KIEV (AP) — Rusia atacó las instalaciones energéticas de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en su último bombardeo masivo contra la red eléctrica del país, dijeron las autoridades el jueves, mientras el presidente Volodymyr Zelenskyy se prepara para pedirle a su homólogo Donald Trump más defensas antiaéreas y misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos durante una reunión en la Casa Blanca.

Ocho regiones ucranianas sufrieron apagones tras la ofensiva rusa, indicó el operador energético nacional, Ukrenergo. DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, reportó cortes en la capital, Kiev, y apuntó que tuvo que frenar la extracción de gas natural en la región central de Poltava debido a los ataques. La infraestructura de gas natural sufrió daños por sexta vez este mes, de acuerdo con Naftogaz, la empresa estatal de petróleo y gas.

Zelenskyy afirmó que Rusia disparó más de 300 aviones no tripulados y 37 misiles contra el país durante la noche. Además, acusó a Moscú de utilizar municiones de racimo y de atacar repetidamente el mismo objetivo para alcanzar a los equipos de emergencias e ingenieros que trabajan en la reparación de la red.

“Este otoño, los rusos están aprovechando cada día para atacar nuestra infraestructura energética”, escribió Zelenskyy en Telegram.

La red eléctrica ucraniana ha sido uno de los principales objetivos del Kremlin desde que invadió a su vecino hace más de tres años. Los ataques se incrementan a medida que se acercan los meses de frío intenso como parte de una estrategia rusa que las autoridades ucranianas denominan “convertir el invierno en un arma”. Moscú dice que solo apunta a objetivos de valor militar.

Kiev quiere defensas antiaéreas y misiles de ataque

Las fuerzas ucranianas han resistido ante el ejército ruso, que es más grande y está mejor equipado, limitándolo a una guerra de desgaste a lo largo de los alrededor de 1.000 kilómetros (600 millas) de la línea del frente, que serpentea por las regiones del este y sur.

Pero Ucrania, que es casi del tamaño de Texas, es difícil de defender desde el aire en su totalidad y los funcionarios de Kiev buscan más ayuda occidental para hacer frente a los ataques aéreos y contraatacar a Rusia.

Se espera que Zelenskyy llegue a Estados Unidos el jueves, antes de la reunión que mantendrá con Trump en el Despacho Oval el viernes.

Ucrania quiere misiles de crucero, sistemas de defensa aérea y acuerdos de producción conjunta de drones con Estados Unidos, según funcionarios en Kiev. Zelenskyy también busca sanciones económicas internacionales más duras contra Moscú.

La visita se produce en medio de indicios que apuntan a que Trump podría estar inclinándose por aumentar la presión sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin, para romper el estancamiento en los esfuerzos de paz liderados por Washington.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, dijo el miércoles en Bruselas que si el Kremlin no cede en sus objeciones y se niega a negociar un acuerdo de paz, Estados Unidos “tomará las medidas necesarias para imponer costos a Rusia por su continua agresión”.

Además, Trump afirmó también el miércoles que el primer ministro de India, Narendra Modi, le aseguró personalmente que su país dejaría de comprar petróleo ruso. Esto privaría a Moscú de los fondos que necesita para seguir combatiendo en Ucrania.

Washington ha dudado en proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance, como los Tomahawks, por temor a que pueda agravar la guerra y las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Pero Trump se ha mostrado frustrado por su incapacidad para forzar el final de la guerra en Ucrania y se ha impacientado con Putin, a quien describe cada vez más como el principal obstáculo para alcanzar una solución.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo en una evaluación el miércoles por la noche que enviar Tomahawks a Kiev no intensificaría la guerra y solo “reflejaría el uso por parte de Rusia de (...) misiles de crucero de largo alcance contra Ucrania”.

Ucrania se compromete con empresas de defensa de EEUU

Por su parte, el Ministerio de Economía ucraniano anunció el jueves la firma de un memorando de entendimiento con la compañía estadounidense Bell Textron Inc. para colaborar en tecnología de aeronáutica.

La empresa aeroespacial y de defensa con sede en Fort Worth, Texas, abrirá una oficina en Ucrania y un centro para ensamblaje y pruebas, al tiempo que intercambiará conocimientos técnicos y capacitará a ucranianos en Estados Unidos, explicó el ministerio en un comunicado.

Ucrania, que no tiene garantías de lo que puede esperar de sus aliados occidentales, está dispuesta a desarrollar su propia industria armamentística.

