MARACAIBO, Venezuela (AP) — Las manos de Yosbelin Pérez han fabricado decenas de miles de las planchas redondas de aluminio que las familias venezolanas calientan a diario para cocinar arepas. Se enorgullece de elaborar el venerado "budare", el denominador común entre las casas rurales con techo de lámina y los apartamentos de la ciudad, pero no posee nada a su nombre a pesar de los años que lleva vendiendo utensilios de cocina.

De hecho, Pérez debe unos 5.000 dólares porque ella y su familia nunca llegaron a Estados Unidos, donde esperaban escapar de la profunda crisis política, social y económica de Venezuela. Ahora, al igual que miles de venezolanos que han regresado a su país este año, ya sea voluntaria o no, están empezando de cero mientras la crisis se agrava.

“Cuando decidí irme en agosto, lo vendí todo: casa, pertenencias, auto, todo de mi fábrica: moldes, arena. Me quedé sin nada”, dijo Pérez, de 30 años, en casa de sus suegros en el oeste de Venezuela. “Llegamos a México, nos quedamos siete meses, y cuando el presidente (Donald Trump) llegó al poder en enero, dije: '¡Vámonos!'”.

Ella, su esposo y sus cinco hijos regresaron a su país sudamericano en marzo.

La pandemia de COVID-19 empujó a los migrantes a Estados Unidos

Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado desde 2013, cuando la economía de su país, dependiente del petróleo, se desmoronó. La mayoría se asentó en América Latina y el Caribe, pero tras la pandemia de COVID-19, los migrantes vieron en Estados Unidos su mejor oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Muchos venezolanos ingresaron a Estados Unidos bajo programas que les permitieron obtener permisos de trabajo y los protegieron de la deportación. Sin embargo, desde enero, la Casa Blanca ha eliminado las protecciones para los inmigrantes y ha buscado agresivamente su deportación, mientras el presidente estadounidense Donald Trump cumple su promesa de campaña de limitar la inmigración a Estados Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se había negado durante mucho tiempo a aceptar de vuelta a los venezolanos deportados, pero cambió de postura a principios de este año bajo presión de la Casa Blanca. Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto de las afueras de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o por la aerolínea estatal venezolana.

El gobierno estadounidense ha defendido sus audaces medidas, incluyendo el envío de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador durante cuatro meses, argumentando que muchos de los inmigrantes pertenecían a la violenta pandilla Tren de Aragua . El gobierno no presentó pruebas que respaldaran la acusación general. Sin embargo, varios inmigrantes deportados recientemente han afirmado que las autoridades estadounidenses juzgaron erróneamente sus tatuajes y los utilizaron como excusa para deportarlos.

Maduro declaró 'emergencia económica'

Muchos de quienes regresan a casa, como Pérez y su familia, se encuentran con condiciones de vida más duras que cuando se fueron, ya que la crisis monetaria, la inflación de tres dígitos y los salarios miserables han hecho que la comida y otras necesidades básicas sean inasequibles, por no hablar del vehículo, la casa y los aparatos electrónicos que vendieron antes de emigrar. El salario mínimo mensual de 130 bolívares, o 1,02 dólares al lunes, no ha aumentado en Venezuela desde 2022. La gente suele tener dos, tres o más trabajos para reunir el dinero.

Este último capítulo de la crisis de 12 años incluso llevó a Maduro a declarar una “emergencia económica” en abril.

David Rodríguez emigró dos veces a Colombia y Perú antes de intentar llegar a Estados Unidos. Salió de Venezuela el año pasado, cruzó el peligroso Tapón del Darién a pie, atravesó Centroamérica y caminó, se subió a un tren y tomó autobuses por todo México. Se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en diciembre, pero fue detenido durante 15 días y deportado a México.

En quiebra, Rodríguez, de 33 años, trabajó como conductor de mototaxi en Ciudad de México hasta que ahorró suficiente dinero para comprar su boleto de avión de regreso a Venezuela en marzo.

“Irme a Estados Unidos... fue un revés total”, dijo sentado en casa de un familiar en Caracas. “Ahora mismo, no sé qué hacer salvo salir de deudas primero”.

Debe pagar $50 a la semana por una motocicleta que compró para trabajar como mototaxista. En una buena semana, dijo, puede ganar $150, pero hay otras en las que solo gana lo suficiente para cubrir el pago de $50.

Los migrantes buscan usureros

Algunos migrantes se matricularon en escuelas de belleza y pastelería o se convirtieron en repartidores de comida tras ser deportados. Otros ya habían emigrado a España. Muchos recurrieron a usureros.

