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gobierno de GiammatteiCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes una protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve bloqueos de vías en ocho de los 22 departamentos del país.
La Asamblea Social y Popular -que aglutina a varias organizaciones- dijo que la protesta responde a las acciones del gobierno de Alejandro Giammattei y denunció un sistemático debilitamiento del sistema político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General. Consuelo Porras, titular del Ministerio Público, ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos de socavar el estado de derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En 2021 Porras fue sancionada por ese país, que le retiró la visa de entrada.
Durante el gobierno de Giammattei -que comenzó en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate una norma que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército la facultad de usar armas contra los manifestantes.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.

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Ucrania anunciaKIEV, Ucrania (AP) — La fuerza aérea ucraniana anunció el miércoles la destrucción de nueve aviones rusos de combate en grandes explosiones en una base aérea en Crimea, entre especulaciones sobre que eran el resultado de un ataque ucraniano que supondría una importante escalada en la guerra.

Rusia negó que ninguna aeronave hubiera sufrido daños en las explosiones del martes o que se hubiera producido ningún ataque.

Las autoridades ucranianas no llegaron a atribuirse la responsabilidad de las explosiones, aunque se burlaron de las explicaciones de Rusia sobre que la munición de la base aérea de Saki había prendido y estallado, y subrayaron la importancia de la península anexionada hace ocho años por Moscú.

En su video de cada noche, difundido unas horas después de las explosiones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, prometió retomar la península y dijo que “esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea, con su liberación”.

Las autoridades rusas intentaron restar importancia el miércoles a las explosiones y dijeron que ninguno de los hoteles y playas de la península habría sufrido daños. El lugar es un popular destino de vacaciones para muchos rusos. Las explosiones, que mataron a una persona e hirieron a 13, hicieron que los turistas huyeran en pánico mientras las columnas de humo se alzaban sobre la costa cercana. Las detonaciones reventaron ventanas y causaron otros daños en algunos edificios de apartamentos.

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devolución de aviónCARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro pidió el lunes el apoyo de las organizaciones de base del partido peronista del mandatario argentino Alberto Fernández para lograr que las autoridades de ese país atiendan su reclamo y devuelvan un avión de carga de una empresa estatal venezolana que permanece retenido en Buenos Aires.
Maduro también solicitó el respaldo de los movimientos sociales argentinos, para “derrotar” a Washington y sus aliados, que según él, buscan apropiarse de los activos de Venezuela en el extranjero. “Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina”, señaló el líder venezolano en un acto de gobierno televisado.
El avión de la compañía estatal venezolana Emtrasur, subsidiaria de Conviasa, está bajo investigación por parte de las autoridades argentinas que buscan determinar si los ocupantes del vuelo —12 venezolanos y cinco iraníes-- arribaron a territorio argentino con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
Maduro gritó que está “indignado” por la amenaza de que el Boing 747-300M eventualmente sea incautado por solicitud de un tribunal estadounidense, y se preguntó si en Argentina los que mandan son los tribunales de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense pidió la semana pasada a las autoridades argentinas la incautación del avión, apenas días después que un tribunal de Washington hizo pública una orden de confiscación de la aeronave, el 19 de julio.

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Boric buscaSANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric busca salvar la aprobación del plebiscito constitucional a pocas semanas de su celebración en Chile conquistando votos de sectores de centroizquierda que rechazan una nueva Constitución, con la promesa de introducirle cambios a los temas más resistidos en caso de ser avalada el 4 de septiembre.
Boric amarró el destino de su gobierno a la aprobación del texto, escrito por una Convención Constitucional dominada por la izquierda, que reemplazaría a la Carta Magna impuesta por la dictadura militar (1973-1990) en el caso de que se imponga la opción “Apruebo”. Si triunfa el “Rechazo”, seguirá vigente la Constitución de los militares.
Los analistas políticos coinciden que en caso de ganar el “Rechazo”, el gobierno quedaría muy debilitado y Boric sin una agenda propia.
Sendas encuestas de las consultoras locales Cadem y Pulso Ciudadano del fin de semana indican que el “Rechazo” al texto ganaría por 10 y 15 puntos, respectivamente, al “Apruebo”. La encuestadora MORI indica que la diferencia entre ambas opciones bordea los cinco puntos.
El texto que se plebiscitará no puede ser modificado, por lo que la estrategia del gobierno es que los partidos oficialistas se comprometan formalmente y por escrito a introducir cambios específicos en la nueva Constitución si triunfa el “Apruebo”.
Boric instó hace una semana a sus dos coaliciones políticas a alcanzar acuerdos en torno a futuras reformas antes del día del plebiscito, aunque existen puntos de vistas diferentes al respecto en los partidos aliados al gobernante.

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Lula o BolsonaroRIO DE JANEIRO (AP) — Un presidente de Brasil construyó una represa gigante que provocó tremendos daños en la selva amazónica. Recortó el tamaño de un área protegida para acomodar a los acaparadores de tierras. Canalizó millones de dólares hacia la industria ganadera hambrienta de tierras.
Pero no fue Jair Bolsonaro, —cuyas políticas en la Amazonía brasileña son bien conocidas y han provocado indignación mundial a medida que aumenta la deforestación— sino Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó de 2003 a 2010 y lidera todas las encuestas para volver al cargo.
Con las elecciones de octubre a la vista, los brasileños tienen dos opciones: Lula o Bolsonaro, quien muestra un abierto desprecio por las áreas protegidas de la selva tropical. Lula ha estado bajo menos escrutinio, pero tiene un historial ambiental accidentado y muestra poca intención de hacer las cosas de manera diferente si es elegido.
En 2003, cuando Lula formó su primer gabinete, eligió a la activista de la selva amazónica Marina Silva como ministra de Medio Ambiente en un momento en que la tala de árboles era rampante. Ella puso en marcha las políticas ambientales más ambiciosas de Lula, creando áreas de conservación e impulsando la aplicación contra la alta deforestación.
Para 2012, habían reducido 84% la pérdida de bosques.
Pero el expresidente también ha dicho que no se arrepiente de la gigantesca represa de Belo Monte que desplazó a unas 40.000 personas y secó tramos del río Xingu del que dependían los indígenas y otras comunidades para pescar.

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