Iniciar Sesión

 

Detalles
El Mundo
260
Colombia aceptaBOGOTÁ, Colombia (AP) — La Casa Blanca declaró el domingo su victoria en un enfrentamiento con Colombia por la aceptación de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer fuertes aranceles a las importaciones y otras sanciones al viejo socio estadounidense.
Estados Unidos y Colombia, que desde hace mucho tiempo son aliados en la lucha contra el narcotráfico, chocaron el domingo por la deportación de migrantes y la imposición de aranceles a los productos de cada uno de ellos, en una muestra de lo que podrían enfrentar otros países si intervienen en la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal. La Casa Blanca presentó el episodio como una advertencia a otras naciones que podrían intentar obstaculizar sus planes.
Anteriormente, el presidente estadounidense había ordenado restricciones de visas, aranceles del 25% a todos los productos colombianos que ingresan, que se elevarán al 50% en una semana, y otras medidas de represalia provocadas por la decisión del presidente Gustavo Petro de rechazar dos aviones militares estadounidenses con destino a Colombia que transportaban migrantes después de que Petro acusara a Trump de no tratar a los inmigrantes con dignidad durante la deportación. Petro también anunció un aumento del 25% en represalia en los aranceles colombianos a los productos estadounidenses.
Trump dijo que las medidas eran necesarias porque la decisión de Petro “ponía en peligro” la seguridad nacional en Estados Unidos al bloquear los vuelos de deportación.
“Estas medidas son solo el comienzo”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social. “No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el retorno de los criminales a los que obligaron a ingresar a Estados Unidos”.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado emitido el domingo por la noche que “el Gobierno de Colombia aceptó todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”.
Leavitt dijo que las órdenes arancelarias se mantendrán “en reserva y no se firmarán”, pero agregó que Trump mantendrá las restricciones de visas para los funcionarios colombianos y aumentará las inspecciones aduaneras de los bienes provenientes del país “hasta que se logre el regreso exitoso del primer avión cargado de deportados colombianos”.
El gobierno colombiano dijo el domingo por la noche que consideraba “superado” el episodio con la administración Trump y Petro repostó el comunicado de la Casa Blanca el día X.
“Hemos superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo. “Seguiremos recibiendo a los colombianos que regresan como deportados, garantizándoles condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos”.
Murillo agregó que el avión presidencial del país sudamericano está disponible para facilitar el retorno de los migrantes que debían llegar horas antes en los aviones militares estadounidenses.
El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que autorizaba las restricciones de visas para los funcionarios del gobierno colombiano y sus familias “que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de vuelos de repatriación de Estados Unidos”. Las restricciones se impusieron además de la decisión del Departamento de Estado de suspender el procesamiento de visas en la Embajada de Estados Unidos en la capital de Colombia, Bogotá.
Petro había dicho anteriormente que su gobierno no aceptaría vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos hasta que la administración Trump creara un protocolo que los tratara con “dignidad”. Petro hizo el anuncio en dos publicaciones en X, una de las cuales incluía un video de noticias de migrantes supuestamente deportados a Brasil caminando por una pista con restricciones en las manos y los pies.
“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que merece un ser humano”, afirmó Petro. “Por eso devolví los aviones militares estadounidenses que transportaban a los migrantes colombianos… En aviones civiles, sin ser tratados como delincuentes, recibiremos a nuestros conciudadanos”.
Después de la amenaza arancelaria anterior de Trump, Petro dijo en una publicación en X que había ordenado al “ministro de Comercio Exterior que aumente los aranceles de importación de Estados Unidos en un 25%”.
Colombia ha sido tradicionalmente el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, pero su relación se ha tensado desde que Petro, un exguerrillero, se convirtió en el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022 y buscó distanciarse de Estados Unidos.
Colombia aceptó 475 vuelos de deportación desde Estados Unidos entre 2020 y 2024, el quinto lugar detrás de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, según Witness at the Border, un grupo de defensa que rastrea datos de vuelos. En 2024 aceptó 124 vuelos de deportación.
Colombia también se encuentra entre los países que el año pasado comenzaron a aceptar vuelos de deportación financiados por Estados Unidos desde Panamá.
El gobierno de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre las aeronaves y los protocolos utilizados en las deportaciones a Colombia.
“Este es un mensaje claro que estamos enviando: los países tienen la obligación de aceptar vuelos de repatriación”, dijo a la AP un alto funcionario del gobierno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el tema públicamente.
Rubio dijo en un comunicado que Petro “canceló su autorización” para los vuelos cuando las aeronaves estaban en el aire.
En los últimos años, los colombianos han emergido como una presencia importante en la frontera de Estados Unidos con México, ayudados en parte por un régimen de visas que les permite volar fácilmente a México y evitar atravesar el peligroso Tapón del Darién. Ocuparon el cuarto lugar con 127.604 arrestos por cruces ilegales durante un período de 12 meses hasta septiembre, detrás de mexicanos, guatemaltecos y venezolanos.
México no ha impuesto restricciones de visa a los colombianos, como sí lo ha hecho con los venezolanos, ecuatorianos y peruanos .
El gobierno de Petro anunció posteriormente en un comunicado que el avión presidencial del país sudamericano había sido puesto a disposición para facilitar el retorno de los migrantes que debían llegar horas antes en los aviones militares estadounidenses y garantizarles “condiciones dignas”.
Como parte de una serie de acciones para cumplir las promesas de campaña de Trump de acabar con la inmigración ilegal, su gobierno está utilizando militares en servicio activo para ayudar a asegurar la frontera y llevar a cabo deportaciones.
Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaban migrantes expulsados ​​de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos de deportación con un total de 193 personas a bordo.
Colombia es el cuarto mayor proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos en el exterior, con unos 209.000 barriles de petróleo al día el año pasado, aunque el auge de la producción interna ha reducido la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero. El país sudamericano es también el mayor proveedor de flores frescas cortadas de Estados Unidos.
Regina García Cano informó desde Caracas, Venezuela, y Zeke Miller desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin en Nueva York, Joshua Goodman en Miami y Elliot Spagat en San Diego contribuyeron a este despacho.
ZEKE MILLER  es el corresponsal jefe de AP en la Casa Blanca.
Por  REGINA GARCÍA CANO , ASTRID SUÁREZ y ZEKE MILLER
(Foto AP/Fernando Vergara, archivo)

