KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó misiles el lunes sobre la capital ucraniana por tercera ocasión en cinco días, dentro de una aparente escalada de bombardeos aéreos sobre ciudades por parte de las fuerzas del Kremlin mientras la guerra entraba en su tercer año con la línea del frente prácticamente inmóvil.
Cinco personas resultaron heridas en la capital ucraniana y dos de ellas fueron hospitalizadas, según el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko.
Rusia lanzó dos misiles balísticos contra Kiev desde la Crimea ocupada en el ataque a la luz del día, pero ambos fueron interceptados sobre la ciudad, indicó Serhii Popko, responsable de la administración militar de la ciudad de Kiev. Varias explosiones resonaron sobre la ciudad, un nuevo sobresalto para la población.
Los restos de misiles dañaron viviendas en dos distritos y un gimnasio en un tercer distrito, según la Policía Nacional ucraniana.
El ataque se produjo tres días después de un ataque en una sala de conciertos en Rusia en el que murieron más de 130 personas.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha intentado asociar el ataque con Ucrania, a pesar de que una filial del grupo Estado Islámico se atribuyó la autoría.
Putin podría utilizar el ataque en Moscú para reforzar el apoyo a la guerra y como pretexto para escalar los ataques contra Ucrania, según analistas.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Como quisiera el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y miembros de su círculo íntimo han sido blanco de varias conspiraciones desde el año pasado que podrían haberlos dejado heridos o algo peor.
Se han publicado pocos detalles sobre los supuestos complots. Pero el gobierno los ha citado en los arrestos de más de 30 personas desde enero, incluido un destacado abogado de derechos humanos y empleados del principal candidato presidencial de la oposición.
Grupos no gubernamentales locales e internacionales, las Naciones Unidas y gobiernos extranjeros han descrito la represión como un pretexto para sofocar a la oposición política antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Maduro, en el poder desde 2013, buscará un nuevo mandato de seis años .
Los últimos arrestos tuvieron lugar el miércoles poco antes de que el fiscal principal del país anunciara órdenes de arresto para nueve personas que trabajaban con la campaña de Machado, a quienes acusó de participar en un complot.
Oscar Murillo, coordinador general del grupo venezolano de derechos humanos Provea, dijo que los funcionarios están coordinando acciones de la policía, el ejército y los grupos cívicos para reprimir cualquier actividad antigubernamental.
“Esto se ha traducido en una mayor represión política y una profundización de la política de persecución que busca quebrar a la sociedad civil en momentos en que quizás lo ideal sería estar hablando de las políticas públicas necesarias para revertir la pobreza o la desigualdad en Venezuela”, Murillo dicho.
El fiscal general, Tarek William Saab, ha descrito los complots de diversas formas como dirigidos a atacar instalaciones militares, matar a Maduro y otros funcionarios y desestabilizar el país. Ha presentado públicamente supuestas confesiones, documentos de planificación, computadoras portátiles y otros elementos que ha caracterizado como pruebas.
Saab acusó el miércoles a los nueve miembros de la oposición, incluido el jefe de campaña de Machado, de ser parte de un complot "desestabilizador" que incluía manifestaciones, una campaña mediática y planes de atacar cuarteles militares. Dijo que dos de las nueve personas, Dignora Hernández y Henry Alviarez, coordinador político de Machado y coordinador nacional respectivamente, ya habían sido arrestadas.
Los arrestos de Hernández y Alviarez elevan a al menos seis el número de empleados de Machado detenidos por su presunta participación en los complots que el gobierno afirma haber frustrado.
Permitir que Machado, partidario del libre mercado, se postule en las elecciones de julio ofrecería a Venezuela su mejor oportunidad de una carrera competitiva porque ningún otro candidato tiene ni siquiera el nivel de apoyo, dinero o maquinaria política para desafiar a Maduro. Pero el gobierno autodenominado socialista le ha prohibido ocupar el cargo durante 15 años, una orden administrativa confirmada por el tribunal superior del país en enero .
Otros miembros de la oposición venezolana han instado a Machado a hacerse a un lado para elegir a otro contendiente, pero ella ha insistido en continuar con su candidatura , tal vez con la esperanza de que la presión internacional pueda obligar al establishment de Venezuela a ceder en la prohibición.
“Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar, déjenme ser claro: mi equipo es Venezuela”, dijo a los periodistas el miércoles. Añadió que su campaña continúa organizándose en todo el país y espera “mucho más que buenos deseos” de la comunidad internacional.
Los arrestos de Hernández y Alviarez elevan a al menos seis el número de empleados de Machado detenidos por su presunta participación en los complots que el gobierno afirma haber frustrado.
Permitir que Machado, partidario del libre mercado, se postule en las elecciones de julio ofrecería a Venezuela su mejor oportunidad de una carrera competitiva porque ningún otro candidato tiene ni siquiera el nivel de apoyo, dinero o maquinaria política para desafiar a Maduro. Pero el gobierno autodenominado socialista le ha prohibido ocupar el cargo durante 15 años, una orden administrativa confirmada por el tribunal superior del país en enero .
Otros miembros de la oposición venezolana han instado a Machado a hacerse a un lado para elegir a otro contendiente, pero ella ha insistido en continuar con su candidatura , tal vez con la esperanza de que la presión internacional pueda obligar al establishment de Venezuela a ceder en la prohibición.
“Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar, déjenme ser claro: mi equipo es Venezuela”, dijo a los periodistas el miércoles. Añadió que su campaña continúa organizándose en todo el país y espera “mucho más que buenos deseos” de la comunidad internacional.
“¿Debería el Estado bajar la guardia y dejar que estas operaciones sigan adelante para bañar al país en sangre?” dijo Saab días después del arresto de San Miguel el 9 de febrero.
El abogado de San Miguel, Juan González, dijo que no se le ha permitido verla desde su arresto, pero que ella negó todas las acusaciones durante una audiencia inicial.
Las detenciones del miércoles se produjeron horas después de que un panel independiente de expertos que investigan violaciones de derechos humanos en Venezuela dijera al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el gobierno de Maduro había aumentado los esfuerzos de represión contra opositores reales o percibidos antes de las elecciones presidenciales de este año.
"La misión confirma que, como ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para intimidar, detener y procesar a personas que se oponen o critican al gobierno", dijo la jefa del panel, Marta Valiñas, al consejo que autorizó la misión de investigación. “Al mismo tiempo, la Fiscalía General continúa operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para darle apariencia de legalidad a la persecución de las voces críticas”.
El año pasado, el panel informó que el gobierno de Maduro estaba utilizando campañas difamatorias, detenciones, procedimientos penales arbitrarios e incluso tortura para restringir las libertades democráticas antes de las elecciones .
"En algunos casos, los actos de tortura o malos tratos tenían como objetivo obtener confesiones inventadas o declaraciones falsas", dijo el panel en su informe.
Maduro se convirtió en presidente interino en marzo de 2013 tras la muerte del carismático líder Hugo Chávez. Ganó las elecciones por estrecho margen semanas después y fue reelegido en 2018 en un proceso electoral ampliamente criticado como fraudulento.
El país no ha estado exento de conspiraciones contra el gobierno en el pasado.
Menos de tres meses después de su reelección, Maduro vinculó a líderes de la oposición con lo que el gobierno describió como un intento de asesinato contra el presidente en el que detonaron drones con explosivos cuando pronunciaba un discurso en vivo por televisión. En 2020, su gobierno frustró un intento de invasión armada para derrocarlo, esfuerzo que terminó con seis insurgentes muertos y dos exboinas verdes tras las rejas.
La última ola de arrestos amenaza con desbaratar un acuerdo político negociado el año pasado entre el gobierno de Estados Unidos, la facción opositora que respalda y Maduro.
El acuerdo de octubre se centró en las condiciones para una elección libre y justa y le valió a Maduro cierto alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos a los sectores de petróleo, gas y minería del país. Pero las esperanzas de unas condiciones más equitativas empezaron a desvanecerse poco después, y Estados Unidos ya revocó el alivio a la industria minera de oro debido a lo que considera un incumplimiento por parte de Maduro.
La administración del presidente Joe Biden le ha dado a Maduro hasta finales de abril para cumplir con el acuerdo o esperar el fin del alivio restante, lo que perjudicaría la economía del país, dependiente del petróleo. La administración confirmó a The Associated Press el jueves que no ha cambiado la fecha límite de abril.
Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo a principios de este mes a los asistentes a un panel de un grupo de expertos con sede en Washington que los “incentivos” que Estados Unidos y otros países han presentado “no han sido suficientes para motivar” a Maduro a avanzar hacia una economía competitiva. elección. El miércoles pidió la liberación inmediata de “todos los detenidos injustamente”.
“Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, tuiteó Nichols.
El periodista de The Associated Press Christopher Megerian en Washington contribuyó a este informe.
CARACAS (AP) — La Fiscalía General de Venezuela anunció el miércoles que ordenó la aprehensión de nueve opositores, entre ellos la jefa de campaña y mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, a quienes señala de estar vinculados con presuntos actos de violencia para desestabilizar al gobierno.
El fiscal general Tarek William Saab informó que se emitieron órdenes de detención contra Magalli Meda y los dirigentes opositores Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola. Dos de los nueve, identificados como Henry Álvarez y Dignora Hernández, ya fueron capturados, acotó Saab.
Según Saab los opositores están involucrados en una trama conspirativa que incluía asaltos a cuarteles militares y manifestaciones, entre otras acciones violentas.
El anuncio se produjo casi dos semanas después de la detención de Emill Brandt Ulloa, coordinador de la campaña de Machado en Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez y otrora un importante bastión del oficialismo pero donde en los últimos años el respaldo al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha reducido marcadamente.
Saab comentó que una vez que fue detenido Brandt Ulloa “confesó que él no actuaba solo y que su conducta y la de sus colaboradores responde a un plan estructurado y organizado con anterioridad para someter el país a nuevas jornadas de violencia”.
La Fiscalía había dicho inicialmente que sobre el coordinador de campaña de Barinas existía una orden de aprehensión por encontrarse evadido de la justicia al no haber comparecido a una citación del Ministerio Público. Estaba imputado por los supuestos delitos de conspiración, violencia de género y ultraje a mujeres policías y militares.
La detención del dirigente se habría registrado horas después de su recorrido por ese estado, dijo entonces Machado, quien encabezó varias concentraciones con simpatizantes en esa zona entre el 7 y 8 de marzo.
Machado acusó al gobierno de desatar una “brutal represión contra mis equipos de campaña”.
“Los venezolanos, toda la comunidad internacional y sobre todo el régimen saben perfectamente en que andamos nosotros, nos siguen paso a paso, interceptan todas nuestras conversaciones o correos electrónicos, nos trancan carreteras, se meten en nuestras reuniones”, denunció Machado en declaraciones a la prensa.
“Nosotros estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral, en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro”, aseveró Machado. Lo que dijo el fiscal general, “todo es mentira”, enfatizó.
Sobre las acusaciones de uno de sus aliados en contra de los dirigentes, Machado pidió a los venezolanos “que se pregunten cómo habrá sido el trato que recibió Emil Brandt para obligarlo a decir las cosas que aparecen en ese vídeo”.
“Ellos quieren dividirnos, sembrar dudas y desconfianza”, indicó. “Por qué hacen esto horas antes de la postulación (de candidatos ante la autoridad electoral), porque obviamente esto no es casualidad”.
Acto seguido, manifestó que la respuesta “es igualmente obvia, evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio, el camino a la libertad en paz, lo quieren cerrar porque saben que están derrotados”.
La exlegisladora opositora, ganadora en octubre con más de 90% de los votos de las primarias para ser la candidata unitaria a la presidencia de un sector de la oposición, recordó a otros tres directores de campaña en los estados Trujillo, Vargas y Yaracuy fueron detenidos antes de la captura de Brandt Ulloa.
“Si el gobierno cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, ténganlo bien claro, nuestro equipo es Venezuela”, agregó.
La Plataforma Unitaria Democrática --el bloque opositor que desde 2021 adelanta conversaciones con representantes del gobierno de Maduro— expresó en un comunicado su rechazo a “la arremetida y criminalización al ejercicio de la política” y “a todo aquel que está luchando para que, a través del voto, se logre el cambio político”.
El bloque opositor resaltó que la detención de los dirigentes del partido Vente Venezuela, fundado por Machado, “constituye una violación abierta al espíritu de concordia que para la campaña electoral debía imperar” conforme al acuerdo de Barbados, suscrito en esa isla en octubre del año pasado y que contempla trabajar en un plan que generase las condiciones políticas para realizar elecciones presidenciales libres y competitivas en el 2024, añadió.
