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BOGOTÁ (AP) — La policía realizó el jueves ceremonias religiosas simultáneas en decenas de ciudades colombianas para honrar la memoria de los 36 policías que han muerto en lo que va del año en medio de un recrudecimiento de las acciones violentas contra la institución.La última víctima fue la patrullera Leidy Sánchez Montoya, de 25 años, quien perdió la vida en la mañana del miércoles en medio de una operación contra el narcotráfico en la zona rural de San Pablo, Bolívar, al noreste del país. Otros cinco policías resultaron heridos.
Con el himno de Colombia de fondo, un sacerdote oró por los policías que “han ofrecido sus vidas por la patria” en una capilla de Bogotá. Luego de la ceremonia religiosa, la institución realizó una calle de honor en la que un grupo de policías sostenían las fotografías de sus compañeros asesinados junto al mensaje “Nos duele a todos”.
El gobierno ha señalado como presunto responsable de la mayoría de los asesinatos al Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país, que inició en octubre de 2021 una retaliación por la captura de su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, y se mantuvo luego de su reciente extradición a Estados Unidos.
Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el Clan del Golfo estaría detrás de la muerte de 18 policías. Sin embargo, advirtió a la prensa que habría una “unión” de grupos armados que incluyen al Ejército de Liberación Nacional, considerada la última guerrilla activa del país, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.
QUITO (AP) — Representantes del gobierno y de los sectores indígenas y sociales empezaron a negociar el miércoles acuerdos para fijar subsidios a los combustibles, principal demanda del reciente paro nacional que virtualmente paralizó el país durante tres semanas.Las conversaciones, que se desarrollan en la sede de la Conferencia Episcopal, en el norte de la capital, se mantienen en reserva y los protagonistas han anticipado que tampoco darán a conocer eventuales coincidencias parciales para no entorpecer las tratativas.
Tras el violento paro de junio, tanto representantes del gobierno como de los indígenas y otras organizaciones sociales se comprometieron a reunirse para tratar alrededor de diez demandas presentadas por los manifestantes que debían ser solventadas en un plazo de tres meses. Entre las exigencias están también la fijación por decreto de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la salud y la educación, entre otras.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, líder de la huelga nacional, antes de empezar las negociaciones dijo que se va a escuchar la respuesta a “lo que hemos enviado, con datos técnicos, y vamos a escuchar lo que dice el gobierno”.
Los indígenas han presentado un pedido de focalización de los precios de los combustibles para el transporte público y vehículos de sectores productivos para los que pide precios subsidiados: 1,75 dólares por galón de diésel y 2,40 la gasolina, y para los ciudadanos vinculados en actividades agrícolas y en zonas rurales, fijar precios con un mayor subsidio, 1,50 por galón de diésel y 2,10 la gasolina.
La gasolina tiene un costo de 2,40 dólares el galón y 1,75 dólares el diésel en Ecuador.
El director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, uno de los representantes del gobierno, expresó que las propuestas presentadas por los indígenas pueden ser rediseñadas para mejorar la efectividad de los subsidios.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La muerte de una mujer que fue quemada viva luego de haber sido amenazada por vecinos que estaban molestos con su hijo autista en el occidente de México desató la indignación de buena parte de la sociedad de la región.Pero la ira de familiares y colectivos feministas aumentó el martes, cuando fiscales del estado de Jalisco sugirieron que Luz Raquel Padilla se prendió fuego en un parque después de comprar alcohol medicinal y un encendedor.
Horas después, un tribunal del estado acordó vincular a proceso a un hombre identificado como Sergio Ismael I., quien era vecino de la víctima, por los delitos contra la dignidad de personas y lesiones en agravio de Padilla, de acuerdo con un comunicado la Fiscalía estatal.
El hombre, que en días pasados se había entregado a las autoridades, enfrenta además un proceso que se inició en mayo después de que Padilla presentara una denuncia en su contra por agresión física y verbal y que no tiene relación con su muerte.
La Fiscalía General de Jalisco dijo en un comunicado que desde el momento que Padilla presentó la denuncia “se le dictaron medidas de protección de apoyo integral en tanto se realizaba la integración de la carpeta de investigación”.
PANAMÁ (AP) — Los empresarios en Panamá advirtieron que no aceptarán ningún acuerdo generado del diálogo que llevan adelante sindicatos y grupos sociales con el gobierno para poner fin a las protestas que continuaban el miércoles en menor magnitud que en días anteriores en el país centroamericano.Producto de ese diálogo donde la Iglesia Católica actúa como facilitadora, se alcanzó un acuerdo para bajar y regular los precios de 72 alimentos de la canasta básica de alimentos.
“No hemos podido participar haciendo nuestras observaciones... lo que se ha acordado pone en peligro la actividad del sector productivo. Partimos de la base de que el concepto de regulación de precios no debe imperar ya que ha demostrado su fracaso en los países donde se ha implementado”, dijo Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. “Una mesa excluyente no puede ser avalada”, apuntó.
En la jornada del miércoles los integrantes del diálogo avanzaron a examinar la rebaja de los costos de las medicinas, luego que alcanzaran acuerdos en el tema del combustible.
Las partes acordaron, entre otros, incluir en los beneficios del subsidio a todos los tipos de maquinaria, aunque se mantuvo el tope de 3,25 dólares por galón de gasolina a nivel nacional, un subsidió por tres meses que el gobierno accedió a implementar desde la semana pasada. Los gremios propusieron una rebaja de 0.25 centavos, pero no fue conciliada.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En un intento por avivar el nacionalismo y justificar sus políticas, el presidente de México ha empezado a tildar a sus oponentes de “traidores” y los acusó de trabajar para otros gobiernos.
Los analistas afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a parecerse más al primer ministro húngaro, el derechista Viktor Orban, que llama agente extranjero a cualquiera que se le oponga.
El tema llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando López Obrador trató de eludir las impugnaciones judiciales a uno de sus proyectos favoritos, al declarar la construcción de un tren turístico un tema de “seguridad nacional”, sin explicar por qué un proyecto turístico justificaba esa declaratoria.
El lunes, el presidente dijo que se trataba de un caso de intervención extranjera de ambientalistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, un señalamiento cautivador en un país que ha sido invadido varias veces.
“Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos”, aseguró López Obrador. “Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero”, añadió.