BOGOTÁ. Colombia (AP) — En el Hospital Militar Central de Bogotá, una unidad inusual patrulla los pasillos con una misión única en su tipo: levantar el ánimo de los soldados heridos en combate.

Kratos, Rafa y Lupa conforman la llamada “fuerza peluda”, un grupo de perros de apoyo emocional que visitan a los militares que se recuperan tras resultar heridos en enfrentamientos con los grupos armados ilegales de Colombia.

Uno a uno, los tres perros entran en la habitación del Sargento Segundo Jeisson Sánchez Duque, quien recibió un disparo durante un combate en el noroeste de Antioquia. Kratos, el perro de mayor edad, lo saludó con la pata tras recibir golosinas. Luego, Lupa se acomodó en el suelo y Sánchez la cepilló mientras permanecía sentado debido a su lesión de espalda.

“Es algo diferente… te olvidas del dolor y te concentras en los perros”, dijo Sánchez a The Associated Press.

Los soldados aún luchan contra las secuelas de un conflicto que duró décadas en Colombia, que causó la muerte de 450.000 personas y obligó a 7 millones a huir de sus hogares. A pesar del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, el grupo guerrillero más grande del país, varios grupos armados aún operan en Colombia. Estos grupos, incluyendo algunos que se separaron de las FARC, se disputan los territorios que estas dejaron vacantes y las valiosas economías ilícitas que los sustentan, incluido el narcotráfico.

El programa, que se lanzó en abril de 2024 después de una visita de una organización de cuidado de animales, tiene como objetivo brindar apoyo psicológico y facilitar la recuperación de los soldados que enfrentan cicatrices físicas y emocionales, incluidas amputaciones por minas terrestres y lesiones por drones que arrojan explosivos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los incidentes con artefactos explosivos en Colombia aumentaron un 94% entre enero y julio en comparación con el mismo período de 2024. El hospital también ha notado un aumento de pacientes heridos por explosivos lanzados por drones.

Kratos fue donado por la Fuerza Aérea, luego Rafa por el Ejército y luego dos perros más fueron donados por los médicos del hospital.

Desde entonces, el programa se ha ampliado para permitir que los pacientes traigan sus propios perros y brindar descansos de bienestar al personal.

“(Los perros) muestran un beneficio en la recuperación del paciente, apoyado en los cambios fisiológicos que se producen durante las interacciones, que podríamos ver como recreativas, pero en este caso son terapéuticas para los pacientes”, explicó a AP Eliana Patricia Ramírez, subdirectora médica del hospital.

Para el soldado Luis Miguel López, quien perdió parte de su pierna en una mina en Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, las visitas de los perros ayudaron a superar la depresión que sintió mientras estuvo en el hospital.

La experiencia también le recordó a Goma, un perro antiexplosivos que salvó a su unidad varias veces antes de morir en una explosión.

“Estaba muy deprimido en mi habitación, porque estaba encerrado allí. Mi esposa me apoyó, pero no era lo mismo”, dijo.

“Cuando esos perros entran te cambian porque traen felicidad”.

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(Foto AP/Fernando Vergara)

Por  ASTRID SUÁREZ

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Hamás seguía considerando su respuesta a la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca poner fin a la guerra de casi dos años en Gaza, mientras los ataques israelíes mataron durante la noche al menos a 13 palestinos en el sitiado enclave, dijeron el jueves hospitales locales.

El plan, que ha recibido un amplio apoyo internacional, exige a Hamás liberar a todos los rehenes que siguen en su poder, abandonar el poder en Gaza y desarmarse, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos y el final de los combates. Pero la propuesta, que ha sido aceptada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no establece una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Mientras, en Gaza, nueve personas —casi todas mujeres— fallecieron en un ataque a una vivienda en la parte oriental de Deir al-Balah, y tres más perdieron la vida en otro a una tienda, también en la ciudad del centro del territorio, según el hospital Mártires de Al-Aqsa.

En la Ciudad de Gaza, responsables del hospital Shifa dijeron que recibieron un cadáver y varios heridos y que su personal tenía problemas para llegar a las instalaciones.

