CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró el jueves a favor de que inversionistas mexicanos sean los que adquieran parte de los negocios y activos de Banamex que pondrá a la venta el grupo financiero estadounidense Citigroup.López Obrador dijo, en un video que difundió en las redes sociales desde el palacio de gobierno, que no estaba en contra de que Banamex, el tercer mayor banco del país, siga en manos de inversionistas extranjeros, pero admitió que “si nos gustaría que se mexicanizara este banco”.
El mandatario, que anunció a inicios de semana que se había contagiado por segunda vez de coronavirus, celebró que el presidente de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, haya manifestado su deseo de adquirir Banamex, y asomó también como posibles compradores al empresario Carlos Slim, el banquero Carlos Hank González, propietario de Banorte, y el empresario norteño José Javier Garza Calderón.
“Suele pasar que las ganancias de la banca cuando los accionistas son extranjeros pues no se reinvierten en nuestro país”, expresó López Obrador.
Citigroup anunció el 11 de enero que dejará de operar los negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red de sucursales, como parte de una nueva estrategia de la organización que inició el año pasado en Asia, Europa y Suramérica.
La presidenta del grupo, Jane Fraser, dijo en un comunicado que el Citigroup sólo continuará operando el negocio de clientes institucionales en México con una licencia bancaria local.
El grupo estadounidense tiene previsto vender la marca de Banamex, así como sus más de 1.300 sucursales, la aseguradora y otros activos.
Tras el anuncio de Citigroup, la Secretaría de Hacienda de México señaló que dará un tratamiento “riguroso” a la venta y admitió que la salida del país de uno de los bancos más grandes plantea “asuntos delicados”.
Citibanamex es el tercer banco más grande de México y los reguladores aparentemente están preocupados de que el grupo que vaya comprar su cartera de 23 millones de clientes pueda acumular una porción demasiado grande del mercado bancario.
MIAMI (AP) — Estados Unidos aseguró el jueves que podría revisar su política de presión y sanciones contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro y la oposición política retoman las conversaciones que rompieron abruptamente en octubre y avanzan con resultados tangibles.“La solución a la situación en Venezuela no está en Washington”, expresó Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, en entrevista telefónica con Associated Press “Hemos dejado muy claro que Estados Unidos está dispuesto en aliviar la presión de sanciones en base a resultados en la mesa del diálogo”.
Las declaraciones de González tienen lugar a pocos días de que se cumplan tres meses desde que el gobierno de Caracas resolvió interrumpir el diálogo con la oposición que realizaba en Ciudad de México en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, uno de sus aliados y considerado por Washington como un testigo clave en casos de corrupción contra Venezuela que se ventilan en Miami y otras ciudades del país.
Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, fue nombrado por Caracas como diplomático en esas negociaciones. Se cree que el gobierno venezolano realizó con él múltiples negocios presuntamente corruptos. Su extradición tensó más las relaciones entre ambos países, y en respuesta a ella, Caracas regresó a prisión a seis ejecutivos petroleros estadounidenses que estaban en arresto domiciliario.
Las declaraciones de Gonzalez llegan, además, días después del triunfo de la oposición para la gobernación en el estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, Barinas. Sergio Garrido derrotó allí al excanciller Jorge Arreaza, en cuya campaña participaron altos funcionarios del partido gobernante en un intento por conservar el control en ese bastión chavista.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los teléfonos celulares de docenas de periodistas y defensores de los derechos humanos en El Salvador fueron hackeados en repetidas ocasiones con un sofisticado spyware durante el último año y medio, aseguró un grupo de monitoreo de internet el miércoles.En un reporte sobre sus hallazgos más recientes sobre el uso del spyware Pegasus de la compañía israelí NSO Group, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto dijo que había identificado a un operador de Pegasus que trabajó casi exclusivamente en El Salvador en 2020.
Si bien los investigadores no pudieron vincular de manera concluyente los hackeos con el gobierno salvadoreño, el reporte señaló que “el sólido enfoque de las infecciones en un país en específico deja entrever que esto es muy probable”.
NSO, que el gobierno estadounidense incluyó en una lista negra el año pasado, asegura que vende su spyware únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos legítimos a los que el ministerio de Defensa de Israel les ha dado el visto bueno para que lo usen en contra de terroristas y criminales.
Sofia Medina, portavoz del presidente Nayib Bukele, declaró en un comunicado: “El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”, y aseguró que no tiene los permisos para usar este tipo de software.
El gobierno está investigando el uso de Pegasus para hackear teléfonos en El Salvador, aseguró.
PARÍS (AP) — Los maestros franceses iniciaron una huelga nacional el jueves en protesta por la manera como el gobierno gestiona la situación del coronavirus en las escuelas, denunciar las normas confusas y reclamar mayor protección.Se prevé que una gran mayoría de los docentes, agotados por las presiones de la ola creciente de COVID-19, acatarán el llamado de 11 sindicatos a protestar los trastornos provocados por el virus y las normas cambiantes sobre el aislamiento.
Los sindicatos han convocado a una protesta callejera en París para las próximas horas.
Francia está en el epicentro de la pelea actual de Europa contra el COVID-19, con hasta 360.000 contagios nuevos diarios en los últimos días, debido a la contagiosa variante ómicron del coronavirus. Los profesores están enojados y quieren que se aclaren las normas y se les proporcionen más protecciones, como mascarillas y pruebas diagnósticas adicionales para combatir la enfermedad.
“El mes de enero es duro (para las escuelas)”, reconoció el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, en la televisora France 2. Su ministerio había documentado 50.000 nuevos casos de COVID-19 entre alumnos en “los últimos días” y un enorme número de clases clausuradas por el virus: 10.553. Se prevé que las cifras empeorarán en las próximas semanas.
Los sindicatos estimaron que entre el 62 y el 75% de los docentes apoyan la movilización. El gobierno dijo que el 27% de los docentes acatan la huelga.
BOGOTÁ (AP) — El cónsul honorario de Colombia en Haití ha recibido amenazas por asistir a los exmilitares colombianos sospechosos de participar en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, confirmó el martes la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez.Ramírez indicó a la prensa extranjera que el cónsul, Julio César Santa Martínez, ha sido víctima de atentados, sin dar detalles de los mismos ni aclarar si conocen a los autores materiales e intelectuales.
El consulado honorario en Haití depende de la Embajada de Colombia en República Dominicana. Según la ley colombiana el cónsul honorario solo puede ejercer un número limitado y secundario de las funciones consulares, entre ellas brindar asistencia a los colombianos y servir de vínculo entre estos y la embajada colombiana correspondiente.
Al inicio de la investigación, en agosto, el primer juez que fue asignado al caso de Moïse dimitió cuando uno de sus asistentes murió bajo circunstancias no esclarecidas, y varios secretarios judiciales se han escondido con sus familias luego de recibir amenazas mientras investigaban la muerte de Moïse.
El cónsul colombiano visita frecuentemente a los 18 colombianos presos en Puerto Príncipe, es quien constata de primera mano las condiciones en las que viven y su estado de salud. También lleva ayuda humanitaria enviada por el gobierno colombiano y por las familias de los detenidos.