QUITO, Ecuador (AP) — Un violento enfrentamiento el domingo en Ecuador entre autoridades policiales y pueblos indígenas que protestaban por el fin de un subsidio al combustible dejó un civil muerto y 12 soldados heridos.
El ejército y la organización indígena nacional que impulsaba las manifestaciones se atribuyeron mutuamente la responsabilidad de la violencia que se desató en la comunidad andina al norte de la capital, Quito. Los ministerios de Defensa e Interior de Ecuador no reconocieron de inmediato la muerte del manifestante.
La Fundación Regional para la Asesoría en Derechos Humanos declaró en un comunicado que el manifestante "murió tras recibir un disparo". La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización indígena del país, indicó en otro comunicado que el hombre de 46 años murió como resultado de la "represión" gubernamental, que dejó a otro manifestante "en estado crítico".
La Fiscalía de Ecuador en una publicación en X dijo que abrirá una investigación con un equipo especializado en uso ilícito de la fuerza para “garantizar la objetividad del proceso”.
Las Fuerzas Armadas también informaron en X que 12 soldados resultaron heridos mientras custodiaban un convoy que transportaba alimentos a zonas del norte de Ecuador. La publicación indicó que los soldados fueron emboscados por grupos infiltrados, pero no dio más detalles.
El CINE convocó a las manifestaciones luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara el 12 de septiembre la eliminación del subsidio estatal al combustible diésel, aumentando su precio de 1,80 dólares por galón a 2,80 dólares por galón.
El domingo marcó el séptimo día de protestas. El estado de emergencia y el toque de queda se mantuvieron vigentes en las provincias con mayor población indígena.
Noboa ha acusado a los manifestantes de tener vínculos con el crimen organizado y grupos de minería ilegal. Mientras tanto, el presidente de la confederación, Marlon Vargas, ha denunciado la represión por parte de las fuerzas del orden y ha instado a las organizaciones internacionales a mantenerse vigilantes.
Las cifras oficiales indican que más de 80 personas han sido detenidas en las manifestaciones. Trece de ellas enfrentan cargos de terrorismo.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Manifestantes que exigen justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 atacaron el jueves las puertas de una base militar en la Ciudad de México con un camión y prendieron fuego al vehículo.
La protesta se produjo en vísperas del aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que para muchos mexicanos se ha convertido en un símbolo de la participación del Estado en el derramamiento de sangre en la nación latinoamericana.
En 2014, los estudiantes habían tomado el control de varios autobuses que planeaban conducir a Ciudad de México para una protesta en conmemoración de la masacre de manifestantes perpetrada en 1968 por las fuerzas gubernamentales.
Las autoridades creen que los estudiantes fueron secuestrados en el camino y asesinados por miembros de un cártel criminal con vínculos con funcionarios gubernamentales y militares, y decenas de personas han sido arrestadas, incluido un ex fiscal general, funcionarios locales, militares y oficiales de policía.
Sin embargo, todavía no se ha condenado a nadie y muchos manifestantes creen que la participación del Estado en los asesinatos de Ayotzinapa puede ser más profunda de lo que se ha revelado hasta ahora.
Estudiantes de la escuela, en el estado de Guerrero, al sur de México, se unieron a familiares de los desaparecidos en una manifestación en la base militar para presionar al ejército mexicano a que ayude a esclarecer las desapariciones. Los manifestantes portaron fotos de los desaparecidos.
Poco después, algunos jóvenes manifestantes, con el rostro cubierto, hicieron retroceder un camión hacia una de las entradas del complejo militar. Una vez atascado el vehículo, le lanzaron petardos hasta que se incendió.
Las autoridades no reportaron heridos.
La acción del jueves podría ser una señal de que habrá protestas más agresivas el viernes, cuando se cumple el 11º aniversario del brutal ataque.
