TEGUCIGALPA (AP) — La candidata del partido que gobierna Honduras, Rixi Moncada, pidió el domingo la nulidad de las elecciones presidenciales en el país alegando una manipulación del sistema de conteo y presiones a la población durante los comicios, sin presentar pruebas.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso”, expresó la candidata de la formación de izquierda Libertad y Refundación (Libre) mientras leía un comunicado de su partido.

Los datos parciales publicados por el momento sitúan a Moncada en tercer lugar, muy por detrás de dos candidatos conservadores. El proceso de conteo lleva paralizado desde el viernes, lo que ha producido inquietud entre los hondureños.

Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) fue manipulado en su código fuente.

“Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad”, expresó sin demostrar pruebas.

La misma denuncia fue realizada más temprano en conferencia de prensa por el consejero oficialista del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, también sin presentar pruebas. Moncada afirmó que eso demostraba la violación en los módulos de “escrutinio de divulgación y escrutinio de procesamiento de actas”.

Incertidumbre por un conteo paralizado

Los hondureños votaron el domingo 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente, tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Tras un conteo preliminar que comenzó con el cierre de urnas, el proceso permanece paralizado desde el viernes debido a “problemas técnicos” en el sistema de escrutinio, según las autoridades electorales, lo que ha generado suspicacia en el proceso e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con los datos parciales, los dos candidatos en cabeza son Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, que a la fecha lleva el 40,19% de los votos y Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, que obtiene el 39,49%. Moncada habría obtenido apenas el 19,3% de los votos, según los datos parciales.

Asfura y Nasralla han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque aseguran tener todas las actas y ambos han dicho que se consideran triunfadores.

En otra conferencia de prensa casi simultánea a la de Moncada, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cosette López anunciaron que se reiniciaría el sistema de divulgación de actas. Ochoa no estaba presente en esa intervención, y las funcionarias no mencionaron las acusaciones de manipulación.

La Organización de Estados Americanos en un comunicado llamó al CNE a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados.

Sin embargo, el CNE tiene un máximo de 30 días para emitir una declaratoria final sobre el ganador de los comicios, tiempo en el cual debe realizar todo el proceso de conteo, procesamiento y subsanación.

Libre anuncia movilizaciones

Moncada afirmó que en el marco del proceso electoral se enviaron millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo con recortar las remesas que llegan desde Estados Unidos, para que no votaran por ella.

Trump otorgó días antes de la elección su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar. También indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una sentencia de 45 años por narcotráfico en una prisión federal estadounidense.

La candidata oficialista condenó el indulto a Hernández y pidió que las autoridades hondureñas lo procesaran por crímenes contra el territorio a través de la ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo Económico) y por violar la Constitución por reelección ilegal.

Libre, por unanimidad, también ordenó a sus candidatos electos en cualquiera de los niveles electivos a no integrar ningún organismo sin autorización del partido.

Moncada manifestó que “el partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en la transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso”.

También convocó a una asamblea extraordinaria para el sábado 13 de diciembre para tomar acciones contra lo que consideran elecciones fraudulentas.

“La máxima autoridad del partido Libre es su asamblea nacional extraordinaria convocada para el próximo sábado 13 de diciembre. Se convoca a movilizaciones, asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones”, confirmó.

En la conferencia estuvo la diputada Hortencia Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro y del coordinador de Libre, el también expresidente Manuel Zelaya derrocado en un golpe de Estado en 2009, quien anunció tomas y plantones en el país.

(AP Foto/Moisés Castillo)

POR  MARLON GONZÁLEZ

LA HABANA (AP) — Un apagón afectó a La Habana y al resto de la mitad occidental de Cuba el miércoles, dejando a millones de personas sin electricidad en una isla que lucha con apagones crónicos atribuidos al deterioro de la red eléctrica.

Lázaro Guerra, director general del Ministerio de Energía y Minas, explicó que el masivo apagón se produjo por una falla en una línea de transmisión que conecta dos importantes centrales.

La red eléctrica volvió a estar operativa el miércoles por la tarde, pero el gobierno advirtió que el restablecimiento del suministro eléctrico no sería inmediato y que persistían los déficits de generación.

