WASHINGTON (AP) — Cuando quedaba apenas una semana para las elecciones y los sondeos se mostraban ajustados, Joe Biden apostó fuerte.Viajó a Warm Springs, la localidad de Georgia cuyas aguas termales aliviaron a Franklin Delano Roosevelt de los efectos de la polio, y prometió una reforma del tejido económico y normativo estadounidense inaudito desde el New Deal de Roosevelt.
Evocar una de las reformas más profundas de la historia estadounidense ayudó a Biden a derrocar al presidente, Donald Trump, pero le dejó con grandes promesas que cumplir. Y tratará de cumplirlas en un contexto de gran división interna y con una pandemia que ha matado a casi 400.000 estadounidenses y trastocado la economía.
Un cambio de ese calibre sería difícil de imaginar bajo cualquier circunstancia, mucho más ahora.
Comenzará su mandato con los demócratas aferrados a un ajustada mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, y tras ganar unas elecciones en las que 74 millones de personas votaron a su rival. E incluso si su gobierno logra la mayoría de sus objetivos con proyectos de ley o decretos presidenciales, son acciones que podrían ser revocadas por una Corte Suprema controlada ahora por conservadores por mayoría de 6 a 3.
WASHINGTON (AP) — En el primer día de su gobierno, el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden planea revelar un amplio proyecto de ley de inmigración con el que espera ofrecer a unos 11 millones de personas que viven de manera ilegal en el país una vía de ocho años para naturalizarse: un giro de 180 grados respecto a las duras políticas de inmigración implementadas por el gobierno del presidente saliente, Donald Trump.Se prevé que el proyecto de ley sea presentado luego de que Biden preste juramento el miércoles, de acuerdo con una persona familiarizada con la medida y quien pidió hablar bajo condición de anonimato para hablar de ella.
La iniciativa coloca a Biden en camino para cumplir con una promesa clave de campaña que para es importante para los votantes latinos y de otras comunidades de inmigrantes, tras cuatro años de las políticas restrictivas y las deportaciones en masa del gobierno de Trump.
La propuesta contempla una de las vías más rápidas para obtener la ciudadanía estadounidense para quienes viven en el país sin ningún tipo de estatus legal en los últimos años, pero no incluye el tradicional compromiso de una mayor seguridad fronteriza favorecida por muchos republicanos, lo que pone en duda que vaya a ser aprobada en el Congreso.
Como candidato, Biden dijo que las acciones de Trump sobre la inmigración eran un “ataque implacable” contra los valores estadounidenses y afirmó que “desharía el daño” al tiempo que mantendría la frontera bien vigilada.
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WASHINGTON (AP) — Altos funcionarios del Departamento de Justicia durante la presidencia de Donald Trump sabían que su política fronteriza de “tolerancia cero” de 2018 resultaría en la separación de familias, pero siguieron adelante con los procesos judiciales aunque otras agencias se vieron rebasadas por el número de migrantes, de acuerdo con el informe de un órgano de control interno difundido el jueves.El informe del inspector general del Departamento de Justicia dice que dichos funcionarios no hicieron preparativos para implementar la política ni para manejar las secuelas, lo que resultó en la separación de más de 3.000 familias y provocó daño emocional duradero a los niños que fueron separados de sus padres en la frontera. La política fue tachada como cruel por mandatarios de otros países, grupos religiosos y legisladores estadounidenses.
El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, junto con otros funcionarios del gobierno de Trump, estaban empeñados en frenar la inmigración. La política de “tolerancia cero” fue una de varias que se adoptaron con el fin de desalentar la llegada de migrantes a la frontera sur. El gobierno de Trump también redujo considerablemente el número de refugiados permitidos en Estados Unidos y suspendió el asilo en la frontera mediante una combinación de decretos ejecutivos y cambios reglamentarios.
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WASHINGTON (AP) — Las autoridades de Defensa de Estados Unidos dicen estar preocupadas frente a la posibilidad de un ataque interno u otra amenaza de los efectivos que participen en garantizar la seguridad de la asunción presidencial del mandatario electo Joe Biden, ante lo cual el FBI investiga a los 25.000 elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en Washington con motivo del cambio de mando.La gigantesca labor releja las extraordinarias preocupaciones de seguridad que agobian a Washington después de la cruenta insurrección que agitadores pro-Trump escenificaron el 6 de enero en el Capitolio federal. Y deja entrever los temores de que algunos de los mismos elementos asignados a proteger la ciudad en los próximos días pudieran presentar una amenaza para el próximo presidente y demás personalidades que asistan a la ceremonia.
El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dijo el domingo a The Associated Press que las autoridades están conscientes de la posible amenaza y advirtió a los comandantes que estén alertas ante cualquier problema al interior de sus filas a medida que se acerca el cambio de poder. Sin embargo, a la fecha él y otros altos funcionarios aseguran que no han visto asomo de amenaza alguna, y las autoridades señalaron que en la investigación tampoco ha aflorado alguna situación irregular.
”Continuamente estamos revisando el proceso, y echando un segundo y tercer vistazo a cada uno de los individuos asignados a este operativo”, indicó McCarthy en una entrevista después de que él y otros líderes militares realizaron un ejercicio exhaustivo de seguridad de tres horas en preparación para la asunción presidencial del miércoles. Dijo que a los miembros de la Guardia también se les está entrenando para identificar posibles amenazas internas.
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TERRE HAUTE, Indiana, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos ejecutó el jueves a un narcotraficante por su participación en una serie de asesinatos en la capital de Virginia en 1992, a pesar de los reclamos de sus abogados de que la inyección letal podría causarle un dolor insoportable debido a los daños pulmonares causados por una reciente infección de COVID-19.Corey Johnson, de 52 años, fue el 12mo reo que muere en el complejo penitenciario federal en Terre Haute, Indiana, desde que el gobierno de Donald Trump reinició las ejecuciones federales tras un parón de 17 años.
Fue declarado muerto a las 23:34 horas.
La ejecución de Johnson y la de Dustin Higgs, prevista para el viernes, son las últimas antes de la juramentación la próxima semana del presidente electo, Joe Biden, quien se opone a la pena capital federal y ha indicado que acabará con su uso. Los dos reclusos contrajeron el coronavirus, lo que les valió una suspensión temporal de su ejecución esta semana, antes de que los tribunales superiores permitieron que el proceso siguiese adelante.
Los abogados habían alegado que las inyecciones letales de pentobarbital causan un repentino edema pulmonar, donde el líquido llena rápidamente los pulmones provocando una sensación similar a la del ahogamiento. El nuevo argumento era que el líquido llegaría a los pulmones del preso, dañados por el COVID-19, de inmediato, mientras estaba aún consciente.
Johnson estuvo implicado en uno de los peores episodios de violencia de pandillas nunca vistos en Richmond, con 11 muertos en 45 días. Él y otros dos miembros de la banda Newtowne fueron sentenciados a muerte por la ley federal contra narcotraficantes a gran escala.