
La secretaria de Justicia de Florida, Ashley Moody, anunció que CVS Health Corp. y CVS Pharmacy Inc. pagarán 484 millones de dólares. Las farmacéuticas Teva Pharmaceuticals Industries Ltd pagará 195 millones y Allergan PLC más de 134 millones.
Otra compañía, Endo Health Solutions, pagará 65 millones.
Además de ello, Tevan dará a Florida suministros de su antídoto contra sobredosis Narcan por valor de 84 millones de dólares.
“La epidemia de opioides está causando estragos en las familias de Florida”, expresó Moody en una nota de prensa.
“Los fondos obtenidos de CVS, Teva, Allergan y Endo ayudarán en nuestros esfuerzos por aliviar los daños y sufrimientos de los floridanos”, añadió.
El dinero de CVS, indicó Moody, será dividido entre ciudades y condados de Florida golpeados por la crisis de sobredosis de opioides de hace una década. Los fondos obligatoriamente deben ser usados para enfrentar la crisis de los opioides.
Se atribuyen a la epidemia de opioides más de 500.000 muertes en Estados Unidos en las últimas dos décadas, incluyendo de analgésicos recetados como OxyContin, sustancias genéricas como la oxicodona y drogas ilegales como la heroína y en fentanilo.
En la década de 2010, varios gobiernos locales y estatales presentaron cientos de demandas contra las compañías fabricantes y distribuidoras de esos fármacos. Algunos casos han ido a juicio, pero otros han sido resueltos mediante pagos de compensación.

El mandatario presionó a la legislatura para que “inmediatamente” apruebe fondos para tener las herramientas que han ayudado al país a salir de la pandemia.
“Le digo al Congreso que se necesita conseguir más suministros ya”, dijo Biden, advirtiendo sobre la posibilidad de escasez de pruebas, vacunas y tratamientos. “No es asunto partidista, es medicina”.
Por otra parte, Biden recibió el miércoles una segunda vacuna de refuerzo contra el COVID-19.
“No me dolió, para nada”, comentó el mandatario.
Horas antes, el gobierno informó que lanzó un sitio web que incluirá todo tipo de información sobre la pandemia del coronavirus en un solo lugar, incluyendo dónde hacerse la prueba, dónde ponerse la vacuna, tratamientos disponibles y las tasas de contagio en su vecindario.
“Ahora, simplemente oprimiendo un botón, todo ciudadano podrá tener acceso a todas estas herramientas”, indicó la Casa Blanca.
El portal incluye también información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la incidencia del virus en cada comunidad.
La nueva vacuna de refuerzo busca consolidar la inmunidad del cuerpo contra el virus en poblaciones más vulnerables ante el virus, que ha matado a más de 975.000 personas en Estados Unidos.

