BUENOS AIRES (AP) — Los votantes brasileños le han negado a la derecha resurgente de América Latina su premio máximo, al cortar una racha de siete victorias presidenciales conservadoras consecutivas en 18 meses.

El triunfo del actual presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Flávio Bolsonaro el domingo, con el 51,8% de los votos frente al 48,2%, limita el esfuerzo del presidente de Estados Unidos Donald Trump por afianzar su control sobre el hemisferio occidental y consolida al país más poblado de América Latina y su mayor economía como un contrapeso a Washington. Una victoria de Bolsonaro habría dejado a Claudia Sheinbaum, de México, como la única presidenta progresista entre las potencias de la región.

Para el gobierno de Trump, que ha recurrido a aranceles punitivos, sanciones severas y fuerza militar para reafirmar su predominio en la región, la victoria de Lula complica su campaña para sumar a Brasil a su coalición militar contra los cárteles y para obtener acceso preferencial a los minerales críticos del país, según analistas.

Sin embargo, ambos bandos ven motivos para cooperar. Washington quiere acceso al vasto tesoro brasileño de tierras raras para reducir la dependencia de su industria de defensa respecto de China. Lula quiere inversión extranjera y alivio arancelario para los exportadores brasileños.

“Lula es lo suficientemente pragmático como para acordar algún tipo de modus operandi con el gobierno de Trump”, afirmó Will Freeman, investigador de estudios sobre América Latina en el Council on Foreign Relation, y añadió que los aliados de los Bolsonaro en Washington probablemente perderían influencia tras la segunda derrota electoral de la familia. El padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, perdió ante Lula en 2022.

“No estoy seguro de que alguien en el gobierno de Trump, más allá de unas pocas personas, quiera seguir convirtiendo a los Bolsonaro en el tema central de la relación entre Estados Unidos y Brasil”, señaló.

La pieza que le falta a Trump

En gran parte de América Latina, los votantes, hartos del crimen organizado y de la inseguridad económica, han recompensado a candidatos presidenciales que prometen restablecer el orden. Desde Keiko Fujimori en Perú hasta Abelardo de la Espriella en Colombia y José Antonio Kast en Chile, conservadores recién electos han cortejado a Trump mientras toman como referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuya amplia ofensiva contra las pandillas ha reducido drásticamente los homicidios a costa de detenciones masivas y de la suspensión de libertades civiles.

Trump ha reforzado ese giro con respaldos electorales, rescates financieros y millones de dólares en ayuda militar.

“Estados Unidos ciertamente está poniendo el dedo en la balanza para tratar de ayudar a los elementos de derecha más duros en la región”, comentó Kenneth Roberts, profesor de gobierno en la Universidad de Cornell.

Brasil habría sido la incorporación más trascendental para Washington. Bolsonaro había prometido sumarse a la coalición de seguridad liderada por Estados Unidos “con gran entusiasmo y gran honor”, convirtiendo su alianza con Trump en parte de su discurso ante los votantes.

Lula, en cambio, ha defendido la larga tradición brasileña de no alineamiento, cultivando vínculos con potencias rivales. Su gobierno profundizó los lazos comerciales con China y buscó mayor influencia global a través de los BRICS, un grupo de economías emergentes.

El apoyo contundente de Trump a los Bolsonaro reforzó ese mensaje. Los aranceles de dos dígitos que impuso a una serie de productos brasileños para castigar a Brasil por procesar al expresidente Jair Bolsonaro por un plan golpista para derrocar a Lula provocaron una reacción nacionalista que el líder izquierdista canalizó en el grito de movilización “Brasil pertenece a los brasileños”.

“En la medida en que la superpotencia regional se convierte en una amenaza para las instituciones democráticas de Brasil, defender la soberanía nacional brasileña también se convierte en una forma de defender la democracia brasileña”, sostuvo Roberts.

Las líneas rojas de Lula

Brasil se resistió a sumarse al Escudo de las Américas, una coalición militar liderada por Estados Unidos que apunta contra los cárteles.

Cuando Washington en mayo designó a las dos mayores facciones criminales de Brasil —el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho— como organizaciones terroristas, Lula advirtió que esas etiquetas podrían convertirse en un pretexto para una intervención estadounidense.

