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WASHINGTON (AP) — Las autoridades reguladoras de Estados Unidos aprobaron el miércoles la aplicación de refuerzos contra el COVID-19 a quienes recibieron la vacuna de Moderna o de Johnson & Johnson, y dijeron que cualquiera que sea elegible para una dosis adicional puede recibirla de una marca distinta a la que se le administró en un principio.Las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) representan un gran paso para ampliar la campaña de refuerzos en Estados Unidos, la cual comenzó con dosis adicionales de la vacuna de Pfizer el mes pasado. Pero antes de que más personas se alisten a recibir la dosis adicional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) consultarán con un panel de expertos el jueves antes de concluir las recomendaciones oficiales sobre quién debería recibir refuerzos y cuándo.
Las medidas más recientes ampliarían en decenas de millones el número de estadounidenses elegibles para recibir inyecciones de refuerzo y permitirían formalmente la combinación de vacunas, haciendo que sea más fácil recibir otra dosis, en especial para la gente que sufrió efectos secundarios con una marca en particular pero igualmente desea contar con la protección que brindan las vacunas.
Específicamente, la FDA autorizó una tercera inyección de Moderna para adultos mayores y otras personas que corren alto riesgo de contagio de COVID-19 debido a sus problemas de salud, su empleo o las condiciones en las que viven, la cual se administraría seis meses después de su última inyección. Habrá un cambio importante: El refuerzo de Moderna será de la mitad de la dosis utilizada en las dos primeras, basándose en datos de la compañía de que esa cantidad es más que suficiente para incrementar de nuevo la inmunidad.
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Los residentes de California se alegraron esta semana con la caída de gotas gruesas de agua por primera vez desde la primavera, un remojo anual que anuncia el inicio de la temporada de lluvias después de meses de calor y sequía históricos.Pero al tiempo que la lluvia empezaba el martes por la noche, el gobernador Gavin Newsom hizo algo inusual: emitió una emergencia de sequía para el estado y dio libertad a los reguladores de promulgar restricciones obligatorias sobre el uso de agua a nivel estatal si así lo desean.
La autorización de Newsom podría parecer discordante, especialmente porque los meteorólogos pronostican hasta 18 centímetros (siete pulgadas) de lluvia en zonas de las montañas del norte de California y en el Valle Central para esta semana. Sin embargo, los expertos afirman que la medida tiene sentido si se piensa en la sequía como algo causado no por las condiciones climatológicas sino por el cambio climático.
Desde hace décadas, California ha dependido de la lluvia y la nieve invernal para llenar los ríos y riachuelos más importantes del estado durante la primavera, que a su vez surten un sistema enorme de lagos que almacenan el agua para beber, la agricultura y la producción de energía, pero ese flujo anual desde las montañas está disminuyendo, más que nada debido a que el clima cada vez es más cálido y seco, no porque esté lloviendo menos.
En la primavera, la acumulación de nieve en las montañas de la Sierra Nevada de California fue 60% de su promedio histórico, pero la cantidad de agua que generó en las reservas fue similar a la de 2015, cuando tal acumulación fue de apenas 5% de su promedio histórico. Casi toda el agua que las autoridades del estado habían esperado este año se había evaporado a causa de un aire más cálido o fue absorbido por un terreno más seco.
“Uno no vive el tipo de sequía que estamos viendo justo ahora en el oeste de Estados Unidos sólo por... no tener unas cuantas tormentas”, dijo Justin Mankin, un profesor de Geografía de Dartmouth College y colíder del Grupo de Trabajo contra la Sequía de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés).
PHOENIX (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden amenazó el martes a tres estados bajo control republicano con retirarles la autoridad para manejar su propia aplicación de la seguridad laboral debido a que se rehúsan a adoptar normativas que protejan del COVID-19 al personal sanitario.La advertencia estuvo dirigida a Arizona, Carolina del Sur y Utah en momentos en que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus iniciales en inglés) se prepara para adoptar normativas más amplias de vacunación y realización de pruebas diagnósticas que afectan a 80 millones de estadounidenses. En casi la mitad de los estados, la OSHA dependerá de los reguladores laborales estatales para que hagan cumplir las disposiciones.
