- Detalles
- Operador 3
- El Mundo
- 483
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las protestas de miles de guatemaltecos esta semana en apoyo al presidente electo Bernardo Arévalo sugieren que los esfuerzos de algunos funcionarios para descarrilar su presidencia han despertado una nueva voluntad entre muchos ciudadanos para defender la democracia.Las manifestaciones públicas de rechazo a las maquinaciones de la Fiscalía General habían sido modestas en el mes transcurrido desde la resonante victoria de Arévalo. Pero el lunes, miles de personas marcharon pacíficamente por las calles de la capital y el martes los manifestantes bloquearon las principales carreteras de todo el país.
Históricamente, Guatemala ha tenido una puntuación entre los más bajos de los países latinoamericanos en su apoyo a la democracia, según la encuesta del Barómetro de las Américas, que ha estado midiendo las actitudes allí durante tres décadas. En los últimos 15 años, el apoyo medido a la democracia como la mejor forma de gobierno alcanzó un 62,9% en 2014 y un 48,4% en 2017.
Incluso en las semanas previas a las elecciones de este año, sólo el 48% de los encuestados dijo que la democracia era la mejor forma de gobierno, lo que sitúa a Guatemala en el último lugar de la región, según datos aún no publicados compartidos por investigadores del Laboratorio LAPOP de la Universidad de Vanderbilt. que realiza las encuestas del Barómetro de las Américas.
Pero desde las elecciones, los guatemaltecos han visto intentos por parte de los partidos perdedores y de la fiscalía general de impugnar los resultados. Arévalo ha caracterizado las investigaciones sobre su partido y las autoridades electorales como un intento de golpe de estado y la misión de observación de la Organización de Estados Americanos dijo que las acciones de los fiscales parecían tener como objetivo impedir que Arévalo asumiera el cargo .
Sandra Paz, de 55 años, marchó el lunes por la capital ondeando la bandera guatemalteca.
- Detalles
- Operador 3
- El Mundo
- 533
RÍO DE JANEIRO (AP) — Los pueblos indígenas celebraron el jueves después de que la Corte Suprema de Brasil dictaminó consagrar sus derechos territoriales, eliminando la amenaza inminente de que esas protecciones pudieran ser revertidas.Los jueces habían estado evaluando una demanda presentada por el estado de Santa Catarina, respaldada por agricultores, que buscaba impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial. Casi todos los jueces del tribunal superior votaron a favor del grupo indígena, lo que tiene implicaciones de gran alcance para los territorios de todo el país.
Decenas de indígenas con tradicionales tocados de plumas amarillas y pintura corporal bailaron, cantaron y saltaron frente a una multitud de cámaras con flashes en la capital de Brasilia después de que se emitiera la votación decisiva. Algunos se secaron las lágrimas de alegría.
"Estoy temblando. Nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Es un sentimiento muy hermoso y fuerte. Nuestros antepasados están presentes, de eso no hay duda”, dijo Jéssica Nghe Mum Priprá, del grupo indígena Xokleng-Laklano.
En el caso ante el tribunal, el estado de Santa Catarina argumentó una teoría legal impulsada por quienes se oponen a nuevas asignaciones de tierras para los grupos indígenas. Dijo que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil (5 de octubre de 1988) debería ser la fecha límite para que los pueblos indígenas ya hayan ocupado físicamente tierras o estén luchando legalmente para volver a ocupar territorios. También afirmaron que proporcionaría seguridad jurídica a los propietarios de tierras.
La oleada de migrantes que suspendió trenes en México comienza en la industria migratoria del Darién
- Detalles
- Operador 3
- El Mundo
- 499
HUEHUETOCA, México (AP) — Los miles de migrantes viajan subidos al techo de vagones en México o que esperan en filas kilométricas junto a las vías para subir a un tren en el que llegar a Estados Unidos provocaron esta semana el cierre de uno de los pasos fronterizos y obligaron a la mayor empresa ferroviaria mexicana a suspender docenas de trenes de mercancías.Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
Pero han revelado también un fenómeno mucho más grande: una cadena casi ininterrumpida de migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién hasta Panamá a una escala industrial que podría rondar las 500.000 personas este año.