Detalles
El Mundo
208
TijuanaATOTONILCO DE TULA, México (AP) — Cuando Dayana Castro escuchó que la cita para solicitar asilo en Estados Unidos que había esperado durante más de un año fue cancelada en un instante, no tuvo dudas: se dirigiría al norte como pudiera.
La migrante de 25 años, su esposo y sus hijos de 4 y 7 años no tenían nada en su hogar en Venezuela. Ya habían recorrido la peligrosa selva del Tapón del Darién que divide a Colombia y Panamá y grupos criminales que se aprovechan de migrantes como ellos.
Castro era una de las decenas de miles de migrantes en todo México que tenían citas para solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos programadas hasta febrero, hasta que el presidente Donald Trump asumió el cargo y emitió una serie de órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración. Una de ellas puso fin al uso de la aplicación CBP One que había permitido a casi un millón de personas, muchas de ellas solicitantes de asilo, ingresar legalmente a Estados Unidos desde enero de 2023.
Ahora, migrantes como ella se están adaptando a una realidad nueva e incierta. Muchos siguen decididos a llegar a Estados Unidos por medios más peligrosos, viajando en trenes de carga, contratando contrabandistas y eludiendo a las autoridades. Algunos hicieron fila en las oficinas de refugiados de México para solicitar asilo en ese país, mientras que otros contemplaron la posibilidad de encontrar una forma de regresar a casa.
El lunes, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México y anunció planes para enviar tropas estadounidenses y restringir el acceso a refugiados y asilo, afirmando que quiere frenar la entrada ilegal y la delincuencia en la frontera. Las medidas se producen tras una caída de los cruces ilegales en los últimos meses.
Los partidarios de la aplicación CBP One , que personas como Castro usaron para intentar ingresar legalmente, dicen que puso orden en una frontera caótica. Los críticos dicen que fue un imán para que más personas vinieran.
Adam Isacson, analista de supervisión de defensa de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America, dijo que la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal seguramente disuadirá a los migrantes en el corto plazo, pero también tendrá consecuencias humanitarias en cadena.
Las personas con solicitudes de asilo válidas pueden morir en sus propios países, dijo, mientras que los migrantes que huyen de países como Venezuela, Cuba y Haití y que no pueden regresar fácilmente a sus hogares pueden terminar flotando por las Américas "completamente desprotegidos". Isacson y otros analistas esperan que las políticas de Trump conduzcan a una mayor demanda de contrabandistas y empujen a los migrantes, muchos de los cuales son niños y familias, a terrenos más peligrosos para evitar ser capturados.
El martes, Castro ya estaba asimilando el hecho de que continuar después de que su cita del 18 de febrero con las autoridades estadounidenses fuera cancelada probablemente significaría poner en riesgo su vida y la de su familia, ya que los cárteles están extorsionando y secuestrando cada vez más a inmigrantes vulnerables.
“Está el tren, los cárteles, la policía de migración, y todos te hacen pagarles”, dijo mientras alimentaba a sus hijos con pan junto a un pequeño refugio donde dormían. “Pero si no nos arriesgamos, nunca llegaremos”.
A lo largo de la frontera sur de México con Guatemala, otro grupo de migrantes en Tapachula adoptó un enfoque diferente.
La migrante cubana Rosalí Martínez esperaba en fila frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la sofocante ciudad sureña. Viajaba con su hijo y esperaba reunirse con su esposo en Estados Unidos.
Ahora, estaba esperando el momento oportuno, uniéndose a un número cada vez mayor de migrantes que han buscado asilo en México en los últimos años, ya sea temporalmente debido a las cambiantes restricciones estadounidenses o de manera más permanente.
Como muchos cubanos en los últimos años, Martínez huía de una crisis económica cada vez mayor.
“Me quedaré aquí y veré qué pasa”, dijo. Pero “no voy a regresar a Cuba. Me haré ciudadana mexicana, pero de ninguna manera voy a regresar a Cuba”.
Otros, como Jomaris Figuera, de 42 años, y su marido, quieren tirar la toalla después de años intentando construir una vida fuera de Venezuela, donde las crisis económicas y políticas han obligado a huir a casi 8 millones de personas en los últimos años.
Pasaron más de cuatro años recogiendo café en la vecina Colombia, pero como les costaba llegar a fin de mes, decidieron cruzar el Tapón del Darién . Esperaron casi un año y medio por una vía legal hacia Estados Unidos en un refugio de madera en un campamento de migrantes plagado de delincuencia en el centro de Ciudad de México.
Pero debido a la crisis venezolana, no tienen pasaportes y, sin dinero, temen que su única vía de regreso sea viajar hacia el sur a través de México y América Central, y caminar durante días por las mismas montañas escarpadas del Tapón del Darién.
Cualquier cosa sería mejor que quedarse en México, dijo Figuera.
“Es como abandonarlo todo después de todo lo que nos ha pasado”, dijo. “Pero después de intentar conseguir una cita y que pase esto, nos rendimos”.
Clemente reportó desde Tapachula, México. Janetsky reportó desde Atotonilco de Tula y Ciudad de México.
(Foto AP/Edgar H. Clemente)

