BOGOTÁ (AP) — Cuando fervorosas seguidoras se acercaron a Abelardo de la Espriella para pedirle una fotografía, él les agradeció por ponerle “una raya a El Tigre”, el animal que adoptó como apodo y que se ha convertido en el símbolo de su campaña a la presidencia de Colombia.
La ferocidad de ese felino es la que promete utilizar para combatir a los grupos armados ilegales y los narcotraficantes que azotan al país.
“Al narcoterrorismo, a quienes he sentenciado y los he declarado objetivo militar, los voy a acabar como unas cucarachas, como unas ratas. Voy a hacer caer sobre ellos la ira de Dios como nunca antes se ha visto”, aseguró De la Espriella en entrevista con The Associated Press en la recta final de la campaña.
De estilo frontal, De la Espriella decidió que su primera aspiración electoral fuera por el cargo más importante del país. Asegura que su campaña se financió con el dinero que ha acumulado en su carrera de abogado y luego como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa y se describe como un candidato independiente.
De la Espriella, de 47 años, se hizo un nombre como abogado defendiendo clientes de alto perfil como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y también polémicos como Alex Saab, un aliado cercano del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrenta problemas con la justicia estadounidense y a quien dejó de representar hace aproximadamente siete años.
Férreo opositor
De la Espriella asegura que Colombia está en sus “horas más oscuras” bajo el mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia del país.
Su postura crítica al gobierno le ha valido la simpatía de sectores opositores como la reserva militar y los uribistas —la corriente del expresidente Uribe— que ven en su figura la representación de los valores conservadores que defienden.
“Representa devolvernos la seguridad a nosotros y rescatarnos de las garras del comunismo que nos tiene azotados, devolver a las aulas a Dios, devolver la seguridad de que los niños no vuelvan a ser adoctrinados”, dijo a AP Lucila Poveda, una de sus seguidoras.
De la Espriella recogió miles de firmas de ciudadanos que apoyaron su candidatura por el movimiento Defensores de la Patria y rechazó el apoyo explícito de los partidos tradicionales.
Simpatía por Bukele, Trump y Milei
De la Espriella dijo a AP que es ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. En marzo se reunió en Miami con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y la representante republicana María Elvira Salazar.
“Hablamos de la cooperación internacional, de la necesidad de estrechar los vínculos y de resolver todo tan pronto se vaya este nefasto gobierno de Petro”, detalló el candidato, quien asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca.
Petro ha tenido una relación tensa con el gobierno estadounidense desde la vuelta al poder de Donald Trump por diferencias en temas de migración, seguridad regional y lucha antinarcóticos, la cual mejoró luego de un encuentro en la Casa Blanca en febrero.
De la Espriella aseguró que adhiere a la política antidrogas de Trump, incluyendo los bombardeos a embarcaciones que presuntamente trafican drogas.
“Lancha que salga cargada de droga voy a dar la orden de que la hundan con la gente que vaya adentro”, sentenció De la Espriella.
Además, es vocal en su simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, de quienes dice tomaría algunas de sus políticas como referencia.
“Me gusta mucho el tema de las cárceles y la seguridad del presidente Bukele, haciendo la salvedad que son dos países muy distintos, con conflictos y situaciones muy diferentes”, explicó De la Espriella. “Me gustan del presidente Milei algunos de sus manejos económicos, ha reducido sustancialmente la inflación”, agregó.
Sin embargo, dice que será un “líder original” y no una copia de otros políticos.
De la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero se crió en la costa Caribe. Es hijo de María Eugenia Otero Aldana y del abogado Abelardo de la Espriella Juris, simpatizante del uribismo. Se casó con la empresaria Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos.
El candidato se precia de tener una vida lujosa y sosegada en Italia, donde vivía hasta antes de ser candidato, que cambió por “servirle a la patria” y que le ha costado vivir rodeado de escoltas y vestir chalecos antibalas por amenazas contra su vida denunciadas en la campaña.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, negó el jueves la existencia de un acuerdo con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico en territorio guatemalteco.
Estas declaraciones se producen después de que The New York Times informara de que la nación centroamericana acordó llevar a cabo ataques conjuntos.
Este caso es el más reciente de una serie de tensiones entre la administración Trump y los gobiernos latinoamericanos que buscan lograr un equilibrio entre la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el mantenimiento de la soberanía.
“No existe ningún acuerdo. Se trata de una solicitud que se enmarca dentro de los acuerdos vigentes en varios países”, declaró Arévalo en una rueda de prensa.