El apagón que duró casi 12 horas paralizó las actividades en la capital y más allá.

En La Habana, decenas de policías intentaron dirigir el tráfico mientras muchos estudiantes que ya estaban en la escuela fueron enviados de regreso a casa. Los pequeños negocios con generadores reanudaron sus ventas, especialmente de alimentos. En algunas zonas, el servicio de internet era intermitente, por lo que muchos residentes se preguntaban qué había sucedido.

“No hay conexión. Nadie sabe por qué se fue la luz. ... No dicen nada; todo es silencio”, se quejó Raúl Calderón, un jubilado de 82 años, mientras esperaba escuchar los informes oficiales en la radio.

El corte del suministro eléctrico se produjo tras dos días de cortes de electricidad en horas punta en toda la isla

Un apagón total azotó Cuba en septiembre , y las autoridades atribuyeron el problema al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible en las centrales eléctricas. Los continuos cortes también afectan el servicio de agua y al frágil sector empresarial de la isla.

“La situación está mal. Las centrales eléctricas se están estropeando con frecuencia. Tengo dos hijos y es difícil conseguir comida”, dijo Liubel Quintana, dueña de un café de 47 años. “Es muy difícil por donde se mire”.

Cuba atraviesa una severa crisis económica que se profundizó durante la pandemia del coronavirus, que paralizó al clave sector turístico, y se vio agravada por un aumento de las sanciones estadounidenses y una fallida reforma financiera interna para unificar la moneda.

Mientras tanto, las centrales térmicas llevan más de 30 años operando y reciben poco mantenimiento, lo cual resulta costoso para los presupuestos cubanos. La falta de mantenimiento, sumada a la escasez de combustible, ya sea por falta de fondos o por el hecho de que los barcos son objeto de sanciones estadounidenses, amenaza la generación de energía del país. El gobierno ha implementado un programa de parques solares con apoyo chino y vietnamita, pero aún se encuentra en sus etapas iniciales.

La mitad oriental de Cuba también ha sufrido cortes de electricidad tras el paso del huracán Melissa por esa región a finales de octubre. Si bien no se reportaron víctimas mortales en la isla, miles de cubanos en la región oriental permanecieron sin electricidad, agua ni refugio adecuado durante casi un mes tras el paso de la tormenta.

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Por  ANDREA RODRÍGUEZ

(Foto AP/Ramon Espinosa)

JERUSALÉN (AP) — Los restos que militantes en Gaza entregaron a Israel corresponden al trabajador agrícola tailandés Sudthisak Rinthalak, informaron el jueves funcionarios israelíes y tailandeses. La confirmación acercó un paso más la primera fase del tenue alto el fuego de ocho semanas en Gaza a su cumplimiento, con los restos de un rehén aún sin devolver.

Las fases subsiguientes del plan para Gaza, elaborado por Estados Unidos y respaldado por la ONU, siguen siendo muy inciertas. No se ha dicho nada sobre cómo se implementarán las disposiciones para el desarme de Hamás ni sobre cómo se establecerá una administración y una fuerza de seguridad internacionales.

Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua desde su inicio el 10 de octubre. Los ataques aéreos y tiroteos israelíes durante el alto el fuego han matado a unos 366 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel afirma que Hamás ha perpetrado ataques contra sus soldados. Aproximadamente la mitad de la devastada Franja de Gaza permanece bajo control militar israelí, y la mayor parte de la población, de unos dos millones de personas, se encuentra desplazada de sus hogares y depende de la ayuda internacional.

En una señal de la posibilidad de disturbios, el líder de una milicia palestina respaldada por Israel, Yasser Abu Shabab, fue asesinado a tiros durante una disputa con otra familia en el sur de Gaza, según informó su milicia el jueves. El asesinato podría suponer un revés para los esfuerzos israelíes por impulsar su propia alternativa a Hamás en Gaza.

Las Fuerzas Populares son uno de los varios grupos armados palestinos apoyados por Israel y que operan en zonas controladas por este. Estos grupos se presentan como fuerzas nacionalistas anti-Hamás, pero han sido denunciados por muchos palestinos, incluida la familia de Abu Shabab, como instrumentos del ejército israelí.

