la policia britanica evalua si el expresidente 1LONDRES (AP) — Una fuerza policial británica está “evaluando las afirmaciones” de que el expríncipe Andrés envió informes confidenciales a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense acusado de abusar sexualmente de menores.

La Policía del Valle del Támesis, que abarca áreas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia del antiguo príncipe, ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor, en Royal Lodge cerca del castillo de Windsor, emitió el comunicado el lunes.

La investigación surgió después de que organizaciones de noticias informaron sobre correos electrónicos que formaban parte de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Epstein. Los correos electrónicos sugieren que Mountbatten-Windsor envió a Epstein informes de una gira en 2010 por el sudeste asiático mientras era el enviado británico para el comercio internacional.

El entonces príncipe también pareció compartir con Epstein el itinerario del viaje de dos semanas a Hanói, Saigón, Singapur, Kuala Lumpur y Hong Kong.

Por otra parte, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina expresaron su preocupación por las víctimas de Epstein en un comunicado emitido el lunes, el movimiento más reciente de la monarquía británica para distanciarse de las revelaciones sobre la relación del expríncipe Andrés con el delincuente sexual convicto.

Es la primera vez que los miembros más populares de la realeza británica expresan sus opiniones sobre el escándalo desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de documentos a finales de enero, revelando cómo Epstein utilizó una red de personas ricas y poderosas para abusar de mujeres y niñas.

Los comentarios fueron publicados por un portavoz del Palacio de Kensington mientras Guillermo viajaba a Arabia Saudí para una visita oficial.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, indicó el portavoz.

El comunicado es parte de la respuesta de la monarquía a la creciente crisis en torno al expríncipe Andrés después de que correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia mostraron que mantuvo una extensa correspondencia con Epstein.

El peligro que enfrenta la familia real se pudo ver el lunes cuando el rey Carlos visitó Lancashire, en el noroeste de Inglaterra. Mientras la mayoría del público aplaudía, vitoreaba y ondeaba banderas, una persona gritó: “¿Desde cuándo sabías de Andrés?”, informó la BBC.

Los últimos correos electrónicos publicados parecen mostrar que Andrés envió a Epstein informes sobre una gira de 2010 por el sudeste asiático que el entonces príncipe realizó como enviado británico para el comercio internacional. En otros, Andrés parecía compartir el itinerario del viaje de dos semanas a Hanói, Saigón, Singapur, Kuala Lumpur y Hong Kong con Epstein.

En octubre, el hermano de 65 años del rey fue despojado de sus títulos reales tras revelaciones previas sobre su relación con Epstein. Ahora es conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor.

La semana pasada, el rey obligó a Mountbatten-Windsor a dejar su hogar de toda la vida en Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor, acelerando un traslado que se anunció por primera vez en octubre, pero que se esperaba completar hasta más adelante este año. La indignación por los arreglos de vivienda de Mountbatten-Windsor había crecido en medio de la preocupación de que todavía estaba cosechando beneficios de su estatus como miembro de la realeza, aunque ya no es un miembro activo de la familia real.

Mountbatten-Windsor ahora vive en la finca de Sandringham del rey en el este de Inglaterra. Vivirá temporalmente en Wood Farm Cottage mientras su hogar permanente en la finca se somete a reparaciones. A diferencia de Royal Lodge, que es propiedad de la corona y se gestiona para el beneficio de los contribuyentes, Sandringham es propiedad privada del rey.

Mountbatten-Windsor ha negado toda conducta indebida en su relación con Epstein.

Carlos y la reina Camila, quien ha hecho campaña durante mucho tiempo contra la violencia hacia las mujeres, no han comentado directamente sobre los archivos de Epstein recién publicados, y el Palacio de Buckingham ha remitido a los medios a una declaración que la pareja real hizo el año pasado cuando el escándalo comenzó a acelerarse.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y máximas simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso”, dijo el palacio en un comunicado emitido el 30 de octubre, cuando el rey anunció que Andrés sería despojado de sus títulos.

eeuu niega queMINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades federales han negado intentar acelerar el fin de las solicitudes de asilo de la familia de un niño de 5 años que fue detenido con su padre durante la represión migratoria que ha sacudido el área de Minneapolis.

Imágenes de Liam Conejo Ramos con un sombrero de conejo y una mochila de Spider-Man rodeado de policías migratorios provocaron amplia indignación.

Danielle Molliver, abogada del niño y su padre, dijo al New York Times que el gobierno estaba intentando acelerar los procedimientos de deportación, calificando las acciones de “extraordinarias” y posiblemente “de represalia”.

El gobierno lo negó.

“Estos son procedimientos de expulsión regulares. No están en expulsión acelerada”, declaró Tricia McLaughlin, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, añadiendo “no hay nada de represalia en hacer cumplir las leyes de inmigración del país”.

El niño y su padre, Adrian Conejo Arias, quien es originario de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.

Fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota el 1 de febrero.

Vecinos y funcionarios escolares han acusado a las autoridades de inmigración de usar al niño como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre saliera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Dijo que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

El gobierno dice que el padre del niño ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde Ecuador en diciembre de 2024. La abogada de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite quedarse en el país.