El miércoles, una delegación del gobierno ucraniano de visita en Estados Unidos se reunió con dos importantes fabricantes de armas del país, Lockheed Martin y Raytheon.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  ILLIA NOVIKOV

(Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El asesinato a tiros de dos activistas venezolanos en la capital de Colombia está alimentando temores entre la diáspora venezolana de que la represión a la disidencia por parte del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro se esté extendiendo más allá de las fronteras de la nación sudamericana.

El lunes por la tarde, el activista venezolano de derechos humanos Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche Arteaga fueron baleados cuando salían de un edificio en el norte de Bogotá por dos personas no identificadas que los esperaban en un automóvil.

Se dispararon alrededor de 15 tiros contra los activistas, quienes huyeron de la creciente represión gubernamental el año pasado, y Peche Arteaga recibió seis impactos de bala, según Laura Dib, colega de Velásquez y directora del Programa de Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Ambos fueron operados y se encuentran estables.

“Tragedia tras tragedia”, dijo Dib. “Ha sido un día muy duro para todo el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Esto envía un mensaje muy claro sobre los riesgos de la represión transnacional”.

No quedó claro de inmediato quién estaba detrás del tiroteo, y las autoridades colombianas afirmaron estar investigando el ataque. Dib y otros líderes de la sociedad civil afirmaron estar esperando los resultados de la investigación, pero que el ataque parecía estar dirigido en función de sus perfiles políticos.

Los dos hombres formaban parte de un éxodo de la oposición política y de líderes de la sociedad civil que huyeron de Venezuela después de que Maduro fuera ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado y el gobierno detuviera a más de 2.000 personas, incluidos defensores de los derechos humanos y críticos.

Velásquez ya había sido detenido arbitrariamente por las autoridades venezolanas durante horas cuando intentaba salir del país para asistir a una conferencia de derechos humanos en agosto del año pasado, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Velásquez también había declarado que el gobierno venezolano le había cancelado el pasaporte.

Al huir, se unieron a un éxodo de casi 8 millones de personas de Venezuela, afectada por la crisis en los últimos años, muchos de los cuales buscan refugio en la vecina Colombia.

Pero grupos de la sociedad civil y líderes de la diáspora dicen que aquellos que alguna vez encontraron respiro en otras naciones andinas temen cada vez más por su seguridad después del ataque.

Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia (ColVenz), afirmó que la preocupación ha estado latente durante años, ya que el gobierno ha atacado a grupos de la sociedad civil. No es difícil contratar a un sicario en Colombia, en parte debido a la prevalencia de grupos criminales en la región.

“Siempre hemos estado atentos a una posible persecución en nuestra contra. Un ataque como este era algo que sabíamos que ocurriría desde hacía tiempo, que podía ocurrir en cualquier momento. Ahora ha ocurrido en Bogotá”, dijo.

“Nos preocupa que todos podamos convertirnos en un objetivo”, añadió.

Ahora, Pereda dijo que los grupos de la sociedad civil que trabajan con él están buscando formas de reforzar los protocolos de seguridad, incluida la contratación de guardaespaldas y la búsqueda de terceros países de escape en situaciones en las que los defensores de los derechos humanos sienten que enfrentan un peligro grave.

El año pasado, la comunidad de la diáspora se vio conmocionada cuando el oficial militar venezolano disidente Ronald Ojeda fue secuestrado y asesinado en Chile. Investigadores chilenos afirmaron que el asesinato tuvo un carácter político, fue orquestado desde Venezuela y probablemente perpetrado por la pandilla carcelaria venezolana Tren de Aragua .

James Story, ex embajador de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos de Venezuela durante las administraciones de Biden y del primer presidente Trump, dijo que estaba dentro de las capacidades del gobierno de Maduro llevar a cabo un ataque de ese tipo en Colombia y que el gobierno había estado vigilando durante mucho tiempo a sus adversarios en el país vecino.

“Todos los miembros de la oposición que vivían en Bogotá estaban preocupados de que pudieran ser atacados por el régimen de Maduro, de que estuvieran bajo vigilancia o de que ocurriera algún tipo de actividad nefasta”, dijo Story.

Señaló que mientras el Tren de Aragua circulaba en los titulares y el discurso político en Estados Unidos, el gobierno de Maduro tenía varios actores diferentes que podían llevar a cabo ese tipo de ataques.

Esa preocupación fue compartida por la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que el “ataque constituye una agresión grave” y exigió protección para los activistas y otros exiliados venezolanos en Colombia.

El ataque se produce cuando Venezuela vuelve a estar en el centro de la atención. Días antes del ataque, Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por un comité elegido por el parlamento noruego. El mismo día del tiroteo, Maduro anunció el cierre de la embajada venezolana en Oslo sin apenas dar explicaciones.

Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos y Maduro han aumentado a medida que avanza el conflicto entre ambos países debido a los ataques fatales a embarcaciones que, según la administración Trump, transportaban drogas desde Venezuela. Trump anunció el martes que se llevó a cabo un quinto ataque contra una embarcación el mismo día, en el que murieron seis personas.

Dib, colega de Velásquez, señaló que encontrar ayuda para los exiliados venezolanos se ha vuelto más difícil en los últimos meses a medida que la administración Trump ha recortado los fondos de ayuda internacional y las protecciones para los venezolanos dentro de sus propias fronteras.

Al mismo tiempo, en los últimos años los gobiernos de los Andes se han vuelto más hostiles hacia los migrantes venezolanos, ya que han asumido el peso de la mayor crisis migratoria en la historia de América Latina con pocos recursos y han culpado a los migrantes por los aumentos de la delincuencia.

A pesar de haber buscado ayuda de la Defensoría del Pueblo de Colombia en su solicitud, Velásquez aún no había recibido protección internacional en el momento en que le dispararon, dijo Dib.

“Se podría haber hecho muchísimo”, dijo. “Creo que esto es una llamada de atención”.

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MEGAN JANETSKY cubre migración, conflictos, derechos humanos y política en México y Centroamérica para AP, con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre Sudamérica.

 (Foto AP/Ivan Valencia)

TIANGUISTENGO, México (AP) — Cuando un río que serpentea por las montañas del centro de México se convirtió repentinamente en un aplastante muro de agua la semana pasada, prácticamente borró del mapa al pueblo de Chapula, de 400 habitantes.

Los residentes sólo tuvieron tiempo de gritar, advirtiendo a los vecinos que viven a lo largo de las riberas del río, y buscar desesperadamente refugio de las inundaciones y deslizamientos de tierra mortales que han aislado a 300 localidades del centro y este de México del mundo exterior.

Miles de soldados y trabajadores se movilizaron el martes para rescatar civiles y desbloquear carreteras.

“No quedó nada. Arrasó con casas, arrasó con el puente, arrasó con todo. Lo único que quedó en pie fue la iglesia y la bodega donde buscábamos refugio”, dijo Stephanie Ramírez, de 21 años, quien formaba parte de un grupo de ancianos, mujeres y niños que se cayó de un helicóptero de rescate el martes.

El gobierno confirmó que al menos 64 personas han muerto debido a las lluvias torrenciales. Decenas de personas siguen desaparecidas y las autoridades advierten que se desconoce la magnitud de la devastación en localidades remotas de entre doscientos y mil habitantes. Las lluvias fueron provocadas por la convergencia de dos tormentas tropicales que azotaban la costa occidental de México, al final de una temporada de lluvias inusualmente intensa que ha provocado el desbordamiento de ríos y el debilitamiento de laderas.

Ramírez y su abuela fueron evacuadas tras días esperando ayuda. El resto de su familia y decenas de vecinos seguían esperando ser evacuados. Ante la amenaza de más lluvia, buscaron refugio en una ladera cercana a punto de derrumbarse junto al río, que seguía crecido.

“Tenemos que sacarlos. Están en constante peligro allí”, dijo Ramírez.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que una de las prioridades del gobierno era abrir carreteras y “asegurar puentes aéreos, suministro de alimentos, agua y verificar cómo está cada persona”.

Miles de militares y civiles trabajaron incansablemente en esas labores el martes, pero en Chapula, los residentes decidieron organizarse por su cuenta. Según Ramírez, llamaron a sus familiares en Estados Unidos, "y fueron ellos quienes hicieron los arreglos para que nos fuéramos de allí poco a poco".

Con ayuda de vecinos del cercano pueblo de Tianguistengo, empezó a funcionar un puente aéreo privado, utilizando un helicóptero prestado para evacuar a grupos de aproximadamente media docena de personas a la vez, mientras otros vecinos organizaban bolsas de productos básicos para llevar a pie —con algunos soldados— a los pueblos vecinos que todavía estaban aislados.

“Creemos que son unas seis o siete horas caminando, pero queremos que la gente sepa que estamos trabajando… que vean que también nos preocupamos por su situación”, dijo el vecino Neptalí Rodríguez.

Los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo y Puebla. Tan solo en Hidalgo, donde se encuentra aproximadamente la mitad de las localidades aisladas, unas 100,000 viviendas resultaron dañadas o destruidas por las crecidas de ríos y los deslizamientos de tierra. En Veracruz, donde murieron al menos 29 personas, la lluvia alcanzó los 61 cm en tan solo cuatro días. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que más de 300,000 personas se vieron afectadas tan solo en el estado.