Devolución de los restos de los rehenes

Sudthisak, cuyos restos fueron entregados por militantes el miércoles , había estado empleado en el Kibutz Be'eri en el sur de Israel.

Los tailandeses constituyen una gran parte de la fuerza laboral agrícola de Israel. Fueron el grupo más numeroso de extranjeros capturados por militantes en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

Sudthisak, de 42 años, murió cuando los militantes irrumpieron en el Kibutz Be'eri, una de las comunidades más afectadas por el ataque, y su cuerpo fue tomado por el grupo militante Jihad Islámica, según el ejército israelí.

En el ataque, militantes mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a más de 250, lo que desencadenó la campaña israelí en Gaza , que ha matado a más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, dependiente del gobierno de Hamás, cuenta con profesionales médicos y mantiene registros detallados que la comunidad internacional considera generalmente fiables.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés, Nikorndej Balankura, afirmó que la familia de Sudthisak ha sido notificada y agradeció al gobierno israelí la asistencia que permitió la liberación de los 31 rehenes tailandeses . De ellos, 28 fueron devueltos con vida y tres muertos. Además de los rehenes, 46 tailandeses han muerto en la guerra, según el ministerio.

El israelí Ran Gvili es ahora el último rehén cuyos restos aún no han sido devueltos. Gvili era un policía israelí que murió en el kibutz Alumim mientras luchaba por proteger a los residentes y salvar a los israelíes que huían de los hombres armados en el cercano festival de música Nova .

Desde que comenzó el alto el fuego, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel. A cambio, Israel ha entregado los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza. La mayoría permanece sin identificar .

Líder de la milicia asesinado

Se desconocen de inmediato los detalles del asesinato de Abu Shabab. Las Fuerzas Populares afirmaron que sufrió una herida de bala mientras mediaba en una disputa entre miembros del clan Abu Suneima, asentado en el extremo sur de Gaza.

En una publicación de Facebook, el grupo subrayó que no murió en enfrentamientos con Hamás.

Al menos dos miembros del clan Abu Suneima —dos hermanos— también murieron en la disputa, según una declaración del líder del clan, Attiya Awda Abu Suneima. Elogió a los miembros del clan que asesinaron a Abu Shabab por su "valentía y determinación inquebrantables frente a la injusticia y la traición", pero no ofreció detalles sobre lo sucedido.

Advirtió que los miembros restantes del grupo de Abu Shabab, “que se han alejado de los valores de nuestro pueblo, enfrentarán un duro ajuste de cuentas”.

No hubo comentarios israelíes inmediatos sobre la muerte de Abu Shabab.

Abu Shabab fue el más destacado de los líderes de las milicias palestinas que Israel ha declarado respaldar para oponerse a Hamás. Antes de la guerra, había participado en el contrabando de cigarrillos y drogas desde Egipto, según dos miembros de su familia extensa, uno de los cuales formó parte de su grupo.

Durante la guerra, su milicia se hizo famosa por robar camiones de ayuda de la ONU. También se desplegó cerca de posiciones de tropas israelíes en territorio controlado por los militares, especialmente en las rutas que utilizaban los palestinos para llegar a los puntos de distribución de alimentos.

En su anuncio de la muerte de Abu Shabab, las Fuerzas Populares se comprometieron a “continuar el camino hasta que el terrorismo sea eliminado del suelo de Gaza”.

Otros palestinos celebraron su muerte. El Consejo Superior de Asuntos Tribales, organismo que representa a los poderosos clanes de Gaza, declaró que su fin era "previsible para alguien que decidió abandonar a su pueblo... y se puso del lado del enemigo".

Las intenciones a largo plazo de Israel respecto del grupo de Abu Shabab y otras milicias nunca han sido claras.

Pero el papel de los combatientes podría aumentar si el plan de alto el fuego se estanca e Israel mantiene su control sobre el territorio de Gaza. Según el plan respaldado por la ONU, se desplegará una fuerza de seguridad internacional en Gaza para mantener la seguridad y garantizar el desarme de Hamás mientras una administración internacional encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump gobierna el territorio. Sin embargo, no se han anunciado planes firmes para la implementación de ninguna de las disposiciones.

