BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano intentó atajar el jueves los cuestionamientos a su gestión como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, al asegurar que no ha desconocido al sector liderado por María Corina Machado, una de las principales opositoras y quien fue inhabilitada para competir en las próximas elecciones.

“Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado”, dijo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo el jueves en Washington. Incluso afirmó que él había conversado de manera “muy confidencial” con la líder política y que se mantienen “canales de conversaciones” con representantes de ese grupo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió el martes en Caracas tanto con Maduro como miembros de la oposición. Sin embargo, le cuestionaron no haberse encontrado con Machado o gente de su sector.

“Petro no se reunió con la oposición”, rechazó Corina Yoris, una profesora universitaria sin experiencia en política que fue designada como reemplazo de Machado, la líder opositora que ganó unas primarias de la oposición con más un 90% de mayoría, pero que no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición. La oposición la representa la Plataforma Unitaria y María Corina. Pero, ¿cómo saber que Petro no se reunió con él para decirle que se acerque a la real oposición?”, recalcó Yoris en una entrevista al diario colombiano El Tiempo, en referencia a que Petro presuntamente se había reunido con Manuel Rosales.

El gobernador del estado occidental de Zulia, que no es el candidato de Machado, se inscribió como candidato presidencial como abanderado del partido Un Nuevo Tiempo, organización política que integra la Plataforma Unitaria y fundado por él.

La controversia se alimentó a raíz de las reuniones de Petro en Caracas y la falta de detalles sobre qué interlocutor de la oposición se vio con el mandatario colombiano.

El propio Petro dijo a la prensa el martes, sin dar nombres, que habló con “quizá los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política”.

Su canciller Murillo detalló después que Petro “habló con el principal candidato registrado de la oposición”, lo que alimentó la especulación sobre si el encuentro del mandatario fue con Rosales y eso derivó en el cuestionamiento de Corina Yoris.

Machado, quien ha denunciado bloqueos del gobierno y está inhabilitada para ejercer cargos públicos, no pudo postularse formalmente como candidata para las elecciones presidenciales en las que el presidente Maduro busca la reelección por un tercer mandato.

Al no poder inscribir su candidatura delegó a Corina Yoris, quien tampoco logró registrarse en el Consejo Nacional Electoral, entonces la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, anotó a Edmundo González.

Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, restableció relaciones con Maduro y lo reconoció como el legítimo mandatario y se ha denominado como un mediador entre las partes. También ha abogado porque cesen las sanciones en contra de Venezuela y alentado a que ese país vuelva al sistema interamericano de Derechos Humanos.

El gobierno de Maduro anuncio la inhabilitacion de Machado justo después de que ella registrara su candidatura en las primarias. En diciembre Machado solicitó la revisión de esa decisión administrativa, pero un mes después el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la medida que le impide postularse para un cargo público durante 15 años.

Como parte de la reanudación en octubre pasado de los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, bajo la mediación de Noruega, las partes acordaron un procedimiento para “procurar la revisión de las medidas de inhabilitación”, pero la inhabilitación de Machado fue confirmada definitivamente.

(AP Foto/Ariana Cubillos)

BY ASSOCIATED PRESS

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei inició el miércoles una gira por Estados Unidos, donde se reunirá con el multimillonario Elon Musk mientras su gobierno busca una inyección de efectivo para reactivar la asediada economía de su país.

El mandatario inició su gira de cuatro días en Miami, ciudad en la que vive el astro argentino Lionel Messi y radica una de las mayores poblaciones de argentinos en Estados Unidos. Allí recibirá un homenaje por parte de la secta Jabad-Lubavitch del judaísmo jasídico en una sinagoga local. Milei se entrevistará con Musk el viernes en Texas, señaló su portavoz, donde también recorrerá una planta de Tesla, la compañía de autos eléctricos del empresario.

Milei realiza su tercer viaje a Estados Unidos en apenas cuatro meses en la presidencia, en un momento en que reestructura la política exterior de Argentina para que sea acorde con la de Washington. Acompañado la semana pasada de la general Laura Richardson, jefa del mando sur de Estados Unidos, en el extremo meridional de Sudamérica, Milei prometió reforzar la “alianza estratégica” entre ambas naciones, poniendo de relieve cómo considera que el apoyo estadounidense es vital para la reforma económica en la que ha basado su mandato.

“Aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina”, escribió Milei el miércoles en la red social X sobre su encuentro con Richardson. En la misma publicación, aparentemente dirigida a Musk —autoproclamado absolutista de la libertad de expresión—, el mandatario argentino dijo que él promueve “una verdadera libertad de expresión” y arremetió contra los periodistas que critican a su gobierno, señalando que “nadie puede evitar que hablemos”.

“No nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación”, añadió.

El plan de Milei de reducir el gasto público ha encontrado una férrea resistencia en un país en el que la inflación anual alcanzó el 276%. El miércoles, la policía dispersó por la fuerza a manifestantes antigubernamentales que bloquearon una importante avenida de Buenos Aires.

Estados Unidos, el mayor inversionista en Argentina, también tiene la mayor influencia en el Fondo Monetario Internacional, al que el país sudamericano le debe 42.000 millones de dólares. El FMI ha respaldado las medidas extremas de Milei para Argentina, y acordó desembolsar 4.700 millones de dólares de un paquete de rescate que el país obtuvo hace seis años.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos el año pasado sobre el ambiente de inversión mencionó “los controles de capital, las restricciones comerciales y los controles de precios” como factores que perjudican a los inversionistas en Argentina. Milei ha prometido revertir estas políticas intervencionistas con cambios orientados al mercado y que son preferidos por ejecutivos empresariales como Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y director de la compañía de cohetes SpaceX, la automotriz Tesla y X, que adquirió en 2022 cuando aún se llamaba Twitter.

Milei y Musk —ambos con una personalidad desenvuelta y aversión hacia la excesiva intervención gubernamental— han expresado admiración mutua. Antes de su investidura en diciembre pasado, Milei elogió a Musk como un “ícono de libertad”. Musk quedó fascinado con el discurso de Milei en el que arremetió contra el socialismo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y publicó que fue “muy excitante”, acompañando esa frase con un meme de una pareja que sostenía relaciones sexuales mientras veían a Milei.

Esto es un marcado contraste con la tensa relación entre Musk y las autoridades brasileñas, quienes amenazan con imponer regulaciones a las plataformas de redes sociales y esta semana acusaron a Musk de obstrucción.

Con sus enormes reservas de minerales, Argentina tiene mucho que ofrecerle a Musk, un destacado personaje en la industria automotriz que se refiere al litio —mineral indispensable en la fabricación de las baterías de los autos eléctricos— como “el nuevo petróleo”.

Las políticas de libre mercado de Milei han generado esperanzas en Estados Unidos de que ese mineral y otras materias primas sumamente codiciadas puedan extraerse de lugares más cercanos al país norteamericano, amenazando el dominio de China en la cadena de suministros de baterías. El gobierno del presidente Joe Biden dijo hace unos meses que explora oportunidades de inversión en torno al litio argentino.

(AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

BY ISABEL DEBRE

COMITANCILLO, Guatemala (AP) — Todas las noches durante casi dos años, Glendy Aracely Ramírez ha orado frente al altar del dormitorio de adobe de sus padres donde, debajo de un crucifijo grande, hay una fotografía de su hermana Blanca. La joven de 23 años murió junto con otros 50 inmigrantes en el tráiler de carga de un contrabandista de personas, en Texas.

“Yo pido a Dios para la salud de mi familia, y de llegar a Estados Unidos un día. Mi mamá pide a Dios para que no va a ver otro accidente”, dijo Glendy, de 17 años, quien ya empacó una pequeña mochila para su propio viaje desde la casa de la familia a 2.700 metros (8.900 pies) sobre el nivel del mar en las tierras altas de Guatemala.

Su “coyote” lo pospuso unos días debido a un estallido de violencia entre los cárteles de droga mexicanos que controlan las rutas de migrantes hacia Estados Unidos, pero ella está decidida.

