Decenas huyenEL CAIRO (AP) — Ante el avance de los rebeldes hutíes , Eshraq Abdel Gelil y su esposo huyeron de su casa, caminando por las montañas antes de conseguir que los llevaran a una ciudad cercana. Embarazada de cuatro meses, temía sufrir otro aborto espontáneo.
Se encuentran entre las más de 125.000 personas que han huido a medida que los rebeldes respaldados por Irán avanzaban por la costa del Mar Rojo hacia un punto estratégico marítimo . La ofensiva, vinculada a la guerra con Irán , ha amenazado las exportaciones de petróleo saudí , ha disparado los precios mundiales del combustible y ha sacudido los mercados.
El costo ha sido mucho mayor para los yemeníes atrapados en el fuego cruzado. Muchos han huido de sus hogares con lo poco que pudieron llevar consigo. El país más pobre del mundo árabe estuvo al borde de la hambruna en una fase anterior de la guerra civil, que causó la muerte de aproximadamente 150.000 personas.
El bloqueo liderado por Arabia Saudí, junto con el régimen represivo de los hutíes y la detención de trabajadores humanitarios y de la ONU , ha hecho la vida miserable en el territorio, ahora en expansión, bajo control rebelde. El gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, es débil y fragmentado, y ha tenido dificultades para repelerlos.
Los yemeníes describen una huida desgarradora desde el frente de batalla.
Abdel Gelil se encuentra ahora refugiado con su familia en la ciudad de Taiz, en el suroeste del país, mientras que otros duermen en las calles o montan tiendas de campaña improvisadas con plástico.
Su esposo, Mohamed Thabet, dijo que los últimos combates fueron "extremadamente feroces" y más intensos que la batalla de 2017 que también lo obligó a huir. "Hubo bombardeos y metralla cerca de la casa", dijo.
Caminaron durante 5 kilómetros (3 millas) antes de tomar un vehículo que los llevó unos 60 kilómetros (37 millas) por carreteras de montaña.
Al llegar a Taiz, un médico les informó que el bebé se había desplazado hacia abajo en el útero. Abdel Gelil había sufrido un aborto espontáneo en el mismo punto en un embarazo anterior.
“Mi esposa lloró del susto y estaba muy asustada”, dijo Thabet.
Ahora viven hacinados en una casa con familiares. Solo pueden permitirse comer dos veces al día y les preocupa que Abdel Gelil no esté recibiendo suficientes nutrientes para ella y el bebé.
Thabet también está preocupado por su hermana, que lleva más de un mes sin poder costearse la medicación para la diabetes. Según explicó, ella y sus dos hijas, de 8 y 13 años, padecen una afección sanguínea que las hace propensas a la anemia.
Los nuevos enfrentamientos están vinculados a la guerra con Irán, que aún no se ha resuelto.
La guerra civil se remonta a 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná. Arabia Saudita intervino al año siguiente en apoyo del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Un alto el fuego en 2022 detuvo en gran medida los combates.
Las hostilidades se reanudaron en julio, cuando los hutíes retomaron sus ataques contra Arabia Saudí en lo que los rebeldes calificaron como un intento de levantar el bloqueo. Los ataques contra la industria petrolera saudí se produjeron justo cuando Estados Unidos estaba logrando cierto éxito en la reapertura del estrecho de Ormuz .
Los combates en Yemen han dejado ocho civiles muertos y 32 heridos, según la oficina humanitaria de la ONU, que estima que 125.000 personas han huido de sus hogares. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que entre los desplazados hay más de 57.000 niños.
“Esta es una de las oleadas de desplazamiento más rápidas e impredecibles que Yemen ha visto en años”, declaró Obia Achieng, representante de UNICEF en Yemen. “Las familias huyen con poca o ninguna advertencia, a menudo de noche, llevando consigo solo lo que pueden agarrar”.
“La situación es particularmente preocupante porque se suma a una crisis humanitaria ya de por sí grave”, añadió Achieng.
Hay recursos limitados para quienes huyen.
Antes de los últimos enfrentamientos, la ONU había advertido que alrededor de 5 millones de yemeníes estaban sufriendo "niveles críticos o peores de inseguridad alimentaria aguda".
Milena Murr, de Prosper Global, un grupo humanitario anteriormente conocido como Mercy Corps, dijo que algunas personas que llegaron a Taiz habían caminado durante más de 16 horas, llegando a los campamentos de desplazados exhaustas, deshidratadas y con algunos de los niños aparentemente desnutridos.
