El despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Illinois enfrenta un escrutinio legal el jueves en una audiencia judicial crucial que tendrá lugar el día después de que un pequeño número de tropas de la Guardia comenzara a proteger propiedad federal en el área de Chicago .

La jueza federal de distrito April Perry escuchará los argumentos sobre una solicitud para bloquear el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y las autoridades locales se oponen firmemente al uso de la Guardia Nacional.

Un "elemento" de los 200 efectivos de la Guardia de Texas enviados a Illinois comenzó a trabajar en el área de Chicago el miércoles, según un portavoz del Comando Norte de EE. UU., quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder comentar detalles operativos que no se han hecho públicos. El portavoz no especificó adónde fueron enviadas las tropas.

Las tropas, junto con unas 300 de Illinois, llegaron esta semana al Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están bajo el Comando Norte y llevan 60 días de servicio.

Los miembros de la Guardia Nacional se encuentran en la ciudad para proteger los edificios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras instalaciones federales, así como al personal policial, según el Comando Norte. Trump envió tropas previamente a Los Ángeles y Washington, y esta semana un pequeño número comenzó a apoyar a las fuerzas del orden en Memphis.

Estas tropas forman parte del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, un conjunto de aproximadamente una docena de agencias federales del orden público, ordenado por Trump para combatir la delincuencia en la ciudad. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, apoya el uso de la Guardia Nacional.

La Ley Posse Comitatus, vigente desde hace casi 150 años, limita la función de las fuerzas armadas en la aplicación de las leyes nacionales. Sin embargo, Trump ha declarado que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal.

Chicago e Illinois han presentado una demanda para detener los despliegues, calificándolos de innecesarios e ilegales. Trump, por su parte, ha retratado a Chicago como un infierno de delincuencia sin ley, a pesar de que las estadísticas muestran una disminución significativa reciente de la delincuencia.

El presidente republicano dijo el miércoles que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y Pritzker, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por no proteger a los agentes federales durante las medidas represivas contra la inmigración.

En una presentación judicial en la demanda, la ciudad y el estado dicen que las protestas en un centro de detención temporal de ICE en el suburbio de Broadview, en Chicago, "nunca han estado cerca de detener la aplicación de las leyes federales de inmigración".

“El presidente está usando las protestas de Broadview como pretexto”, escribieron. “El inminente despliegue de tropas federales en Illinois es el último episodio de una campaña más amplia de la administración presidencial para atacar jurisdicciones que le desagradan”.

También el jueves, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. tenía previsto escuchar argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón. El presidente había planeado desplegarlos en Portland, donde se han registrado principalmente pequeñas protestas nocturnas frente a un edificio de ICE. Los líderes estatales y municipales insisten en que las tropas no son necesarias ni deseadas allí.

El domingo, la jueza de distrito estadounidense Karin J. Immergut otorgó a Oregón y California una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland. Trump había movilizado tropas californianas a Portland apenas horas después de que Immergut le impidiera usar la Guardia Nacional de Oregón.

La administración aún tiene que apelar esa orden ante el Noveno Circuito.

Immergut, a quien Trump nombró durante su primer mandato, rechazó las afirmaciones del presidente de que se necesitaban tropas para proteger Portland y las instalaciones de inmigración, diciendo que "habían pasado meses desde que hubo un nivel sostenido de actividad de protesta violenta o disruptiva en la ciudad".

Los escritores de Associated Press Gene Johnson en Seattle y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este informe.

Por  SUDHIN THANAWALA

(Foto AP/Erin Hooley)

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Una carrera electoral para secretario del tribunal penal de Nueva Orleans se ha vuelto polémica, ya que el candidato Calvin Duncan, quien pasó tres décadas en prisión antes de que su condena fuera anulada, enfrenta ataques del fiscal general de Luisiana y del secretario en ejercicio sobre si fue realmente exonerado.

