Malos tratosNUEVA YORK (AP) — Un juez federal ordenó el martes al gobierno de Trump que mejore de inmediato las condiciones en un centro de detención de inmigrantes de la ciudad de Nueva York, en respuesta a quejas de inmigrantes encarcelados de que el lugar está sucio, maloliente y sobrepoblado.
El juez Lewis A. Kaplan, al fallar en una demanda presentada en nombre de los detenidos, emitió una orden de restricción temporal que requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos limite la capacidad, garantice la limpieza y proporcione colchonetas para dormir en las llamadas salas de espera en 26 Federal Plaza, un edificio gubernamental en Manhattan.
Un video grabado con un teléfono celular el mes pasado por un detenido mostró a unas dos docenas de hombres hacinados en una de las cuatro salas de detención del edificio, muchos de ellos acostados en el piso con mantas térmicas, pero sin colchones ni acolchado.
En los documentos judiciales, las detenidas se quejaron de no tener jabón, cepillos de dientes ni otros productos de higiene. Dijeron que les daban de comer una bazofia incomestible y que soportaban el hedor insoportable del sudor, la orina y las heces, en parte porque las habitaciones tienen baños abiertos. Una mujer que estaba con la regla no podía usar productos menstruales porque a las mujeres de su habitación solo les daban dos para repartir, según la demanda.
Kaplan ordenó a los funcionarios de inmigración asignar 50 pies cuadrados (4,6 metros cuadrados) por persona, reduciendo la capacidad de la sala de espera más grande a unas 15 personas después de que los detenidos dijeran que 40 o más estaban siendo apiñadas. El edificio, sede del tribunal de inmigración y la oficina de campo del FBI en Nueva York, se ha convertido en un epicentro de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
El juez ordenó al gobierno limpiar a fondo las celdas tres veces al día y proporcionar un suministro adecuado de productos de higiene. Ante la preocupación de que los detenidos no pudieran comunicarse con sus abogados, Kaplan ordenó al gobierno que facilitara las llamadas telefónicas legales confidenciales.
"Mi conclusión aquí es que hay una amenaza muy grave de que sigan ocurriendo daños irreparables, dadas las condiciones de las que me han hablado", dijo Kaplan en una audiencia el martes, donde un abogado del gobierno admitió que algunas de las quejas eran válidas.
“Creo que todos coincidimos en que las condiciones en el número 26 de Federal Plaza deben ser humanas, y obviamente compartimos esa convicción”, dijo el abogado del gobierno Jeffrey S. Oestericher, y agregó que coincidía en que “las condiciones inhumanas no son apropiadas y no deben tolerarse”.
La demanda, presentada por la organización de derechos de los inmigrantes Make the Road New York, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, solicitó la intervención judicial para poner fin a lo que la abogada demandante, Heather Gregorio, llamó “condiciones inhumanas y horribles”.
Algunos detenidos han permanecido en el número 26 de Federal Plaza mucho más tiempo que la norma de 72 horas, dijo Gregorio.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, celebró el fallo de Kaplan como un "paso adelante", pero dijo que la instalación "debe cerrarse permanentemente".
El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien fue arrestado en 26 Federal Plaza en junio después de intentar estrecharle el brazo a una persona que las autoridades intentaban detener, dijo que la decisión "es una reprimenda muy necesaria a las crueles políticas de inmigración de Trump".
En una declaración jurada, Nancy Zanello, de la Oficina de Campo de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas de ICE en la Ciudad de Nueva York, escribió que hasta el lunes, un total de 24 personas estaban detenidas en las cuatro salas de detención del edificio, muy por debajo del límite de 154 personas establecido por el jefe de bomberos de la ciudad.
Cada habitación tiene al menos un inodoro y un lavabo, y hay productos de higiene disponibles, incluidos jabón, toallitas limpiadoras de dientes y productos femeninos, dijo Zanello.
Sergio Barco Mercado, el demandante nombrado en la demanda, dijo en una presentación judicial que estuvo detenido en 26 Federal Plaza durante dos días la semana pasada después de su arresto allí mientras salía de una audiencia en un tribunal de inmigración.
Barco Mercado, oriundo de Perú y quien dijo haber solicitado asilo en Estados Unidos en 2022, dijo que su habitación de espera estaba “extremadamente abarrotada”, fría y “olía a aguas residuales”, y que las condiciones agravaron una infección dental que le hinchó la cara y alteró su habla.
