
Países de todo el mundo congelaron sus conexiones aéreas con Gran Bretaña y Francia vetó la entrada de camiones durante 48 horas mientras se evaluaba la nueva variante. Sin embargo, había crecientes esperanzas de que Francia permitiera la reanudación del tráfico, con controles en las fronteras para hacer pruebas rápidas de coronavirus a los camioneros.
El primer ministro británico, Boris Johnson, convocó una reunión de crisis para el lunes con su comité de emergencia, en medio de crecientes preocupaciones porque las restricciones pudieran provocar desabastecimiento de comida si no se retiraban rápido. El gobierno ya ha desaconsejado los desplazamientos a Kent, el condado sureste donde se encuentran muchos de los puertos empleados para cruzar el Canal de la Mancha.
La mayoría de los productos perecederos que llegan a Gran Bretaña desde Francia lo hacen en camiones. Las mercancías transportadas en contenedores en barcos, como productos manufacturados, no se vieron afectados por las nuevas medidas.

Esta es la séptima acusación contra el exmandatario salvadoreño, que junto a su pareja Ada Mitchell Guzmán y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
“Hoy, hemos presentado un nuevo proceso contra el expresidente Mauricio Funes, su socio Miguel Menéndez y el señor Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A (SERDELCO S. A)”, informó en su cuenta de Twitter el Fiscal General de la República, Raúl Melara.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, el representante legal de SERDELCO S.A, habría entregado a Funes y a Miguel Menéndez el avión Beechcraft King Air 90-TG ADL como dádiva para ser favorecido con la adjudicación del contrato “Construcción Puente San Isidro”, proceso que inició el Ministerio de Obras Públicas en marzo de 2013.

Del 21 de diciembre al 10 de enero se limitará el derecho de reunión y se prohibirán las aglomeraciones. También se suspenderá el ingreso al país de personas —sean uruguayos o extranjeros—, se buscará adelantar las licencias anuales y habrá teletrabajo para los funcionarios públicos. Además, el transporte de larga distancia será reglamentado con aforo y se suspenderán los espectáculos públicos. En las fiestas de fin de año no podrá haber más de 10 personas.
Los anuncios los hizo el presidente Luis Lacalle Pou, que sepultó la máxima propuesta para enfrentar el virus: la “libertad responsable”. El mandatario dijo que ahora es el tiempo de la “convivencia solidaria con algunas restricciones”.
Desde finales de octubre la tasa de infección creció de forma exponencial en Uruguay. Hasta entonces los brotes eran de casos aislados y estaban bien focalizados, pero desde noviembre y especialmente en la última quincena empezó a detectarse la circulación comunitaria del virus en la zona metropolitana de Uruguay, donde viven casi dos de los tres millones y medio de habitantes del país.
A nueve meses de la declaración de emergencia sanitaria, Uruguay apenas fue alcanzado por su “primera ola de contagios”, informaron el mismo miércoles los asesores científicos de la presidencia en conferencia de prensa.

También recomiendan que, por su grado de participación, se destituya al ministro de Defensa, contraalmirante René Francisco Merino Monroy, tal como lo habían solicitado al concluir una interpelación en septiembre de 2020.
Además, acordaron enviar a la Fiscalía General el informe elaborado por una Comisión Especial, en calidad de aviso, para que se investigue la posible comisión de delitos por parte del presidente Bukele, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia; y el director de la policía, Arriaza Chicas.

El mandatario se hizo una prueba “en cuanto aparecieron los primeros síntomas”, indicó el comunicado, sin dar más detalles.
Macron, de 42 años, se aislará durante siete días, y “seguirá trabajando y ocupándose de sus actividades a distancia”, añadió el Elíseo. Su esposa, Brigitte, de 67, también se aislará, aunque no tiene síntomas y dio negativo el martes antes de visitar un hospital en París, según su oficina.
En un primer momento no estaba claro qué esfuerzos de rastreo de contactos había en marcha. Macron asistió a una cumbre de la Unión Europea a finales de la semana pasada, donde mantuvo una reunión bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel.
Los líderes de la UE se reunieron en persona el 10 y 11 de diciembre, por primera vez desde octubre. Aunque los medios no tuvieron acceso a la sede de la cumbre en Bruselas, imágenes emitidas en televisión mostraban a los líderes con mascarilla, en general manteniendo distancias adecuadas -optando por chocar el codo en lugar de estrecharse las manos, besos y abrazos- y utilizando los dispensadores de gel para las manos que había en la sala de forma ocasional.
“Durante el Consejo Europeo del jueves 10 y el viernes 11 de diciembre se cumplieron todas las medidas de higiene y no hemos sido informados de ningún otro participante o empleado presente en la cumbre que haya dado positivo”, indicó un funcionario de la UE que no estaba autorizado a dar su nombre.