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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los líderes progresistas de América Latina están cada vez más acorralados por el tema del crimen organizado debido a la presión del gobierno del presidente Donald Trump y de sus propios votantes, quienes señalan los resultados de la guerra contra las pandillas del presidente de El Salvador.
El ansia por una respuesta más contundente a los problemas endémicos ha crecido durante años en América Latina. Las tácticas punitivas que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso en marcha contra las pandillas de su país en 2022, produjeron una fuerte disminución de los homicidios y un aumento en la aprobación por parte de los salvadoreños.
Bukele no solo presume el éxito en casa, sino que también ha buscado exportar su enfoque, ganando seguidores entre los votantes y populistas conservadores de todo el hemisferio, incluido Trump.
En el último año, Trump ha adoptado un enfoque más confrontativo hacia América Latina que cualquier presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Declaró a un gran número de grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, depuso al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ser juzgado por cargos de narcotráfico, amenazó con acciones militares en una serie de países y señaló a Bukele como un ejemplo de lo que quiere ver para el resto de la región.
Eso ha aumentado la presión sobre los gobiernos más progresistas de México, Colombia y Guatemala, que habían propuesto soluciones más integrales a los problemas endémicos, como erradicar la corrupción y ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue quien sintió más recientemente esa presión cuando presuntos miembros de pandillas mataron a 10 policías en aparente represalia por la negativa del gobierno a otorgar privilegios a los líderes encarcelados de esos grupos delictivos. El domingo por la noche, declaró un estado de emergencia que restringe algunos derechos constitucionales.
“La combinación de la creciente presión de Estados Unidos y la referencia a la derecha de Bukele, que ofrece una respuesta a los problemas de seguridad, ha... obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes demandas de ejercer acciones contundentes”, afirmó Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe del grupo de análisis de conflictos, ACLED.
El estado de emergencia en Guatemala podría limitar derechos
Las cosas llegaron a un punto crítico en un estallido de violencia el fin de semana en Guatemala, cuando los reclusos en prisiones notoriamente controladas por pandillas se amotinaron y tomaron a los guardias como rehenes. Cuando las autoridades recuperaron el control de uno de los centros penitenciarios, presuntos miembros de pandillas en la capital asesinaron a 10 policías.
Arévalo dijo que la emergencia se mantendría durante 30 días para combatir a las pandillas, a las que describió como “criminales violentos que cometen actos de terrorismo”. La declaración puede limitar algunos derechos constitucionales, como las libertades de movimiento, reunión y protesta, y fue aprobada el lunes por la noche por el congreso guatemalteco.
“No vamos a escatimar recursos… para castigar, para perseguir, para encontrar a los responsables de estos crímenes”, dijo Arévalo en un discurso el lunes, en el funeral de los agentes.
La medida del mandatario guatemalteco reflejó las acciones tomadas por su vecino Bukele en 2022. El estado de emergencia de El Salvador sigue vigente casi cuatro años después, y más de 90.000 salvadoreños han sido arrestados durante él, alimentando acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Pero el país registró solo 82 homicidios en 2025, en comparación con 6.656 en 2015.
“Proyectando dureza”
Arévalo es el líder latinoamericano que ha seguido más recientemente el ejemplo de Bukele, después de Ecuador, Honduras y Costa Rica, donde, la semana pasada, se inauguró un centro penitenciario modelado según la infame prisión de El Salvador para presuntos miembros de pandillas.
Pero los esfuerzos por aprovechar el éxito político de Bukele han fracasado en muchos casos, aun cuando la región experimenta un giro político hacia la derecha. Esto se debe, en parte, a que muchos líderes son reacios a llegar tan lejos como el presidente salvadoreño, que ha detenido a más del 1% de la población de su país y suele recibir críticas frecuentes por lo que los grupos de la sociedad civil describen como tendencias autoritarias.
Cuando Arévalo, hijo de un expresidente progresista, fue elegido en 2023, dijo que fortalecer las instituciones legales, incluso mediante reformas legislativas y la erradicación de la corrupción, era una solución a la violencia endémica de las pandillas, desviándose de los competidores que pedían un enfoque más al estilo Bukele.
El presidente guatemalteco también propuso mejorar la seguridad y construir una prisión de máxima seguridad, pero el estado de emergencia marca una escalada. Arévalo dijo en una entrevista el 15 de enero con The Associated Press que combatir el narcotráfico y el crimen organizado es un interés compartido con Estados Unidos.
“Mucho de esto es teatro político y aplicación de medidas enérgicas, pero el desafío es que sea realmente efectivo y cumpla con los objetivos”, dijo Michael Shifter, investigador de alto nivel del Diálogo Interamericano, con sede en Washington. “Proyectar dureza genera ganancias políticas”.
Líderes enfrentan presión política
Breda, el analista de ACLED, atribuyó el cambio a la presión de Trump y a las próximas elecciones judiciales en Guatemala, un momento decisivo para la agenda anticorrupción de Arévalo.
En México, bajo las crecientes amenazas de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha perseguido a los cárteles de manera mucho más agresiva que su predecesor, quien en cambio impulsó una política conocida como “abrazos, no balazos”, que buscaba abordar la pobreza y la falta de oportunidades como “causas raíz” de la violencia en lugar de confrontar directamente a los cárteles.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrenta un dilema similar.
Petro, un exguerrillero, se convirtió en el primer líder de izquierda de Colombia en 2022 con la promesa de consolidar la “paz total” y resolver décadas de conflicto en la nación andina. En particular, pretendía alcanzar acuerdos de paz con distintos grupos armados ilegales y brindar oportunidades a los jóvenes.
Sin embargo, las conversaciones de paz se han estancado con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, y otros grupos armados, por lo que Petro no ha logrado cumplir con su audaz agenda. La frustración hacia la izquierda de Colombia ha estado latente en gran parte del país en los meses previos a las elecciones presidenciales del país sudamericano.
Al mismo tiempo, Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Colombia y ha acusado a Petro de ser un narcotraficante, más recientemente, días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que derrocó a Maduro. El republicano también había acusado a Maduro de narcotráfico, y el expresidente venezolano ahora espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos.
Bajo la presión de Trump y de los colombianos hartos, Petro ha recurrido a la misma entidad que una vez criticó duramente: el ejército colombiano, afirmó Elizabeth Dickinson, analista de Colombia en el International Crisis Group.
La semana pasada, en un giro contundente de su esperanzador discurso de campaña, el izquierdista amenazó con una acción militar conjunta con Venezuela si el ELN no entraba en un proceso de paz con su gobierno.
“Se requiere mucho tiempo para movilizar acciones sobre estas ideas holísticas, y aún más para que esas ideas holísticas den resultados”, dijo Dickinson. “Lo que hizo Bukele, la razón por la que es atractivo en toda la región, es que parece proporcionar una solución rápida y simple a un problema muy complejo”.