Israel ataca el sur del Líbano

Por otra parte, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos el jueves en varias aldeas del sur del Líbano, dirigidos contra lo que el ejército describió como almacenes de armas del grupo militante libanés Hezbolá. No se reportaron víctimas en los ataques, que se produjeron después de que el ejército advirtiera a los residentes que evacuaran las zonas cercanas a los objetivos.

Israel acusa a Hezbolá de seguir reteniendo sus armas y reconstruyendo su arsenal, violando un alto el fuego de un año de duración. Hezbolá se ha negado a entregar sus armas mientras Israel siga ocupando varias colinas a lo largo de la frontera y realizando ataques casi a diario.

Un ataque mata a una familia en Gaza

En el sur de Gaza, un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña que albergaba a palestinos desplazados la noche del miércoles mató a cinco personas de una misma familia, incluidos dos niños, según el Hospital de Especialidades de Kuwait, adonde fueron trasladados los cuerpos. Añadió que otras 32 personas resultaron heridas.

Israel afirmó haber lanzado un ataque aéreo contra un militante de Hamás en represalia por un ataque perpetrado ese mismo día que hirió a cinco soldados israelíes. El ejército indicó que los militantes salieron de un túnel y atacaron a las tropas israelíes en la zona del sur de Gaza bajo control israelí.

Los familiares de los palestinos muertos lloraron el jueves al ver a sus seres queridos siendo transportados en bolsas blancas para cadáveres por la ciudad de Khan Younis.

Aisha Abu Jazar, una mujer que vivía cerca de los cinco miembros de la familia que murieron, dijo que se sorprendió al escuchar "fuego inusualmente intenso" por parte de los israelíes durante la noche.

Dispararon un misil contra una tienda de campaña hecha de tela, plástico y madera. Los niños dormían. ¿Qué hicieron los niños para merecer ser destrozados mientras dormían? ¿Qué hicieron para merecer esto? —preguntó.

“Se suponía que debíamos estar en un alto el fuego”, añadió.

Magdy y Ezzidin informaron desde El Cairo. Los periodistas de Associated Press Jintamas Saksornchai en Bangkok, Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, y Megan Janetsky en Jerusalén contribuyeron a este informe.

Samy Magdy es reportero de Oriente Medio para The Associated Press, con sede en El Cairo. Se centra en conflictos, migración y violaciones de derechos humanos.

Por  AUDREY HOROWITZ , SAMY MAGDY y TOQA EZZIDIN

(Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas vía AP)

APATZINGÁN, México (AP) — En la penumbra de una noche calurosa, en un pequeño rancherío de casas levantadas entre interminables plantaciones de limón, un agricultor del occidente de México se acercó al sacerdote Gilberto Vergara para suplicarle ayuda.

Sumido en la desesperación, le contó que había decidido dejar secar un tercio de su huerta porque las extorsiones de los cárteles son tan fuertes que no se compensaban con la producción; que las autoridades no actuaban; que los productores de limón se reunían a escondidas y que tenían miedo a que los mataran si levantaban la voz o a morir de hambre si se quedaban callados.

El reciente asesinato de dos prominentes figuras que denunciaron al crimen organizado y las autoridades corruptas —un popular alcalde y un líder limonero — evidenció lo que los pobladores ya sabían: que los cárteles controlan gran parte del estado de Michoacán y su economía.

Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado ataques contra supuestos narcoterroristas en el Caribe y el Pacífico y ha ofrecido a México ayuda militar contra los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner freno a la violencia.

El sacerdote Vergara no espera mucho del gobierno, pero le ofreció al limonero mediar para que las autoridades escuchen a los verdaderos líderes de las comunidades. Sólo le pidió el nombre después de prometerle que únicamente se lo daría al obispo.

Luego, con la sotana blanca todavía puesta, condujo su camioneta por un polvoriento camino donde a veces los grupos armados ponen retenes o, más hacia los cerros, instalan minas o atacan con drones a sus rivales.