Iman Abdullahi, directora nacional de CARE, otra organización de ayuda humanitaria, afirmó que existe una necesidad urgente de alimentos, atención médica materna y neonatal, artículos de higiene, letrinas privadas y apoyo en materia de salud mental.
“Una mujer tuvo que lavar la única ropa que llevaba y permanecer dentro de su tienda hasta que se secara porque no tenía nada más que ponerse. Otra se vio obligada a huir apenas dos semanas después de dar a luz”, dijo.
Nashwan Ahmed Said estaba cosiendo una tienda de campaña con sacos de trigo de plástico. Dijo que esta es la tercera vez que se ve obligado a abandonar su hogar desde que comenzó la guerra.
“¡Estamos en una situación terrible! No tenemos casa, ni baño, ni comida, ni nada que beber”, dijo.
Arwa Ahmed, que fue desplazada junto con sus cinco hijos, contó que ella y su familia no comieron más que arroz durante días.
“Necesitamos de todo. Necesitamos tiendas de campaña, necesitamos comida y todos los artículos de primera necesidad, porque fuimos desplazados y no nos llevamos nada”, dijo.
FATMA KHALED reside en la región de Oriente Medio. Cubre crisis humanitarias, conflictos y otras noticias para Associated Press.
(Foto AP/Marzouq Al Jabri)
Petrolero MalvinasBUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un juez federal argentino ordenó el miércoles a empresas británicas e israelíes que detengan la explotación de un yacimiento petrolífero frente a las Islas Malvinas , abriendo un nuevo frente legal en la disputa de soberanía de décadas de antigüedad entre Argentina y Gran Bretaña que el presidente argentino Javier Milei ha reavivado en las últimas semanas.
La orden judicial emitida por la jueza Mariel Borruto, de la cual The Associated Press obtuvo una copia, apunta al proyecto petrolero León Marino, ubicado a 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago controlado por los británicos en el Atlántico Sur, y prohíbe la perforación, las instalaciones marinas y la construcción de puertos hasta que las autoridades argentinas puedan realizar una evaluación ambiental y emitir una decisión.
Pero en la práctica, es poco probable que la orden del miércoles detenga el avance del proyecto. El juez Borruto reconoció que la aplicación de la ley "depende de la cooperación internacional y de la conducta" de las dos empresas, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que ya se han comprometido a seguir adelante con el proyecto a pesar de las amenazas de Milei de imponerles sanciones más severas a ellas y a otras empresas que operan en las islas.
Rockhopper declinó hacer comentarios, y Navitas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la orden judicial.
Se prevé que la producción comercial de petróleo comience en 2028, lo que ha elevado la tensión en una disputa territorial que llevó a Gran Bretaña y Argentina a una guerra breve y sangrienta en 1982.
Para los aproximadamente 3.500 habitantes del territorio, el yacimiento petrolífero promete transformar una economía que durante mucho tiempo ha dependido de la pesca. Para Argentina, que denomina a las islas Malvinas, el proyecto permitiría a empresas extranjeras extraer riquezas petroleras que considera propias. Su reivindicación sobre el archipiélago, situado a unos 480 kilómetros (300 millas) de su costa, está consagrada en la Constitución y forma parte de la identidad nacional , lo que le ha granjeado apoyo en todos los sectores políticos del país.
El presidente estadounidense Donald Trump, estrecho aliado del líder libertario radical de Argentina, ha generado nueva incertidumbre en la disputa en las últimas semanas. Citando la falta de apoyo de Gran Bretaña a su guerra contra Irán, ha sugerido que Washington podría cambiar su postura históricamente neutral sobre la soberanía de las islas.
En declaraciones a los periodistas en Dublín el sábado , Trump volvió a expresar su escepticismo sobre la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera recuperar las Malvinas, como lo hizo tras la invasión de la dictadura militar argentina en 1982, y afirmó: "No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos".
Milei aprovechó lo que denominó “vientos de cambio” tras los comentarios de Trump a principios de este mes, y en un discurso a la nación el 3 de septiembre anunció medidas contra las empresas que desarrollan yacimientos petrolíferos alrededor de las islas. Advirtió que los proyectos representaban un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina y se comprometió a utilizar todos los “instrumentos diplomáticos, económicos, judiciales y legales” para defenderla.
