LOS ÁNGELES (AP) — Agentes federales dispararon a un hombre en el codo después de que éste embistió con su auto contra vehículos policiales mientras intentaba evadir un arresto el martes por la mañana en Los Ángeles, informaron las autoridades.

Un alguacil adjunto de EE. UU. que colaboraba en el arresto recibió un impacto de bala en la mano, dijeron las autoridades.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas dispararon “tiros defensivos” cuando el hombre embistió sus vehículos, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El fiscal federal interino Bill Essayli identificó al hombre como Carlitos Ricardo Parias, de 44 años y originario de México, y declaró que fue acusado de agresión contra un agente federal. Parias deberá comparecer ante el tribunal el miércoles, según informó Essayli en un comunicado. Añadió que reside en el país sin autorización.

Essayli afirmó que los agentes tenían una orden de arresto migratorio administrativo contra Parias, quien había "evitado ser capturado anteriormente". McLaughlin había declarado previamente que había "escapado de la custodia". No quedó claro de inmediato si había sido arrestado previamente.

Parias tiene una cuenta de TikTok bajo el nombre de Richard Noticias LA, donde publica como periodista ciudadano, incluyendo videos e información sobre las actividades de control migratorio. No fue posible contactar de inmediato con su abogado, Carlos Jurado, para obtener comentarios. Jurado declaró a medios locales que Parias era un "hombre tranquilo" con dos hijos nacidos en Estados Unidos y sin antecedentes penales.

Durante la parada de tráfico del martes, las autoridades acorralaron a Parias con sus vehículos mientras intentaban arrestarlo, dijo Essayli. Parias entonces embistió contra los vehículos que iban delante y detrás de él. Un agente intentó romper la ventanilla del conductor, pero eso no logró someter a Parias, añadió Essayli.

Cuando Parias hizo girar los neumáticos, la parte trasera del automóvil comenzó a patinar, lo que finalmente provocó que un agente abriera fuego, dijo Essayli.

“Los vehículos son armas mortales. Cualquiera que los use contra agentes federales se arriesga a ser arrestado, encarcelado y sufrir lesiones que pongan en peligro su vida”, escribió Essayli.

El portavoz de la oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Tlaloc Olvera, confirmó que uno de sus oficiales sufrió una lesión que no puso en peligro su vida y se encontraba en condición estable.

“Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de los políticos y activistas santuario que instan a los inmigrantes ilegales a resistirse al arresto”, dijo McLaughlin.

La policía de Los Ángeles dijo que estaban proporcionando control de tráfico y no estaban involucrados directamente en la operación federal.

La oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, informó que Parias lleva décadas viviendo en la ciudad y es un miembro reconocido de la comunidad. Su oficina le otorgó recientemente un certificado de reconocimiento por su labor periodística ciudadana. Algunos de sus seguidores se congregaron frente al hospital el martes.

El uso de la fuerza por parte de agentes federales ha sido objeto de escrutinio después de las recientes muertes durante operaciones de control de inmigración.

El mes pasado, un agente del ICE disparó mortalmente a un sospechoso durante un operativo después de que este se estrellara con su coche contra los agentes y arrastrara a uno de ellos. Otros han muerto huyendo de agentes federales de inmigración, incluyendo un hombre atropellado en una autopista del sur de California en agosto.

ICE rastrea los ataques contra sus oficiales y ha culpado a los activistas por el aumento de los ataques, diciendo que su retórica alienta a las personas que la agencia está persiguiendo a resistirse al arresto.

Según datos proporcionados por la agencia, se reportaron 172 agresiones entre el 21 de enero y el 1 de octubre de este año. Esto se compara con las 15 agresiones reportadas durante el mismo período del año pasado.

Los activistas de inmigración culpan a las tácticas agresivas de los agentes federales de inmigración.

Esta historia ha sido corregida para indicar que Parias deberá comparecer ante el tribunal el miércoles, no el próximo martes.

Jaimie Ding cubre noticias de última hora sobre California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.

(Foto AP/Erin Hooley, Archivo)

JUNEAU, Alaska (AP) — La evacuación masiva por aviones militares de cientos de residentes de aldeas de Alaska devastadas por los restos del tifón Halong ha finalizado, y los funcionarios y líderes locales están centrando su atención en tratar de estabilizar la infraestructura y las viviendas dañadas donde puedan antes de que llegue el frío invernal.