El cuñado de Pérez, quien también fabricaba utensilios de cocina de aluminio antes de emigrar el año pasado, le permite usar el horno y otros electrodomésticos que dejó en su casa de Maracaibo para que la familia pueda ganarse la vida. Pero la mayor parte de sus ganancias se destina a cubrir el 40% de interés mensual de un préstamo de $1,000.

Si la deuda no fuera suficiente preocupación, Pérez también tiene que preocuparse por la razón exacta que la alejó: la extorsión.

Pérez dijo que ella y su familia huyeron de Maracaibo después de que ella pasara varias horas bajo custodia policial en junio de 2024 por negarse a pagarle $1,000 a un oficial. El oficial, según Pérez, tocó a su puerta y le exigió el dinero a cambio de permitirle seguir operando su negocio de utensilios de cocina sin permiso en su patio trasero.

Dijo que los oficiales la rastrearon a su regreso y ya le exigieron dinero.

“Trabajo para ganarme la vida de un día para otro... La semana pasada vinieron unos guardias. 'Mira, tienes que apoyarme'”, dijo Pérez que le dijeron a principios de julio.

Entonces, si no les doy nada (dinero), aparecen otros también. Le transferí $5. Tiene que ser más de $5 porque si no, te van a pelear.

(Foto AP/Matias Delacroix)

Por  REGINA GARCIA CANO

TAPACHULA, México (AP) — Escoltados por la policía y acompañados por un sacerdote católico, unos 300 migrantes comenzaron a caminar hacia el norte el miércoles desde el sur de México, incluso mientras el activista que ayudó a organizarlos seguía bajo custodia policial por acusaciones de trata de personas.

Este martes, autoridades detuvieron a Luis García Villagrán , líder de una organización no gubernamental local en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, por presuntos delitos relacionados con su trabajo con migrantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante su rueda de prensa diaria el miércoles que él “no era un activista” sino que estaba vinculado al tráfico de personas, y “ese es el delito”.

Sheinbaum afirmó que había una orden de arresto pendiente contra García Villagrán desde hacía años. Se desconocía por qué esta figura pública y de gran franqueza no había sido arrestada antes.

Más tarde el miércoles, las autoridades mexicanas informaron en un comunicado que los investigadores habían identificado una red de tráfico de migrantes que utilizaba diversas organizaciones y fundaciones como fachada para el tráfico de migrantes y drogas a través de México. No proporcionaron más detalles.

El comunicado conjunto de la Procuraduría General de la República y las fuerzas de seguridad indicó que el presunto papel de García Villagrán era obtener documentación falsa a los migrantes para permitirles cruzar México.

El grupo de migrantes que salió de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, fue pequeño en comparación con las caravanas migrantes de años anteriores . Ha habido muy poco movimiento de migrantes en público desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo en enero, aunque las cifras de migración venían disminuyendo incluso antes.

Quienes caminaron el miércoles dijeron que su objetivo no era llegar a Estados Unidos, sino al centro de México. Se quejaron de que llevaban meses esperando para legalizar su estatus o recibir asilo.

En los últimos años, el gobierno mexicano ha trabajado para contener a los migrantes en el sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos. En ocasiones, esta estrategia ha incrementado el número de migrantes en Tapachula, hasta el punto de que cientos de ellos emprenden marchas de protesta. Chiapas es el estado más pobre de México y los migrantes se quejan de la escasez de trabajo y vivienda disponible.

El miércoles, Johnny López, de Ecuador, caminó con su esposa y sus tres hijos, incluyendo un bebé nacido en Tapachula. Habían esperado en la ciudad sureña el resultado de su solicitud de asilo, que finalmente fue rechazada. Ahora planeaban viajar a la Ciudad de México, donde López espera encontrar trabajo para mantener a su familia.

Los migrantes fueron escoltados por agentes de inmigración, policías, marinos y paramédicos.

Heyman Vázquez, un sacerdote católico que acompañó a los migrantes, calificó de “injusta” la detención de García Villagrán.

Vázquez dijo que esto demuestra la preocupación del gobierno mexicano por las caravanas migrantes, que dijo se resolverá facilitando la legalización de los migrantes.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

(Foto AP/Edgar H. Clemente)

BOGOTÁ (AP) — Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial colombiano que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses en un ataque que sacudió al país, falleció el lunes en el hospital, informó su esposa. Tenía 39 años.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, indicó su mujer María Claudia Tarazona en un mensaje en Instagram en el que confirmó su muerte. “Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

Uribe Turbay permaneció más de dos meses en estado sumamente grave y con pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Fue baleado cuando hacía campaña en el occidente de la capital colombiana, pese a estar custodiado por elementos de seguridad.

