CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela aceptará nuevamente vuelos de repatriación desde Estados Unidos con sus ciudadanos deportados luego de llegar a un acuerdo con ese país, dijo el sábado un funcionario venezolano en las redes sociales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió los vuelos el 8 de marzo, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el retiro de la licencia a Chevron para exportar petróleo venezolano.

“Hemos acordado con el gobierno de Estados Unidos reanudar la repatriación de los migrantes venezolanos con un primer vuelo mañana domingo”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela y principal negociador de Maduro con Estados Unidos.

Venezuela aceptó el acuerdo para garantizar “el retorno de nuestros compatriotas a su nación con la salvaguarda de sus Derechos Humanos”, dijo Rodríguez.

En su declaración, Rodríguez se refirió a la deportación por parte del gobierno de Donald Trump de unos 250 venezolanos a una cárcel de alta seguridad en El Salvador.

“Migrar no es un delito y no descansaremos hasta lograr el retorno de todos aquellos que lo requieren y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”, afirmó Rodríguez.

Maduro ratificó la medida durante un evento público más tarde ese mismo día. "Estamos reanudando los vuelos para rescatar y liberar a los migrantes de las cárceles estadounidenses", declaró Maduro.

El líder venezolano también dijo que responsabiliza al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el bienestar de los venezolanos deportados a ese país.

“Les garantizas la salud y, más temprano que tarde, hay que entregarlos y liberarlos, porque están secuestrados”, dijo Maduro.

Trump alegó que los deportados eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El 15 de marzo, calificó al Tren de Aragua de fuerza invasora al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros , una autoridad poco utilizada de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier extranjero en tiempos de guerra. Un juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones, pero los vuelos ya estaban en vuelo cuando se dictó la sentencia.

El Tren de Aragua, designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera, se originó en una prisión del país sudamericano. Sus miembros acompañaron el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la década pasada.

La administración de Trump no ha aportado pruebas de que los deportados sean miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido algún delito en Estados Unidos.

El gobierno de Maduro ha rechazado en su mayoría el ingreso de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Esas deportaciones han aumentado drásticamente desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.

En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

La administración Trump dijo que los venezolanos enviados a Guantánamo son miembros del Tren de Aragua, pero ofreció poca evidencia para respaldarlo.

(Foto AP/Cristian Hernandez, Archivo)

LA PAZ, Bolivia (AP) — Indígenas aymaras del altiplano de Bolivia y transportistas protestaron el miércoles contra el presidente Luis Arce por la falta de combustibles, un día después que su gobierno logró un acuerdo político para garantizar la realización de elecciones en agosto.

Los denominados “ponchos rojos” marcharon —algunos de ellos encapuchados— y paralizaron el centro de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. Rodearon las inmediaciones del centro del poder político y pidieron la renuncia de al menos cinco funcionarios, entre ellos los ministros del área encargada de importar los carburantes, y que el Estado reduzca sus gastos.

Arce pasa por un momento complicado debido a la escasez de diésel y gasolina, los cuales afectan a la producción y el transporte en el país, y ello ha disparado el precio de los alimentos. Para el lunes se anunciaron otras protestas a nivel nacional.

Luego de gobernar Bolivia durante casi dos décadas, el partido gobernante Movimiento al Socialismo se encuentra fracturado debido a las disputas entre Arce y el expresidente Evo Morales por el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de agosto, y corre el riesgo de perder su hegemonía política. Morales fue inhabilitado para postularse a la presidencia, y un fallo judicial le quitó la dirección del MAS, mientras que Arce —que aún no ha oficializado su candidatura— tiene baja popularidad.

Paralelamente, en la vecina ciudad de El Alto los transportistas públicos realizaron un paro, aunque horas después anunciaron que lo levantarían. Indígenas y transportistas dieron de plazo hasta el lunes para que las autoridades atiendan sus exigencias.

“Nosotros estamos perjudicados porque tenemos que pasar días en las filas por combustible y no podemos trabajar; es un perjuicio”, se quejó Luis Chávez, dirigente de transportistas de áreas rurales en el departamento de La Paz.

Aunque Arce logró un acuerdo el martes —sin líderes opositores— con políticos afines y autoridades del órgano electoral y el poder judicial, en el cual se le dio respaldo y se garantizó celebrar elecciones el 17 de agosto en medio de anuncios de una posible desestabilización, de todas formas estos acuerdos fueron criticados porque se le dio prioridad a los problemas políticos, pero no a la crisis económica que se profundiza por falta de dólares.

