Iniciar Sesión

 

Detalles
El Mundo
77
Juez procederaUn juez federal dijo el miércoles que planea avanzar rápidamente en una investigación por desacato contra la administración Trump por no haber impedido el paso de aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador en marzo.
El juez federal de distrito James Boasberg, en Washington, declaró que un fallo emitido el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia le otorga la autoridad para proceder con la investigación, la cual determinará si existen pruebas suficientes para remitir el caso a la fiscalía. Solicitó a los abogados que, antes del lunes, identifiquen a los testigos y presenten planes sobre cómo llevar a cabo la investigación, e indicó que le gustaría iniciar las audiencias el 1 de diciembre.
El juez ya había advertido que podría solicitar el procesamiento de funcionarios de la administración.
El 15 de marzo, Boasberg ordenó que la aeronave que transportaba a los presuntos pandilleros regresara a Estados Unidos, pero en cambio aterrizaron en El Salvador, donde los migrantes fueron retenidos en una prisión tristemente célebre.
«Estoy autorizado a proceder tal como tenía previsto hacerlo en abril, hace siete meses», declaró el juez durante una audiencia el miércoles. Añadió posteriormente: «Desde luego, tengo la intención de averiguar qué sucedió aquel día».
Boasberg afirmó que la mejor manera de llevar a cabo la investigación por desacato era mediante el testimonio de testigos bajo juramento, pero también sugirió que el gobierno podría presentar declaraciones escritas para explicar quién dio las órdenes de desobedecer su fallo. Propuso un testigo: un exabogado del Departamento de Justicia de EE. UU. que presentó una denuncia como informante, en la que afirma que un alto funcionario del departamento sugirió que la administración Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados ​​de pertenecer a pandillas.
La administración Trump ha negado cualquier violación, afirmando que la orden del juez de devolver los aviones se dio verbalmente en la corte, pero no se incluyó en su orden escrita. El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, le comunicó a Boasberg que el gobierno se oponía a continuar con el procedimiento por desacato.
Boasberg había determinado previamente que existían indicios suficientes para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal . El fallo representó una batalla crucial entre los poderes judicial y ejecutivo, pero un panel dividido de tres jueces de la corte de apelaciones posteriormente falló a favor del gobierno y anuló la decisión. Los dos jueces que conformaron la mayoría fueron designados por el presidente Donald Trump.
El viernes, un panel más amplio de jueces del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que la decisión anterior de sus colegas no impedía que Boasberg prosiguiera con la investigación por desacato. La declaración de desacato de Boasberg fue una “respuesta mesurada y esencial”, escribieron los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilkins y Bradley Garcia.
“La obediencia a las órdenes judiciales es vital para que el poder judicial pueda cumplir con su función constitucionalmente asignada”, escribieron. “Las órdenes judiciales no son sugerencias; son mandatos vinculantes que el Poder Ejecutivo, al igual que cualquier otra parte, debe acatar”.
El gobierno de Trump invocó una ley de guerra del siglo XVIII para enviar a los migrantes, a quienes acusó de pertenecer a una banda venezolana, a una megaprisión en El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT). Argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.
En junio, Boasberg dictaminó que la administración Trump debía dar a algunos de los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones, argumentando que no habían podido impugnar formalmente las expulsiones ni las acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua.
El juez escribió que habían surgido “pruebas significativas” que indicaban que muchos de los migrantes no estaban conectados con la banda “y, por lo tanto, languidecían en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas”.
Más de 200 migrantes fueron posteriormente liberados y devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Sus abogados quieren que Boasberg emita otra orden que obligue a la administración a explicar cómo dará al menos a 137 de los hombres la oportunidad de impugnar su designación como pandilla en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los hombres están en peligro en Venezuela y temen hablar con abogados, quienes han podido contactar a unos 30 de ellos, pero “abrumadoramente” quieren seguir adelante con sus casos, dijo el miércoles Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Davis dijo que podría ser difícil volver a detener a los hombres dadas las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Boasberg no se pronunció de inmediato sobre el asunto.
Por  SUDHIN THANAWALA
(Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Detalles
El Mundo
94
Sospechoso arrestadoCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de un hombre que, según afirman, participó en la planificación y la orden del asesinato de un alcalde popular a principios de este mes en el estado occidental de Michoacán.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa que los investigadores encontraron al sospechoso a través de mensajes hallados en los celulares de dos hombres que fueron asesinados días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que la célula criminal que dirigía estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el sospechoso, identificado solo como Jorge Armando N. en cumplimiento de las normas mexicanas de privacidad, fue arrestado el martes por la tarde.
Manzo fue asesinado a tiros la noche del 1 de noviembre, frente a decenas de personas reunidas para las festividades del Día de Muertos. El joven pistolero murió poco después del ataque.
García Harfuch declaró el miércoles que el sospechoso era uno de los líderes de una célula de una organización criminal . Los cuerpos de dos hombres que presuntamente habían tenido contacto con el tirador antes del asesinato fueron hallados a la vera de una carretera el 10 de noviembre, y sus teléfonos celulares fueron encontrados al día siguiente, añadió. El análisis de dichos teléfonos reveló mensajes sobre la planificación del ataque.
El asesinato del popular alcalde intensificó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que ajustara su estrategia de seguridad. Días después, anunció el Plan Michoacán , que, si bien contemplaba un elevado gasto en programas sociales, también incluía el despliegue de 10.000 soldados por todo el estado para controlar a las diversas organizaciones criminales que operaban allí.
Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america
(Foto AP/Eduardo Verdugo)