El jueves por la mañana, Israel había interceptado también a la mayoría de los alrededor de 40 barcos de una flotilla que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para los palestinos y que tenía como objetivo romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja, de acuerdo con los organizadores.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo en redes sociales que los activistas a bordo, entre los que había varios legisladores europeos, estaban a salvo y siendo llevados a Israel para comenzar los “procedimientos” para su deportación a sus países de origen.

Esperando noticias de Hamás

Un alto cargo de Hamás dijo a The Associated Press el miércoles que algunos puntos de la propuesta acordada por Trump y Netanyahu son inaceptables y deben modificarse, pero no ofreció más detalles.

La respuesta oficial del grupo solo se producirá tras consultas con otras facciones palestinas. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa sobre las conversaciones en curso, señaló que Hamás había transmitido sus preocupaciones a Qatar y Egipto, dos mediadores clave que han mostrado su respaldo al plan, aunque con algunas reservas.

El ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas mientras que otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría quedaron libres en acuerdos de alto el fuego anteriores, pero 48 siguen retenidas en Gaza, de las cuales Israel cree que solo 20 siguen con vida.

El plan garantiza la entrada de ayuda humanitaria y promete la reconstrucción en Gaza, que quedaría, junto a sus más de dos millones de habitantes, bajo un gobierno internacional.

Aumentan los fallecidos en Gaza

La campaña militar israelí en la Franja se ha cobrado la vida de más de 66.000 palestinos e hirió a casi 170.000 más, según el Ministerio de Salud del territorio, que no diferencia entre víctimas civiles e insurgentes en su conteo, pero sostiene que alrededor de la mitad son mujeres y niños.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de bajas en tiempos de guerra.

Alrededor de 400.000 palestinos han huido de la Ciudad de Gaza, afectada por una hambruna, desde que Israel inició una gran ofensiva allí el mes pasado. El jueves por la mañana, se podía ver humo en el norte de Gaza y a gente huyendo hacia el sur, la única dirección en la que pueden moverse en la principal carretera que recorre el enclave de norte a su desde el mediodía del miércoles.

El ministro israelí de Defensa ordenó el miércoles a todos los palestinos que saliesen de la Ciudad de Gaza. Indicó que era su ”última oportunidad” y que cualquiera que se quedara sería considerado partidario de los insurgentes y enfrentaría la “fuerza total” de la última ofensiva de Israel.

Aunque las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente mermadas, el grupo todavía lleva a cabo ataques. El miércoles se lanzaron al menos siete proyectiles hacia Israel desde territorio gazatí, pero todos fueron interceptados o cayeron en campo abierto, sin reportes de víctimas, dijo el ejército israelí.

Las periodistas de The Associated Press Giovanna Dell’Orto en Jerusalén y Renata Brito en Barcelona contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP Foto/Abdel Kareem Hana)

POR  WAFAA SHURAFA

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido gobernante de México logró la noche del miércoles imponer una vez más su mayoría para aprobar en el Senado de una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para activar el recurso legal que es clave en la protección de los derechos humanos, lo que ha generado preocupación entre activistas y organizaciones humanitarias locales.

Con 70 a favor y 39 en contra, Morena y sus fuerzas aliadas lograron la aprobación de la iniciativa impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras la reforma judicial que se concretó este año con la elección de una nueva judicatura que quedó integrada en su mayoría por jueces cercanos al gobierno. La reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados para la aprobación final.

A mediados del mes pasado Sheinbaum envió al Congreso, controlado por el oficialismo, la propuesta de reforma para agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados por “por quienes quieren evitar la justicia”.

“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos”, dijo esta semana la mandataria al defender su iniciativa.

El amparo es un recurso legal que puede proteger a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la violación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos por México. A través del amparo las personas pueden reclamar ante un tribunal por las omisiones en investigaciones y la negativa de los funcionarios a entregar un expediente o a recibir una denuncia.

El texto aprobado por los senadores contempla que el amparo podrá promoverse por una afectación individual o colectiva, y que el interés legítimo deberá implicar una “lesión real, actual y diferenciada”, con lo que se modificó una de las propuestas del proyecto presentado por Sheinbaum que planteaba que las acciones solo podían ser promovidas de manera individual.