“No aceptamos que nos traten como niños”, declaró tras el anuncio. Sobre las pandillas, agregó: “Las combatiremos aquí, en casa”.

Los países situados a lo largo de las principales rutas hacia el norte del tráfico de cocaína y de migrantes, muchos de ellos muy dependientes del mercado estadounidense, han sido más complacientes. En Ecuador, tropas de Estados Unidos se han sumado a la policía local en redadas contra presuntas redes de narcotráfico en las llanuras costeras. Honduras, Guatemala y Colombia también han aceptado operaciones militares conjuntas, según ha dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aunque el gobierno de Guatemala lo ha negado.

Brian Winter, analista veterano de América Latina y editor en jefe de Americas Quarterly, una revista de política pública, indicó que “Brasil no es Honduras. Es un país grande, con una historia muy independiente y unas fuerzas armadas que no verían con buenos ojos tropas extranjeras en su propio territorio”. Y añadió: “El gobierno de Trump tendrá que moverse con cuidado aquí”.

Washington también podría tener menos motivos para presionar a Lula en materia de cooperación militar. La mayor parte de la cocaína que pasa por Brasil se consume en el país o se envía a Europa y África, en lugar de a Estados Unidos.

En cuanto a minerales críticos, Lula quiere que Brasil controle sus recursos y preserve su libertad de vender más allá de Estados Unidos.

Brasil posee las segundas mayores reservas conocidas de tierras raras del mundo, utilizadas en potentes imanes para misiles guiados, teléfonos inteligentes, turbinas eólicas y vehículos eléctricos.

El mes pasado, USA Rare Earth, en la que el gobierno de Estados Unidos tiene participación, completó la adquisición de Serra Verde por 2.800 millones de dólares, la empresa brasileña propietaria de una de las pocas minas fuera de Asia que produce las cuatro tierras raras necesarias para esos imanes. Alarmado por la expansión del papel de Estados Unidos, el gobierno de Lula aceleró una legislación que endurece la supervisión de los minerales críticos.

“Revisar el acuerdo Serra Verde–USA Rare Earth quizá no sea lo primero que haga Lula cuando sea reelegido, pero lo tiene en el radar”, señaló Monica de Bolle, investigadora principal del Peterson Institute for International Economics.

Brasil también produce alrededor del 90% del niobio mundial, un elemento crítico para motores de aviones, cohetes y otros equipos militares, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Cualquier restricción brasileña a las exportaciones podría alterar las cadenas de suministro de los fabricantes de defensa estadounidenses.

“Brasil tiene margen de maniobra”, afirmó de Bolle. “Con Lula, Estados Unidos pisa terreno más inestable”.

Compromiso en casa y en el exterior

Pese a sus declaraciones públicas desafiantes, Lula ha buscado la paz con Trump. Su visita a la Casa Blanca en mayo para hablar de comercio, crimen organizado y minerales críticos debilitó la afirmación de los Bolsonaro de que solo ellos podían tratar con Washington.

Sin duda se avecinan más negociaciones con Trump por los aranceles y con el Congreso de Brasil, donde los conservadores ampliaron sus filas en las elecciones del 4 de octubre, privando a Lula del respaldo que necesita para impulsar reformas significativas. Tras tres mandatos anteriores, Lula se enfrenta a votantes impacientes por calles más seguras y alivio ante el alto costo de vida.

“Lula tiene las manos atadas”, señaló Guilherme Casarões, profesor asociado de estudios brasileños en la Universidad Internacional de Florida. “Prácticamente todo lo que ha intentado hacer ha sido bloqueado en el Congreso”.

En toda América Latina, las coaliciones que se unieron contra un adversario común a menudo se han fragmentado a medida que se imponen las realidades de gobernar. Los nuevos aliados de Trump ya están perdiendo apoyo en Chile, Bolivia y Perú, lo que sugiere que el giro a la derecha de la región podría ser menos duradero de lo que parece. Lula desafió la tendencia contra los oficialismos, pero su respaldo podría evaporarse rápidamente mientras negocia con adversarios —en el Congreso y más allá de las fronteras de Brasil— para ofrecer los resultados que los votantes esperan.