Decenas de miles de jóvenes de esta región prefieren correr riesgos mortales —incluso repetidamente— que permanecer donde no ven ningún futuro. El viaje fatal de Blanca fue su tercer intento de llegar a Estados Unidos.

“Quiero ir allí, porque aquí no hay oportunidades, aunque mamá dice que voy a sufrir lo que le pasó a Blanca”, dijo Glendy sentada con su madre, Filomena Crisóstomo, en su ordenado patio con piso de tierra. “Me gustaría tener una casa, ayudar a mi familia y seguir adelante”.

El número récord de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha convertido la migración en una de las principales preocupaciones en este año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entre esos migrantes, el grupo más grande de menores no acompañados ha provenido de Guatemala: casi 50.000 de los 137.000 encuentros registrados por las autoridades fronterizas en el último año fiscal.

La mayoría son originarios de pequeñas aldeas en las Tierras Altas guatemaltecas, predominantemente indígenas. Los salarios diarios rondan los 70 quetzales (9 dólares), muy por debajo del supuesto mínimo legal. En pequeñas parcelas de suelo arcilloso y quebradizo —que suele ser la única garantía para obtener préstamos para pagar los honorarios de los contrabandistas de personas, que pueden alcanzar los 150.000 quetzales (20.000 dólares)— muchas familias cultivan maíz y frijoles para comer.

Poco más crece en las laderas escarpadas de las montañas, excepto casas de concreto de varios pisos, exuberantemente decoradas, construidas con remesas de seres queridos en Estados Unidos: recordatorios constantes de lo que es posible si tan solo uno llega “al norte”.

En el pequeño pueblo de Comitancillo, dos murales sirven como un recordatorio diferente: son monumentos para conmemorar a las casi dos docenas de inmigrantes locales que murieron en tragedias masivas recientes. O se asfixiaron en el tráiler en San Antonio, Texas, en junio de 2022, o agentes de policía insubordinados les dispararon y les prendieron fuego en Camargo, México, en enero de 2021.

Pasó menos de una semana desde que los restos de la masacre de Camargo fueron devueltos a Comitancillo para su entierro antes de que el primer miembro sobreviviente de la familia partiera hacia Estados Unidos.

Y con un joven de 17 años que logró llegar a Florida este invierno, ahora al menos un miembro de casi todas las familias ha migrado desde la masacre, dijo el reverendo José Luis González, sacerdote de la Red Jesuita con Migrantes. La única excepción fue un hombre de edad avanzada cuya familia ya estaba al norte de la frontera: murió al tratar de regresar tras ser deportado, agregó González.

“Es un signo evidente que es mayor el miedo a quedarse que de irse”, prosiguió González, quien comenzó a ministrar a las familias afectadas cuando viajaron alrededor de seis horas hasta la capital de Guatemala para realizarse pruebas de ADN para identificar los restos.

Muchas familias le atribuyen el mérito al grupo jesuita de ser la única institución que ha permanecido a su lado, y que viaja regularmente a Comitancillo para brindarles actualizaciones legales —casi una docena de policías fueron sentenciados el otoño pasado en el caso Camargo—, así como asistencia psicológica, humanitaria y pastoral.

En una mañana reciente, unos 50 familiares de personas que murieron ya sea en Camargo o en San Antonio se congregaron para una reunión con el grupo jesuita que incluyó talleres para procesar la depresión y el duelo. La mayoría eran mujeres y niños que hablan mam, una de las dos docenas de lenguas mayas de Guatemala.

Uno de un puñado de padres presentes en la reunión fue Virgilio Ambrocio. La mayor de sus ocho hijos, Celestina Carolina, ganaba menos de 90 dólares al mes como ama de llaves en la Ciudad de Guatemala, la capital, y enviaba la mitad de esa cantidad a casa para ayudar a alimentar a sus hermanos. Así que decidió probar su suerte en Estados Unidos, y murió a los 23 años en el tráiler.

“Esto es el más duro: ¿quién nos va a ayudar?”, dijo Ambrocio mientras el polvo se arremolinaba alrededor de su casa. Su esposa, Olivia Orozco, lloró en silencio mientras sostenía una fotografía enmarcada de Celestina, sonriente.

