SAO PAULO (AP) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue confirmado el jueves como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de cara a las elecciones de octubre.La votación de los delegados de ese partido de izquierda en un hotel de Sao Paulo ya se anticipaba y fue meramente simbólica, pues la campaña del exmandatario está en marcha. El político de 76 años, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, no asistió a la convención del partido mientras hacía campaña en su estado natal de Pernambuco, en el empobrecido noreste de Brasil. Lula lidera todas las encuestas frente al presidente actual, Jair Bolsonaro.
Es la sexta ocasión que Lula se postula a la presidencia. También fue confirmado como candidato del Partido de los Trabajadores en su convención de 2018, pero una declaración de culpabilidad por corrupción y lavado de dinero lo sacó de la contienda y allanó el camino para la victoria de Bolsonaro.
“No necesitaba ser presidente de nuevo. Podría haber guardado mi diploma del mejor presidente de la historia y pasar los últimos años de mi vida tranquilamente”, dijo Lula durante un mitin en la ciudad de Recife. “Pero vi a este país ser destruido. Vi nuestra educación encabezada por un tipo al que no le gusta la educación. Así que decidí volver”.
El exdirigente sindical salió de prisión en 2019 y sus condenas fueron anuladas el año pasado luego de que el Supremo Tribunal Federal fallara que el juez a cargo del caso, Sergio Moro, actuó de manera parcial. Ese nuevo fallo le permitió a Lula iniciar su campaña presidencial este año. Moro, quien supervisó la extensa investigación de corrupción Lava Jato, posteriormente fue designado ministro de Justicia de Bolsonaro.
NARVA, Estonia (AP) — Natalya Zadoyanova perdió el contacto durante semanas con su hermano pequeño, Dmitriy, que quedó atrapado en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol.Fuerzas rusas habían bombardeado el orfanato donde trabajaba, y él se refugiaba con docenas de personas en el gélido sótano de un edificio sin puertas ni ventanas. La siguiente vez que habló con él, Dmitriy lloraba.
“Estoy vivo”, le dijo. “Estoy en Rusia”.
Zadoyanov enfrentaba el siguiente capítulo de la devastación para la gente de Mariúpol y otras ciudades ocupadas: Traslados forzosos a Rusia, el país que había matado a sus vecinos y bombardeado sus localidades hasta casi borrarlas del mapa.
Casi dos millones de refugiados ucranianos han sido enviados a Rusia, según funcionarios ucranianos y rusos. Ucrania describe esos traslados como viajes forzosos a territorio enemigo, algo que se considera un crimen de guerra. Rusia las llama evacuaciones humanitarias.
Una investigación de Associated Press ha descubierto que si bien la situación tiene más matices de lo que sugiere el gobierno ucraniano, muchos refugiados son efectivamente obligados a viajar a Rusia, sufren abusos, se les despoja de su documentación y enfrentan incertidumbre sobre su futuro y en ocasiones incluso sobre dónde se encuentran.
Todo comienza con una decisión envenenada: Morir en Ucrania o vivir en Rusia. Pasan por lo que se conoce como puntos de filtración, donde pueden sufrir interrogatorios y registros sin ropa o ser apartados y desparecer. Los refugiados describieron cómo una anciana había muerto de frío, con el cuerpo hinchado, y otro evacuado recibió una golpiza que le dejó la espalda cubierta de magulladuras.
BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández respaldó el martes las duras críticas que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia por supuestamente convalidar la persecución en su contra por parte de los tribunales federales.Fernández cuestionó al Poder Judicial y volvió a sostener la necesidad de llevar a cabo su “reforma profunda y democrática” en una serie de tuits en los que apuntaló las críticas de la exmandataria (2007-2015), suavizando así la ríspida relación que mantuvo con ella en los últimos tiempos por la gestión del gobierno.
