CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los líderes progresistas de América Latina están cada vez más acorralados por el tema del crimen organizado debido a la presión del gobierno del presidente Donald Trump y de sus propios votantes, quienes señalan los resultados de la guerra contra las pandillas del presidente de El Salvador.

El ansia por una respuesta más contundente a los problemas endémicos ha crecido durante años en América Latina. Las tácticas punitivas que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso en marcha contra las pandillas de su país en 2022, produjeron una fuerte disminución de los homicidios y un aumento en la aprobación por parte de los salvadoreños.

Bukele no solo presume el éxito en casa, sino que también ha buscado exportar su enfoque, ganando seguidores entre los votantes y populistas conservadores de todo el hemisferio, incluido Trump.

En el último año, Trump ha adoptado un enfoque más confrontativo hacia América Latina que cualquier presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Declaró a un gran número de grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, depuso al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ser juzgado por cargos de narcotráfico, amenazó con acciones militares en una serie de países y señaló a Bukele como un ejemplo de lo que quiere ver para el resto de la región.

Eso ha aumentado la presión sobre los gobiernos más progresistas de México, Colombia y Guatemala, que habían propuesto soluciones más integrales a los problemas endémicos, como erradicar la corrupción y ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue quien sintió más recientemente esa presión cuando presuntos miembros de pandillas mataron a 10 policías en aparente represalia por la negativa del gobierno a otorgar privilegios a los líderes encarcelados de esos grupos delictivos. El domingo por la noche, declaró un estado de emergencia que restringe algunos derechos constitucionales.

“La combinación de la creciente presión de Estados Unidos y la referencia a la derecha de Bukele, que ofrece una respuesta a los problemas de seguridad, ha... obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes demandas de ejercer acciones contundentes”, afirmó Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe del grupo de análisis de conflictos, ACLED.

El estado de emergencia en Guatemala podría limitar derechos

Las cosas llegaron a un punto crítico en un estallido de violencia el fin de semana en Guatemala, cuando los reclusos en prisiones notoriamente controladas por pandillas se amotinaron y tomaron a los guardias como rehenes. Cuando las autoridades recuperaron el control de uno de los centros penitenciarios, presuntos miembros de pandillas en la capital asesinaron a 10 policías.

Arévalo dijo que la emergencia se mantendría durante 30 días para combatir a las pandillas, a las que describió como “criminales violentos que cometen actos de terrorismo”. La declaración puede limitar algunos derechos constitucionales, como las libertades de movimiento, reunión y protesta, y fue aprobada el lunes por la noche por el congreso guatemalteco.

“No vamos a escatimar recursos… para castigar, para perseguir, para encontrar a los responsables de estos crímenes”, dijo Arévalo en un discurso el lunes, en el funeral de los agentes.

La medida del mandatario guatemalteco reflejó las acciones tomadas por su vecino Bukele en 2022. El estado de emergencia de El Salvador sigue vigente casi cuatro años después, y más de 90.000 salvadoreños han sido arrestados durante él, alimentando acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Pero el país registró solo 82 homicidios en 2025, en comparación con 6.656 en 2015.

“Proyectando dureza”

Arévalo es el líder latinoamericano que ha seguido más recientemente el ejemplo de Bukele, después de Ecuador, Honduras y Costa Rica, donde, la semana pasada, se inauguró un centro penitenciario modelado según la infame prisión de El Salvador para presuntos miembros de pandillas.

Pero los esfuerzos por aprovechar el éxito político de Bukele han fracasado en muchos casos, aun cuando la región experimenta un giro político hacia la derecha. Esto se debe, en parte, a que muchos líderes son reacios a llegar tan lejos como el presidente salvadoreño, que ha detenido a más del 1% de la población de su país y suele recibir críticas frecuentes por lo que los grupos de la sociedad civil describen como tendencias autoritarias.

Cuando Arévalo, hijo de un expresidente progresista, fue elegido en 2023, dijo que fortalecer las instituciones legales, incluso mediante reformas legislativas y la erradicación de la corrupción, era una solución a la violencia endémica de las pandillas, desviándose de los competidores que pedían un enfoque más al estilo Bukele.

El presidente guatemalteco también propuso mejorar la seguridad y construir una prisión de máxima seguridad, pero el estado de emergencia marca una escalada. Arévalo dijo en una entrevista el 15 de enero con The Associated Press que combatir el narcotráfico y el crimen organizado es un interés compartido con Estados Unidos.

“Mucho de esto es teatro político y aplicación de medidas enérgicas, pero el desafío es que sea realmente efectivo y cumpla con los objetivos”, dijo Michael Shifter, investigador de alto nivel del Diálogo Interamericano, con sede en Washington. “Proyectar dureza genera ganancias políticas”.

Líderes enfrentan presión política

Breda, el analista de ACLED, atribuyó el cambio a la presión de Trump y a las próximas elecciones judiciales en Guatemala, un momento decisivo para la agenda anticorrupción de Arévalo.