El periodista de The Associated Press Mauricio Savarese en Sao Paulo contribuyó a este reportaje.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

ISABEL DEBRE writes about Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay and Uruguay for The Associated Press, based in Buenos Aires. Before moving to South America in 2024, she covered the Middle East reporting from Jerusalem, Cairo and Dubai.

 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El plan del presidente salvadoreño Nayib Bukele de liberar a algunos presos detenidos durante la represión masiva de su gobierno contra presuntos miembros de pandillas ha frustrado a las familias que dicen que sus parientes fueron detenidos injustamente.

Las familias afirman que el plan no logra exonerar por completo a quienes fueron arrestados o condenados injustamente ni proporcionar una compensación por las consecuencias psicológicas y económicas de su encarcelamiento.

“Lo que queremos como familiares es que se siga el debido proceso, como debieron haberlo hecho desde el principio, y que se revise cada caso”, dijo Liliana de Reyes, miembro del colectivo Madres por la Libertad, que aboga por la liberación de sus familiares.

Su esposo, Israel Reyes, fue declarado culpable en julio en un juicio masivo contra cientos de presuntos pandilleros, un proceso que, según organizaciones de derechos humanos, violó las garantías procesales. Su hijo, Merlon Urias, está a la espera de juicio. Ambos están acusados ​​de "asociación ilícita", un término genérico que engloba a cualquier persona presuntamente vinculada a pandillas. De Reyes insiste en su inocencia.

Muchas familias no han tenido contacto con sus parientes encarcelados.

Bukele declaró en una rueda de prensa la semana pasada que su gobierno estaba trabajando en un plan que podría conducir a la liberación de hasta el 50% de las más de 90.000 personas detenidas en virtud del estado de excepción del país , una medida de emergencia que suspende ciertos derechos constitucionales para combatir a las bandas criminales.

Desde que la medida entró en vigor en marzo de 2022 como parte de una ofensiva contra las dos pandillas predominantes del país, la MS-13 y Barrio 18, la tasa de encarcelamiento de El Salvador se ha disparado hasta convertirse en la más alta del mundo, con aproximadamente el 1,5% de su población tras las rejas.

Bukele ha defendido las detenciones masivas como necesarias para mejorar la seguridad pública, y la represión ha contado con un amplio apoyo entre los salvadoreños. Los homicidios alcanzaron un máximo de 103 por cada 100 000 habitantes en 2015 y se situaron en 53 por cada 100 000 en 2018, el año anterior a la llegada de Bukele al poder. Esta cifra se redujo drásticamente a 1,3 por cada 100 000 en 2025, aunque los expertos señalan que los datos podrían estar sesgados debido a que el gobierno ha restringido su definición de homicidio.

El presidente dijo que los despidos se centrarían en los "colaboradores" de pandillas, un término general para las personas que ayudan a una pandilla de alguna manera pero que no son miembros iniciados.

Días después, Bukele aclaró que su gobierno estaba analizando más de 10.000 casos de presuntos colaboradores de pandillas para una posible liberación condicional. La mitad de ellos podrían ser elegibles para un programa conocido como "Cero Ocio", o "Cero Ocio", en el que los presos realizan servicio comunitario para reducir sus condenas, dijo.

La oficina de Bukele no respondió a la solicitud de comentarios sobre las críticas al plan.

Desde que comenzó la represión, grupos de derechos humanos han documentado miles de casos de arrestos arbitrarios. Afirman que la precipitación con la que se llevaron a cabo los arrestos masivos y el sistema de cuotas para las autoridades provocaron que algunas personas sin ninguna relación con las pandillas fueran encarceladas injustamente. Entre los derechos que siguen suspendidos se encuentran el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el acceso a asistencia letrada y el derecho de visita.

Muchas familias no han tenido contacto con sus parientes, lo que les genera incertidumbre sobre si siguen con vida. Al menos 564 personas han muerto bajo custodia estatal, según la organización salvadoreña de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario.

Las familias exigen que se reconozca la inocencia y se les indemnice.

Para los familiares que luchan por la liberación de sus seres queridos, cualquier cosa que no sea una exoneración total es inaceptable.

“Mi hijo no tiene por qué asumir ninguna culpa, porque no la tiene”, declaró Natalia Funes de Claros, cuyo hijo, Óscar Orlando Rodríguez Funes, de 41 años, fue arrestado por presunta asociación ilícita en junio de 2022 y aún espera juicio. “Mi hijo es 100% inocente”.

