KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El número de muertos por el naufragio de un barco que transportaba migrantes rohingya de Myanmar ascendió a 27 el martes, después de que los rescatistas en Tailandia y Malasia recuperaran más cuerpos en el mar.

La Agencia de Seguridad Marítima de Malasia informó que los rescatistas encontraron a otro sobreviviente y recuperaron ocho cuerpos más el martes frente a la costa norte de la isla de Langkawi, cerca de la frontera con Tailandia. Con estos hallazgos, el total de fallecidos asciende a 20: siete hombres, nueve mujeres y cuatro niños, además de 14 sobrevivientes.

Según informes de la prensa tailandesa, funcionarios locales de la provincia sureña de Satun informaron del hallazgo, el martes por la tarde, de otro cuerpo, presuntamente de un refugiado musulmán rohinyá. La Fundación de Rescate Romsai, con sede en la misma provincia, había anunciado previamente el hallazgo de seis cuerpos en aguas tailandesas entre el domingo y el lunes.

Las autoridades malasias han dicho que, según los relatos de los supervivientes, se estima que había 70 personas a bordo del barco que zozobró.

Según las autoridades, un barco de mayor tamaño con unas 300 personas a bordo zarpó de la ciudad de Buthidaung, en el estado de Rakhine, Myanmar. Se cree que los pasajeros se dividieron en tres embarcaciones más pequeñas al acercarse el barco a Malasia. Una de las embarcaciones habría naufragado cerca de la isla de Tarutao, en el sur de Tailandia, el jueves.

Se desconocen la hora y el lugar exacto del incidente. También se desconoce el paradero de las otras dos embarcaciones, según informaron las autoridades.

En una declaración conjunta, la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones manifestaron su preocupación por la magnitud de la posible pérdida de vidas. Solicitaron mayores recursos y un mayor esfuerzo regional e internacional para mejorar la capacidad de búsqueda y rescate y el acceso seguro al asilo, con el fin de evitar tragedias similares.

En lo que va del año, 5.300 refugiados rohinyás —que han sufrido persecución durante décadas en Myanmar— se han embarcado en peligrosas travesías marítimas desde Bangladesh y Myanmar, y se reportan más de 600 desaparecidos o fallecidos, según informaron fuentes oficiales. El deterioro de las condiciones en los campos de refugiados de Bangladesh y la intensificación del conflicto en Myanmar, desencadenado por la toma del poder por los militares en 2021, están obligando a más personas, especialmente mujeres y niños, a arriesgar sus vidas en el mar, añadieron.

Malasia es un destino popular para los rohingya que buscan entrar ilegalmente debido a su población mayoritariamente malaya musulmana.

Malasia ha acogido a rohingyas en el pasado por razones humanitarias, pero ha intentado limitar su número por temor a una llegada masiva en barco. En enero, las autoridades malasias rechazaron dos embarcaciones con casi 300 personas a bordo, presuntamente refugiados rohingyas.

Hay alrededor de 117.670 rohingya registrados en la agencia de refugiados de la ONU en Malasia, lo que representa aproximadamente el 59% de la población total de refugiados en el país.

(Fundación de Rescate Romsai de Satun via AP)

LA PAZ, Bolivia (AP) — El político conservador Rodrigo Paz juró el cargo como nuevo presidente de Bolivia el sábado, inaugurando una nueva era para la nación andina después de casi 20 años de gobierno de partido único.

Paz prestó juramento ante legisladores y líderes extranjeros, alzando su mano derecha ante una Biblia y una cruz.

“Dios, patria y familia, lo juro”, dijo antes de recibir la banda y las medallas presidenciales.

La investidura de Paz, de 58 años, ha generado gran expectación entre los bolivianos, cansados ​​de la grave escasez de combustible y los elevados precios de los alimentos que caracterizan la peor crisis económica del país en 40 años. Para sorpresa de muchos, derrotó a su rival, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga , de una derecha mucho más prominente, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia el mes pasado.

Paz hereda una economía en ruinas tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) , fundado por el carismático expresidente Evo Morales. El partido vivió su época dorada durante el auge de las materias primas a principios de la década de 2000, pero las exportaciones de gas natural se han estancado y su modelo económico estatista, basado en generosos subsidios y un tipo de cambio fijo, ha colapsado.