A los cárteles “ya no les interesa bajar el perfil porque tienen al Estado en sus manos, un gobierno cabeza abajo”, aseguró desde su parroquia en las afueras de Apatzingán.

“Luchaba por nosotros”

El 1 de noviembre siete disparos acabaron con la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de 40 años, mientras celebraba el Día de Muertos entre cientos de personas en pleno centro de su ciudad y pese a tener 22 escoltas, 14 de ellos Guardias Nacionales.

Semanas después la escena del crimen seguía acordonada junto a flores marchitas, velas y mensajes de duelo. “Ni un paso atrás”, decía uno de ellos.

Manzo –exdiputado del oficialista Morena y luego uno de sus críticos— era visto como el único político que intentaba limpiar de narcos su territorio. Había depurado a la policía municipal. Presumía sus capturas en redes. Visitaba a los vecinos en las zonas más complicadas. En octubre había pedido ayuda al gobierno federal.

“Yo sentía que luchaba por nosotros”, dijo Imelda Peña, una maestra de 42 años que aunque reconoció que Sheinbaum ha endurecido la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, pensaba que no era suficiente. “Ojalá esto sea un punto de inflexión”.

Mensaje que resonaba

Los vecinos de Uruapan apodaban a Manzo “el Bukele mexicano” en referencia al polémico presidente salvadoreño y muchos lo veían como la persona que podría arrebatarle el gobierno del estado al oficialismo de Morena. Su mensaje de confrontación con los cárteles resonaba en todo el país.

El gobierno federal vinculó su crimen a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero todavía no se sabe quién lo ordenó, el móvil, ni por qué el atacante, un adolescente, recibió un disparo cuando ya había sido detenido. Siete de los nueve procesados hasta ahora eran escoltas de máxima confianza de Manzo.

Ni la actual alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Manzo, ni nadie de su Movimiento del Sombrero, impactados tras las detenciones, respondió a numerosas solicitudes de entrevista de AP.

Cien kilómetros al sur de Uruapan uno puede imaginar la protección que tenía Manzo observando a Guadalupe Mora, autoridad local de La Ruana, quien también cuenta con 22 escoltas y Guardias Nacionales que siguen sus movimientos.

Mora, que no deja de denunciar la inacción del gobierno y el avance de los criminales en su pueblo, pidió seguridad tras el asesinato de Manzo y de un sobrino. A su hermano Hipólito, fundador de las autodefensas que se alzaron en armas en 2013, lo mataron hace dos años.

“Parece que les incomodamos al gobierno y al crimen organizado”, comentó. “Por eso nos están matando”.

Cuando los planes fracasan

Michoacán ha sido un dolor de cabeza para muchos presidentes y es ahora uno de los principales retos de Sheinbaum.

En los últimos 20 años han fracasado todas las estrategias federales de pacificación, mientras los grupos criminales se fueron fragmentando y especializando.

Al menos tres de los seis cárteles mexicanos declarados terroristas por la administración Trump —CJNG, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos— operan en Michoacán junto a numerosas mafias locales, algunas de ellas apoyadas por el Cártel de Sinaloa.

Lanzan bombas con drones, usan lanzagranadas fabricados con impresoras 3D, entierran minas artesanales y cuentan con redes de vigilancia de hasta 40 cámaras cada una, según el gobierno del estado. La extorsión a todos los sectores económicos se consolidó como un negocio tanto o más lucrativo que las drogas.

El asesinato de Manzo desencadenó protestas que llegaron hasta la Ciudad de México y en Uruapan unas pintadas acusaban a las autoridades de estar implicadas.

Ante la amenaza de ver una caída en su popularidad, la presidenta Sheinbaum anunció más inversiones sociales y el envío de 2.000 soldados —para sumarse a los 4.300 permanentes y los 4.000 desplegados en los estados vecinos—, el segundo gran operativo su administración tras el de Sinaloa.

La diferencia, según el gobierno, es que ahora hay coordinación e inteligencia. Cortar los vínculos políticos de los cárteles sigue siendo una asignatura pendiente.