“Lo que estamos firmando son tipos de colaboración que ya se venían dando en el pasado. Llevamos a cabo interceptaciones marítimas en las que Estados Unidos ha colaborado con capacitación, desarrollo de capacidades y equipamiento”, dijo Arévalo.
Afirmó que las acciones del gobierno están en conformidad con la ley guatemalteca y la Constitución.
“El único organismo que puede autorizar operaciones con soldados en territorio guatemalteco es el Congreso de la República. El gobierno guatemalteco no solicita esta cooperación ni tiene planes de hacerlo”, declaró el presidente.
Al ser preguntado sobre el supuesto acuerdo, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, dijo que no podía "especular sobre operaciones futuras ni hablar de asuntos de seguridad operativa", pero enfatizó que el Departamento de Guerra trabaja con socios en la región para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
El gobierno guatemalteco también publicó un comunicado de prensa y dos cartas en las que su ministro de Defensa analiza las operaciones militares conjuntas en virtud de acuerdos preexistentes con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
La muerte en abril de dos agentes de la CIA en el norte de México, tras una operación para destruir un laboratorio de drogas, puso de manifiesto la presencia de agentes estadounidenses en Latinoamérica y suscitó interrogantes sobre la creciente implicación de Estados Unidos en la región. En los días posteriores, las autoridades mexicanas ofrecieron versiones contradictorias sobre la cantidad de información que el país poseía respecto a la participación de los agentes de la CIA.
El gobierno mexicano reconoce la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, pero afirma que no pueden participar en operaciones sobre el terreno.
Ben Finley, desde Washington D.C., contribuyó a este informe.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia elegirá un nuevo presidente y vicepresidente el 31 de mayo en una votación que se ha planteado como un referéndum sobre las políticas del presidente saliente, Gustavo Petro .
Petro, de 66 años y exmiembro del grupo guerrillero colombiano M-19, que luchó por la justicia social en las décadas de 1970 y 1980, ha emprendido controvertidas negociaciones de paz con los grupos rebeldes que aún existen en el país, al tiempo que impulsa reformas sociales y económicas que incluyen una revisión completa de las leyes laborales de la nación.
También se ha desmarcado de los anteriores líderes colombianos en su enfoque de las relaciones exteriores al desafiar a Estados Unidos en áreas como la política antidrogas y la inmigración, al tiempo que mantiene cierta cooperación con la administración Trump en estos asuntos.
El destino de estas políticas pende de un hilo mientras los votantes acuden a las urnas, poniendo a prueba la afirmación de Petro de que "el pueblo decidirá si la revolución es derrotada o si avanza".
Esto es lo que debes saber sobre las elecciones presidenciales de Colombia.
De un grupo de 14 candidatos, tres emergen.
Habrá 14 candidatos en la papeleta, pero la elección se ha convertido básicamente en una carrera entre tres aspirantes.
La Constitución colombiana impide que Petro se presente a la reelección. Su partido, el Pacto Histórico, estará representado por Iván Cepeda, de 63 años, senador durante tres legislaturas y conocido por defender a las víctimas de crímenes de Estado durante el conflicto que azotó Colombia hace décadas.
Uno de los principales rivales de Cepeda es Abelardo de la Espriella, de 47 años, un abogado extravagante apodado "El Tigre", que se presenta como independiente y se ha posicionado como un ajeno al sistema. Afirma que se postula a la presidencia sin el apoyo de ninguno de los principales partidos políticos del país.
Entre los clientes de alto perfil de De la Espriella se incluyen empresarios acusados de lavado de dinero, una trabajadora sexual que denunció la conducta ilegal de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y una sobreviviente de un ataque con ácido cuyo caso inspiró una legislación que penaliza severamente este tipo de ataques, que generalmente se perpetran contra mujeres.
Otra candidata con considerable apoyo es Paloma Valencia, de 48 años, senadora del Centro Democrático, partido liderado por el influyente expresidente Álvaro Uribe . La campaña de Valencia cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales del país y de economistas preocupados por el creciente nivel de deuda bajo la administración de Petro, quienes desean que Colombia retome políticas más ortodoxas.
Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio entre los dos candidatos más votados.
Conflicto en torno a la idea de reescribir la constitución.
Cepeda ha prometido reforzar las reformas económicas impulsadas por Petro, que incluyen importantes aumentos del salario mínimo nacional, entre ellos un incremento del 23% este año, y mayores impuestos sobre el patrimonio y los ingresos empresariales.
