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AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Una nueva orden del gobernador Greg Abbott que permite que los policías de Texas detengan a vehículos que lleven inmigrantes por considerar que podrían aumentar la propagación del COVID-19 rápidamente fue blanco de críticas el jueves y el Departamento de Justicia amenazó con impugnarla.El secretario de Justicia Merrick Garland pidió a Abbott que retire la orden inmediatamente, un día después de que la emitiera el gobernador republicano, quien intentará ser reelegido en 2022 y lleva meses tratando de reivindicar la línea dura del expresidente Donald Trump en materia de inmigración.
La carta de Garland está entre las reacciones más fuertes hasta ahora en el gobierno del presidente Joe Biden respecto a las acciones emprendidas por Abbott en la frontera de Estados Unidos con México, que también han incluido encarcelar a los inmigrantes por cargos de delitos estatales y construir nuevas vallas a lo largo del río Bravo. Grupos defensores de los derechos civiles y activistas por los inmigrantes han criticado la orden más reciente de Abbott para reducir los cruces fronterizos, señalando que podría alentar la discriminación racial y restringir la capacidad de los albergues para recibir a familias recién llegadas a territorio estadounidense.
“La orden es peligrosa e ilegal”, escribió Garland.
El secretario dijo que Texas “no tiene autoridad para interferir” con los amplios poderes del gobierno en materia de inmigración, y planteó la posibilidad de demandar si la orden no es retirada.
WASHINGTON (AP) — Con la esperanza de establecer un modelo para los empleadores de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunciará el jueves que millones de trabajadores federales deberán demostrar que han recibido la vacuna contra el COVID-19 o someterse a pruebas diagnósticas regulares de coronavirus, estrictas medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y restricciones de viaje.Una persona al tanto de los planes del presidente, que habló a condición de guardar el anonimato para confirmar los detalles que aún no han sido anunciados públicamente, destacó que las nuevas directrices no requieren que la vacunación sea obligatoria para los empleados federales y que aquellos que decidan no inocularse no están en riesgo de ser despedidos.
La nueva política supone un reconocimiento por parte del gobierno de Biden de que, siendo el mayor empleador del país, debe hacer más para impulsar las lentas tasas de vacunación en un momento en que están incrementándose los casos de coronavirus y las hospitalizaciones, impulsados en gran medida por la propagación de la variante delta, que es más contagiosa.
Biden ha culpado de lleno a aquellos que no se han vacunado por el resurgimiento del virus.
“La pandemia que tenemos ahora es una pandemia de los no vacunados”, declaró el mandatario durante una visita el miércoles a una planta de camionetas en Pensilvania, donde exhortó a aquellos que no están inoculados a que “por favor, por favor, por favor, por favor” acudan a inyectarse. La víspera, Biden comentó que “si esos otros 100 millones de personas se vacunaran, estaríamos en un mundo muy diferente”.
WASHINGTON (AP) — El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. El estado de California. La ciudad de Nueva York. Hospitales y asilos. Colegios y universidades. Los empleadores han comenzado a exigir a su personal que se vacunen contra el COVID-19, lo cual ha llamado la atención. Pero, ¿qué sucede si los empleados se rehúsan?Una directriz legal federal emitida esta semana indica que la ley está del lado de los empleadores. La vacunación puede ser considerada una “condición de empleo” similar a estar calificado para un trabajo.
Dicho esto, los abogados laboralistas creen que muchas empresas querrán llegar a un arreglo con los trabajadores indecisos.
¿PUEDEN LOS EMPLEADORES EN EEUU EXIGIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Sí. Las compañías privadas y las agencias gubernamentales pueden exigir a sus empleados que se vacunen como condición laboral. Los individuos conservan el derecho a rehusarse, pero no tienen un derecho riguroso a la protección legal.
“Quienes tengan una discapacidad o creencias religiosas verdaderas podrían acceder a un arreglo razonable de acuerdo con las leyes de los derechos civiles, a condición de que ese arreglo no suponga una dificultad indebida para el empleador”, dijo Sharon Perley Masling, abogada laboralista que encabeza una unidad especial para el COVID-19 en el despacho jurídico Morgan Lewis.
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SAN DIEGO (AP) — Los esfuerzos por abordar las causas de la inmigración desde tres países centroamericanos no tendrán resultados inmediatos, según dijo el jueves la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la presentación de una amplia estrategia que evita fijar en objetivos y plazos específicos.Estados Unidos no puede resolver por sí solo los arraigados motivos por los que la gente se marcha de Guatemala, Honduras y El Salvador, como la corrupción, la violencia y la pobreza, señaló Harris. Los gobiernos de México, Japón y Corea del Sur, junto con Naciones Unidas, se han comprometido a sumarse a los esfuerzos, dijo sin entrar en detalles.
La carta de una página y la lista anexa de datos estaban en línea con declaraciones previas en apoyo de planes de asistencia en el corto plazo contra las fuentes de presión migratoria, como fenómenos climatológicos extremos, así como de mantener la atención en el largo plazo sobre las motivaciones de las personas que abandonan sus países.
“Construiremos sobre lo que funcione, y abandonaremos lo que no funcione”, escribió la vicepresidenta. “No será fácil, y los progresos no serán instantáneos, pero estamos comprometidos a hacerlo bien”.
Harris señaló que viajó hace poco a Guatemala, “donde uno de los mayores desafíos es la corrupción”. El gobierno de Joe Biden señaló el martes que dejaría de colaborar con la Fiscalía General de Guatemala tras el despido del principal fiscal anticorrupción de la agencia, y señaló que había “perdido confianza” en la voluntad del país de combatir la corrupción.
La Casa Blanca también publicó una “Estrategia colaborativa de gestión de migración”, encargada en febrero por Biden para determinar cómo trabajará Estados Unidos con otros países para afrontar los flujos migratorios.
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WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca está evaluando seriamente la posibilidad de exigir a los empleados federales que demuestren que se han vacunado contra el coronavirus o que se sometan a pruebas periódicas y usen mascarilla, un cambio potencialmente importante en la política que refleja la creciente preocupación por la propagación de la variante delta, que es más infecciosa.
La posible obligación de vacunación para los empleados federales -independientemente de la tasa de transmisión en su zona- es una de las opciones que está estudiando el gobierno de Biden, según una persona familiarizada con los planes que habló bajo condición de anonimato para comentar las deliberaciones que aún no se han hecho públicas. Se espera que la Casa Blanca anuncie su decisión final tras completar una revisión de la política esta semana.
Según un análisis de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, en 2020 había más de 4,2 millones de trabajadores federales en todo el país, incluidos los militares.
El presidente Joe Biden manifestó el martes que se está “considerando” que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria para los trabajadores federales, pero no ofreció más detalles en momentos en los que la variante delta se propaga a lo largo y ancho de Estados Unidos y una cantidad significativa de estadounidenses sigue reacia a vacunarse.
Leer más: Biden sopesa vacunación obligatoria para empleados federales