
El Estado de Emergencia, que limita las libertades de reunión y locomoción, puede ser decretado por el Presidente de la República en casos de grave alteración del orden público, por un máximo de 15 días, renovable por 15 más con acuerdo del Congreso. También permitirá que las fuerzas armadas apoyen labores policiales.
La medida afectará a 40 comunas de la Región del Biobío y a 32 de La Araucanía. En esta última, distante 700 kilómetros al sur de Santiago, la violencia y atentados se arrastran por décadas y se traduce principalmente en ataques contra maquinaria forestal y camiones, los que en ocasiones son reivindicados por grupos mapuches que exigen la devolución de las extensas tierras que pertenecieron a sus antepasados.
Piñera dijo que la dictación del Estado de Emergencia es “para poder proteger a la población, para resguardar el orden público y el estado de derecho”, ante los “los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado, cometidos por grupos armados” en las cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, que quedarán bajo el mando de un almirante y un general, respectivamente.
Señaló que la medida “permite que las fuerzas armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de seguridad”, por lo que no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones policiales. Hacia el final de su anuncio, Piñera afirmó que el decreto “en ningún caso de orienta en contra de un pueblo, de un grupo de ciudadanos”, en clara alusión a los mapuches.

Duque dijo que el incremento en la llegada de haitianos durante los últimos meses a Colombia y a Panamá en su camino a Estados Unidos ya no es solo un problema de esos dos países.
Haití atraviesa los estragos que provocó un terremoto de magnitud 7,2 en agosto pasado, la pandemia de COVID-19 y altos niveles de desempleo, entre muchos otros problemas, afirmó el mandatario colombiano.
“La manera en la que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región, y casi que del hemisferio, a actuar de manera responsable”, dijo el presidente a periodistas en Nueva York.
En los últimos meses, Colombia ha registrado un aumento en el flujo de migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil, adonde llegaron tras el devastador terremoto registrado en su país en 2010. En su camino al norte arriesgan la vida en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá.
Más de 67.100 personas han cruzado de manera irregular la frontera entre enero y agosto de este año, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
Duque, quien concluyó un viaje a Estados Unidos para captar inversión, dijo que debe “haber claridad” en las ofertas de estatus migratorio temporal que Estados Unidos ha concedido a los haitianos que ya viven en territorio estadounidense. Los haitianos que migran hacia el norte, dijo Duque, creen que estas concesiones son una especie de “cheque en blanco” para todos los que llegan a ese país, cuando en realidad no es así.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el vórtice de Pamela se ubicaba unos 645 kilómetros (400 millas) al sur-suroeste de Mazatlán el lunes por la noche y se movía en dirección norte-noroeste a unos 13 km/h (8 mph). La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h (70 mph).
Se pronostica que Pamela vire hacia el norte y noreste, pasando cerca del extremo sur de la península de Baja California con fuerza de huracán el martes por la noche o el miércoles en la madrugada. Se calcula que el meteoro tocará tierra cerca de Mazatlán, posiblemente como huracán de categoría 3.
Posteriormente, se prevé que se debilite mientras atraviesa el norte de México y se aproxime el jueves a la frontera con Texas como depresión tropical.
El centro de huracanes advierte la posibilidad de marejadas ciclónicas, inundaciones súbitas y vientos peligrosos cerca del área del impacto.

Menores y adultos que realizan el trayecto de más de una semana deben enfrentarse a los rigores de la selva, que incluyen insectos, animales salvajes, falta de agua potable y ríos caudalosos con crecientes súbitas, así como a peligrosos grupos ilegales y delincuentes.
Al menos uno de cada cinco migrantes que cruzan el Tapón del Darién son niños y la mitad de todos ellos tienen menos de 5 años, según detalló UNICEF en un comunicado.
Varias mujeres embarazadas, la mayoría haitianas, se alistan todos los días para cruzar el Darién en Necoclí, una pequeña localidad costera en el lado colombiano. Su determinación de migrar hacia Estados Unidos o Canadá para buscar un futuro prometedor es tal que están dispuestas a soportar una travesía que puede ser mortal.
De acuerdo con UNICEF, en 2021 se encontró sin vida a cinco niños, mientras que otros 150, entre ellos algunos recién nacidos, llegaron a Panamá sin sus padres.
Las crisis económicas en América Latina y las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 llevaron a más de 67.100 personas, la mayoría haitianas, a cruzar el Darién entre enero y agosto de este año, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá.

La medida fue ordenada este jueves por un tribunal oral de Buenos Aires, el cual concluyó que el acuerdo firmado por Argentina e Irán en 2013 para el esclarecimiento del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a mediados de la década de 1990 “no constituyó delito”.
Si bien el pacto nunca entró en vigencia, Fernández de Kirchner ---quien gobernó el país entre 2007 y 2015-- fue procesada con prisión preventiva por un juez de primera instancia en 2017 por el delito de encubrimiento y traición a la patria. Debido a sus fueros como senadora nacional, la dirigente no fue detenida.
Esta causa judicial fue iniciada en enero de 2015 por el fiscal federal Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en su apartamento pocos días antes de presentarse ante el Congreso para dar detalles de su acusación contra la entonces presidenta.
Según el fiscal —hallado muerto el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires de un disparo en la cabeza—, el pacto con Irán tenía por objetivo oculto dar de baja las alertas rojas de Interpol contra ciudadanos de esa nacionalidad señalados como los autores del atentado contra AMIA, que dejó 85 víctimas, y a cambio habilitar el intercambio de granos y petróleo entre ambas naciones.
Fernández de Kirchner, electa vicepresidenta en 2019, ha dicho que el acuerdo era la única vía para reactivar la investigación del ataque contra AMIA, que está paralizada desde hace más de dos décadas y por la que no hay detenidos ni condenados.