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En un artículo de opinión publicado el lunes en una revista de tendencia conservadora, el republicano llamó a las corporaciones de Estados Unidos “el instrumento de ideologías antiestadounidenses”.
Rubio lamentó la adopción de la cultura “woke” por parte de las corporaciones del país, una palabra que se usa para hablar de quienes son conscientes de los problemas sociales como el racismo y la inequidad, y cuyos detractores dicen es equivalente a un sermoneo o la adopción de ideas neomarxistas. El senador propuso hacer legalmente responsables a los líderes corporativos “cuando abusen de sus privilegios corporativos al impulsar tonterías ineficientes y antiestadounidenses”.
Horas más tarde el lunes, Rubio pronunció un discurso virtual ante la Conferencia Nacional Conservadora en Orlando, en el cual habló sobre el declive de la situación económica de muchos estadounidenses. Dijo que los cambios a las políticas económicas en las últimas décadas han dejado a muchos sintiéndose fuera del sueño americano de tener buenos empleos y ser capaces de criar a una familia en un vecindario seguro. Añadió que “esto tiene que atenderse, porque ese sueño es el centro de nuestra identidad nacional”.
El artículo de opinión y el discurso de Rubio representan un giro en sus posturas proempresariales tradicionales que contribuyeron a su ascenso político, el cual incluyó una infructuosa postulación a la presidencia en 2016. Rubio enfrenta una reelección el próximo año, y se prevé que su rival demócrata sea la representante federal Val Demings. De ser reelegido, se prevé que sea uno de los posibles aspirantes republicanos a la nominación presidencial de 2024.

El caso que escucharán los jueces el miércoles se produce en momentos en que ha aumentado la violencia con armas de fuego y podría incrementar drásticamente la cantidad de personas con permiso de llevar pistolas de forma rutinaria. El caso se centra en la ley de permisos de armas de Nueva York y si los que están apelando la ley tienen derecho a portar un arma de fuego en público para defensa propia.
Los grupos de control de armas dicen que si un fallo de un tribunal superior requiere que los estados eliminen las restricciones, el resultado será más violencia. Mientras tanto, los grupos de derechos de armas dicen que el riesgo de una confrontación es precisamente la razón por la que tienen derecho a estar armados, para usarlas en defensa propia.
Los defensores de los derechos de las armas esperan que el tribunal —que tiene una mayoría conservadora de 6-3— les dé la razón. Quieren que el tribunal diga que la ley de Nueva York es demasiado restrictiva, al igual que leyes similares en otros estados. Los defensores del control de armas reconocen que les preocupa la composición de la corte.
“Lo que está en juego realmente no podría ser mayor”, dijo Jonathan Lowy, abogado en jefe del grupo de control de armas Brady.
La corte emitió por última vez decisiones importantes sobre derechos de armas en 2008 y 2010. Esas decisiones establecieron un derecho nacional a tener un arma en casa para defensa propia. La pregunta para el tribunal ahora es si existe un derecho similar establecido en la Constitución a portar un arma de fuego en público.
La pregunta no es un problema en la mayor parte del país, donde los dueños de armas tienen pocas dificultades para portarlas con autorización cuando salen. Pero unos seis estados, incluidos los populosos estados de California y varios estados del este, restringen el porte de armas a aquellos que pueden demostrar una necesidad particular de hacerlo. Los jueces podrían decidir si pueden mantenerse esas leyes .
El hecho de que el tribunal superior esté escuchando un caso de derechos de armas es un cambio después de años en los que habitualmente los rechazó.
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La denuncia de una sola página, presentada por un investigador del Departamento de Policía del condado de Albany, acusa a Cuomo de haber metido la mano debajo la blusa de una mujer el 7 de diciembre de 2020. El documento no menciona a la mujer por su nombre, pero Cuomo ya había sido acusado públicamente de manosear a una asesora, Brittany Commisso, en la mansión del gobernador, en Albany, el año pasado por esas fechas.
La oficina del fiscal del condado, David Soares, que estaría al frente del proceso y estuvo involucrado en la investigación, señaló en un comunicado que la demanda lo tomó por sorpresa.
“Al igual que el resto del público, nos sorprendió enterarnos hoy que se presentó una denuncia penal en la corte de la ciudad de Albany por parte del Departamento de Policía del condado de Albany en contra de Andrew Cuomo”, indicó. “La Oficina de Administración de la Corte ha hecho pública esa denuncia. Nuestra oficina no comentará más al respecto”.

Psaki, de 42 años, indicó que la última vez que estuvo en contacto con el presidente Joe Biden fue el martes, cuando se reunió con él en la Casa Blanca, donde estuvieron a más de 1,80 metros (6 pies) de distancia y con mascarillas. Biden, al que se le hacen pruebas diagnósticas con frecuencia, dio negativo el sábado en su prueba más reciente, según la Casa Blanca.
Psaki no acompañó a Biden a su viaje a Roma este fin de semana para la cumbre del Grupo de los 20 y de allí a Glasgow, Escocia, el lunes para la cumbre COP26 sobre el cambio climático.
Psaki tenía planeado ir con el mandatario pero canceló el viaje cuando él estaba listo para partir tras enterarse que familiares de ella habían dado positivo a COVID-19.
“Desde entonces he guardado cuarentena y he dado negativo en pruebas diagnósticas (vía PCR) de COVID el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado”, manifestó Psaki en un comunicado. “Sin embargo, hoy di positivo a COVID”.
Psaki, que está totalmente vacunada, dice que sólo ha tenido síntomas moderados.
“Aunque no he tenido contacto cercano en persona con el presidente o altos miembros del personal de la Casa Blanca desde el miércoles —y di negativo durante cuatro días tras ese último contacto_, estoy dando a conocer la prueba diagnóstica positiva de hoy por cuestiones de transparencia”, señaló Psaki.
El personal de la Casa Blanca y otras personas que viajan con el presidente se han sometido a pruebas diagnósticas diarias de COVID-19 desde antes de partir de Washington y están totalmente vacunados.
Con Biden viaja Karine Jean-Pierre, principal secretaria de prensa adjunta. Psaki dijo que volverá a trabajar en forma presencial cuando concluya una cuarentena de 10 días y tras someterse a una prueba negativa rápida.
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Aunque las probabilidades de que el intento de los demócratas tenga éxito no estaban del todo claras, los partidarios celebraban que el presidente Joe Biden incluyera 100.000 millones de dólares para programas de inmigración en su marco reducido. Sin embargo, también había confusión sobre las posibilidades de que se aprobara el dinero para inmigración.
Desde hace tiempo, ayudar a los inmigrantes ha sido un objetivo importante para los demócratas progresistas. Eso no pasa desapercibido para la Casa Blanca ni para los líderes del partido, que se esfuerzan por conseguir el apoyo demócrata casi unánime que necesitarán para que el paquete económico de Biden sea aprobado en el Congreso.
Por tercera ocasión en el año, los demócratas planeaban consultar a la parlamentaria del Senado sobre si se podía insertar un apartado que ayudara a millones de migrantes en su medida social y medioambiental. Ello permitiría que los migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de 2011 y que carecen de un estatus legal soliciten un permiso que los deje quedarse y trabajar por cinco años.
El permiso podría ser renovado por otros cinco años y los protegería de la deportación, además de que podría permitir que viajaran al extranjero. No establecería un nuevo mecanismo para que puedan conseguir una residencia permanente o la ciudadanía estadounidense.