El principal impulsor de la migración en los últimos 10 años es la imposibilidad de conseguir empleos para pagar las necesidades más básicas, dijo Ursula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar en la Ciudad de Guatemala. Esto es exacerbado por las deudas en las que incurren las familias para pagar a los contrabandistas de personas, cuyo pago requeriría 10 años de salarios del país, lo que hace crucial llegar a Estados Unidos y enviar remesas de remuneraciones mucho más altas.

La creciente violencia en las regiones mexicanas fronterizas con Guatemala también empuja a más migrantes a dirigirse a Estados Unidos en lugar de conseguir allí trabajos agrícolas estacionales. Y el cambio climático afecta incluso a la agricultura de subsistencia.

En su casa de una sola habitación cerca de Comitancillo, Reina Coronado trató de convencer a los ocho hijos que tuvo desde que se casó, a los 16 años, de que no tenían que arriesgar sus vidas.

Algunos se fueron al norte de todos modos, incluida Aracely Florentina Marroquín, de 21 años, quien había terminado la secundaria como Blanca y, como ella, sentía que había desperdiciado el dinero de su familia en estudiar porque ni así podía conseguir un trabajo profesional.

Lo último que le dijo a Coronado fue que iría sólo por cuatro años y enviaría dinero para construir una cocina, para que no tuviera que hacer tortillas a fuego abierto. Luego vino la llamada de Texas que hizo llorar a Coronado durante meses. Hoy, encuentra algo de consuelo en el cuidado de dos hijas pequeñas que aún viven con ella y los animales que cría.

“Aunque cuesta uno tiene que luchar, salir la vida más adelante”, dijo Coronado. “Voy a trabajar y así se me va el día y los momentos difíciles. Hay veces llorando lo hago, pero confiamos en nuestro papá Dios”.

Marcelina Tomás también ora por fortaleza desde que su hijo mayor, Anderson Pablo, fue asesinado en Camargo, y especialmente en los últimos meses desde que su hermano menor, Emerson, de 17 años, también partió a Estados Unidos.

Anderson estaba en tercer básico (noveno grado) cuando llegó la pandemia y comenzó a trabajar en el campo junto a su padre. Sus salarios de alrededor de 6 dólares por día eran suficientes para comprar diariamente tortillas para la familia de 11 personas, pero no algo para acompañarlas, dijo Tomás. Así que ella y su esposo acordaron ayudar a Anderson a conseguir préstamos para cubrir los 16.000 dólares de la tarifa de contrabando de personas.

Doce días después de que Anderson, de 16 años, abandonara su casa cerca de Comitancillo, la noticia de la masacre de Camargo llegó a través de las redes sociales. Embarazada de su décimo hijo, Tomás, de 37 años, tuvo que dejar a sus hijos con familiares y pasar por primera vez una noche fuera de casa para someterse a pruebas de ADN en la capital que permitieron identificar y enterrar los restos parciales de Anderson.

“Solo Dios sabrá qué pasó. Todo por querer salir adelante”, dijo Tomás. Él “era mi confianza y se portaba bien con sus hermanitos”.

Anderson había disuadido a Emerson de irse y le dijo que debería continuar en la escuela un poco más. Según Tomás, Emerson quedó desconsolado tras la muerte de su hermano. Se matriculó en la escuela secundaria, pero pronto la dejó para trabajar en un campo de patatas.

Alrededor del tercer aniversario de la muerte de Anderson, Emerson dijo que quería emigrar porque muchos otros jóvenes también se habían ido. Tomás le recordó lo que le ocurrió a Anderson, la tragedia de San Antonio, los hijos de los vecinos que murieron en los desiertos fronterizos o en accidentes laborales en Estados Unidos.

“‘No’, me dijo. ‘Voy a ir’. Y se fue”, refirió Tomás junto al altar donde hay tres fotografías de Anderson junto a un crucifijo, con una vela encendida y un jarrón con “cartuchos” (alcatraces).

El sueño de Anderson era ganar lo suficiente para trasladar a la familia de su casa de adobe de una sola habitación a una de concreto con espacios separados para sus padres, sus hermanos y sus hermanas. Ahora viven en una casa así, construida con donaciones recibidas después de su muerte.