En la reforma se ampliaron los plazos procesales de 60 a 90 días para que los jueces dicten sentencias de amparos indirectos, y se establecieron límites para las suspensiones de los actos reclamados en los casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.

Asimismo, se acordó la implementación de un marco legal para realizar los juicios de amparo de manera digital, pero se garantizó que quienes no tengan acceso a medios digitales los ejecuten de forma tradicional.

Al último momento el oficialismo incorporó un artículo transitorio para aplicar la reforma en casos vigentes y en trámite.

En un comunicado conjunto algunas de las principales organizaciones humanitarias locales expresaron el martes preocupación por la limitación de los alcances de la suspensión como medida cautelar, y el aumento del margen para incumplir las sentencias de amparo al diluir las consecuencias derivadas del desacato.

“Una reforma al juicio de amparo debe ser progresiva en donde se busque que sea una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia, conforme a la Constitución y los tratados internacionales”, refiere el escrito respaldado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.

(AP Foto/Fernando Llano)

POR  FABIOLA SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las clases fueron canceladas o trasladadas a internet esta semana en más de la mitad de los departamentos de la Universidad Nacional Autónoma de México por preocupaciones de seguridad tras el reciente asesinato de un estudiante en una escuela de la universidad y una serie de amenazas.

El rector de la principal universidad del país se comprometió este martes a reforzar las medidas de seguridad y reforzar el apoyo emocional disponible para los estudiantes.

La escuela ha experimentado casos de violencia de género a lo largo de los años, y ahora está investigando amenazas contra varias profesoras, además del asesinato la semana pasada de una estudiante de 16 años en el campus sur de la Escuela de Ciencias y Humanidades.

La universidad reportó una docena de amenazas a la Fiscalía de la Ciudad de México, según informó el martes el asesor jurídico de la universidad, Hugo Concha. Añadió que las más preocupantes fueron las amenazas por correo electrónico y redes sociales contra cuatro profesoras del departamento de química por "ser mujeres", en referencia al ataque fatal de la semana pasada.

Las autoridades tienen bajo custodia a un sospechoso del asesinato. El joven de 19 años se encuentra hospitalizado tras saltar de un edificio al intentar escapar. La investigación preliminar halló vínculos entre el sospechoso y la ideología del "célibe involuntario" o "incel", un grupo mayoritariamente en línea de personas, principalmente hombres, que creen que la sociedad les niega injustamente la atención sexual o romántica.

Concha afirmó que, si bien la universidad ha trabajado para establecer protocolos ante la posibilidad de incidentes relacionados con "incel", no ha registrado ningún incidente violento relacionado con ello. No descartó que también pudiera estar relacionado con las amenazas a los profesores.

La comisión de seguridad del Consejo Universitario se reunió el martes para abordar las preocupaciones. El rector Leonardo Lomelí se comprometió a garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y a brindar apoyo psicológico a quienes lo soliciten. El administrador afirmó que la universidad tomará medidas legales y disciplinarias contra cualquier persona responsable de las amenazas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes durante su conferencia de prensa diaria que su administración propondrá la creación de “espacios seguros” donde los estudiantes puedan denunciar amenazas u otro tipo de acoso en plataformas en línea.

Los incidentes también han ocurrido en una época del año en la que históricamente se ha registrado una mayor tensión en el campus. Esto se debe al aniversario, el 26 de septiembre, de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal en el sur de México en 2014 y al aniversario, el 2 de octubre, de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la icónica plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México.

Catorce departamentos pasaron a clases en línea porque los estudiantes se negaron a asistir a clases y otros 14 fueron cerrados por completo por los estudiantes y el personal docente.

Concha dijo que el ataque de la semana pasada “generó un ambiente más problemático, de alta intensidad, que ha llevado a la universidad a confrontar directamente y preocuparse por abordar los problemas de seguridad”.

MARÍA VERZA se ha centrado en historias de inmigración, violencia y derechos humanos en México y Centroamérica durante más de una década.

(Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)