Duncan, de 62 años, aprendió derecho por su cuenta mientras estaba en prisión y tuvo dificultades durante años para acceder a sus antecedentes. Dice que eso hace que su aspiración a convertirse en el principal encargado de los registros penales de la ciudad sea algo personal.

"No quiero que lo que me pasó a mí le pase a nadie más", dijo Duncan, cuya condena por asesinato fue anulada por un juez en 2021. Está incluido en el Registro Nacional de Exoneraciones junto a figuras como Yousef Salaam , miembro de los "Cinco de Central Park" y ahora concejal de la ciudad de Nueva York.

Pero la campaña de Duncan se ha visto ensombrecida por las disputas sobre el término "exoneración" en su caso, lo que ha añadido dramatismo a la recta final de una contienda municipal por lo demás tranquila. Los votantes acuden a las urnas el sábado.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, y el secretario en funciones, Darren Lombard, han negado la inocencia de Duncan, alegando un acuerdo de culpabilidad de 2011 por homicidio involuntario y robo a mano armada que Duncan afirma haber aceptado solo para asegurar su liberación. En debates televisados, entrevistas con medios y anuncios de campaña, Lombard ha tildado a Duncan de asesino.

Duncan, demócrata, acusa a sus oponentes de intentar engañar a los votantes. Sus partidarios afirman que es un ejemplo de política agresiva en Nueva Orleans, donde más de 10 candidatos también se postulan para reemplazar a la alcaldesa LaToya Cantrell, cuyo mandato está limitado y quien se declaró inocente en septiembre de cargos de corrupción.

Jessica Paredes, directora ejecutiva del registro de exoneraciones, dijo que no debe haber duda de que el caso de Duncan merece figurar entre las más de 3.700 exoneraciones registradas desde 1989.

“Actuamos con cautela para mantener la integridad de la base de datos”, dijo. “La exoneración de Calvin no fue una de esas decisiones difíciles. Su caso cumple claramente con nuestros criterios de inclusión”.

Una declaración de culpabilidad y una condena anulada

Duncan presentó nuevas pruebas de su inocencia en un tiroteo fatal de 1981, incluyendo que los agentes de policía habían mentido en el tribunal, antes de ser liberado de prisión. Posteriormente, un juez anuló la condena de Duncan amparándose en el estatuto legal de "inocencia factual" y la fiscalía desestimó los cargos.

Los expertos legales dicen que no existe un estándar legal general para la exoneración, pero el grupo de Paredes generalmente la define como aquello que ocurre “cuando una persona que ha sido condenada por un delito queda oficialmente absuelta después de que se disponga de nueva evidencia de inocencia”.

Incluso antes de que Duncan se postulara, su caso atrajo el escrutinio de Murrill, el fiscal general republicano del estado. Tras obtener su título en derecho en 2023 y solicitar una indemnización estatal de 330.000 dólares por su condena injusta, Murrill amenazó con impugnar su derecho a ejercer la abogacía a menos que retirara su reclamación, según Jacob Weixler, su abogado.

El portavoz de Murrill, Lester Duhe, confirmó esa versión, afirmando que Duncan "se declaró culpable de homicidio involuntario ante el tribunal, a sabiendas e intencionadamente". Duncan retiró su demanda para evitar cualquier impedimento en el ejercicio de la abogacía, afirmó Weixler.

Menos de dos semanas antes de las elecciones, Murrill intensificó la disputa al publicar una carta pública en la que acusaba a Duncan de "tergiversación flagrante" por declararse exonerado. El lunes, decenas de abogados en Luisiana firmaron una carta rechazando sus afirmaciones.

Un abogado autodidacta

En la comunidad jurídica, Duncan ya había alcanzado cierto grado de celebridad antes de postularse para el cargo.

Recuerda en sus memorias cómo un recluso mayor le aconsejó que aprendiera derecho para salvarse. Con solo octavo grado de educación, Duncan perfeccionó sus habilidades legales y pudo ayudar a otros reclusos a preparar documentos judiciales como parte de un programa legal en la prisión.