El Foro Penal de Venezuela, una organización no gubernamental de apoyo jurídico, ha reportado hasta el 18 de marzo la existencia de unos 265 “presos políticos”.
Desde junio de 2023, poco después de su inscripción para las primarias, pesa sobre Machado una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años. Pese a su inhabilitación, la opositora ha continuado recorriendo el país para promover su candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
BUENOS AIRES (AP) — Sergio Gómez pasa los últimos días detrás de un mostrador vacío como los grandes refrigeradores en los que solía congelar la carne. Sobre su cabeza una pizarra exhibe precios desactualizados de los diferentes cortes que ya no vende.
Dueño de una pequeña tienda de alimentos en el barrio residencial de Villa Devoto en Buenos Aires, Gómez ya no puede sostener su negocio por el derrumbe de las ventas como consecuencia del brusco aumento de los precios de los alimentos a principios de año que obligó a los argentinos a modificar sus hábitos de consumo.
“Primero decidimos sacar el almacén y seguir con la carne y la verdulería. Entre la poca gente que entraba y la inflación tuve que cerrar la carnicería. Ahora nos queda... cerrar. No damos más, no tenemos recursos”, comentó el carnicero, de 51 años.
Gómez y su mujer son parte de un universo de 80% de argentinos cuya situación económica es peor que hace un año como consecuencia del plan de ajuste y desregulación de la economía dispuestos por el presidente ultraderechista Javier Milei en sus primeros 100 días de gestión para evitar, según él, la catástrofe de una hiperinflación provocada por las políticas populistas del anterior gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández (2019-2023).
La carga de esta herencia explica la tolerancia inédita de una gran mayoría de la sociedad pese al empeoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo.
“¿Cómo le vas a echar la culpa a Milei?”, planteó Carla Cavallini, esposa de Gómez. “Lo voté y tengo como una tranquilidad porque todo lo que dijo él que iba a empezar a hacer lo hizo. Sabíamos que esto tenía que pasar”.
El monitor de humor social y político de febrero que elabora la consultora local D’Alessio IROL/Berensztein arrojó que 81% de 1.018 encuestados en todo el país evaluaron negativamente su situación económica. Milei mantiene una aprobación de 43% y entre sus votantes en el balotaje de noviembre el apoyo asciende a 75%, según el mismo estudio. La muestra tuvo un error estadístico de 3,1 puntos porcentuales.
“Hay que darle una oportunidad. Estoy completamente de acuerdo con su política”, coincidió Gómez. “Prefiero ser optimista con alguien que es honesto y cree que la tormenta va a pasar a que pase el tiempo y las cosas sigan igual”.
Milei, un economista ultraliberal que incursionó en la política hace dos años por afuera de los partidos tradicionales, se ha propuesto liderar un cambio de paradigma económico en el país sudamericano, desde un fuerte intervencionismo estatal que marcó gran parte de su historia reciente hacia un libre mercado con un Estado reducido a la mínima expresión.
El mandatario, que asumió el 10 de diciembre, devaluó más de 50% el peso argentino, recortó el financiamiento a las provincias y redujo los subsidios al transporte y la energía, lo que impactó fuertemente en las tarifas. En paralelo desreguló el sistema de salud privado y terminó con la política de control de precios con la que sus antecesores intentaron contener la inflación.
Sus medidas reformistas indujeron una aceleración de la inflación, sobre todo en los alimentos y medicamentos. El alza de precios de diciembre fue de 25,5%, la más alta en tres décadas. La pobreza se disparó a más del 50% y el consumo se derrumbó a niveles comparables con la crisis de 2001, cuando un estallido social puso fin anticipado al gobierno de entonces.
“Tengo plena conciencia de lo que está pasando en Argentina”, sostuvo Milei en una reciente entrevista. “Lo que sucede es que corregir 100 años de desastres no es gratis y en especial las aberraciones de los últimos 20 años”, dijo en referencia a los gobiernos de centroizquierda.
Para el economista Fernando Moiguer, director de Moiguer Consultora de Estrategia, “la sociedad argentina la está pasando no mal, muy mal, y cada día peor”, sin embargo, “no hay en la sociedad masiva un sentimiento de ‘vamos a romper todo’”.