EEUU ataca WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que llevaron a cabo otro ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental.

El Comando Sur estadounidense indicó en redes sociales que el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”. Señaló que en el ataque murieron dos personas. Un video vinculado a la publicación muestra una embarcación desplazándose sobre el agua antes de explotar en llamas.

El ataque fue anunciado tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declarara que “algunos de los principales narcotraficantes de cárteles” en la región “han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe”. Sin embargo, Hegseth no proporcionó detalles ni datos que respaldaran esta afirmación, hecha en una publicación en su cuenta personal en redes sociales.

Ni el Comando Sur de Estados Unidos ni el Pentágono respondieron a preguntas de seguimiento sobre la afirmación de Hegseth.

Los ataques a embarcaciones, que comenzaron en septiembre de 2025, han disminuido en frecuencia desde enero, un mes en el que sólo hubo uno después de la redada en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. En contraste, el Pentágono atacó más de una docena de embarcaciones en diciembre de ese año.

La acometida del jueves eleva a 128 el número de muertos por los ataques del gobierno de Trump a presuntas embarcaciones de drogas. La semana pasada, las fuerzas armadas indicaron que esa cifra era de hasta 126 personas, con la inclusión de los que se presume muertos tras perderse en el mar. Esa cifra incluía a 116 individuos que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según el Comando Sur estadounidense. Se cree que otras diez personas están muertas porque los equipos de rescate no las localizaron después de un ataque.

Mientras tanto, las familias de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago muertos en octubre en un ataque a una embarcación por parte del gobierno de Trump demandaron al gobierno de Estados Unidos la semana pasada, calificando el ataque como un crimen de guerra y parte de una “campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal”. Se cree que la demanda es el primer caso de homicidio involuntario derivado de la campaña y pondrá a prueba la justificación jurídica de los ataques, que muchos expertos dicen son una violación flagrante de las leyes de conflicto armado.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques, diciendo que son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

EEUU detiene WASHINGTON (AP) — Un participante en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia ha sido detenido y será procesado por sus muertes, afirmó el viernes la secretaria de Justicia Pam Bondi.

Zubayr Al-Bakoush, acusado por el ataque que mató a cuatro estadounidenses, aterrizó en la Base Conjunta Andrews en Maryland a las 3 a.m., indicó Bondi en conferencia de prensa.

“Nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación”, expresó Bondi.

La fiscal federal Jeanine Pirro señaló que una acusación de ocho cargos imputaba a Al-Bakoush por crímenes que incluían los asesinatos del embajador Chris Stevens y del empleado del Departamento de Estado Sean Smith. No estaba claro si Al-Bakoush tenía un abogado que lo representara.

El ataque de 2012 surgió inmediatamente como un tema político divisivo, ya que los republicanos criticaron al presidente Barack Obama y a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la seguridad en la instalación y la narrativa de la administración sobre quién era responsable y por qué.

Un informe final de un panel del Congreso liderado por republicanos culpó a la administración Obama por deficiencias de seguridad y una respuesta lenta a los ataques. Sin embargo, el informe no encontró irregularidades por parte de Clinton.

Clinton desestimó el informe como simple repetición de investigaciones anteriores, diciendo que era “hora de pasar la página”. Otros demócratas denunciaron el informe como pura teoría de conspiración.

La noche del 11 de septiembre de 2012, al menos 20 militantes armados con AK-47 y lanzagranadas irrumpieron en la puerta del complejo consular y prendieron fuego a los edificios.

El incendio provocó la muerte de Stevens y Smith. Otros miembros del personal del Departamento de Estado escaparon a una instalación cercana conocida como el anexo.

Un gran grupo se reunió para un ataque al anexo. Ese ataque, que incluyó un bombardeo de mortero de precisión, resultó en la muerte de los guardias de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

Un militante libio sospechoso de ser el cerebro de los ataques, Ahmed Abu Khattala, fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos en 2014 y fue llevado a Washington para ser procesado. Fue condenado y está cumpliendo una sentencia de prisión. Sus abogados argumentaron que las pruebas eran inconclusas y que fue señalado por sus creencias musulmanas ultraconservadoras.