Su persistencia finalmente moldeó la legislación nacional. Duncan fue la fuerza impulsora de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2020 que puso fin a las condenas no unánimes por jurado en Luisiana y Oregón, los únicos dos estados que aún permitían una práctica arraigada en la era de las Leyes de Jim Crow, según G. Ben Cohen, abogado del caso.

Duncan afirmó que obtener un informe policial, y mucho menos una transcripción del juicio, podría llevar años para los reclusos. El sistema judicial penal de Nueva Orleans aún depende en gran medida de los registros en papel, y miles de archivos se perdieron durante el huracán Katrina. En agosto, se desecharon por error grandes cantidades de expedientes judiciales penales, lo que obligó a la secretaría a rescatarlos de un vertedero .

Lombard afirmó que este año se implementará un nuevo sistema de archivo digital. Considera a su oponente incompetente, mientras que Duncan argumenta que aportaría una apreciación única del peso del cargo.

“He visto y experimentado de primera mano cuando una oficina administrativa no funciona correctamente”, dijo.

El periodista de Associated Press, Stephen Smith, contribuyó a este informe. Brook es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

JACK BROOKcubre temas del gobierno, la infraestructura y el medio ambiente de Luisiana desde Nueva Orleans. Es miembro del equipo de Report for America

(Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)

ELWOOD, Illinois (AP) — Las tropas de la Guardia Nacional están posicionadas en las afueras de Chicago y podrían llegar a Memphis el viernes, mientras el gobierno de Trump avanza con una política agresiva contra el crimen en las grandes ciudades, independientemente de que los líderes locales la apoyen o no.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas se habían instalado en un centro de la Reserva del Ejército en Illinois la madrugada del miércoles, a pesar de una demanda y la enérgica oposición de los líderes demócratas electos. Su misión exacta no estaba clara, aunque la administración Trump mantiene una agresiva operación de control migratorio en la tercera ciudad más grande del país, y los manifestantes se han congregado con frecuencia frente a un edificio de inmigración en las afueras de Chicago, en Broadview.

El presidente ha calificado a Chicago como un “infierno” de delincuencia, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

En Memphis, Tennessee, la jefa de policía Cerelyn Davis dijo que un pequeño grupo de comandantes ya estaba en la ciudad, planeando la llegada de las tropas de la Guardia.

El gobernador republicano Bill Lee ha dicho que las tropas serán designadas por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para "desempeñar un papel de apoyo crítico" para la aplicación de la ley local, aunque ese papel aún no ha sido definido con precisión.

La propuesta del presidente Donald Trump de desplegar las fuerzas armadas en territorio estadounidense, a pesar de la oposición local, ha desatado un conflicto con los gobernadores de estados demócratas . Illinois y Chicago instan a un juez federal a detener la "guerra" declarada por Trump contra el estado. La audiencia judicial sobre su demanda está programada para el jueves. En Oregón, un juez bloqueó el fin de semana el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, predijo que se desplegarían tropas de la Guardia Nacional del estado, junto con 400 de Texas. Acusó a Trump de usar a las tropas como "objetos políticos" y "peones", y afirmó que Washington no le había avisado sobre su despliegue.

Associated Press vio a militares uniformados con el escudo de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU. en Elwood, a 89 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones con la identificación de Servicios de Emergencia para Desastres descargaron sanitarios portátiles y otros suministros. Se instalaron remolques en filas. Se instaló una valla adicional en el perímetro.

La Ley Posse Comitatus, vigente desde hace casi 150 años, limita la función de las fuerzas armadas en la aplicación de las leyes nacionales. Sin embargo, Trump ha declarado que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente enviar militares en servicio activo a estados que no puedan sofocar una insurrección o que desafíen la ley federal.