Detalles
El Mundo
107
Sheinbaum descartaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el martes una posible intervención militar de Estados Unidos en el territorio mexicano para detener a narcotraficantes y ratificó que habrá colaboración en materia de seguridad con Washington, pero “sin subordinación”.
Así reaccionó Sheinbaum a las afirmaciones que realizó la víspera el presidente Donald Trump, quien se mostró dispuesto a lanzar un ataque a México para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, dijo la mandataria en su conferencia matutina al ser interrogada sobre los comentarios de Trump, quien volvió a criticar la actuación de su vecino y principal socio comercial para enfrentar a los poderosos cárteles mexicanos.
Sheinbaum recordó que en las diferentes oportunidades que ha conversado con Trump le ha ofrecido apoyo para combatir a los grupos delictivos en México, pero que ella siempre se ha negado a cualquier intervención. “Hay colaboración y coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, agregó.
“¿Querría ataques en México para detener las drogas? Por mí está bien, lo que sea necesario para detener las drogas”, expresó Trump en la Oficina Oval al reconocer que “estaría orgulloso” de hacer esas acciones porque “salvaríamos millones de vidas”.
En septiembre México y Estados Unidos acordaron estrechar la colaboración en materia de seguridad durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la capital mexicana. En esa oportunidad se anunció la conformación de un “grupo de alto nivel” para dar seguimiento a la coordinación bilateral para el combate al narcotráfico, el tráfico ilegal de migrantes y armas y el robo de combustible.
Rubio se ha mostrado más conciliador frente a México y ha descartado una intervención militar estadounidense en el territorio mexicano. La embajada de Estados Unidos en México difundió el lunes en su cuenta de X un video en el que retomó unos comentarios del secretario de Estado en los que afirmó que “no vamos a tomar acción unilateral, ni entrar y enviar fuerzas estadounidenses a México”.
Los reclamos del gobernante estadounidense han dominado durante este año las relaciones entre México y Estados Unidos, que mantienen un intercambio comercial que se sitúa en torno a los 840.000 millones de dólares anuales.
En relación con el incidente que se suscitó el lunes tras la localización de seis letreros de Estados Unidos de restricciones de ingreso a una playa del estado mexicano de Tamaulipas, próxima a la frontera con Texas, Sheinbaum dijo que los avisos fueron colocados por una empresa contratada por el gobierno estadounidense, pero no ofreció detalles.
La Cancillería y la Secretaría de Marina de México informaron el lunes que los seis letreros de advertencia, escritos en inglés y español, fueron retirados de la Playa Bagdad, ubicada en el municipio Matamoros del estado de Tamaulipas como medida preventiva. La instalación de los avisos generó “dudas respecto a su procedencia y su ubicación en el territorio nacional”, señaló el gobierno mexicano en un comunicado.
La mandataria explicó que la confusión sobre la delimitación de la frontera entre los dos países en la playa Bagdad surgió por el cambio del cauce del Río Bravo tras la acumulación de sedimentos y agregó que de acuerdo con el tratado bilateral “tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial”.
Sobre el caso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el martes que contratistas colocaron los avisos que marcaban en el sur de Texas el Área de Defensa Nacional III (NDA, por sus siglas en inglés) en la desembocadura del Río Bravo, y que “los cambios en la profundidad del agua y la topografía alteraron la percepción de la ubicación de la frontera internacional”.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los contratistas seguirán marcando el NDA y coordinándose con los organismos pertinentes para “evitar confusiones” en el futuro.
Los históricos lazos entre los dos vecinos se han tensado ante los aranceles que impuso Trump a sectores clave como la industria automotriz y la producción de acero, aluminio y cobre.
A finales de octubre Sheinbaum y Trump acordaron mantener por unas semanas más las negociaciones en materia comercial mientras sigue vigente la tarifa del 25% para los productos mexicanos no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En los últimos meses Washington impuso un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre, de 25% a los camiones de carga, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.
(AP Foto/Claudia Rosel, Archivo)
POR  ASSOCIATED PRESS

