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Los decretos del martes, relativos a la separación de familias, seguridad fronteriza e inmigración legal, elevan a nueve el número de acciones ejecutivas de Biden en materia migratoria en sus primeras dos semanas en la presidencia. Con una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas, Biden ha apuntado a muchos de los cambios radicales que implementó el presidente Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto legal como ilegal, y ha establecido un proyecto que posiblemente permanezca mucho después de que haya dejado el cargo, siempre que obtenga apoyo suficiente en un Congreso sumamente dividido.
Biden revirtió algunas de las medidas de Trump y estableció las bases para derogaciones de mayor alcance, dependiendo del resultado de las revisiones que se llevarán a cabo en los próximos meses.
“No estoy creando nuevas leyes. Estoy eliminando las malas políticas”, dijo Biden durante la ceremonia de firma de las órdenes, en la que no respondió a preguntas de la prensa.

Las deposiciones de ambas partes ofrecen el primer vistazo público de los argumentos que se presentarán ante el Senado a partir de la próxima semana. El juicio político representa un recuento notable de la violencia que se presentó el mes pasado en el Capitolio — misma que los senadores observaron de primera mano — y de la presidencia de Trump en general. En la misma cámara que los simpatizantes de Trump ocuparon el 6 de enero, se escucharán las exigencias demócratas para una última rendición de cuentas en contra de los deseos de muchos de los republicanos de dar vuelta a la página y dejar el episodio atrás.
El juicio político, el segundo que enfrenta Trump, iniciaría el 9 de febrero.
El informe legal demócrata vinculó a la fuerza los intentos infundados de Trump por revertir los resultados de la elección la el violento asalto al Capitolio, señalando que el exmandatario es “innegablemente” culpable de las acciones que pusieron en riesgo los fundamentos de la democracia estadounidense. El documento argumenta que Trump debe ser declarado culpable del cargo de incitar a un asedio. Y utilizó lenguaje provocador para invocar al caos ese día, cuando “aterrorizados miembros quedaron atrapados en la cámara” y llamaron a sus seres queridos “por temor a no sobrevivir”.
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No se logró ningún convenio durante la sesión de unas dos horas, la primera de Biden con legisladores en la Casa Blanca, y los demócratas en el Congreso siguieron adelante con su trabajo preparatorio para aprobar el plan del mandatario de ayuda por la pandemia con o sin los votos de los republicanos. A pesar de la exhortación del grupo republicano para que se actúe en forma bipartidista, como parte del empeño de Biden para unificar al país, el presidente especificó claramente que no demorará la entrega de ayuda con la esperanza de granjearse el respaldo republicano.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que, aunque hubo áreas en las que ambas partes estuvieron de acuerdo, “el presidente también reiteró su punto de vista de que el Congreso debe responder audaz y urgentemente, e hizo notar muchas áreas que la propuesta de los senadores republicanos no atiende”.
“Él no avanzará más despacio en los trabajos para responder a esta crisis urgente, y no aceptará un paquete que no esté a la altura del momento”, agregó.
Ambas partes tienen puntos de vista muy divergentes. El grupo de 10 senadores republicanos está enfocado principalmente en la crisis en los servicios de salud y en pagos directos más pequeños de 1.000 dólares a los estadounidenses, y Biden encabeza a los demócratas hacia un paquete de rescate más amplio, tres veces mayor, para apuntalar a los hogares, a los gobiernos locales y a una economía parcialmente cerrada.

Los sitios de vacunación serán considerados “lugares delicados” y en general los agentes de migración no realizarán arrestos en ellos, informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
Señaló que las detenciones sólo se llevarán a cabo bajo “la más extraordinaria de las circunstancias”.
El anuncio es un nuevo ejemplo del enfoque más transigente en torno a la inmigración ilegal que ha adoptado el gobierno del presidente Joe Biden, el cual ha actuado con rapidez para revertir las principales políticas de inmigración de su predecesor.
En el comunicado, el DHS dijo que alienta a todos, “independientemente de su estatus migratorio”, a que reciban la vacuna cuando sean elegibles, y destacó que la agencia y sus socios federales “apoyan por completo el acceso igualitario a las vacunas contra el COVID-19 y los centros de distribución de la vacuna para inmigrantes indocumentados”.
El DHS también supervisa a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), la cual está colaborando con otras dependencias del gobierno federal para instalar centros de vacunación en todo el país.
El gobierno estadounidense ha considerado las clínicas de salud, así como las escuelas y los lugares de culto, como lugares delicados donde regularmente no llevaría a cabo arrestos. Con el paso de los años, eso ha provocado que algunas personas se refugien en iglesias para evitar ser deportados.
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El caso es uno de varios asuntos, junto con la inmigración y otros, donde la nueva administración podría tomar una posición diferente a la de Donald Trump en el máximo tribunal.
Si bien un cambio estaría en línea con las preferencias políticas de Biden, podría provocar consternación en la corte. Los jueces y exfuncionarios de las administraciones demócratas y republicanas advierten de forma rutinaria que las nuevas administraciones generalmente deberían ser reacias a cambiar posiciones ante la corte.
La jueza Elena Kagan, quien como procuradora general fue la principal abogada de la Corte Suprema del presidente Barack Obama antes de que la nombrara para el tribunal, dijo en un foro de 2018 que el estándar debería ser alto.
“Creo que cambiar de posición es algo realmente importante sobre el que la gente debería reflexionar mucho, lo que no quiere decir que nunca suceda”, dijo Kagan en ese momento. De hecho, el Departamento de Justicia de Trump hizo un cambio cuatro veces en el primer período completo de la administración en un tribunal superior.