“La mitad de la población dice que al largo plazo va a estar bien. Nunca en ninguna crisis vimos esto”, observó el experto, quien desde hace un cuarto de siglo mide mensualmente el humor social de los argentinos. “La sensación de la sociedad es: ‘lo que pusimos antes fracasó’. Entonces quiere que venga alguien y desarme esto para empezar a ser como alguno de los países que nos rodean y que no tienen tantos líos como nosotros”.
Según un relevamiento de Moiguer en los primeros días de marzo, 56% de 1.300 consultados consideró que las medidas de ajuste y desregulación de Milei “son las adecuadas” para que mejore la situación del país. El error de muestreo fue de 2,72%.
Milei sostiene que el esfuerzo está dando frutos: desaceleró la inflación —13,2% en febrero contra 20,6% de enero—, estabilizó la cotización del dólar, reforzó las reservas del Banco Central y redujo el déficit fiscal, generando el beneplácito de inversores y del Fondo Monetario Internacional (FMI) al que el país está atado por un millonario préstamo de 45.000 millones de dólares que contrajo en 2018.
Pero mientras las familias con más recursos cambian sus patrones de consumo —no compran carne, dejan de comer afuera, dan de baja las plataformas de streaming y en casos más extremos sacan a sus hijos de colegios privados y los anotan en el sistema público— los argentinos de bajos ingresos deben tomar medidas drásticas para sobrevivir.
La jubilada Ámbar Imoberdoff, de 72 años, se puso a cantar boleros y tangos a la gorra en una de las esquinas más transitadas de Buenos Aires, justo frente al Obelisco, porque su jubilación equivalente a 140 dólares no es suficiente para comprar alimentos y remedios, pagar impuestos y servicios públicos.
“Estos últimos meses fueron terribles”, evaluó mientras se tomaba un descanso antes de encender el parlante y tomar el micrófono. “Pienso no por mí, sino por los abuelos que algunos no pueden caminar, no pueden hacer algo. Yo puedo caminar, puedo cantar”.
Para fines de marzo, un anciano que cobra la jubilación más baja habrá sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 43% respecto del mismo mes de 2023, reportó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), una asociación civil sin fines de lucro que realiza estudios de coyuntura.
“Todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura” de 1976 a 1983, señaló la expresidenta y vicepresidenta de centroizquierda Cristina Fernández de Kirchner a mediados de febrero en su primera manifestación pública contra Milei tras dejar el poder. “Todas fracasaron estrepitosamente, provocando sólo pobreza y dolor”.
El plan económico también puso en guardia a los sindicatos, la mayoría afín ideológicamente a la exmandataria, que manifestaron su descontento por la caída del salario con una huelga general a fines de enero que amenazan con repetir. En tanto, organizaciones sociales de izquierda protagonizaron varias movilizaciones callejeras contra Milei, aunque no masivas.
Imoberdoff es viuda y no tiene hijos. Gracias a sus recitales improvisados puede llegar a ganar 200 dólares en una buena noche durante los fines de semana.
“Dios me ha dado ese espíritu de no entregarme a las cosas. La muerte me va a encontrar parada y cantando”, aseveró.
A diferencia de ella, Yohanna Torres desea que los fines de semana terminen rápido. No mide el tiempo en horas sino en las comidas que se saltean ella y los cuatro hijos que tiene a su cargo. De lunes a viernes al menos comen una vez al día en un comedor comunitario de Esteban Echeverría, un suburbio al sur de Buenos Aires.
“Los sábados y domingos son una eternidad porque no tengo pan para comer”, contó la mujer, de 34 años, que está desempleada y cobra el equivalente a 200 dólares por mes en ayuda social. La mayoría de ese dinero lo destina al cuidado de su hija Luján, de dos años, quien sufre las secuelas respiratorias del COVID que contrajo a las pocas semanas de nacer.
“Vengo al comedor porque no tengo para comer. Si esto cierra, voy a salir a robar”, confesó.
Un estudio de la Universidad Católica Argentina señaló que la pobreza se habría disparado en enero a 57,4%, el registro más alto de los últimos 20 años. Dentro del universo de pobres, 15% están en la indigencia, es decir, no pueden cubrir adecuadamente sus necesidades alimentarias.
El FMI, que se mostró complacido por las medidas de austeridad implementadas por Milei, advirtió al gobierno por el impacto social y aconsejó elevar la protección de los sectores más vulnerables.