“No siempre teníamos suficiente agua”, dijo Barco Mercado. “Había un guardia que a veces sostenía una botella de agua y la gente esperaba para que nos echara un poco en la boca, como si fuéramos animales”.
Otro detenido, Carlos López Benítez, afirmó haber huido de la violencia en Paraguay en 2023 y haber solicitado asilo en Estados Unidos cuando fue arrestado en julio al salir de una audiencia de inmigración. Aseguró que los agentes le informaron que permanecería detenido hasta una audiencia sobre su solicitud de asilo en 2029.
López Benítez dijo que un agente le mostró una foto de su arresto tomada con su celular y se burló de él por llorar. En su celda, dijo, los agentes pusieron el aire acondicionado a todo volumen y le sirvieron comidas que "parecían comida para perros".
MICHAEL R. SISAK es reportero de Associated Press y cubre temas policiales, judiciales y penitenciarios. Reside en Nueva York.
(Foto AP/Olga fedorova,Archivo)
Argumentos AlcatrazMIAMI (AP) — Una jueza federal escuchará el miércoles los argumentos finales sobre si detener indefinidamente la construcción en un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como "Alligator Alcatraz" mientras considera si viola las leyes ambientales.
La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams ordenó el jueves pasado una suspensión de dos semanas de las nuevas construcciones mientras los testigos continuaban testificando en una audiencia para determinar si la construcción debería finalizar hasta la resolución definitiva del caso.
La orden temporal no incluye ninguna restricción a las actividades de las fuerzas del orden ni de inmigración en el centro, que actualmente alberga a cientos de detenidos. El centro, construido rápidamente hace dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista con poco uso, está diseñado para albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.
La orden prohibió temporalmente la instalación de cualquier tipo de iluminación nueva de estilo industrial, así como la pavimentación, el relleno, la excavación, el cercado o la construcción de edificios adicionales, tiendas de campaña, dormitorios u otras instalaciones residenciales o administrativas.
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee quieren que Williams emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción futura, que según ellos amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves que testificaron que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los grandes proyectos de construcción.
Los abogados del gobierno estatal y federal han dicho que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión ambiental federal no se aplicaría.
La semana pasada, el juez dijo que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el gobierno estatal y el federal.
Testigos describen amenazas ambientales
Testigos de los grupos ambientalistas han declarado que se han agregado al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida inició la construcción. Dijeron que la pavimentación adicional podría provocar un aumento de la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, la propagación de sustancias químicas nocivas a los Everglades y la reducción del hábitat de las panteras de Florida, una especie en peligro de extinción.
Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, testificó el martes que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia tierras tribales, alterando el crecimiento de la vegetación. Esto podría provocar la muerte de peces e impedir el desplazamiento de personas y animales silvestres en ciertas zonas, afirmó.
Marcel Bozas, director del departamento de pesca y vida silvestre de la tribu Miccosukee, explicó que los miembros de la tribu cazan y pescan por motivos de subsistencia y culturales. La actividad humana sostenida puede ahuyentar a animales de caza, como el venado cola blanca, así como a especies protegidas, como la pantera de Florida, la cigüeña americana, el rascón negro oriental y el murciélago bonetero, añadió.
Funcionario estatal dice que Florida dirige el centro
El director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, David Kerner, testificó que los 1800 agentes estatales bajo su mando están autorizados a detener a migrantes indocumentados en virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Afirmó que el gobierno federal no le indica al estado dónde detener a los inmigrantes, y que el centro de Everglades se construyó para aliviar el hacinamiento en los centros federales de detención migratoria, así como en los centros estatales y de condado con acuerdos para alojar a detenidos migratorios federales.
Kerner no pudo decir cuántos de los detenidos de “Alligator Alcatraz” fueron acusados de crímenes violentos o si otros sitios además del centro de los Everglades fueron considerados como posibles centros de detención.
El mes pasado, abogados de agencias federales y estatales solicitaron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, alegando que la demanda se presentó en la jurisdicción equivocada . Si bien la propiedad pertenece al condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no es la jurisdicción adecuada para la demanda, ya que el centro de detención se encuentra en el vecino condado de Collier, que se encuentra en el distrito central del estado, señalaron.