Ante la escasez de dólares estadounidenses y la crónica falta de combustible, la mayoría de los votantes eligió a Paz para sacarlos de la crisis económica. Propuso reformas importantes, pero a un ritmo más gradual que Quiroga, quien abogaba por un rescate del Fondo Monetario Internacional y un programa de choque fiscal.

“El país que heredamos está devastado… endeudado moral y materialmente, con interminables filas para conseguir combustible y mercados vacíos”, dijo Paz en su primer discurso como presidente. “Bolivia se reincorpora al mundo, nunca más aislada. Nunca más será rehén de una ideología; la ideología no da de comer”.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña asistió a la inauguración en la capital de Bolivia, La Paz.

Tras su victoria del 20 de octubre, Paz se distanció del bloque ALBA —del que Bolivia forma parte junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela— y se acercó a Estados Unidos, de donde su país se había distanciado tras la expulsión del embajador estadounidense en 2008, durante la administración de Morales.

Paz también entabló conversaciones con instituciones financieras internacionales sobre un posible programa de asistencia económica. Además, el nuevo presidente alcanzó un acuerdo inicial con la Corporación Andina de Fomento para un préstamo de 3.100 millones de dólares destinado a impulsar la recuperación económica durante los próximos años.

«Tras dos décadas de gobierno de izquierda, puede contar con la buena voluntad de los inversores extranjeros y la comunidad internacional», afirmó Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, un centro de estudios internacional con sede en Washington. «Su tarea no será fácil. Si actúa con demasiada lentitud o sus políticas se estancan y no logran sacar a Bolivia de su crisis económica, Paz corre el riesgo de perder capital político».

Paz también anunció después de las elecciones que su gobierno cooperará con todas las organizaciones internacionales en materia de seguridad, incluida la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a la que Morales expulsó de Bolivia a finales de 2008.

Paz ahora tendrá que trabajar en la construcción de una alianza sólida con los bloques políticos, ya que su Partido Demócrata Cristiano controla solo el 39% de los 166 escaños de la Asamblea Legislativa.

“No nos han entregado un trono, sino una tarea”, dijo Paz. “Este es el momento de la verdadera democracia y del respeto a la ley; nadie está por encima de la ley. Superaremos ese pasado vergonzoso y lamentable”.

(Luis Gandarillas/Pool Photo via AP)

Por  Carlos Valdez

QUITO, Ecuador (AP) — Cuatro reclusos murieron y más de 30 resultaron heridos el domingo durante un motín en una prisión de Ecuador, informaron funcionarios penitenciarios del país sudamericano.

El motín se originó por la “reorganización de los internos” a una nueva prisión de máxima seguridad que pronto comenzará a operar en una provincia diferente, según un comunicado del organismo de control penitenciario de Ecuador.

Un agente de policía resultó herido antes de que las autoridades recuperaran el control de las instalaciones en la ciudad costera de Machala, al suroeste de Ecuador. El estado de salud del herido no se conoció de inmediato el domingo.

La violencia se produjo menos de dos meses después de que 14 reclusos murieran en el mismo centro penitenciario en lo que las autoridades describieron como una disputa entre bandas.

Las cárceles de Ecuador se han convertido en unas de las más peligrosas de América Latina, ya que el hacinamiento, la corrupción y la débil vigilancia estatal han permitido la proliferación de bandas vinculadas a narcotraficantes de Colombia y México. Muchos presos están fuertemente armados con armas introducidas de contrabando desde el exterior y continúan organizando actividades delictivas desde prisión.

Más de 500 personas han muerto en disturbios carcelarios desde 2021. El año pasado, 150 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes durante una serie de disturbios coordinados en varias cárceles.

( Via AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Si bien el acoso sexual a la presidenta Claudia Sheinbaum en una calle del centro de la Ciudad de México reabrió el debate sobre la violencia de género en el país, las rivalidades políticas han empañado lo que, de otro modo, habría sido un momento propicio para la solidaridad nacional.

