BOGOTÁ, Colombia (AP) — Los migrantes con destino a Estados Unidos están cruzando una vez más el Tapón del Darién en grandes cantidades, dijeron el lunes funcionarios en Colombia, después de haber estado varados durante gran parte de la semana pasada en un pequeño pueblo a lo largo de la costa caribeña del país debido a una paro laboral por parte de capitanes de barcos locales .

Johann Wachter Espitia, vicealcalde de Necoclí, dijo que 3.000 migrantes han abandonado la localidad desde el viernes en embarcaciones rumbo a la selva del Darién, mientras que otras 400 personas esperan y duermen en tiendas de campaña, mientras reúnen dinero para pagar sus pasajes.

Desde Necoclí los migrantes abordan embarcaciones que los llevan a dos pueblos remotos, donde comienzan los traicioneros senderos que cruzan el Tapón del Darién.

La selva densa y sin caminos divide América del Sur de América Central y en los últimos años se ha convertido en una ruta común, aunque peligrosa, para cientos de miles de sudamericanos, asiáticos y africanos que se dirigen a Estados Unidos.

Del lunes al jueves de la semana pasada el tránsito a través del Darién disminuyó cuando las compañías de barcos en Necoclí se declararon en huelga por el arresto de dos de los capitanes de sus barcos por parte de la marina de Colombia.

Los capitanes habían sido interceptados después de que salieran de Necoclí en dos embarcaciones que transportaban alrededor de 150 migrantes y fueron acusados ​​por las autoridades de transportar migrantes en condiciones inseguras y de contribuir a la trata de personas.

Las dos empresas que operaban servicios de embarcaciones desde Necoclí hacia el Tapón del Darién suspendieron sus servicios durante cuatro días en señal de protesta. Reanudaron sus actividades el viernes después de mantener varias reuniones con funcionarios del gobierno municipal y nacional, quienes estaban preocupados por la gran cantidad de migrantes varados en el pequeño pueblo. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de Colombia, alrededor de 8.000 migrantes estaban varados en Necoclí hasta el jueves, generando el potencial de una crisis de salud pública.

Según Wachter Espitia, las empresas aceptaron una solicitud de que los migrantes que abordan sus embarcaciones se registren en una aplicación gubernamental. Más detalles sobre las condiciones para el transporte de inmigrantes se discutirán en otra reunión a finales de esta semana, dijo.

Colombia permite desde hace tiempo que migrantes de distintas naciones transiten por su territorio sin visas.

Pero la nación sudamericana se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de funcionarios estadounidenses para frenar el flujo de migrantes que se dirigen al norte, mientras un número récord de personas busca asilo en la frontera estadounidense .

El año pasado, 520.000 personas cruzaron el Tapón del Darién a pie, según las autoridades de Panamá, donde la mayoría de los migrantes se registran con funcionarios en pueblos del lado norte de la selva antes de continuar su viaje a Estados Unidos.

El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, dijo el lunes que el número de migrantes que cruzan el Darién podría aumentar este año, con más de 73.000 cruces registrados en los primeros dos meses de 2024, un aumento del 52% respecto al mismo período del año pasado. La mayoría de esos cruces este año han sido de venezolanos que escapaban de la crisis económica de su nación , seguidos por migrantes de Haití, China y Ecuador.

A pesar de su creciente popularidad, el Tapón del Darién sigue siendo una ruta peligrosa donde los migrantes se han ahogado al cruzar ríos crecidos y están expuestos a robos, violencia sexual y enfermedades tropicales.

El viernes, Médicos Sin Fronteras dijo que había tratado a 233 víctimas de violencia sexual en sus puestos de salud en el Tapón del Darién durante los dos primeros meses de este año.

En un informe publicado el año pasado, Human Rights Watch dijo que el lado colombiano del Darién está gobernado por el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante que está recibiendo una considerable parte de las tarifas que los migrantes deben pagar a los guías y porteadores que los llevan al lugar. frontera con Panamá.

