SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el lunes a la policía a través de las redes sociales que arrestara a cinco jefes de empresas de autobuses en el país centroamericano después de que desafiaron su orden de ofrecer transporte gratuito durante una semana tras un importante cierre de carreteras.

La orden fue otro ejemplo de la mano dura de Bukele. El líder, que se encuentra en su segundo mandato, ha sido acusado de socavar las instituciones democráticas, castigar a los disidentes y negar el acceso al debido proceso bajo el "estado de excepción" que declaró en 2022 para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país. A pesar de la represión, el gobierno ha negado que el país sea un estado policial.

El domingo, Bukele había anunciado vía X que todos los pasajes de autobús durante una semana serían completamente gratis debido a las obras que estaba realizando el gobierno en una de las principales carreteras que pasan por San Salvador.

La orden provocó un caos generalizado el lunes, generando largas filas de autobuses en la capital salvadoreña y autobuses abarrotados que se saltaron paradas en varias rutas.

En respuesta, Bukele ordenó el lunes la captura de cinco directivos de empresas de autobuses, acusándolos de "sabotear el país". Afirmó que el gobierno cubría "el 100 % de los ingresos que normalmente reciben por día", pero The Associated Press no pudo verificar de inmediato la información con los conductores de autobús.

“La Policía Nacional Civil debe proceder a la detención de los propietarios de las rutas involucradas”, escribió Bukele en redes sociales. “Nadie está por encima de la ley”.

Más tarde el lunes, el departamento de policía federal del país publicó fotos de los hombres esposados ​​​​y rodeados de oficiales fuertemente armados, diciendo que habían sido detenidos por "incumplimiento del deber, denegación de asistencia y extorsión", proporcionando pocos detalles sobre sus arrestos.

El Comité Nacional de Transporte, que representa a las empresas implicadas, declaró estar sorprendido por los arrestos. Atribuyeron la confusión en algunas rutas a que los viajes gratuitos se habían anunciado apenas un día antes y no pudieron notificar a todos.

Luis Regalado, miembro del grupo comercial, dijo que a muchos de los conductores se les paga diariamente y no tenían claro cómo ni quién les pagaría.

Lucio Vázquez, secretario del grupo, apeló a Bukele, afirmando que habían colaborado con su administración. "No estamos diciendo que no vayamos a seguir ofreciendo el servicio gratuito", afirmó.

Esto ocurre mientras Bukele ha ganado atención internacional por detener a más de 200 deportados venezolanos de Estados Unidos en una “mega prisión” para pandillas a pesar de las objeciones de jueces estadounidenses y grupos de derechos humanos.

Abogados contratados por el gobierno venezolano pidieron este lunes a Bukele acceso a los venezolanos presos para tener “prueba de vida” de los hombres que se encuentran incomunicados desde que fueron entregados por el gobierno estadounidense en marzo.

En una carta enviada a la oficina de Bukele, solicitaron entrevistar a cada uno de los presos venezolanos. También les hicieron preguntas fundamentales, como qué delitos se les imputaban y a qué jurisdicción se encontraban.

La administración Trump había alegado que los hombres eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, en muchos casos, los hombres no tenían antecedentes penales aparentes y sus familiares negaron cualquier vínculo con pandillas.

El mes pasado, Bukele ofreció al gobierno venezolano los hombres a cambio de la liberación de un número igual de “presos políticos”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó la propuesta.

Los abogados habían presentado previamente peticiones de hábeas corpus para 30 de los venezolanos.

Bukele, que tiene una creciente popularidad en El Salvador debido a su dura represión a las pandillas del país, ha enfrentado duras críticas durante años por parte de líderes mundiales, abogados y grupos de derechos humanos, que lo acusan de negar a los ciudadanos el debido proceso, violar la constitución del país al buscar la reelección y consolidar el poder.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

(Pool vía AP)

Por  MARCOS ALEMÁN