Tras las tormentas consecutivas que azotaron el oeste de Alaska, las principales iniciativas de respuesta se han centrado en las comunidades yupik de Kipnuk y Kwigillingok, ubicadas cerca del mar de Bering y con un historial de inundaciones. Si bien más de una docena de comunidades reportaron daños causados ​​por los restos de Halong a principios de este mes, Kipnuk y Kwigillingok fueron devastadas por la marejada ciclónica y niveles de agua que alcanzaron niveles récord.

Las casas fueron arrastradas , algunas con personas dentro. Los vientos en la región sacudieron y lanzaron los edificios como si fueran juguetes. Los equipos de emergencia relataron haber rescatado a personas de los tejados. Una persona murió y dos siguen desaparecidas.

Las estimaciones iniciales sugieren que el 90% de los edificios en Kipnuk quedaron destruidos, y que el suministro de agua potable aparentemente se contaminó con combustible y aguas residuales, según un informe publicado el lunes por la división de gestión de emergencias de Alaska. Alrededor del 35% de los edificios en Kwigillingok quedaron destruidos, según el informe.

Una organización nativa de Alaska busca acciones adicionales

La Federación de Nativos de Alaska aprobó una resolución durante su convención anual que finalizó el sábado en apoyo de una ayuda expansiva, urgente y continua para la región.

El grupo es la organización nativa más grande del estado de Alaska, y su reunión en Anchorage coincidió con la reubicación temporal la semana pasada de cientos de personas a refugios en la ciudad, que es la más grande de Alaska y está a unas 500 millas (804,7 kilómetros) de algunos de los pequeños pueblos donde los residentes dependen en gran medida de la caza y la pesca como parte de su cultura.

La resolución, entre otras cosas, insta a los gobiernos estatal y federal a “realizar inversiones sostenidas en infraestructura permanente y medidas de protección en el Ártico de Alaska” y a fortalecer los vínculos con las tribus “para garantizar una presencia federal constante y un acceso equitativo a los recursos para las comunidades remotas en todo el mar de Bering y las regiones del Ártico”.

La administración del presidente Donald Trump ha cuestionado los fondos destinados a la resiliencia comunitaria o a la mitigación del riesgo de desastres , y los intentos de cancelarlos han sido impugnados en los tribunales. Los senadores estadounidenses por Alaska , los republicanos Lisa Murkowski y Dan Sullivan, han declarado que defenderán la importancia de dichos fondos en Alaska, donde numerosas comunidades rurales se enfrentan a amenazas como la erosión costera y el deshielo del permafrost, lo que requiere importantes mejoras en la infraestructura y, en algunos casos, la reubicación.

La resolución de la Federación de Nativos de Alaska también instó al gobierno federal a establecer un centro de respuesta regional en la comunidad de Bethel, en el suroeste de Alaska, y a proporcionar fondos a los agentes de seguridad pública de la aldea para que colaboren en las labores de respuesta. Además, solicita a los gobiernos de todos los niveles que desalienten cualquier barrera que pueda inhibir las prácticas de caza y pesca para reponer el pescado, la carne de alce y otros alimentos de subsistencia y tradicionales que los pueblos indígenas perdieron en la tormenta.

La lejanía de la región obliga a transportar las mercancías en barcaza o por aire. La caza y la pesca complementan la oferta de alimentos en los supermercados locales, que puede ser limitada y, a menudo, cara.

Anchorage da la bienvenida a los estudiantes desplazados

El lunes, 65 estudiantes desplazados comenzaron clases en las escuelas de Anchorage. El personal del Distrito Escolar de Anchorage se reunió durante el fin de semana con las familias en los albergues instalados en la ciudad y ayudó a inscribir a los niños en la escuela, según informó el distrito en un comunicado.

El superintendente del distrito, Jharrett Bryantt, en una declaración la semana pasada dijo que los equipos escolares estarían listos para proporcionar suministros de emergencia, transporte en autobús, servicios de salud mental, asistencia lingüística y otro tipo de apoyo.

Esta transición conlleva una carga emocional y cultural. Nuestras escuelas serán espacios de pertenencia, sanación y esperanza, donde cada niño se sienta seguro, valorado y conectado —dijo—. Honrar la cultura, el idioma y las relaciones de cada estudiante será esencial para ayudarlos a sanar y reconstruir su sentido de hogar.

