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La empresa dijo que está en conversaciones con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para inscribir en el estudio a más participantes menores de 12 años. Su intención era probar la vacuna en aproximadamente 7.000 niños, algunos de apenas 6 meses. La compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, dijo en un correo electrónico que todavía no decide cuántos niños más podrían ser añadidos.
Actualmente los casos de COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y las escuelas se preparan para recibir a estudiantes en los salones de clase. Al mismo tiempo, los reguladores siguen revisando casos de un raro tipo de inflamación del corazón llamado miocarditis, que fue reportado en un pequeño número de adolescentes a quienes les fue administrada la vacuna de Moderna o la de Pfizer.

Fue el indicio más reciente de que la Casa Blanca está teniendo que reconsiderar su estrategia con respecto a la pandemia de coronavirus mientras esta variante mucho más contagiosa se extiende por Estados Unidos y debido a que una parte sustancial de la población se resiste a ser inoculada.
Fue también un paso atrás con relación al sentimiento que el presidente Joe Biden expresó este mes, cuando dijo que su gobierno estaba “en el proceso” de sopesar qué tan pronto podría Estados Unidos levantar la prohibición a la llegada de viajeros desde Europa después de que la canciller alemana Angela Merkel le planteó el asunto durante su visita a Washington.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las restricciones continuarán por ahora.
“Impulsados por la variante delta, los casos están incrementándose aquí en el país, en especial entre los que no están vacunados, y parece probable que continuarán así en las próximas semanas”, señaló.
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Por su parte, Kinzinger dijo que “aceptaba humildemente” el nombramiento, incluso cuando los líderes de su partido están boicoteando la pesquisa.
Previo a que la comisión realice su primera reunión, y escuche los testimonios de agentes de la policía que lucharon contra los alborotadores, Pelosi dijo que era indispensable saber qué ocurrió el 6 de enero cuando unos insurrectos irrumpieron en el Capitolio, interrumpiendo la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden, y por qué había ocurrido esa toma violenta. Esa misión, comentó Pelosi, debe llevarse a cabo de manera bipartidista para garantizar “que no vuelva a ocurrir un ataque de ese tipo”.
Kinzinger traerá consigo un “gran sentido patriótico a la misión de la comisión: encontrar los hechos y proteger nuestra democracia”, dijo Pelosi en un comunicado.
Se une a la representante Liz Cheney como los dos miembros republicanos de la comisión, ambos seleccionados por la líder del partido opositor. Kinzinger y Cheney estuvieron entre los 10 representantes republicanos que votaron a favor del segundo juicio político contra Trump. Fueron los únicos dos republicanos que votaron el mes pasado para crear la comisión especial.
“Durante meses se han propagado mentiras y teorías de conspiración que amenazan nuestra autonomía”, dijo Kinzinger en un comunicado. “Durante meses, he dicho que el pueblo estadounidense merece transparencia y la verdad sobre cómo y por qué miles de personas se presentaron para atacar nuestra democracia”, añadió.
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“Vamos en la dirección equivocada”, dijo Fauci, quien señaló que se siente “muy frustrado”.
Dijo que la recomendación para que los vacunados porten mascarillas está “siendo sopesada activamente” por los principales funcionarios de salud pública del gobierno. También se podrían sugerir dosis de refuerzo para las personas con sistemas inmunitarios deprimidos que han sido inoculadas, comentó.
Fauci, que también es el principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo en el programa “State of the Union” de la cadena CNN que ha participado en conversaciones para modificar las directrices de uso de las mascarillas.
Apuntó que algunas jurisdicciones locales donde las tasas de infecciones están aumentando, como en el condado Los Ángeles, ya están pidiendo que los individuos porten mascarillas en público sin importar si están vacunados o no. Fauci dijo que esas reglas locales son compatibles con la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de que la gente vacunada no necesita portar mascarilla en público.
Más de 163 millones de personas, o el 49% de la población de Estados Unidos, está completamente vacunada contra el COVID-19, de acuerdo con datos de los CDC.
“Este es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que estamos ahí, prácticamente suplicándole a los no vacunados que se vacunen”, dijo Fauci.
El funcionario añadió que los expertos del gobierno están revisando datos preliminares en un momento en que sopesan la posibilidad de recomendar que los individuos vacunados reciban dosis de refuerzo. Señaló que es “probable” que se recomiende una dosis de refuerzo para algunos de los más vulnerables, como los pacientes de trasplantes de órganos o de cáncer.
Elogió también a los republicanos, incluido el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el de Florida, Ron DeSantis, y al segundo republicano más importante de la Cámara de Representantes, Steve Scalise de Luisiana, por alentar a sus electores a vacunarse. Sus estados tienen algunas de las tasas de inoculación más bajas del país.
“Lo que realmente me gustaría ver es que más y más líderes de esas zonas donde no se están vacunando salgan y alienten a la gente a hacerlo”, comentó.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó a Álvaro López Miera, un militar y líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, en la lista más reciente de sancionados.
El Tesoro dijo en un comunicado que López Miera “ha desempeñado un papel integral en la represión de las protestas en curso en Cuba”. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, encabezado por López Miera, y otros servicios de seguridad del gobierno cubano han atacado a manifestantes y detuvieron o desaparecieron a más de 100 de ellos en un intento de reprimir estas protestas, según el departamento estadounidense.
El gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel actuó con prontitud, y violencia, para sofocar las protestas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que las acciones emprendidas por las autoridades cubanas, y las muchedumbres violentas que movilizó, “dejan al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y su falta de voluntad para satisfacer sus necesidades básicas y aspiraciones”.
La Brigada Especial Nacional ya había sido sancionada en enero por el gobierno del expresidente Donald Trump, que también sancionó a todo el Ministerio del Interior y a su titular Lázaro Alberto Álvarez Casas en virtud de la Ley Global Magnitski.
“Condeno de forma inequívoca las detenciones masivas y la simulación de procesos judiciales en los que se condena injustamente a penas de prisión a quienes se atrevieron a alzar su voz, en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano” para silenciarlo, señaló Biden en un comunicado. “El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica que todas las personas”.