Muchos de los detalles del crimen siguen siendo un misterio : ni el motivo ni el destino de las víctimas han sido completamente establecidos, aunque se han identificado los restos carbonizados de tres de ellas.
Tras muchos años de encubrimiento, en 2022 una comisión de la verdad gubernamental declaró la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como un “crimen de Estado”.
Las autoridades creen que todos los estudiantes fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y actuó en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, estatales y federales, incluido personal militar.
El caso continúa generando indignación en todo México. Durante años, las familias y sus abogados han exigido a las fuerzas armadas mexicanas la entrega de cientos de documentos que podrían ser clave para resolver el caso, pero el ejército no lo ha hecho.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reemplazó al fiscal a cargo del caso e insiste en que hay nuevas líneas de investigación, las familias dicen que no han visto ningún avance.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Siete grupos indígenas de la Amazonía ecuatoriana denunciaron un plan del gobierno para ofrecer decenas de bloques de tierra para la exploración petrolera, afirmando que amenaza sus tierras ancestrales y viola protecciones constitucionales.
La crítica se dirige a un plan del Ministerio de Energía y Minas de agosto para subastar los derechos de 49 proyectos de petróleo y gas por un valor de más de 47 mil millones de dólares.
Las autoridades afirman que la "hoja de ruta de los hidrocarburos" es una estrategia para modernizar la industria petrolera ecuatoriana, atraer capital extranjero e impulsar la producción. Su plan incluye renegociaciones de contratos y nuevas rondas de licencias que, según el gobierno, cumplen con los marcos legales vigentes.
Los grupos indígenas dicen que 18 de los bloques petroleros propuestos se superponen a sus territorios, un área aproximadamente del tamaño de Bélgica.
Líderes de los pueblos Andwa, Shuar, Achuar, Kichwa, Sapara, Shiwiar y Waorani denuncian que sus comunidades no fueron consultadas y acusan al gobierno de ignorar fallos judiciales que anularon consultas anteriores por inconstitucionales.
“El gobierno sigue adelante con sus planes de subastar 18 bloques petroleros en nuestros territorios ancestrales sin el consentimiento libre, previo e informado. Ese es un derecho constitucional e internacional que el Estado está violando”, declaró Nemo Guiquita, líder waorani de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Varias medidas recientes del presidente Daniel Noboa han alarmado a ambientalistas y líderes indígenas que dicen que la reputación verde del país se está desmoronando.
El gobierno de Noboa ha tomado medidas para eliminar el Ministerio del Ambiente, un organismo independiente en Ecuador. También apoyó una ley aprobada por la Asamblea Nacional que permite a entidades privadas y extranjeras cogestionar zonas de conservación, lo cual, según los críticos, debilita las protecciones y amenaza los derechos territoriales indígenas.
“Ha habido protestas, demandas y empresas obligadas a retirarse en el pasado, pero ahora vuelven a ofrecer los yacimientos petrolíferos de la Amazonia”, dijo Guiquita. “Resistimos y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se oponga a esta expansión y ayude a proteger la Amazonia y nuestros derechos”.
El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press. El gobierno ha mantenido que la consulta de 2012 sigue vigente y que el plan de hidrocarburos cumple con la normativa vigente.
El gobierno de Noboa ya ha abierto nuevas rondas de licencias. En abril de 2025, empresas internacionales presentaron ofertas para cuatro bloques petroleros, y el gobierno anunció que planeaba nuevas subastas en la Amazonía y las regiones subandinas a finales de 2025 y 2026.
“La Amazonía no está en venta. Defenderemos nuestros territorios porque no nos han consultado; este es nuestro hogar”, dijo Nadino Calapucha, líder kichwa.
La disputa se produce en medio de un estado de emergencia y un paro nacional por los precios del combustible, los proyectos extractivos y el incumplimiento por parte del gobierno de un referéndum que limita las perforaciones en el Parque Nacional Yasuní. El martes, agricultores, grupos indígenas y sindicatos del transporte se enfrentaron con la policía en las afueras de la ciudad de Tabacundo, en el segundo día de protestas a nivel nacional.