Trabajando contra el reloj y el invierno

El estado se ha centrado en enviar personal y suministros a las comunidades para ayudar a restaurar la infraestructura dañada y asistir en las reparaciones de emergencia de viviendas, según el informe de la agencia de gestión de emergencias. Las organizaciones y consorcios tribales están coordinando esfuerzos para ayudar a secar, rescatar y reparar viviendas.

La Corporación de Salud Yukon-Kuskokwim, que participa en los esfuerzos de recuperación y brinda atención médica en la región, dijo en las redes sociales que anticipa que los ríos comenzarán a congelarse dentro de unas semanas.

Jeremy Zidek, portavoz de la agencia de gestión de emergencias del estado, dijo que todavía no hay una fecha en la que los funcionarios planean cerrar los refugios que se han establecido en Anchorage.

“A medida que trabajamos para que las personas regresen a sus hogares o encuentren otro alojamiento, evaluaremos la situación”, dijo por correo electrónico.

Becky Bohrer es un reportero político y de la cámara estatal radicado en Juneau, Alaska.

(Marc Lester/Anchorage Daily News vía AP)

DETROIT (AP) — Un hombre de Michigan que enfrenta una posible deportación mientras lidia con una leucemia potencialmente mortal debe ser liberado o al menos se le debe otorgar una audiencia de fianza en un tribunal de inmigración, dijo un juez.

Es una victoria para José Contreras Cervantes y otros siete demandantes representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan. Si son liberados bajo fianza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podrían regresar con sus familias mientras sus casos se resuelven en el tribunal de inmigración.

La administración Trump ha negado las audiencias de fianza para inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, incluso sin antecedentes penales. Esta política revierte prácticas pasadas y ha sido impugnada con éxito, incluso recientemente en el estado de Washington.

“Sin evaluar primero el riesgo de fuga o la peligrosidad de cada peticionario, su detención es una violación de los derechos al debido proceso que se les otorgan” bajo la ley federal, dijo el viernes la jueza federal de distrito Brandy McMillion en Detroit.

El juez ordenó audiencias de fianza dentro de siete días y quiere una actualización por escrito el 27 de octubre.

En respuesta a la petición, el Departamento de Justicia de EE. UU. defendió la política y también afirmó que el caso debería haberse presentado ante una junta de apelaciones de inmigración, no ante un tribunal federal. No quedó claro de inmediato si el departamento apelaría.

A Contreras-Cervantes, de 33 años, le diagnosticaron el año pasado leucemia mieloide crónica, un cáncer potencialmente mortal de la médula ósea y le dijeron que sólo le quedan entre cuatro y seis años de vida, dijo su esposa, Lupita Contreras, quien es ciudadana estadounidense.

Originario de Jalisco, México, lleva viviendo en Estados Unidos unos 20 años, aunque sin autorización legal. Contreras Cervantes fue arrestado durante una parada de tráfico el 5 de agosto en un suburbio de Detroit.

Lo trasladaron de Michigan a Ohio y luego de regreso a Michigan y no recibió medicación durante 22 días, dijo su esposa.

Ahora ha estado recibiendo un medicamento sustituto en el Centro de Procesamiento North Lake, un centro de detención privado en Baldwin, Michigan, dijo la abogada de la ACLU Miriam Aukerman.

(Foto AP/Archivo Ryan Sun)

Por  ED WHITE

María trabajaba limpiando escuelas en Florida por $13 la hora. Cada dos semanas, recibía un sueldo de $900 de su empleador, un contratista. No mucho, pero suficiente para cubrir el alquiler de la casa que ella y su hijo de 11 años comparten con cinco familias, además de la electricidad, un celular y la compra.

En agosto todo terminó.

Cuando llegó al trabajo una mañana, su jefe le dijo que ya no podía trabajar allí. La administración Trump había cancelado el programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden, que otorgaba permisos de trabajo legales a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses como María.

“Me siento desesperada”, dijo María, de 48 años, quien pidió el anonimato para hablar de su terrible experiencia por temor a ser detenida y deportada. “No tengo dinero para comprar nada. Tengo $5 en mi cuenta. Me quedé sin nada”.