Williams aún no se ha pronunciado sobre ese argumento.
La instalación se enfrenta a un segundo desafío legal
En un segundo desafío legal a “Alligator Alcatraz”, un juez federal durante el fin de semana le dio al estado más tiempo para preparar argumentos contra un esfuerzo para certificar el litigio de derechos civiles como una demanda colectiva.
El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en Miami declaró que solo considerará la solicitud de orden judicial preliminar presentada por los abogados de los detenidos durante una audiencia el 18 de agosto. Fijó el 23 de septiembre como fecha límite para que el estado responda a la demanda colectiva de los detenidos. La segunda demanda alega que se violan los derechos constitucionales de los detenidos porque se les prohíbe reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.
Las demandas se estaban tramitando mientras la administración de DeSantis aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención migratoria en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida, en el norte de Florida. Se ha adjudicado al menos un contrato para lo que figura en los registros estatales como el "Centro de Detención Norte".
(Foto AP/Alexandra Rodriguez)
Por  David Fischer
Falta de viviendaWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump está prometiendo nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington , lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar preocupaciones sobre el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles de la capital del país.
Trump escribió en una publicación en las redes sociales que ofrecería una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes para discutir sus planes de hacer que el Distrito de Columbia sea "más seguro y más hermoso que nunca".
Antes de esa conferencia de prensa, Trump anunció el lunes en redes sociales que la capital del país "¡HOY SE LIBERARÁ!". Aseguró que pondría fin a los "días de matar o herir sin piedad a personas inocentes".
Para Trump, el esfuerzo por asumir el control de la seguridad pública en Washington refleja un nuevo paso en su agenda policial tras su enérgica iniciativa para frenar los cruces fronterizos ilegales . Sin embargo, esta medida también se produce en un momento en que ha buscado consolidar una mayor proporción del poder de la sociedad bajo la Casa Blanca, de maneras que plantean interrogantes fundamentales sobre cómo interactuará el gobierno federal con sus homólogos estatales y locales.
En una publicación en las redes sociales el domingo, Trump había enfatizado el retiro de la población sin hogar de Washington, aunque no estaba claro a dónde irían las miles de personas.
“Las personas sin hogar tienen que irse INMEDIATAMENTE”, escribió Trump el domingo. “Les daremos alojamiento, pero lejos del Capitolio. Los criminales no tienen que irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen”.
La semana pasada, el presidente republicano ordenó a las agencias policiales federales que aumentaran su presencia en Washington durante siete días, con la opción “de extenderla según sea necesario”.
El viernes por la noche, agencias federales, incluido el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, asignaron más de 120 oficiales y agentes para ayudar en Washington.
Trump dijo la semana pasada que estaba considerando formas para que el gobierno federal tome el control de Washington, afirmando que el crimen era “ridículo” y la ciudad era “insegura”, después del reciente asalto a un miembro de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental .
Las medidas que Trump dijo que estaba considerando incluían el despliegue de la Guardia Nacional de DC.
La alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, cuestionó la efectividad de utilizar a la Guardia para hacer cumplir las leyes de la ciudad y dijo que el gobierno federal podría ser mucho más útil financiando más fiscales o llenando las 15 vacantes en el Tribunal Superior de DC, algunas de las cuales han estado abiertas durante años.
Bowser no puede activar la Guardia Nacional por sí misma, pero puede enviar una solicitud al Pentágono.
"Simplemente creo que ese no es el uso más eficiente de nuestra Guardia", dijo el domingo en "The Weekend" de MSNBC, reconociendo que "es decisión del presidente cómo desplegar la Guardia".
Bowser hizo sus primeras declaraciones públicas desde que Trump comenzó a publicar sobre la delincuencia en Washington la semana pasada. Señaló que la delincuencia violenta en Washington ha disminuido desde que aumentó en 2023. Las publicaciones de Trump del fin de semana describieron el distrito como "una de las ciudades más peligrosas del mundo".
Para Bowser, “cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa”.
Las estadísticas policiales muestran que los homicidios, robos y allanamientos han disminuido este año en comparación con esta misma época en 2024. En general, los delitos violentos han disminuido un 26% en comparación con esta misma época del año pasado.
Trump no ofreció detalles en publicaciones de Truth Social durante el fin de semana sobre posibles nuevas medidas para abordar los niveles de delincuencia que, según él, son peligrosos tanto para los ciudadanos, como para los turistas y los trabajadores. La Casa Blanca se negó a ofrecer más detalles sobre el anuncio del lunes.