El senador también ha dicho que continuará impulsando las negociaciones de paz con los grupos rebeldes que aún quedan en el país, al tiempo que fomenta el desarrollo del campo colombiano mediante la concesión de préstamos a pequeños agricultores a través de un banco estatal.
Cepeda ha declarado que buscará un “acuerdo nacional” para impulsar las reformas. Sin embargo, también ha afirmado que, de no alcanzarse un acuerdo, convocará una asamblea constituyente, un mecanismo mediante el cual Colombia podría reescribir su constitución. Los críticos argumentan que esto representaría una amenaza para la democracia colombiana al socavar la independencia del Congreso y del poder judicial.
Valencia y De la Espriella se oponen firmemente a la reforma constitucional del país. Estos candidatos también han declarado que suspenderán las conversaciones de paz con los grupos rebeldes y los enfrentarán con mayor contundencia.
Ambos también han prometido reducir los impuestos a las empresas y facilitar las inversiones en petróleo y gas que fueron bloqueadas durante la administración de Petro.
De la Espriella ha prometido reducir el gasto estatal hasta en un 40% durante los próximos cuatro años y desmantelar varias agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Igualdad, una agencia creada bajo el mandato de Petro para combatir la discriminación de las minorías étnicas y promover la inclusión económica de los grupos desfavorecidos.
El electorado incluye 1,2 millones de personas en el extranjero.
Hay más de 41,2 millones de votantes registrados, incluyendo 1,2 millones de personas que viven en el extranjero. Esto la convierte en la tercera elección presidencial más grande de América Latina, después de Brasil y México . El voto no es obligatorio.
Más de la mitad de los colombianos inscritos para votar en el extranjero residen en tres países: Estados Unidos, España y Venezuela. En las últimas elecciones presidenciales de 2022, el 59% de los colombianos inscritos en el extranjero emitieron su voto, según la Oficina Nacional de Registro Electoral.
En 2022, 21,3 millones de votantes emitieron su voto en la primera ronda de las elecciones presidenciales, y 22,6 millones de personas participaron en la segunda vuelta, según la Oficina del Registro Nacional.
Situación de seguridad en Colombia
Un acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condujo a la desmovilización de más de 13.000 combatientes.
Sin embargo, varios grupos criminales no participaron en el acuerdo y algunos excomandantes de las FARC también regresaron al conflicto tras haberse retirado durante algunos años. Desde la firma del acuerdo de paz, algunos grupos minoritarios se han enfrentado por zonas rurales que antes estaban bajo control de las FARC.
La administración Petro ha intentado entablar conversaciones de paz con estos grupos y les ha concedido varios ceses del fuego como incentivo para que continúen las negociaciones.
Pero los críticos afirman que estos grupos rebeldes han utilizado las conversaciones de paz para reagruparse, rearmarse y reforzar su control sobre las comunidades donde extorsionan a las empresas y se lucran con economías ilegales, como el tráfico de cocaína.
Según la Cruz Roja, el impacto humanitario del conflicto armado en Colombia alcanzó el año pasado su peor nivel en una década, con una cifra de desplazados que se duplicó en 2025, llegando a 225.000 personas. La Cruz Roja también señaló que en 2025 hubo 965 personas muertas o heridas por artefactos explosivos, incluyendo minas terrestres y drones, un 33% más que el año anterior.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Hace menos de seis meses, la toma de posesión del presidente centrista Rodrigo Paz parecía anunciar una nueva realidad para los bolivianos, que se recuperaban de la peor crisis económica en una generación y estaban hartos de dos décadas de liderazgo socialista casi ininterrumpido.
Las largas filas en las gasolineras desaparecieron cuando Paz, defensor de los intereses empresariales, aseguró las importaciones de combustible. La moneda boliviana, crónicamente depreciada, se disparó en el mercado negro mientras los mercados bursátiles se desplomaban ante su plan para reducir el déficit presupuestario. Tras años de aislamiento diplomático , los bolivianos se enorgullecieron de las decenas de delegaciones internacionales que celebraron la toma de posesión de Paz, quien restableció las tensas relaciones con Estados Unidos y las potencias regionales.
Ahora, ese optimismo se ha transformado en temor ante las violentas protestas que sacuden al gobierno del aliado de la administración Trump. Manifestantes armados con dinamita han bloqueado las principales ciudades , provocando escasez de alimentos, combustible y suministros médicos. Los bolivianos indígenas y rurales que apoyaron las promesas de campaña de Paz de transformar el statu quo y proteger el bienestar social le han pedido que renuncie.