La Administración Federal de Aviación ordenó restricciones de vuelo sobre el Centro de Reserva del Ejército por razones de seguridad hasta el 6 de diciembre.

Agentes armados de la Patrulla Fronteriza que realizan arrestos cerca de lugares emblemáticos han aumentado la preocupación tras la ofensiva migratoria que comenzó el mes pasado . Los agentes se han centrado en zonas con gran población inmigrante y mayoritariamente latina.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración y a otros utilizar propiedades de la ciudad como áreas de preparación para operaciones de cumplimiento de la ley.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades, entre ellas Baltimore, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

La mayoría de los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en los últimos años. En Chicago, los homicidios se redujeron un 31% hasta agosto, alcanzando los 278, según datos policiales. En Portland, los homicidios de enero a junio disminuyeron un 51% este año, hasta 17, en comparación con el mismo período de 2024.

En Portland, meses de protestas nocturnas en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continuaron el martes por la noche. En junio, la policía declaró un motín y desde entonces se han producido enfrentamientos menores.

Un tribunal de apelaciones ha programado argumentos para el jueves en el intento del gobierno de desplegar la Guardia en Portland.

La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, dijo el martes que le dijo a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que "no hay insurrección" en el estado.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, dijo el martes que el departamento necesita trabajar más de cerca con los agentes federales mientras busca poner más oficiales en las instalaciones de ICE.

Noem le dijo a Fox News el martes que le dijo al alcalde de Portland, Keith Wilson, que si la ciudad no reforzaba la seguridad en el edificio de ICE, obtenía respaldo de la policía local y tomaba otras medidas de seguridad, entonces "íbamos a enviar cuatro veces la cantidad de oficiales federales aquí".

En septiembre, un juez federal dijo que la administración violó “intencionadamente” la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante las protestas contra las redadas de inmigración.

Fernando informó desde Chicago. Los reporteros de Associated Press Claire Rush en Portland, Oregón; Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Sarah Raza en Sioux Falls, Dakota del Sur; Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Ed White en Detroit; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este reportaje.

CRISTINA FERNANDO es un reportero sobre democracia que cubre desinformación, derechos reproductivos y tribunales supremos estatales para The Associated Press.

(Foto AP/Erin Hooley)

Por  ERIN HOOLEY y CHRISTINE FERNANDO

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes detenidos enviados a una notoria prisión de Luisiana el mes pasado están siendo castigados por delitos por los que ya han cumplido condena, dijo el lunes la Unión Americana de Libertades Civiles en una demanda que impugna la decisión del gobierno de retener allí a los que llama "los peores de los peores".

La demanda acusa a la administración del presidente Donald Trump de seleccionar la antigua plantación de esclavos conocida como Angola por su "historia singularmente horrible" y someter intencionalmente a los inmigrantes detenidos a condiciones inhumanas, incluyendo agua sucia y falta de necesidades básicas, en violación de la cláusula de doble enjuiciamiento, que protege a las personas de ser castigadas dos veces por el mismo delito.

La ACLU también alega que algunos inmigrantes detenidos en el recién inaugurado "Louisiana Lockup" deberían ser liberados porque el gobierno no los deportó dentro de los seis meses posteriores a la orden de expulsión. La demanda cita un fallo de la Corte Suprema de 2001, planteado en varios casos recientes de inmigración, incluido el del activista palestino Mahmoud Khalil , que establece que la detención migratoria debe ser "no punitiva".

“La campaña antiinmigrante bajo el pretexto de ‘Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro’ no supera ni justifica remotamente la detención indefinida en ‘la prisión más sangrienta de Estados Unidos’ sin ninguno de los derechos otorgados a los acusados ​​​​penales”, argumentan los abogados de la ACLU en una petición revisada por The Associated Press.