El departamento de policía y la oficina del alcalde no respondieron a preguntas sobre qué podría hacer Trump a continuación.
El presidente criticó el distrito por estar lleno de "tiendas de campaña, miseria, suciedad y delincuencia", y parece que se sintió impulsado por el ataque a Edward Coristine, una de las figuras más visibles de la iniciativa de recortes burocráticos conocida como DOGE. La policía arrestó a dos jóvenes de 15 años por el intento de robo de vehículo y dijo que buscaban a otros.
“Este tiene que ser el lugar mejor administrado del país, no el peor administrado del país”, dijo Trump el miércoles.
Dijo que Bowser es "una buena persona que lo ha intentado, pero que le han dado muchas oportunidades".
Trump ha sugerido repetidamente que el gobierno de Washington podría retornar a las autoridades federales. Para ello, el Congreso requeriría la derogación de la Ley de Autonomía de 1973, una medida que, según Trump, sus abogados están examinando. Podría enfrentarse a una fuerte oposición.
Bowser reconoció que la ley permite al presidente tomar más control sobre la policía de la ciudad, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones.
“Ninguna de esas condiciones se da en nuestra ciudad en este momento”, dijo. “No estamos experimentando un aumento repentino de la delincuencia. De hecho, estamos viendo una disminución en las cifras de delincuencia”.
Los escritores de Associated Press Ashraf Khalil y Michelle L. Price contribuyeron a este informe.
(Foto AP/Julio Cortez, Archivo)
Por  DAVID KLEPPER
Proyecto deportacionesWASHINGTON (AP) — El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, visitó el Capitolio apenas unas semanas después del día de la toma de posesión, con otros funcionarios de la administración y un mensaje singular: Necesitaban dinero para la agenda de seguridad fronteriza y deportaciones masivas de la Casa Blanca .
En verano, el Congreso había cumplido .
El gran proyecto de ley de exenciones impositivas y recortes de gastos del Partido Republicano que Trump convirtió en ley el 4 de julio incluyó lo que podría decirse que es el mayor aumento de fondos hasta el momento para el Departamento de Seguridad Nacional: casi 170 mil millones de dólares , casi el doble de su presupuesto anual.
La asombrosa suma está impulsando las nuevas y extensas operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país , que ofrecen imágenes conmovedoras de personas siendo rescatadas de las calles y de sus lugares de trabajo en todo el país, la piedra angular de la promesa de Trump de realizar la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó durante el fin de semana que ICE está trabajando para establecer centros de detención en ciertas bases militares .
"Estamos distribuyendo cantidades récord", dijo Trump en la ceremonia de firma del proyecto de ley en la Casa Blanca. "Tenemos la obligación de hacerlo, y lo estamos haciendo".
El dinero fluye y con él las preguntas
La avalancha de nuevos fondos está generando alarma en el Congreso y más allá, generando cuestionamientos entre los legisladores de los dos principales partidos políticos, quienes se espera que supervisen el proceso. El texto del proyecto de ley establecía categorías generales de financiamiento —casi 30 000 millones de dólares para los agentes del ICE, 45 000 millones de dólares para centros de detención y 10 000 millones de dólares para la oficina de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— , pero pocos detalles o directrices sobre políticas. El Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente bonificaciones de 50 000 dólares para la contratación del ICE .
Y no es sólo la nueva inyección de fondos del gran proyecto de ley lo que alimenta la agenda del presidente de un millón de deportaciones al año.
En los meses transcurridos desde que Trump asumió el cargo, su administración ha estado desviando hasta mil millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y otras cuentas para pagar las operaciones de control de inmigración y deportación, dijeron los legisladores.
"Su agencia está fuera de control", le dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, a Noem durante una audiencia del comité del Senado en la primavera.
El senador advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional “quebraría” en julio.
Noem respondió rápidamente que siempre vive dentro de su presupuesto.
Pero Murphy dijo más tarde en una carta al Departamento de Seguridad Nacional, objetando la reutilización de sus fondos, que se estaba ordenando al ICE gastar a un "ritmo indefendible e insostenible para construir un ejército de deportación masiva", a menudo sin la aprobación del Congreso.
