
Cinco de las mujeres acusaron directamente a los paramilitares de violaciones sexuales mientras otras 29 de forma indirecta. Las originarias de varias aldeas del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, esperaron más de 30 años para obtener justicia. Relataron ante el tribunal que tras los abusos sufrieron desplazamientos, culpa y estigmatización, además del daño físico y emocional.
En menos de un mes el tribunal escuchó los testimonios de víctimas y expertos y revisó documentos que demostraron que Gabriel, Francisco y Damien Cuxum Alvarado, así como Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino violentaron a las indígenas cuando eran patrulleros civiles.
Gabriel Cuxum también deberá cumplir una pena extra de ocho años por tratar de cambiar su identidad para evadir la justicia.
Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares organizados por militares durante el conflicto armado para ejercer controles a la población.

El reporte, que circuló este mes entre autoridades europeas y al que tuvo acceso The Associated Press, ofrece un inusual vistazo a la determinación de la UE de apoyar a Libia en la intercepción y devolución de decenas de miles de hombres, mujeres y niños a Libia, donde enfrentan abusos insoportables.
El reporte compilado por el contraalmirante de la marina italiana Stefano Turchetto, responsable de la misión europea de vigilancia de embargo de armas, o Operación Irini, admite un “uso excesivo de la fuerza” por parte de autoridades libias, y añade que la instrucción de la UE “ya no se sigue por entero”.
Cientos de miles de migrantes que tratan de llegar a Europa viajan hasta Libia, donde ha florecido un lucrativo negocio de tráfico y contrabando. El país no tiene un gobierno funcional y lleva años fragmentado entre gobiernos rivales en el este y el oeste, cada uno de ellos respaldado por distintos grupos armados y gobiernos extranjeros.
El reporte de la UE admite que el “estancamiento político” en Libia ha lastrado el programa europeo de instrucción y señala que las divisiones internas del país hacen difícil conseguir apoyo político para hacer que se cumplan “estándares adecuados de comportamiento (...) acordes con los derechos humanos, especialmente cuando se trata de migrantes irregulares”.

Desde que asumió el poder en 2000, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trabajado de forma constante y sistemática para revertir lo que considera la humillante ruptura de la Unión Soviética hace 30 años.
Mientras acumula tropas junto a la frontera de Ucrania y celebra maniobras militares en Bielorrusia, cerca de las fronteras de los miembros de la OTAN Polonia y Lituania, Putin reclama que se vete de forma permanente el derecho soberano de Ucrania de unirse a la alianza occidental y que se limiten otras acciones de la OTAN como destinar tropas en países del antiguo bloque soviético.
La OTAN ha dicho que las demandas son inaceptables y que unirse a la alianza es un derecho de cualquier país y no una amenaza a Rusia. Los detractores de Putin alegan que lo que de verdad le preocupa no es la OTAN, sino la emergencia de una Ucrania demócrata y próspera que pueda ofrecer una alternativa al gobierno cada vez más autoritario de Putin que podría resultar atractiva para los rusos.
Las actuales demandas de Rusia se basan en la antigua percepción de agravios de Putin y su rechazo a que Ucrania y Bielorrusia sean países soberanos y realmente independientes en lugar de formar parte de una patria rusa lingüística y ortodoxa, unidos o al menos afines a Moscú.

Dávila es el más reciente detenido como resultado de la investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a una red de narcotráfico. El año pasado se arrestó en Colombia a Oscar Rojas, un ex oficial de la policía boliviana, y en Perú a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, quien ya cumplió un pena de 27 años en una cárcel de Estados Unidos por el mismo delito.
“Dávila estaría siendo vinculado con el narcotráfico y ganancias ilícitas. La fiscalía considera que se tenían suficientes elementos y por eso se determinó su aprensión”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, luego de presentar a Dávila a los medios de comunicación.
El excoronel de la policía fue detenido la noche del sábado cerca de la frontera de Bolivia con Argentina.
La fiscal Lupe Zabala informó a los medios que Dávila no quiso declarar mientras su despacho alista documentación para realizarle una imputación.

“Procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la cancillería nicaragüense, y sus dependencias llevan adelante las gestiones de canales políticos del más alto nivel”, explicó Almagro tras rendir un informe ante el Consejo Permanente de la OEA.
Aseguró que oficiales del gobierno nicaragüense le notificaron que “no es posible” autorizar el arribo a Managua de una delegación de alto nivel de la OEA. “Se han manejado otras opciones de contacto, a los efectos de establecer una agenda positiva que incluya otros temas importantes de desarrollo democrático y derechos”.
Aseguró que pese a la renuencia de Ortega, la secretaría general seguirá insistiendo en abrir mecanismos de diálogo con las autoridades sandinistas.
El 8 de diciembre, el Consejo Permanente aprobó con 25 votos una resolución demandando al gobierno de Nicaragua la liberación urgente de todos los opositores detenidos —hay más de 170 “presos políticos” desde 2018, según la oposición— y la aceptación de la misión de alto nivel para llegar a un acuerdo, en vista de que “Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.