
El Ministerio de Salud reportó el martes por la noche 792 muertes, con lo que suman 90.281 los fallecidos registrados desde que la pandemia impactó en marzo de 2020.
El dato se dio a conocer el mismo día en que el gobierno del presidente Alberto Fernández se había manifestado más esperanzado debido a que los casos diarios cayeron 40% a nivel nacional en el último mes por un reforzamiento de la cuarentena que se aplicó durante varios días desde fines de mayo. Con los más de 21.000 casos de la víspera, ya son unos 4,2 millones los infectados desde el inicio de la pandemia.
Pero la preocupación sigue puesta en las muertes reportadas diariamente, que no bajan de las 500 desde hace semanas. Los médicos lo atribuyen al pico de contagios que se produjo hace más de un mes y a que una mayor proporción de pacientes entre 40 y 60 años - que no estaban vacunados entonces- ocuparon las unidades de cuidados intensivos. Estos enfermos pasan más tiempo en terapia y mientras más se extiende su estadía aumenta la posibilidad de que se sufran complicaciones y fallezcan.
El médico Luis Cámera, uno de los integrantes del comité científico que asesora al Ministerio de Salud, dijo a The Associated Press que el gran volumen de contagios que se produjo en mayo y parte de junio “terminó complicando” la situación y disparando los decesos.

En un comunicado destacó que la intervención de mediana complejidad “se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado y ha culminado ... sin complicación alguna”. Agregó que en las próximas horas el mandatario permanecerá en observación.
Según el documento, es previsible que con la cirugía y rehabilitación física el presidente mejore su movilidad. La operación eliminó un quiste provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás.
Lasso, quien tiene previsto reintegrarse a la actividad de gobierno el 30 de junio, asumió la presidencia para un periodo de cuatro años desde el pasado 24 de mayo. Tiene problemas en la zona lumbar desde 2013 después de un accidente en España, lo que le mantenía con movilidad reducida y la necesidad de usar un bastón.

La nación sudamericana, de 50 millones de habitantes, registra un creciente número de contagios diarios desde abril, y en los últimos siete días tuvo la tercera tasa de mortalidad por coronavirus per cápita más alta del mundo, según los datos publicados por la Universidad de Oxford.
El presidente del país, Iván Duque, culpó el lunes en la noche a las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de abril de muchos de los decesos al afirmar que “más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir” si los colombianos no hubiesen participado en concentraciones multitudinarias en las siete últimas semanas.
Pero los epidemiólogos en Colombia dicen que es demasiado pronto para decir qué impacto tuvieron las protestas en el repunte de los decesos.
“Las protestas definitivamente jugaron un papel” en la transmisión, apuntó Diego Rosselli, profesor de epidemiología en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. “Pero en este momento, dar un número sobre cuántas muertes causaron es mera especulación”.
Más de 25.000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 en Colombia desde el 1 de mayo, el equivalente a alrededor de un cuarto de los muertos que causó la enfermedad en el país desde que se detectó el primer caso allí en marzo del año pasado.
Según Rosselli, las variantes más contagiosas del virus pueden haber contribuido a la rápida aceleración de los fallecimientos, como ocurrió en países vecinos como Argentina y Brasil.

El gabinete español los indultó el martes con la esperanza de comenzar lo que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, calificó de reconciliación muy necesaria en la agitada región nororiental española, aunque el ferviente respaldo local a los secesionistas perdonados muestra que le problema no desaparecerá pronto.
El exvicepresidente regional, Oriol Junqueras; cinco miembros más de su gobierno; la expresidenta del Parlamento catalán y dos activistas proindependentistas quedaron libres poco después del mediodía. Han pasado entre tres años y medio y cuatro entre rejas.
El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles el decreto de indulto.
Los separatistas fueron recibidos por decenas de seguidores y familiares, que aplaudieron y los vitorearon a pesar de la lluvia. Los hombres, que quedaron libres en grupo, mostraron una pequeña pancarta con la frase “Freedom Catalonia” (“Libertad para Cataluña”) además de una bandera catalana y hablaron a sus seguidores en catalán.
“Somos conscientes de que hoy, con nuestra salida de prisión, no se acaba nada”, dijo Junqueras a sus simpatizantes en un discurso desafiante. “La prisión no nos asusta, sino que refuerza nuestras ideas”.

El magistrado Víctor Zúñiga indicó que Fujimori debe ser cuidadosa en cumplir con las normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020 y postular. Zúñiga confirmó que la candidata conversó con testigos del caso, con los cuáles tenía prohibido hablar, pero rechazó la prisión porque el fiscal no advirtió a Fujimori que estaba incumpliendo las reglas de conducta.
La candidata presidencial está acusada de lavar millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y de otros peruanos poderosos que le otorgaron efectivo en maletas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que perdió de manera consecutiva.
La derechista Fujimori no ha aceptado su derrota luego que, tras el conteo de todas las actas electorales durante la segunda vuelta presidencial del 6 de junio, el izquierdista Pedro Castillo terminó primero con 50,125% y 44.058 votos de ventaja.
Fujimori -que quedó con 49,875% de la votación- extendió la incertidumbre electoral tras pedir anular 200.000 votos de Castillo, a quien acusa sin pruebas de orquestar un “fraude”. Ella recibe el apoyo de la élite económica, de militares jubilados y de gran parte de la prensa capitalina.
Es la primera vez en la historia electoral que un candidato pide anular tal cantidad de votos de su oponente. En 2016 Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales ante la misma Fujimori por poco más de 41.000 votos. Ella aceptó el triunfo cinco días después de los comicios.
Las dificultades de Fujimori en asuntos electorales van de la mano con sus problemas judiciales. También es la primera vez en Perú que un candidato presidencial finalista en un balotaje acude a una sala judicial con la posibilidad de ser encarcelado.
Fuera del juzgado, decenas de simpatizantes apoyaban a Fujimori, mientras otro grupo la rechazaba. “Defenderé mi derecho a hacer política”, dijo ella al salir.
La fiscalía demostró que Fujimori se comunicó con dos testigos del caso de lavado. Uno es el vocero de su campaña y la otra es una excandidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores. Ambos han defendido en los últimos días a Fujimori en su cruzada por asegurar de que hubo un fraude en las recientes elecciones. Lourdes Flores además está bajo investigación fiscal por recibir dinero de Odebrecht para su campaña municipal en 2010, según afirman funcionarios de la constructora.
Si Fujimori pierde las elecciones presidenciales, empezará un juicio por lavado de activos cuyos efectos podrían ser devastadores para la candidata, su esposo y su partido político Fuerza Popular.
El fiscal Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, de lavado de activos, de obstrucción de la justicia y de falsa declaración en procedimiento administrativo.