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El miércoles, una jueza federal ordenó nuevamente a la administración Trump que proporcione información sobre sus esfuerzos hasta el momento, si los hubo, para cumplir con su orden de recuperar a Kilmar Abrego García de una prisión de El Salvador.La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, suspendió temporalmente su directiva de información a petición del gobierno la semana pasada. Sin embargo, dado que la pausa de siete días expiraba a las 5 p. m., estableció plazos en mayo para que los funcionarios presentaran testimonio jurado sobre cualquier medida que hayan tomado para su regreso a Estados Unidos.
Abrego García, de 29 años, ha estado encarcelado en su natal El Salvador durante casi siete semanas, mientras que su deportación por error se ha convertido en un punto de conflicto para las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su creciente fricción con los tribunales estadounidenses .
El presidente reconoció a ABC News el martes que podría llamar al presidente de El Salvador y solicitar el regreso de Ábrego García. Pero Trump insistió en sus afirmaciones de que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13.
"Y si fuera el caballero que usted dice que es, lo haría", dijo Trump a Terry Moran de ABC en la Oficina Oval.
La policía de Maryland identificó a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13 en 2019 basándose en sus tatuajes, su sudadera con capucha de los Chicago Bulls y la palabra de un informante criminal. Sin embargo, nunca fue acusado. Sus abogados afirman que el informante afirmó que Abrego García pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca ha vivido.
La identificación de la pandilla por parte de la policía local impulsó al gobierno de Trump a expulsar a Ábrego García en marzo a una prisión de El Salvador. Sin embargo, la deportación violó la orden de un juez de inmigración estadounidense de 2019 que lo protegía de ser enviado a El Salvador.
Abrego García había demostrado ante el tribunal de inmigración que probablemente enfrentaba persecución por parte de pandillas salvadoreñas locales que lo aterrorizaban a él y a su familia, según consta en los registros judiciales. Huyó a Estados Unidos a los 16 años y vivió en Maryland durante unos 14 años, trabajando en la construcción, casándose y criando a sus tres hijos.
Xinis ordenó a la administración Trump que lo devolviera hace casi un mes, el 4 de abril . La Corte Suprema dictaminó el 10 de abril que la administración debía trabajar para traerlo de vuelta.
Pero el caso solo se agravó. Xinis arremetió contra un abogado del gobierno que no pudo explicar qué había hecho, si es que había hecho algo, la administración Trump. Luego ordenó a los funcionarios que presentaran testimonio jurado y otra información para documentar sus acciones.
La administración Trump apeló. Pero un tribunal federal de apelaciones respaldó la orden de información de Xinis en un fallo contundente , afirmando: «No microgestionaremos los esfuerzos de un excelente juez de distrito que intenta implementar la reciente decisión de la Corte Suprema».
La administración Trump se resistió, alegando que la información que Xinis buscaba involucraba secretos de estado protegidos y deliberaciones gubernamentales. A su vez, ella reprendió a los abogados del gobierno por ignorar sus órdenes y actuar de mala fe.
La jueza ha ordenado a los fiscales federales que justifiquen específicamente sus alegaciones de información privilegiada. Sin embargo, su orden podría enfrentar una continua resistencia.
Cuando un periodista le preguntó el miércoles al Secretario de Estado, Marco Rubio, si había tenido alguna conversación con El Salvador sobre el regreso de Abrego García, Rubio dijo que la política exterior no debería discutirse con los jueces.
—Bueno, eso nunca te lo diré. ¿Y sabes a quién más nunca se lo diré? A un juez —dijo Rubio durante una reunión de gabinete—. Porque la conducción de toda la política exterior le corresponde al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo, no a un juez.
Mientras tanto, los abogados de Abrego García dijeron el miércoles que la administración estaba avanzando hacia su regreso cuando pidió una pausa en el caso judicial.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la declaración del bufete de abogados.
“Accedimos a esa solicitud porque entendimos que se hizo de buena fe”, declaró el bufete Murray Osorio PLLC en un comunicado de prensa. “Desafortunadamente, una semana después, sigue sin estar claro qué ha hecho el gobierno, si es que ha hecho algo, en los últimos siete días para que nuestro cliente regrese a casa con su familia”.
Los periodistas de Associated Press Alanna Durkin Richer y Seung Min Kim en Washington contribuyeron a este informe.
Por Ben Finley
(FOTO AP/Evan Vucci)