Funes de Claros, de 62 años, dijo que no ha tenido noticias de su hijo desde que le confiscaron el celular tras su arresto. Le preocupa que lo presionen para que confiese su culpabilidad y así lo liberen, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para él en El Salvador, incluyendo la disminución de sus posibilidades de encontrar trabajo.

Hizo un llamamiento al gobierno para que indemnice a familias como la suya por el trauma que han sufrido.

Funes de Claros vive como si su hijo estuviera muerto, según cuenta. El impacto en su salud física y mental ha sido devastador.

Poco antes de su arresto, su hijo le dijo que estaba saliendo con alguien y que ella estaba embarazada, pero Funes de Claros no sabe cómo contactarla, así que desconoce si tiene un nieto. Como exagricultora cuyo cuerpo ya no puede soportar el trabajo extenuante, ha intentado reunir 100 dólares al mes para enviarle a su hijo un paquete con alimentos básicos y productos de higiene, ya que el gobierno no proporciona lo suficiente.

“El gobierno tiene que pagar por lo que ha hecho”, dijo Funes de Claros.

Para Arely Martínez, de 41 años, el arresto de sus dos hermanos por presunta asociación ilícita ha afectado a toda la familia. La hija de uno de ellos nació mientras él estaba encarcelado y lo busca constantemente. Su padre falleció mientras David y Neftalí Martínez estaban en prisión. Nunca pudieron despedirse. Su hijo intentó ingresar al ejército, pero no pudo pasar la verificación de antecedentes debido al arresto de sus tíos.

Martínez criticó el anuncio de Bukele por sugerir que incluso aquellos que podrían ser liberados son culpables. Sus hermanos aún esperan juicio.

“Como madres, hermanas y esposas, todas nos sentimos fatal por esto porque cuando habla de liberarlas condicionalmente, es como si las estuviera condenando y eso no está bien”, dijo Martínez.

Aun así, espera que sus hermanos sean liberados pronto.

“Tengo fe”, dijo. “Sé que mis hermanos son inocentes y que Dios los sacará de allí”.

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Por  ANNA-CATHERINE BRIGIDA

(Foto AP/Moises Castillo, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un exfiscal general del estado mexicano podría enfrentar un juicio por traición por acusaciones de que lanzó ilegalmente una operación conjunta con la CIA sin informar al gobierno federal.

La operación para desmantelar un laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua, en el norte de México , en abril, atrajo la atención pública después de que dos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales murieran en un accidente automovilístico cuando regresaban.

Esto generó interrogantes sobre las acciones del gobierno de Trump en territorio mexicano e indignó a la presidenta Claudia Sheinbaum , quien ha hecho de la defensa de la soberanía nacional un pilar fundamental de su administración. El fiscal de distrito estatal, César Jáuregui, renunció, afirmando que quería facilitar la investigación de la operación.

Fue arrestado el 17 de octubre por cargos estatales de ejercicio ilegal de un cargo público, los cuales, según dictaminó un juez el jueves, pueden ser llevados a juicio. Posteriormente, las autoridades federales añadieron el cargo de traición, y un juez federal decidirá el sábado si admite la acusación formal.

México ha colaborado durante mucho tiempo con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, pero esto ha generado temores de que las agencias estadounidenses no respeten la soberanía del país. Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, impulsaron cambios legislativos para impedir que agencias extranjeras operen en México sin el consentimiento del gobierno federal.

Jáuregui se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.

Héctor Villasana, uno de los abogados defensores de Jáuregui, dijo que los fiscales federales informaron al tribunal en una audiencia a puerta cerrada esta semana que buscaban un castigo ejemplar para evitar una situación como la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos .

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Associated Press que está al tanto del caso de Jáuregui y que lo está siguiendo de cerca, pero no estableció ninguna relación entre el caso y las muertes relacionadas con la CIA.

Así fue como un accidente de tráfico en las montañas de Chihuahua derivó en una acusación de traición, un delito que México no ha logrado llevar a juicio en décadas a pesar de un intento reciente.