El martes, funcionarios públicos iban puerta a puerta en ciudades como Poza Rica, Veracruz, donde el agua del desbordamiento del río Cazones el viernes alcanzó cuatro metros de altura en algunas zonas. Preguntaban a los residentes si faltaba alguien.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta el martes había 67 personas desaparecidas.

Los equipos de salud comenzaron a fumigar las zonas afectadas para prevenir brotes de dengue , una enfermedad transmitida por mosquitos.

En Poza Rica, el residente Roberto Olvera dijo que una alarma de una refinería de petróleo lo alertó sobre el aumento de las aguas.

“Fue aterrador; mucha gente del barrio no pudo escapar”, dijo. Las inundaciones también dejaron un residuo negro y aceitoso, que se cree provenía de instalaciones de petróleo y gas cercanas, que cubrió árboles y tejados.

Decenas de centros de salud resultaron dañados, incluyendo uno en Álamo, Veracruz, donde las aguas alcanzaron los dos metros (6.5 pies), destruyendo todo el equipo. El director de salud local, Martí Batres, informó que el personal médico se encuentra trabajando al aire libre.

Mientras miles de soldados y equipos de rescate buscan a los desaparecidos y entregan ayuda, los helicópteros transportan suministros a zonas aisladas y empresas de construcción privadas ayudan a reabrir carreteras clave.

Sheinbaum dijo que hay suficientes recursos para responder y que el gobierno “no escatimará gastos durante esta emergencia”.

El fotoperiodista de Associated Press Félix Márquez contribuyó a este informe desde Poza Rica, México.

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Por  AMARANTA MARENTES

(Foto AP/Félix Márquez)

La Habana (AP) — El destacado disidente cubano José Daniel Ferrer abandonó la isla el lunes rumbo al exilio en Estados Unidos a petición del gobierno estadounidense, confirmaron autoridades cubanas y estadounidenses.

El director de relaciones bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alejandro García, dijo a The Associated Press que Ferrer, de 55 años, partió antes del mediodía desde su ciudad natal Santiago, en el este de Cuba, con destino a Florida.

“Él sale del país debido a una solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano, con la cual (Ferrer) está de acuerdo”, dijo García.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el lunes la llegada de Ferrer “después de sufrir años de abusos, torturas y amenazas a su vida en Cuba”, dijo en un comunicado.

Ferrer ganó reconocimiento internacional como parte de un grupo de 75 figuras de la oposición encarceladas y juzgadas en 2003. Las negociaciones con la Iglesia Católica, España y el entonces presidente Raúl Castro llevaron a su libertad entre 2010 y 2011, con la condición de que abandonaran la isla.

Ferrer se negó y en su lugar fundó la Unión Patriótica de Cuba, una importante organización política de oposición no reconocida legalmente por el gobierno.

Cuando miles de personas salieron a las calles en 2021 para protestar por la escasez de alimentos y los cortes de energía y pedir el fin del gobierno comunista, fue encarcelado una vez más a pesar de que ya estaba bajo arresto domiciliario en ese momento.

Estados Unidos ya había pedido públicamente la liberación de Ferrer y Amnistía Internacional lo incluyó en una lista de media docena de presos de conciencia. En su declaración del lunes, Rubio pidió la liberación de otros 700 presos políticos detenidos injustamente.

Ferrer fue liberado en enero como parte de las negociaciones con Cuba y la Iglesia Católica para liberar a más de 500 presos . Sin embargo, las autoridades lo volvieron a encarcelar en abril tras acusarlo de incumplir las condiciones de su liberación.

A principios de octubre, la familia de Ferrer comenzó a circular una carta en la que aceptaba su exilio. Se desconocen los términos del acuerdo para salir de la isla, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declaró el lunes que viajó con familiares.

El Consejo para la Transición Democrática, grupo opositor al que pertenece Ferrer, calificó su salida como un “alivio profundamente humano” después del acoso contra él y su familia a raíz de la carta.

Cuba ha acusado repetidamente a Ferrer y otros líderes de la oposición de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos mientras continúa su política de sanciones económicas contra la isla para impulsar un cambio de régimen.

Las condiciones de la prisión de Ferrer se modificaron para que su salida se ajustara a la ley cubana y la Constitución, según Ana Hernández, de la Fiscalía General de la República. No especificó cómo se modificaron las condiciones ni los detalles de las negociaciones.

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Por ANDREA RODRÍGUEZ

(Foto AP/Marta Lavandier)