La divisa estadounidense es necesaria para importar un 90% del diésel y la mitad de la gasolina. El sector agroindustrial es uno de los sectores más afectados, ya que requiere diésel para poder operar.

El gobierno de Arce admitió que el problema se debe a la falta de liquidez de dólares y anunció 10 medidas para contrarrestarla, pero de todas formas ello no ha logrado eliminar las filas en las gasolineras.

Arce promulgó la aplicación de un crédito por 75 millones de dólares que ya había sido otorgado a Bolivia pero estaba estancado en el Congreso. Su gobierno ha exigido que se aprueben otros créditos, de forma que haya liquidez de dólares.

POR  ASSOCIATED PRESS

(AP Foto/Juan Karita)

KIEV, Ucrania (AP) — Negociadores de Estados Unidos y Rusia se reunieron el lunes para conversaciones en Arabia Saudí sobre un alto el fuego parcial en Ucrania, horas después de una ronda de negociaciones entre delegados de Estados Unidos y Ucrania, informaron medios rusos.

Las agencias estatales de noticias Tass y RIA-Novosti dijeron que las negociaciones habían comenzado en Riad. Se espera que la reunión se vea seguida por otro contacto entre los equipos de Estados Unidos y Ucrania.

Las reuniones separadas pretenden concretar detalles de una pausa en los ataques de largo alcance de ambos países contra instalaciones energéticas e infraestructura civil y un cese de ataques en el mar Negro para garantizar la seguridad del tráfico mercante.

Ucrania y Rusia acordaron en principio el miércoles un alto el fuego limitado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara con los líderes de los países, pero las partes han ofrecido diferentes puntos de vista sobre qué objetivos estarían fuera de los límites de ataque y se han acusado mutuamente de socavar los esfuerzos para alcanzar una pausa.

Mientras que la Casa Blanca dijo que “energía e infraestructura” estarían cubiertas, el Kremlin declaró que el acuerdo se refería de forma más específica a la “infraestructura energética”. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que también le gustaría que se protegieran los ferrocarriles y los puertos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcó el viernes que el acuerdo alcanzado entre Trump y Putin se refería solo a las instalaciones energéticas, añadiendo que el ejército ruso está cumpliendo la orden de Putin de detener esos ataques durante 30 días.

Peskov acusó a Ucrania de descarrilar el alto el fuego parcial con un ataque a una estación de medición de gas en Sudzha, en la región rusa de Kursk. El Estado Mayor General de Ucrania rechazó las acusaciones de Moscú y culpó al ejército ruso de bombardear la estación de medición de gas de Sudzha, una afirmación que Peskov tachó de “absurda”.

Mientras avanzaban las negociaciones sobre un alto el fuego parcial, Rusia lanzó una andanada de drones la noche del sábado en toda Ucrania que mató al menos a siete personas, incluidos un padre y su hija de cinco años en Kiev.

En una declaración televisada el domingo por la noche, Zelenskyy dijo que “desde el 11 de marzo, una propuesta para un alto el fuego incondicional ha estado sobre la mesa, y estos ataques ya podrían haber cesado. Pero es Rusia la que continúa con todo esto”.

“Debe haber más presión sobre Rusia para detener este terror”, dijo Zelenskyy, añadiendo que “depende de todos nuestros socios: Estados Unidos, Europa y otros en todo el mundo”.

Zelenskyy ha reiterado que Ucrania está abierta a un alto el fuego completo de 30 días que ha propuesto Trump, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin ha condicionado un alto el fuego completo a que se detenga el suministro de armas a Kiev y se suspenda la movilización militar de Ucrania, demandas rechazadas por Ucrania y sus aliados occidentales.

Hablando en “Fox News Sunday”, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que esperaba “algún progreso real” en las conversaciones en Arabia Saudí, “particularmente en lo que respecta a un alto el fuego en el mar Negro en los barcos entre ambos países, y a partir de eso, naturalmente se avanzará hacia un alto el fuego total de disparos”.

En cuanto a las conversaciones del domingo en Riad entre representantes ucranianos y estadounidenses, Zelenskyy dijo que se habían llevado a cabo a un nivel más “técnico” en comparación con reuniones similares la semana pasada, esta vez involucrando a representantes del ejército de Ucrania, el ministerio de energía y el cuerpo diplomático.