Un accidente en las montañas de Chihuahua

El 19 de abril, la Fiscalía General de Chihuahua informó del desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, en la sierra de ese estado. En el regreso, un vehículo del convoy se salió de la carretera y cayó a una quebrada. Dos agentes estatales y dos estadounidenses perdieron la vida.

El Gabinete Federal de Seguridad informó del desmantelamiento de laboratorios en el lugar durante una operación conjunta de la fiscalía estatal y el ejército, pero no proporcionó detalles.

La operación concluyó sin detenciones porque los delincuentes huyeron.

La traición es un delito difícil de probar con connotaciones políticas.

Según la Fiscalía Federal, Jáuregui puso en peligro la seguridad nacional al autorizar la participación de agentes estadounidenses en la operación de campo, una decisión que solo el gobierno federal puede tomar. Los expertos afirman que se trata de una decisión política de cara a las elecciones intermedias mexicanas de 2027.

El delito conlleva una pena de entre 5 y 40 años de prisión, pero es muy difícil de probar.

Samuel González, exfiscal jefe para el crimen organizado y analista, afirmó que Jáuregui pudo haber incumplido sus obligaciones al no informar al gobierno federal o al permitir que los agentes extranjeros portaran armas en violación de la ley. Sin embargo, “incluso si ese fuera el caso, no constituiría traición”, un delito de guerra.

Luis Villegas, excoordinador de la defensa de la fiscalía, afirmó que era inaceptable que la fiscalía federal comparara la presencia de los agentes con una "invasión" extranjera.

Carlos Pérez Ricart, profesor de la universidad mexicana CIDE y autor del libro “Cien años de espías y drogas”, afirmó que, incluso si el caso finalmente se desestima, su impacto público será enorme.

Trump ha afirmado repetidamente que México no está haciendo lo suficiente contra los cárteles. Los opositores de Sheinbaum, incluido el gobernante Partido Acción Nacional de Chihuahua, han declarado que ella dirige un “narcogobierno”.

Pérez Ricart afirmó que el caso podría hacer retroceder la lucha del país contra las drogas y el crimen organizado porque “envía una señal muy negativa a Washington”, mientras que el debate debería centrarse en una “mayor o mejor” colaboración con Estados Unidos.

Contradicciones oficiales sobre el papel de los agentes.

Villegas afirmó que los dos estadounidenses fallecidos eran funcionarios que impartían capacitación relacionada con inteligencia y drones. El embajador estadounidense Ronald Johnson se limitó a decir que eran "personal de la embajada". Posteriormente, la AP confirmó que se trataba de agentes de la CIA .

Según el equipo de defensa de Jáuregui, la fiscalía federal afirmó que los agentes eran cercanos a la persona que dirigió la operación, el jefe de investigaciones de Chihuahua, quien fue uno de los dos mexicanos fallecidos.

El día de la operación, otros dos agentes estadounidenses viajaban en el convoy en otro vehículo y posteriormente fueron expulsados ​​del país. El presidente afirmó que ninguno de ellos tenía autorización para operar en México y que las fuerzas armadas desconocían la presencia de los extranjeros.

Al día siguiente, Sheinbaum afirmó desconocer la operación. Jáuregui aclaró que los estadounidenses se habían unido al grupo posteriormente.

Presencia histórica de agencias estadounidenses en México

La presencia de agencias estadounidenses en México ha sido constante durante décadas, si bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) limitó sus actividades, y Sheinbaum enmendó la Constitución para prohibir las operaciones sobre el terreno sin la autorización y cooperación expresas del gobierno mexicano. La ley no permite que los miembros de las agencias estadounidenses porten armas.

Ricart, el profesor, afirmó que, más allá de las relaciones oficiales, siempre ha habido agentes antidrogas involucrados en operaciones de este tipo, "a menudo sin el conocimiento del gobierno federal".

“Estas acciones ocurren, han ocurrido y seguirán ocurriendo porque se basan en la confianza que Estados Unidos deposita en los funcionarios estatales o locales y facilitan la colaboración continua”, afirmó.

“Sin embargo, al no existir reglas claras, esto puede dar lugar a abusos.”

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MARÍA VERZA se ha centrado en historias de inmigración, violencia y derechos humanos en México y Centroamérica durante más de una década.