Funcionarios de la OSHA dijeron que Arizona, Carolina del Sur y Utah no están cumpliendo sus compromisos para implementar normativas laborales que sean por lo menos igual de efectivas que las del gobierno federal.
La cuestión es una normativa que obliga a utilizar equipo de protección personal, mantener la sana distancia y adoptar otras medidas de seguridad para los empleados en las instalaciones médicas que atienden a personas con COVID-19. También obliga a pagar ausencias por enfermedad a los trabajadores que contraigan COVID-19, necesiten vacunarse o estén lidiando con los efectos secundarios de la inoculación.
“La agencia no dudará en utilizar todos nuestros recursos para proteger a los trabajadores sanitarios de los peligros de salud conocidos”, manifestó Jim Frederick, subsecretario interino de trabajo para la seguridad y salud ocupacional.
WASHINGTON (AP) — Una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero aprobó el martes por unanimidad acusar de desacato al Congreso al exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, después de que el aliado del expresidente Donald Trump ignoró una citación para presentar documentos y testimonio.Trump, quien sigue defendiendo a sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio ese día, ha tratado agresivamente de bloquear el trabajo de la comisión, instruyéndole a Bannon y a otras personas que no respondan a preguntas relacionadas con la pesquisa. El exmandatario también ha interpuesto una demanda para tratar de impedir que el Congreso obtenga documentos de la Casa Blanca.
Sin embargo, los legisladores han dejado claro que no darán marcha atrás mientras recopilan hechos y testimonios sobre el ataque perpetrado por partidarios de Trump y que dejó decenas de policías heridos, hizo que los legisladores salieran corriendo por sus vidas e interrumpió la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.
El presidente de la comisión, el representante Bennie Thompson, dijo el martes que Bannon “está solo en su desafío a la orden de comparecencia” y que el panel no aceptará un no por respuesta.
Señaló que si bien Bannon puede estar “dispuesto a ser un mártir de la vergonzosa causa de encubrir lo ocurrido el 6 de enero, de demostrar su completa lealtad al expresidente”, el voto a favor de la acusación de desacato es una advertencia para otros testigos.
“No nos detendremos. No nos distraeremos. Y no nos retrasaremos”, añadió Thompson.
La votación del martes por la tarde envía la resolución de desacato al pleno de la Cámara de Representantes, que tiene previsto votar la medida el jueves. La aprobación de la cámara baja enviaría el asunto al Departamento de Justicia, que entonces decidiría sobre presentar cargos penales contra Bannon.
WASHINGTON (AP) — El expresidente Donald Trump intentó bloquear el lunes la entrega de documentos relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio a una comisión del Congreso encargada de investigar el ataque, impugnando la decisión inicial del mandatario Joe Biden de prescindir del privilegio ejecutivo que suele proteger las comunicaciones de la Casa Blanca.En una demanda federal, Trump señaló que la solicitud del panel en agosto “tenía un alcance casi ilimitado” y desea acceder a archivos que carecen de un vínculo razonable con el asalto. Dijo que era una solicitud “ilegal y vejatoria” que está “desvinculada de cualquier propósito legislativo legítimo”, según los documentos presentados ante una corte federal del Distrito de Columbia.
La demanda de Trump era algo esperado, ya que había dicho que impugnaría la investigación, y al menos uno de sus aliados, Steve Bannon, ha impugnado una citación. Pero la impugnación jurídica fue más allá de las primeras 125 páginas de archivos que Biden aprobó recientemente para su entrega a la comisión. La demanda, que menciona como acusados al panel y los Archivos Nacionales, intenta invalidar completamente la solicitud del Congreso, a la que llama excesivamente amplia, indebidamente engorrosa y un desafío a la separación de poderes. Pide una orden de la corte para prohibir que el archivista entregue los documentos.
En un comunicado conjunto a última hora del lunes, el presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del panel, dijeron que lucharían contra la demanda, que según ellos no es “más que un intento de retrasar y obstruir” la investigación.