La semana pasada, el nuevo presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Andrew Garbarino de Nueva York, junto con un presidente de subcomité, el representante Michael Guest de Mississippi, solicitaron una sesión informativa de Noem sobre los componentes de seguridad fronteriza de la Ley One Big Beautiful Bill, u OBBBA, que incluía 46 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México largamente buscado por Trump.
“Escribimos hoy para entender cómo el Departamento planea desembolsar estos fondos para lograr una patria fuerte y segura en los años venideros”, dijeron los legisladores republicanos en una carta al secretario de Seguridad Nacional, señalando que las detenciones fronterizas están en mínimos históricos.
“Solicitamos respetuosamente que proporcione al personal del Comité una información sobre el plan del Departamento para desembolsar los fondos de OBBBA”, escribieron, solicitando una respuesta antes del 22 de agosto.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración a The Associated Press que el departamento mantiene conversaciones diarias con el comité “para cumplir con todas las solicitudes de información, incluido el plan de gastos de los fondos asignados” a través de la nueva ley.
“El ICE está explorando todas las opciones disponibles para ampliar la capacidad de camas”, dijo. “Este proceso incluye alojar a los detenidos en ciertas bases militares, como Fort Bliss”.
Las deportaciones penetran profundamente en las comunidades
En conjunto, esto es lo que los observadores dentro y fuera del Capitolio consideran un cambio fundamental en la política migratoria: permitir al DHS llegar mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos y a las comunidades para realizar redadas y convertir los centros de detención en campos de detención para inmigrantes.
El Departamento de Defensa, el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias están siendo involucradas en lo que Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política Migratoria, llama un enfoque de “gobierno en su conjunto”.
“Están orientando este enorme cambio”, dijo Bush-Joseph, a medida que la aplicación de las deportaciones se mueve “hacia adentro”.
El flujo de efectivo llega en un momento en que la opinión de los estadounidenses sobre la inmigración está cambiando . Las encuestas muestran que el 79 % de los adultos estadounidenses considera que la inmigración es "positiva" para el país, un aumento sustancial respecto al 64 % del año pasado, según Gallup . Solo aproximadamente 2 de cada 10 adultos estadounidenses consideran que la inmigración es negativa actualmente.
Al mismo tiempo, el índice de aprobación de Trump en materia de inmigración ha disminuido. Según una encuesta de AP-NORC de julio , el 43 % de los adultos estadounidenses afirmó aprobar su gestión de la inmigración, una ligera disminución respecto al 49 % de marzo .
Los estadounidenses ven imágenes de agentes, a menudo enmascarados, arrestando a estudiantes universitarios , personas en los estacionamientos de Home Depot , padres , trabajadores y a un músico tunecino . Abundan las historias de personas que son trasladadas a centros de detención, a menudo sin acusaciones de irregularidades más allá de no estar autorizadas a permanecer en Estados Unidos.
Una nueva era de centros de detención
Se están construyendo centros de detención, desde el "Alligator Alcatraz" en Florida hasta la reconvertida prisión federal de Leavenworth, Kansas, y el nuevo "Speedway Slammer" en Indiana . Los vuelos transportan migrantes no solo a casa o a la infame megaprisión de El Salvador, sino también a lugares lejanos como África y más allá.
Homan ha insistido en entrevistas recientes que aquellos que están siendo detenidos y deportados son “los peores de los peores”, y desestimó como “basura” los informes que muestran que muchos de los que están siendo deportados no han cometido violaciones más allá de su estatus migratorio irregular.
"Aquí no hay refugio", dijo Homan recientemente a las afueras de la Casa Blanca. "Haremos exactamente lo que el presidente Trump prometió al pueblo estadounidense".
En febrero, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, presidente republicano del Comité de Presupuesto, salió de su reunión privada diciendo que los funcionarios de la administración Trump estaban “pidiendo dinero”.
Mientras Graham se ponía a trabajar, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y un destacado halcón en la lucha contra el déficit, propuso un paquete fronterizo alternativo, de 39 mil millones de dólares, una fracción del tamaño.
Pero la propuesta de Paul fue rápidamente rechazada. Fue uno de los pocos legisladores republicanos que se unieron a todos los demócratas para votar en contra del proyecto de ley final de recortes de impuestos y gastos.