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(Foto AP/Fernando Vergara, Archivo)

POR  ASTRID SUÁREZ Y MANUEL RUEDA

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las autoridades en Haití impusieron un toque de queda nocturno en un intento de recuperar el control de las calles tras un estallido de violencia durante el fin de semana, en el que pandilleros armados asaltaron los dos penales más grandes del país y liberaron a sus prisioneros.

El domingo por la noche comenzó un estado de emergencia de 72 horas y el gobierno afirmó que perseguiría a los asesinos, secuestradores y otros criminales violentos que según dijo se habían fugado.

“Se ha ordenado a la policía que emplee todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los delincuentes”, indicó en un comunicado el ministro de Finanzas, Patrick Boivert, que hace de primer ministro en funciones.

El primer ministro, Ariel Henry, viajó al extranjero la semana pasada para tratar de recabar apoyos para un plan de desplegar una fuerza de seguridad con apoyo de Naciones Unidas para estabilizar a Haití, que combate a grupos criminales cada vez más poderosos.

El decreto de emergencia se emitió tras un fin de semana letal que fue un nuevo hito en la espiral de violencia en Haití. Al menos nueve personas fueron asesinadas desde el jueves -cuatro de ellos policías- en ataques coordinados de las pandillas contra instituciones del estado en Puerto Príncipe, incluidos el aeropuerto internacional del país y el estadio nacional de fútbol.

Pero incluso para los haitianos acostumbrados a vivir bajo la amenaza constante de la violencia, el ataque del Penal Nacional el sábado por la noche fue una conmoción.

Casi todos los aproximadamente 4.000 reos escaparon, lo que dejó una prisión normalmente abarrotada extrañamente vacía el domingo, sin guardias a la vista y con chanclas de plástico, ropa y muebles tirados por el patio de concreto. A la entrada del recinto se veían tres cuerpos baleados.

En otro vecindario se veían los cadáveres ensangrentados de dos hombres con las manos atadas a la espalda, tirados boca abajo mientras los vecinos rodeaban barricadas armadas con neumáticos en llamas.

Entre las pocas docenas de personas que decidieron quedarse en la prisión estaban 18 exmilitares colombianos acusados de trabajar como mercenarios en el asesinato en julio de 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entre los combates del sábado, varios de los colombianos compartieron un video en el que pedían por sus vidas.

“Por favor, por favor ayúdenos…..Están masacrando la gente indiscriminadamente dentro de la celda”, dijo uno de los hombres, Francisco Uribe, en un video de 30 segundos ampliamente compartido en las redes sociales.

El domingo, en declaraciones a periodistas que entraron a pie en un recinto normalmente muy vigilado, Uribe le dijo que “no me volé porque soy inocente”.

La cancillería colombiana pidió que Haití prestara “especial protección”.

Los pandilleros también se abrieron paso en otra prisión de Puerto Príncipe donde había unos 1.400 reos.

Además, los hombres armados ocuparon y vandalizaron el principal estadio de fútbol del país y retuvieron a un empleado como rehén durante horas, según la federación haitiana de fútbol.

Se reportaron disparos en varios barrios de la capital. Muchos usuarios de celular se quedaron sin conexión a internet porque un cable de conexión de fibra óptica se cortó durante los disturbios, indicó la principal operadora del país.

En menos de dos semanas, varias instituciones del estado han sido atacadas por pandillas cada vez más coordinadas y que escogen objetivos antes impensables, como el Banco Central. Cuatro policías murieron el jueves en ataques coordinados de pandillas.

Después de que las pandillas dispararan al aeropuerto internacional de Haití la semana pasada, la embajada estadounidense suspendió todos los viajes oficiales al país y el domingo por la noche instó a todos los ciudadanos estadounidenses a marcharse lo antes posible. La embajada dijo que también cancelaría todas las citas consulares hasta el jueves.

El gobierno de Biden, que ha rechazado de plano enviar tropas a cualquier fuerza multinacional y en su lugar ha ofrecido dinero y apoyo logístico, dijo que seguía con gran preocupación el rápido deterioro de la situación de seguridad.

Los enfrentamientos armados siguen a una serie de protestas violentas que se tornaron más letales en los últimos días cuando Henry, el primer ministro, viajó a Kenia para salvar una propuesta misión de seguridad en Haití que sería encabezada por ese país de África Oriental. Henry asumió el cargo de primer ministro tras el asesinato de Moïse y ha pospuesto repetidamente los planes para realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, que no se han celebrado en casi una década.