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre las protestas que sacuden Bolivia , mientras Paz amenazaba el miércoles con declarar el estado de emergencia, lo que podría allanar el camino para una dura represión de seguridad.
«Si no quieren dialogar... entonces no hay otra opción», dijo refiriéndose a los manifestantes en un discurso a la nación el miércoles, al tiempo que insistió en que prefería negociar. «Tenemos muertes a causa de los bloqueos. Alguien tiene que responder por ello».
Los manifestantes se sienten abandonados por el gobierno de Paz.
Los antiguos partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dominó Bolivia durante mucho tiempo y que ayudó a Paz a llegar al poder , han expresado cada vez más su preocupación por el hecho de que su gobierno no los represente.
Poco después de asumir el cargo, Paz llegó a acuerdos con los partidos de derecha en el Congreso. Marginó al vicepresidente populista, considerado por muchos como el responsable de su éxito electoral.
No nombró a ningún miembro de la mayoría indígena de Bolivia para puestos de alto nivel. Apoyó un proyecto de ley de reforma agraria para impulsar la agroindustria, que según los agricultores indígenas los ponía en riesgo de desalojo. Eliminó los subsidios a los combustibles, lo que provocó un aumento de precios de casi el 90%. Los automovilistas se quejaron de que la gasolina estaba contaminada y dañaba sus autos.
Para mitigar el impacto del aumento de precios derivado de la guerra con Irán, Paz ofreció transferencias de efectivo a familias vulnerables. Aumentó el salario mínimo un 20 %. Derogó la controvertida ley de tierras. Sin embargo, también rechazó las demandas de nuevos aumentos salariales, lo que enfureció al sindicato nacional.
“No es que de un día para otro le pidieran que renunciara”, dijo Mirian Huarina, una de las líderes de las protestas. “Tuvo tiempo para ofrecer una solución a estos problemas y a las demandas de los diferentes sectores sociales”.
Los bloqueos de carreteras han derrocado gobiernos en el pasado.
Debido a una peculiaridad geográfica, las barreras erigidas a lo largo de las laderas que descienden hacia La Paz, la capital de Bolivia, pueden aislar por completo a más de 1,6 millones de habitantes de la ciudad y sus alrededores, lo que representa más del 13% de la población del país.
Los movimientos indígenas han empleado durante mucho tiempo la estrategia del asedio, popularizada durante una rebelión de finales del siglo XVIII contra el colonialismo español.
En 2003 y 2005, manifestantes que bloquearon La Paz en protesta por las intenciones extranjeras sobre las reservas de gas natural de su país derrocaron a dos gobiernos prooccidentales consecutivos, allanando el camino para el ascenso del expresidente Evo Morales , fundador del MAS.
Mientras los bloqueos viales que paralizan La Paz entran en su cuarta semana, miles de camiones cargados con alimentos y otros artículos de primera necesidad, como oxígeno para hospitales, permanecen varados en las carreteras. La carne de res, los huevos y la fruta han desaparecido de los estantes de los supermercados. El pollo subsidiado está siendo transportado a La Paz por vía aérea en aviones militares. El gobierno afirma que al menos cuatro personas han muerto por falta de atención médica; los hospitales siguen funcionando, pero el personal está racionando los suministros y concentrándose en los casos críticos.
Los comerciantes y los trabajadores del transporte que se oponen a las protestas están aumentando la presión sobre Paz para que reabra las carreteras a cualquier precio. Golpeando cacerolas vacías mientras marchaban por el centro el martes, coreaban: “¡Queremos soluciones! ¡No podemos más!”.
Aumenta la presión sobre Paz para que tome medidas enérgicas.
Aunque las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y han arrestado a más de 120 personas, Paz se ha resistido hasta ahora a las peticiones de desplegar mayor fuerza para romper los bloqueos. Consciente de que las muertes de manifestantes a manos de la policía solo pueden exacerbar las tensiones, Paz ha insistido en que el diálogo es la mejor salida a la crisis.
Paz ha ofrecido bonificaciones a los maestros, ha llegado a acuerdos con algunos mineros que protestan y convocó un consejo el miércoles para incluir a los sectores sociales subrepresentados en la toma de decisiones económicas. Redujo su propio salario a la mitad, destituyó a su impopular ministro de Trabajo y nombró para el cargo a un abogado perteneciente a la mayoría indígena del país.