Detalles
El Mundo
171
Gaza fantasmaRAFAH, Franja de Gaza (AP) — Los palestinos en Gaza se enfrentan a un paisaje apocalíptico de devastación después de que un alto el fuego puso fin a más de 15 meses de combates entre Israel y Hamas.
Al otro lado del pequeño enclave costero, donde se intercalan campos de refugiados entre ciudades, imágenes de drones captadas por The Associated Press muestran montículos de escombros que se extienden hasta donde alcanza la vista : restos de la guerra más larga y mortífera entre Israel y Hamas en su sangrienta historia.
“Como pueden ver, se convirtió en una ciudad fantasma”, dijo Hussein Barakat, de 38 años, cuya casa en la ciudad sureña de Rafah quedó arrasada. “No hay nada”, dijo, mientras tomaba café en un sillón marrón colocado sobre los escombros de su casa de tres pisos, en una escena surrealista.
Los críticos afirman que Israel ha llevado a cabo una campaña de tierra quemada para destruir el tejido social de Gaza, acusaciones que se están considerando en dos tribunales internacionales, incluido el delito de genocidio. Israel niega esas acusaciones y dice que su ejército ha estado librando una batalla compleja en zonas urbanas densamente pobladas y que trata de evitar causar daños indebidos a los civiles y a su infraestructura.
Los expertos militares dicen que la realidad es complicada.
"Para una campaña de esta duración, que supone un año de combates en un entorno predominantemente urbano en el que hay un adversario que se esconde en ese entorno, se esperaría un nivel de daños extremadamente alto", dijo Matthew Savill, director de ciencias militares del Royal United Services Institute, un grupo de expertos británico.
Savill dijo que era difícil sacar una conclusión general sobre la naturaleza de la campaña de Israel. Para ello, dijo, sería necesario evaluar cada ataque y operación para determinar si se ajustaban a las leyes del conflicto armado y si todos eran proporcionales, pero no creía que la descripción de tierra arrasada fuera precisa.
Los grupos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, consideran que la enorme destrucción forma parte de un patrón más amplio de exterminio y genocidio dirigido contra los palestinos de Gaza, una acusación que Israel niega. Los grupos cuestionan la postura israelí de que la destrucción fue resultado de la actividad militar.
Human Rights Watch, en un informe de noviembre que acusa a Israel de crímenes contra la humanidad, dijo que “la destrucción es tan sustancial que indica la intención de desplazar permanentemente a muchas personas”.
Desde una feroz campaña aérea durante las primeras semanas de la guerra hasta una invasión terrestre que envió miles de tropas en tanques, la respuesta israelí a un ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 ha destruido gran parte de la infraestructura civil de la Franja de Gaza, desplazando al 90% de su población. El color brillante de la vida anterior a la guerra se ha desvanecido en un gris cemento monótono que domina el territorio. Podrían pasar décadas, si no más , para reconstruirlo.
Una evaluación de la ONU basada en imágenes satelitales mostró que más de 60.000 estructuras en Gaza habían sido destruidas y más de 20.000 habían sufrido daños graves en la guerra hasta el 1 de diciembre de 2024. La evaluación preliminar de los escombros generados por el conflicto, incluidos los de edificios y carreteras, fue de más de 50 millones de toneladas. Señaló que el análisis aún no había sido validado sobre el terreno.
Los ataques aéreos durante la guerra derribaron edificios y otras estructuras que, según se dice, albergaban a militantes, pero la destrucción se intensificó con las fuerzas terrestres, que lucharon contra los combatientes de Hamas en combates cuerpo a cuerpo en zonas densamente pobladas.