Estados Unidos está atento a Michoacán porque es la puerta de entrada de precursores químicos necesarios para fabricar drogas sintéticas. En los últimos dos meses las autoridades mexicanas desmantelaron 17 laboratorios y decomisaron cinco toneladas de químicos y casi 20.000 litros de precursores.

También le interesa porque es el principal exportador de aguacates, cuyos precios suben debido a la extorsión.

Al condenar el asesinato de Manzo en las redes, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau deseó que su recuerdo “inspire medidas rápidas y eficaces”.

Y como ocurrió en Sinaloa a principios de año, muchos pobladores afirmaron que si la presión de Estados Unidos impulsa a México a actuar, bienvenida sea.

El analista David Saucedo cree que la estrategia del gobierno será un combate selectivo contra grupos pequeños pero que generan mucha violencia, algo que le funcionó al actual titular de Seguridad, Omar García Harfuch, en Ciudad de México.

“Michoacán es la suma de los errores del pasado”, lamentó el padre Vergara. “Se inician planes y se abandonan a medio camino, no se tiene la mano firme como para aplicarlos al costo que sea”.

Una guerra sin fin

En la zona de cerros tapizada de huertas y ranchos que conecta Apatzingán con la costa la acción criminal es constante. Llega un grupo, se atrinchera en una casa, lucha, se va, llega otro.

Viagras, Caballeros Templarios, Blancos de Troya, Nueva Familia, Cárteles Unidos, Jalisco... los nombres se suceden, pero muchas veces no se sabe quién es quién o si son militares, porque todos llevan equipo táctico. Antes, recordó el padre Vergara, les miraban los pies a los uniformados para distinguirlos de los narcos, que siempre llevaban tenis.

La población queda en medio, aterrada por los drones y las minas que hacen retumbar sus casas porque, según reconoció una maestra, a las balas ya se han acostumbrado.

Muchos creen que la paz sólo llegará cuando un grupo domine al resto. Hasta entonces será una guerra sin fin, dijo una mujer que tuvo que huir en marzo de su pueblo con todos sus vecinos. Ambas pidieron anonimato por miedo.

La familia de la segunda mujer regresó cuando llegó el ejército, a excepción de su hijo de 19 años, a quien envió a Estados Unidos porque temía que un cártel se lo llevara para incorporarlo a sus filas.

Ella sabe que los soldados eventualmente se irán y la pone furiosa escuchar al gobierno decir que las cosas están mejorando. La mañana en que habló con AP un anciano de la zona resultó herido cuando una mina explotó al paso de su motocicleta.

Faltan líderes porque los matan

Después del asesinato de Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo, muchos en Michoacán se preguntan quién denunciará ahora lo que ellos viven.

En algunas comunidades indígenas del norte del estado, como Sevina, el pueblo ha asumido su propia protección. La comunidad reforzó los patrullajes harta de que las fuerzas federales solo ayuden de forma temporal. Nada garantiza que vayan a tener éxito, aunque les inspira la lucha de pueblos vecinos que sí lo han conseguido.

Al sur hay menos optimismo. Los cárteles siguen asfixiando la economía a pesar del reciente despliegue de 800 soldados para proteger a los limoneros. Lo hacen controlando el precio del limón. Ellos deciden a cuánto se compra y se vende y se quedan por adelantado con una parte de cada transacción.

El agricultor que fue a pedir ayuda al sacerdote dijo que recibe por kilo la mitad de lo gasta en cultivarlo, por eso algunos empiezan a secar sus huertas.

Bravo lo llamaba un “secuestro comercial permanente” y organizó protestas para denunciarlo hasta que su cadáver fue encontrado en las afueras de Apatzingán dos semanas antes de que mataran a Manzo. Ahora los limoneros se quedaron sin nadie que levante la voz por ellos.

“No vemos que vaya a haber enderezo”, dice el agricultor. “La delincuencia nos tiene muy agarrados”.

MARÍA VERZA has focused on immigration, violence and human rights stories in Mexico and Central America for more than a decade

FERNANDA PESCE covers Mexico and Central America for The Associated Press.

(AP Foto/Eduardo Verdugo)