Cuando se esperaba que el país entero se uniera en torno a Sheinbaum y a la discusión sobre la violencia que enfrentan a diario las mexicanas, algunos adversarios declararon que el caso es un “montaje” para distraer la atención ante la creciente presión sobre el gobierno por la violencia política, atizada tras el crimen de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad occidental de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Las críticas no sólo han venido de políticos sino también de figuras como la activista mexicana Ceci Flores, fundadora de un colectivo de madres que busca a personas desaparecidas, quien a raíz del incidente expresó en su cuenta de X que “a nuestra presidenta le bastaron unos metros afuera de Palacio para convertirse en víctima. Ese es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien es acoso, si nos va mal nos matan o desaparecen”.

Las rivalidades que han aflorado en los últimos días revelan la profundidad de la polarización que está enquistada en México desde hace años y que por ahora no parece tener salida, según los analistas.

Cuando privan las rivalidades políticas

Una de las voces que se levantó contra el episodio que vivió la mandataria fue el senador Alejandro Moreno, presidente del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien a pesar de condenar la violencia contra las mujeres acusó de manera abierta al partido gobernante de usar un “distractor político” para desviar la atención de la muerte de Manzo, el séptimo alcalde asesinado durante el primer año de gobierno de Sheinbaum.

Manzo murió el sábado tras ser tiroteado por un joven de 17 años que le hizo siete disparos ante decenas de personas en una plaza del centro de Uruapan en medio de las celebraciones por el Día de Muertos.

Tras la conmoción que desató el homicidio, la presidenta anunció esta semana un nuevo “plan integral” para Michoacán que incluirá el reforzamiento de la seguridad en el violento estado, y se reunió con la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, que reemplazó a su esposo en el cargo.

Moreno exigió un análisis “a fondo” del caso de la mandataria e insistió en que “puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los narcopolíticos del gobierno, del pacto con el crimen organizado”.

En una posición más moderada, el senador Ricardo Anaya, excandidato presidencial por Acción Nacional, manifestó su solidaridad con la presidenta, pero exigió al gobierno revisar con urgencia los protocolos de seguridad. “Si no se pueden hacer cargo de la seguridad de la presidenta, ¿cómo se van a hacer cargo de la seguridad del país?”, se preguntó el político.

Al explicar la estrategia opositora, el politólogo y consultor político Javier Rosiles Salas afirmó que están tratando de “combatir esta narrativa que tiene el oficialismo muy fuerte”, que aseguró que le ha permitido a Sheinbaum alcanzar en el primer año de su sexenio un respaldo popular de más de 70%.

“La oposición en este país pues es débil”, planteó Rosiles Salas al manifestar dudas de que la postura de los opositores políticos pueda impactar al gobierno.

La “revictimización”, la tragedia de las mexicanas

Para la activista María de la Luz Estrada, directora de la organización local Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las críticas que han surgido en torno a la agresión que sufrió Sheinbaum son un reflejo de lo que padecen las mexicanas que suelen ser “revictimizadas” por las propias autoridades cuando acuden ante la policía o los fiscales para denunciar los casos de agresiones y padecen la “descalificación” y el “cuestionamiento”.

“Se trata siempre de desestimar y no de no tratar de entender qué pasó”, apuntó Estrada al reconocer que “estas violencias graves son las que vivimos a diario”.

Esa situación explica en parte los altos niveles de impunidad que hay en los casos de violencia contra las mujeres en México, afirmó la activista Marina Reyna, directora de la organización local Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer, al reconocer que la “revictimización” ha llevado a que “se pierde la confianza en las instituciones”.

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la violencia feminicida en la región, de 2019 a 2024 sólo entre 20% a 30% de las mujeres que vivieron situaciones de violencia en México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay utilizaron los servicios estatales especialmente diseñados para ellas.

Consciente de esa realidad, Sheinbaum presentó el jueves un proyecto para fortalecer la respuesta institucional del Estado ante las denuncias de “abuso sexual”, homologar ese delito y las sanciones en los 32 estados del país e impulsar la denuncia a través de una campaña de promoción.

Al respecto la mandataria indicó que se bica que la mujer mexicana “tenga un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleve a las detenciones”.

POR  FABIOLA SÁNCHEZ

(Foto AP/Marco Ugarte)