La Ley Emmet Till Contra Linchamiento lleva el nombre del adolescente negro cuyo asesinato en Mississippi en el verano de 1955 fue un momento clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su madre insistió entonces en que el féretro permaneciera abierto para que todo el mundo viera la violencia cometida contra su hijo.
La nueva ley, a ser firmada por Biden en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca, hace posible procesar un delito como linchamiento cuando una conspiración para cometer un crimen de odio cause la muerte o heridas graves, de acuerdo con el promotor de la medida, el congresista demócrata Bobby Rush. La ley prescribe una sentencia máxima de 30 años en prisión y multas.
El 7 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta por votación 422-3 y ocho abstenciones, luego de que fue aprobada en el Senado por consenso unánime.
El Congreso debatió por primera vez una legislación contra los linchamientos hace más de 120 años. El intento de aprobar una medida así fracasó casi 200 veces, comenzando con una presentada en 1900 por el congresista de Carolina del Norte George Henry White, en aquel entonces el único legislador negro.
La agrupación de derechos civiles NAACP comenzó a cabildear en favor de una medida anti-linchamiento en la década de 1920. Una ley federal de delitos de odio fue aprobada en los años de 1990, décadas después del movimiento de derechos civiles.
Till, de 14 años, había viajado desde su casa en Chicago para visitar a familiares en Mississippi en 1955 cuando se dijo que le había silbado a una mujer blanca. Fue secuestrado, golpeado y baleado en la cabeza. Con alambre de púas, le ataron al cuello un enorme ventilador de metal antes que su cadáver fuese lanzado a un río.
Dos hombres blancos, Roy Bryant y su medio hermano J.W. Milam, fueron acusados, pero absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por hombres blancos. Más adelante, Bryant y Milam le dijeron a un reportero que ellos habían secuestrado y matado a Till.
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“No recomendaría volver a darle un puesto de autoridad, sino más bien iniciar medidas disciplinarias en su base”, escribió uno de los jefes militares, según un archivo de la investigación obtenido por la Associated Press.
Pero cuando Frodsham regresó a su base de Fort Huachuca, en Arizona, en el otoño del 2015, se reintegró al proveedor de servicios de tecnología de la información del ejército, NETCOM, donde había servido como director de personal a cargo de 15.000 soldados y civiles, según su hoja de vida del ejército.
En la primavera del año siguiente, fue detenido en Arizona por encabezar una banda que abusaba sexualmente de menores, la cual incluía a un sargento del ejército que publicaba pornografía infantil en la internet. Entre las víctimas figuraba un hijo adoptivo de Frodsham.
Frodsham se declaró culpable de cargos de abuso sexual en el 2016 y cumple una condena de 17 años de cárcel. Pero documentos revisados por la AP indican que el ejército y el estado de Arizona no detectaron, o ignoraron, señales de alarma por más de una década, durante la cual Frodsham habría abusado de su hijo y de otros menores, prácticas que lo hicieron vulnerable a chantajes.
“Hubiera sido un blanco obvio de los servicios de inteligencia extranjeros por su cargo y su ubicación”, expresó Frank Figliuzzi, exsubdirector de contrainteligencia del FBI. “Fort Huachuca es una de las instalaciones más delicadas en la parte continental de Estados Unidos”. El cuartel alberga NETCOM y el Comando de Inteligencia y Seguridad del ejército, según su portal.
Funcionarios del departamento de relaciones públicas de Fort Huachuca confirmaron que Frodsham fue gerente de un programa de NETCOM antes de ser arrestado por abuso sexual de menores. Declinaron decir si fue castigado a su regreso de Afganistán o si el ejército lo consideró en algún momento un riesgo.
Ahora, la investigación de la banda de Frodsham se ha trasladado a un tribunal civil, donde dos de sus hijos adoptivos radicaron demandas contra el estado por permitir que David y Barbara Frodsham adoptasen menores y viviesen en una casa donde fueron víctimas de abusos físicos y sexuales a lo largo de sus vidas.

“Hizo historia para nosotros y para el futuro de California”, dijo la presidenta de la Corte Suprema estatal, Tani Cantil-Sakauye. “Es un nombramiento muy importante y merecido”.
Además, con el ascenso de Guerrero se restablece la mayoría de cuatro mujeres en la corte de siete miembros, señaló Cantil-Sakauy.
Guerrero, hija de inmigrantes mexicanos, aporta una “perspectiva distinta a lo que se haya ofrecido en esta corte”, dijo el gobernador Gavin Newsom antes de tomarle el juramento al cargo.
Pero Newsom dijo que el nombramiento de Guerrero “no se trata sólo de que sea la primera (hispana en el máximo tribunal), esto se trata de (elegir) lo mejor”.
Guerrero, de 50 años de edad, es de San Diego y creció en la región agrícola del Valle Imperial. En breves declaraciones señaló que ella es producto de “la valentía, los sacrificios y las luchas de mis padres y mis abuelos”.
“Vinieron a este país sabiendo que no sería fácil para ellos”, dijo. “Pero, como tantos otros, vinieron con esperanza, esperanza de un futuro mejor para sus hijos, la búsqueda... del sueño americano”.
Guerrero cubre la vacante surgida en octubre cuando el juez asociado Mariano Florentino Cuéllar dejó el máximo tribunal.