Su administración está preparando legislación para ampliar las sanciones contra las empresas involucradas en proyectos petroleros en las islas y presentó tres denuncias penales contra Navitas, empresa que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, y otras nueve compañías y sus ejecutivos, acusándolos de violar la ley argentina al realizar operaciones petroleras sin la autorización del país. Se desconoce qué impacto tendrán estas acusaciones en el proyecto.
Gran Bretaña ha respondido con desafío a la campaña legal del gobierno argentino. Argumenta que quienes viven en las Malvinas deben determinar su estatus, citando los resultados de un referéndum de 2013 en el que los isleños votaron mayoritariamente a favor de seguir siendo territorio británico.
“La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas”, dijo el gobierno británico el martes en una guía destinada a tranquilizar a las empresas que operan allí.
El fallo emitido el miércoles por el tribunal federal de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, surge de una demanda civil interpuesta por abogados ambientalistas y veteranos de la guerra de 1982, quienes buscaban prevenir daños ambientales derivados del proyecto. La demanda cita amenazas ecológicas que van desde la contaminación química y el ruido submarino hasta el tráfico marítimo y posibles derrames de petróleo.
Borruto advirtió que permitir que continúen las perforaciones y la construcción podría alterar el ecosistema marino de maneras difíciles de revertir.
“El riesgo no es ni hipotético ni remoto”, escribió, señalando que ya habían comenzado las obras de infraestructura del proyecto.
La periodista de Associated Press, Débora Rey, contribuyó a este reportaje.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
Por  SERGIO FARELLA e ISABEL DEBRE
(Foto AP/Ricardo Mazalan, archivo)
Derrumbe edificioNUEVA YORK (AP) — Varios estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que entrará en vigor el viernes y que, según afirman, otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentación, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James , quien encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas , afirmó que la norma obligaría a las familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar asistencia y obtener estatus legal en el país. California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin se encuentran entre los estados involucrados en la impugnación legal.
“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura sanitaria y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”, declaró el lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , y defensores de los inmigrantes.
Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades estadounidenses, como Chicago, San Francisco y Seattle. Afirmó que la norma tendría un efecto disuasorio no solo sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.
“La nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, declaró el alcalde. “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente. Ese temor no se limitará a las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que figura como demandado en las demandas, desestimó las alarmantes advertencias.
«Aclarémoslo: los estados santuario temen perder fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían darse de baja de los programas de asistencia social estadounidenses», declaró la agencia en un comunicado. «Estamos temblando de miedo ante este supuesto desenlace terrible».
Las demandas impugnan el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reactivar una norma sobre la "carga pública" que el presidente republicano impuso originalmente durante su primer mandato, y que posteriormente fue revocada por su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.
Las demandas, ambas presentadas ante un tribunal federal en Manhattan, argumentan que la nueva norma es "arbitraria y caprichosa", excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado tradicional de la disposición federal sobre la carga pública.
En concreto, James afirmó que la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para tener en cuenta una gran variedad de beneficios públicos a la hora de tomar decisiones sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal en el país.
Según explicó, la norma permite a los agentes de inmigración tener en cuenta casi cualquier prestación pública, utilizada durante cualquier período de tiempo, en contra de un solicitante de la tarjeta de residencia, incluso si se trata de un familiar ciudadano estadounidense que se beneficia de dicha prestación.
Eso significa que la solicitud de residencia permanente de un padre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, dijo James.
“Esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia establecida para ampliar ilegalmente la definición de 'carga pública' de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma de "política cruel".
La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no dependerán de los beneficios públicos.
La nueva norma no especifica los programas que podrían tenerse en cuenta. Simplemente indica que los funcionarios, “haciendo uso de buen juicio y discreción”, tomarán “determinaciones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.
Las reporteras de Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, y Cybele Mayes-Osterman en Chicago contribuyeron a este artículo.
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Felipe Marcelo es reportero de noticias generales en la oficina de Nueva York. Anteriormente escribió para AP Fact Check y antes de eso estuvo radicado en Boston, donde se especializó en temas de raza e inmigración.
(Foto AP/Ryan Murphy)
Bolivia militarizaLA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano informó el martes que reforzó el patrullaje en una población cercana a la frontera con Brasil tras registrarse cuatro asesinatos en poco más de 24 horas, en medio de una guerra entre cárteles brasileños que se disputan las rutas del narcotráfico.