Detalles
El Mundo
184
Carcel SalvadorSAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados por Estados Unidos en una decisión publicada el martes que decía que habían estado detenidos sin la posibilidad de comunicarse con sus abogados o familiares desde su llegada.
El gobierno salvadoreño dijo en el caso que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41 años, estaban detenidos en una prisión en Santa Ana y el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22 años, quien según el gobierno era un miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha, había estado detenido en la nueva prisión para pandillas del país desde marzo
Este ha sido un problema generalizado para las casi 90.000 personas arrestadas bajo los poderes de emergencia otorgados al presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país
Familiares y un abogado presentaron peticiones de habeas corpus en El Salvador en nombre de los hombres, y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización no gubernamental, solicitó las medidas de protección a la comisión de derechos humanos.
La comisión, que es un brazo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que decidió conceder la solicitud debido a un “grave riesgo para sus derechos a la vida y al bienestar personal”. La comisión otorga dichas protecciones en casos para prevenir daños irreparables.
El Salvador respondió a la comisión sobre la situación de los hombres, pero la comisión dijo que el gobierno no negó que los hombres estuvieran incomunicados a pesar de una solicitud específica de que proporcionara información sobre la posibilidad de visitas con sus familiares y abogados. Se supone que el país debe seguir las instrucciones de la comisión e informar, pero El Salvador no dio ninguna indicación de estar dispuesto a ceder ante las demandas.
La comisión señaló que había otorgado medidas de protección en septiembre a dos abogados salvadoreños, Ruth López y Enrique Anaya , críticos del gobierno que fueron arrestados y detenidos sin contacto.
El abogado Jayme Magaña del movimiento Alas para la Libertad, quien no representa a ninguno de los arrestados, dijo que las personas detenidas en El Salvador bajo el estado de emergencia en curso generalmente no tienen contacto con sus familiares ni con sus abogados. “Es algo que (la comisión) ha estado diciendo desde el inicio del estado de emergencia”, que comenzó en marzo de 2022, dijo.
El gobierno de El Salvador le dijo a la comisión que debería evitar ser utilizado por personas con antecedentes penales
A principios de este año, la administración Trump envió a más de 250 venezolanos acusados ​​de pertenecer al grupo Tren de Aragua a ser encarcelados en El Salvador. En julio, fueron liberados y enviados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por Venezuela.
(Foto AP/Salvador Meléndez, archivo)
Por  Yolanda Magaña