Pero nadie duerme en la habitación donde está el altar. La mantienen como la habitación de Anderson.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

(Foto AP/Moises Castillo)

BY GIOVANNA DELL’ORTO

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana llamó a juicio el martes al influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.

La decisión de la fiscalía supone un cambio de rumbo en el proceso penal desde la llegada de la nueva fiscal general, en marzo pasado. Bajo la gestión anterior de Francisco Barbosa, el ente acusador intentó dos veces que se cerrara el caso al no hallar “responsabilidad penal del procesado”. Sin embargo, esas peticiones fueron rechazadas por jueces penales.

La nueva titular de la Fiscalía General es Luz Adriana Camargo, una fiscal experimentada con pocos vínculos políticos, entre una terna enviada por el presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en Colombia y viejo contradictor político de Uribe.

Ante la decisión ahora de la fiscalía de presentar acusación contra el expresidente, se espera que sea asignado el juzgado al que le corresponda el juicio. En una audiencia, cuya fecha está por establecerse, la fiscalía hará la formalización de la acusación, el paso previo para dar inicio al juzgamiento del imputado.

De ser hallado culpable por el delito de fraude procesal, Uribe podría enfrentar hasta ocho años de prisión. Mientras que el delito de soborno a testigos en actuación penal podría ser sancionado con hasta doce años de prisión.

Uribe enfrenta un proceso penal tras denunciar hace más de una década que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar.

Ese senador no fue procesado y, en cambio, un alto tribunal abrió un expediente penal contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de su opositor.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, siempre ha negado vínculos con los paramilitares, a los que desmovilizó en su gobierno y cuyos jefes extraditó a Estados Unidos.

El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso contra Uribe, insistió en que había una intención política en dilatar el proceso penal por parte de la fiscalía que dirigía Francisco Barbosa, quien fue cercano al gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022), cuyo padrino político era Uribe.

Además de informar que presentó el escrito de acusación, el Ministerio Público indicó en su comunicado que garantizará el “derecho al debido proceso” en el caso contra Uribe. Tanto el expresidente, como la Procuraduría y las víctimas, podrán solicitar pruebas y participar en el debate oral que “deberá culminar con la emisión de un fallo”.

La senadora Paloma Valencia, del partido político de Uribe, insistió en la inocencia del exmandatario y criticó el llamado a juicio. “Mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos; quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado”, señaló a la prensa.

El inicio del proceso de Uribe Vélez se remonta al 2012 cuando denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares, de forma irregular, para que declararan en contra del expresidente con el objetivo de vincularlo con la creación de un grupo paramilitar.

Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia —tribunal encargado de investigar a los congresistas— cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos. Por el contrario, el tribunal abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.

Por ese caso la Corte ordenó en 2020 el arresto del expresidente, quien entonces fungía como senador. Sin embargo, días después renunció a su escaño en el Congreso, lo que produjo que la Corte perdiera la competencia en su caso y pasara a la fiscalía.

El testigo clave en el caso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que en la hacienda que fue propiedad de la familia Uribe se creó un grupo paramilitar al que él perteneció. La Corte Suprema encontró que Uribe habría intentado obtener una retractación de Monsalve para limpiar su nombre por intermedio de un abogado.

La defensa de Uribe, en cambio, ha dicho que fue Monsalve quien lo buscó a través de terceros para intentar cambiar su versión sin que le ofrecieran ninguna dádiva.

En los intentos por solicitar un cierre del caso contra Uribe, la fiscalía alegó que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hizo en las cárceles Diego Cadena, quien fuera abogado de Uribe, y que enfrenta un proceso por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.

Sin embargo, una jueza negó el cierre del caso por considerar que es posible que Uribe hubiera intervenido en los hechos, por lo que no era viable su archivo. Además, cuestionó que la fiscalía no llamara a declarar a más personas que pudieran ayudar a esclarecer el proceso.

(AP Foto/Iván Valencia, Archivo)

BY ASSOCIATED PRESS