“Ecuador ya manifestó su voluntad en el referéndum del Yasuní, cuando el 59% votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra. Sin embargo, el gobierno insiste en imponer la extracción, violando nuestros derechos”, declaró Calapucha.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, representando aproximadamente un tercio de los ingresos del gobierno en algunos años. El país produce alrededor de 480.000 barriles diarios, aunque la producción ha disminuido en la última década. Sucesivos gobiernos han intentado atraer capital extranjero a la Amazonía, pero los proyectos a menudo se han estancado debido a disputas legales y la resistencia indígena.
Noboa, quien asumió el cargo a finales de 2023, ha centrado gran parte de su plan fiscal en impulsar los ingresos provenientes de los recursos naturales para estabilizar las finanzas públicas. Su administración también promueve la inversión minera, lo que ha generado críticas de líderes indígenas que afirman que ignora las garantías constitucionales del consentimiento libre, previo e informado.
“Los planes de Ecuador de subastar nuevos bloques petroleros en la Amazonía están condenados al fracaso”, declaró Kevin Koenig, director de clima, energía e industria extractiva de Amazon Watch. “La resistencia indígena, la movilización de la sociedad civil y la creciente presión internacional seguirán exponiendo estos proyectos como ilegítimos, ilegales e infinanciables”.
El Senado del estado de California expresó recientemente su preocupación por las importaciones de crudo del Amazonas y aprobó una resolución para examinar el papel del estado como uno de los principales compradores del mundo, lo que subraya cómo la estrategia petrolera de Ecuador podría repercutir más allá de sus fronteras.
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Steven Grattan informa sobre la selva amazónica y la deforestación en Latinoamérica para The Associated Press. Reside en Bogotá, Colombia.
WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una flota de buques de guerra a las aguas frente a Venezuela, alardeó de ataques mortales a supuestas embarcaciones de narcotráfico y afirmó que Caracas pagará un precio “incalculable” si no acepta a más deportados.
El inusual despliegue naval en la costa de Sudamérica ha avivado temores de invasión en Venezuela y especulaciones de que Trump podría intentar derrocar a su autoritario presidente, Nicolás Maduro, quien ha perdido apoyo dentro del país y enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, los expertos sostienen que la flotilla no es lo suficientemente grande para una ofensiva terrestre contra un país del tamaño de Venezuela, que es el doble del estado de California. Todo esto plantea dudas sobre las intenciones de Washington.
“Si bien la armada en el Caribe es significativa, no es lo que se necesitaría para invadir realmente”, dijo Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado. No cree que Trump tenga “el estómago” para dar un paso tan grande, y apuntó que al mandatario “le gustan las acciones militares espectaculares, en particular los ataques contra presuntos terroristas”.
Los ataques letales a embarcaciones y el despliegue naval han suscitado preguntas en el Congreso y en algunos países sobre los objetivos de Trump en la región, y si van más allá de lo que, según él, es detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Algunos legisladores y grupos de derechos han cuestionado la legalidad de los ataques militares mortales contra supuestos narcotraficantes, mientras expresan su preocupación por el tamaño de la fuerza que podría elegir desplegar Trump sin la aprobación del Congreso.
“Recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro”, dijo Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana. “A todos los terroristas que trafican con drogas venenosas hacia Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos”.
La autorización legal para usar más fuerza no está clara
Si Trump decidiera ordenar ataques con misiles contra Venezuela o pequeñas incursiones —que los expertos dicen que tendrían como objetivo a los cárteles de la droga en lugar de al propio gobierno de Maduro—, seguiría siendo una gran provocación.
“Un ataque rápido contra el Ministerio de Defensa venezolano o algo así realmente no sirve de mucho”, manifestó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de la Marina. “No va a derrocar al régimen. No va a dar alas a la oposición. Y solo va a agitar el avispero”.