Detalles
El Mundo
112
ChileSANTIAGO, Chile (AP) — Los chilenos se enfrentan quizás a la elección más difícil en la historia de la joven democracia de su país cuando voten el próximo mes en una segunda vuelta presidencial que enfrenta al ultraderechista José Antonio Kast contra la comunista Jeannette Jara .
Ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% para ganar, pero Kast llega a la segunda vuelta electoral en la mejor posición para tener éxito después de que un 70% sin precedentes de los votantes respaldara a una serie de partidos de derecha en las elecciones del domingo.
El abogado ultraconservador Kast, quien promete deportar a los aproximadamente 300.000 inmigrantes indocumentados de Chile y habla con nostalgia de la brutal dictadura chilena , dijo el domingo a sus seguidores que su contienda del 14 de diciembre contra Jara era una elección entre “dos modelos de sociedad”: caos y orden, estancamiento y progreso, izquierda y derecha.
Esa elección es quizás la más personal y compleja para los 1,5 millones de inmigrantes de Chile; en particular, para los cientos de miles de venezolanos que escaparon del represivo gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro para hacer de este estrecho pedazo de país su hogar.
De huir del socialismo al miedo a la deportación
Muchos de esos inmigrantes, al no tener una residencia de cinco años o más, no son elegibles para votar en las elecciones chilenas.
Pero el enfrentamiento entre Kast, que ha basado su campaña en los temores al crimen organizado y en un aumento del sentimiento antiinmigrante, y Jara, cuyo Partido Comunista apoya las autocracias socialistas en Cuba y Venezuela, ya ha dividido a los casi 900.000 inmigrantes en Chile con derecho a voto.
“El comunismo destruyó mi país, y lo último que quiero es que mi otro hogar caiga en ese mismo sistema”, dijo Edwin Bejar, de 61 años, quien huyó de la persecución política en Venezuela hacia Chile hace siete años y planea votar nuevamente por Kast el próximo mes.
Pero a otros en Santiago, la capital de Chile, les ha resultado desconcertante esa postura, acusando a los partidarios venezolanos de Kast de dar la espalda a sus compatriotas.
Kast ha denigrado repetidamente a los venezolanos, calificándolos de criminales, y se ha comprometido no solo a deportar a los inmigrantes indocumentados, sino también a despojarlos de sus beneficios sociales, mantenerlos en centros de detención y obligarlos a pagar sus propios vuelos de deportación.
“Estarías votando para enviar a tus amigos al mismo peligro del que tú huiste”, dijo Miguel García, quien llegó aquí desde Maracaibo, Venezuela, hace 11 años.
García dijo que votaría por Jara el mes que viene.
“Que sea comunista no significa que sea Maduro”, dijo. “Chile tiene instituciones y leyes, es una democracia. No es lo mismo”.
Chile aún atormentado por su pasado
Las tensiones que desgarran a la comunidad inmigrante de Chile reflejan un dilema más amplio que atormenta a este país con un pasado autocrático propio.
Si Jara, exministra de Trabajo en el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric , logra una victoria el próximo mes —lo que la mayoría de los analistas políticos coinciden en que requeriría un milagro—, representaría al gobierno más izquierdista desde la desafortunada presidencia de Salvador Allende , elegido en 1970.
“En el imaginario colectivo de Chile, el comunismo todavía significa destrucción, ausencia de propiedad privada y hostilidad hacia la religión, aunque eso no es en absoluto lo que propone Jara”, dijo Isabel Castillo, politóloga de la Universidad de Chile.
“Se ha hablado demasiado de ello, pero aún así resuena entre ciertos votantes.”
Tan solo tres años después de llegar al poder, Allende fue derrocado en un sangriento golpe militar respaldado por Estados Unidos por el general Augusto Pinochet , quien gobernó como dictador de derecha durante los siguientes 17 años.
Durante ese período, 3.065 personas fueron torturadas , asesinadas o desaparecidas. Chile también adquirió fama mundial como un ejemplo de éxito económico en materia de desregulación y privatización.
La seguridad es la principal prioridad.
La simpatía de Kast por Pinochet , entre otros aspectos polémicos de su candidatura —incluido el pasado nazi de su padre y su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto, incluso en casos de violación—, fue objeto de escrutinio durante sus dos anteriores candidaturas presidenciales fallidas.
