
“Si rendir cuentas significa ser llevado a juicio político por la Cámara de Representantes y ser declarado culpable por el Senado, la respuesta a eso es no”, dijo el senador republicano Roger Wicker, dejando en claro su punto de vista de que Trump debe y será absuelto. Al preguntarle si el Congreso podría sopesar otra sanción, como la censura, Wicker dijo que la Cámara de Representantes de mayoría demócrata tuvo esa opción antes, pero la rechazó para darle preferencia al juicio político.
“Ese barco ya zarpó”, comentó.
El Senado está por iniciar el juicio político el martes para examinar si presenta la acusación de que las combativas palabras que Trump dirigió a los manifestantes en un mitin en el Capitolio, así como las falsedades que repitió durante semanas de que las elecciones presidenciales fueron robadas y manipuladas, provocaron que una multitud irrumpiera en el Capitolio. Cinco personas murieron a consecuencia de los disturbios, entre ellas un policía.
Muchos senadores, incluido el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, denunciaron inmediatamente la violencia y culparon a Trump. Tras la insurrección, Wicker manifestó que los estadounidenses “no tolerarán este tipo de ataque al estado de derecho”, y, sin dar nombres, dijo que “debemos enjuiciar” a quienes socavan la democracia.

Biden, quien tiene una casa a las afueras de Wilmington, Delaware, ha hecho del control de la pandemia el objetivo central de sus primeras semanas en la Casa Blanca, y gran parte de la atención de su gobierno está puesta en mejorar el programa de vacunación.
La Casa Blanca, que anunció los planes de viaje de Biden el jueves en la noche, no respondió de inmediato a una petición de comentarios acerca del motivo de la visita. Cada vez que un presidente se desplaza, un séquito de ayudantes, seguridad y medios de comunicación le acompañan.
Los lineamientos de los CDC señalan que “viajar aumenta su capacidad de propagar y contraer COVID-19”, por lo que la ”recomienda que no se viaje de momento”.
Al utilizar el avión presidencial, el Air Force One, Biden evitará muchos de los riesgos de viajar asociados a los vuelos comerciales, autobuses o trenes. El mandatario recibió además la vacuna contra el coronavirus.
El protocolo de los CDC aconseja que las personas que deban viajar se inmunicen antes — si pueden ponérsela — y esperen dos semanas más para desplazarse tras recibir la segunda dosis.
Biden y su equipo han sido muy meticulosos a la hora de trabajar mientras tratan de reducir las posibilidades de contagio entre el personal de la Casa Blanca. El uso de mascarilla es obligatorio en todo el complejo, gran parte del gobierno trabaja desde sus casas y la duración y el tamaño de las reuniones se han limitado.
El presidente ha realizado pocas apariciones fuera del complejo de la Casa Blanca en estas primeras semanas, todas por asuntos oficiales o para ir a la iglesia.

Los hallazgos preliminares de la Universidad de Oxford, codesarrolladora de la vacuna, podrían reivindicar la controversial estrategia del gobierno británico en torno a postergar la administración de la segunda dosis de la vacuna por hasta 12 semanas para que más gente pueda recibir rápidamente la primera dosis. Hasta ahora, el tiempo recomendado entre dosis ha sido de cuatro semanas.
La investigación también podría acercar a los científicos a la respuesta de una de las grandes interrogantes de la pandemia: ¿las vacunas realmente pueden frenar la propagación del coronavirus?
De momento no está claro qué implicaciones, si es que hay alguna, podrían tener los hallazgos para las otras dos vacunas que se están utilizando en Occidente: las desarrolladas por Pfizer y Moderna.
En Estados Unidos, el médico Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, rechazó la idea de postergar deliberadamente la administración de la segunda dosis, y señaló que el país “se guiará por la ciencia” y los datos obtenidos de los ensayos clínicos. Las dos dosis de la vacuna de Pfizer y la de Moderna se deben de administrar con tres y cuatro semanas de diferencia.
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Subrayando el embrollo político en el que sus comentarios incendiarios metieron a su partido, casi todos los republicanos votaron en contra de la iniciativa demócrata, pero ninguno de ellos defendió su largo historial de publicaciones indignantes en redes sociales.
Sin embargo, en un momento fascinante, la republicana novata que representa a una región sumamente conservadora de Georgia tomó el pleno de la cámara baja para defenderse a sí misma. Con el rostro cubierto con una mascarilla con las palabras “Libre expresión”, ofreció una mezcla de retractaciones y señalamientos acusatorios.
La votación del jueves, casi en proporción partidista de 230-199, se convirtió en otra instancia en la que las teorías de conspiración se vuelven campos de batalla políticos, lo que sucedió con frecuencia durante la presidencia de Donald Trump. El exmandatario enfrenta un juicio en el Senado la próxima semana por incitar a una insurrección después de que una turba, avivada por sus falsas acusaciones de fraude electoral, atacó el Capitolio.
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La medida se dio a conocer el miércoles, mientras el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya la ha suspendido.
“La comunidad de seguridad pública está particularmente preocupada por el hecho de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad como resultado de la moratoria de 100 días del DHS”, señaló Brnovich en la demanda federal, utilizando las siglas en inglés del departamento.
Añadió que las autoridades también temen que “liberar a individuos durante la pandemia de COVID-19 abrumará aún más a los hospitales y los servicios sociales a nivel local y condal”.
Una orden judicial emitida el mes pasado prohibió temporalmente al gobierno estadounidense implementar una pausa en las deportaciones. El expediente presentado por Brnovich revela que el DHS canceló el acuerdo de inmigración que él hizo con la agencia, que era uno de por lo menos nueve acuerdos firmados por el DHS con jurisdicciones estatales y locales durante las últimas semanas del gobierno de Trump.