Si se veía a militantes disparando desde un edificio de apartamentos cerca de una maniobra de tropas, las fuerzas podían derribar todo el edificio para frustrar la amenaza. Las huellas de los tanques destrozaban las carreteras pavimentadas, dejando a su paso tramos de tierra polvorienta.
El cuerpo de ingenieros militares fue encargado de utilizar excavadoras para despejar rutas, derribar edificios considerados como amenazas y hacer estallar la red de túneles subterráneos de Hamás.
Los expertos afirman que las operaciones para neutralizar los túneles fueron extremadamente destructivas para la infraestructura de la superficie. Por ejemplo, si las fuerzas israelíes hicieran estallar un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, no se salvarían las viviendas ni los edificios que se encuentran encima, afirmó Michael Milshtein, ex oficial de inteligencia del ejército israelí.
“Si (el túnel) pasa por debajo de una zona urbana, todo se destruye”, dijo. “No hay otra manera de destruir un túnel”.
Según él, los ataques a cementerios, escuelas, hospitales y otros lugares fueron destruidos porque Hamás los estaba utilizando con fines militares. Las explosiones secundarias de explosivos de Hamás en el interior de esos edificios podrían empeorar los daños.
La forma en que Israel ha regresado repetidamente a áreas que decía que estaban bajo su control, sólo para después ser invadido nuevamente por militantes, ha exacerbado la destrucción, dijo Savill.
Esto es evidente especialmente en el norte de Gaza , donde Israel lanzó una nueva campaña a principios de octubre que casi destruyó Jabaliya, un campamento de refugiados urbano construido. Jabaliya es el hogar de los descendientes de palestinos que huyeron, o se vieron obligados a huir, durante la guerra que llevó a la creación de Israel en 1948. Milshtein dijo que el desmantelamiento de la red de túneles por parte de Israel también es responsable de la destrucción allí.
Pero la destrucción no se debió únicamente a los ataques a objetivos. Israel también creó una zona de amortiguación a un kilómetro de la frontera con Israel, así como en el corredor Netzarim, que divide el norte de Gaza del sur, y a lo largo del corredor Filadelfia, una franja de tierra a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto. Grandes franjas de estas áreas fueron arrasadas.
Amir Avivi, general israelí retirado, dijo que las zonas de separación eran una necesidad operativa destinada a crear parcelas de tierra seguras para las fuerzas israelíes. Negó que Israel hubiera despejado zonas civiles de manera indiscriminada.
La destrucción, al igual que el número de civiles muertos en Gaza, ha suscitado acusaciones de que Israel ha cometido crímenes de guerra, algo que niega. Las decisiones que tomaron los militares al elegir qué destruir y por qué, son un factor importante en ese debate.
“En cuanto los militantes entran en un edificio y empiezan a usarlo para disparar contra ti, empiezas a calcular si puedes atacar o no”, dijo Savill. Derribar el edificio, dijo, “sigue siendo necesario”.
En Jabaliya, Nizar Hussein colgó una sábana sobre los restos destrozados de la casa de su familia, caminando con cuidado alrededor de una gran losa de hormigón inclinada.
“Como mínimo, necesitamos años para conseguir una casa”, dijo. “Es una sensación que no puedo describir. Gracias a Dios (por todo)”.
Goldenberg informó desde Tel Aviv, Israel.
TIA GOLDENBERG
Goldenberg es reportera y productora de Associated Press y cubre Israel y los territorios palestinos. Anteriormente informó sobre África oriental y occidental desde Nairobi.
(Foto AP/Abed Hajjar)