Esos migrantes se mueven sin interrupción a través de América Central hasta México y, de ahí, a la frontera con Estados Unidos.
“Detrás de nosotros vienen miles más. Es continuo”, dijo Juan Carlos Leal, un migrante venezolano que el miércoles esperaba junto a las vías con su hijo de 5 años, a unos 55 kilómetros (35 millas) al norte de la Ciudad de México.
Él y otros migrantes que aguardaban para trepar los trenes que pasan — a algunos incluso en marcha — en la localidad de Huehuetoca apuntaron que 3.500 personas salen a diario de los campamentos en la selva organizados por traficantes en el lado colombiano de la selva del Darién, porque esa es la capacidad de cada asentamiento.
- Detalles
- Operador 3
- El Mundo
- 525
GINEBRA (AP) — El gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos por socavar la libertad democrática con el empleo de amenazas, vigilancia y acoso antes de que el presidente, Nicolás Maduro, se presente a la reelección el año que viene, reportaron el miércoles expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas.La misión investigadora internacional autorizada oír el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el gobierno ha cambiado de táctica desde la pandemia de COVID-19, cuando terminaron las protestas masivas de la oposición y los posteriores arrestos y tortura de manifestantes.
Ahora, dice el informe, las autoridades reprimen a miembros de la sociedad civil, políticos, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos. Estos han sido sometidos a arresto, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos criminales arbitrarios bajo cargos de discurso de odio o terrorismo.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el gobierno acalla y atemoriza a cualquiera que piense en participar en alguna actividad que se considere de crítica al gobierno”, dijo Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, a la prensa el miércoles.
El gobierno no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones de la Associated Press. Tampoco respondió directamente a la misión, a la que no ha dado permiso para entrar al país.
La misión no tiene autoridad judicial, pero las pruebas que ha reunido pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que aplique la “jurisdicción universal”, como la Argentina, para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad. La misión ha denunciado anteriormente los “crímenes de lesa humanidad” en la Venezuela de Maduro.
BUENAVENTURA, Colombia (AP) — En toda Colombia, las décadas de conflicto entre las guerrillas de izquierdas, los paramilitares de derechas, los grupos de traficantes y el gobierno convirtieron a más de 9,5 millones de personas — casi un 20% de la población — en víctimas de desplazamientos forzados, homicidios o violencia sexual, entre otros.A medida que el conflicto se vuelve más complejo, con grupos armados cambiantes que se disputan el control del territorio, Gustavo Petro, un exrebelde convertido en presidente, se ha comprometido a consolidar una “paz total” y a poner fin a uno de los conflictos armados más prolongados del mundo.
Petro busca cambiar la forma en la que Colombia enfoca la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura, una ciudad costera con 450.000 habitantes y el puerto con más actividad del país.
También está negociando con los grupos armados más poderosos — desde las guerrillas izquierdistas a pequeñas mafias de traficantes — en un esfuerzo por lograr su desmovilización simultánea. Más de 31.000 combatientes de milicias armadas se han presentado para empezar conversaciones de paz, según las estimaciones del gobierno. Ningún grupo ha firmado aún un acuerdo de paz completo, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Bogotá acordaron reciente una tregua de seis meses.
Como parte del plan de “paz total” se pondrán en marcha programas para frenar el reclutamiento en ciudades con altas tasas de violencia y pobreza, incluyendo Buenaventura, dijo la asesora gubernamental Carolina Hoyos a la AP, describiendo la iniciativa como fundamental para el panorama general.
Jóvenes en Paz entregará un estipendio mensual de 1 millón de pesos (unos 250 dólares) a 100.000 colombianos de entre 14 y 28 años “vinculados o en riesgo de vincularse” a grupos criminales, apuntó Hoyos. A cambio, se les exigirá que estudien y realicen algún tipo de trabajo social.