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Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes — que tienen una capacidad equivalente a la de 1.800 camiones — debido al “severo riesgo” que representa el uso de trenes de carga por parte de los migrantes para su traslado.
La decisión coincidió con un incidente que ocurrió la mañana del martes, cuando las fuerzas policiales detuvieron un tren de Ferromex cerca de la ciudad de Monclova — en el estado de Coahuila que colinda con Estados Unidos — el cual llevaba en el techo a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.
El Instituto Nacional de Migración no respondió de momento a una solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.
En en comunicado, Ferromex reconoce que en días recientes han registrado cerca de media docena de casos de lesionados o fallecidos entre los grupos de personas que abordaron trenes de carga en su camino hacia la frontera norte “a pesar del grave peligro que ello implica”.
De acuerdo con el reporte de la empresa, en los patios de operaciones de la ciudad de Torreón, también en Coahuila, hay concentradas más de 1.500 personas; en la localidad de Irapuato, en el centro del país, hay más de 800; en San Francisco de los Romo, estado de Aguascalientes, alrededor de 1.000, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, otros 1.000 en las góndolas de carga.
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La Cámara de Casación, máximo tribunal penal de Argentina, dejó sin efecto los sobreseimientos que habían dictaminado los tribunales orales encargados de juzgar a la vicepresidenta en 2021.
Esta resolución no será de efecto inmediato, ya que Fernández de Kirchner —presidenta entre 2007 y 2015— puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal confirma los fallos, la dirigente peronista deberá ser juzgada.
El primer caso se vincula a la renta de hoteles y propiedades de los Kirchner a empresarios ligados al negocio de la obra pública. Según la investigación de un juez de primera instancia, este era el mecanismo que utilizaba la familia Kirchner para lavar el dinero de sobornos obtenidos por la licitación de obras públicas.
En el otro caso, Fernández de Kirchner había sido procesada por el delito de encubrimiento de ciudadanos de origen iraní a los que la justicia argentina acusa de perpetrar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
La acusación apuntaba al Memorando de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán, el cual la entonces presidenta presentó como vía para destrabar la causa judicial por el atentado, ya que entre otros puntos permitía interrogar a los sospechosos en el exterior. El pacto contó con el respaldo del Congreso argentino, mientras Teherán, que siempre negó su vinculación con el ataque, no otorgó aprobación parlamentaria.
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Entre las personas despedidas estaban los viceministros Hanna Maliar, Vitalii Deyneha y Denys Sharapov, así como el secretario de Estado del Ministerio de Defensa Kostiantyn Vashchenko, según la cuenta de Telegram de Taras Melnychuk, representante permanente del gabinete de ministros.
Melnychuk no dio explicación sobre los despidos, aunque el gobierno está investigando acusaciones de corrupción en el ejército asociadas a la compra de equipamiento. Rustem Umerov, un legislador miembro de la comunidad tártara de Crimea y que asumió el cargo de ministro de Defensa, no hizo declaraciones en un primer momento.
Reznikov abandonó el puesto este mes tras un escándalo que implicaba la adquisición de chaquetas militares por parte del Ministerio a tres veces su coste. Reznikov negó las acusaciones, pero renunció al cargo.
Los cambios en el departamento llegaron al día siguiente de que el ejército ucraniano dijera haber arrebatado a tropas rusas el pueblo de Klishchiivka tras meses de fuertes combates. La lucha continuaba el lunes mientras las tropas trataban de retener el poblado al sur de la ciudad de Bájmut, controlada por Rusia, en la región oriental de Donetsk.
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Cada paso que dan es un recordatorio: aquí el control no está en manos de la ley, sino de aquellos cuyos nombres se susurran en la ciudad. Los Shottas y Los Espartanos.
Las dos bandas son las últimas en asediar Buenaventura, el puerto de mayor actividad de Colombia y la joya de la corona de las rutas del narcotráfico, el punto desde el que sale la droga hacia el resto del mundo.
Ahora, están entre el creciente número de grupos armados que esperan para negociar acuerdo de paz con el nuevo gobierno de Colombia.
Pero a medida que su gobierno avanza para cumplir esa audaz promesa, Buenaventura se ha convertido en un ejemplo de la maraña que el mandatario debe desenredar.
Petro busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea.
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Mientras un equipo de abogados presentaba las objeciones de Moscú al caso, el líder del equipo legal de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, Gennady Kuzmin, dijo al panel de 16 jueces que el caso de Ucrania que busca frenar la invasión “es irreparablemente defectuoso y contrario a la antigua jurisprudencia de este tribunal”.
El caso de Ucrania, aseveró, es “una flagrante falta de respeto a la administración apropiada de justicia y constituye un abuso del proceso”.
El caso de Ucrania argumenta que la invasión se basó en denuncias falsas de genocidio en las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk, y que Moscú planeaba actos genocidas en Ucrania.
Ucrania asevera que “Rusia ha trastocado el significado de la Convención contra el Genocidio, usando un reclamo falso de genocidio para justificar acciones que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de millones de habitantes de toda Ucrania”.
Los abogados de Rusia insisten en que el tribunal no tiene jurisdicción y que la convención contra el genocidio no puede ser usada para regular el uso de la fuerza por parte de una nación. El equipo legal de Ucrania responderá el martes pidiéndole a los jueces que sigan adelante con audiencias para escuchar la sustancia de los argumentos.