Senadores de republicanos y demócratas ven los ataques como una posible extralimitación presidencial, mientras que los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado han presentado resoluciones sobre los poderes bélicos que exigirían el cese de las acciones militares sin más autorizaciones.
Greg Casar, representante demócrata de Texas, indicó que “no se puede permitir que (Trump) arrastre a Estados Unidos a otra guerra interminable con sus acciones imprudentes”.
El gobierno recurre a la autodefensa para justificar sus acciones, y el secretario de Estado, Marco Rubio, alegó que los cárteles de la droga “representan una amenaza inmediata” para la nación.
La Casa Blanca declaró a varios de esos cárteles organizaciones terroristas extranjeras, mientras sigue vigente la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar para la llamada Guerra Global contra el Terrorismo. El ejecutivo podría intentar basarse en ese permiso, pero seguramente se toparía con objeciones en el Congreso.
“Hundir algún barco es un gran problema, pero es bastante consistente con los tipos de acciones que hemos tomado contra terroristas sin demasiada polémica”, señaló Bradley Martin, investigador principal de políticas en RAND y capitán retirado de la Marina.
“Si comenzamos a atacar campamentos, pronto estamos en un nivel de fuerza para la que no hay base legal”, agregó. “Incluso con una incursión a gran escala, estamos comenzando a sobrepasar el límite de la autodefensa”.
Fuerzas estadounidenses en el Caribe
La Marina de Estados Unidos cuenta con ocho buques de guerra con más de 5.000 efectivos en la región: tres destructores, tres buques de asalto anfibio, un crucero y un barco más pequeño diseñado para combatir en aguas poco profundas, de acuerdo con funcionarios de defensa estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para poder describir la situación con más detalle.
Los destructores y cruceros suelen desplegarse con misiles de crucero Tomahawk, que pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros (millas) de distancia. Un submarino de la Armada estadounidense, el USS Newport News, también opera en Sudamérica y tiene capacidad para disparar el misil de crucero, apuntaron los funcionarios.
Los buques de asalto anfibio llevan casi 2.000 marines y una variedad de helicópteros, aviones de rotor basculante Osprey y jets Harrier. El ejército planeaba enviar 10 aviones de combate furtivos F-35 avanzados a Puerto Rico, algunos de los cuales llegaron la semana pasada, agregaron.
Trump advierte a Venezuela
Hasta el momento, la Casa Blanca ha anunciado tres ataques mortales contra embarcaciones que sostiene que traficaban con drogas destinadas a comunidades estadounidenses. Y aseguró que dos de ellas procedían de Venezuela.
Después de publicar un video del último ataque la semana pasada, Trump desvió la conversación a la expulsión de ciudadanos venezolanos de Estados Unidos.
Los vuelos de deportación a la nación sudamericana han continuado a pesar de la presencia de los buques de guerra estadounidenses. Ante la presión de la Casa Blanca, Maduro eliminó este año su política de larga data de no aceptar deportados de Estados Unidos.
Aun así, en una publicación en redes sociales el domingo, Trump dijo a Caracas que aceptara de inmediato a prisioneros y “personas de instituciones mentales”.
”¡SÁQUENLOS DE NUESTRO PAÍS, AHORA MISMO, O EL PRECIO QUE PAGARÁN SERÁ INCALCULABLE!”, escribió el mandatario.
Preguntado por un reportero sobre qué quería decir con su mensaje, Trump respondió: “Tendrán que averiguarlo”.
Es probable que algunos funcionarios esperen que la presencia militar estadounidense en la zona haga que Maduro se retire o envalentone a sus oponentes, pero “no es probable que eso ocurra”, señaló el Finucane del International Crisis Group.
Mario Diaz-Balart, un diputado republicano de Florida, insistió en que Maduro tiene tres opciones.