Pero en esta ocasión, los temores populares sobre la inmigración ilegal y la violencia de las pandillas eclipsan todas las demás preocupaciones.
En los últimos cinco años, bandas transnacionales como el Tren de Aragua de Venezuela aprovecharon el aumento de la inmigración para cruzar sigilosamente las fronteras del norte de Chile, lo que provocó una ola de crímenes que sacudió al país, considerado durante mucho tiempo uno de los más seguros de América Latina.
Admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente autoritario de El Salvador, Nayib Bukele , Kast promete instalar un gobierno de emergencia para imponer la ley y el orden como respuesta.
Durante su campaña electoral de este mes, instó a los inmigrantes sin estatus legal a marcharse antes de que él se convirtiera en presidente, diciendo: “Vendan lo que tengan. Cojan el dinero en efectivo y váyanse”.
Ese discurso “me rompió el corazón”, dijo María Fernanda Paredes, ecuatoriana con residencia en Chile. Recordó haber llegado a casa esa noche al departamento que comparte con sus dos hijas, quienes no tienen estatus legal, y encontrar una pila de sus pertenencias apiladas en cajas junto a la puerta.
“No sé qué haremos si gana”, dijo.
Incluso Jara, cuya plataforma se centra en ampliar la red de seguridad social de Chile, afirma que será implacable contra el crimen: expulsará a los narcotraficantes condenados, construirá nuevas cárceles y reforzará la vigilancia de la frontera.
Pero pocos chilenos ven al ex organizador sindical, con su sonrisa afable y sus planes para bajar las tarifas eléctricas, como su próximo líder.
“Cada vez más, la gente busca una especie de Bukele; ya no les importa tanto la democracia”, afirmó Simón Escoffier, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Solo quieren a alguien que resuelva sus problemas. Ahí es donde la extrema derecha ha tenido mucho más éxito”.
La región tiende a la derecha
Los importantes avances de los partidos de derecha en las elecciones presidenciales y legislativas de Chile parecieron extender un cambio en toda América Latina, a medida que las bandas criminales se reorganizan para sembrar el terror mucho más allá de sus territorios de origen y el descontento popular con la economía se mantiene latente.
Es un giro radical respecto a hace cuatro años, cuando los políticos idealistas de izquierda de la región —como el chileno Boric— llegaron al poder tras la pandemia con promesas de un cambio social radical.
Las elecciones celebradas en los dos últimos años en Ecuador , El Salvador y Panamá han prolongado las presidencias de derecha.
En Bolivia, los votantes inquietos e indignados por la crisis monetaria castigaron al partido Movimiento al Socialismo y eligieron por primera vez en casi 20 años a un candidato de oposición conservador .
En Argentina, el presidente libertario Javier Milei se ha convertido en una especie de ícono global del movimiento MAGA desde que su elección en 2023 revirtió años de populismo de izquierda en el país. Ha reforzado su amistad con Trump, quien prometió 40 mil millones de dólares en apoyo a su gobierno antes de las cruciales elecciones de medio término .
Ahora Kast quiere ser el siguiente. Celebró la victoria electoral de Trump el año pasado, calificándola de “un nuevo triunfo para la libertad y el sentido común”.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de trasladarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
(Foto AP/Esteban Felix)
  1. Guatemala: policía derriba estructura metálica construida por pandillas para vivir dentro de prisión
  2. Noboa anuncia captura en España de cabecilla de banda “Los Lobos” vinculada a cártel mexicano
  3. La extrema derecha chilena lleva la delantera mientras las elecciones presidenciales se dirigen a una tensa segunda vuelta.
  4. Funcionarios de salud en Gaza informaron que Israel devolvió los cuerpos de 15 palestinos.

Quienes Somos

Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.

Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.

Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.

Contactos

Oficina
1682 E Gude Drive. Rockville, MD 20850
Suite 102
Cabina: 301-6100900
Recepción: 301-942-3500
Fax: 301-942-7798
info@radioamerica.net

Contador de Visitas

049628298
Hoy
Ayer
Esta Semana
Este Mes
Mes anterior
Total de visitas al Sitio Web
3679
23842
84558
407848
760370
49628298
Tu IP desde donde navegas es: 216.73.216.153
21-11-2025 02:46