
La campaña de promoción, aunada a una serie de viajes y comparecencias por parte de políticos afines al mandatario, busca impulsar la aprobación de las dos secciones del plan nacional de infraestructura: una bipartidista enfocada en carreteras, transporte público y acceso a internet, y otra sólo con el apoyo de los demócratas enfocada en atención infantil y lo que la Casa Blanca califica de infraestructura humana.
Las votaciones sobre ambas secciones probablemente tendrán lugar las próximas semanas y lo más seguro es que sean estrechas. La Casa Blanca deberá mantener el apoyo de republicanos moderados, y también a los demócratas de ideologías variadas.
La coalición de grupos afines al mandatario ha creado un centro de operaciones y ha planificado unos 1.000 eventos para las próximas seis semanas, justo cuando el Congreso está en receso veraniego, revelaron fuentes a The Associated Press. La campaña incluye una gran cantidad de mensajes —tanto televisados como digitales— en los distritos de cada legislador a fin de presionarles a que cumplan su promesa de votar por esas iniciativas y a fin de enfatizar la popularidad que los planes de Biden tienen entre el público.
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Durante meses, la mayoría de los empleadores recurrieron a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a sus trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19. Ahora, un creciente número de ellos está imponiendo normas para dificultarle la vida a quienes se nieguen a inocularse, desde órdenes directas hasta requerir que se sometan a pruebas periódicas de coronavirus.
Entre los empleadores que están adoptando una postura más dura está el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Co. y la NFL. Algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados.
Pero es poco probable que las nuevas medidas afecten a los millones de estadounidenses que no se han vacunado.
Muchas de las compañías que están pidiendo la vacunación tienen en su mayoría trabajadores que ya están inoculados y que no están dispuestos a trabajar junto a aquellos que no lo estén.
En contraste, compañías importantes que dependen de trabajadores de bajos ingresos —como los productores de alimentos, los almacenes, supermercados y otras cadenas de tiendas— están eludiendo las órdenes de vacunación por temor a alejar a los empleados y empeorar la escasez de mano de obra.
Tyson Foods, por ejemplo, dijo que aproximadamente la mitad de sus empleados en Estados Unidos, unas 56.000 personas, han sido vacunados luego de que el procesador de carne y aves de corral realizó más de 100 eventos de vacunación desde febrero. Sin embargo, la compañía señaló que no planea imponer una orden para que la otra mitad se inocule.
Walmart y Amazon, dos de los empleadores privados más grandes del país, también han rechazado requerir a sus trabajadores que se vacunen y han seguido dependiendo de estrategias como las bonificaciones y el acceso in situ a las vacunas. Pero en una señal potencialmente poderosa, Walmart dijo que los empleados de su sede estarán obligados a vacunarse antes del 4 de octubre.

La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos cuenta con unas 2.700 páginas, y los senadores podrían empezar a hacerle enmiendas pronto. Luego de las prisas durante una inusual sesión de fin de semana, las emociones se desbordaron una vez que quedó concluida. No se pretendía que se apartara del amplio esbozo que los senadores estuvieron negociando durante semanas con la Casa Blanca.
“No hemos realizado un gran proyecto bipartidista de esta naturaleza en largo tiempo”, dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado. Señaló que en cuestión de días podría llevarse a cabo una votación final.
Parte crucial de los planes de Biden, el proyecto de ley bipartidista es la primera fase del plan de infraestructura del mandatario. Presenta nuevos gastos por 550.000 millones de dólares durante cinco años por encima de los niveles federales presupuestados, lo que podría ser uno de los gastos más sustanciales en caminos, puentes, plantas de tratamiento de agua, banda ancha y la red eléctrica en años.

El Departamento de Estado anunció que ampliaría la lista de afganos que pueden pedir asilo en Estados Unidos para incluir a empleados actuales y pasados de medios de comunicación con sede en Estados Unidos, agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos y otros grupos de asistencia que reciben financiamiento de Estados Unidos. Empleados actuales y pasados del gobierno estadounidense y de la OTAN que no cumplan los criterios para un programa específico de esos empleados también estarán incluidos.
La medida supondrá que “muchos miles” de afganos y sus familias inmediatas tendrán ahora la oportunidad de ser reubicados de forma permanente en Estados Unidos como refugiados, según el Departamento de Estado. No se dio una cifra más específica de cuántas personas podrían optar al programa.
“El objetivo de Estados Unidos sigue siendo un Afganistán seguro, pacífico”, indicó el Departamento en un comunicado. “Sin embargo, a la vista del incremento de la violencia talibán, el gobierno de Estados Unidos trabaja para proporcionar a algunos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con Estados Unidos, la oportunidad de una reubicación como refugiados en Estados Unidos”.
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Un sistema hospitalario de gran tamaño en Jacksonville informó que sus hospitales están a su máxima capacidad y que sus centros de emergencias también se encuentran en un punto crítico, en un momento en que el estado lidia con la variante delta del COVID-19, la cual es más contagiosa.
En el condado Brevard, dos hospitales empezaron a colocar carpas para atender pacientes en sus departamentos de emergencia. Y en un parque de Fort Lauderdale, una larga fila de automóviles serpenteaba alrededor de un sitio de pruebas de coronavirus, evocando las primeras semanas de la pandemia en 2020.
Los hospitales de Florida reportaron más de 8.900 pacientes con COVID-19 el jueves, de acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Asociación de Hospitales de Florida indicó que el estado registró 10.179 casos en su punto máximo en julio del año pasado.
El número de pacientes en hospitales el jueves era cinco veces mayor que hace un mes, y se elevó rápidamente desde un poco menos de 5.500 en sólo una semana.
“Lo que es extraordinario es la velocidad con la que estamos viendo casos nuevos actualmente”, dijo el doctor Vincent Hsu, director ejecutivo de prevención de infecciones y epidemiólogo hospitalario en AdventHealth en Orlando. “La pendiente es bastante pronunciada y no hemos visto el final. Esto continúa”.
AdventHealth dijo que había alcanzado un nuevo máximo el jueves desde que empezó la pandemia, con unos 1.000 pacientes hospitalizados con COVID-19 en su sistema en el centro de Florida. Doce hospitales del estado están reportando al gobierno federal una escasez grave de personal.