La Policía Nacional de Haití cuenta con aproximadamente 9.000 agentes para brindar seguridad a más de 11 millones de personas, según la ONU. Los agentes suelen verse superados en número y armamento por los pandilleros, que se estima controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

Jimmy Chérizier, un exagente de la policía de élite conocido como Barbecue que ahora dirige una federación de pandillas, se atribuyó la oleada de ataques. Señaló que el objetivo era capturar al jefe de policía y a los ministros del gobierno de Haití e impedir el regreso de Henry.

El primer ministro, neurocirujano de profesión, ha rechazado los pedidos de renuncia y no comentó cuando se le preguntó si sentía que estaban las condiciones para que vuelva Haití.

Los periodistas de Associated Press Joshua Goodman en Miami y Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.

AP Foto/Bruna Prado)

BY EVENS SANON AND PIERRE-RICHARD LUXAMA

SAN JOSÉ LAS FLORES, El Salvador (AP) — Ubicada en las montañas del norte de El Salvador, cerca de la frontera con Honduras, San José Las Flores ha sido un bastión de la resistencia izquierdista durante décadas.

Ahora sus residentes, muchos de ellos veteranos de la guerra civil del país, están preocupados por la aparentemente inminente desaparición del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido nacido del conflicto y una poderosa fuerza política nacional durante tres décadas.

Las brillantes banderas rojas del partido todavía ondean en los postes de luz a lo largo de las calles inclinadas de esta ciudad, pero el FMLN está en su último tramo, devastado políticamente por su propia ineptitud para gobernar, la vergonzosa corrupción y la política de tierra arrasada del presidente Nayib Bukele , la fuerza milenaria del naturaleza que lanzó inicialmente.

En sólo cinco años, el FMLN pasó de ocupar la presidencia de El Salvador a obtener un miserable 6% de los votos hace un mes, cuando Bukele avanzaba hacia la reelección . Peor aún, por primera vez desde su creación, el FMLN no tendrá voto en la Asamblea Legislativa, ya que quedó completamente excluido en las elecciones al Congreso.

“Estos resultados muestran que ya no representan a ningún sector importante de la población”, dijo la economista y analista política Julia Evelyn Martínez, quien intentó lanzar su propia candidatura de coalición contra Bukele. “El FMLN tiene un discurso revolucionario, socialista y atrajo a mucha gente, profesionales, universitarios, porque tenía una agenda de izquierda, ciertos principios que el pueblo decía, 'yo me identifico con esto'. Pero ahora todo eso se ha perdido”.

La conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no se queda atrás. Obtuvo sólo dos escaños en el Congreso de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. Sus dos últimos presidentes fueron encarcelados por corrupción. La chapuza combinada de esos dos partidos tradicionales creó el vacío en el que entró Bukele.

Para el FMLN lo que había quedado eran un puñado de municipios como San José Las Flores en Chalatenango. Pero Bukele y sus aliados también han venido por eso. El Congreso de El Salvador, ya bajo su influencia, aprobó reformas el año pasado que redujeron el número de municipios del país de 262 a 44 . Tras las elecciones municipales del domingo, el FMLN perdió los 10 municipios que había controlado durante varias décadas en el departamento de Chalatenango, un bastión histórico del movimiento guerrillero.

Hace poco, una pancarta azul brillante colgaba sobre una calle de esta ciudad instando a los votantes a apoyar al candidato del partido Nuevas Ideas de Bukele.

Modesto Ayala Zamora, un excombatiente de 55 años de la ahora extinta fuerza guerrillera Fuerzas Populares de Liberación, desestimó las recientes elecciones calificándolas de fraude (Bukele se postuló a pesar de la prohibición constitucional de la reelección), pero reconoció el costo para el FMLN.

"Estamos entre la espada y la pared, un poco derrotados", dijo. “Nos van a seguir golpeando, seguirán intentando hacernos desaparecer. No vamos a desaparecer, porque vamos a seguir luchando aunque sea difícil”.