Aumentan las peticiones para que Paz imponga el estado de emergencia, lo que pondría a las fuerzas armadas a cargo de restablecer el orden público durante 60 días. Tras la aprobación el martes por la noche de una ley por parte del Congreso que levanta las restricciones al papel del ejército en la represión de los disturbios civiles, Paz ahora tiene la autoridad constitucional para invocar este poder. Él lo ha descrito como una opción de último recurso.
El expresidente Morales observa desde bambalinas.
Morales, el exlíder sindical que se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en 2006 y gobernó durante 14 años, un periodo sin precedentes, está pidiendo elecciones anticipadas.
“A Paz solo le quedan dos caminos: una decisión suicida como la militarización o... unas elecciones en los próximos 90 días”, escribió en X.
Desde hace casi dos años, Morales se esconde en la región boliviana de Chapare, zona productora de coca, evadiendo una orden de arresto por cargos de trata de personas relacionados con haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 15 años. Él rechaza las acusaciones, calificándolas de políticamente motivadas.
Algunos de los sindicatos y grupos indígenas que se manifiestan contra Paz están aliados con Morales, cuyos intentos de aferrarse al poder más tiempo del que permitía la constitución alienaron a gran parte de su otrora vasta base de apoyo y condujeron a su tensa destitución en 2019 .
Los leales a Morales, manifestantes acérrimos de los sindicatos de cultivadores de coca, se unieron al movimiento de protesta la semana pasada para exigir la renuncia de Paz.
El gobierno de Paz ha acusado a Morales de financiar las manifestaciones, algo que él niega.
Las reacciones globales revelan fisuras políticas.
Los gobiernos aliados de Trump que recientemente llegaron al poder en toda América Latina —desde Argentina y Chile hasta Honduras y Costa Rica— han prometido su apoyo a Paz y han denunciado las protestas como desestabilizadoras.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro —uno de los pocos líderes de izquierda que aún se mantienen en el poder en la región— defendió las protestas como una “lucha por la dignidad latinoamericana”. Bolivia expulsó al embajador colombiano en respuesta.
Estados Unidos ha adoptado una postura inflexible, calificando las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.
“No permitiremos que los criminales y los narcotraficantes derroquen a los líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, declaró la semana pasada el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
La embajada de Estados Unidos en La Paz anunció que permanecería cerrada el miércoles y el jueves debido a los disturbios.
DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
Brayan Rayo Garzón estaba angustiado. Detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , llevaba cuatro días aislado en una cárcel de Misuri luchando contra la fiebre y los escalofríos de la COVID-19.
Según consta en los registros, su solicitud de tratamiento de salud mental se había pospuesto, y el personal le había prohibido a Rayo hacer su llamada nocturna a su madre como medida de precaución para evitar la propagación de la enfermedad.
En notas escritas a mano, les suplicó a sus carceleros que concertaran una conversación con ella. «Siento en mi corazón que está muy preocupada por mí», escribió en español.
Un guardia recogió la nota y se marchó. Según los registros penitenciarios, al cabo de una hora lo encontraron inconsciente en su celda. La autopsia determinó que se había suicidado.
La muerte de Rayo en abril de 2025 fue el primer suicidio en un repunte de casos entre los detenidos por el ICE que ha alarmado a funcionarios de salud pública y expertos en prisiones. Estos afirmaron que el número sin precedentes de suicidios indica que las autoridades no están supervisando adecuadamente la detención de decenas de miles de inmigrantes afectados por la agresiva estrategia de deportación del gobierno de Trump .
Una investigación de Associated Press reveló que al menos 10 detenidos, todos hombres, se han suicidado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025. Este ritmo supera con creces el crecimiento de la población detenida, según un análisis de datos del ICE, informes de autopsias, resoluciones forenses y registros policiales. Desde octubre, siete muertes se han clasificado como suicidios, una cifra que ya representa el mayor número de suicidios registrados en un año fiscal en la historia de la agencia. Habitualmente, el ICE registraba una o ninguna muerte de este tipo al año.
“Algo está fallando profundamente desde cualquier perspectiva de salud pública o salud mental”, dijo el Dr. Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco, coautor de un estudio que documenta el aumento de las tasas de mortalidad y suicidio entre los detenidos por el ICE. “Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes”.
Nueve de las muertes correspondieron a hombres hispanos que habían llegado a Estados Unidos procedentes de cuatro países, según la agencia AP. Uno de los hombres era ciudadano chino. Su edad promedio era de 32 años. Si bien Trump ha calificado a quienes enfrentan la deportación como "lo peor de lo peor", siete de los diez no tenían antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos.
Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes ocurridas bajo custodia del ICE desde enero de 2025. La mayoría de esas muertes fueron por causas naturales y los expertos afirman que muchas de ellas se podrían haber evitado con atención médica oportuna.
La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bies, afirmó que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo "extremadamente raras".
Bies afirmó que el personal de detención sigue protocolos para proteger a los detenidos que muestran signos de autolesión y que el ICE exige capacitación anual en prevención del suicidio. Añadió que los detenidos reciben atención médica integral, incluidos servicios de salud mental.
La investigación revela violaciones de las normas de detención del ICE.
Según los expertos, las razones que motivan cualquier suicidio son complejas y cada muerte suele tener múltiples factores contribuyentes. Los detenidos por el ICE reportan un estrés intenso tras su detención, temor a ser devueltos a países donde su seguridad podría estar en peligro, y frustración y soledad por la imposibilidad de comunicarse debido a las barreras lingüísticas.
Los detenidos también pueden sentirse indefensos debido a la complejidad de la ley de inmigración. A diferencia de quienes se encuentran en el sistema de justicia penal, la mayoría de los detenidos no cuentan con abogados y su detención por infracciones migratorias no tiene un carácter punitivo.
El ICE se responsabiliza de su bienestar una vez que ingresan a detención, y los expertos afirman que los centros de detención bien gestionados deberían tener pocos suicidios, o ninguno. Esto se debe a que el personal puede tomar medidas para reducir las probabilidades de que los detenidos se autolesionen, identificando a quienes están en riesgo, brindándoles atención médica y supervisándolos de cerca, explicaron los expertos.
La investigación de AP descubrió que los centros de detención de ICE han incumplido repetidamente sus propios estándares, los cuales violan los del propio ICE.
Un análisis de los 10 suicidios reveló que los hombres fallecieron en distintos centros de detención del ICE, incluyendo centros gestionados durante mucho tiempo por contratistas privados y cárceles del condado que recientemente se asociaron con el ICE. La AP descubrió que el personal de estos centros ignoró las señales de angustia, retrasó el tratamiento de salud mental y no supervisó a los detenidos que ya se consideraban en situación de riesgo. Además, según la revisión de los informes de inspección del ICE y los registros de defunción realizada por la AP, permitieron que los detenidos tuvieran acceso a materiales que podían utilizarse para autolesionarse.
En algunos casos, encarcelaron a detenidos angustiados en régimen de aislamiento, lo que puede exacerbar los sentimientos de humillación e impotencia, según los expertos.
El ICE ha afirmado repetidamente que examina a los detenidos dentro de las 12 horas posteriores a su llegada para detectar problemas médicos, dentales y de salud mental.
Según los informes de inspección del ICE y los registros penitenciarios, al menos tres de los nueve centros donde los detenidos del ICE se suicidaron han tenido dificultades para cumplir con ese estándar.
El Dr. Homer Venters, exdirector médico de las cárceles de la ciudad de Nueva York, quien anteriormente asesoró al ICE sobre la prevención de muertes de detenidos, calificó el aumento de suicidios de aterrador.
El aumento «refleja fallos en el funcionamiento del sistema, y en particular fallos en las primeras etapas del proceso de detención, lo que impide una evaluación adecuada de las personas», declaró Venters. «Y si durante la evaluación inicial se detectan señales de alerta, no se toman medidas que reduzcan el riesgo de una muerte evitable».
Desde el cruce de la frontera hasta la detención
Entre quienes se quitaron la vida se encontraba un joven mexicano de 19 años que había sido detenido tras un control de tráfico por una infracción menor mientras conducía su scooter.
Otro caso fue el de un trabajador de restaurante de 36 años que perdió el contacto con sus familiares en Nicaragua después de que el ICE lo detuviera en Minnesota y lo enviara a un campamento superpoblado en Texas. Un tercer caso fue el de un hombre de 45 años que había cruzado repetidamente la frontera entre Estados Unidos y México de forma ilegal y tenía un largo historial delictivo.
Rayo, quien se suicidó tras rogarle a su madre que lo dejara hablar con él, era un veterano del ejército colombiano que había trabajado como vendedor ambulante en su país. Una semana después de cumplir 26 años en 2023, su familia cruzó la frontera estadounidense en California. Estuvo detenido durante tres meses antes de que se le permitiera establecerse con su familia en San Luis, según consta en los registros y en entrevistas.