La drástica represión migratoria del presidente Donald Trump está dejando sin trabajo a extranjeros como María y sacudiendo la economía y el mercado laboral estadounidenses. Y esto ocurre en un momento en que la contratación ya se está deteriorando debido a la incertidumbre sobre las erráticas políticas comerciales de Trump.

Los inmigrantes realizan trabajos —limpiando casas, recogiendo tomates, pintando cercas— que la mayoría de los estadounidenses nativos no realizan, y por menos dinero. Pero también aportan las habilidades técnicas y el espíritu emprendedor que han ayudado a convertir a Estados Unidos en la superpotencia económica mundial.

Trump está atacando la inmigración en ambos extremos del espectro, deportando a trabajadores con salarios bajos y desalentando a extranjeros calificados de traer sus talentos a Estados Unidos.

Y apunta a una afluencia de trabajadores extranjeros que alivió la escasez de mano de obra y la presión al alza sobre los salarios y los precios en un momento en que la mayoría de los economistas pensaban que controlar la inflación requeriría tasas de interés altísimas y una recesión, un destino del que Estados Unidos escapó en 2023 y 2024.

“Los inmigrantes son buenos para la economía”, afirmó Lee Branstetter, economista de la Universidad Carnegie-Mellon. “Debido a la alta inmigración que tuvimos en los últimos cinco años, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban”.

El aumento de trabajadores que ocupan más puestos y gastan más dinero también ha contribuido a impulsar el crecimiento económico y a crear aún más vacantes. Los economistas temen que las deportaciones de Trump y las limitaciones incluso a la inmigración legal tengan el efecto contrario.

En un informe de julio, los investigadores Wendy Edelberg y Tara Watson de la centrista Brookings Institution y Stan Veuger del American Enterprise Institute, de tendencia derechista, calcularon que la pérdida de trabajadores extranjeros significará que el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos "podría ser cercano a cero o negativo en los próximos años".

La contratación ya se ha desacelerado significativamente, con un promedio de apenas 29.000 empleos al mes entre junio y agosto. (El informe de empleo de septiembre se ha retrasado debido al cierre del gobierno federal). En cambio, durante el auge de la contratación pospandemia de 2021-2023, los empleadores crearon la impresionante cifra de 400.000 empleos al mes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, citando las consecuencias de las políticas migratorias y comerciales de Trump, rebajó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para este año al 1,4% desde el 1,9% que había esperado anteriormente y desde el 2,5% en 2024.

Necesitamos a esta gente

Goodwin Living, una organización sin fines de lucro de Alexandria, Virginia, que ofrece viviendas para personas mayores, atención médica y cuidados paliativos, tuvo que despedir a cuatro empleados haitianos después de que la administración Trump les cancelara sus permisos de trabajo. Los haitianos habían sido autorizados a trabajar bajo un programa de libertad condicional humanitaria y habían obtenido ascensos en Goodwin.

“Fue un día muy, muy difícil para nosotros”, dijo el director ejecutivo Rob Liebreich. “Fue una lástima tener que despedirnos de ellos, y todavía estamos luchando por cubrir esas vacantes”.

A Liebreich le preocupa que otros 60 trabajadores inmigrantes puedan perder su derecho legal temporal a vivir y trabajar en Estados Unidos. "Necesitamos todas esas manos", dijo. "Necesitamos a toda esta gente".

Goodwin Living cuenta con 1500 empleados, el 60% de ellos extranjeros. Ha tenido dificultades para encontrar suficientes enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento. La ofensiva migratoria de Trump, según Liebreich, lo está complicando todo.

La represión del ICE

Las ambiciones migratorias de Trump, destinadas a revertir lo que él llama una "invasión" en la frontera sur de Estados Unidos y asegurar empleos para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, fueron vistas con escepticismo debido al dinero y la perturbación económica que requería alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas al año. Pero la legislación que Trump promulgó el 4 de julio —y que los republicanos llaman la Ley de la Gran y Hermosa Ley— repentinamente hizo plausibles sus planes.

La ley destina 150 mil millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración , reservando 46,5 mil millones de dólares para contratar a 10.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 45 mil millones de dólares para aumentar la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.

