LA PAZ (AP) — La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el jueves la abrogación de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en los operativos para enfrentar una serie de protestas que se extendieron por más de un mes y en las que murieron 33 personas.Áñez dijo que tomó la decisión tras considerar que se logró la “pacificación” del país, después de que las distintas fuerzas políticas acordaron avanzar en un plan para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa aprobó con más de dos tercios de sus participantes el reglamento para elegir a nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral tras la destitución de los anteriores. Con ello, los parlamentarios tienen 20 días para elegir a sus seis integrantes, quienes establecerán la fecha de los nuevos comicios, en los cuales las distintas fuerzas políticas han acordado que no participe el expresidente Evo Morales.
El decreto abrogado se aprobó el 16 de noviembre, en uno de los momentos más violentos de las protestas y que sólo un día antes dejó al menos ocho cocaleros muertos, todos partidarios de Morales en la localidad de Sacaba, en el centro de Bolivia.
La norma fue criticada dentro y fuera de Bolivia tras considerar que estimulaba la represión violenta.
“Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca hemos vivido en nuestra historia y que no queremos volver a vivir”, agregó.
BOGOTÁ (AP) — Los colombianos descontentos con la respuesta del presidente, Iván Duque, a casi una semana de movilizaciones volverán a salir a la calle el miércoles para protestar por una serie de cuestiones que van desde la reforma fiscal a la cuota para la pesca de tiburones en la mayor ola de agitación en el país en décadas.Las movilizaciones que sacuden a diario la nación muestran una variedad inusualmente amplia de quejas, aunque con un lema similar: La oposición a un gobierno que muchos creen que solo vela por los ciudadanos más privilegiados.
“Nos sentimos totalmente desprotegidos de todo”, dijo Lucy Rosales, una pensionista que caminaba por el centro de la capital, Bogotá, el martes. “No sentimos que tenemos un vocero que nos represente. Son muchas las cosas que dejaron acumular”.
La nueva marcha se celebra un día después de que el intento de Duque de frenar el malestar reuniéndose con un grupo que coordina las protestas saliese mal. Miembros del Comité Nacional del Paro se negaron a formar parte del diálogo convocado por el presidente con todos los sectores sociales, creando nuevas dudas acerca del tiempo que podrían prolongarse las costosas movilizaciones.
“El gobierno no ha sabido aprender de las experiencias chilena y ecuatoriana”, señaló Jorge Restrepo, un profesor de Economía, refiriéndose a las recientes manifestaciones masivas en ambos países. “Ha cometido muchos errores”.
El comité coordinador presentó el martes una lista de 13 demandas que piden a Duque que retire o reformule las reformas fiscal, laboral y de pensiones. Además, los líderes de los sindicatos de trabajadores y estudiantes quieren que se revisen los acuerdos de libre comercio, que se elimine una unidad de la policía antimotines acusada de la muerte de un estudiante de 18 años y la implementación total del histórico acuerdo de paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los organizadores demandan también que el presidente conservador cree un proceso de negociación independiente y específico para abordar sus demandas. Esta es una idea a la que, al menos al principio, el gobierno no está dispuesto, alegando que incluir a todos los colombianos sería un enfoque más democrático.
LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el lunes una solicitud de habeas corpus para liberar a la líder opositora Keiko Fujimori.El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermana de la política encarcelada, fue declarado “fundado” con cuatro votos a favor y tres en contra. Se espera que Keiko salga del penal en los próximos días _cinco meses antes de que se cumpla el plazo máximo de la medida_ luego de que concrete una serie de formalidades legales.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos a ser presentados de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolos, resuelva si su arresto se ajustó o no a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuales resultó derrotada.
Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un Parlamento contrario al gobierno.
Según se esperaba, sus partidarios aplaudieron el fallo, mientras que sus detractores lo criticaron. De todas formas la investigación continuará.
En la noche, cientos de manifestantes salieron a las calles del centro de Lima para protestar contra la liberación de Keiko. A través de las redes sociales, las personas, jóvenes en su mayoría, se coordinaron para mostrar que no estaban satisfechas con la decisión.
La marcha, que no estaba autorizada, trató de avanzar a la sede del Tribunal Constitucional, pero agentes de la Policía Nacional la enfrentaron con golpes y empujones. Algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas, y la policía usó sus escudos para repeler el ataque.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Evo Morales cayó por “traiciones”, “errores” y porque “algunos se emborracharon de poder”, dijo el martes a The Associated Press la presidenta del Senado, Mónica Eva Copa, quien hoy ocupa el cargo político más alto en el partido del expresidente, quien renunció el 10 de noviembre cercado por protestas y se exilió en México.“Evo y los actores principales del Movimiento al Socialismo (MAS) deben responder qué paso con el partido. Yo veo que el expresidente convivió con el enemigo, pero también hubo errores y uno ellos fue que algunos se emborracharon de poder”, aseguró la legisladora.
Entre los enemigos, Copa incluyó al mando militar y policial, con cuyos jefes Morales se reunía cada lunes. “Que las FFAA le pidan que renuncie es traición; que la policía se amotine, es traición. Eso me sorprendió”, comentó.
Copa explicó que esos hechos vienen a reforzar la tesis de un golpe de Estado, pero también reconoce que, finalmente, “la historia nos dirá qué fue”.
Con 32 años, Copa es una de las senadoras más jóvenes y hasta antes de su designación era desconocida. Tras la renuncia de Morales y el desbande de su gobierno, esta trabajadora social emergió del anonimato y ayudó a encaminar una ley para llamar a nuevas elecciones junto con la oposición, lo que apaciguó las protestas.
Morales renunció tras acusaciones de haber orquestado un fraude para reelegirse a un cuarto mandato consecutivo. Una auditoria de la Organización de Estados Americanos ratificó irregularidades y recomendó repetir la votación. Tras su huida a México, sus partidarios iniciaron una ofensiva que derivó en la muerte de 33 personas, según el último recuento del Defensor del Pueblo.
El país comenzó a recobrar la normalidad el lunes tras 35 días efervescencia social.
LA PAZ (AP) — Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.
“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.
En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.
Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército.
“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.
Desde su exilio en México Morales acusó a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez de violar los derechos humanos. A su vez, las autoridades acusan al político de promover las protestas desde México y le iniciaron una demanda por “terrorismo y sedición”.
En tanto, las últimas barricadas en las carreteras eran levantadas el lunes y el país regresaba de a poco a la normalidad a medida que los políticos definen una ruta hacia nuevos comicios en cuatro meses y medio.
La fecha de las elecciones será definida por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No fue fácil consensuar” con los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y que controla el Congreso, reconoció Áñez, cuyo gobierno transitorio tiene la misión de organizar los comicios.
Morales no podrá participar como candidato. En enero de 2020 iba a cumplir 14 años en el poder y buscaba un cuarto mandato. La constitución sólo permite una reelección continua.