En la única área en la que Milei aumentó el gasto fue en ayuda social: en febrero destinó un total de 132.000 millones de pesos (130 millones de dólares), 100% más que en diciembre, a las familias de bajos recursos para la compra de alimentos.
Los analistas coinciden en que Milei mantiene todavía un núcleo de apoyo importante, pero ¿hasta cuándo?
“Si la sociedad está puesta en que quiere cambiar, que necesita cambiar, los límites se extienden”, afirmó el analista Moiguer. “Claro que todo tiene un límite... Lo que necesita esta sociedad es algún verificador que le compre tiempo al camino. El día que la inflación esté en un dígito, en mayo, junio o julio, ese mismo día es como cuando tu hijo después de tener 42 grados de temperatura tiene 37,5. La baja de fiebre es el primer síntoma de que el médico acertó" con el tratamiento.
MEULABOH, Indonesia (AP) — Un barco de rescate de Indonesia localizó el jueves una embarcación de madera que naufragó con docenas de refugiados musulmanes rohinya a bordo y comenzó a poner a salvo a los sobrevivientes, que habían permanecido en pie sobre el casco volcado.
Un fotógrafo de The Associated Press que estaba en el barco de rescate dijo que 10 personas subieron a embarcaciones de pesca locales y otras 59 estaban siendo rescatadas por el buque indonesio.
Hombres, mujeres y niños, débiles y empapados por las lluvias caídas durante la noche, lloraban mientras se ponían en marcha el operativo y eran trasladados en una lancha neumática hasta el barco de salvamento.
No estaba claro cuántas personas viajaban en la pequeña embarcación de madera que volcó ante la costa más septentrional de Indonesia el miércoles, pero seis sobrevivientes que fueron rescatados inicialmente por pescadores locales estimaron que eran entre 60 y 100.
Tampoco se sabía si todos habían conseguido aferrarse al casco volcado durante la noche o si algunos se ahogaron.
Los rescatistas indonesios no zarparon de la cuidad de Banda Aceh hasta el miércoles por la noche, muchas horas después del naufragio, y en un primer momento tuvieron dificultades para localizar la embarcación debido a la mala mar.
Dieron con la embarcación y con los sobrevivientes hacia el mediodía del jueves.
Amiruddin, líder de una comunidad pesquera tribal en el distrito de Aceh Barat, dijo que los rescatados explicaron que el barco navegaba hacia el este cuando empezó a hacer aguas y que las fuertes corrientes lo arrastraron hacia el oeste de Aceh. Además, señalaron que había más gente tratando de sobrevivir en la embarcación, añadió.
Alrededor de 740.000 rohinya fueron reubicados en Bangladesh tras huir de una brutal campaña de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad en su Myanmar natal.
Miles han intentado huir de los abarrotados campamentos en Bangladesh hacia países vecinos e Indonesia registró un fuerte incremento en la llegada de refugiados desde noviembre, lo que la llevó a pedir ayuda a la comunidad internacional. Los rohinya que recalan a Aceh encuentran algo de hostilidad por parte de otros musulmanes.
Indonesia, como Tailandia y Malasia, no ha firmado la Convención de Refugiados de Naciones Unidas de 1951, que enumera las protecciones legales a los refugiados y no está obligada a aceptarlos. Pero ahora ahora ha prestado cobijo temporal a refugiados en problemas.
Casi 4.500 rohinya — dos tercios de ellos mujeres y niños — huyeron el año pasado en barco de Myanmar y de los campos en Bangladesh, según la agencia de refugiados de la ONU. De ellos, 569 murieron o desaparecieron cuando atravesaban la bahía de Bengala y el mar de Andamán, la peor marca desde 2014.
Regresar a Myanmar de forma segura es prácticamente imposible para los rohinya porque el ejército que les atacó derrocó al gobierno elegido de forma democrática en 2021. Ningún otro país les ha ofrecido oportunidades de reubicación a gran escala.
Tarigan informó desde Yakarta. El periodista de The Associated Press David Rising en Bangkok contribuyó a este despacho.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
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KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó misiles el lunes sobre la capital ucraniana por tercera ocasión en cinco días, dentro de una aparente escalada de bombardeos aéreos sobre ciudades por parte de las fuerzas del Kremlin mientras la guerra entraba en su tercer año con la línea del frente prácticamente inmóvil.