En México, bajo las crecientes amenazas de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha perseguido a los cárteles de manera mucho más agresiva que su predecesor, quien en cambio impulsó una política conocida como “abrazos, no balazos”, que buscaba abordar la pobreza y la falta de oportunidades como “causas raíz” de la violencia en lugar de confrontar directamente a los cárteles.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrenta un dilema similar.

Petro, un exguerrillero, se convirtió en el primer líder de izquierda de Colombia en 2022 con la promesa de consolidar la “paz total” y resolver décadas de conflicto en la nación andina. En particular, pretendía alcanzar acuerdos de paz con distintos grupos armados ilegales y brindar oportunidades a los jóvenes.

Sin embargo, las conversaciones de paz se han estancado con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, y otros grupos armados, por lo que Petro no ha logrado cumplir con su audaz agenda. La frustración hacia la izquierda de Colombia ha estado latente en gran parte del país en los meses previos a las elecciones presidenciales del país sudamericano.

Al mismo tiempo, Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Colombia y ha acusado a Petro de ser un narcotraficante, más recientemente, días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que derrocó a Maduro. El republicano también había acusado a Maduro de narcotráfico, y el expresidente venezolano ahora espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos.

Bajo la presión de Trump y de los colombianos hartos, Petro ha recurrido a la misma entidad que una vez criticó duramente: el ejército colombiano, afirmó Elizabeth Dickinson, analista de Colombia en el International Crisis Group.

La semana pasada, en un giro contundente de su esperanzador discurso de campaña, el izquierdista amenazó con una acción militar conjunta con Venezuela si el ELN no entraba en un proceso de paz con su gobierno.

“Se requiere mucho tiempo para movilizar acciones sobre estas ideas holísticas, y aún más para que esas ideas holísticas den resultados”, dijo Dickinson. “Lo que hizo Bukele, la razón por la que es atractivo en toda la región, es que parece proporcionar una solución rápida y simple a un problema muy complejo”.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un clérigo que dirigió las oraciones del viernes en la capital de Irán exigió la pena de muerte para los manifestantes detenidos en una campaña de represión a nivel nacional y amenazó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una muestra del malestar en la República Islámica tras las movilizaciones.

El sermón de Ahmad Jatami, transmitido por la radio estatal, provocó cánticos entre los asistentes al rezo, incluyendo: “¡Los hipócritas armados deben ser ejecutados!”. Las ejecuciones, así como el asesinato de manifestantes pacíficos, eran dos de las líneas rojas establecidas por Trump para una posible acción militar en el país por las protestas.

Las declaraciones de Jatami supusieron también el primer recuento a nivel nacional de los daños causados durante las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la maltrecha situación económica del país y pronto se convirtieron en un desafío directo a la teocracia gobernante.

Irán cortó el acceso a internet el 8 de enero e intensificó una sangrienta represión contra toda disidencia, que según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, causó al menos 2.677 muertes. The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente la cifra de fallecidos e Irán no ofreció un conteo oficial.

Jatami, que fue nombrado por el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y forma parte tanto de la Asamblea de Expertos como del Consejo de Guardianes del país, describió a los manifestantes en ocasiones como los “mayordomos” del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y como “soldados de Trump”. Insistió en que sus planes “habían imaginado la desintegración del país”.

“Deberían esperar una dura venganza por parte del sistema”, indicó Khatami con respecto a Netanyahu y Trump. “Los estadounidenses y los sionistas no deberían esperar la paz”.

Jatami también proporcionó las primeras estadísticas generales sobre los daños de las protestas y afirmó que 350 mezquitas, 126 salas de oración y otros 20 lugares sagrados habían sufrido daños. Otras 80 casas de líderes de la oración de los viernes —una posición importante dentro de la teocracia iraní— también registraron daños, un posible indicio de la ira de los manifestante contra cualquier símbolo del gobierno del país.

Según Jatami, 400 hospitales, 106 ambulancias, 71 vehículos del departamento de bomberos y otros 50 de emergencias sufrieron daños, lo que muestra la magnitud de las protestas.

“Quieren que se alejen de la religión”, aseveró Jatami. “Planearon estos crímenes desde hace mucho tiempo”.

Jatami, como clérigo que ostenta cargos públicos, tendría acceso a esos datos de las autoridades y su mención en el rezo del viernes probablemente significa que el gobierno quería que se comunicase esa información sin tener que dirigirse formalmente a la población. También hizo un llamado para arrestar a “individuos que apoyen a los alborotadores de cualquier manera”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

JON GAMBRELL is the news director for the Gulf and Iran for The Associated Press. He has reported from each of the Gulf Cooperation Council countries, Iran and other locations across the world since joining the AP in 2006.