AP envió solicitudes de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

La demanda llega un mes después de que las autoridades estatales y federales se reunieran en la extensa Penitenciaría Estatal de Luisiana para anunciar que el complejo penitenciario previamente cerrado había sido remodelado para albergar hasta 400 detenidos inmigrantes que, según los funcionarios, incluirían algunos de los más violentos bajo custodia de ICE.

El complejo había sido apodado “la mazmorra” porque anteriormente mantenía a los reclusos en celdas solitarias durante más de 23 horas al día.

El ICE readaptó las instalaciones en medio de una batalla legal en curso por un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", y mientras Trump continúa su intento a gran escala de expulsar a millones de personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. El gobierno federal se ha apresurado a expandir su infraestructura de deportación y, junto con aliados estatales, ha anunciado nuevas instalaciones, incluyendo lo que denomina "Speedway Slammer" en Indiana y "Cornhusker Clink" en Nebraska. El ICE busca detener a 100,000 personas bajo una expansión de $45 mil millones que Trump promulgó en julio .

El mes pasado, en Angola, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a la prensa que la legendaria prisión de máxima seguridad, la más grande del país, había sido elegida para albergar un nuevo centro de ICE con el fin de alentar a las personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos a autodeportarse. "Esta instalación albergará a los criminales más peligrosos", afirmó.

Las autoridades dijeron que los inmigrantes detenidos serían aislados de los miles de prisioneros civiles de Angola, muchos de los cuales cumplen cadenas perpetuas por delitos violentos.

"Sé que todos ustedes en los medios intentarán aprovecharse de esta instalación y tratarán de encontrar todo lo que está mal en nuestra operación en un esfuerzo por convertir en víctimas a quienes violaron la ley de las maneras más violentas", dijo Landry, un republicano, durante una conferencia de prensa el mes pasado.

“Si crees que no pertenecen a un lugar como este, tienes un problema”.

La demanda de la ACLU afirma que los detenidos en "Louisiana Lockup" ya fueron "obligados a hacer huelga de hambre" para "exigir necesidades básicas como atención médica, papel higiénico, productos de higiene y agua potable". Los detenidos han descrito una instalación abandonada durante mucho tiempo que aún no estaba preparada para albergarlos, afirmando que tienen que lidiar con moho, polvo y agua "negra" que sale de las duchas, según consta en los registros judiciales.

Funcionarios federales y estatales han dicho que esas afirmaciones son parte de una “narrativa falsa” creada por los medios de comunicación y que la huelga de hambre sólo ocurrió después de informes inexactos.

La demanda se presentó en el tribunal federal de Baton Rouge en nombre de Oscar Hernández Amaya, hondureño de 34 años, quien lleva dos años bajo custodia del ICE. Fue transferido a la cárcel de Luisiana el mes pasado desde un centro de detención del ICE en Pensilvania.

Amaya huyó de Honduras hace dos décadas tras rechazar la orden de la violenta pandilla MS-13 de "torturar y matar a otro ser humano", según la demanda. La pandilla lo había reclutado a los 12 años, según documentos judiciales.

Amaya llegó a Estados Unidos, donde trabajó sin incidentes hasta 2016. Fue arrestado ese mismo año y posteriormente declarado culpable de intento de agresión con agravantes, con una condena de más de cuatro años de prisión. Fue puesto en libertad por buena conducta después de unos dos años y luego transferido a la custodia del ICE.

Este año, un juez de inmigración le otorgó a Amaya la protección de la “Convención contra la Tortura” para no ser devuelto a Honduras, dice la demanda, pero el gobierno de Estados Unidos no lo ha deportado a otro país.

“La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido muy clara al afirmar que la detención migratoria no puede utilizarse con fines punitivos”, declaró a AP Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Luisiana. “No se puede cumplir una condena por un delito en un centro de detención migratoria”.

Mustian informó desde Nueva York

Jim Mustian es un reportero de investigación de Associated Press especializado en noticias de última hora.

(Foto AP/Gerald Herbert, Archivo)

Por  JIM MUSTIAN y SARA CLINE