“Nuestro equipo está trabajando de manera completamente constructiva, y la conversación es bastante útil. El trabajo de las delegaciones continúa”, dijo Zelenskyy. “Pero no importa lo que estemos discutiendo con nuestros socios en este momento, Putin debe ser presionado para que dé una orden real de detener los ataques, porque quien trajo esta guerra debe ser quien la retire”.

Ferrocarriles ucranianos sufren un ciberataque masivo

El operador ferroviario estatal ucraniano Ukrzaliznytsia sufrió un “ataque cibernético masivo y dirigido” a sus servicios en línea el domingo, escribió la compañía en Telegram, añadiendo que la restauración de sus sistemas estaba en curso desde la mañana del lunes.

La compañía dijo que el ciberataque no afectó el movimiento de trenes ni los horarios, pero que la compra de boletos en línea no estaba disponible por el momento.

“El ferrocarril sigue operando a pesar de los ataques físicos a la infraestructura, y ni siquiera los ataques cibernéticos más viles no pueden detenerlo”, escribió la compañía.

Las tropas rusas lanzaron 99 drones de ataque y señuelo en Ucrania durante la noche del domingo, según la fuerza aérea de Ucrania, de los cuales 57 fueron derribados y 36 se perdieron del radar. Los drones restantes causaron daños en al menos cinco regiones de Ucrania, según el reporte de la fuerza aérea.

En la región de Kiev, un hombre sufrió heridas durante la noche cuando un dron ruso impactó en una zona residencial.

“El hombre tiene heridas superficiales de metralla en el abdomen, pecho, muslos y cabeza”, escribió el jefe interino de la región de Kiev, Mykola Kalashnyk, en Telegram el lunes.

En la región de Járkiv, un dron ruso impactó en un edificio residencial en el pueblo de Velyka Babka, donde hirió a un hombre de 25 años y a una mujer embarazada. Ambos fueron hospitalizados, dijo el jefe regional Oleh Syniehubov en Telegram el lunes por la mañana.

En Zaporiyia, los drones rusos dañaron varias casas de residentes locales durante la noche y una mujer mayor sufrió heridas leves, escribió el jefe regional Ivan Fedorov en Telegram.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP Foto/Efrem Lukatsky)

POR  ILLIA NOVIKOV

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Migrantes de Afganistán, Rusia, Irán y China que fueron deportados desde Estados Unidos y quedaron en el limbo en Panamá saltaron de puerta en puerta en embajadas y consulados esta semana en un intento desesperado por lograr asilo en cualquier país que los acepte.

Los deportados —que hace apenas unas semanas estaban en el foco de la preocupación humanitaria internacional— dicen ahora que están cada vez están más preocupados porque, con poca asistencia legal y humanitaria y sin que las autoridades les ofrezcan una salida clara, puedan caer en el olvido.

“Después de esto, no sabemos qué haremos”, señaló Hayatullah Omagh, de 29 años, quien huyó de Afganistán en 2022 tras la llegada del Talibán al poder.

En febrero, Estados Unidos deportó a casi 300 personas procedentes de países en su mayoría asiáticos a Panamá. Se suponía que el aliado centroamericano iba a ser una escala para los migrantes de los países a los que Washington tenía más dificultades para enviarlos de regreso mientras el gobierno de Donald Trump intentaba acelerar las deportaciones. Algunos aceptaron la vuelta voluntaria a sus países desde Panamá, pero otros se negaron por miedo a la persecución y fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién durante semanas.

A principios de marzo, las autoridades panameñas los sacaron de allí y les dieron un mes para abandonar el país. El gobierno dijo que habían rechazado la ayuda de organizaciones internacionales y que optaron por hacer sus propios trámites. Pero con un presupuesto limitado, sin conocer Panamá y poco o ningún conocimiento de español, los migrantes se han topado con dificultades.

Buscando asilo puerta a puerta

El martes, alrededor de una docena de migrantes comenzaron a visitar misiones extranjeras en la capital de Panamá —incluyendo las embajadas de Canadá y Reino Unido y los consulados de Suiza y Australia— con la esperanza de iniciar el proceso para solicitar refugio en esos países. Fueron rechazados o se les dijo que tendrían que llamar o contactar con las legaciones diplomáticas por correo electrónico. Los mensajes no recibieron respuesta o una genérica que decía que no les podían ayudar.