Irónicamente, el FMLN le dio a Bukele su comienzo político. Ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán siendo un neófito político de 23 años y luego el máximo cargo de San Salvador. Luego, viendo la oportunidad de trazar su propio camino como populista, independiente de los cada vez más desacreditados partidos tradicionales del país, orquestó su expulsión del FMLN y se postuló para la presidencia.

Desde la presidencia, Bukele ha criticado la corrupción del FMLN y ha perseguido a sus exlíderes. El último presidente del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, huyó a Nicaragua con su familia para escapar del procesamiento. Se unió a su predecesor Mauricio Funes, quien también recibió asilo y finalmente la ciudadanía nicaragüense tras ser acusado de corrupción masiva en El Salvador.

En enero, Bukele, que sobresale en el espectáculo, demolió el enorme Monumento a la Reconciliación erigido bajo la administración de Sánchez Cerén para conmemorar el 25º aniversario de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil. Escribió en la plataforma social X que había “glorificado el pacto entre asesinos de nuestro pueblo para dividirse el pastel entre ellos”.

Sentada detrás de un sencillo escritorio en su pequeña oficina, la alcaldesa de San José Las Flores, Buenaventura Tobar, admitió que las implacables acusaciones de corrupción de Bukele dentro del partido FMLN lo habían sacudido.

Tobar, de 54 años, está afiliada a la base social que dio origen al partido FMLN desde que tenía 15 años. Ahora que termina su segundo mandato de tres años como alcaldesa en una ciudad con pocos recursos (una escuela primaria y ninguna gasolinera), insistió en que el partido podría recuperarse incluso reconociendo los daños.

“Ese mensaje (de corrupción) realmente resonó, llegó a muchos sectores, llegó a los veteranos, llegó a toda la población y eso hizo que nuestra gente lo creyera de alguna manera y empezara a odiar al partido”, dijo Tobar. "Penetró en la base y en todos nuestros simpatizantes y amigos, haciéndoles perder la confianza en el partido".

Para recuperar esa confianza, Tobar dijo que el liderazgo del partido tuvo que reagruparse y escuchar a la base. Pero hasta ahora, no ha habido ninguna orientación por parte de los líderes del partido sobre cómo revertir el desastre electoral del mes pasado que los dejó sin voz en el Congreso, dijo.

"Tenemos que pensar realmente en eso, es la primera vez que nos quedamos sin representación, pero también es un mensaje importante que tenemos que evaluar", dijo Tobar.

Sentado a la sombra de un árbol para aliviarse del calor incesante, Felipe Tobar (sin parentesco con el alcalde) dijo que veía un futuro muy difícil para el FMLN.

“El trabajo del FMLN ha ido en declive; Siento que si el FMLN no supera estos problemas, pronto se apagará”, dijo el líder comunitario de 66 años. "Estoy desilusionado, no del partido, sino de algunos líderes".

Añadió que tal vez lo mejor sería “organizar otro partido de izquierda”.

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POR  MARCOS ALEMÁN

(Foto AP/Salvador Meléndez)

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las autoridades en Haití impusieron un toque de queda nocturno en un intento de recuperar el control de las calles tras un estallido de violencia durante el fin de semana, en el que pandilleros armados asaltaron los dos penales más grandes del país y liberaron a sus prisioneros.

El domingo por la noche comenzó un estado de emergencia de 72 horas y el gobierno afirmó que perseguiría a los asesinos, secuestradores y otros criminales violentos que según dijo se habían fugado.

“Se ha ordenado a la policía que emplee todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los delincuentes”, indicó en un comunicado el ministro de Finanzas, Patrick Boivert, que hace de primer ministro en funciones.

El primer ministro, Ariel Henry, viajó al extranjero la semana pasada para tratar de recabar apoyos para un plan de desplegar una fuerza de seguridad con apoyo de Naciones Unidas para estabilizar a Haití, que combate a grupos criminales cada vez más poderosos.

El decreto de emergencia se emitió tras un fin de semana letal que fue un nuevo hito en la espiral de violencia en Haití. Al menos nueve personas fueron asesinadas desde el jueves -cuatro de ellos policías- en ataques coordinados de las pandillas contra instituciones del estado en Puerto Príncipe, incluidos el aeropuerto internacional del país y el estadio nacional de fútbol.

