladas en El Salvador bajo el estado de excepción , una medida de emergencia que entró en vigor en marzo de 2022 y que suspende ciertos derechos constitucionales para combatir a las pandillas. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que han documentado miles de casos de detenciones arbitrarias.

Este país centroamericano tiene actualmente la tasa de encarcelamiento per cápita más alta, con aproximadamente el 1,5% de su población tras las rejas.

El CECOT abrió sus puertas en 2023 y tiene capacidad para albergar hasta 40 000 reclusos. Captó la atención internacional en 2025 cuando más de 250 venezolanos y algunos salvadoreños, entre ellos Kilmar Abrego García, fueron enviados allí. Posteriormente fueron liberados y denuncian haber sido golpeados y torturados.

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Por  MARCOS ALEMAN

(Foto AP/Salvador Meléndez)

KABUL (AP) — Desde su cama pediátrica en el hospital, la niña de 3 años recorrió la habitación con sus ojos de color verde grisáceo, pero su cuerpo estaba inerte.

Su madre estaba sentada junto a la cama, sollozando en silencio. Hace apenas unos meses perdió a Khadija, su hija de 5 años, a causa del mismo padecimiento: desnutrición.

Ambas niñas presentaron los mismos síntomas: extremidades delgadas, pero manos, pies y abdomen hinchados, indicios de un tipo grave de desnutrición provocado por la falta de proteínas. Ahora a Malika, de 25 años, le aterra que a Kalsoum, su hija menor, le ocurra lo mismo que a Khadija.

“Me preocupa ella, que pueda morir”, expresó Malika, mientras se enjugaba las lágrimas con su hiyab. “Mi esposo es jornalero. A veces hay trabajo, otras veces no”. Los entre 3 a 4,60 dólares que gana los días que consigue empleo son insuficientes para alimentar a la familia, que también incluye a tres niños pequeños.

Pero el de Kalsoum no es un caso aislado. En la unidad de desnutrición del Instituto Indira Gandhi para la Salud Infantil —el principal hospital pediátrico de Afganistán—, las 20 camas disponibles —el máximo que la institución puede mantener— están ocupadas.

Y en todo Afganistán, el hambre y la desnutrición aumentan de forma alarmante.

La desnutrición alcanza niveles sin precedentes

“Más personas padecen hambre que nunca antes”, le dijo John Aylieff, director en Afganistán del Programa Mundial de Alimentos —organismo internacional que pertenece a Naciones Unidas— a The Associated Press. Refirió que 19 millones de personas —casi el 40% de la población— enfrentarán una situación de hambre aguda en los próximos meses, “el tipo de hambre que pone en peligro la vida”.

Lo más preocupante es que la desnutrición aguda, que resulta mortal si no se trata, se ha disparado.

“La desnutrición aguda ya se encuentra en niveles sin precedentes”, enfatizó Aylieff. “En el próximo año, 5,3 millones de mujeres y niños en este país necesitarán tratamiento para la desnutrición aguda, el tipo de desnutrición que, si no es tratada, conduce con gran rapidez a la muerte”.

Aylieff añadió que esa cifra es 1,3 millones más que en 2022, año en el que la economía de Afganistán cayó en una profunda crisis tras el retiro de la coalición encabezada por Estados Unidos y la toma del poder por parte del Talibán.

La inmensa mayoría son niños, según los datos recogidos en el último informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, o CIF —la autoridad en crisis de hambre a nivel mundial—, publicado el jueves. Los niños, cuyos cuerpos están en desarrollo y, por lo tanto, tienen mayores necesidades nutricionales, son quienes corren mayor riesgo cuando los alimentos escasean.

Crisis superpuestas contribuyen a una espiral de hambre

Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, se ha visto azotado en los últimos años por diversas crisis que se sobreponen entre sí.

El legado de cuatro décadas de guerra se suma al cierre —desde hace un año— de los pasos fronterizos con Pakistán debido a un conflicto latente, lo que ha privado a Afganistán de su principal ruta comercial. A eso se suman el retorno forzado, desde 2023, de más de 5 millones de refugiados afganos procedentes de los vecinos Irán y Pakistán, quienes ejercen presión sobre recursos ya de por sí limitados, y desastres naturales como las sequías, las inundaciones y los terremotos, además de la crisis en Oriente Medio.

La pobreza es el principal motor de la crisis alimentaria, ya que millones de personas simplemente no pueden permitirse comprar alimentos nutritivos. Dado que la crisis en Oriente Medio afecta a las economías de todo el mundo, Afganistán no es una excepción.

“El precio de los alimentos de primera necesidad ha aumentado entre un 10 y un 30%, y son los productos básicos de consumo de los pobres. Así que los pobres están siendo excluidos del mercado a causa de los altos precios”, dijo Aylieff.