El ataque, que quedó grabado en video, conmocionó a un país que recordó las oscuras épocas en las que candidatos presidenciales y figuras de alto nivel eran secuestrados o asesinados por cárteles del narcotráfico y grupos insurgentes en las décadas de 1980 y 1990.

Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos con el actual gobierno, y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial. Engrosaba la lista de precandidatos que intentan reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, en las elecciones de mayo de 2026.

Nació en 1986 en la capital colombiana en el seno de una familia de larga tradición política. Su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Su padre, Miguel Uribe Londoño, es un político conservador que llegó al Consejo de Bogotá y al Senado en 1990.

Su madre, Diana Turbay, fue una prolífica periodista secuestrada en 1990 por “Los extraditables”, un grupo de narcotraficantes encabezado por el capo Pablo Escobar que se oponían a la extradición a Estados Unidos. Turbay murió en 1991 durante un rescate policial, cuando Uribe Turbay era un niño de 5 años.

“Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, cómo no voy a hacer yo lo mismo en la vida y en la política”, declaró Uribe Turbay el año pasado en una entrevista con la periodista Eva Rey.

Abogado de profesión y con una maestría en administración pública por la Universidad de Harvard, Uribe Turbay fue elegido concejal de Bogotá con sólo 26 años y luego nombrado secretario de Gobierno de la misma ciudad. En 2022 se convirtió en el senador más votado de Colombia por el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con quien no tenía ningún parentesco.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, lamentó Uribe en la red social X.

Con su aspiración presidencial buscaba dar un salto y convertirse en el presidente más joven del país a sus 39 años, aunque no estaba en la lista de favoritos en una campaña aún en ciernes.

El sábado 7 de junio el senador recorrió el barrio Modelia en Fontibón, una localidad del occidente de Bogotá, y se detuvo en un parque para dar un discurso sobre la salud mental y las condiciones de trabajo para la población con discapacidad. Entonces recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza.

En el lugar fue detenido un sospechoso, un menor de 15 años cuya identidad no ha sido revelada, quien portaba una pistola Glock 9 milímetros. Luego fueron arrestadas cinco personas que habrían participado en la logística y ejecución del ataque, entregando el arma al menor.

La fiscalía investiga el móvil del atentado e intenta determinar al autor o autores intelectuales. Hay varias hipótesis sobre las razones del ataque, las cuales incluyen un golpe a la oposición, un intento de desestabilizar al país y una respuesta de grupos armados ilegales.

La firma de abogados del precandidato denunció que él no contaba con la protección suficiente, pese a insistentes solicitudes de reforzarla. Petro ha dicho que el día del ataque fue “extrañamente” disminuido el equipo de seguridad de Uribe.

En un repudio de la sociedad al ataque, más de 70.000 personas marcharon vestidas de blanco y ondeando banderas de Colombia. Se le denominó “Marcha del silencio”, en una evocación del nombre que usó Jorge Eliecer Gaitán para una protesta en 1948. Gaitán fue asesinado cuando se perfilaba para ser presidente, un hecho que marcó la historia del país.

La familia de Uribe Turbay fue acompañada durante varios días por decenas de personas que, preocupadas por su salud, convirtieron el exterior de la clínica en una especie de altar con flores y veladoras.

Tarazona solía acompañar las oraciones mirando a través de un cristal, y algunas veces hablaba en público para pedir que no cesaran de orar por el precandidato.

La pareja se conoció cuando Uribe Turbay era aspirante al Consejo de Bogotá. Tarazona tenía tres hijas de su primer matrimonio, a quienes el político ayudó a criar y decía querer como si fueran sus hijas. Juntos tuvieron un hijo en común.

“Ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy: contarle a sus 4 años que su papá sufrió un disparo en la cabeza”, dijo la esposa de Uribe Turbay tras el ataque.

(AP Foto/Fernando Vergara, archivo)

POR  ASTRID SUÁREZ

LA HABANA (AP) — Nélida Pérez sale cada día de su edificio en La Habana Vieja hacia un parque cercano con una cazuela llena de un sancocho de arroz con pollo o pescado. Mientras hace ruido con la tapa, una docena de gatos se arremolinan a su alrededor.

“Nunca en mi vida le he pedido a nadie un plato de comida para alimentar a mis gatos y ahora me veo en dificultades”, dijo Pérez, de 81 años, a The Associated Press.

La jubilada es una de las cientos de personas que hacen un esfuerzo diario para cuidar a los animales callejeros en medio de una crisis económica que, según los activistas, ha incrementado el abandono de mascotas.

Y ante la falta de refugios públicos, muchos los acogen en sus viviendas o portales.

“La calle los mata”, aseguró a AP con dolor Bárbara Iglesias, una farmacéutica de 51 años que tiene en su patio cinco perros adoptados —Canelita, Negro, Félix, Beny y Apolo— pero ha recogido y salvado a otra docena a los que les encontró un hogar.