Pero incluso para los haitianos acostumbrados a vivir bajo la amenaza constante de la violencia, el ataque del Penal Nacional el sábado por la noche fue una conmoción.

Casi todos los aproximadamente 4.000 reos escaparon, lo que dejó una prisión normalmente abarrotada extrañamente vacía el domingo, sin guardias a la vista y con chanclas de plástico, ropa y muebles tirados por el patio de concreto. A la entrada del recinto se veían tres cuerpos baleados.

En otro vecindario se veían los cadáveres ensangrentados de dos hombres con las manos atadas a la espalda, tirados boca abajo mientras los vecinos rodeaban barricadas armadas con neumáticos en llamas.

Entre las pocas docenas de personas que decidieron quedarse en la prisión estaban 18 exmilitares colombianos acusados de trabajar como mercenarios en el asesinato en julio de 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entre los combates del sábado, varios de los colombianos compartieron un video en el que pedían por sus vidas.

“Por favor, por favor ayúdenos…..Están masacrando la gente indiscriminadamente dentro de la celda”, dijo uno de los hombres, Francisco Uribe, en un video de 30 segundos ampliamente compartido en las redes sociales.

El domingo, en declaraciones a periodistas que entraron a pie en un recinto normalmente muy vigilado, Uribe le dijo que “no me volé porque soy inocente”.

La cancillería colombiana pidió que Haití prestara “especial protección”.

Los pandilleros también se abrieron paso en otra prisión de Puerto Príncipe donde había unos 1.400 reos.

Además, los hombres armados ocuparon y vandalizaron el principal estadio de fútbol del país y retuvieron a un empleado como rehén durante horas, según la federación haitiana de fútbol.

Se reportaron disparos en varios barrios de la capital. Muchos usuarios de celular se quedaron sin conexión a internet porque un cable de conexión de fibra óptica se cortó durante los disturbios, indicó la principal operadora del país.

En menos de dos semanas, varias instituciones del estado han sido atacadas por pandillas cada vez más coordinadas y que escogen objetivos antes impensables, como el Banco Central. Cuatro policías murieron el jueves en ataques coordinados de pandillas.

Después de que las pandillas dispararan al aeropuerto internacional de Haití la semana pasada, la embajada estadounidense suspendió todos los viajes oficiales al país y el domingo por la noche instó a todos los ciudadanos estadounidenses a marcharse lo antes posible. La embajada dijo que también cancelaría todas las citas consulares hasta el jueves.

El gobierno de Biden, que ha rechazado de plano enviar tropas a cualquier fuerza multinacional y en su lugar ha ofrecido dinero y apoyo logístico, dijo que seguía con gran preocupación el rápido deterioro de la situación de seguridad.

Los enfrentamientos armados siguen a una serie de protestas violentas que se tornaron más letales en los últimos días cuando Henry, el primer ministro, viajó a Kenia para salvar una propuesta misión de seguridad en Haití que sería encabezada por ese país de África Oriental. Henry asumió el cargo de primer ministro tras el asesinato de Moïse y ha pospuesto repetidamente los planes para realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, que no se han celebrado en casi una década.

La Policía Nacional de Haití cuenta con aproximadamente 9.000 agentes para brindar seguridad a más de 11 millones de personas, según la ONU. Los agentes suelen verse superados en número y armamento por los pandilleros, que se estima controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

Jimmy Chérizier, un exagente de la policía de élite conocido como Barbecue que ahora dirige una federación de pandillas, se atribuyó la oleada de ataques. Señaló que el objetivo era capturar al jefe de policía y a los ministros del gobierno de Haití e impedir el regreso de Henry.

El primer ministro, neurocirujano de profesión, ha rechazado los pedidos de renuncia y no comentó cuando se le preguntó si sentía que estaban las condiciones para que vuelva Haití.

Los periodistas de Associated Press Joshua Goodman en Miami y Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.

AP Foto/Odelyn Joseph)

BY EVENS SANON AND PIERRE-RICHARD LUXAMA