CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juzgado de Guatemala suspendió el lunes una audiencia al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien fue detenido el fin de semana por acusaciones de presunto lavado de dinero en un caso que es visto como un posible intento de silenciar a críticos del gobierno de la nación centroamericana.El juzgado séptimo penal no brindó detalles sobre la suspensión de la audiencia en la que se explicaría el caso del comunicador y que había sido programada para horas de la mañana. Tampoco se informó de una nueva fecha para el procedimiento judicial. Zamora seguía detenido en la prisión Mariscal Zavala, ubicada en una base militar en la Ciudad de Guatemala.
El abogado del periodista, Mario Castañeda, informó a la prensa sobre la suspensión de la audiencia y dijo que podría realizarse el martes. Aseguró que no ha tenido acceso al expediente.
Zamora fue detenido el viernes en horas de la tarde cuando un grupo de fiscales y agentes policiales allanaron su residencia. Al mismo tiempo, el Ministerio Público allanó las oficinas de elPeriódico, del cual Zamora es presidente, y retuvo a sus trabajadores por más de 15 horas.
El periodista es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de un presunto caso de lavado de dinero del que no se conocen detalles. El titular de esta fiscalía es Rafael Curruchiche, quien fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al señalar que obstaculiza la lucha anticorrupción en Guatemala. El fiscal dijo que el caso contra Zamora es por su actividad como empresario y no como periodista.
LIMA (AP) — El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo la noche del domingo que denunciaría a un programa televisivo que indicó horas antes que el mandatario habría recibido 7.600 dólares en 2021 por nombrar a un economista como miembro del directorio de la petrolera estatal peruana, Petroperú.Es la primera vez que el mandatario anuncia que denunciará a un medio periodístico. Castillo dijo en su cuenta de Twitter que el programa dominical Panorama, de la televisora Panamericana, “difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía”.
El mandatario indicó que realizará la denuncia “como ciudadano y como presidente de la República” y reclamó “una seria investigación que aclare esta falsedad”. Castillo tiene abiertas cinco investigaciones de la fiscalía, cuatro de ellas ligadas a presuntos delitos de corrupción y otra por posible plagio en su tesis de maestría de 2012.
El programa dominical nocturno Panorama precisó que recogió las declaraciones del exsecretario del presidente, Bruno Pacheco, quien se entregó a la justicia el sábado tras casi cuatro meses prófugo. Pacheco es investigado por el presunto delito de corrupción. En noviembre la fiscalía halló 20.000 dólares en su despacho, dentro del palacio presidencial.
En la hipótesis de la fiscalía, el presidente Castillo es el presunto líder de una organización criminal que recibía dinero de obras públicas. La organización estaría integrada por el exsecretario Pacheco, dos sobrinos del mandatario y un exministro de Transportes. Tras su entrega a la justicia, Pacheco busca convertirse en colaborador eficaz y dependerá de sus acusaciones adjuntadas de pruebas contundentes para poder obtener beneficios de reducción de futuras sentencias.
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BOGOTÁ (AP) — La policía realizó el jueves ceremonias religiosas simultáneas en decenas de ciudades colombianas para honrar la memoria de los 36 policías que han muerto en lo que va del año en medio de un recrudecimiento de las acciones violentas contra la institución.La última víctima fue la patrullera Leidy Sánchez Montoya, de 25 años, quien perdió la vida en la mañana del miércoles en medio de una operación contra el narcotráfico en la zona rural de San Pablo, Bolívar, al noreste del país. Otros cinco policías resultaron heridos.
Con el himno de Colombia de fondo, un sacerdote oró por los policías que “han ofrecido sus vidas por la patria” en una capilla de Bogotá. Luego de la ceremonia religiosa, la institución realizó una calle de honor en la que un grupo de policías sostenían las fotografías de sus compañeros asesinados junto al mensaje “Nos duele a todos”.
El gobierno ha señalado como presunto responsable de la mayoría de los asesinatos al Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país, que inició en octubre de 2021 una retaliación por la captura de su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, y se mantuvo luego de su reciente extradición a Estados Unidos.
Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el Clan del Golfo estaría detrás de la muerte de 18 policías. Sin embargo, advirtió a la prensa que habría una “unión” de grupos armados que incluyen al Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa del país, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.
Se esperaba que el Razoni llegara el martes a Estambul, donde sería inspeccionado antes de que se le permitiera seguir su viaje, indicó el Ministerio.El maíz iba destinado a Líbano, un pequeño país de Oriente Medio sumido en lo que el Banco Mundial ha descrito como una de las peores crisis financieras del mundo en más de 150 años. Una explosión en 2020 en su puerto principal en Beirut destrozó su capital y destruyó los silos de grano. Parte de esa estructura se derrumbó el domingo tras un incendio de varias semanas.
Cuando el Razoni entró en aguas abiertas del Mar Negro cambió su destino declarado de Estambul a Trípoli, Líbano.
Otros buques saldrán de los puertos ucranianos a través de corredores seguros, según los términos del acuerdo firmado en Estambul el 22 de julio. Las autoridades turcas no proporcionaron más detalles el lunes.
Rusia y Ucrania firmaron acuerdos separados con Turquía y Naciones Unidas que allanaron el camino para que Ucrania, uno de los principales graneros del mundo, exporte 22 millones de toneladas de grano y otros bienes agrícolas, bloqueados en puertos del Mar Negro debido a la invasión rusa.
El acuerdo también permite que Rusia exporte grano y fertilizantes.
El ministro ucraniano de Infraestructura dijo que 16 barcos más, todos bloqueados desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, esperaban su turno en puertos de Odesa.
Kubrakov señaló que el envío también ayudaría a la economía ucraniana.
QUITO (AP) — Representantes del gobierno y de los sectores indígenas y sociales empezaron a negociar el miércoles acuerdos para fijar subsidios a los combustibles, principal demanda del reciente paro nacional que virtualmente paralizó el país durante tres semanas.Las conversaciones, que se desarrollan en la sede de la Conferencia Episcopal, en el norte de la capital, se mantienen en reserva y los protagonistas han anticipado que tampoco darán a conocer eventuales coincidencias parciales para no entorpecer las tratativas.
Tras el violento paro de junio, tanto representantes del gobierno como de los indígenas y otras organizaciones sociales se comprometieron a reunirse para tratar alrededor de diez demandas presentadas por los manifestantes que debían ser solventadas en un plazo de tres meses. Entre las exigencias están también la fijación por decreto de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la salud y la educación, entre otras.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, líder de la huelga nacional, antes de empezar las negociaciones dijo que se va a escuchar la respuesta a “lo que hemos enviado, con datos técnicos, y vamos a escuchar lo que dice el gobierno”.
Los indígenas han presentado un pedido de focalización de los precios de los combustibles para el transporte público y vehículos de sectores productivos para los que pide precios subsidiados: 1,75 dólares por galón de diésel y 2,40 la gasolina, y para los ciudadanos vinculados en actividades agrícolas y en zonas rurales, fijar precios con un mayor subsidio, 1,50 por galón de diésel y 2,10 la gasolina.
La gasolina tiene un costo de 2,40 dólares el galón y 1,75 dólares el diésel en Ecuador.
El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, uno de los representantes del gobierno, expresó que las propuestas presentadas por los indígenas pueden ser rediseñadas para mejorar la efectividad de los subsidios.