Depender de la solidaridad

Lo más difícil, reconoció Iglesias, es conseguir comida.

Una bolsa de alimento de 20 kilos —que alcanza para dar de comer a un perro durante 45 días— cuesta unos 80 dólares, un monto inalcanzable para la mayoría, lo que obliga a cocinarles raciones con vísceras, partes de pollo o picadillos que tampoco son fáciles de conseguir.

A eso hay que sumarle las vacunas anuales que cuestan unos 20 dólares y la consulta al veterinario por otros 10, cuando el salario promedio en la isla es de unos 12 dólares.

Vecinos y amigos suelen regalarle a los cuidadores restos de comida y se apoyan en las campañas de esterilización o desparasitación que realizan algunos grupos de protectores.

“Muchos vecinos son buenos, me ayudan con la comida; más la que yo consigo, les hago su comidita”, explicó Ángela Arias, una costurera jubilada de 74 años que reside en una vivienda precaria con nueve perros recogidos de la calle y dos gatos.

A su pequeño apartamento suele acudir la veterinaria Sandra Fleitas Cruz, quien de manera gratuita atiende a los animales y hasta les lleva las medicinas que le donan otros clientes con más recursos económicos.

“Ella lo que hace es costura y vive de la nobleza de los vecinos. Cada uno le da lo que puede para que alimente a los animalitos”, explicó Fleitas.

Desde 2020 Cuba sufre su peor crisis económica en décadas, provocada por la paralización que conllevó la pandemia de COVID-19, el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos y una reforma monetaria interna que disparó la inflación.

El desabastecimiento de productos de todo tipo, incluidas medicinas, los cortes de luz y las largas colas para conseguir gasolina son escenas cotidianas en la isla.

Las autoridades informaron en julio que la economía tuvo una contracción de 1,1% en 2024 para una caída acumulada de 11% en los últimos cinco años. La inflación, que alcanzó el pico de 77% en 2021, se ubicó el año pasado en 24%.

Dueños que se van, recursos que no alcanzan

Junto con el incremento del precio de los alimentos y las medicinas, la migración de cientos de miles de cubanos en los últimos cinco años y la mortalidad de los adultos mayores también incidieron en el abandono animal, aseguraron los expertos.

“Las personas están más enfocadas en sus problemas que son bastantes, el cubano no tiene agua, no tiene luz, el tema comida está cada vez más difícil”, comentó a AP Annelie González Carreras, una de las responsables del Proyecto Aldameros, una colonia de gatos ubicada en un parque del centro histórico de La Habana.

“Tener un animal a tu cargo lleva alimentación, cuidados”, reflexionó González, de 36 años, quien se desempeña como jefa de un restaurante y gasta mucho de sus ingresos en los felinos.

Ella y un pequeño grupo de voluntarios comenzaron dándole de comer a 15 gatos en el parque Aldama al comienzo de la pandemia. Hoy allí hay más de 150 a los que cuidan.

En estos años —con esfuerzo propio y algunas donaciones— pudieron colocar bombas de agua, corrales para casos especiales y jaulas para los cachorros.

Para González basta un ejemplo para ilustrar cómo ha crecido el abandono de mascotas: a comienzos de la década aparecían en el parque Aldama unos tres gatos abandonados a la semana, este año llegaron a ingresar 15 por día.

Un Estado que no da abasto y una ley insuficiente

El Estado tiene un programa contra las enfermedades animales, un centro nacional de salud animal, algunas clínicas veterinarias gratuitas y desarrolla campañas de esterilización o contra la rabia, pero por la falta de recursos económicos no existen refugios públicos.

En 2021 y después de una movilización en las calles y las redes sociales los protectores de animales lograron la aprobación de un decreto ley que los protege del maltrato y el abandono. Sin embargo, dijeron los activistas, no es suficiente. Aunque tiene algunos puntos clave –como la prohibición de las peleas de perros— sólo aplica multas a quienes maltratan, son negligentes o abandonan mascotas.

Los animalistas han tenido incluso que enfrentarse a personas inescrupulosas. Cada uno de los entrevistados podía contar una historia. González, por ejemplo, recordó que al menos en dos ocasiones tuvieron que echar del parque a un hombre con un saco que venía a “cazar” gatos.

“Me da mucha lástima porque he visto darles golpes a los gatos, matarlos”, comentó Pérez, que cuida los felinos callejeros frente al portal de su casa. “Mientras yo viva, tenga salud y la gente me ayude… yo les busco algo de comida”.

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

(AP Foto/Ramón Espinoza)

POR  ANDREA RODRÍGUEZ