Pero uno de los factores más determinantes ha sido el drástico descenso de la ayuda internacional de la que Afganistán depende desde hace tiempo. Tras la toma del poder por el Talibán en 2021, la ayuda extranjera directa se interrumpió casi de la noche a la mañana, lo cual sumió a millones de personas en la pobreza y el hambre.

Seis de cada 7 mujeres y niños desnutridos son rechazados

Los recortes de financiación a las organizaciones humanitarias —incluida la interrupción de la ayuda estadounidense a programas como el de la distribución de comida del PMA— han cortado un salvavidas para millones de personas. El organismo de alimentación de la ONU es el mayor proveedor de asistencia alimentaria en Afganistán, pero actualmente sólo cuenta con el 12% de los fondos que tenía en 2022, expuso Aylieff.

“Nos vemos obligados a rechazar de esos centros de salud a seis de cada siete mujeres y niños que sufren desnutrición aguda, porque sencillamente no tenemos alimentos que ofrecerles para salvar la vida de su hijo”, manifestó Aylieff.

“Eso es, a mi juicio, un escándalo internacional. ... Y el desafío, sumamente desalentador, es que demasiados miembros de la comunidad internacional muestran una indiferencia alarmante ante el sufrimiento de los niños afganos”, agregó.

Un médico clama por financiación

La unidad de desnutrición del hospital Indira Gandhi se encuentra casi siempre al límite de su capacidad. En ocasiones, hay más pacientes que camas, por lo que dos niños deben compartir una misma cama pediátrica, explicó el doctor Mohammad Arif Hassanzai, jefe del departamento de medicina interna del hospital.

“El número de pacientes con desnutrición de grado leve o moderado es extremadamente alto. No obstante, nuestra capacidad actual nos limita a ingresar únicamente casos severos en estas 20 camas”, añadió Hassanzai. “La ayuda que recibimos de los donantes sólo cubre esta capacidad específica, pero si dispusiéramos de más recursos, podríamos atender potencialmente a 60, 70 o incluso hasta a 100 pacientes”.

Los recortes en la financiación provocan dolor e indignación. “Me preocupa profundamente la razón por la cual se ha reducido esta asistencia sanitaria”, señaló. “¿Debe la situación política que atraviesa Afganistán repercutir inevitablemente en los pacientes y provocar que sufran desnutrición e incluso que mueran? La atención sanitaria debería mantenerse siempre al margen de la política... Debo preguntar, como médico: ¿Por qué se ha recortado esta ayuda?”

Una niña es hospitalizada, mientras sus tres hermanos pasan hambre en casa

Unos pisos más arriba de su despacho, en la unidad de desnutrición, Zarmina, de 25 años, sostiene en brazos a su hija Fatma, cuya frente está cubierta con cinta quirúrgica blanca que mantiene en su lugar una sonda nasogástrica para alimentarla. A sus 2 años, Fatma pesa apenas 4,8 kilogramos (10,5 libras), aproximadamente la mitad de lo que se considera un peso saludable.

Zarmina, cuyo esposo es jornalero de la provincia de Logar, refiere que Fatma fue ingresada inicialmente en un hospital de Logar, junto con tres de sus otros cuatro hijos. Todos padecían desnutrición.

No obstante, el estado de salud de Fatma era tan grave que fue trasladada al hospital de Kabul. Su familia tuvo que pedir dinero prestado para costear el viaje.

Doce días después de que ingresó, a Fatma aún se le dificulta ganar peso. Zarmina no está segura cuánto tiempo deberá permanecer en Kabul.

“Estoy aquí, y también me preocupan mis otros hijos”, expresa. Sus otras hijas ya fueron dadas de alta del hospital de Logar y están al cuidado de parientes. Pero la familia vive en una situación de pobreza extrema, y ella no sabe cómo podrán alimentarse.

En otros tiempos, las organizaciones de ayuda humanitaria habrían podido intervenir. Pero los recortes a la financiación hacen que cada vez más y más familias, como la de Zarmina, queden desamparadas.

“La crisis humanitaria en Afganistán no se define tanto por lo que los trabajadores humanitarios pueden hacer, sino, en realidad, por lo que no podemos hacer”, observó Aylieff. “Porque los recortes a la financiación nos impiden poner en marcha la respuesta que necesitamos”.

ELENA BECATOROS Becatoros oversees coverage of southeast Europe for The Associated Press, with frequent assignments to the Middle East and Afghanistan. Based in Athens, Greece, she has worked around the world, including covering war in the Balkans, Iraq, Afghanistan and Ukraine.

POR  ELENA BECATOROS and ABDUL QAHAR AFGHAN

(AP Foto/Siddiqullah Alizai)