En un mail, Omagh detalló por qué tuvo que huir de su país y pidió “por favor, no dejen que me envíen de regreso a Afganistán, un lugar donde no hay forma de que pueda sobrevivir”.

“La embajada de Canadá en Panamá no ofrece servicios de visa o inmigración, ni tampoco servicios para refugiados. Tampoco se nos permite responder a ninguna pregunta relacionada con visas o inmigración”, decía la respuesta que obtuvo.

En la embajada de Reino Unido, un guardia de seguridad entregó a los solicitantes de asilo un panfleto con el título “Ayuda de emergencia para ciudadanos británicos”. El consulado suizo les señaló que tendrían que contactar con la embajada en Costa Rica y les entregó un papel con los teléfonos y los correos electrónicos impresos desde la web de la embajada.

Los diplomáticos canadienses, británicos y australianos en Panamá no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press. El consulado suizo negó haber rechazado a los solicitantes de asilo.

Limbo en Panamá

Los migrantes recorrieron medio mundo para llegar a la frontera de Estados Unidos donde solicitaron asilo y en, su lugar, se encontraron en Panamá, un país que algunos habían atravesado meses antes en su camino hacia el norte.

Muchos de los deportados dijeron que estarían dispuestos a pedir asilo en Panamá pero que tanto los grupos de ayuda internacionales como las propias autoridades panameñas les dijeron que sería difícil, si no imposible, lograr refugio en la nación centroamericana.

Álvaro Botero, activista proinmigración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que no le sorprendía que fueran rechazados en las embajadas, ya que esa ayuda solo se ofrece en casos extremos de persecución política y que los gobiernos podrían temer las tensiones con la Casa Blanca.

“Es crucial que no se olvide a estas personas”, afirmó Botero. “Nunca pidieron ser enviados a Panamá, y ahora están en Panamá sin saber qué hacer, sin saber cuál será su futuro y sin poder regresar a sus países”.

El gobierno de Donald Trump ha cerrado simultáneamente las vías legales de entrada a Estados Unidos en su frontera sur, intensificó su programa de deportaciones y suspendió el plan de reasentamiento de refugiados, así como el financiamiento a organizaciones que podrían ayudar a los migrantes que están varados ahora en Panamá.

Durante el fin de semana, el ejecutivo estadounidense envió a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador para ser retenidos en una prisión de máxima seguridad para pandillas, alegando, sin pruebas, que los expulsados formaban parte de la banda venezolana Tren de Aragua.

Quedan opciones limitadas

El jueves, los migrantes visitaron las oficinas de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Según Omagh, les dijeron que no podían ayudarlos a buscar asilo en otros países debido a las restricciones del gobierno panameño. Un funcionario de la ONU les dijo que podían ayudarles a iniciar el proceso de asilo en Panamá, pero advirtió que era muy poco probable que el gobierno aceptase sus solicitudes, agregó.

Ni la Organización Internacional para las Migraciones, perteneciente a la ONU, ni ACNUR respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AP.

El mismo día, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, advirtió que los recortes en la ayuda federal estadounidense perjudicarán la atención a los refugiados en todo el mundo.

“Hacemos un llamado a los estados miembro para que honren sus compromisos con las personas desplazadas. Ahora es el momento de la solidaridad, no de la retirada”, dijo Grandi en un comunicado.

Los deportados, incluyendo Omagh, están preocupados porque los gobiernos extranjeros y las organizaciones de ayuda se estén desentendiendo.

Omagh dijo que como ateo y hazara, un grupo étnico minoritario en Afganistán, regresar a un país en manos del Talibán sería una sentencia de muerte. Se marchó a Estados Unidos después de pasar años intentando vivir en Pakistán e Irán, entre otros lugares, donde se le negó la visa.

El ruso Aleksandr Surgin, que también forma parte del grupo que busca ayuda en las embajadas, contó que dejó su país porque se opuso abiertamente a la guerra en Ucrania en redes sociales y porque funcionarios gubernamentales le dijeron que podría ser encarcelado u obligado a combatir con el ejército de Moscú en Ucrania.

Preguntado el jueves por qué hará a continuación, simplemente respondió: “Yo ya no espero nada”.

Janetsky informó desde la Ciudad de México.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  MATÍAS DELACROIX and MEGAN JANETSKY

(AP Foto/Matias Delacroix)