(Foto AP/Fernando Llano, archivo)

SAN SALVADOR (AP) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el miércoles el lanzamiento de una operación militar para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños secuestrados por bandas criminales en Haití, y advirtió de una respuesta más contundente si no son liberados con vida e ilesos.

Tres días antes, bandas criminales en Haití abrieron fuego contra un vehículo blindado, en el primer ataque importante desde que una fuerza internacional de represión de pandillas comenzó a operar en el país caribeño asolado por la violencia . Los cuatro soldados salvadoreños permanecen desaparecidos desde que huyeron del vehículo en llamas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, Puerto Príncipe.

Dirigiéndose a los líderes de las pandillas haitianas, Bukele exigió que devolvieran a los salvadoreños "vivos e ilesos" y advirtió que, si lo hacían, "todo volvería a ser como antes del secuestro". De lo contrario, el líder salvadoreño —quien atrajo la atención internacional por su polémica guerra contra las pandillas de su propio país— afirmó que esto daría lugar a una operación aún más poderosa.

“El ataque de hoy no es nada comparado con lo que se avecina si no liberan con vida a los cuatro rehenes. Y no tomen nuestras palabras como meras amenazas”, escribió en la plataforma de redes sociales X.

No quedó claro de inmediato si Bukele tenía la intención de que las fuerzas de seguridad salvadoreñas, haitianas o internacionales llevaran a cabo alguna otra acción en la zona.

En su publicación, el líder salvadoreño compartió un video de vehículos blindados con ventanas destrozadas circulando entre columnas de humo.

El gobierno de Haití emitió un comunicado de prensa el miércoles por la noche en el que afirmaba que el "secuestro" de los técnicos de aviación era una "prioridad absoluta".

Se señaló que se celebró una reunión en la oficina del primer ministro "para evaluar las intervenciones en curso y determinar las medidas necesarias para reforzar las operaciones, en estrecha colaboración con la Fuerza de Represión de Pandillas".

“La liberación de los soldados secuestrados es una prioridad absoluta, y se están movilizando todos los recursos necesarios para lograr este objetivo”, declaró el gobierno.

No quedó claro de inmediato si las autoridades haitianas recibieron confirmación de que los soldados salvadoreños están vivos.

Un portavoz del cuerpo de lucha contra las pandillas no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban detalles.

Bukele afirmó que los cuatro hombres son técnicos de aviación y que la misión salvadoreña en Haití "está compuesta únicamente por pilotos y personal técnico" cuyo trabajo principal es llevar a cabo evacuaciones médicas, "no librar una guerra".

La fuerza respaldada por la ONU continúa combatiendo a las pandillas en la comunidad donde ocurrió el ataque del domingo, y advierte a los residentes de la zona que permanezcan en sus casas.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque contra las tropas salvadoreñas, que se produce mientras Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década. Además, pone de manifiesto el poder de las bandas criminales que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe.

El Salvador se encuentra entre varios países, incluidos Chad, Jamaica y Guatemala, que forman parte de una fuerza de represión de pandillas con más de 2.000 efectivos desplegados en Haití.

En 2025, la ONU aprobó inicialmente el envío a Haití de hasta 5.550 efectivos de seguridad y más de 50 civiles para desmantelar las bandas armadas.

A principios de octubre, El Salvador promulgó una ley que extiende por un año la participación de sus fuerzas armadas en la misión. La ley también autoriza a la misión a "desplegar personal civil y militar según las necesidades de la misma", ampliando su función más allá de las evacuaciones médicas, tal como se estipulaba en el decreto anterior.

La fuerza multinacional recibió una prórroga de al menos seis meses, hasta marzo de 2027, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

La violencia de las pandillas ha desplazado a casi 1,5 millones de personas en Haití en los últimos años, con más de 5.700 personas muertas o heridas entre enero y mediados de septiembre y más de 230 personas secuestradas, según las Naciones Unidas.

La zona donde fue atacado el vehículo blindado está controlada por bandas como Chèn Méchan; Kraze Barye, liderada por Vitelhomme Innocent; y 400 Mawozo, liderada por Lanmo Sanjou. Ambos líderes de banda han sido sancionados por la ONU y Estados Unidos.

La periodista de Associated Press, Dánica Coto, contribuyó desde Puerto Rico.

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Por  YOLANDA MAGAÑA

(Foto AP/Odelyn Joseph)