caso EpsteinNUEVA YORK (AP) — Fotos de personas desnudas. Nombres y rostros de víctimas de abuso sexual. Números de cuentas bancarias y del Seguro Social a plena vista.
Todo esto se puede ver entre la montaña de documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes como parte de sus labores por cumplir con una ley que requiere que la agencia saque a la luz sus archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein.
Esa ley tenía la intención de preservar importantes protecciones de privacidad para las víctimas de Epstein. Se suponía que sus nombres debían estar tachados en los documentos. Se suponía que las fotos de sus rostros y cuerpos fueran censuradas.
Los errores, sin embargo, han sido abundantes. The Associated Press y otras organizaciones noticiosas llevaron a cabo una revisión que ha encontrado innumerables ejemplos de censura descuidada, inconsistente o inexistente que han dejado al descubierto información privada.
La fotografía de una niña que fue contratada para dar masajes sexualizados a Epstein en Florida apareció en una de las gráficas de presuntas víctimas. Informes policiales con los nombres de varias de sus víctimas --incluidas algunas que nunca se han presentado públicamente-- fueron publicados sin ningún tipo de censura.
A pesar de los esfuerzos del Departamento de Justicia por corregir los descuidos, hasta la noche del miércoles aún aparecían publicadas en el sitio web una selfie de una mujer desnuda en un baño y otra fotografía de una mujer con el pecho desnudo. Sus rostros completamente visibles.
Algunas de las víctimas y sus abogados se pusieron en contacto esta semana con el Departamento de Justicia para que retire el sitio web y designe a un observador independiente para evitar más errores.
Un juez programó para el miércoles una audiencia en Nueva York para discutir el asunto, la cual canceló después de que uno de los abogados de las víctimas mencionó ciertos avances en la resolución del problema. Sin embargo, esa abogada, Brittany Henderson, dijo que todavía estaban considerando “todas las vías posibles” para abordar el daño “permanente e irreparable” que se le ha causado a algunas de las mujeres.
“Esta no es un fracaso meramente técnico”, dijo en un comunicado. “Es un fracaso al momento de proteger a seres humanos a quienes nuestro gobierno prometió protección. Hasta que cada documento esté debidamente censurado, este fracaso continúa”.
Annie Farmer, quien dijo que tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por Epstein y su confidente, Ghislaine Maxwell, dijo que, aunque su nombre ya era público, los documentos revelaron indebidamente otros detalles que preferiría mantener privados, como su fecha de nacimiento y su número telefónico.
“En este momento, en realidad me siento más que nada enojada por la manera en que se desarrolló todo esto”, declaró a NBC News. “El hecho de que se haya llevado a cabo de una manera por demás descuidada, donde esto ha puesto en peligro a las personas, es realmente espantoso.”
El gobierno defiende sus esfuerzos de censura
El Departamento de Justicia ha atribuido los problemas a errores técnicos o humanos y ha dicho que ha retirado buena parte del material mientras trabaja para publicar versiones censuradas adecuadamente.
La tarea de revisar y censurar millones de páginas de registros se llevó a cabo en muy poco tiempo. El presidente Donald Trump promulgó la ley que requiere la divulgación de los documentos el 19 de noviembre, dándole al Departamento de Justicia sólo 30 días para publicar los documentos. La agencia no cumplió con el plazo, en parte porque señaló que necesitaba de más tiempo para implementar las protecciones de privacidad.
Cientos de abogados tuvieron que suspender sus tareas habituales, incluida la supervisión de casos penales, para tratar de completar la revisión de documentos, hasta el punto de que al menos un juez en Nueva York se quejó de que la labor estaba retrasando otros asuntos.
La base de datos, publicada en el sitio web del Departamento de Justicia, representa la mayor divulgación de archivos en las investigaciones sobre Epstein, quien se quitó la vida en la celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.
Censura parcial o nula
Los reporteros de Associated Press que analizan los documentos han encontrado hasta ahora varios ejemplos en los que se han dado a conocer nombres e información personal de posibles víctimas.
También han encontrado muchos casos de censura excesiva.
En un recorte de noticias incluido en el archivo, el Departamento de Justicia aparentemente tachó el nombre “José” de un pie de foto en el que aparecía un Nacimiento en una iglesia de California. “Un Nacimiento con la representación de Jesús, María y (CENSURADO)”, decía.
En un correo electrónico publicado en los archivos, aparentemente se censuró el nombre de un perro: “Pasé una hora paseando a (CENSURADO) y luego otra hora bañándola, secándola y cepillándola. ¡Espero que huela mejor!”, decía el correo electrónico.
El Departamento de Justicia ha dicho que el personal encargado de preparar los archivos para su publicación recibió instrucciones de limitar las censuras exclusivamente a la información relacionada con las víctimas y sus familiares, aunque en muchos documentos aparecen tachados los nombres de muchas otras personas, como abogados y figuras públicas.
Imágenes sin censura
El Departamento de Justicia ha dicho que tenía la intención de censurar cualquier parte de una fotografía que mostrara desnudez, y cualquier foto que pudiera mostrar a una víctima.
En algunas fotos revisadas por la AP, se ocultó el rostro de las mujeres, pero mantuvieron expuesta buena parte de sus cuerpos desnudos de manera que las mujeres probablemente se sientan avergonzadas de cualquier forma. En las fotos aparecen mujeres identificables probándose ropa en vestidores de tiendas o descansando en trajes de baño.
Un conjunto de más de 100 fotografías de una joven estaba censurado prácticamente por completo, con excepción de la última imagen en donde se podía ver claramente su rostro.
Periodistas de Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho.
Associated Press está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de uno de estos medios trabajan en conjunto para revisar los documentos y compartir información sobre su contenido. Cada medio es responsable de su propia cobertura, independiente de las noticias sobre los documentos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
PHILIP MARCELO is a general assignment reporter in the NYC bureau. He previously wrote for AP Fact Check and before that was based in Boston, where he focused on race and immigration.
(AP Foto/Jon Elswick)

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