SANTIAGO DE CHILE (AP) — Las serias y graves violaciones a los derechos humanos en Chile buscan castigar a los manifestantes, denunció el jueves una misión de Amnistía Internacional (AI) a 35 días de un estallido social en el que el presidente Sebastián Piñera admitió abusos y excesos policiales en la represión de las protestas. El gobierno y la policía rechazaron categóricamente el informe.

 

Simultáneamente, diputados avanzan en la tramitación de proyectos sobre mejoras sociales prometidas por Piñera para frenar, hasta ahora sin éxito, las protestas que se reproducían en la tarde con menos manifestantes pero con mayor violencia que en otros días.

 

En Quilicura, a las afueras de Santiago, un centro comercial era quemado y saqueado. El alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, dijo que solicitó al autónomo Instituto de Derechos Humanos investigar denuncias de presuntas torturas a manifestantes en el interior del centro comercial incendiado.

 

En Valparaíso grupos de personas realizaban saqueos contra pequeños comercios de la zona aledaña al Congreso y se quemaba una automotora en el centro de la ciudad con llamaradas visibles desde varios puntos del puerto. En la vecina Viña del Mar también se registraban barricadas. También en Antofagasta (norte) y Concepción (sur de Santiago) se producían incidentes violentos.

 

AI denunció el jueves graves violaciones a los derechos humanos en un informe realizado tras 20 días de observación en terreno Destacó el uso de armamento militar en las represiones de las manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales, lesiones oculares por uso de armas antidisturbios y letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas.

 

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia en octubre, y luego la policía, “han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.

 

De su lado, el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó categóricamente el informe que “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los Derechos Humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno”, señalaron.

 

La policía chilena manifestó por su parte que nuestra institución “rechaza categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de derechos humanos. Hemos puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y en numerosos casos hemos sido nosotros quienes hemos” denunciado los hechos, afirmó la coronel Karina Sosa Muñoz, de la dirección de DDHH humanos de Carabineros, señalando que ya hay 690 sumarios administrativos internos.

 

El informe de AI afirma que el Ejército uso al menos en cuatro ocasiones el uso de rifles GALIC ACE y FAMAE SG 540 semiautomático y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. En algunos casos las policías de investigaciones y uniformada también utilizaron munición letal.

 

Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, “ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada”.

 

El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirma que desde el 18 de octubre han muerto 26 personas en el marco de las protestas y más de 2.300 fueron lesionadas, de las cuales más de 1.400 fueron heridas por perdigones o balines. El Colegio Médico afirma que 287 presentan un trauma ocular severo. La Fiscalía registra más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras policiales unos 1.300 funcionarios fueron heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

 

“Las cifras no mienten”, señaló Guevara. Añadió que las autoridades “han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

 

 

De su lado, Piñera en encuentro con corresponsales el jueves señaló que tras decretar el estado de emergencia tras el estallido social el 19 de octubre, se preocupó de contactarse con diversas instituciones para que los derechos humanos fueran respetados, aunque “en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos”.

 

Amnistía Internacional dijo que ninguna de las denuncias es nueva, aunque tras el estallido social vivido del 18 de octubre en protesta por el alza del precio del subterráneo ha hecho que se masifiquen o se hayan generalizado.

 

Mientras, en el Parlamento, en el marco de la protesta social, los congresistas chilenos tramitan con celeridad una serie de proyectos de ley contenidos en una agenda con la que Piñera busca satisfacer las demandas ciudadanas, sin lograrlo hasta ahora.

 

En la víspera una comisión de diputados aprobó rebajarse, simbólicamente, a la mitad sus salarios de unos 11.000 dólares mensuales, aunque mantiene asignaciones por unos 16.000 dólares. Los senadores, en tanto, perciben 44.000 dólares al mes. La medida debe aún ser aprobada por las dos salas del Congreso. El izquierdista Frente Amplio presionaba hace cinco años por la baja de los sueldos.

 

Además, el gobierno y la oposición acordaron la madrugada del jueves incrementar en un 50%, progresivamente, las pensiones mínimas de 147 dólares de los mayores de 80 años; en un 30% para quienes tengan entre 75 a 79 años y en 25% a los menores de 75 años.

 

El ajuste regirá desde enero de 2020 hasta que todos acumulen un alza del 50%.

 

También disminuirán un 50% el pasaje del transporte público de los adultos mayores, una demanda callejera desoída por éste y el anterior gobierno.

 

Antes del estallido social, Piñera contemplaba un alza del 10% en las pensiones de los más desfavorecidos.

 

En el área de la salud se acordó que la central nacional que abastece de medicamentos a los hospitales podrá vender en línea medicamentos a quienes los necesitan, para lograr una rebaja considerable de los productos, que tienen los precios más altos de la región.

 

De momento los anuncios no han calmado las demandas sociales que también incluyen mejoras profundas en la salud y educación públicas que difieren años luz de las privadas.