(AP Foto/Ebrahim Noroozi, archivo)

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de gobernadores en Colombia se negó el jueves a aplicar en sus territorios el decreto de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro en diciembre que le permite establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó a la prensa que la decisión la tomaron 17 de los 32 gobernadores que tiene el país luego de una reunión de la Federación Nacional de Departamentos en la que concluyeron que estudiarán un instrumento jurídico para frenar lo dispuesto en el decreto.

La emergencia económica fue declarada por el presidente con el argumento de que buscaba evitar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que el gobierno necesitaba para la financiación del Estado en 2026.

El decreto aumentó los impuestos al patrimonio de los más adinerados y al sector financiero, así como a los licores y a los juegos de azar y por internet. El gobierno justificó que necesita más recursos para pagar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir alrededor de 700 millones de dólares en infraestructura en contra de los drones que usan los grupos rebeldes.

El decreto ha generado resistencia tanto en los gobernadores como en los empresarios, que lo ven como una forma de eludir el control del Congreso a las finanzas públicas. La Corte Constitucional se encuentra revisando el decreto y en caso de no encontrarlo acorde a la ley lo dejaría sin efecto.

Toro aseguró que pretenden enviar un documento al tribunal para que “escuche a los gobernadores de los efectos negativos a las finanzas y a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la negativa de los gobernadores a acatar la emergencia económica. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función, si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte”, dijo en un video en la red social X.

(AP Foto/Esteban Vega, Archivo)

POR  ASSOCIATED PRESS

LONDRES (AP) — El Partido Conservador del Reino Unido, que gobernó el país desde 2010 hasta que sufrió su peor derrota electoral hace dos años, se sumió en una nueva agitación el jueves luego que su líder despidió al hombre que muchos consideran su mayor rival por aparentemente planear desertar del partido.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo en un video y comunicado en X que despidió al portavoz de justicia del partido, Robert Jenrick, debido a “evidencias irrefutables de que estaba conspirando en secreto para desertar” de una manera que estaba “diseñada para ser lo más dañina posible” para el partido. Badenoch también expulsó a Jenrick de las filas del partido en el Parlamento y suspendió su membresía en el partido.

“La población británica está cansada del psicodrama político y yo también”, afirmó. “Vieron demasiado de eso en el gobierno anterior, están viendo demasiado de eso en este gobierno. No repetiré esos errores”.

Aunque Badenoch no especificó a qué partido planeaba cambiarse Jenrick, Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform UK, dijo que “por supuesto” había tenido conversaciones con él.

En los últimos 12 meses, los conservadores han sufrido una serie de deserciones hacia Reform UK, incluidos algunos exministros del gabinete.

Farage indicó, en una rueda de prensa en Edimburgo, la capital escocesa, que coincidió con la declaración de Badenoch que, “con la mano en el corazón”, no estaba a punto de presentar a Jenrick como el último conservador en desertar a Reform, un partido emergente y antiinmigración.

“Le llamaré esta tarde”, expresó. “Incluso podría invitarle a una pinta, nunca se sabe”.

Los conservadores están luchando no sólo contra el gobierno laborista a su izquierda, sino también contra Reform UK a la derecha.

Reform, que apenas tiene un puñado de legisladores en la Cámara de los Comunes, está previsto que logre un avance importante en una serie de elecciones este mayo, incluidas las del Parlamento escocés y galés, a expensas tanto de los conservadores como de los laboristas.

Jenrick, quien continuó atrayendo especulaciones sobre ambiciones de liderazgo a pesar de ser derrotado en 2024, ha parecido más abierto que Badenoch a la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre los conservadores y Reform para unir a la derecha de cara a las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029.

Jenrick aún no ha respondido a la noticia de su despido.

El primer ministro laborista Keir Starmer, cuyas calificaciones de favorabilidad han caído drásticamente desde las elecciones generales tras una serie de errores, cuestionó por qué Badenoch tardó “tanto” en despedir a Jenrick dado toda la especulación de que estaba buscando desafiarla o desertar a Reform.

Badenoch, defensora de un estado pequeño y bajos impuestos, ha desplazado a los conservadores hacia la derecha, anunciando políticas similares a las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluida una promesa de deportar a 150.000 inmigrantes no autorizados al año.

Sus pobres calificaciones en las encuestas y su desempeño mediocre en el Parlamento habían generado especulaciones de que podría ser destituida mucho antes de las próximas elecciones.

Sin embargo, ha estado causando una mejor impresión en el Parlamento en las últimas semanas, particularmente durante su interrogatorio semanal a Starmer, de una manera que parece haber consolidado su posición como líder.

El partido no es ajeno a la agitación, habiendo pasado por seis líderes en el transcurso de 10 años, cinco de ellos sirviendo como primer ministro. La ira generalizada por la forma en que los conservadores estaban gobernando el Reino Unido llevó a su derrota en las elecciones generales de julio de 2024, cuando perdieron alrededor de dos tercios de sus legisladores, su peor desempeño desde que el partido moderno fue creado hace casi 200 años.