Detalles
El Mundo
242
Colombia VenezuelaTRES BOCAS, Colombia (AP) — El pueblo colombiano fronterizo de Tres Bocas se ha convertido en un pueblo fantasma mientras sus residentes huyen a la vecina Venezuela para escapar de una nueva ola de violencia en la región del Catatumbo, en Colombia, que ha dejado al menos 80 personas muertas y miles de desplazados .
Según las Naciones Unidas, más de 18.000 personas han huido de la región nororiental a medida que se intensifican los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un grupo rival conocido como las FARC-EMC. De los que habían huido, unos 1.000 han buscado refugio en Venezuela.
“Muchos de ellos tienen miedo por los tiroteos que se han desatado” en las zonas rurales, dijo Jaime Botero, presidente de una asociación comunitaria en el pueblo de Tibú, que está a unos 10 kilómetros al oeste de Tres Bocas.
Ubicada en la frontera de Colombia con Venezuela, la región del Catatumbo tiene alrededor de 300.000 habitantes y produce el 15% de la cosecha de coca de Colombia.
Las FARC-EMC y el ELN han luchado durante mucho tiempo por el control de la región y sus lucrativas rutas de tráfico de drogas, pero recientemente habían celebrado una tregua.
Pero la violencia se intensificó la semana pasada cuando miembros del ELN atacaron a civiles, acusándolos de colaborar con las FARC-EMC, y según se informa, los rebeldes del ELN sacaron a las personas de sus casas y les dispararon a quemarropa.
El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el viernes las conversaciones de paz con el ELN, acusando a los rebeldes de cometer crímenes de guerra. El lunes por la noche, Petro dijo que emitiría un decreto de emergencia que le permitiría aprobar leyes relacionadas con el conflicto sin la aprobación del Congreso.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la muerte de civiles, incluidos excombatientes que firmaron el acuerdo de paz de 2016, en medio de la violencia, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. Y expresó su preocupación por los informes sobre el desplazamiento de miles de civiles.
“El secretario general pide el cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil y el acceso humanitario sin obstáculos”, dijo Haq el martes por la noche.
Naciones Unidas instó al ELN y a otros grupos armados en la región del Catatumbo a respetar los derechos de los civiles. La ONU informó que dos defensores de derechos humanos fueron asesinados la semana pasada.
Rueda informó desde Bogotá, Colombia.
Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america
Por  FERNANDO VERGARA y MANUEL RUEDA
(AP/Fernando Vergara)