Su madre, Adriana Garzón, contó que Rayo se adaptó rápidamente a la vida en Estados Unidos, hizo amigos con facilidad y trabajó como pintor de casas y repartidor de comida. Quería ahorrar dinero para contratar a un abogado que lo ayudara a quedarse en el país después de que un juez ordenara su extradición a Colombia en 2024, explicó.
Fue arrestado en marzo de 2025 por la policía de St. Louis tras ser sorprendido usando una tarjeta de crédito robada, que había obtenido de un amigo, en una tienda de cigarrillos electrónicos, según consta en los registros judiciales. Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo. Un registro del ICE obtenido por AP clasificaba a Rayo como un trabajador que representaba un bajo riesgo para la seguridad pública.
El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) trasladó a Rayo a la cárcel del condado de Phelps en Rolla, a unos 160 kilómetros (100 millas) de San Luis.
Los suicidios revelan deficiencias en toda la red de detención de ICE.
Estas muertes han puesto de manifiesto deficiencias en el tratamiento y la supervisión en todo el sistema del ICE, donde la población detenida se ha disparado un 50% hasta alcanzar los 60.000 durante el segundo mandato de Trump.
Cinco personas fallecieron en centros de detención gestionados por CoreCivic y GEO Group, socios de larga data del ICE en materia de detención. Una sexta persona falleció en un campamento operado por un contratista sin experiencia, al que el ICE ya ha reemplazado. Tres personas fallecieron en cárceles administradas por alguaciles y una en una prisión federal.
“Nos entristece profundamente el fallecimiento de cualquier persona bajo nuestro cuidado y nos lo tomamos muy en serio”, dijo Brian Todd, portavoz de CoreCivic.
Christopher Ferreira, portavoz de GEO Group, declaró que la empresa capacita a su personal en prevención del suicidio y busca "mantener un entorno seguro que cumpla con las normas y requisitos establecidos por el gobierno federal". Los responsables de las tres cárceles declinaron hacer comentarios o no respondieron a los mensajes.
Según los registros, Leo Cruz Silva, de 34 años, que había entrado repetidamente al país ilegalmente desde México, sufrió una grave crisis de salud mental tras su detención por embriaguez en público el otoño pasado en un suburbio de San Luis.
Durante dos noches en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Misuri, Cruz gritó, se escondió debajo de su cama y reportó alucinaciones, según un informe del ICE sobre su muerte. Sin embargo, no recibió ayuda de inmediato.
Según el informe del ICE, una enfermera le recetó medicamentos antipsicóticos y planeaba que recibiera tratamiento la semana siguiente.
Al tercer día, lo encontraron muerto en su celda.
Chaofeng Ge llegó a la custodia del ICE el verano pasado a un centro de Pensilvania administrado por GEO Group en estado de angustia mental, tras haberse declarado culpable de un fraude menor con tarjetas de regalo e intento de suicidio mientras estaba bajo custodia estatal, según declaró David Rankin, abogado que representa a la familia de Ge.
Durante los cinco días que estuvo en el centro, no recibió tratamiento de salud mental y no pudo comunicarse porque nadie hablaba mandarín, según Rankin. Finalmente, Ge permaneció sin supervisión hasta que lo encontraron ahorcado en una ducha.
“Es evidente que el ICE ha tomado muy pocas medidas para garantizar la seguridad de estas personas”, declaró Rankin. “Parece que quieren que este proceso sea lo más cruel e inhumano posible. Es completamente inaceptable”.
En el campamento Camp East Montana en El Paso, Texas, Victor Diaz, de 36 años, se suicidó en una sala de detención médica en enero, según un informe del ICE. Había sido trasladado a aislamiento tras denunciar acoso por parte de otros detenidos, según el informe.
Días antes, en el mismo centro, Geraldo Lunas Campos murió por asfixia después de que, según el ICE, los guardias lo inmovilizaran tras un intento de suicidio. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio, y funcionarios del gobierno de Trump indicaron que el FBI estaba investigando las circunstancias.
Según su informe, los inspectores del ICE visitaron las instalaciones en febrero y documentaron 49 violaciones de las normas de detención en la que entonces era la mayor instalación de detención del ICE.
El informe reveló que el personal no realizó las verificaciones necesarias para prevenir autolesiones graves y suicidios, mientras que los inspectores encontraron herramientas y equipos sin asegurar y sin contabilizar en todo el centro, que podrían usarse para causar daño. Las llamadas al 911 indican que varios otros detenidos habían intentado suicidarse allí.