Cerca de un centenar de militares efectuó patrullajes y controles con drones en la población de San Ignacio de Velasco, a unos 460 kilómetros al noreste de La Paz. La policía investiga si los casos están relacionados con el narcotráfico.
La medida tiene lugar luego de que entre el domingo y el lunes cuatro bolivianos fueron acribillados en sus domicilios. El caso que más generó rechazo fue el asesinato a dos jóvenes que estaban haciendo una transmisión en vivo para vender ropa. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, dos extranjeros posiblemente brasileños ingresaron al domicilio de los jóvenes y les dispararon.
A más de un mes que el gobierno lanzó un plan para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con el fin de luchar contra el crimen organizado, los delitos no han cesado en esa zona limítrofe.
“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según un comunicado de prensa de su despacho.
La autoridad explicó que los militares acompañan a la policía con unidades especiales bajo el amparo del estado de excepción vigente en el país andino. “Es una vigilancia interna. Ya no podemos seguir así”, agregó.
La frontera de Bolivia con Brasil, que abarca más de 3.400 kilómetros, está en medio de la creciente tensión por la rivalidad en esa zona entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas bandas brasileñas calificadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(Foto AP/Juan Karita)
Aliado MaduroMIAMI (AP) — Se espera que un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declare culpable el martes en un caso federal que lo acusa de sobornar a funcionarios para obtener lucrativos contratos de importación de alimentos en un momento de grandes dificultades en el país sudamericano.
Según consta en los registros judiciales, Alex Saab comparecerá el martes ante la jueza Kathleen Williams en Miami para una audiencia de cambio de declaración. Los detalles de la declaración no se hicieron públicos de inmediato y el abogado de Saab, Neil Schuster, declinó hacer comentarios.
Saab fue deportado en mayo por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la presión de Estados Unidos, que llevaba más de una década persiguiendo al empresario colombiano. Fue acusado de un único cargo de lavado de dinero vinculado a una supuesta conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envíos y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos de Colombia y México.
Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante la primera administración de Trump en 2019 y posteriormente arrestado durante una escala para repostar en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.
Pero el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden por persuadir a Maduro para que celebrara elecciones presidenciales libres, fue duramente criticado por los republicanos y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, quienes inmediatamente comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no contemplados en el indulto, que fue diseñado de forma muy específica.
Los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el "cajón de Maduro" y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, que espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en una redada del ejército estadounidense en enero.
El nuevo proceso judicial estadounidense contra Saab y Maduro se produce mientras la administración Trump reestructura las relaciones con Venezuela, centrando su atención en la explotación de las vastas reservas petroleras venezolanas . Este mes, Trump anunció lo que denominó el "MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL" en Venezuela, una asociación con el empresario petrolero venezolano Alejandro Betancourt en la que el gobierno estadounidense obtendrá una participación y acceso a envíos de crudo a precio de costo desde yacimientos petrolíferos con un potencial de producción de 65 mil millones de barriles.
Saab era poco conocido incluso en Venezuela hasta después de su primer arresto, en 2020, cuando el gobierno de Maduro invirtió enormes recursos para movilizar el apoyo público a favor de su liberación.
Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, ayudó a impulsar una campaña internacional en la que se refirió a Saab como un “diplomático venezolano inocente” que había sido “secuestrado” ilegalmente por Estados Unidos.
Pero tras la captura de Maduro, Rodríguez se distanció de Saab, lo destituyó de su gabinete y le retiró su papel como principal enlace para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.
Saab amasó una fortuna gracias a los contratos con el gobierno venezolano, pero se volvió aún más valiosa para Maduro cuando las sanciones estadounidenses obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.
La nueva acusación imputa a Saab y a otros la creación de una red de empresas para sobornar a altos funcionarios venezolanos que controlaban los contratos del llamado programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en ruinas.
Según alegan los fiscales, como parte de la supuesta conspiración, Saab y otros habrían extendido su influencia corrupta en lo más profundo del gobierno de Maduro, accediendo a miles de millones de dólares en ventas de petróleo de la petrolera estatal PDVSA.
Durkin Richer informó desde Washington.
JOSHUA GOODMAN es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección entre el crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde Sudamérica.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.
(Foto AP/Jesús Vargas, archivo)

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