Detalles
El Mundo
296
Mauricio FunesSAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para evitar varias condenas penales, falleció el martes por la noche. Tenía 65 años.
El Ministerio de Salud de Nicaragua informó en un comunicado que Funes falleció a causa de una grave enfermedad crónica.
Funes gobernó El Salvador de 2009 a 2014. Vivió sus últimos nueve años bajo la protección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyo gobierno le había otorgado la ciudadanía, permitiéndole evitar la extradición.
El expresidente tenía condenas pendientes en El Salvador por corrupción y acuerdos con las poderosas pandillas callejeras del país que sumaban más de 26 años, pero nunca pisó prisión.
El periodista convertido en político llegó al poder con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda nacido de la guerra civil de El Salvador y una poderosa fuerza política nacional durante tres décadas que se quedó sin escaños en el Congreso después de las elecciones del año pasado.
Funes nació en San Salvador el 18 de octubre de 1959. Trabajó como maestro en escuelas católicas, pero luego se hizo famoso como reportero de guerra y presentó un programa de entrevistas muy popular que abordaba temas controvertidos. Entrevistó a varios jefes de estado, trabajó en dos estaciones de televisión y fue corresponsal de CNN de 1991 a 2007, ganando múltiples premios.
Entonces llegó el FMLN, ofreciéndole ser su candidato y ganó las elecciones de 2009, derrotando a Rodrigo Ávila, de la conservadora Alianza Republicana Nacional, mejor conocida como Arena, que gobernaba el país desde 1989.
Funes era una cara nueva, no alguien directamente involucrado en la guerra civil mientras el partido intentaba rehacerse con una imagen menos belicosa.
En ese momento, el cardenal Gregorio Rosa Chávez elogió a Funes como “tenaz” y alguien que no rehuiría los problemas de El Salvador.
Pero cuando dejó el cargo, Funes se vio acosado por acusaciones de corrupción. En 2016 huyó a Nicaragua. Siempre negó las acusaciones y dijo que sus problemas eran parte de una persecución política.
Pero fue juzgado en ausencia seis veces y condenado en cada una de ellas.
Por un lado, Funes fue sentenciado en mayo de 2023 a 14 años de prisión por negociar una tregua con las pandillas para reducir la tasa de homicidios durante su administración a cambio de dar beneficios a los líderes de pandillas encarcelados.
Su última sentencia se produjo en junio del año pasado. Fue condenado a ocho años de prisión por recibir un avión como soborno a cambio de la adjudicación de un contrato de construcción para el proyecto de un puente. También estaba siendo procesado por el supuesto desvío de unos 351 millones de dólares de fondos gubernamentales.
Varios ex funcionarios de su administración, así como su ex esposa Vanda Pignato, sus hijos y varios ex socios también han sido procesados ​​por corrupción. Su ex ministro de Seguridad, David Munguía Payés, fue condenado a 18 años de prisión por su papel en la negociación de la tregua entre pandillas.
Pese a la problemática presidencia de Funes, el FMLN volvió a ganar con el presidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó de 2014 a 2019. Sánchez Céren había sido uno de los cinco comandantes guerrilleros en la guerra civil.
En los últimos años, Funes y el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se enfrentaron con frecuencia en las redes sociales e intercambiaron insultos. Bukele impulsó el procesamiento del expresidente, especialmente por sus negociaciones con las pandillas.
El propio Bukele había sido acusado, pero lo negó vehementemente antes de aplastar a las pandillas en una ofensiva total que duró un año.
Foto AP/Luis Romero, Archivo)
Por  MARCOS ALEMÁN
  1. Migrantes varados al cancelarse miles de citas para ingresar a EE.UU. tras toma de posesión de Trump
  2. Costa Rica gestiona votos en OEA para apoyar al opositor venezolano Edmundo González
  3. México examina con 9 países latinoamericanos acciones conjuntas ante posibles deportaciones de EEUU
  4. Presidente guatemalteco dice estar optimista de encontrar puntos en común con Trump

Quienes Somos

Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.

Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.

Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.

Contactos

Oficina
1682 E Gude Drive. Rockville, MD 20850
Suite 102
Cabina: 301-6100900
Recepción: 301-942-3500
Fax: 301-942-7798
info@radioamerica.net

Contador de Visitas

045251481
Hoy
Ayer
Esta Semana
Este Mes
Mes anterior
Total de visitas al Sitio Web
9606
26238
61677
340590
511835
45251481
Tu IP desde donde navegas es: 3.137.198.25
14-05-2025 09:44