CIHDLA PAZ (AP) — Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.
 
La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.
 
“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.
 
“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.
 
En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.
 
Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército.
 
“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.
 
Desde su exilio en México Morales acusó a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez de violar los derechos humanos. A su vez, las autoridades acusan al político de promover las protestas desde México y le iniciaron una demanda por “terrorismo y sedición”.
 
En tanto, las últimas barricadas en las carreteras eran levantadas el lunes y el país regresaba de a poco a la normalidad a medida que los políticos definen una ruta hacia nuevos comicios en cuatro meses y medio.
 
La fecha de las elecciones será definida por un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No fue fácil consensuar” con los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y que controla el Congreso, reconoció Áñez, cuyo gobierno transitorio tiene la misión de organizar los comicios.
 
Morales no podrá participar como candidato. En enero de 2020 iba a cumplir 14 años en el poder y buscaba un cuarto mandato. La constitución sólo permite una reelección continua.

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