(Foto AP/Eric Gay, Archivo)
Por  LISA MASCARO
RedadaLOS ÁNGELES (AP) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos saltaron de la parte trasera de un camión alquilado y realizaron arrestos el miércoles en una tienda Home Depot de Los Ángeles durante una redada de inmigración que un funcionario de la agencia llamó "Operación Caballo de Troya".
La redada ocurrida temprano en la mañana cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas unos días después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara la orden de un juez federal que impedía a la administración Trump realizar detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en el sur de California.
“Quienes creían que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, publicó el fiscal federal interino Bill Essayli en la plataforma social X después de la redada. “La aplicación de la ley federal no es negociable y no hay refugios que escapen al control del gobierno federal”.
Se enviaron mensajes al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. solicitando detalles sobre la redada, incluyendo el número de personas arrestadas. El jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Greg Bovino, retransmitió en X los informes de Fox News sobre los arrestos del lunes, calificando la acción de "Operación Caballo de Troya".
LOS ÁNGELES (AP) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos saltaron de la parte trasera de un camión alquilado y realizaron arrestos el miércoles en una tienda Home Depot de Los Ángeles durante una redada de inmigración que un funcionario de la agencia llamó "Operación Caballo de Troya".
La redada ocurrida temprano en la mañana cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas unos días después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara la orden de un juez federal que impedía a la administración Trump realizar detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en el sur de California.
“Quienes creían que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, publicó el fiscal federal interino Bill Essayli en la plataforma social X después de la redada. “La aplicación de la ley federal no es negociable y no hay refugios que escapen al control del gobierno federal”.
Se enviaron mensajes al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. solicitando detalles sobre la redada, incluyendo el número de personas arrestadas. El jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Greg Bovino, retransmitió en X los informes de Fox News sobre los arrestos del lunes, calificando la acción de "Operación Caballo de Troya".
“La empresa no fue informada de que sus camiones se utilizarían en la operación de hoy y no la autorizó”, declaró el portavoz Randolph P. Ryerson en un correo electrónico. “Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.
Desde junio, la región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla en la agresiva estrategia migratoria de la administración Trump, que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina durante más de un mes. Agentes federales han detenido a inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos en tiendas Home Depot, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas . Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos.
Lupe Carrasco Cardona, educadora de Unión del Barrio, comentó que miembros de su grupo de defensa realizaban patrullajes regulares en Home Depot la madrugada del lunes cuando vieron un camión de Penske entrar al estacionamiento, anunciando trabajo a los jornaleros. Los trabajadores inmigrantes, algunos con estatus legal y otros sin él, suelen esperar en los estacionamientos de Home Depot para ser contratados para diversos trabajos.
“Abrieron la parte de atrás, saltaron y comenzaron a agarrar a la gente indiscriminadamente”, dijo Cardona.
Camionetas blancas sin identificación con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos llegaron poco después del camión para participar en el operativo, dijo Cardona. La organización identificó a tres vendedores ambulantes y cuatro jornaleros que fueron arrestados, pero aún intentaban dar con el paradero de los demás. Familiares dijeron que un vendedor ambulante intentó mostrar evidencia de asilo antes de ser arrestado, añadió.
El mes pasado, un juez federal impidió temporalmente que los agentes federales utilizaran perfiles raciales para realizar arrestos indiscriminados después de que la ACLU, Public Counsel y otros grupos de defensa presentaran una demanda por estas prácticas. Los abogados del gobierno argumentaron que la orden impide a los agentes aplicar las leyes de inmigración, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. confirmó la orden el viernes.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha dicho anteriormente que “las operaciones de cumplimiento de la ley son altamente específicas”.
La Red Nacional de Organización de Jornaleros condenó la redada del miércoles y calificó a los trabajadores atacados como la columna vertebral de la economía local.
“La redada de hoy, llevada a cabo por agentes con sombreros de vaquero que saltaron de una camioneta alquilada con un equipo de televisión a cuestas, marca una peligrosa escalada en el ataque de la Administración Trump a las comunidades inmigrantes, los tribunales y la gente de Los Ángeles”, dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo del grupo, en un comunicado.
Jaimie Ding
Ding cubre noticias de última hora de California para The Associated Press. Se especializa en la aplicación de la ley y los tribunales, y reside en Los Ángeles.
(FOX News/Matt Finn vía AP)
Por  CHRISTOPHER WEBER y JAIMIE DING

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