Y sus agentes de ICE capacitados han demostrado una voluntad de moverse rápido y romper cosas, incluso cuando su agresión entra en conflicto con otros objetivos de la administración.

El mes pasado, las autoridades de inmigración allanaron una planta de baterías de Hyundai en Georgia, detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos y mostraron un video de algunos de ellos encadenados. Habían estado trabajando para poner en marcha la planta, aportando experiencia en tecnología de baterías y procedimientos de Hyundai que los trabajadores estadounidenses locales no tenían.

El incidente enfureció a los surcoreanos y contradijo la iniciativa de Trump de atraer a fabricantes extranjeros para que invirtieran en Estados Unidos. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas del país podrían mostrarse reacias a apostar por Estados Unidos si sus trabajadores no obtenían visas con prontitud y corrían el riesgo de ser detenidos.

Envío de beneficiarios de Medicaid a los campos

Los agricultores estadounidenses se encuentran entre los partidarios más confiables del presidente.

Pero John Boyd Jr., que cultiva 1.300 acres de soja, trigo y maíz en el sur de Virginia, dijo que las redadas de inmigración, y la amenaza de ellas, están perjudicando a los agricultores que ya lidian con bajos precios de los cultivos, altos costos y las consecuencias de la guerra comercial de Trump con China, que ha dejado de comprar soja y sorgo estadounidenses.

“Tienen al ICE aquí, acorralando a esta gente”, dijo Boyd, fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros. “(Trump) dice que son asesinos, ladrones y narcotraficantes, todo eso. Pero son personas que están en este país realizando trabajos duros que muchos estadounidenses no quieren hacer”.

Boyd se burló de la sugerencia que hizo la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, en julio de que los beneficiarios de Medicaid nacidos en Estados Unidos pudieran ir al campo para cumplir con los requisitos laborales impuestos este verano por el Congreso republicano. "La gente de la ciudad no va a volver al campo para hacer este tipo de trabajo", dijo. "Se necesita un tipo especial de persona para agacharse bajo un calor de 38 grados".

La propia administración Trump admite que la ofensiva inmigratoria está causando escasez de mano de obra en el campo, lo que podría traducirse en precios más altos en el supermercado.

“El cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales combinado con la falta de una fuerza laboral legal disponible”, dijo el Departamento de Trabajo en una presentación del 2 de octubre en el Registro Federal, “resulta en interrupciones significativas en los costos de producción y (amenaza) la estabilidad de la producción doméstica de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.

“No eres bienvenido aquí”

Jed Kolko, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que el crecimiento del empleo se está desacelerando en las empresas que dependen de los inmigrantes. Las empresas de construcción, por ejemplo, han eliminado 10.000 puestos de trabajo desde mayo.

“Esos son los efectos a corto plazo”, dijo Kolko, funcionario del Departamento de Comercio de la administración Biden. “Los efectos a largo plazo son más graves porque los inmigrantes tradicionalmente han contribuido más de lo que les corresponde en patentes, innovación y productividad”.

Especialmente preocupante para muchos economistas fue el repentino anuncio de Trump el mes pasado de que aumentaría la tarifa de las visas H-1B, destinadas a atraer a los Estados Unidos a trabajadores extranjeros calificados difíciles de encontrar, desde apenas 215 dólares a 100.000 dólares.

“Una tarifa de visa de $100,000 no es solo un costo burocrático, es una señal”, dijo Dany Bahar, investigador principal del Centro para el Desarrollo Global. “Le dice al talento global: 'No eres bienvenido aquí'”.

Algunos ya están haciendo las maletas.

En Washington DC, un titular de una visa H-1B, un graduado de Harvard de la India que trabaja para una organización sin fines de lucro que ayuda a los pobres de África, dijo que la señal de Trump a los empleadores es clara: piénsenlo dos veces antes de contratar titulares de visas H-1B.

El hombre, que pidió permanecer en el anonimato, ya está preparando los trámites para mudarse al Reino Unido. «El daño ya está hecho, por desgracia», dijo.

Wiseman informó desde Washington y Salomon desde Miami.

Los escritores de AP Fu Ting y Christopher Rugaber en Washington contribuyeron a este informe.

Gisela Salomónes un reportero radicado en Miami que cubre América Latina y asuntos de inmigración para The Associated Press.

Salomon es un periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigración.

(Foto AP/Eric Lee)