“Salir, pudrirse en la cárcel por el resto de su vida como Noriega, o terminar como Soleimani (en cenizas y en una bolsa de plástico)”, dijo el legislador, un ferviente partidario de la oposición política venezolana, en una entrevista que publicó en redes sociales.
Manuel Noriega fue un dictador panameño derrocado por el ejército de Estados Unidos en una invasión de 1989 que pasó las siguientes décadas en prisiones antes de su muerte. Qassem Soleimani fue un general iraní que falleció en un ataque con drones ordenado por Trump en Irak en 2020.
Maduro “activa” la milicia
Maduro y otros funcionarios del gobierno han rechazado las afirmaciones de que Venezuela es una pieza clave en el tráfico de drogas. Además, afirmaron que la operación militar estadounidense es un ataque a su soberanía y parte de un intento de derrocamiento.
Un componente clave de la defensa de Venezuela es una milicia civil, y Maduro aseguró que seis millones de sus miembros han sido “activados”.
La cifra no pudo ser verificada, pero el respaldo público al gobierno cayó aún más después de que pruebas creíbles mostraran que Maduro perdió las presidenciales del año pasado.
El ejército se reunió recientemente con la población en plazas, calles, puertos y playas como parte de un esfuerzo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que estaba destinado a entrenar a la milicia.
En el estado de La Guaira, donde está el principal aeropuerto del país, el gobernador, José Alejandro Terán, dijo que los ejercicios incluyeron formación en un sistema de defensa antiaérea.
“Identificamos todas las vías de aproximación y hemos construido un sistema de defensa de obstrucción de vía respaldado con un sistema de artillería pesada”, declaró a la televisora estatal.
Finley informó desde Norfolk, Virginia, y García Cano desde Caracas, Venezuela. La periodista de The Associated Press Lisa Mascaro en Washington contribuyó a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR BEN FINLEY, KONSTANTIN TOROPIN and REGINA GARCÍA CANO
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Veintitrés trabajadores fueron rescatados el miércoles tras pasar 43 horas atrapados en el derrumbe de una mina de oro subterránea en el norte de Colombia. Los mineros fueron recibidos con aplausos al salir de la mina La Reliquia, ubicada en el departamento de Antioquia.
La Agencia Nacional de Minería de Colombia informó que la entrada principal de la mina se derrumbó el lunes debido a una falla geomecánica. Un video publicado por la ANM muestra a los primeros mineros rescatados saliendo por sus propios medios, usando una cuerda para subir la empinada entrada del pozo. Su estado de salud no fue revelado de inmediato.
Las familias de los mineros llevaban horas esperando y celebraron su rescate con lágrimas y aplausos.
La mina se encuentra en terrenos pertenecientes a la canadiense Aris Mining Corp., pero es operada por una cooperativa minera local. Aris Mining declaró previamente que había proporcionado alimentos, agua y ventilación a los trabajadores atrapados durante las labores de rescate. La mina cuenta con unos 60 empleados y representa una pequeña parte de la producción total de oro de la compañía en la zona.
Aris opera dos concesiones mineras en Colombia, que el año pasado produjeron alrededor de 6,6 toneladas de oro. La producción de oro de Colombia ascendió a 67 toneladas anuales en 2024, impulsada por los altos precios del metal precioso.
Un informe publicado en 2023 por la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que más del 80% del oro de Colombia es extraído por operadores informales sin licencias, incluidos mineros artesanales pero también miembros de grupos rebeldes.
Las precarias condiciones en algunas minas de oro de Colombia han provocado accidentes mortales. El sábado se encontraron los cadáveres de siete mineros en una mina ilegal en el departamento del Cauca. Los equipos de rescate tardaron nueve días en llegar a los trabajadores atrapados.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
QUITO, Ecuador (AP) — Un violento enfrentamiento el domingo en Ecuador entre autoridades policiales y pueblos indígenas que protestaban por el fin de un subsidio al combustible dejó un civil muerto y 12 soldados heridos.