En el momento de los fallecimientos y las inspecciones, Acquisition Logistics era la empresa contratista que gestionaba las instalaciones. Desde entonces, ICE ha sustituido a Acquisition Logistics por otra empresa contratista. Acquisition Logistics no respondió a las solicitudes de comentarios.
El detenido pasó sus últimos días enfermo y aislado.
La cárcel del condado de Phelps había comenzado a recibir detenidos del ICE un mes antes de la llegada de Rayo. El sheriff Michael Kirn, republicano en un condado donde los votantes apoyaron abrumadoramente la reelección de Trump, les dijo a los comisionados que el presupuesto de su departamento estaba en apuros y que asociarse con el ICE podría generar millones en ingresos.
Los registros muestran que los problemas de Rayo comenzaron de inmediato. La cárcel tardó 35 horas en realizar el examen médico inicial que el ICE promete en 12 horas, según los registros penitenciarios obtenidos por la AP en virtud de la ley de acceso a la información pública.
Rayo presentaba dificultad para respirar y le dijo a una enfermera que estaba ansioso y que quería recibir tratamiento de salud mental.
Una enfermera que no hablaba español utilizó un "traductor portátil" para evaluar a Rayo, y concluyó que él negaba tener pensamientos suicidas o depresión, según los documentos recopilados por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri durante una investigación sobre la muerte de Rayo.
Según consta en los registros, ella lo recomendó para la población general, indicando que su estado físico y mental era estable. Además, lo derivó para una cita de rutina de salud mental.
Dos días después, refirió dolor de cabeza y dolores musculares. El personal médico confirmó que había estado expuesto a la bacteria de la tuberculosis. Fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron COVID-19. Al día siguiente, regresó a la cárcel.
La cita con el servicio de salud mental estaba programada, pero se canceló debido a la falta de tiempo y personal en la clínica, según consta en los registros de la cárcel. Dos días después, volvieron a cancelar la cita, esta vez alegando que tenía coronavirus.
Las demoras violaron una norma del ICE que exige que el tratamiento de salud mental se realice dentro de la semana posterior a la derivación.
Bies, portavoz del DHS, dijo que Rayo recibió "atención médica de alta calidad durante el tiempo que estuvo bajo custodia del ICE".
Para aliviar su ansiedad, Rayo llamó a su madre antes de acostarse para compartir una bendición católica. "Le di fuerza", dijo Garzón, cuyo nombre, Adriana, estaba tatuado en el brazo de su hijo.
A medida que Rayo empeoraba con náuseas, escalofríos y dolores, el personal lo trasladó a una celda de aislamiento de bloques de cemento con una cámara de vigilancia en el techo para un control más exhaustivo y para prevenir la propagación de la enfermedad. No se le permitió llamar a su madre.
En su cuarto día de aislamiento, Rayo pasó dos notas por debajo de la puerta, suplicando a los guardias que le permitieran hablar con su madre. En una de ellas, revisada por AP, apelaba a la humanidad del guardia. «Sé que tienes familia y sabes que se preocupan por nosotros», escribió en español. «Que Dios te bendiga».
El guardia angloparlante utilizó el teléfono de un compañero para traducir las notas y escribió en un informe que tenía previsto hacer un seguimiento del asunto.
En menos de una hora, los guardias encontraron a Rayo inconsciente en su cama con una sábana alrededor del cuello.
Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo y lo trasladaron a un hospital. Fue entonces cuando un funcionario llamó a la madre de Rayo para informarle que su hijo se encontraba en estado muy grave y que sería trasladado en avión a un centro médico de San Luis. En el hospital, un médico le dio la devastadora noticia: su hijo había fallecido.
RYAN J. FOLEY cubre noticias nacionales para Associated Press y reside en Iowa City, Iowa. Con 21 años de experiencia en AP, formó parte del equipo de AP que fue finalista del Premio Pulitzer de periodismo de investigación por la serie de 2024, "Lethal Restraint".
MICHAEL BIESECKER es un periodista de investigación internacional de Associated Press, con sede en Washington. Cubre una amplia gama de temas, incluidos los conflictos humanos, el cambio climático y la corrupción política.
Por RYAN J. FOLEY , MICHAEL BIESECKER y MORGAN LEE
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
BOGOTÁ (AP) — Cuando fervorosas seguidoras se acercaron a Abelardo de la Espriella para pedirle una fotografía, él les agradeció por ponerle “una raya a El Tigre”, el animal que adoptó como apodo y que se ha convertido en el símbolo de su campaña a la presidencia de Colombia.