Sobre las críticas que hizo Fernández de Kirchner la víspera, el mandatario señaló que ponen “en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros” de la Corte Suprema. También consideró que durante el gobierno de su antecesor Mauricio Macri (2015-2019) la justicia federal ideó “patéticos instrumentos” para perseguir a los entonces kirchneristas opositores, mientras el máximo tribunal adoptaba “una posición pasiva”.
La vicepresidenta había dicho que la Corte Suprema y sus cuatro integrantes intervienen en las decisiones que toman otras instancias judiciales y dan luz verde a la persecución de la que se considera víctima desde la presidencia de Macri, hoy uno de los referentes de la oposición.
La exmandataria pronosticó además un fallo en su contra en el juicio que afronta actualmente por presuntas maniobras irregulares cometidas durante su gobierno en la concesión de obras públicas a un empresario allegado.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Rafael Caro Quintero, que fuera un capo mexicano de la droga en la década de 1980, fue detenido en México esta semana, la noticia reavivó viejos y terribles recuerdos para Lannie Walker, hija del escritor estadounidense John Clay Walker.Aunque Caro Quintero sólo fue condenado en México por el asesinato del agente de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en 1985, su banda supuestamente asesinó hasta a seis ciudadanos estadounidenses en la ciudad mexicana de Guadalajara en la misma época.
Uno de ellos era John Clay Walker, un escritor que entonces tenía 36 años y se había mudado a Guadalajara para terminar un libro.
“Nos alegramos mucho de oír que (Caro Quintero) había sido capturado, y también reabrió un gran trauma para nosotras”, dijo Lannie Walker. “Mi hermana y yo hemos perdido casi 40 años sin nuestro padre, no hay nada que pueda compensar eso”.
El escritor estadounidense y su amigo Alberto Radelat, estudiante de dentista de Fort Worth, Texas, habían entrado en un exclusivo restaurante de marisco en Guadalajara para celebrar el regreso previsto de Walker a Estados Unidos.
No esperaban que Caro Quintero y sus colaboradores estuvieran celebrando una fiesta privada en una habitación en la parte trasera del restaurante.
“Nuestro padre era un ciudadano estadounidense sin implicación en la guerra de la droga entre México y Estados Unidos, era un transeúnte inocente que sin saberlo se vio atrapado en el fuego de un peligroso cártel de la droga”, dijo Lannie Walker. “Comenzaron a interrogar a mi padre y a Al, preguntándoles qué sabían de los agentes antidroga en México, qué sabían de la investigación. Mi padre no sabía nada, era un escritor inocente. Le torturaron con un picahielos durante una hora”.
RIO DE JANEIRO (AP) — Criminales medioambientales en la Amazonía brasileña destruyeron una superficie de bosques públicos del tamaño de El Salvador durante los últimos seis años, y sin embargo la Policía Federal -la versión brasileña del FBI- apenas realizó siete operaciones contra esa pérdida masiva, según un nuevo estudio.La destrucción ocurrió en bosques federales y estatales “sin asignar”, lo que supone que no tienen un uso designado como los parques nacionales y los territorios indígenas. Según datos oficiales, la Amazonía brasileña tiene unas 580.000 kilómetros cuadrados (224.000 millas cuadradas) de bosques en esa categoría, una superficie casi del tamaño de Ucrania.
Como Brasil ha legalizado de forma reiterada esas invasiones, estos bosques públicos se han convertido en el principal objetivo de delincuentes que ocupan terreno de forma ilegal.
El estudio del Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño, analizó 302 redadas sobre crímenes ambientales realizadas por la Policía Federal en la Amazonía entre 2016 y 2021. Apenas el 2% iban dirigidas contra personas que habían ocupado terrenos públicos de forma ilegal.
El reporte dijo que la falta de vigilancia probablemente deriva de la tenue protección legal de esas zonas. En otras palabras, el mismo problema que atrae la actividad ilegal. Los ambientalistas presionan desde hace mucho al gobierno federal para que convierta esos bosques públicos sin asignar en espacios protegidos.