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Edem Wosornu, directora de operaciones de la oficina humanitaria de la ONU, que acaba de regresar de un viaje al país con los directores de emergencias de las agencias de la institución y de organizaciones humanitarias, dijo que lo que vieron y oyeron “fue impactante, desgarrador y aleccionador”.
La situación en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri “es francamente la peor que hemos visto nunca”, afirmó, y eso en un país donde más de 26 millones de personas pasan hambre y necesitan comida.
Wosornu explicó en una conferencia de prensa que la violencia de género “se está perpetrando a una escala masiva y angustiosa”, con más de 35.000 sobrevivientes que buscan acceso a tratamiento y servicios tras los ataques reportados solo en los seis primeros meses del año en esas tres provincias. Dado que solo una parte de las sobrevivientes denuncian este tipo de violencia, apuntó, “es probable que la cifra sea mucho más alta”.
El conflicto lleva décadas latente en la región oriental del país, rica en minerales y donde, según Wosornu, más de 130 grupos armados se enfrentan por el control de la tierra y las minas, aunque algunos tratan de proteger a sus comunidades.
Los combates repuntaron a finales de 2021, cuando el M23, un grupo rebelde vinculado a la vecina Ruanda que estuvo inactivo casi una década, resurgió y comenzó a capturar territorio. El M23 ganó protagonismo en 2012 cuando sus combatientes tomaron Goma, la ciudad más grande del este de República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda.
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Los trabajadores llevan los racimos a una línea de producción en donde se lava, pesa y etiqueta a los plátanos para los compradores europeos. El dueño, Franklin Torres, sigue de cerca las actividades durante una mañana reciente para asegurarse que los frutos cumplan con los estándares estéticos internacionales. Y más importante aún, para que los bananos se empaqueten para su envío libres de cocaína.
Torres está más alerta que nunca debido a que Ecuador se encuentra cada vez con mayor frecuencia en la convergencia de dos comercios globales: plátanos y cocaína.
La nación sudamericana es el mayor exportador de plátano a nivel mundial, enviando alrededor de 6,5 millones de toneladas al año por vía marítima. También se ubica entre los principales productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia, y los narcotraficantes han encontrado en los contenedores repletos de bananos el vehículo perfecto para contrabandear su producto.
La infiltración de los narcotraficantes en la industria responsable de alrededor del 30% de los plátanos a nivel mundial ha contribuido a una oleada sin precedentes de violencia en lo que alguna vez fue una nación pacífica. Tiroteos, homicidios, secuestros y extorsiones se han vuelto en parte de la vida diaria, en especial en la ciudad portuaria de Guayaquil, un centro bananero en el Pacífico.
“Todos tienen responsabilidad. El que la transporta, el que la compra, el que la consume”, dijo la vendedora Dalia Chang, una residente de Guayaquil de 59 años, refiriéndose al contrabando de cocaína. “Todos tienen su parte. Han desecho a nuestro país”.
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El aumento de la violencia de las pandillas sigue centrándose en la capital, Puerto Príncipe y sus alrededores, con casi 300 personas muertas o heridas por francotiradores en el barrio pobre de Cité Soleil, según un informe de derechos humanos publicado por la Oficina Integrada de la ONU en Haití, conocido como BINUH.
El informe fue publicado un día después de que la Embajada de Estados Unidos en Haití instara a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país caribeño “lo antes posible” dados los actuales desafíos de inseguridad y infraestructura.
Entre los asesinados de abril a junio se encontraban 13 agentes de policía y más de 460 pandilleros, la mayoría de ellos por linchamiento, seguido de tiroteos policiales, dijo la ONU. Al menos 230 presuntos pandilleros han muerto como resultado de un violento levantamiento civil denominado “bwa kale” que comenzó en abril y tiene como objetivo a presuntos delincuentes.
Otras 298 personas fueron secuestradas durante ese período, un 24% menos que el trimestre anterior. Casi la mitad de los secuestros ocurrieron en la región de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, que ha experimentado un aumento de la violencia y los asesinatos de las pandillas.
Las pandillas también continúan utilizando la violación y la mutilación para infundir miedo y castigar a quienes viven en áreas controladas por rivales, dijo la ONU. Al menos 49 mujeres en Cité Soleil fueron violadas en abril cuando intentaban escapar de la violencia de las pandillas, y siete de ellas fueron asesinadas posteriormente.
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Sin embargo, a punto de cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, aún hay quienes la respaldan: “Afortunadamente Augusto Pinochet hizo el golpe”, “mejoró la vida”.
¿Cómo llega a haber en el Chile actual una percepción de añoranza o indulgencia en un tercio de la población ante un periodo de miedo y represión que dejó a miles de familias con heridas aún abiertas?
Sergio Gómez Martínez, contador jubilado de 72 años, es quien dice que “afortunadamente” Pinochet dio el golpe contra el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), pero además defiende que “mejoró la vida económica del país, había orden, trabajo” y los campos e industrias empezaron a producir.
Su percepción la comparte el 36% de los chilenos que opina que los militares “tenían razón” para encabezar el levantamiento, según encuestas recientes a la población. Hace 10 años, esa cifra era la mitad: un 18 % lo justificaba.
El 11 de septiembre de 1973, Pinochet encabezó un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende —quien se suicidó el mismo día del levantamiento—, que instauró 17 años de dictadura.
Siguen siendo mayoría los que califican a Pinochet de dictador (64%); en contraste van en aumento quienes defienden que su régimen militar fue “en parte bueno y en parte malo”.
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La Policía Nacional de Ecuador no reportó heridos como resultado de las cuatro explosiones en Quito, la capital, y en una provincia fronteriza con Perú, mientras que el Ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que ninguno de los agentes del orden tomados como rehenes en seis cárceles diferentes había resultado herido.
Las autoridades dijeron que las acciones descaradas fueron la respuesta de grupos criminales a la reubicación de varios reclusos y otras medidas tomadas por el sistema penitenciario del país. Los crímenes ocurrieron tres semanas después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio .
El sistema penitenciario, conocido como Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, perdió en los últimos años el control de grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios que resultaron en decenas de muertes. Ha sido necesario transferir reclusos para gestionar las disputas relacionadas con las pandillas.
En Quito, la primera bomba estalló el miércoles por la noche en una zona donde anteriormente se encontraba una oficina del sistema penitenciario del país. La segunda explosión en la capital ocurrió la madrugada del jueves fuera de la ubicación actual de la agencia.
El general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Ramírez, director nacional de investigaciones antidrogas, dijo a los periodistas el jueves que la policía encontró cilindros de gas, combustible, mechas y bloques de dinamita entre los escombros de las escenas del crimen en Quito, donde explotó el primer vehículo. Era un auto pequeño y el segundo era una camioneta.